El Grito del Sur Nº 70 Agosto 2020 - Mercado Central: un cambio (agroeco)lógico

Comuna 1 /3 /4

Periódico barrial

Constitución, Monserrat, San Cristobal, San Telmo, Parque Patricios y Barracas

Distribución gratuita 3.000 ejemplares mensuales Agosto 2020 ISSN 2451-7178

Año - 07

Número 70

Foto: Prensa UTT

Mercado Central: un cambio (agroeco) lógico Uno de los debates que llegó para quedarse con la pandemia es el cambio hacia la agroecología. El Mercado Central dará talleres sobre cómo producir sin venenos y hará seguimientos técnicos de calidad junto a los productores que lo abastecen de frutas y verduras. Pág. 6

“Caer” en la escuela pública por la pandemia

“Celebramos que el Presidente reciba a los villeros, pero las respuestas no llegaron”

Pág. 4

Pág. 10

02 · Sumario / Editorial

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Un freno al desalojo de la Escuela Taller

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“Caer” en la escuela pública por la pandemia

05

Cajonear y silenciar en la Legislatura porteña

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Larreta y el protocolo de aborto: sin veto pero con restricciones ,

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10

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“Celebramos que el Presidente reciba a los villeros, pero las respuestas no llegaron”

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El Mercado Central fomentará productos libres de agrotóxicos

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Violencia política: de las carteras de CFK a los anteojos de Vizzotti ,

Editorial

Un ajuste que se siente en pandemia E

l Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) publicó un informe que revela el «proceso de fuerte ajuste fiscal y desinversión pública» con el que la Ciudad de Buenos Aires está afrontando la pandemia de COVID-19. El trabajo realizado por Samantha Horwitz y Claudio Lozano plantea que el ajuste del Estado porteño afecta principalmente a los sectores de vivienda y educación, con recortes que rondan los 2000 millones de pesos.

Ya antes de que los efectos negativos

en términos de recaudación tributaria comenzaran a visibilizarse producto de la pandemia, la desinversión pública de la administración de Horacio Rodríguez Larreta se verificaba en el recorte destinado a vivienda (-$1.504 millones), educación (-$473 millones), agua potable y alcantarillado (-$351 millones), transporte (-$693 millones) y servicios urbanos (-$239 millones), entre otros. Horwitz y Lozano aseguran que «las inversiones en Servicios Sociales y Económicos caen en valores

nominales: las pérdidas reales alcanzan el -60% y -57%, respectivamente.

Entre las funciones sociales, la inversión en Salud crece en valores reales un 70%». No obstante, lo destinado a preparar el sistema sanitario porteño con vistas a la pandemia (+$432 millones) fue muy inferior a la liberación de recursos públicos por el desplome de la inversión pública en general.

Durante el primer trimestre de este año, la recaudación tributaria de la Ciudad cayó un -4,4% en términos rea-

les, aunque el IPyPP advierte sobre un pronóstico de mayor deterioro en los meses siguientes. De esta forma, los trabajadores públicos cargan con parte del ajuste en sus bolsillos a partir de la caída de inversión en las áreas mencionadas. El Jefe de Gobierno sigue sin dar explicaciones sobre este tema.

El Grito del Sur- Fundado el 23 de sepiembre de 2012 en el natalicio de Mariano Moreno - Registro ISSN 2451-7178 - Director Propietario: Yair Cybel - Tirada 3.000 ejemplares - Registro de la Propiedad Intelectual 5295866 - Agosto 2020 - Número 70 - Domicilio legal: Camarones 1549 CABA - contacto: elgritodelsur@gmail.com Impreso en Editora del Plata S.R.L. - España 221, CP 2820 (Gualeguaychú, Entre Ríos) Registro de Medios Vecinales CABA - Se autoriza la reproducción del material publicado, citando la fuente.

Ciudad de la furia / Educar es combatir · 03

Otro intento del GCBA en pandemia

Un freno al desalojo de la Escuela Taller Tres camiones del Ministerio de Educación porteño intentaron vaciar anoche el histórico edificio donde funciona la Escuela Taller del Casco Histórico. La comunidad educativa logró frenar el desalojo a partir del amparo presentado el año pasado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Texto: El Grito del Sur

S

ábado a las nueve de la noche. Las calles desoladas por la pandemia y el frío. Hay movimientos extraños en las inmediaciones de la Escuela Taller del Casco Histórico, ubicada en el barrio de San Telmo, donde se observa la presencia de tres camiones. Gente ajena a la comunidad educativa que entra y sale. Un vecino de la zona le avisa desesperado a uno de los profesores que se estaban llevando todas las pertenencias de la institución. Los sospechosos eran ni más ni menos que funcionarios del Gobierno de la Ciudad, que había decidido concretar -esta vez sí- el desalojo del histórico edificio ubicado sobre la Avenida Brasil.

Frente a esta situación, alumnos y alumnas de esta institución educativa lograron frenar el desalojo a partir de la acción de amparo patrocinada el año pasado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad con el objeto de que se ordene «otorgar a la Escuela Taller del Casco Histórico, en forma previa a la demolición del edificio sito en Brasil

200 un edificio de uso definitivo y no transitorio, que se encuentre ubicado en el Casco Histórico de la Ciudad y cumpla, de mínima, con las condiciones y dimensiones que actualmente tiene la Escuela». La causa quedó ahora en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 39, a cargo del Dr. Gonzalo Viña.

«Fueron tres camiones en la puerta llevándose cajas a la calle Alsina.

Algunos compañeros con vehículo siguieron a estos camiones y pudieron comprobarlo. Cuando se les preguntó a los camioneros de dónde eran, nos dijeron que del Ministerio de Educación de Soledad Acuña. No tuvieron problema en decir de dónde venían. Esto fue entre las nueve y las once de la noche.

En ese momento intervino el abogado Jonatan Baldiviezo, llegó la policía y se hizo el secuestro de las cosas además de clausurarse la escuela», relató a El Grito del Sur Patricia Scaglione, alumna de la carrera «Esgrafiado» en la Escuela Taller.

El conflicto entre la institución y las autoridades porteñas viene desde

hace tiempo. En agosto del año pasado, estaba programada la demolición de la escuela pero no había propuesta de mudanza. La avanzada del Gobierno de la Ciudad se frenó a partir de un amparo patrocinado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad. En noviembre, la jueza Romina Tesone decidió suspender la mudanza hasta que se pusiera a disposición un lugar propicio. «Nos ofrecieron primero Parque España, donde no hay nada construido y que además no tiene nada que ver con el

casco histórico, y después un edificio en la calle Alsina ocupado por la Dirección de Música. Entre diciembre y enero les sacaron todas las cosas y les vaciaron el edificio», contó Scaglione.

Cabe destacar que en el presente ciclo lectivo, desde el inicio de la cuarentena, no hubo cursada virtual en la Escuela Taller del Casco Histórico ni se facilitó material teórico a los alumnos y las alumnas para que puedan continuar estudiando.

04 · Educar es combatir / Vacantes

Alerta por falta de vacantes y desinversión de Larreta

“Caer” en la escuela pública por la pandemia Un informe elaborado por el Observatorio Gente en Movimiento advirtió que 3 de cada 10 familias está considerando pasar a sus hijes a las escuelas de gestión estatal. Madres, docentes e investigadoras opinan sobre las posibles implicancias de estos indicadores en un sistema educativo ya colapsado.

Texto: El Grito del Sur

E

l Observatorio Gente en Movimiento difundió en su último informe detallado sobre la calidad de vida durante la crisis del COVID-19 en la Ciudad de Buenos Aires las dificultades que atraviesan las familias que envían a sus hijes a colegios de gestión privada: el 50 por ciento manifestó que no se encuentra en condiciones de abonar la próxima cuota; el 31 por ciento evalúa la posibilidad de hacer el pase a una escuela de gestión estatal; y el 34 por ciento piensa en buscar una escuela más económica. En caso de confirmarse estos números, y en especial una fuerte migración de la matrícula privada a la estatal, estaríamos hablando de un total de 93.310 vacantes que buscarían un lugar en el sistema público, del que todos los años quedan excluidos entre 10 y 20 mil niños, niñas y adolescentes. En ese marco, El Grito del Sur conversó con madres, docentes e investigadoras especializadas en educación acerca de las consecuencias sociales de lo expuesto en el informe.

«El desplazamiento de la escuela privada a la escuela pública por falta de trabajo o por no poder pagar las cuotas es un fenómeno que sucede en las crisis y el gobierno de Larreta ya tendría que estar previendo la ampliación de los edificios escolares y la construcción de nuevos edificios, porque sino no va a poder cumplir con la demanda del derecho a la educación de vastos sectores de la sociedad», advierte Angélica Graciano, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). En este sentido destaca también que el problema de la falta de vacantes no es algo nuevo en la Ciudad de Buenos Aires, sino que, por el contrario, es una problemática de «larga data» que afecta principalmente al nivel inicial, a las escuelas primarias de jornada completa en la zona sur y también a las escuelas secundarias, ya que al dividirse por especialidades la matrícula no siempre llega a cubrir la demanda de vacantes.

Ana Miranda es investigadora del CONICET especializada en Educación y, en diálogo con este medio, opina: «Éste es un proceso que tendremos que ver más adelante, porque no tenemos ninguna seguridad aún de cómo va a evolucionar la pandemia. Habría que ver efectivamente qué sucede con la reapertura de los colegios, por ejemplo». «Hoy en día tenemos mucha incertidumbre para poder pensar esta situación, pero seguramente demanda-

rá un gran esfuerzo público», agrega.

En este sentido, refuerza la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad para solucionar las distintas problemáticas, ya que «al menos en lo que se observa en las demandas de padres y madres que llevan a sus hijos a la educación pública, existe todavía un pedido de que las autoridades educativas tengan mayor presencia».

Desde el colectivo Vacantes para tod@s en la Escuela Pública vienen relevando la magnitud de esta problemática desde hace varios años y ya llevan presentados más de 700 amparos judiciales para garantizar la vacante de niños, niñas y adolescentes en las escuelas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires. Patricia Pines, una de las fundadoras e integrantes del espacio, acusa a la administración porteña de tener «una política de vaciamiento y privatización» y asegura que «lo más alarmante es que la política en estos años ha sido la de cierre de salas, grados, cursos y escuelas enteras -acumulando un total de 200 cursos cerrados-«. «En ningún momento fue preocupante para ellos que haya pibes y pibas que se quedan afuera, sino que siguieron achicando la matrícula en la escuela pública», denuncia.

En esa misma línea, Angélica Graciano plantea que «va a haber una situación sumamente crítica e incon-

trolable» que parte de un diagnóstico anterior relacionado con el crecimiento de las problemáticas educativas en el contexto de aislamiento, donde «el derecho a la educación del 50 por ciento de los chicos está siendo gravemente lesionado».

«La expulsión hacia la privada de las familias de clase media durante los ’90 fue parte de un ciclo privatizador y desigualador muy extendido y socialmente legitimado -por más que hubo resistencias-, cuyas consecuencias se ven en el estado de las escuelas públicas hoy», añade Valeria, del colectivo Familias x la Escuela Pública, y explica: «Si la clase media se «apropia» del sistema educativo, mete mucha más presión hacia la política educativa, sobre todo en una ciudad como CABA. Entonces, que «vuelvan» puede ser bueno porque va a permitir visibilizar lo que venimos diciendo los colectivos: no hay vacantes, no hay inversión en infraestructura, no hay suficiente formación docente, etc.».

Sin embargo, la dificultad que manifiestan las familias para pagar la cuota de las escuelas de gestión privada implica también una consecuencia a futuro para muchas instituciones que contarán con menos recursos para el regreso a las clases presenciales. En función de esto, desde Vacantes para tod@s en la Escuela Pública consideran

que «los edificios deberían ser expropiados o comprados por el Estado y puestos a funcionar como escuelas estatales». A esto se le suma, además, el reclamo por la derogación del Decreto 330, que habilita el cierre de grados y cursos, el pase de los Centros de Primera Infancia a la órbita del Ministerio de Educación de la Ciudad -actualmente dependen de Desarrollo Social- y el pedido urgente de un aumento presupuestario que contemple un plan de obras para la construcción de nuevas escuelas con vistas a ampliar la matrícula disponible en la Ciudad de Buenos Aires.

Hace algunos años, el cálculo que hacían desde este colectivo de padres y madres marcaba la necesidad de que se construyeran 80 escuelas nuevas para cubrir la demanda de vacantes.

Antes de la pandemia, este dato se había actualizado y ascendía a unas 150 escuelas, cifra que deberá revisarse si se confirma el pase de una porción de la matrícula de los colegios privados a los públicos.

Ciudad de la furia / Legislatura porteña · 05

Más de 300 proyectos de la oposición sin tratamiento

Cajonear y silenciar en la Legislatura porteña En una dinámica que niega toda apelación al “diálogo” y al consenso, el Ejecutivo porteño lleva cajoneados más de 300 proyectos opositores desde que comenzó la emergencia sanitaria. “La Legislatura porteña es una escribanía”, coinciden diputados y organizaciones sociales. Salud, Promoción Social y Educación, las áreas más censuradas por el larretismo.

Texto: Martín Suárez

L

“ a Legislatura porteña es una escribanía” se convirtió en una de las frases más escuchadas desde que el Ejecutivo porteño tiene mayoría absoluta en el parlamento de la Ciudad. Expresión que propone que el larretismo se niega a habilitar el debate de proyectos de la oposición y que sólo sesiona para imponer sus propios documentos. Los bloques opositores aseguran que este modus operandi se viene repitiendo en los últimos años, y pensar que esta situación durante el confinamiento ha mejorado, está alejado de toda realidad. Al realizar un relevamiento sobre los cientos de proyectos presentados por las y los legisladores opositores durante la pandemia, no resulta exagerado decir que, como nunca antes, el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires se encerró en sí mismo y soterró el debate en la Legislatura.

Desde que se inició la cuarentena, la alianza Vamos Juntos cajoneó alrededor de 300 proyectos de la oposición.

Documentos devenidos de las comisiones más sensibles, cuyos “beneficios” están directamente destinados a la población mayormente postergada de la Ciudad. Salud, Promoción Social y Educación, son las áreas en cuestión censuradas por el larretismo, entre los que se encuentran proyectos de Ley, pedido de informes y diferentes iniciativas. En casi 5 meses de cuarentena, el conjunto de documentos que el oficialismo se niega a debatir hasta la fecha en la Legislatura, suman un total de 297 proyectos, de los cuales

61 corresponden a asistencia social, 97 incumben al sector educativo y 139 están vinculados directamente a indagar, mejorar y ampliar las condiciones del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires.

Florencia Diasprotti, maestra de la Escuela Mugica, referente social y militante del PCCE, advierte que “hay muchos proyectos de Ley que se presentaron en la Legislatura que son de vital importancia para la comunidad de la Villa 31: entre ellos, la ley de asistencia económica, alimentaria y sanitaria para comedores. En la misma línea y con la idea de achicar la brecha digital, los proyectos que tienen que ver con educación, como los de garantizar conectividad y computadoras para estudiantes; y el proyecto de Tarjeta Alimentaria que evitaría que miles de personas se estén movilizando al mismo tiempo para buscar una bolsa de alimentos”.

A la censura legislativa que realiza el oficialismo sobre estos proyectos, se le suman las últimas decisiones que se alejan de la realidad de las y los ciudadanos, “como el pago de aguinaldo en cuotas para los trabajadores estatales porteños, y el hecho de que no destina un peso para paliar la situación de quienes más necesitan la presencia del Estado, mientras sigue gastando fortunas en publicidad y marketing, en fortalecer a las fuerzas represivas, o pagando sobreprecios en insumos (como los barbijos) siempre favoreciendo a los sectores concentrados de la economía”, agrega Diasprotti.

Entre los casi 300 proyectos que Vamos Juntos congeló en la Legislatura, se

encuentra el de la creación de la figura de “promotoras de la salud” en los equipos territoriales del sistema de salud de CABA. Esta iniciativa representa un salario digno para quienes “son las primeras que van al frente en la búsqueda activa de los casos de COVID en los barrios más vulnerables. Hasta hace muy poco, la mayoría cobraba un contrato precarizado de 14 mil pesos”, señala el legislador porteño del Frente de Todos, Javier Andrade, que presentó este proyecto hace varios meses. En la Ciudad de Buenos Aires hay 45 Centros de Salud y Acción Comunitaria -CeSACy 39 Centros Médicos Barriales -CMB-, un total de 84 dispositivos de salud donde sólo 52 promotoras de la salud están reconocidas. “Son muchísimas las que trabajan promoviendo el acceso a la salud, el primer eslabón en la atención primaria de la Ciudad son las promotoras”, destaca Andrade.

El legislador también opinó sobre por qué el Gobierno porteño cuajó el debate de proyectos tan relevantes durante la pandemia: “El modelo de Ciudad desigual que plantean siempre perjudica mucho más a los sectores vulnerables, y en particular las promotoras de salud son mujeres que viven y realizan esta tarea en las villas y en los barrios más carenciados de la Ciudad. Para este gobierno, que está hace 13 años, es más importante destinar 28 millones de pesos para comprar máquinas expendedoras de bebidas y snacks, como salió publicado hace unos días en el Boletín Oficial, que invertir ese dinero en salud”, concluye. Entre los proyectos que presentó Andrade durante la cuarentena, se destacan: crear

dispositivos de entrega de medicación para pacientes crónicos, descentralizados de los hospitales y centros de salud; y la implementación de protocolos de atención en las unidades febriles de urgencia.

El reclamo más fuerte que le hacen todos los sectores al Gobierno de la Ciudad, es que destine dinero a las y los vecinos del distrito para complementar las diferentes ayudas económicas que otorga Nación. “La Ciudad de Bs As debería estar sosteniendo la economía de los pequeños comerciantes, los artesanos, las PyMES, las cooperativas, a través de una IFE y una ATP porteño, para que complemente con las designaciones que destina el Gobierno nacional y que las y los porteños no tengan que elegir entre la economía y la salud”, opina Enrique Rositto, secretario de Prensa de la CTA Ciudad. Cabe señalar que el Gobierno nacional auxilia a más de 290 mil porteños la suma de 10 mil pesos mensuales mediante la asignación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). “Esto ocurre mientras que el Gobierno de la Ciudad solamente aporta mediante el programa Ciudadanía Porteña $4500 a apenas 48 mil vecinos de la Ciudad.

Por eso sostenemos que es importante que el oficialismo habilite el debate del proyecto del Frente de Todos, que impulsa que el Gobierno porteño cobre por única vez un impuesto del 1% a las personas o empresas que hayan pagado Ingresos Brutos iguales o superiores a los 30 millones de pesos”, cierra Rositto.

06 · Economía popular / Ambiente

Un cambio hacia la producción sin venenos

El Mercado Central fomentará p

La corporación decidió promover el cambio hacia la agroecología de los productores que lo abastecen de frutas y verduras. Dará talleres sobre cómo producir sin venenos y hará seguimientos técnicos de calidad. “Tenemos la oportunidad de discutir qué comemos”, explicó su presidente, Nahuel Levaggi, sobre uno de los debates que llegó para quedarse con la pandemia y la crisis económica.

Texto: Laura Vales Foto: Prensa UTT

H

ay cambios que sólo pueden medirse en perspectiva. Durante la crisis del 2001, miles de personas saquearon supermercados, otros miles amenazaron con saquearlos para conseguir mercadería, los clubes de trueque por comida se multiplicaron como conejos. Chiche Duhalde hizo política con la supersopa, la propuesta de cocinar

los “excedentes” del Mercado Central, que en lugar de ser llevados al Ceamse se convertirían en la solución para el hambre. El menú se completaba con milanesas de soja, por donación de solidarios productores agropecuarios.

En esta crisis de 2020, el problema del acceso a la comida vuelve a ser clave.

Muchas diferencias están a la vista.

Y el Mercado Central, desde su dirección, decidió promover el cambio a la agroecología de los productores que lo abastecen de frutas y verduras.

Economía popular / Ambiente · 07

productos libres de agrotóxicos “Siempre se habla del alimento cuando falta. Si no hay escasez, no se problematiza la alimentación: no importa si la maneja Monsanto o si son ultraprocesados—, apunta Nahuel Levaggi, director del principal mercado concentrador del país y coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) —Ahora tenemos la oportunidad de ponerlo en debate.

Discutamos qué comemos. Qué necesitamos, con qué nutrientes, cómo lo producimos”.

Esta política, impensada en el país de hace apenas cinco meses atrás, se pondrá en marcha con un primer grupo de productores, puesteros con producción propia que aceptaron subirse a la propuesta de cultivar sin agroquímicos.

Una de las puertas al cambio es que el Mercado tiene un laboratorio propio.

En él, todos los días se hacen muestreos de las verduras y frutas de las naves que van a abastecer a las trece millones de personas que habitamos la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Las muestras pasan por análisis de calidad, de microbiología y presencia de plaguicidas. O mejor dicho: muchas no pasan.

A cargo del área que sigue tan delicada cuestión está Marisol Troya. “En muchos alimentos detectamos la presencia de plaguicidas”, revela. Y explica que “no sólo de uno o dos plaguicidas, sino de combinaciones de cuatro o cinco compuestos”. Gerenta de Calidad y Transparencia del Mercado Central, al igual que Levaggi proviene de una organización de la agricultura familiar, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (Vía Campesina).

En 2018, el Senasa dio a conocer que más de la mitad de las verduras controladas entre 2011 y 2013 contenían restos de pesticidas, herbicidas y fungicidas en niveles no permitidos.

Como ejemplo, en las muestras de acelga se encontraron residuos de 28 agroquímicos como ddt, endosulfán y deltametrina. La información llegó a conocimiento público porque la ONG Naturaleza y Derechos lo obtuvo mediante un recurso de amparo. Los datos que el organismo dio a conocer a partir de entonces mostraron resultados mucho mejores. Su última publicación informa que solo en 5,58% de las muestras de las producciones de origen vegetal analizadas en sus laboratorios encontraron residuos de fitosanitarios por encima de los permitidos. En seis de cada diez de esos casos, el problema fue de “desvíos de uso”, un término que alude a que una hortaliza es tratada con venenos no autorizados para su especie. Se supone que porque el agricultor le echa algún plaguicida que le quedó o tiene a mano.

Otro riesgo frecuente es que los productores no esperen los días requeridos para que los agroquímicos pierdan potencia y se vuelvan “inocuos” antes

de sacar la producción a la venta. Por eso, en las primeras frutas y verduras de cada estación es más frecuente encontrarlos.

EN CAMINO Levaggi explica que el camino que propone el Mercado Central para el cambio a la agroecología son los mismos que sigue la UTT: ofrecer a los productores capacitación técnica en un esquema de talleres, y después una propuesta de seguimiento técnico.

Cuando esta producción llegue al Mercado, además, van a diferenciarla, de manera que en la verdulería de barrio lo agroecológico sea identificable.

“El arranque es dar talleres de suelos, de preparados, de control de plagas y de diseño de la quinta; después se trata de la práctica, del trabajo con seguimiento de un técnico que va a las quintas y las acompaña en la transición”, explica. Otro aspecto a tener en cuenta que se puede empezar con una parcela, e ir extendiendo la superficie agroecológica a medida que se ven los resultados. ¿El productor necesita invertir?

Necesita invertir en capacitación y conocimiento, que a eso lo ponemos nosotros. Después tiene que probar: descolonizar su mente del agronegocio, de las multinacionales y la industria del agroquímico, que trabajan muy fuertemente todo el tiempo en instalar que no se puede producir sin químicos.

O que es la única manera de producir masivamente.

Entonces lo que necesita es perder el miedo a ganar menos.

De hecho va a ganar más, porque la producción agroecológica tiene costos menores que la producción con agroquímicos. Esto es así porque los agroquímicos son importados, a precio dólar. En cambio, la propuesta de producción agroecológica es en pesos, con bioinsumos que la mayoría podemos elaborar en el propio campo.

CERTIFICACIÓN AGROECOLÓGICA Políticas de este tipo son uno de los aspectos a valorar de la presencia de las organizaciones sociales en el Gobierno, donde están ocupando cargos de gestión que, aún desde lugares subalternos -en el sentido de que no inciden en el rumbo económico o en la matriz productiva- conviene tener presente—. Porque dejan una marca en la cultura. Tan imborrable como el recuerdo de la supersopa.

En el caso de la UTT, es una organización que no había participado, como otros movimientos sociales ligados a la economía popular, de la campaña electoral del Frente de Todos. Con la

inesperada convocatoria a hacerse cargo del Mercado, el Gobierno les pidió dos cosas: garantizar el abastecimiento de alimentos, a precios baratos.

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“La producción agroecológica tiene costos menores que la producción con agroquímicos”.

Nahuel Levaggi

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Eran días de colas en los supermercados y compras compulsivas de alimentos. En góndolas y verdulerías se disparaban los precios. El kilo de lechuga podía valer 35 pesos en el Mercado Central, pero en los comercios de proximidad llegaba a 90; en algunos lugares incluso a 130. Entre esos aumentos desbocados y la recomendación de quedarse en casa, muchas personas se volcaron a los bolsones agroecológicos, ofrecidos por comercializadoras alternativas que rápidamente extendieron las entregas a domicilio.

Levaggi asumió en su cargo el 24 de marzo. Su primera propuesta fue armar un acuerdo de precios con los grandes productores, aplicado a una canasta de frutas y verduras: el Compromiso Social de Abastecimiento.

Todos los jueves, los puesteros consensúan precios mayoristas de verduras y frutas, con el compromiso de man-

tenerlos durante la semana. En base a ellos el Mercado sugiere precios a los minoristas. La lista puede consultarse en internet, junto con un mapa de las verdulerías adheridas.

Con esta página y las verdulerías que se van sumando al Compromiso Social de Abastecimiento, el Mercado va a promover los productos que hagan el cambio a los agroecológicos, cerrando el círculo.

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“La certificación agroecológica es una de las prioridades de nuestra gestión”. Marisol Troya

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El esquema es, entonces, valorizar la producción sin agroquímicos. “La certificación agroecológica es una de las prioridades de nuestra gestión. Para eso estamos construyendo criterios de qué parámetros usar, e iniciando mesas institucionales con algunos organismos como el Senasa”, dice Marisol Troya. Si bien en el país ya existen organizaciones que vienen impulsando un sistema de certificación agroecológica participativo, realizado entre la sociedad civil y productores, desde el Mercado Central -con el peso que esto significa- este objetivo no había sido hasta ahora abordado.

LA ECONOMÍA POPULAR AVANZA CON PRECIOS JUSTOS AlmaCoop es un almacén cooperativo online que, a través de 13 puntos de entrega situados en la Ciudad de Buenos Aires, distribuye productos de cooperativas, empresas recuperadas y unidades productivas domésticas. El objetivo es promover un circuito económico sustentable basado en precios de intercambio justos para productores y consumidores.

En el caso de AlmaCoop, los pedidos se duplicaron, pasaron de ser cerca de 200 durante los meses de enero y febrero para llegar a rondar los 400 a partir de marzo. “Veníamos de 4 años de un gobierno neoliberal en el cual todas las políticas habían sido en contra nuestro y desde el cambio de gobierno se notó una tendencia a fortalecer y darle mayor visibilidad a este tipo de iniciativas. Creo que eso tiene

mucho que ver con este aumento del interés por parte de la gente que estamos viendo”, explica Vanesa Acosta -integrante de la cooperativa- en diálogo con El Grito del Sur. Dentro de la industria alimentaria existe una gran monopolización, esto genera que los productores no tengan espacio para negociar el precio de sus productos y que éstos lleguen muy encarecidos a las góndolas. Vanesa Acosta señala que “para los productores en general resulta un gran alivio empezar a vincularse con nosotros, porque pasan a tener una instancia de negociación en la que pueden ponerle valor a su trabajo y después nosotros tratamos de que el producto llegue lo más directo posible al consumidor”.

08 · #AbortoLegalYa / Legislatura porteña

Protocolo Nacional de ILE en la Legislatura

Larreta y el protocolo de aborto: sin veto pero con restricciones

Aunque la ley de adhesión al Protocolo Nacional de ILE no fue vetada, el Jefe de Gobierno promulgó un plan de medidas restrictivas. Desde los feminismos y la oposición porteña mostraron preocupación. “Esperamos que no se altere el espíritu de lo que votamos con amplísima mayoría”, dijo la legisladora Laura Velasco.

Texto: El Grito del Sur

E

l Jefe de Gobierno porteño dejó sentado en el Boletín Oficial que no vetará la ley de adhesión al Protocolo Nacional para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), sancionada el pasado 16 de julio con 50 votos a favor, 3 abstenciones y 7 en contra. Sin embargo, agregó algunos puntos restrictivos que limitarían el alcance de la norma.

En primera instancia, Horacio Rodríguez Larreta especificó que cualquier persona gestante que se acerque a algún efector sanitario, ya sea de la Red de Salud Pública o de los Subsectores de la Seguridad Social o Privados, deberá tener una consejería previa donde se le darán las diferentes alternativas que tiene a través de un comité interdisciplinario.

En segundo lugar aseguró que lanzará el Plan A La Par para que quienes continúen la gestación tengan el acompañamiento en los primeros meses del embarazo, nacimiento y vida del niño.

El acompañamiento comenzarían por los barrios populares, donde se les aseguraría a les niñes en situación vulnerable vacantes en los Centros de Primera Infancia y ayuda económica para las familias. El mismo también abarcaría la prevención de embarazos

no deseados a través de la difusión de información y la distribución de anticonceptivos. En el posteo que realizó el día anterior en sus redes sociales, Rodríguez Larreta sumó la intención de acelerar los procesos de adopción a través de la inscripción online a distancia y la coordinación con el Ministerio de Justicia y los hogares convivenciales.

Otra de las medidas impuestas tiene que ver con los plazos. Si la persona gestante llegase al sistema de salud en una etapa anterior a las 14 semanas, la mejor opción será realizar un aborto medicamentoso -siempre y cuando no se trate de un embarazo riesgoso- en el primer nivel de salud de manera ambulatoria. En caso de que exceda ese plazo, deberá efectuarse en el segundo nivel de atención u hospitalario. Desde la semana 24, el único causal que se contemplaría en CABA sería el riesgo grave e inminente de vida de la madre.

En este punto se insiste nuevamente en la instancia de la consejería previa lo cual- al no especificarse quienes serán les encargades de dar esta información- deja abierta la posibilidad de que allí tengan incidencia los grupos anti-derechos.

Al Boletín Oficial Larreta sumó un Anexo donde dejó en claro que en el caso de aquellas instituciones que por

tener una mayoría de profesionales objetores de no puedan garantizar la ILE se podrán inscribir por única vez al “Programa de Derivación Garantizada a la persona embarazada para instituciones con ideario confesional y/o ético que deriva en la mayoría de profesionales objetores de conciencia” bajo la órbita del ministerio de Salud. Éste proveerá de derivaciones rápidas para que los abortos puedan ser contenidos en otras instituciones, en caso de llegar a los centros de salud y hospitales celestes. Es decir, en pocas palabras, que quedará habilitada la objeción de conciencia institucional.

“En principio es bueno que el Jefe de Gobierno respete la decisión del poder legislativo porteño y no vete la adhesión al protocolo nacional. Estamos de acuerdo en la necesidad de fortalecer las políticas públicas en pos de la educación sexual integral para decidir, el acceso a anticonceptivos, el acompañamiento de mujeres y personas gestantes y las políticas de adopción”, expresó la legisladora Laura Velasco, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura. “Lo que nos preocupa del anuncio oficial es la posibilidad de que se restrinja la aplicación del protocolo; veremos que plantea la reglamentación, esperando que no se altere el espíritu de lo que votamos con amplísima mayoría y la participación de todos los bloques de la Legislatura”.

Respecto a les niñes, ya en el fallo F.A.L. se especifica de la no judicialización de la práctica y el Protocolo señala que “en caso de desacuerdo entre la niña y los/as progenitores/as, el equipo de salud es quien debe valorar la situa-

ción”. Sin embargo, el Jefe de Gobierno aseguró que, frente a controversias, podrá dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como así también, cuando resulte necesario, al Ministerio Público Tutelar.

Si bien la ley no fue vetada -lo cual representa un avance frente a su predecesor Mauricio Macri-, las legisladoras opositoras se muestran preocupadas por las implicancias que podrían suponer las medidas de Larreta y desde La Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito salieron a repudiarlas.

Esta vez Rodríguez Larreta no cedió a las presiones de la iglesia y los militantes pro-vida, quienes a pesar de la cuarentena se manifestaron hace algunas semanas frente a la casa del Jefe de Gobierno, sin embargo no se privó de sancionar medidas restrictivas ni dejó pasar la oportunidad de expresar su posición a favor de resguardar la vida desde la concepción. Mientras tanto, en su cuenta de Instagram Bárbara Diez, esposa del mandatario, publicó una imagen de la escultura “El niño no nacido” de Martin Hudacek y agregó como pie de foto: “La Ciudad se paralizó para salvar vidas durante esta pandemia. ¿No es cuanto menos incongruente que a la misma vez se haya votado un protocolo de muerte para bebés de hasta 7 meses de gestación? Estamos haciendo todo lo posible como sociedad para salvar vidas. ¿De qué estamos hablando?”.

· 09

10 · Villas / Nacho Levy

Nacho Levy, referente de La Poderosa

“Celebramos que el Presidente reciba a los villeros, pero las respuestas no llegaron”

Villas / Nacho Levy · 11

“Alberto nos dijo que nuestros problemas eran ahora su problema también, pero no pudimos volver a comunicarnos con él y los problemas siguen creciendo”, dispara Nacho Levy. El referente de La Poderosa describe la situación de los barrios populares y asegura: “hay pibes y pibas que están perdiendo el año escolar y nadie dice nada”.

Texto: Matías Ferrari

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stos meses de pandemia están siendo un «torbellino» para una organización como La Poderosa, dice su referente, Nacho Levy, con la voz más ronca que nunca: hay tanto atropello para denunciar y tanto problema urgente para resolver que casi no hay tiempo para otra cosa. En su cabeza hay una lista de dramas que van desde las familias que «hacen fila en el basural del Volcadero, en Entre Ríos, como si fuera el Mercado Central» a los miles de chicos y chicas de las villas de la Ciudad y el conurbano que «llevan tres meses sin contacto con la escuela».

Más: en el barrio Mosconi, en Formosa, dice Nacho, cuentan cinco meses sin alumbrado público; en el barrio La Tosquera, en Corrientes, la crisis disparó el trabajo infantil: «hay nenes de menos de diez años tirando del carro, hasta pescando». La lista es interminable y la información proviene de las asambleas de base de La Poderosa en todo el país. Nacho la recita antes de dialogar largo y tendido por teléfono con El Grito del Sur, en una entrevista donde deja en claro su enojo con los gobiernos, las promesas que no se cumplieron y la situación actual de los barrios populares, dos meses después que pasara el pico de casos y se «corriera la lupa» hacia otro lado.

El Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que la Ciudad «logró contener» los contagios en los barrios populares y que se trabajó «con las organizaciones sociales”. ¿Es tan así, está superado el problema?

El día que dijeron que en la Villa 31 hubo cero casos, y que estaba todo resuelto, habían hecho un solo testeo.

Eso nos generó mucha indignación e impotencia y nos puso frente a la necesidad de desnaturalizar la facilidad con que la mayoría del sistema político puede mentir con semejante impunidad. Larreta puede decir eso en cadena nacional porque nadie sabe realmente si es cierto o no, porque nadie se lo pregunta, porque nadie vino a los barrios a preguntar tampoco.

A Larreta le sale más barato comprar silencio y censura con la pauta que invertir realmente en garantizar los derechos de miles de compañeros y compañeras que viven en los barrios populares de la ciudad más rica del país, donde dicho sea de paso van por el cuarto mandato y los problemas que tenemos vienen de mucho antes de la pandemia. El Covid se sumó a todo un tendal de problemas que ya teníamos y que siguen sin solución. La verdad es

que si hoy hay menos casos, probablemente tenga que ver con que casi todos los vecinos y las vecinas ya se contagiaron. En la 31, donde viven 50 mil personas, llegó a haber un resultado positivo de cada dos testeos. Aun así, si fuera cierto que hay cero casos como dice Larreta, sería imposible esconder debajo de la alfombra el nivel de desidia con el que se manejó y que permitió la expansión del virus en los barrios.

Si eso no hubiera sido así, si hubieran trabajado con las organizaciones como ellos dicen, hoy tendríamos al Negro, a Anita, a Ramona y a tantos otros tal vez aislados en el Bauen o en sus casas, pero no en un cementerio.

Cuando los convocó Alberto Fernández, en mayo pasado, La Poderosa y otros referentes de organizaciones populares presentaron una serie de propuestas y medidas urgentes para los barrios, que también recibió más tarde Rodríguez Larreta. Pareció haber un compromiso y una escucha. ¿Por qué no volvimos a ver otras fotos como esas?

Cuando nos reunimos con Alberto, la pregunta más difícil de responder para nosotros fue por qué esa reunión no había sido antes. Después de 13 días sin agua en la 31, después de que se contagiara toda la camada fundacional del barrio y que Ramona se muriera, Alberto nos recibió. Dijo haberse enterado de la situación por una nota con Tenembaum en la que me escuchó hablar de Ramona, con toda la carga de dolor y dramatismo con que denunciamos que su muerte era producto del abandono del Estado. Él me dijo personalmente que la Ciudad le había mentido sobre la situación real de los barrios. Y que ahora que la conocía, era su problema también y se iba a poner al frente para que solucionaran los problemas que habíamos presentado. ¿Y eso pasó?

No. Sí pasó que nos recibieran y nos escucharan, que no es poco y lo valoramos, lo celebramos, como celebramos no habernos convertido en Brasil y celebramos, o al menos suspiramos de alivio, frente a lo que hubiera sido esta pandemia con una gestión como la de Macri. Nosotros tenemos muy clara esa diferencia. Ese día fuimos a Olivos veinte referentes de 20 villas distintas y nunca ninguno había hablado con un presidente, ni había estado en Olivos en su vida, ni tenía siquiera un antepasado que hubiera estado. Y claro que nos entusiasmamos con que todo el gabinete se sentara a escuchar nuestras propuestas, que surgen de la experiencia comunitaria de organiza-

ción. Pero lo cierto es que lo que se nos prometió, en la práctica no se consumó, y ni siquiera pudimos hacer un seguimiento porque no pudimos volver a comunicarnos con él. No sólo no pudimos, sino que vimos una conferencia de prensa donde se presenta a Larreta como un amigo; no soy quién para juzgar las amistades de nadie, pero hasta donde entiendo los amigos no te mienten. Entonces si Larreta le miente sobre la realidad de miles de vecinos y vecinas de los barrios populares de esta Ciudad, cuanto menos lo que esperamos es que se ponga la verdad sobre la mesa.

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“En la 31, donde viven 50 mil personas, llegó a haber un resultado positivo de cada dos testeos”.

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¿Cuáles fueron esas propuestas que se presentaron y en qué situación están los problemas que describís en los barrios?

Nosotros propusimos, por ejemplo, que los comedores comunitarios tuvieran baños químicos, para que todas las cocineras que trabajan ahí, en la línea de fuego de la terapia intensiva del hambre, estuvieran menos expuestas al contagio de lo que ya estaban, porque después dan de comer y están mano a mano con 700 vecinos.

Se solucionaba con baños químicos: nunca llegaron. Tampoco aparecieron los generadores eléctricos que pedimos: ya habíamos previsto, tres meses atrás, lo que está pasando ahora, que hay riesgo de incendio permanente en la Villa 21-24 por el pésimo estado del servicio de luz, que se corta dos o tres veces por semana. Nosotros decimos que el invierno, por estos motivos, es temporada alta de incendios, y con la cuarentena aún más, porque aumenta el consumo. Los cortes de luz, además, generan que dejen de funcionar los comedores populares, que no ande la heladera y se fomente otro tipo de enfermedades porque no hay calefacción.

Otro caso en particular: a la Poderosa nos debían muchísima comida para los merenderos y los comedores, que Daniel Arroyo nos solucionó enseguida, pero el tiempo pasó y hoy nos deben 38 toneladas de comida para los merenderos solamente del mes de julio.

También hubo reclamos por la conectividad de los barrios a Internet, para que los pibes y las pibas puedan estudiar. ¿Cómo se está sosteniendo ahora la escolaridad de los chicos?

Tuvimos una reunión muy dura con subsecretarios del Ministerio de Educación esta semana. Para graficar: si no hubiera habido Ministerio de Educación en esta pandemia, nadie lo hubiera notado. Lo digo con dolor, pero es así. De todas las respuestas insuficientes que estuvieron dando los ministerios, ninguna fue tan al límite como Educación. En nuestros barrios hay pibes que no tienen clases hace tres meses. Mientras, tenemos que ver al ministro decir que 9 de cada 10 chicos tienen contacto semanal con los maestros. Un disparate total. Esa fantasía de que los pibes de los barrios

que no tienen Internet iban a caminar 15 cuadras a lo de un compañerito que tuviera datos en el teléfono para copiar la tarea y después volver a su casa sin luz, hacinado, y hacerla, no duró ni dos días. Ante eso, lo que recibimos fueron disculpas, que entendemos, pero nadie puede esperar cuando la variable de ajuste son tus hijos. Propusimos de todo: desde imprimir contenido curricular con un lenguaje más llano garantizando la llegada a las casas hasta montar imprentas y salas con conexión, que vamos a hacer con o sin ministerio. Hay por lo menos 60 barrios sin conectividad, y hemos conocido casos de familias vendiendo sobre una manta los útiles para poder comer. Los pibes de 6 o 7 años van a llegar con un año de retraso, la brecha de la desigualdad se amplió. Y quiero que quede clara una cosa: los maestros villeros son la segunda familia para nuestros pibes, la voluntad de ellos es absoluta y ya no se les puede pedir más que lo están haciendo, el problema es del Estado.

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“Los pibes de 6 o 7 años van a llegar con un año de retraso, la brecha de la desigualdad se amplió”.

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Hubo mecanismos como el IFE implementados por el Gobierno que buscaron dar alivio a las familias de los barrios. ¿Alcanzó hasta ahora?

El IFE es una medida importante. Pero tenemos barrios como Los Álamos, en La Matanza, donde sólo lo cobró el 25 por ciento. El restante 75, por residencia compartida u otras incompatibilidades, no lo pudieron cobrar. Y los que sí lo cobraron, tienen que hacer diez kilómetros para cobrarlo. Con esto quiero decir que por más buena voluntad que haya, que reconocemos, incluso frente a la magnitud del problema que hay, el Estado no está pudiendo ser garante de derechos y ante eso nosotros no podemos quedarnos callados, ser cómplices de la falta más mínima de empatía. Por ejemplo, la manzana 6 de la Villa 21 no tiene agua desde que empezó la pandemia.

En el Barrio Mosconi, en Formosa, están sin alumbrado público hace 5 meses. En el Sauce, Córdoba, como hay paro de transporte, los vecinos tienen que caminar cuatro kilómetros hasta Salsipuedes para cobrar la AUH. En Tierras Argentinas, en Bahía Blanca, se cortó la luz y hay temperaturas de menos 7 grados, tuvieron que reconectarla los vecinos, después de tres incendios en el barrio. Así hay decenas de situaciones dramáticas. No quiere decir que la IFE no sirve para nada, pero vago favor le haríamos al Gobierno si desde nuestra posición, de organizaciones de base, no contamos la situación que vivimos, esa realidad que el Presidente dijo que era suya también.

12 · Feminismo / Política

Machismo en los medios, las redes y la militancia

Violencia política: de las carteras de CFK a los anteojos de Vizzotti Les funcionaries deben soportar las acusaciones recibidas en los medios, pero ¿dónde se traza la línea que separa la crítica de la violencia política? Especialistas reflexionan sobre los ataques hacia las mujeres y qué consecuencias tiene en aquellas que aspiran a hacer una carrera política.

Texto: Ludmila Ferrer

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l domingo 12 de julio, el conductor Jorge Lanata se burló de la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, por los anteojos que la funcionaria usa durante las conferencias de prensa que brinda todos los días para informar sobre la pandemia de COVID-19. Los comentarios peyorativos hacia mujeres que ocupan espacios en la escena política son un fenómeno viejo y, a pesar de los avances del feminismo, continúan a la orden del día y no distinguen partidos políticos.

Especialistas conversaron con El Grito del Sur para reflexionar por qué se mantiene vigente esta violencia hacia las mujeres y qué consecuencias tiene en aquellas que aspiran a hacer una carrera política.

“La violencia política tiene distintas manifestaciones y se intensifica cuando la mujer ocupa un espacio de poder, pero también se manifiesta en lugares más cotidianos como son los espacios de militancia”, explica Agustina Gradin, licenciada en Ciencia Política e integrante del Observatorio Julieta Lanteri de Fundeco. El año pasado, la institución lanzó el libro “No son las reglas, es violencia”, una investigación realizada a partir de 520 entrevistas a mujeres de todo el país sobre su percepción de la violencia a lo largo de su trayectoria política. “Nueve de cada diez mujeres manifiestan haber sufrido este tipo de violencia”, afirma Gradin.

SEXISMO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN En las redes sociales y ciertos medios de comunicación circulan mensajes sobre el aspecto de las funcionarias públicas: los anteojos de Carla Vizzotti; el aspecto físico de Ofelia Fernández; los “duelos de looks” entre las parejas de candidatos a presidente; las carteras y/o el tono de voz de Cristina Kirchner; el peso de Elisa Carrió y la lista sigue.

Pero la Doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Conicet y directora nacional de Políticas de Género en el Ministerio de Seguridad de la Nación, Carolina Justo von Lurzer, advierte que es necesario analizar a los medios como parte de los procesos sociales.

“Los públicos no incorporan visiones sexistas porque lo que los medios digan, sino que se retroalimentan. El patriarcado existe desde antes de las industrias culturales”, afirma.

Les funcionaries deben soportar las acusaciones en los medios, pero ¿dónde se traza la línea que separa la crítica de la violencia política a

las mujeres? Según Wanda Fraiman, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), primero se debe distinguir si el mensaje se trata de información o de opinión. Fraiman explica que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que “aún las personalidades públicas merecen tener la posibilidad de reservar para sí mismas y sus allegades, la información que les afecta en lo más preciado de su persona”. “Esto podría ampliarse, por ejemplo, a las calificaciones sobre el cuerpo de las mujeres o las disidencias en la política porque no hacen a su función pública”, apunta la docente e investigadora.

“A las mujeres se las ataca según los patrones hegemónicos de la belleza, pero también se las ubica en la banalidad del consumismo, como pasó con las carteras de Cristina o el tapado de María Julia (Alsogaray) -ejemplifica Justo von Lurzer-. (En el caso de los varones,) a (Néstor) Kirchner se lo tildaba de bizco, a (Horacio Rodríguez) Larreta de feo. Cuando la discusión se obtura a partir de la descalificación personal, me parece que es más un rasgo de las estrategias de debate político que algo que esté vinculado sólo a la descalificación de las mujeres”. Estas críticas, aclara la investigadora de Conicet, se disparan en todo el espectro político.

ATAQUES EN REDES SOCIALES Durante la campaña electoral del año pasado, el Observatorio Julieta Lanteri, el Equipo Latinoamericano de Justicia

y Género (ELA) y el observatorio de la Copal hicieron un seguimiento de las candidatas en redes sociales para monitorear la violencia sufrida por ellas.

“En las redes se intensifica este tipo de violencia simbólica hacia las mujeres”, afirma Gradin.

Una víctima frecuente de estos ataques es la legisladora porteña Ofelia Fernández. Incluso después de las elecciones de octubre y de convertirse en la legisladora más joven de América Latina, Ofelia fue criticada por su edad, su aspecto físico y su militancia feminista, entre otros aspectos.

“Los varones sufren menos violencia simbólica sobre su aspecto físico, nadie cuestiona cómo se ve un candidato varón -señala la integrante del Observatorio-. Las candidatas mujeres reciben más violencia de este tipo, que tiene que ver con su aspecto más que con su capacidad política. Tiene que ver con el rol de la mujer como acompañante del varón, como primera dama. Esa figura la rompió Evita”.

LA VIOLENCIA POLÍTICA EN ESPACIOS DE MILITANCIA Al interior de las organizaciones políticas, Gradin afirma que existen “roles estereotipados”. “Esto se manifiesta en el uso de la palabra en el espacio público, el varón es el que da el mensaje final aunque haya mayoría de mujeres, como pasa en los movimientos sociales -explica-. También pasa en la distribución de las tareas, dado que las mujeres se encargan de salud, género, familia,

ya sea las comisiones del Congreso o en sindicatos”. Hasta ahora, sólo una mujer, Susana Rueda, ha ocupado un lugar en la conducción de la CGT. La escasez de mujeres en puestos de liderazgo, agrega Gradin, genera desaliento en otras mujeres que quieren hacer carrera política. “Otras barreras son las materiales que tienen que ver con la organización de la militancia que muchas veces no contempla las tareas de cuidado que recaen sobre las mujeres”, señala.

Para Justo von Lurzer es preocupante, además, el “fuego amigo”: compañeros que ningunean el trabajo de las mujeres o la invisibilización de éstas en las fotos de gobierno. “(Las fotos) están masculinizadas en un doble sentido: porque a las mujeres no se las convoca, aún cuando hay, pero también porque muchas veces los cargos de primera línea no están ocupados por mujeres”, afirma. La investigadora recomienda que se expliciten esas condiciones, que se saquen las fotos con mayoría de funcionarios varones, pero que se reconozca que en esa imagen faltan mujeres.