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piense diferente a ellos; esto, sumado a la polarización que vive el país y a la falta de tolerancia de las personas, crearía una fórmula macabra que podría desencadenar una serie de sucesos violentos, como las masacres observadas en los EE. UU. Esto sería una violación al Artículo 1 de la Constitución Política de Colombia y, finalmente, desembocaría en la muerte de civiles inocentes.

Luego de haber visto y analizado la relación que hay entre los hechos de la realidad colombiana y la novela de Orwell, es momento de realizar una breve reflexión. Como pudimos observar en el primer apartado del texto, nuestros representantes hacen muy poco por defender nuestros intereses. Por tanto, es deber de la ciudadanía tomar consciencia de lo que sucede a diario en nuestro país para que podamos vencer a la clase política tradicional que nos ha gobernado durante mucho tiempo. Es necesario e indispensable un relevo generacional que garantice nuevos líderes cuyas propuestas y agendas realmente trabajen por Colombia y la hagan grande, como debe ser.

Una vez finalizado el tema se puede concluir que la falta de autonomía y de liderazgo de nuestro presidente Iván Duque Márquez ha permitido que ocurran acontecimientos que, de una manera casi siniestra, se relacionan con la ficción literaria 1984 de George Orwell. Por tanto, es necesario que la ciudadanía no se deje sesgar por supuestos dioses como lo es el Gran Hermano colombiano (Álvaro Uribe), sino que tome decisiones de manera consciente y autónoma, que nos permiten avanzar como país mediante las vías del diálogo. Está en las manos de la ciudadanía poner fin, de una vez por todas, a la guerra permanente que ha creado la clase política y que nos ha puesto unos contra otros.

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Referencias

Alzate, J. M. (2019, 29 de marzo). Iván Duque Márquez: ¿enterrador de la paz? El presidente se dejó presionar por los enemigos de la paz. En: El Tiempo. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/ opinion/columnistas/jose-miguel-alzate/ivan-duque-marquez-enterrador-de-la-paz-columna-de-jose-miguel-alzate-343076

El Espectador. (2019, 17 de mayo). Desaprobación del presidente Iván Duque alcanza el 60 %: Gallup Poll. En: El Espectador. Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/politica/desaprobacion-del-presidente-ivan-duque-alcanza-el-60-gallup-poll-articulo-861048

Gómez, J. (2019, 12 de junio). ¿Cuándo dejará Iván Duque de ser subpresidente? En: El Espectador. Recuperado de: https://www. elespectador.com/opinion/cuando-dejara-ivan-duque-de-ser-subpresidente-columna-865509

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Orwell, G. (1949). 1984 (Primera Ed). Bogotá: Editorial Atenea LTDA.

Semana. (2018, 25 de diciembre). Legalizar el porte de armas en Colombia: la polémica propuesta del Centro Democrático. Semana. Recuperado de: https://www.semana.com/nacion/articulo/polemica-por-propuesta-del-centro-democratico-para-permitir-uso-de-armas-en-legitima-defensa/596105

Semana. (2019, 25 de febrero). Cómo explicar la sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales. Semana. Recuperado de: https://www.semana.com/nacion/articulo/como-explicar-la-sistematicidad-en-los-asesinatos-de-lideres-sociales/600165

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Presos: proveedores de verdad para la JEP

Diego Alejandro García Arévalo

digarciaa@unal.edu.co Estudiante de Geología Yesenia Rincón Jiménez, docente

Lucho por la verdad sin importar quién la diga, lucho por la justicia sin importar quién se oponga. (Malcolm X, s.f.)

Resumen

[Texto argumentativo] El conflicto armado en Colombia ha afectado de manera directa e indirecta a múltiples poblaciones del país. Desde la firma de los acuerdos de paz, y con la consolidación de la JEP, se ha buscado conocer y esclarecer hechos que fueron perpetrados durante el conflicto y que dejaron víctimas en distintas regiones de Colombia, para de esta manera respetar el derecho a la verdad. El Comité de Presos por la Verdad de Colombia busca ser escuchado para aportar testimonios que permitan esclarecer hechos como masacres, desaparición forzada, asesinatos selectivos, entre otros, de los que se tiene muy poca o nada de información. Sin embargo, hay quienes dudan de la necesidad de dichas declaraciones, mientras que otros las consideran muy relevantes.

Palabras Clave

Comité de Presos por la Verdad de Colombia Conflicto armado JEP Verdad Justicia transicional

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El 24 de noviembre de 2016 se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional, encabezado por Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Con la firma de este acuerdo se buscaba dar fin al conflicto interno, que vivía Colombia desde hace aproximadamente 58 años, y así construir una paz estable y duradera (Gobierno Nacional & FARC-EP, 2016). A partir de esto, se inició un proceso de posacuerdo, en el que los actores involucrados en el conflicto –excombatientes de las FARC–EP, miembros de la fuerza pública y terceros civiles– deben comparecer ante la justicia, de manera que puedan conocerse los delitos cometidos y ser juzgados. No obstante, debido a las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que han sido de gran magnitud y gravedad, los involucrados no pueden ser juzgados por el sistema judicial tradicional. En consecuencia, se debe recurrir a un sistema de justicia transicional que dé prioridad a las víctimas y su dignidad, y que permita juzgar a los actores del conflicto armado legítimamente (ICTJ, 2019).

La entrada en vigor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en marzo de 2017, ha permitido administrar la justicia para los actores del conflicto armado en Colombia. Desde entonces se han llevado a cabo diferentes procesos para la adecuada ejecución de los componentes de verdad, justicia, reparación y no repetición, dentro de los cuales se encuentra este mecanismo de justicia transicional. Con todo esto se busca gestionar y coordinar la justicia, de modo que se garantice la reparación integral de las víctimas. Sin embargo, se han evidenciado falencias en dichos componentes, debido a las modificaciones que han sufrido luego de su consolidación.

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Dicho lo anterior, uno de los problemas que se ha evidenciado, y del cual se hablará en el presente ensayo, es que, a pesar de los arduos trabajos investigativos realizados por los distintos organismos de control –CTI, Policía Nacional, Ejército Nacional, etc.–, actualmente diversos casos relacionados con el conflicto armado en Colombia se encuentran archivados, a la espera de información que ayude a esclarecer los acontecimientos ocurridos, mientras las víctimas piden una respuesta que clarifique los sucesos que han vivido. Esto perjudica la consecución de los objetivos planteados por la JEP. En consecuencia, se han venido planteando diferentes alternativas para suplir estos problemas, de modo que se cuente con un sistema de gestión más organizado, y de esta manera se pueda cumplir con las obligaciones de esta institución.

Recientemente, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, órgano perteneciente a la JEP, recibió una carta, procedente de la cárcel La Picota de Bogotá, en la que se les ofrece información valiosa que podría favorecer la reparación integral de las víctimas. Esta correspondencia se titula La historia de Colombia está en la cárcel y fue enviada por el Comité de Presos por la Verdad de Colombia (2019), una organización conformada por prisioneros de distintas cárceles, en la que se incluyen excombatientes de las FARC-EP, integrantes de bandas criminales y narcotraficantes que operaron en diferentes regiones del país. Sin embargo, esto ha generado opiniones encontradas, debido a que diversos sectores consideran innecesaria la información ofrecida; alegan que esta fuente no cuenta con suficiente credibilidad pues se ve mediada por las intenciones de los actores involucrados en la carta. Una vez presentado este contexto, me permito decir que este ensayo pretende sustentar que los testimonios referentes al conflicto armado ofrecidos por el Comité de Presos son necesarios para el esclarecimiento de la verdad y la reparación integral de las víctimas.

El conflicto armado en Colombia ha dejado múltiples huellas en la historia del país, que van desde homicidios y magnicidios hasta atentados, desaparición forzada, fosas

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comunes, entre otras. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto (2018)4 , las cifras resultantes de estos casos en los que no se conoce información son elevadas. Así, por ejemplo, de 80.472 casos de desaparición forzada se desconoce el autor de al menos 38.025 hechos; de 673 hechos violentos –calificados como “masacres”– en ninguno de los casos se presenta la identidad de los responsables; en 41 casos –relacionados con actos terroristas– no se tiene a ningún autor identificado; tampoco hay información relacionada con ninguno de los 56.759 casos de asesinatos selectivos; y, finalmente, 6.887 acciones de secuestro están sin clarificar. Este gran número de casos sin la suficiente información es impresionante, pero puede disminuir al conocer los testimonios del Comité de Presos por la Verdad de Colombia, el cual ha dejado claro, por medio de su carta, que posee información importante acerca de varios hechos, como la operación Orión y los falsos positivos, hechos que están dispuestos a exponer de manera exhaustiva y detallada (Comité de presos por la verdad de Colombia, 2019).

En segundo lugar, la información que poseen dichos actores puede estar directamente relacionada con las áreas en las que se desarrolló la mayor parte del conflicto en Colombia y en las que se tienen más hechos registrados: Antioquia, Meta, Bolívar, Casanare, Magdalena, Putumayo, Valle del Cauca, Córdoba, Cesar, Santander, Nariño y Cauca (Vásquez, 2014). Esto, teniendo en cuenta que algunos integrantes del Comité pertenecieron a grupos armados como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), FARC, BACRIM y Rastrojos, los cuales se distribuyeron y concentraron sus actividades por amplias zonas del país como Antioquia, Bolívar, Casanare, Valle del Cauca, Córdoba, entre otras (Álvarez, Llorente, Cajiao & Garzón, 2017). Además de esto, otros de los integrantes formaron parte de grupos más localizados como las Autodefensas Campesinas del Casanare y del Meta, Bloque Calima, Bloque Norte, Bloque Cundinamarca y Bloque Putumayo

4. La información presentada corresponde a una compilación de infografías del Observatorio de Memoria y Conflicto.

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(Comité de presos por la verdad de Colombia, 2019), por lo que pueden colaborar con información más detallada de hechos perpetrados en estos lugares en específico.

Cabe mencionar que algunos de los integrantes del Comité ocupaban altos cargos dentro de los grupos a los que pertenecieron, ejemplos claros son Fremio Sánchez Carreño, jefe de una estructura urbana del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas de Colombia, y Nelson Hoyos Sepúlveda, integrante de las AUC y uno de los jefes del Clan del Golfo (Semana, 2019). Estos grupos, de los cuales hicieron parte varios integrantes del Comité, están involucrados en casos de masacres, secuestro, desplazamiento forzado, entre otros. Por esta razón el Comité puede tener información muy relevante respecto a las órdenes que se dictaban y a los autores de distintos casos de los que se desconoce información dentro del conflicto armado.

A pesar de la importancia de estos testimonios, algunos sectores del país afirman que el Comité de Presos en realidad busca, con su petición, hacerse con beneficios judiciales que les permitan aliviar sus penas (Semana, 2019). Por su parte, Humberto de la Calle Lombana, exnegociador de paz, considera que es posible que criminales intenten colarse, pretendiendo que su caso sea visto como parte del conflicto y de esta manera conseguir mejores tratos (WRadio, 2019). Sin embargo, en el punto 5 del acuerdo final, pactado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se establece que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición adoptará medidas y procedimientos para contrastar y verificar la calidad de la información que recolecte (Presidencia de la República & FARC-EP, 2016), por lo que buscar beneficios o intentar colarse sin tener información válida, es decir, que permita el esclarecimiento de la verdad, concluirá en el rechazo de la solicitud.

De esta forma, los testimonios del Comité de Presos por la Verdad de Colombia son necesarios para esclarecer varios hechos que continúan necesitando pruebas y que, por ende, no han podido ser resueltos. Con dicha información la Juris-

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dicción Especial para la Paz tendrá una ayuda para poder reparar integralmente a las víctimas y que estas puedan conocer qué fue lo que ocurrió y quiénes fueron los responsables de los hechos. También, dichas declaraciones podrán reducir el número de casos de desaparecidos de los que no se tiene ninguna información y permitirán conocer involucrados en masacres, atentados terroristas, asesinatos selectivos, secuestros, entre otros hechos perpetrados durante el conflicto armado.

Es menester que los sectores en oposición reflexionen acerca de la importancia de dichos testimonios y en la gran oportunidad que se presenta para el esclarecimiento de la verdad en Colombia, ya que, como dice el experto en conflicto Álvaro Villarraga, “en Colombia el reto de la verdad es muy grande, es un derecho de las víctimas en primer lugar, pero también del conjunto de la sociedad” (Vallejo, 2015, párr. 7). Cabe resaltar que, lo dicho hasta este punto, se debe realizar teniendo en cuenta que la JEP no permitirá que integrantes del Comité que no tengan ninguna información relevante, relacionada con el conflicto, salgan beneficiados sin razón alguna.

Finalmente, de ser tenida en cuenta la petición del Comité, se viene un gran reto para la JEP. Esta deberá analizar y decidir cuáles involucrados del Comité de Presos poseen información valiosa sobre el conflicto armado y cuáles definitivamente no tienen aportes significativos sobre la verdad de Colombia para, de esta manera, obtener suficiente información que les permita cumplir satisfactoriamente sus objetivos y, al mismo tiempo, evitar que salgan beneficiados presos que no aporten algún testimonio relevante. Todo esto se verá finalmente reflejado en el esclarecimiento de la verdad y la reparación integral de las víctimas.

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