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En defensa de la legalización del comercio sexual en Colombia
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Cristian David Rubiano Báez
crubiano@unal.edu.co Estudiante de Filosofía Jack Henríquez Gómez, docente
“En el capitalismo tardío la búsqueda de placer sexual ha transformado el paradigma de la sexualidad y se ha pasado del sexo procreativo al sexo recreativo”. Marta Lamas (2016)
Resumen
[Texto argumentativo] Frente a los numerosos vejámenes que pueden padecer las personas dedicadas al comercio sexual, cabe preguntarse si este ejercicio debería mantenerse legal en Colombia. En este ensayo, se define la legalización de tal actividad; para ello, con base en diferentes fuentes, el autor tendrá en cuenta que la ilegalidad vuelve peligrosa la actividad, mientras analiza el aspecto de la moral de las posturas en contra. Asimismo, se mostrará que el comercio sexual en Colombia no está lo suficientemente bien regulado y se analizará de manera crítica la conexión que supuestamente existe entre la legalización del comercio sexual y el aumento de trata de personas. Con todo esto, se concluirá que la opción más viable para empezar a resolver los problemas asociados con este comercio es tomar una postura que abogue por los derechos laborales de las personas que deciden ejercer como trabajadoras sexuales.
Palabras Clave
Comercio sexual Prostitución Legalización Regulación
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Colombia es un país ciertamente influenciado por la globalización y el capitalismo. Este factor de globalización influye en el modo en que se efectúa el comercio sexual actualmente, aunque, de hecho, esta es una cuestión bastante antigua (Tirado, 2011). Quizá esta influencia del sistema económico en dicho comercio se evidencia más en cómo este se ha adaptado a las nuevas tecnologías y en el crecimiento del debate acerca de la implementación de políticas a favor o en contra de su reconocimiento como un trabajo legítimo. Respecto a esto último, existen posturas que tienen una idea bastante negativa del comercio sexual por la que se pensaría que lo mejor para todos es prohibirlo o abolirlo. Quienes toman estas posturas hablan de las mujeres en esta situación, ya sea como víctimas a disposición del placer de la sexualidad masculina en un sistema patriarcal y capitalista o ya sea como mujeres impías, degeneradas y corrompidas5. Cabe resaltar que son las mujeres quienes ejercen en mayor medida la prostitución en Bogotá, Colombia6. A lo anterior se le suma lo más importante a la hora de hablar de la prostitución que es el contexto de violencia y vulnerabilidad al que se enfrentan quienes
5. Para tener una idea más clara acerca de estas posturas en contra del trabajo sexual véase Modelos de Regulación de la Prostitución en la Unión Europea por Sofía Santoyo Salgado (2015-2016). 6. La Secretaría Distrital de la Mujer, en el 2017, hizo una estimación de la población de personas que trabajan del sexo en establecimientos y en las calles de Bogotá: 7094 personas, de las cuales el 96,8 % eran mujeres (Observatorio de la Política Pública para la Garantía Plena de los Derechos de las Personas LGBTI, 2018). Lo anterior indica claramente que este es un trabajado feminizado
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ejercen dicho oficio. Con todo esto, cabe preguntarse, ¿debería mantenerse legal la prostitución en este país?
Creo que la manera más adecuada para empezar a dar solución a dicho problema de violencia y vulnerabilidad es tomar una postura que esté a favor de la legalización del comercio sexual, junto con su respectiva y estricta regulación. Así pues, me limitaré a ofrecer algunas razones básicas que justifican por qué este debería mantenerse legal, resaltando que esto resulta más beneficioso para quienes se dedican a tal actividad y que la resistencia a la legalización podría no ser tan buena idea. También mencionaré algunos aspectos morales que influencian las posturas en contra de la legalización. Esto último, como intentaré demostrar, podría obstaculizar el presente debate al argumentar desde prejuicios morales que ni siquiera se han cuestionado.
Para empezar, hay que tener en cuenta cuál es la razón por la que alguien decide ejercer la prostitución. Las personas, que muchas veces se encuentran en una situación de precariedad laboral, evalúan el panorama de las pocas opciones que tienen y deciden qué trabajo realizar. De este modo, ellas pueden decidirse por hacer incluso labores que seguramente no quieren hacer, como limpiar baños públicos o trabajar en basureros. Así pues, la principal razón por la que deciden entrar en el mundo del comercio sexual suele ser la necesidad económica.
Ahora bien, una mujer puede decidir ejercer la prostitución porque dentro de las opciones que tenía esta era la que más dinero le generaría; sin embargo, antes de juzgarla moralmente, lo primero que debería analizarse es si este ejercicio está o no legalizado, ya que, al no existir una ley que lo reconozca laboralmente, la mujer queda desprotegida y corre el riesgo de ser explotada, lo que hace bastante difícil, sino imposible, ayudarla a superar sus problemas económicos. En otras palabras, ella no solo corre el riesgo de no obtener las ganancias que necesita, sino también de vivir una constante violación a sus derechos. Bien lo expresa Marta Lamas (2014), en su artículo de la revista Nexos:
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Como lo que impulsa a las trabajadoras a dedicarse a tal actividad suele ser la necesidad económica, prohibirla sin garantizarles un ingreso similar, ni la más mínima seguridad social, les quita una “tablita de salvación”. Si no se resuelven las circunstancias socioeconómicas que las llevan a tal actividad, penalizar para erradicar el comercio sexual las hundiría o marginaría aún más. (párr. 14)
La inmediata penalización del comercio sexual —ya sea sancionando a la trabajadora o al cliente— no es la solución más adecuada. En caso de que se penalice, la demanda y oferta de servicios sexuales, aunque podría disminuir, se trasladaría a lugares “invisibilizados” por la ley, es decir, pasaría a ser un negocio clandestino. Por lo tanto, es mejor tener legalizado el comercio sexual, para tener control en lo que respecta a la violencia sobre dicho oficio. Se considera más problemática la prostitución ilegal que cuando esta se hace legal. La filósofa feminista norteamericana Martha Nussbaum (2012) concuerda con esto y sostiene que “mantener la prostitución ilegal solo aumenta las amenazas de violencia, enfermedad y abuso que enfrentan las mujeres porque la ilegalidad impide una supervisión adecuada, fomenta el control de los proxenetas y desalienta los controles de salud”7 (párr. 3). Y es en este aspecto de legalizar el comercio sexual para tener control y supervisión adecuada sobre él en donde entra la regulación rigurosa que he mencionado antes.
En Colombia la prostitución es legal; sin embargo, ella no está bien regulada. La Secretaría Distrital de la Mujer, citada por el Observatorio de la Política Pública para la Garantía Plena de los Derechos de las Personas LGBTI (2018), hizo una entrevista a 2.758 personas trabajadoras del sexo en la capital y con esta se demostró que apenas el 53,4 % de ellas están afiliadas a servicios de salud. También se evidenció que el 68,1 % del total de mujeres cisgénero y hombres trans no se han aplicado la vacuna para prevenir el cáncer de cuello uterino o el virus del papiloma humano. En consecuencia, numerosas personas trabajadoras del sexo de la capital no cuentan con algunas de las condiciones necesarias que deben tener en la labor sexual legalizada. Tal situación
7. Traducción hecha por el autor.
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evidencia la necesidad de que esta labor deba estar mejor regulada y no simplemente legalizada en teoría.
Sobre este último aspecto, algunas feministas sostienen que, debido a los riesgos de salud que tienen que enfrentar las trabajadoras del sexo, “consideraciones fundamentales para una política de salud pública respaldan la importancia de una regulación que saque de la clandestinidad a quienes interactúan en esa dinámica de compraventa” (Lamas, 2014, párr. 13). Sin embargo, en Colombia, la falta de rigurosidad de la ley en este escenario demuestra que no basta con que este oficio sea legal si existe una regulación a medias. Es necesario que la ley esté presente en todos los aspectos de seguridad social, desde la afiliación a servicios de salud hasta una supervisión necesaria acerca del cumplimiento normativo de los derechos laborales.
Con una regulación minuciosa se debería castigar todo tipo de abuso o proxenetismo que le quiera sacar ventaja a la legalidad del comercio sexual. En casos en los que los trabajadores sexuales quieren realizar una demanda por sufrir algún tipo de abuso, la ley debe respaldarlos como lo haría con cualquier otra persona que podría ser abusada en un trabajo legal. Sin estas condiciones necesarias para ejercer tal actividad, sería muy difícil lograr una verdadera efectividad con la legalización. Por consiguiente, el cumplimiento riguroso de la ley en el comercio sexual resultaría más beneficioso para quienes ejercen dicha actividad en los aspectos de salud y seguridad social.
Por otro lado, algunos estudiosos del tema han sugerido que la penalización, desde un punto de vista abolicionista, más allá de querer brindar seguridad social a quienes ejercen ese oficio, estaría fortaleciendo un paradigma “conservador” de la sexualidad femenina (Bernstein, 2014). Tal paradigma hace ver a la mujer trabajadora sexual siempre como una “víctima” a la que hay que rescatar, castigando a los hombres que cobran por sus servicios. De esta manera, también se hace ver al comercio sexual como algo menos aceptable que cualquier otro tipo de oficio. De modo que, cuando se penaliza al cliente, no se hace más que imponer el modelo de sexualidad femenina permitida por aquellos quienes pro-
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testan en contra del comercio sexual, desviándose del punto más importante: las oportunidades laborales y las dificultades económicas de las personas.
En 2017, la excongresista Clara Rojas propuso un proyecto de ley con fines abolicionistas para multar a quienes pagan por servicios sexuales. Inmediatamente, desde la página web de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (2017), el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia expresó su rechazo a propósito del proyecto de ley: La penalización del cliente expone a las trabajadoras sexuales, a una situación de mayor clandestinidad. Al prohibir la demanda de servicios sexuales, el ejercicio de nuestro trabajo se vuelve clandestino, lo que hace que nos veamos más vulnerables a los abusos y presiones policiales, de clientes, de locadores, etc. (párr. 3)
De este modo, reitero que, al intentar penalizar la demanda como lo propuso Clara Rojas, se corren riesgos mayores. Además de eso, el comercio sexual quedaría aún más estigmatizado, puesto que se validaría como una práctica “inmoral”. Así, con una propuesta como la de la excongresista, también se estaría imponiendo de cierto modo la manera correcta o incorrecta en que una persona debe practicar su sexualidad, impidiendo que se practique con consentimiento para fines recreativos y con dinero de por medio pues, al parecer, lo más delicado de este ejercicio es la prestación de servicios sexuales. Marta Lamas (2014) dice que ese discurso abolicionista muchas veces recurre al “pánico moral”, con lo cual se termina abusando de la figura de la mujer como “víctima” y se impide ver la complejidad de la toma de decisiones de una mujer sobre ese oficio. Por tanto, es necesario dejar los prejuicios morales a un lado y abogar por políticas serias que ayuden a regular el comercio sexual, de modo que se evite caer en los peligros de la clandestinidad.
Para terminar, quiero considerar el argumento de algunas personas con el cual afirman que legalizar el trabajo sexual aumenta la trata de personas con fines de explotación sexual. Rachel Lloyd (2015) sostiene que, en Ámsterdam, lugar donde el comercio sexual es legal, se está empezando a
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reconocer un aumento de la trata de personas con ese fin. Al parecer, lo que subyace en este argumento es la idea de que, cuando hay un elevado precio que los clientes no pueden pagar, estos recurrirían a lugares donde los precios son más bajos, lugares donde hay trata de personas8. Sin embargo, considerando la naturaleza ilegal de la trata, es bastante difícil tener datos fiables de ella. Así, es imposible establecer una conexión causal entre la legalización del comercio sexual y el aumento de la trata. De acuerdo con Lucrecia Rubio Grundell (2015)9, si no hay información fiable de todos los casos de trata existentes, es imposible establecer la razón por la que podría haber o no un aumento. La información que se obtiene sirve en tanto estimación parcial, pero no es suficiente para determinar una conexión causal necesaria.
En conclusión, al legalizar el comercio sexual lo que se hace es abogar por los derechos laborales de las personas trabajadoras del sexo, para que ellas puedan trabajar sin riesgos de violencia o explotación. Nuestros prejuicios morales personales no deberían intervenir en los estudios sobre dicho oficio. Tampoco hay que olvidar combatir la trata para trabajar en mejores estrategias que ayuden a erradicarla. No puedo evitar preguntarme en el caso de que se tome la decisión de abolir o prohibir esta actividad: ¿realmente acabaría la prostitución? Esto me hace pensar en la similitud que tiene esta discusión con otros debates acerca de la legalización de alguna actividad o producto, como, por ejemplo, el debate
8. Es importante resaltar que trata y comercio sexual no es lo mismo. Trata se refiere a la captación y traslado forzoso de una persona con el fin de explotarla. (Protocolo de Palermo, Artículo 3, Definiciones). En cuanto al comercio sexual, nadie debería estar obligado a ejercerla. Las cuestiones acerca de la libertad de una persona en su toma de decisiones laborales en el capitalismo no es asunto de este escrito. 9. Estudiante de doctorado de la European University Institute en Florencia, Italia, donde escribe su tesis sobre la interacción entre la titulización de la trata de mujeres con fines de explotación sexual en la Unión Europea y las contra estrategias defendidas y practicadas por lobbies feministas contra la trata y ONG 77
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sobre el aborto, puesto que, al ser este ilegal, pareciera forzar a las personas a cometerlo por medios clandestinos. En ese sentido, el núcleo de estos debates parece encontrarse en nuestras creencias morales y nuestras convicciones políticas sobre la forma en la que debemos vivir en sociedad. Quiero dejar claro que, con una postura a favor de la legalización del comercio sexual, no se está incentivando a ejercerlo. Ahora, si alguien se encuentra en esa situación y en definitiva no quiere seguir ahí, se le debería permitir capacitarse para otro trabajo, como debería suceder con cualquier persona en cualquier empleo legal. Por eso, lo que me parece más importante a la hora de considerar la legalización de esta actividad es la adecuada regulación que se llevará a cabo, con la que se suscita considerar las condiciones laborales necesarias que debe tener una persona que decidió trabajar en esta industria. Los datos nos muestran que, a pesar de que en Colombia el comercio del sexo es legal, todavía hace falta algo más para solucionar la baja calidad de vida de las personas más vulnerables dedicadas a tal ejercicio. Ya es momento de que en este país las políticas laborales sobre el comercio sexual se efectúen adecuadamente.
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