¿Y qué de las
sanciones por viajar en avión con COVID-19?
H
asta el uso de ley antiterrorismo para evitar a los pasajeros infectados, la reactivación del turismo y, con él, la aviación, ha traído consigo que muchos viajeros, bien sea por no perder sus tiquetes o sea por el estrés causado por el confinamiento, decidan tomar sus vuelos aun cuando presenten síntomas del virus o en el caso extremo tengan una prueba confirmatoria. En el mundo se han tomado medidas no solo sanitarias, sino judiciales para evitar la dispersión de las nuevas cepas del virus detectadas en Reino Unido, Brasil y Rusia.
FEBRERO AGOSTO 2021 2020
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En Colombia, por ejemplo, la Ley 2014 de 2019 amplió una inhabilidad a cualquier empresa extranjera o domiciliada en Colombia cuya matriz hubiese sido condenada en otro país. En Nantes, la policía ha tenido que utilizar gas lacrimógeno y cañones de agua a presión para disuadir las aglomeraciones que han impactado la velocidad del contagio. Un sinnúmero de viajeros ha visto la oportunidad en todo el mundo de poder violar los confinamientos y así poder realizar sus desplazamientos a otros lugares dentro del país o al exterior de estos. Así ocurrió, por ejemplo, con una pareja de esposos que llegó de Estados Unidos y que fue capturada en las calles de Zipaquirá (Cundinamarca) un municipio del centro de Colombia. A él, de nacionalidad norteamericana, lo enviaron a su país; a ella, colombiana, le imputaron violación de medida sanitaria y se le otorgó la detención domiciliaria mientras avanza el proceso en su contra, por el que podría enfrentarse a una condena de cárcel de hasta ocho años de prisión. Para asegurarse de que los ciudadanos se queden en sus casas, en los diferentes países del mundo, las policías, apoyados por uniformados de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, salieron a las calles, bloquearon las
fronteras y blindaron hasta los supermercados y centros de abastos, como si se tratara de una guerra. Alrededor del mundo se habla de que el contagio por el nuevo coronavirus es un tema de seguridad nacional. En New Jersey (EUA) se abrió proceso contra un hombre por amenaza terrorista luego de toserle en la cara a una mujer y decirle que tenía COVID-19. En Perú, con una ley quedaron eximidos de responsabilidad militares y policías que hieran o maten gente mientras patrullan las calles. En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte ha amenazado con “matar” a quienes den problemas durante las medidas tomadas con el fin de reducir los contagios. Bolivia anunció diez años de cárcel para quienes violen las diferentes medidas tendientes a reducir los contagios y las cuarentenas. Caso excepcional el de Turkmenistán, en donde las autoridades prohibieron hablar de la enfermedad y prometieron cárcel a quien descubran usando un tapabocas. Paradójicamente, el primer caso registrado de la aplicación de medidas judiciales se presentó en China, en donde el médico chino Li Wenliang, uno de los pioneros en detectar la nueva infección respiratoria en la ciudad de Wuhan, fue sometido a juicio. A través de WeChat, Li Wenliang advirtió a alumnos y colegas que podría venirse un brote masivo de la enfermedad que ahora conocemos como COVID-19. La policía descubrió los mensajes, lo aprehendió por “esparcir rumores falsos” que perturbaban “severamente el orden social” y lo obligó a firmar una carta de reprimenda, la alternativa a una sanción penal, y a retractarse. Con su reputación golpeada, el doctor Li Wenliang contrajo el nuevo coronavirus en febrero, murió y sus temores resultaron ciertos: en el mundo la cifra de infectado se acerca vertiginosamente a los doscientos millones de personas contagiadas con el nuevo coronavirus y una cifra que supera los dos millones de muertes.
