La sociedad en el proceso de planeación de la infraestructura
proyectos dotándolos de resistencia ante las fuerzas naturales para oponerse a ellas; este criterio tiene, generalmente, un costo alto y no siempre consigue su propósito. Es preciso modificar la forma de dotar de resiliencia a la infraestructura con medidas creativas que, aunque supongan un cierto nivel de daños, éstos sean reparables a un costo razonable y no causen daño a seres humanos. El criterio debe ser administrar un costo probabilístico (el de reparación) y evitar un costo determinístico (el de construir para resistir). La resiliencia se debe considerar en los proyectos desde la fase de planeación, no sólo en sus elementos estructurales para resistir fuerzas naturales, sino también en sus atributos de mercado para adaptarse a cambios de la demanda, que por lo general ocurren debido a disrupciones del macroambiente económico o por decisiones políticas. La planeación debe contemplar dotar a la infraestructura de cierta capacidad para recuperarse, y en ciertos casos sobrevivir económicamente a las nuevas circunstancias que algunos eventos fortuitos le exigen. Las decisiones para el largo plazo La dificultad para anticipar las condiciones en las que operará un proyecto, en un ambiente en permanente cambio, se incrementa por el largo ciclo de vida de la infraestructura. Ese ciclo de vida comprende no sólo la etapa operativa, sino también la de planeación, estudios, diseño y construcción, que, según el caso, puede comprender desde varios meses hasta varios años. Se necesita una cadena de toma de decisiones a lo largo del desarrollo de los proyectos, en los cuales se avanza generando más información y tomando decisiones de continuar o no, de modificar, reubicar o posponer el proyecto. Estas decisiones, de carácter técnico y económico, responden a necesidades de la sociedad, que establece su prioridad y jerarquía. Sin embargo, las decisiones tienen un ingrediente político, necesario para conciliar los distintos intereses de los grupos sociales involucrados, pues ningún proyecto de infraestructura es plenamente satisfaciente. El papel del profesional de la política es indispensable para la materialización de las decisiones técnicas y económicas, pero también es necesario que este profesional entienda que él tomará decisiones en una parte del ciclo de desarrollo del proyecto y que no se puede arrogar el derecho de propiedad; la planeación debe fijar con claridad los actos de toma de decisiones técnicas, económicas y políticas, evitar que se precipiten y creen escenarios de proyectos fallidos, inoperantes, ineficientes o con graves problemas de extensiones de plazos de desarrollo y de costos de construcción, en general atribuibles a impericia de los ingenieros. La visión de largo plazo y la planeación congruente con los ciclos de vida de la infraestructura debe establecer metas de desarrollo que trasciendan los ciclos políticos para asegurar, por una parte, tomar decisiones bien sustentadas en la mejor información disponible y, por otra, separar las decisiones de
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los intereses del poder político que, en ciertos casos, se sirven de los proyectos como instrumento de promoción de grupos y se alejan del interés público. La planeación integral y la planeación por proyecto El proceso de planeación debe decidir entre la visión del proyecto de infraestructura como impulsor del desarrollo, concebido como centro de la decisión (una carretera como configuradora del entorno), o el proyecto como consecuencia de una visión de desarrollo integral, en el que la infraestructura es uno de los elementos necesarios para ello, articulándose con otros componentes del sistema, por ejemplo: actividades productivas, educación, servicios de salud, abasto y servicios urbanos, entre otros. Según el caso, será pertinente identificar proyectos que surgen de necesidades manifiestas, y en otros, éstos serán consecuencia de una planeación integral. En el primer caso, se deben considerar proyectos con el potencial de detonar el desarrollo regional en el largo plazo. El criterio economicista de sancionar la factibilidad de la inversión de las infraestructuras a partir de los beneficios inmediatos, directamente atribuibles a ellas y que descarta los efectos a largo plazo –necesariamente calculados a partir de hipótesis sustentadas en análisis prospectivos, y por ello inaceptables para los analistas encargados de autorizar las inversiones–, elimina la posibilidad de la infraestructura como promotora del desarrollo y la limita sólo a la atención de las necesidades vigentes en el momento de la autorización. Participación social en la planeación La infraestructura constituye el activo físico más importante de la sociedad; le ofrece los medios destinados a producir bienes y servicios y le aporta los satisfactores para una vida digna y confortable. Por tanto, no sólo es natural sino indispensable la participación de la sociedad en las etapas tempranas de la planeación, durante las cuales se definen la necesidad que se desea satisfacer, los objetivos a los que se aspira y los medios y criterios disponibles para alcanzarlos. A pesar de estos argumentos, en apariencia contundentes, al planear y proyectar una obra de infraestructura surgen grupos de la sociedad para manifestar su oposición o su desacuerdo con la forma propuesta para resolver una necesidad social. Estas manifestaciones eran inusuales hace 20 o 25 años. La razón probable es que la sociedad vivía en un sistema democrático formal, pero en realidad bajo gobiernos autoritarios. Parece coincidir la práctica real de la democracia con el despertar de la sociedad para alzar la voz en aspectos que le interesan de la vida pública. Los planificadores de proyectos de infraestructura han debido entender el tránsito de lo que en planeación se conoce como enfoque normativo a otro participativo. Hasta finales del siglo XX, los tecnócratas imponían la norma que, según su juicio experto, convenía a la sociedad, así que cualquier crítica a su plan o proyecto
IC Ingeniería Civil Órgano oficial del Colegio de Ingenieros Civiles de México ❙ Núm. 626 enero de 2022
