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En conclusión, las redes sociales son espacios con mucho potencial para explotar en bastantes ámbitos; puntualmente, en el político colombiano. Este potencial va en alza, porque en el futuro todo apunta a que la tecnología tomará cada vez más espacios en la cotidianidad de los seres humanos; sin embargo, sin lugar a duda, se evidenció que sin ética cualquier avance es relativo, porque existe el riego de que estas herramientas sean utilizadas con malas intenciones, lo que resulta en detrimento del progreso. Así pues, una buena manera de contribuir a este campo es investigar acerca de la trascendencia de las redes sociales sin ética ni moral por parte de sus usuarios. Por último, al conocer el impacto de las redes sociales más usadas (Twitter y Facebook) en la realidad política de Colombia, se invita al lector de este ensayo a usarlas previendo la repercusión política que tienen en sí mismo y en los demás, y procurando usar sus múltiples herramientas para detectar falacias, crear una posición personal, participar y así contribuir a la construcción de un mejor país.

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Una sombra detrás de las BACRIM

Lina Milena Gómez Morales

ligomezm@unal.edu.co Estudiante de Ingeniería Química Karen Castelblanco Villamil, docente

Resumen

[Texto Argumentativo] Las bandas criminales (BACRIM) en Colombia utilizan distintos métodos delictivos como atentados, intimidaciones y homicidios, que han aumentado recientemente contra los medios de comunicación bajo la orden de personas o entes que tienen poder en la sociedad. Esto con el principal propósito de provocar miedo tanto a la población como a los periodistas y así mismo, poder manipular u ocultar la información que amenaza la continuidad de sus acciones.

Palabras Clave

BACRIM Periodismo Actos violentos Autores Propósito

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En los últimos años, hemos visto cómo la libertad de prensa en Colombia ha sido amenazada de diferentes formas por personas o grupos con poder político, social y económico. Entre estos, se encuentran las distintas bandas criminales (BACRIM) lideradas y conformadas, en parte, por desmovilizados de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) que actúan de manera violenta para conseguir el control político, territorial, informativo y de los recursos de una zona específica. Algunos grupos criminales como “Los Rastrojos”, “Las Águilas Negras”, “Los Paisas”, “Los Urabeños”, entre otros; amenazan, intimidan e incluso ejecutan atentados contra la vida de los periodistas. Todo esto, con el fin de obstaculizar el trabajo de los medios de comunicación y, así mismo, ocultar la información que no les conviene que salga a la luz pública porque afecta su persistencia en el poder. Sin embargo, podríamos llegar a preguntarnos, ¿realmente son las bandas criminales quienes tienen la intención de manipular o encubrir información?, ¿existen en verdad ataques producidos por dichos grupos armados?

De esta forma, en el presente ensayo se pretende defender la idea de que las bandas criminales realizan amenazas y atentados al periodismo colombiano por orden de personas o entes con todo tipo de poder, con el propósito principal de manipular y ocultar la información a su conveniencia. Para ello, en primera instancia, se sustentará la existencia de ataques violentos hacia medios de comunicación y periodistas, por medio de una explicación breve acerca de dichos actos ilegales y las diferentes formas en las que pueden operar estos grupos. Luego, se desarrollarán las ideas principales a través de algunos ejemplos reales y se formulará algunas conclusiones que se articulan a esta información.

Desde hace algunos años, las amenazas y ataques violentos contra periodistas, medios de comunicación y sus familiares han aumentado considerablemente; gran parte de dichos actos delictivos son ocasionados por grupos paramilitares o bandas criminales (Laverde, 2013). En la mayoría de

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los casos, las intimidaciones y actos violentos se realizan a través de llamadas telefónicas, indirectas escritas, mensajes de texto, redes sociales como Twitter y Facebook donde se publican panfletos o mensajes, e incluso por medio de atentados y robos en sus casas o sitios de trabajo. Por ejemplo, ese el caso del director de la radio Caucasia Stereo, Óscar Martínez, quien, en el año 2011, se vio obligado a abandonar sus publicaciones sobre las posibles relaciones entre funcionarios públicos de la policía y los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), luego de recibir un ataque con granadas a su la emisora y amenazas de extorsión (Otis, 2013).

Ahora bien, aunque es imposible negar los actos agresivos realizados hacia el periodismo nacional, es importante conocer las intenciones y los verdaderos autores de dichos actos. El principal fin de las intimidaciones y asesinatos es causar miedo tanto a la población como a los periodistas. Esto, por un lado, lo hacen para poder manejar y ocultar la información que los afecta, como, por ejemplo, los temas relacionados con el vínculo que tienen funcionarios del gobierno y de las fuerzas militares con las bandas criminales (Contreras, 2018). Por otro lado, pretenden generar una figura de respeto y autoridad hacia ellos en un determinado lugar y, así mismo, poder controlar dicho territorio sin ningún problema. Este aspecto se puede evidenciar en el Bajo Cauca antioqueño, donde “muchas emisoras de la región han optado por poner música en vez de noticias por temor a las amenazas” (FLIP, citado por Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p. 184).

Respecto a los verdaderos autores de los actos delictivos, se podría pensar que existe un trasfondo bastante complicado en el que se observan intereses políticos y económicos. Detrás de las bandas criminales se encuentran autoridades, empresas extractivas, administraciones municipales, funcionarios públicos y empresarios con poder. Esto se puede concluir, ya que muchos de los periodistas que han investigado y denunciado la relación de personas o entes con bandas criminales han sufrido atentados, amenazas e incluso asesinatos. Tal es el caso del periodista Luis Carlos Cervantes, a

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quien asesinaron en 2014, luego de recibir amenazas desde 2010 por hacer publicaciones acerca de los vínculos que tienen las administraciones municipales con grupos armados como “Los Rastrojos” y “Los Urabeños” (El Tiempo, 2014). Otro ejemplo, es el de Léiderman Ortiz Berrío, quien ha recibido distintas intimidaciones y atentados con granadas en su casa, por investigar y publicar acerca del vínculo que tienen algunos funcionarios públicos con grupos delincuenciales (De la Urbe, 2014). Incluso la Federación Colombiana de Periodismo, FECOLPER, (citado en Borrajo, Compains, Cubilledo, Perea & Pulleiro, 2016) “denuncia que los asesinatos, amenazas o torturas muchas veces han sido provocados por autoridades o empresas extractivas, que utilizan su ejército de paramilitares, conocidos como las BACRIM” (p.259).

De esta manera, la relación que existe entre las entidades mencionadas y las BACRIM, también, se hace evidente por las capturas que se han llevado a cabo contra funcionarios públicos, en especial, por el fenómeno conocido como “BACRIM-política”. Dentro de las personas capturadas se encuentran políticos como José Mercedes Berrío (alcalde del municipio de Cáceres), Juan Francisco Gómez (gobernador de la Guajira), Carlos Obando (concejal de Envigado); autoridades como la jueza Elvira Restrepo Londoño de Apartadó y el capitán de la Policía Nacional Richard Orlando Rosero e, incluso, empresas nacionales como Goldex. Lo anterior, se relaciona con un informe de la Unidad de Fiscalías contra las Bandas Emergentes, el cual menciona que “de los 208 investigados, 114 pertenecen a la Fuerza Pública, 10 son concejales o aspirantes al Concejo, y 7 alcaldes o candidatos a ese cargo” (COLPRENSA, 2013, p.1).

Adicionalmente, se puede inferir que existen autores de los actos violentos diferentes a las bandas criminales, puesto que es posible dudar de la existencia de algunos grupos armados como “Las Águilas Negras”, de quienes han circulado últimamente diferentes panfletos con amenazas. Según Cosoy (2017), La Dirección de Inteligencia de la Policía (DIPOL) afirma que dicha banda surgió durante el proce-

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so de desmovilización y de reinserción de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); no obstante, todas desaparecieron desde hace varios años. De igual manera, el Centro Integrado de Información de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CI3-CO), citado por Bolaños (2018), asegura que el “Comando Central de las Águilas Negras de Colombia” no existe. Por consiguiente, pueden existir actores políticos detrás de dichas acciones, hecho que es apoyado por la Fundación Paz Y Reconciliación al afirmar que en diversas situaciones se ha usado el nombre de “Las Águilas Negras” con intenciones políticas (Ávila, 2018). Por último, aunque las amenazas y atentados que sufre el periodismo colombiano por parte de las BACRIM son evidentes, la realidad no es tal como parece. Dichas bandas están manejadas por personas y organizaciones con todo tipo de poder, que buscan manipular y ocultar información a su favor. Además, se podría pensar que el Estado de nuestro país debería proteger la libertad de prensa tomando medidas contra los responsables de las violaciones que se producen, ya que es evidente el riesgo que algunos periodistas corren actualmente. Sin embargo, el Estado no se ha esforzado en lo absoluto por velar por su seguridad y la UNP (Unidad Nacional de Protección) no ha realizado eficazmente su labor de brindar la protección necesaria a quienes la requieren.

Por tal razón, en Colombia se presentan ataques violentos principalmente en contra de los medios de comunicación regionales, debido a que existe tanto una crisis de justicia y liderazgo por parte del Gobierno, así como un desinterés hacia el periodismo por parte de la sociedad. Lo anterior ayuda a que los grupos armados logren el objetivo de ocultar o manipular la información que obstaculiza la continuidad de sus acciones, como por ejemplo, los temas relacionados con la corrupción, el poder excesivo, el centro de la violencia, los problemas de las comunidades, la minería, los posacuerdos con bandas emergentes como las AUC, entre otros; especialmente en regiones vinculadas con la violencia, donde los pequeños medios de comunicación son la única fuente de información (El Tiempo, 2016).

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