EDITORIAL
Antidemocrático Desaparecer el INAI (t-mec), recién celebrado con eu y Canadá.
E
n algunas de las conferencias mañaneras del Presidente amlo del pasado mes de enero, se refirió reiteradamente a la necesidad de desaparecer algunos de los órganos constitucionales autónomos, por considerar que son innecesarios e inútiles, asegurando que no sirven y que “no benefician al pueblo”, señalando tres específicamente: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Protección de Datos Personales (inai), el de Telecomunicaciones (ift) y la Comisión de Competencia Económica (cofece), asegurando que enviará iniciativas de ley al Congreso para desaparecerlos y en su caso, devolver sus funciones a las secretarías de estado competentes.
Esta propuesta del presidente López Obrador es un ataque directo contra instituciones que han permitido limitar los abusos de poder de los gobernantes y en caso de que prosperara esta pretensión antidemocrática, representaría una regresión de casi tres décadas, particularmente en relación con el inai, institución que no solamente tutela el respeto de los Derechos Humanos de acceso a la información y la protección de datos personales, sino que incide de manera transversal en el respeto de todos los demás derechos fundamentales previstos en la Constitución. Lo inviable de la propuesta, de entrada tiene que ver con el hecho de que la desaparición del ift y de la cofece sería violatorio del Tratado de Libre Comercio
Por lo que hace al inai, cuya existencia garantiza libertades propias de un Estado de Democratico de Derecho contemporáneo, en el que se limita y contrapesa el poder, es evidente que le estorba a amlo en sus intentos de convertirse en un jefe de estado sin ningún contrapeso, ni de ningún otro poder, ni mucho menos de la ciudadanía, quien es la depositaria original de la soberanía. Es falso también que estos organismos dupliquen funciones y sean onerosos y que esten afectando el debido funcionamiento de dependencias como la cfe y pemex, que se manejan con opacidad y corrupcion; además que los organismos constitucionales autónomos han sido validados por la comunidad democrática mundial. En todo caso, habría que reforzarlos en sus competencias y actividad en el camino de fortalecer nuestro sistema democrático e institucional, siguiendo con la tendencia internacional de dotar a los gobiernos con organismos especializados, con participación de la ciudadanía, que regule y contrapesen a los poderes estatales con capacidades técnicas, por encima de intereses políticos o de grupo en la toma de las desiciones políticas y administrativas fundamentales.
