Migrantes / Alberto Fernández · 05
Alberto Fernández ratificó que estudia modificarlo
¿Final para el DNU xenófobo? Era una de las medidas más esperadas por el colectivo de organizaciones migrantes, que en diciembre le habían elevado una serie de reivindicaciones del sector. La bomba de tiempo que dejó Cambiemos con 70 mil radicaciones sin resolver y el regreso del programa de abordaje territorial.
Texto: Matías Ferrari Foto: Nicolás Cardello
E
l presidente Alberto Fernández sorprendió a las organizaciones migrantes y de Derechos Humanos y anunció, desde Israel, que evalúa modificar el DNU 70 firmado en 2017 por Mauricio Macri para agilizar los trámites de expulsión de extranjeros con causas penales. “Es muy peligroso, puede convertirse en un instrumento de persecución para alguna población”, le respondió al móvil de TN desde Jerusalén, pocas horas antes de emprender su regreso a Buenos Aires. Fernández confirmó lo que ya había adelantado en la campaña electoral. “Siempre estuve en contra del DNU”, dijo, aunque avisó que el tema no estaba en la agenda del Gobierno en el corto plazo, algo que ya conocía de primera mano el colectivo de organizaciones nucleadas alrededor de la “Agenda Migrante 2020”, un nuevo espacio de unidad nacido al calor de la oposición a las políticas públicas de Cambiemos en la materia. Los propios voceros del Ministerio de Interior, que tiene bajo su órbita a Migraciones, insistían el viernes con lo mismo. El anuncio fue recibido con entusiasmo. “La verdad nos sorprendió, para bien: confiamos en éste que creemos es nuestro gobierno, al que votamos convencidos porque sabíamos que se iba a ocupar de los reclamos de los que fuimos perseguidos y vimos un retroceso de nuestros derechos con el gobierno anterior”, contó a El Grito del Sur Lourdes Rivadeneyra, de la Red de Migrantes y Refugiados de la CTA y una de las principales referentes del colectivo. Rivadeneyra formó parte, junto otros 20 referentes de las más de 50 organizaciones de la “Agenda Migrante 2020”, de una reunión con la flamante directora de Migraciones, Florencia Carignano, a mediados de este mes. Estuvieron presentes Amnistía Internacional, Caref, el Cels y la Campaña Migrar no Es Delito, además de las organizaciones de migrantes extra Mercosur, y ATE Capital, entre otros. Allí se armaron tres mesas de trabajo para abordar el acceso a la regularización migratoria, retomar el programa de regularización en los barrios y, obviamente, discutir qué hacer con el DNU de Macri, calificado de xenófobo por las organizaciones. Cambiemos dejó más de 70 mil trámites sin resolver, entre otras razones por la falta de personal (hubo cientos de despidos) y porque capacitó en el uso del sistema Radex de radicación
online a los famosos gestores externos, que cobran 10 mil pesos por el trámite, antes que a los propios trabajadores del organismo. “Dejaron tierra arrasada en Migraciones también”, explicó Hugo Bellón, coordinador de ATE Migraciones y secretario de Organización de ATE Capital. “Nosotros tenemos unos 800 trabajadores que cobran por debajo de la canasta básica de pobreza, y todos ellos trabajan precisamente en acompañar y realizar los trámites de residencia en el país, ponen el pecho todos los días frente a la angustia de la gente”, describió y aseguró que las mejoras “ya se están charlando” con la nueva gestión. Pero con el DNU las cosas no estaban tan claras. La trama era compleja. A partir de los primeros trascendidos sobre la modificación, el ex candidato a vice Miguel Pichetto y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidieron micrófonos y salieron en su defensa, a través de la clásica vinculación de migrantes y delito, una marca registrada de Cambiemos explotada durante la campaña electoral, con cierto éxito en
un sector de los votantes. Fernández, con astucia, eligió eludir ese camino y optó por confrontar con el DNU desde una perspectiva práctica. “La Argentina ya tiene un régimen antes que Macri diga nada, que marca que cuando un extranjero es condenado es susceptible de expulsión. Lo que Macri hizo fue autorizar expulsiones sin condenas y esto parece muy peligroso”, remarcó. En la misma línea se expresaron reconocidos investigadores en materia migratoria, como la investigadora del Instituto Gino Germani, Ana Paula Penchaszadeh. De todas formas, el DNU “xenófobo” estaba condenado de antemano. La Justicia le dijo a la gestión anterior, en dos instancias, que el decreto que acelera los plazos para las expulsiones es lisa y llanamente inconstitucional: es regresivo en materia de derechos consagrados y además debió haberse debatido en el Congreso. A la misma conclusión llegó el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU, que instó al Gobierno a derogarlo. Pero el ex
titular de Migraciones, Horacio “Toto” García, siguió con la faena, y completó 2535 expulsiones en su mandato, duplicando a la gestión anterior, tal como informó en su momento El Grito del Sur. La solución también podría estar en manos de la Corte Suprema de Justicia, que desde marzo de 2018 posterga una definición, luego de las dos apelaciones del macrismo. Mientras, las organizaciones migrantes aguardan un encuentro con Fernández, aún sin fecha definida.
