La gran recesión (2008 2015) impacto de la desigualdad en españa

AUTOR: VÍCTOR PINILLA RAMOS COORDINADOR: FRANCISCO JAVIER MURILLO ARROYO IES JUAN GRIS

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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

LA GRAN RECESIÓN (2008-2015): IMPACTO SOBRE LA DESIGUALDAD EN ESPAÑA

Víctor Pinilla Ramos

Coordinador del trabajo: Francisco Javier Murillo Arroyo Programa: Bachillerato de Investigación Departamento de Economía IES Juan Gris 2017/2018

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A todos aquellos que sufren diariamente los efectos de la pobreza, la privación material o cualquier otro índice de desigualdad económica.

A todas las asociaciones y miembros de nuestra sociedad que colaboran a diario en la corrección de la inequidad, aportando todo lo que está en sus manos.

Gracias por vuestra labor social.

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“El verdadero éxito de la globalización se determinará en la medida en la que la misma permita disfrutar a cada persona de los bienes básicos de alimento y vivienda, educación y empleo, paz y progreso social, desarrollo económico y justicia”.

Juan Pablo II

“El dinero en el mundo estará siempre mal distribuido,

porque nadie piensa en la manera de distribuirlo, sino en la manera de quedárselo”.

Noel Clarasó Daudí

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AGRADECIMIENTOS

Me gustaría agradecer su labor dedicada y empleada a la realización de este trabajo a D. Francisco Javier Murillo Arroyo, profesor de Economía en el IES Juan Gris. Su ayuda diaria, su entera disponibilidad, su sacrificio, sus prácticas explicaciones y, en general, su perfecta labor como coordinador y tutor de este trabajo han simplificado sustancialmente la dificultad y el tiempo empleado en este artículo. Me gustaría darte las gracias por todo lo que has hecho por mí durante estos meses, sin duda, nada de lo que he logrado habría sido posible sin tu ayuda.

Agradecer también a D. Ricardo Molero Simarro por la información proporcionada, y a Dña. María Rosa De Pablo por la ayuda en la traducción al inglés.

También me gustaría dar las gracias a mi familia y en especial a mis padres, por todo el apoyo, ayuda y cariño que me muestran diariamente. Ellos han sido los verdaderos artífices de este trabajo, los que me han inculcado los valores del estudio y el sacrificio como base del triunfo futuro.

Asimismo, me gustaría acordarme de algunos docentes, esos que siempre añoras cuando se marchan, esos que adoran su profesión y se convierten en algo más que profesores, en maestros. Agradezco así su labor a Andrés, profesor de Geografía e Historia; a Esther, profesora de Filosofía; a Paloma, profesora de Matemáticas; a José Manuel, profesor de Lengua Castellana y Literatura; y a muchos otros más que estarán siempre entre mis recuerdos.

Por último, me gustaría dedicar este trabajo a alguien que, desgraciadamente, no se encuentra entre nosotros, pero sé que, haya donde esté, estará orgullosa de mí. Te quiero abuela.

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RELATO

María —nombre ficticio: la protagonista no quiere dar el real ni dejarse fotografiar— es una de esas personas que jamás pensó que pudiera necesitar la ayuda de una asociación benéfica. Pero ha acabado viéndose obligada a recurrir a Cáritas Madrid.

Cuando llegó a España hace diez años, justo antes de que la palabra crisis se hiciera omnipresente, estaba encantada con su nueva vida. Su puesto de dependienta en una tienda de ropa le permitía ganarse la vida holgadamente. “Trabajaba mucho, pero me sentía muy bien. Llegué a ingresar 1.800 euros al mes”, asegura.

Pero las cosas cambiaron rápida y radicalmente. La fase más aguda de la crisis coincidió con su primer embarazo. La tienda cerró y comprobó en primera persona las dificultades de una joven madre para encontrar un nuevo empleo. Desde entonces, ha vendido ropa, ha atendido restaurantes, ha hecho sustituciones en una portería, ha limpiado casas y ahora ayuda días aislados en un bar, donde obtiene 15 o 20 euros por jornada, dinero que va directo al supermercado más cercano para aprovisionarse de comida para ella, su marido y sus dos hijos pequeños. Para ella, obtener los productos más necesarios es cada mes una nueva aventura.

Al igual que María, más de 1,1 millones de mujeres empleadas ganan menos de 710 euros al mes, según los datos publicados esta semana por el INE. Esta baja franja salarial afecta a un número mucho menor de hombres: 400.000.1

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Véase: https://elpais.com/economia/2017/11/10/actualidad/1510331929_272813.html

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RESUMEN …………….15 ABSTRACT …………….17 INTRODUCCIÓN …………….19 Apartado introductorio y objetivos …………….20 Antecedentes e hipótesis …………….21 Materiales y métodos …………….22 Delimitación del objeto de estudio …………….23 MARCO TEÓRICO …………….24 Teoría marginal neoclásica …………….26 Enfoque mantenido en la investigación …………….29 REACCIÓN DEL GOBIERNO FRENTE A LA CRISIS …………….31 Desregulación laboral …………….33 Política de rentas …………….46 Redistribución estatal …………….49 ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE LA …………….58 DESIGUALDAD Introducción …………….59 Distribución personal …………….60 Distribución funcional …………….67 CONCLUSIONES …………….73 BIBLIOGRAFÍA …………….77

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RESÚMEN

¿Es la desigualdad económica un mito o una realidad en la sociedad española actual? ¿Qué dinámicas económicas subyacen a la trayectoria mantenida por los índices de inequidad desde el estallido de la crisis? El objetivo de esta investigación es el de valorar la trayectoria de la desigualdad económica entre los años 2008 y 2015, marcados por el estancamiento de nuestra economía, atendiendo a los principales factores que la han causado.

Concretamente, el estudio de la distribución del ingreso desde un enfoque personal permite identificar un claro repunte en los niveles de desigualdad. El análisis funcional revela que el principal factor que explica este incremento de la desigualdad es el ensanchamiento de las diferencias entre clases sociales, es decir, entre salarios y beneficios, que se han dilatado como consecuencia del propio impacto de la crisis, así como por la reacción emprendida por parte de las instituciones públicas.

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ABSTRACT

What are the causes of the increasing inequality of income since the start of the crisis until now in Spain? What impact has provoked the crisis on the level of inequality of income? The purpose of this article is to find the answers to these questions, elaborating indicators to measure the level of inequality and analyse the causes of its rise. To reach this objective this research contains a brief review from the neoclassical point of view of the theorical framework to explain the distribution and evaluate its weaknesses. Furthermore, other articles dealing with the distribution of income in Spain have been taken into account and the indicators to measure the inequality have been elaborated from data of national and international sources.

This research is based on the hypothesis from a personal point of view that the increasing of inequality is due to the rise of inequality from a functional distribution. The key to understand the causes of the increase of inequality is based on the reaction of the Spanish government to improve investment and growth. From the conclusions of this paper it is possible to valorate other strategies to overcome the crisis in which the impact on inequality on income is less acute.

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INTRODUCCIÓN

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APARTADO INTRODUCTORIO Y OBJETIVOS

En los últimos años, muy condicionados por la omnipresencia del término crisis en España, la mayor parte de los ciudadanos nos hemos visto atraídos por temas ligados a las ciencias sociales, habiendo hecho un esfuerzo por dotarnos de opiniones argumentadas sobre aspectos políticos y económicos.

Desde el estallido de la crisis, y tal como queda recogido en los informes interanuales del CIS2, temas como la corrupción, los problemas de índole económica y el paro han comenzado a encabezar la lista en cuanto a las preocupaciones sociales se refiere.

Entre todos estos temas, la distribución de la renta se ha convertido, en la última década, en uno de los principales atractivos de estudio de las ciencias sociales. En correspondencia con lo anterior, se han escrito varios artículos que precisamente sitúan la desigualdad de la renta y su evolución en el punto de mira 3. En muchos de estos trabajos se afirma y verifica un incremento de la desigualdad de ingreso en España durante el periodo 2008-2015, vinculado a la Gran Recesión. Por tanto, el objetivo de esta investigación es el de ofrecer una serie de indicadores para cuantificar el incremento que ha habido, así como el de poner de manifiesto las principales causas que se encuentran detrás de esta dinámica.

En lo que respecta a esta problemática, muchos profesionales de la economía y la política defienden la existencia de recursos más que suficientes para acabar con las situaciones de pobreza y privación tanto a nivel nacional como a nivel mundial4. Solo mediante el análisis de las causas que explican la mayor desigualdad es posible explorar vías alternativas que sean eficaces para corregirla. No es suficiente pues se requiere voluntad de cambio, pero si un primer paso imprescindible.

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Véase barómetro diciembre CIS (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).

Entre ellos, cabe destacar (Carabaña, 2016), (Moliné, 2016), (Gómez Serrano et al.,2016). En el apartado bibliográfico se puede consultar una relación más extensa.

4 Véase: (Torres, 2012, págs. 49-55).

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ANTECEDENTES E HIPÓTESIS

Esta investigación ha basado su modelo en otros análisis previos sobre la desigualdad durante el periodo recesivo en España, como son los informes que publica anualmente (FOESSA, 2014) o trabajos como el de (Fuhem, 2012); (Molero, 2014) y (Gómez Serrano et al.,2016) en los cuales se señala el incremento de la desigualdad personal de la renta durante el periodo recesivo en España.

La hipótesis de esta investigación parte de la idea de que este repunte de la desigualdad personal del ingreso obedece a una mayor desigualdad desde el punto de vista funcional. Esto se debe, como se explicitará en los siguientes epígrafes, a que la reacción frente a la crisis puede entenderse, globalmente, como un intenso ajuste de las rentas salariales, vía por la que se ha optado para recuperar la rentabilidad y favorecer así la recuperación de los niveles de inversión.

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MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología seguida durante la elaboración de esta investigación ha consistido fundamentalmente en la revisión de material bibliográfico: se han utilizado diversas referencias en las que se tratan aspectos teóricos acerca de la distribución del ingreso; también se ha revisado el material bibliográfico basado en otros trabajos anteriores que tratan este mismo aspecto; asimismo se han investigado y analizado profundamente las medidas adoptadas por el Gobierno durante este periodo, las cuales conforman la reacción frente a la crisis, concebida como la principal fuente de incremento de la desigualdad del ingreso durante el periodo recesivo.

Para complementar esta parte más teórica, se han utilizado bases de datos -entre las que cabe destacar Eurostat e INE- mediante las cuales se han elaborado los diversos indicadores que han sido utilizados en la parte empírica de la investigación, tratando diferentes aspectos acerca de la inequidad en la distribución del ingreso. Asimismo, se ha contactado con algunos expertos en las materias tratadas que han aportado información muy relevante para la investigación. A partir de todo ello se han extraído conclusiones acordes al tema investigado.

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DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

La investigación se encuadra en el análisis de la desigualdad de la renta. En este caso, nos centramos en un análisis personal y funcional de su distribución, es decir, analizando, por un lado, la distribución del ingreso entre los sujetos que conforman la sociedad española ordenados en función de su nivel de ingresos, y, por otro lado, cómo se reparte entre las dos principales rentas del capitalismo: beneficio y salario. Concretamente, se considera que la desigualdad personal de la renta viene determinada fundamentalmente por la distribución funcional del ingreso (Buendía, Molero y Murillo, 2018).

Por lo tanto, se mantienen al margen otras perspectivas de estudio para la distribución del ingreso (internacional, territorial, étnica, etc.), que, a pesar de ser consideradas interesantes, no se abordan en la presente investigación. La investigación se focaliza en el caso español, ya que según ha quedado recogido en medios de comunicación y fuentes de datos, y tal y como se observará en los siguientes epígrafes, ha sufrido un mayor incremento relativo de la desigualdad que la mayor parte de países de la Unión Europea. Se analiza el periodo comprendido entre 2008 y 2015, puesto que durante estos años se han concentrado un conjunto de medidas regresivas a nivel social, que han influido notoriamente sobre los niveles de inequidad en la distribución del ingreso. Se ha decidido acotar el periodo de estudio y cerrarlo en el año 2015 ya que no existen datos disponibles para años posteriores de todas las variables.

Con base a todo lo anterior, el objetivo de la investigación es el de valorar la trayectoria que ha mantenido la distribución de la renta durante los años recesivos en España y analizar sus principales causas, partiendo de la hipótesis de que bajo el repunte de la desigualdad personal subyace una creciente desigualdad de carácter funcional, entre capital y trabajo.

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MARCO TEÓRICO

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¿Qué papel ha otorgado la teoría económica a la distribución del ingreso? Este ámbito de estudio ha sido siempre un tema de preocupación desde los postulados económicos, filosóficos y políticos. De hecho, David Ricardo, uno de los principales economistas de la Economía Política clásica, plantea que "en distintas formas de sociedad, las proporciones del producto total de la tierra que serán imputadas a cada una de estas tres clases, bajo los nombres de renta, utilidad, y salarios, serán esencialmente diferentes (...). La determinación de las leyes que rigen esta distribución es el problema primordial de la Economía Política” (Ricardo, 1959, pág.

5) Sin embargo, la Economía es una disciplina en la que predomina la diversidad de enfoques, y, más si cabe, en un aspecto tan controvertido como el conflicto distributivo. De ahí podemos concluir que no existe una única teoría que explique la distribución de ingreso. Por tanto, en este apartado, nos centraremos en el análisis de la teoría defendida por el enfoque neoclásico, paradigma predominante en el contexto actual, pero que adolece de ciertas debilidades. Una vez analizada, pasaremos a exponer el enfoque que se ha utilizado a lo largo de la presente investigación.

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TEORÍA MARGINAL NEOCLÁSICA

En líneas generales, la teoría marginal de la distribución pone sus cimientos sobre el análisis de mercados perfectamente competitivos, en los que confluyen libremente la oferta y la demanda. En el mercado de factores productivos, los propietarios ofrecen sus recursos, sin que se identifiquen distintas clases sociales según el factor ofrecido: esta teoría concibe que todos los individuos son propietarios de un vector de factores productivos (medios de producción o fuerza de trabajo), considerando que alguno de sus parámetros puede tomar el valor cero. Pero de ahí no se desprende que los sujetos mantengan posiciones sociales distintas respecto a la actividad económica (Guerrero, 2002). En definitiva, según la teoría marginal de la distribución, va a ser el mercado, es decir, las leyes de la oferta y la demanda, las que expliquen la retribución de los factores, y, por tanto, la distribución de renta existente, manteniendo al margen el análisis funcional de la distribución, al no reconocer la existencia de sujetos que ocupan posiciones sociales distintas en el proceso de producción.

Según este enfoque, el libre funcionamiento del mercado genera soluciones óptimas de tal forma que la distribución de la renta que determina se considera que es la más justa posible al corresponderse la remuneración de cada factor productivo con su aportación a la generación del producto final. Pero, además, según la teoría marginal, por las propias leyes que rigen un mercado capitalista, las diferencias en las remuneraciones de un factor tienden a desaparecer. Los propietarios de factores siempre van a buscar la máxima retribución, y para ello, se desplazarán lo necesario para conseguirlo. Entiéndase que este desplazamiento se produce tanto entre sectores económicos, como entre las propias economías, es decir, desplazándose a los países que mayor cuantía de renta retribuyan. Estos hechos van a ir progresivamente redundando en una tendencia a la igualación en la retribución de los factores.

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Asimismo, la demanda de factores productivos va a realizarse por las empresas en función de los beneficios que esperan obtener con ellos. Por lo tanto, la cantidad demandada y el precio que los empresarios están dispuestos a pagar por los factores o por sus servicios, va a depender tanto de su producto marginal, es decir, de la producción que obtiene la empresa con una unidad adicional de factor productivo, como del coste marginal, es decir, la variación del coste unitario que conlleva la incorporación de una unidad adicional de factor productivo.

Concluyendo, según la teoría marginalista, la distribución basada en las leyes del mercado es la forma más justa posible de remunerar, al otorgar a cada factor según lo aportado y promover la reducción de las desigualdades siempre que se garantice la movilidad de los factores productivos entre sectores y economías.

No obstante, esta teoría adolece de ciertas debilidades.

En primer lugar, respecto a la oferta de factores, no es completamente cierto que exista esa libre movilidad, ya que, en lo que respecta al factor trabajo, predominan ciertas barreras que la impiden. Entre ellas, cabe destacar la formación, que es en muchos casos necesaria para cambiar de un sector a otro; la rentabilidad asociada al movimiento de una unidad familiar de una economía a otra, por el coste que esto supone; y, en último lugar, existen barreras lingüísticas, sociales y culturales que también la dificultan. En lo referente a la movilidad del capital, aun viviendo en un mundo globalizado en el que este se desplaza libremente por la mayor parte de las economías, la movilidad del capital es factible a largo plazo, pero no siempre lo es a corto plazo, ya que en muchos casos no es sencillo deshacerse de cierto tipo de inversiones. También influye esto sobre el factor de los recursos naturales debido a que no siempre es posible mover físicamente ciertos recursos, como puede ser la tierra, aunque sí puedan destinarse para diferentes actividades económicas.

En segundo lugar, esta teoría obvia la existencia de competencia imperfecta en los mercados, considerando así un modelo restrictivo (competencia perfecta) que nunca aparece en la realidad. Si los mercados no funcionan en condiciones de competencia perfecta no opera el mecanismo de igualación de la remuneración a la aportación de los factores. De esta forma, el sistema económico actual conduce progresivamente VICTOR PINILLA RAMOS

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hacia la concentración del capital y la renta, y más aún tras los cambios estructurales acontecidos en las últimas décadas.

En tercer lugar, la teoría supone que la cantidad y el valor del producto marginal son conocidos por el empresario y esto no siempre es así. Los detractores de la teoría marginal neoclásica argumentan que a la empresa no siempre le resulta tan sencillo conocer y calcular el valor del producto marginal, y, por lo tanto, no podrá retribuir a los factores basándose en él.

En resumidas cuentas, podemos comprender que la respuesta que ofrece esta teoría a la distribución del ingreso no es para nada satisfactoria.

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ENFOQUE MANTENIDO EN LA INVESTIGACIÓN

Por todo ello se considera que, el enfoque neoclásico soslaya el conflicto distributivo básico entre capital y trabajo, y, por consiguiente, la desigualdad de ingresos existente entre ambos. A fin de cuentas, la teoría ortodoxa de la distribución la considera como una cuestión meramente técnica, y este reduccionismo simplifica en exceso la realidad. Debido a ello, el enfoque mantenido en la investigación se nutre de planteamientos derivados de enfoques heterodoxos que conciben la distribución del ingreso como una cuestión de carácter social.

En la línea de trabajos recientes como los de (Molero, 2014) o (Piketty, 2014), se sitúa el conflicto entre capital y trabajo como el principal elemento que explica la distribución del ingreso. Concretamente, (Piketty, 2014, pág. 184) afirma que “la distribución de la producción entre los salarios y los beneficios, entre los ingresos por trabajo y los del capital, siempre ha constituido la primera dimensión del conflicto distributivo”. Para comprender cómo se materializa la pugna distributiva entre capital y trabajo se da cabida en el análisis a elementos vinculados al marco institucional y jurídico que determinan el funcionamiento del mercado laboral, así como la capacidad redistributiva del Estado.

El incremento de los niveles de desigualdad y, en parte, la imposibilidad para neutralizarlo responde también a ciertos elementos endógenos al propio sistema económico actual, y a las modificaciones llevadas a cabo en los últimos años a raíz de la extensión global del capitalismo.

La globalización, entendida en su sentido amplio, ha favorecido la dilatación en lo que respecta a la inequidad en la mayor parte de los países. Mediante la desregulación de los mercados, la creación de áreas de libre comercio y la mayor facilidad para movilizar el capital a lo largo del mundo, las rentas más elevadas, VICTOR PINILLA RAMOS

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especialmente las grandes corporaciones, han ido ganando poder en detrimento de los gobiernos, hasta tal punto que, en la actualidad, gran parte de las economías dependen de la actividad de las grandes empresas. Estas empresas, aprovechando su posición privilegiada, han ejercido presión sobre los gobiernos debilitados en favor de la aplicación de políticas beneficiosas para el capital a nivel internacional. Esto explica, en gran medida, que los gobiernos sean tan reticentes a la hora de alterar el orden económico internacionalizado, algo que, a fin de cuentas, hace más compleja la igualación de las rentas.

Primeramente, “se han producido algunos cambios, tanto en la forma de recaudar como en la forma de gastar, que sin duda han afectado a la capacidad del Estado de reducir desigualdades” (Fernández-Albertos, 2013, pág. 165). Muchos políticos, aprovechando el discurso de los bajos impuestos, a raíz de la presión popular, han facilitado la adopción de políticas tributarias más regresivas. En el caso español se ha procedido a un incremento de los impuestos indirectos, como es el caso del IVA5, medida regresiva al pagarse el mismo porcentaje independientemente del nivel de renta y, a la par, una reducción de los impuestos directos, especialmente del IS6, sufriendo una bajada de un 16,6% en su tipo impositivo.

Al mismo tiempo, se ha producido una proliferación de las desgravaciones, exenciones y demás agujeros fiscales, así como un mejor tratamiento fiscal a las rentas de capital. Esto se debe a que “la movilidad de capitales y la creciente integración financiera han permitido a estos grupos eludir impuestos nacionales o al menos amenazar de manera creíble con hacerlo en caso de que el régimen fiscal les resulte cada vez menos atractivo” (Fernández-Albertos, 2013, pág. 166) Por lo tanto, en este marco, se integran en el análisis todos los elementos vinculados a la reacción gubernamental frente a la crisis que han podido incidir sobre el conflicto distributivo entre el capital y el trabajo al considerarse que representan la principal causa del repunte de la desigualdad.

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Impuesto sobre el Valor Añadido Impuesto de Sociedades

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REACCIÓN DEL GOBIERNO FRENTE A LA CRISIS

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A continuación, vamos a estudiar las sucesivas medidas aplicadas por el Gobierno desde el estallido de la crisis, considerando las constricciones sobre la política económica derivadas de la participación española en la eurozona y seleccionando aquellas que tienen un impacto directo sobre la distribución de la renta.

Se considera que el repunte que ha experimentado la desigualdad en los últimos años se debe, en gran medida, al despliegue de estas medidas, entre las que destacan las siguientes: las sucesivas reformas laborales, la política de rentas y el papel redistribuidor del Estado.

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DESREGULACIÓN LABORAL

BASE TEÓRICA

El Mercado de Trabajo es un mercado más dentro del sistema económico capitalista, pero, a la vez, es un mercado especial puesto que en él se intercambia la fuerza de trabajo. Debido a esto, el Estado se encarga de regular dicho mercado con el fin de garantizar a los propios trabajadores una serie de derechos. En general, para garantizar el cumplimiento de toda esta normativa existen los convenios colectivos, negociados entre representantes de trabajadores y patronales, en los que se establece, entre otras medidas, la jornada laboral y el salario para un trabajador de cualquier empresa, rama productiva, localidad o región. Por tanto, detrás de toda esta intervención estatal en el mercado laboral se pretende equilibrar la fuerza negociadora de empresarios y trabajadores, reduciendo así la posibilidad de adopción de medidas unilaterales por parte de los empleadores.

La consecución de este marco de regulación de relaciones laborales se corresponde con un proceso histórico de reivindicaciones por parte de la clase obrera. Tuvo su origen en Francia y Reino Unido, durante la segunda mitad del siglo XIX, coincidiendo con la creación de la mayor parte de los partidos socialdemócratas, principales propulsores de esta intervención estatal, y teniendo su punto álgido con el establecimiento del Estado de Bienestar7 durante el periodo de Guerra Fría.

Por su parte, la teoría económica predominante, la neoclásica, sostiene que cualquier intervención estatal en forma de regulación de mercado es la responsable de la existencia de desempleo al impedir su el ajuste automático. Sin embargo, como bien se ha comentado con anterioridad, este planteamiento requiere de una situación de 7

Refiriéndose a la intervención del Estado en la economía mediante la aplicación de un conjunto de acciones con el objetivo de lograr una distribución de la renta y la riqueza más eficaz a nivel social.

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competencia perfecta en los mercados, algo que no ocurre en la realidad, de ahí que los Estados lleven promoviendo medidas de intervención estatal desde comienzos del siglo XX. Retornando a la situación del mercado laboral actual, en los últimos años, especialmente durante el periodo recesivo, se ha ejercido una incipiente presión a los gobiernos en favor de un continuo proceso de desregulación laboral, que también ha acabado afectando al mercado laboral español. Pérez (2015, págs. 250-251) explica el marco teórico en el que se sustentan los postulados neoliberales en favor de este proceso de flexibilización laboral: "La base teórica que fundamenta estas presiones para la flexibilización del mercado laboral español es el modelo ideal de mercado de trabajo de la economía neoclásica. Este modelo, que considera al mercado de trabajo como el de una mercancía cualquiera y, por consiguiente, excluye cualquier rasgo que lo pueda relacionar con una institución social, implica la existencia de un mercado perfectamente competitivo en el que confluyen libremente la oferta y la demanda de trabajo (…) Por tanto, la razón para la existencia de paro será que (…) exista algún tipo de regulación del mercado de trabajo que impida la competencia perfecta del mismo".

De esta forma, el problema radica, según esta perspectiva, en distinguir el mercado de trabajo del resto de mercados del sistema capitalista y, por tanto, su regulación es lo que hace que este mercado presente desequilibrios representados en forma de desempleo. Pérez (2015, págs 256) recoge que el objetivo de estas reformas, tal y como argumentaron los sus propulsores fue el de: "Garantizar tanto la flexibilidad de las empresas en la gestión de los recursos humanos como la seguridad de los trabajadores en el empleo y la consecución de adecuados niveles de protección social, calificando esa exposición de motivos a la reforma laboral de completa y equilibrada, cuyo objetivo era establecer un marco claro que contribuya a la gestión eficaz de las relaciones laborales y que facilite la creación de puestos de trabajo, así como la estabilidad del empleo”.

Lo cierto es que, como bien queda explicitado, el principal objetivo de esta sucesión de reformas laborales era la creación de empleo. España, como consecuencia de los VICTOR PINILLA RAMOS

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primeros años recesivos, se convirtió en uno de los países con una mayor tasa de desempleo en Europa, superando en algunos momentos el 30%, y la situación requería de una actuación inmediata por parte del Estado con la que revertir esta negativa tendencia. Por lo tanto, al priorizar la reducción del agujero del desempleo se descuidaron otros problemas económicos, entre los que cabe destacar la desigualdad económica. Se optó por la flexibilización de las condiciones laborales de los trabajadores tal y como habían demandado las empresas y las instituciones europeas, con el objetivo de frenar la sangría de los despidos y esto ha terminado redundando negativamente sobre el resto de los objetivos declarados, como la estabilidad del empleo o la consecución de elevados niveles de protección social. Y es que, estas reformas han afectado tanto en materia de jornada laboral y condiciones contractuales, aumentando la precariedad laboral; como en materia salarial, donde se observa una devaluación salarial sin precedentes.

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PILARES FUNDAMENTALES DE LA REFORMA LABORAL DE 2012

La reforma laboral de 2012 se articuló en torno a los siguientes ejes: contratación, despido y negociación colectiva. Se incidió en todos ellos puesto que hay que tener en cuenta que las empresas no solo han de fijarse en las condiciones laborales y salariales firmadas, sino también en las condiciones establecidas para el despido en caso de que en un determinado periodo de tiempo se quiera prescindir de los trabajadores.

CONTRATACIÓN

En cuanto a la contratación, se aplicaron una serie de modificaciones con el objetivo de incidir sobre la demanda de trabajadores por parte de las empresas. Una de estas modificaciones fue el establecimiento de una nueva modalidad contractual, denominada "Contrato indefinido para emprendedores", que podía ser utilizado por las empresas de menos de 50 trabajadores8. Este contrato es concebido como un contrato de carácter indefinido, aunque lo cierto es que, en la práctica, no es así, pues durante el primer año de vigencia, la empresa puede despedir al trabajador libremente, sin causa ni indemnización alguna. Una vez finalizado este año, si la empresa no procede a despedir al trabajador, entonces sí se convierte en un contrato de carácter indefinido. Por tanto, podemos señalar que este tipo de modalidad contractual se utiliza mayormente como un contrato temporal no causal de duración máxima de un año.

En lo referente a los contratos de formación y aprendizaje, también se han aplicado ciertas modificaciones. Por un lado, la reforma ofrece a las empresas la posibilidad de renovar sucesivamente el contrato de un trabajador adherido a dicha modalidad. Por

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A partir de las clasificaciones habituales sobre el tamaño de la empresa: microempresa y pequeña empresa.

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otro lado, también se amplía la edad de los trabajadores a los que se puede aplicar esta modalidad contractual, hasta los 30 años.

Por último, aparece otra modificación importante, esta vez dirigida a los trabajadores con un contrato parcial. Con dicha modificación se autoriza la realización de horas extraordinarias adicionales a las horas complementarias existentes hasta ese momento para los trabajadores bajo este tipo de contrato. El número de horas extraordinarias que se podrán realizar será el legalmente previsto en proporción a la jornada pactada. En general, esta opción otorga una mayor flexibilidad a la actividad empresarial al poder complementar las jornadas parciales con horas extraordinarias en el caso de que fuese necesario.

Al fin y al cabo, la reforma laboral, mediante una serie de incentivos, ha impulsado formas precarias de contratación, que son más baratas y que han favorecido un menor sueldo global. Esto ha quedado traducido en un incremento del empleo precario, especialmente del empleo parcial: los contratos parciales han alcanzado un peso relativo del 15,2% del total en el año 2016 frente al 11,7% que representaban en 2008.

No obstante, lo más preocupante es que mientras que en el año en el que estalla la crisis en España el 34,8% de los trabajadores con este tipo de contrato manifestaba haberlo aceptado tras buscar sin éxito un contrato con jornada completa, en 2016 este porcentaje ascendía hasta el 61%9.

DESPIDO

En lo que respecta al despido, también se han aplicado una serie de modificaciones sustanciales, generalmente dirigidas al debilitamiento de las garantías ofrecidas en los contratos de tipo indefinido.

La principal modificación ha conllevado un abaratamiento del despido, especialmente del considerado como despido improcedente10. De esta forma, la indemnización para 9

Según datos procedentes de la Encuesta de Población Activa que elabora el INE. Refiriéndose a aquél por el cual no existen una serie de causas objetivas que justifiquen el despido.

Las causas disciplinarias contemplan: faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad; indisciplina, desobediencia u ofensas verbales al empresario o compañeros en el trabajo; transgresión 10

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los nuevos contratos indefinidos firmados a partir del 12 de febrero pasará, en términos generales, de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades a 33 días por año trabajado con 24 mensualidades. Para los contratos vigentes con anterioridad a la reforma se aplicará un doble cómputo de la indemnización: la parte trabajada antes del 12 de febrero se calculará con los 45 días y la posterior con 33 días. Si bien, estos contratos tendrán un tope indemnizatorio de 720 días. Si superan esta cuantía con los años trabajados antes de la reforma se les respetará este exceso hasta las 42 mensualidades, pero ahí se parará el contador, sin aumentar la indemnización por la parte trabajada después de la reforma y hasta el momento del despido.

En cuanto al despido procedente11, tal como quedaba regulado en el artículo 33.8 del Estatuto de Trabajadores, las empresas que contaran con una plantilla inferior a los 25 trabajadores disfrutarían del pago, por parte del FOGASA, de 8 de los 20 días de indemnización por año trabajado, ajustándose al RDLeg. 1/1995 de 24 de Mar 12.

Asimismo, la Reforma de 2012 ha facilitado a los empleadores las condiciones por las que un despido es considerado procedente. Para ello, basta con justificar la reducción interanual de los ingresos ordinarios o de las ventas durante tres trimestres consecutivos.

Más allá de estas modificaciones, también se produjo una importante reforma de los de la buena fe contractual o abuso de la confianza en el desempeño; disminución continuada y voluntaria del rendimiento de trabajo; embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo; o acoso al empresario o compañeros por motivos raciales, religiosos, sexuales o de discapacidad. Además, aparece el despido por causas objetivas, cuando el nivel de ingresos de la empresa cae de manera persistente, previsión de pérdidas, etc. En el Estatuto de los Trabajadores se explican de manera detallada las circunstancias que dan lugar a cada uno de estos tipos de despido.

11 Este tipo de despido queda justificado por la aparición de una serie de causas objetivas que lo motivan. Se contemplan las señaladas en la nota anterior. De esta forma, el capitalista puede reducir los costes derivados de la indemnización que ha de afrontar tras el despido de un trabajador con contrato en vigor.

12 Sin embargo, este pago directo quedó anulado en la Ley de Presupuestos del Estado para el año 2014, por la cual se fijó que solo se procedería a su pago en caso de insolvencia, concurso empresarial o despido colectivo (ERE), recuperando así su naturaleza como entidad de aseguramiento y ajustándose a la situación de las empresas de más de 25 trabajadores, que no contaban con este incentivo. Esta modificación, se suma a las ya realizadas durante el 2012, mediante las que se redujeron las prestaciones del FOGASA (disminuyendo de 150 a 120 días el número de días de impago, y el salario base para el cálculo de la indemnización que bajó del triple del salario mínimo al doble).

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salarios de tramitación13, algo que ya se intentó hacer en la Reforma de 2002. En dicha reforma se pretendía suprimir este salario de tramitación a fin de hacer el despido más económico para las empresas. No obstante, ante las masivas movilizaciones llevadas a cabo, se tuvieron que reaprobar. A pesar de ello, el Gobierno, que mantenía su intención en este aspecto, aprobó los conocidos como despidos exprés, con el objetivo de paliar la reaprobación de los salarios de tramitación. Con la aprobación de los despidos exprés, los empleadores podían aceptar un despido como improcedente, y proceder a su pago inmediato, de tal forma que se ahorraban el salario del trabajador durante los meses en los que se producía la tramitación, que, en algunos casos, suponía un mayor desembolso que el que recibían derivado de la procedencia del despido. Antes de 2012, el 65% de los despidos en España se realizaban a través de la vía del conocido como despido exprés. Ligado a esto, la Reforma Laboral acabó por suprimir totalmente tanto el salario de tramitación como el despido exprés, mitigando este efecto mediante la reducción de la cuantía de las indemnizaciones.

Por último, y no menos importante, también se produjo la supresión de la autorización administrativa para los ERE14, lo que en la práctica se convierte en una invitación a las empresas para proceder a despidos masivos de trabajadores y reducciones de plantillas, a la par que aumenta la incertidumbre laboral (CCOO, 2012).

Al fin y al cabo, las modificaciones aplicadas han supuesto un abaratamiento y una agilización sustancial del despido en beneficio de las empresas.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En lo referente a la negociación colectiva, de nuevo se han aplicado una serie de modificaciones básicas cuya incidencia se ha hecho notar en las condiciones laborales, y, especialmente, en los salarios de los trabajadores, llegando a vehicular

13

Refiriéndose al coste económico que la empresa afectada tiene que afrontar en beneficio del trabajador despedido mientras se determine judicialmente si dicho despido es procedente o improcedente.

14 Despidos colectivos

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la devaluación salarial.

La reforma laboral ha dado prioridad a los convenios de empresa 15 frente a los convenios colectivos de índole superior16. De esta forma, se favorece la descentralización de la negociación colectiva, especialmente en lo referente a las condiciones salariales y a la jornada laboral, lo que supone que esos convenios pueden modificar lo previsto en convenios de ámbito superior sin ningún tipo de limitación, favoreciendo el poder de negociación de las empresas.

Además, todo lo comentado con anterioridad queda complementado con la posibilidad de proceder a inaplicaciones de convenios, siempre y cuando exista un acuerdo entre patronales y representantes de trabajadores. Simplificadamente, una inaplicación conlleva un incumplimiento de alguna de las condiciones pactadas en el convenio en vigor que rija en un determinado sector o ámbito productivo. Este proceso se utiliza, principalmente, en pequeñas y medianas empresas, donde la realización de un convenio de empresa supondría un gran coste y conllevaría un gran esfuerzo para pequeños y medianos capitales. Normalmente, estas inaplicaciones quedan representadas a través de aumentos de jornada laboral, cambios en el sistema de remuneración o situaciones de descuelgue salarial. No obstante, existen una serie de condiciones primordiales para que se pueda proceder a la inaplicación de algún convenio vigente.

En primer lugar, la empresa debe entregar la documentación pertinente y necesaria para que la representación de los trabajadores pueda tener un conocimiento de las causas alegadas para proceder a dicha inaplicación. Suele utilizarse la reducción del nivel de ingresos o ventas de la empresa durante 12 meses consecutivos, o, principalmente, en situaciones donde la empresa no pueda sostener el empleo de sus trabajadores, es decir, esté sometida a una tendencia negativa, de tal forma que antes

15

Refiriéndose a aquellos convenios creados por las propias empresas y firmados entre representantes de trabajadores y patronales, en los que se acuerdan las condiciones laborales para una determinada empresa, sin tener que regirse por lo establecido en los convenios colectivos de ámbito superior.

16 Refiriéndose a aquellos convenios firmados entre representantes de trabajadores y patronales, en los que se acuerdan las condiciones laborales para los trabajadores de una determinada rama productiva en un determinado ámbito geográfico, ya sea municipal, comarcal, regional, o incluso nacional, sin capacidad de que una empresa cualquiera pueda modificar lo fijado en estos acuerdos.

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de optar por rescisiones de contratos, se le otorgan facilidades para aumentar jornadas de trabajo o para reducir salarios.

En segundo lugar, también se debe justificar, por el carácter excepcional de estas medidas, la duración que tendrá dicha inaplicación, no pudiendo ser superior al período de vigencia del convenio aplicado y en ningún caso podrá prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa. Lo normal, por la propia duración de los convenios, es que las inaplicaciones no superen los 3 años de duración (BOE, 2012); (CCOO, 2012); (UGT, 2015).

Otro gran aspecto a destacar en lo que respecta a esta modificación es el tema de la ultraactividad, algo que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años. La ultraactividad, sintéticamente, significaba que una vez finalizado el periodo de vigencia de un determinado convenio, y hasta que patronales y sindicatos llegaran a un acuerdo para firmar otro, el convenio que hasta entonces regía seguirá en vigor el tiempo necesario hasta que se acordaran las condiciones para firmar el siguiente convenio. Además, estos convenios eran denunciables, es decir, una de las dos partes firmantes proponía que el Convenio dejara de estar vigente y que se procediera a su revisión.

No obstante, la Reforma Laboral de 2012 puso fin a la ultraactividad. De esta forma, se limitaba la prórroga de la aplicación de los Convenios denunciados a un año desde que una de las partes denunció el Convenio. Y en el caso de Convenios ya denunciados antes de la Reforma Laboral, la prórroga se limitaba hasta el 8 de julio de 2013, un año después de la aplicación del Real Decreto Ley. Si pasados estos plazos no se había llegado a un acuerdo para un nuevo Convenio, el denunciado perdía su vigencia, es decir dejaba de aplicarse. Entonces, en caso de existir, pasaba a aplicarse el convenio colectivo de ámbito superior fijado.

Sin embargo, la creciente problemática derivada de la supresión de la ultraactividad residió en determinar lo que ocurría en caso de que no hubiese un convenio de ámbito superior fijado tras el fin de estos plazos. De esta forma, podía ocurrir, y así fue, que los salarios pudieran irse al nivel del salario mínimo y las condiciones de trabajo a los límites mínimos marcados por el Estatuto de los Trabajadores. Esta problemática VICTOR PINILLA RAMOS

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provocó que se anulara jurídicamente este aspecto de la reforma dos años después de su entrada en vigor.

Sin duda, el fin de la ultraactividad ha sido uno de los aspectos más conflictivos de la Reforma Laboral de 2012, especialmente en sectores donde al finalizar el convenio no había otro de ámbito superior que pudiese aplicarse, quedando estos trabajadores desprotegidos y traduciéndose en un deterioro abismal de las condiciones laborales (Malo, 2015).

Una vez realizado el análisis teórico de las medidas adoptadas en lo que respecta a la Reforma Laboral de 2012, pasaremos a examinar ciertos datos relacionados con los que poder valorar la incidencia practica de dichas modificaciones.

A través de la tabla adjunta podemos constatar el número de convenios colectivos firmados con efectos económicos para cada uno de los años seleccionados.

Tabla 1: Trabajadores cubiertos por convenios de empresa y de ámbito superior

Año

Convenios de empresa (trabajadores cubiertos)

Convenios de ámbito superior (trabajadores cubiertos)

2012

3.224 (925.744)

1.142 (9.173.275)

2013

3.395 (932.746)

1.194 (9.332.656)

2014

4.004 (867.243)

1.181 (9.437.457)

2015

4.493 (846.930)

1.149 (9.380.348)

2016*

3.559 (661.709)

970 (8.946.363)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo - Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2012 – 2016) (*) Datos provisionales

Los datos de la tabla anterior reflejan un incremento del número de convenios de empresa con efectos económicos en cada uno de los años analizados, en detrimento VICTOR PINILLA RAMOS

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de los convenios de ámbito superior. Sin embargo, las modificaciones de la Reforma de 2012 sobre la negociación colectiva se aprecian, más que en la prioridad de los convenios de empresa frente a los de ámbito superior, en la inaplicación de una o varias condiciones recogidas en los mismos, así como en el incremento constatado del número de trabajadores desprotegidos por ambos tipos de convenio.

En lo que respecta a las inaplicaciones de convenio, estas se producen, mayormente, en aquellos casos en los que rige un convenio colectivo de ámbito superior a la empresa, destacando fundamentalmente para el caso de las PYMES. A través de la siguiente tabla vamos a concretar el número de inaplicaciones dadas en cada año y el número de trabajadores afectados por las mismas.

Tabla 2: Inaplicaciones de convenio y trabajadores afectados (2012-2016)

Año

Inaplicaciones de convenio

Trabajadores afectados

2012 (MAR – DIC)

748 inaplicaciones

29.352 trabajadores

2013

2.512 inaplicaciones

159.550 trabajadores

2014

2.073 inaplicaciones

66.203 trabajadores

2015

1.437 inaplicaciones

43.173 trabajadores

2016

1.326 inaplicaciones

32.064 trabajadores

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2012 – 2016)

La mayoría de las inaplicaciones que se producen entre estos años afectan principalmente a la cuantía salarial. En 2013, el 86,6% de las mismas afectaron a la nómina salarial, mientras que en 2016 hablamos de casi un 89%. No obstante, en muchos casos esto viene acompañado de la inaplicación de otras condiciones, especialmente del sistema de remuneración. Concretamente, en 2014, el 14,8% de las inaplicaciones afectaron a ambas condiciones, mientras que en 2015 un 3,1% del total de las inaplicaciones afectaron conjuntamente a la cuantía salarial y a la jornada

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laboral.17 Por último, no debemos olvidar que no todos los trabajadores están protegidos por algún convenio. En el caso de que no existe ni rija un convenio en un sector o una empresa determinada, los trabajadores quedan descubiertos y las garantías laborales pasan a depender de lo fijado en el Estatuto de Trabajadores, por lo cual prima, en estos casos, los beneficios de las empresas y las decisiones unilaterales de las mismas.

A través de la siguiente tabla, podemos evaluar el número de trabajadores desprotegidos por cada uno de los años seleccionados.

Tabla 3: Trabajadores desprotegidos por convenios (2012-2016)

Año

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social

Trabajadores cubiertos por convenio colectivo

Trabajadores desprotegidos

2012

16.853.210

10.099.019

6.754.191

2013

16.299.515

10.265.402

6.034.113

2014

16.555.988

10.304.700

6.251.288

2015

17.087.348

10.227.278

6.860.070

2016*

17.600.801

9.608.072

7.992.729

Fuente: Elaboración propia a partir de datos acerca de los trabajadores afiliados a la seguridad social y los trabajadores protegidos por convenio colectivo en base a Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2012 – 2016) (*) Datos provisionales

La principal conclusión derivada de los datos anteriores reside en el incremento del número de trabajadores desprotegidos por convenio colectivo, englobando este tanto a los convenios de empresa como a los de ámbito superior. Considerando los datos de los años 2012 y 2015, el incremento de los trabajadores desprotegidos por convenio asciende en un 1,5% hasta situarse en los 6.860.070 trabajadores, un 40%

17

Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

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del total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Si consideramos las cifras provisionales para el año 2016, el aumento de los trabajadores desprotegidos por convenio aumentaría en un 18% con respecto a las cifras del año 2012, hasta situarse en los 7.992.729 trabajadores, un 45% del total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social.

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POLÍTICA DE RENTAS

En el contexto de esta recesión, al igual que ocurrió en otras situaciones anteriores, la principal vía de actuación puesta en marcha para recuperar el ritmo de crecimiento económico ha residido en intentos por mejorar la competitividad de la economía en el mercado internacional, a través de reducciones de precios relativos18 que permitiesen aumentar las exportaciones netas.

En situaciones anteriores, esta vía de actuación se llevó a cabo a través de una devaluación externa, entendida como una depreciación de la moneda. El objetivo de esta depreciación es conseguir liquidez derivada del exterior para hacer frente a los problemas internos de la economía nacional. En el contexto de 2007, esta vía se imposibilitó debido a la pertenencia de España a la moneda común europea, el euro.

Además, en otros episodios similares precedentes, las necesidades financieras se complementaron a través del crédito exterior pero, en el marco económico de 2012, esto era inviable, principalmente por dos aspectos: la Gran Recesión no solo afectó a países del sur de Europa, como es el caso de España, sino que fue una recesión a nivel mundial, luego el sector exterior era reticente a prestar dinero; además, y ligado a lo anterior, el crecimiento exponencial de la deuda pública en España, como consecuencia de la socialización de las pérdidas del sector privado, dificultaba aún más esta opción.

Por tanto, se decidió buscar una vía de actuación alternativa que permitiera alcanzar resultados similares. Para lograrlo y ser más competitivos en el mercado internacional, se propuso un proceso de deflación interna, por el cual, teóricamente, todas las rentas, tanto salarios, como beneficios derivados del proceso productivo, habrían de hacer un esfuerzo conjunto para lograr este objetivo. Esto suponía, por tanto, contener también

18

Es decir, de los precios de los productos nacionales en relación a los precios de los productos extranjeros.

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las rentas de directivos, ejecutivos, administradores y accionistas. Si bien es verdad que, en la práctica, el mayor de los esfuerzos recayó sobre los salarios, siendo el principal efecto derivado de este ajuste interno de nuestra economía el repunte de la desigualdad. Mientras tanto, el resto de las remuneraciones quedaron al margen del ajuste, por lo que pudieron disfrutar de las mejoras derivadas de la reducción salarial y la mejora de la productividad, haciendo caso omiso a las indicaciones por contener los precios y aumentar las inversiones (CCOO, 2012; CCOO, 2015).

Así, este proceso de deflación interna quedó vehiculado mediante la firma de los AENC, Acuerdos para el Empleo y la Negociación Colectiva. Casualmente y ligado a lo anterior, mientras que estos acuerdos fijan techos de crecimiento salarial, firmados entre representantes de trabajadores y patronales, en ninguno de los apartados de este se pone límite al incremento de los beneficios, al aumento de los márgenes empresariales, al grado de inversión o a la reducción de precios, quedando, en última instancia, en manos de los propios empresarios.

La tabla que se muestra a continuación recoge los incrementos salariales pactados en los AENC para el periodo comprendido entre los años 2012 y 2017.

Tabla 4: Incremento salarial pactado en los II AENC y III AENC

AÑO

% INCREMENTO

ANOTACIONES

% INCREMENTO FINAL

Se fija una cláusula de

2012

0,5% + diferencial entre la

actualización para el

cifra final y la expectativa

supuesto de que el IPC final

del IPC del BCE

supere la expectativa del 2%

1,16%

fijada por el BCE Se fija una cláusula de

2013

0,6% + diferencial entre la

actualización para el

cifra final y la expectativa

supuesto de que el IPC final

del IPC del BCE

supere la expectativa del 2%

VICTOR PINILLA RAMOS

0,53%

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DEPARTAMENTO ECONOMÍA fijada por el BCE En el año 2014 se incluye la 0,6% si PIB < 1%

2014

1% si PIB 1% < x < 2% 1,5% si PIB > 2%

novedad de que el incremento de los salarios va

0,5%

en relación al ritmo de crecimiento de la economía y no al de los precios (IPC)

2015

Hasta 1%

Se fija una cláusula de

0,73%

garantía salarial para el supuesto de que la subida Hasta 1,5%

2016

de precios acumulada en

1,06%

2015 y 2016 superase el aumento salarial inicialmente pactado Sindicatos:

2017

(1,8% - 3%) + cláusula de

No hubo pacto salarial por

revisión salarial

las diferencias entre

Patronales:

sindicatos y patronales

1,43%

(1,2% - 2%) + 0,5% adicional por productividad Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UGT (2015), CCOO (2015), Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2012,2013,2014,2015,2016,2017) (1) Recoge información sólo de las variaciones salariales que pueden cuantificarse en los convenios con efectos económicos conocidos y registrados, que son un subconjunto del total de convenios aplicables o que pueden considerarse vigentes.

A nivel general, la política de rentas se ha focalizado sobre los salarios, estableciendo los nombrados techos de crecimiento salarial mediante la firma de los AENC. Sin embargo, esta política no impone ninguna restricción al incremento de los beneficios o al resto de las rentas derivadas de la propiedad, relegando esta decisión al capital, en última instancia.

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REDISTRIBUCIÓN ESTATAL

Los economistas ortodoxos, defensores del sistema económico capitalista, predominante a nivel mundial, apoyándose en sus bases teóricas, consideran que la remuneración que genera este sistema económico es la más justa posible, por remunerar a cada sujeto en relación a la aportación que cada cual realiza al sistema productivo.

Sin embargo, esta forma de distribuir la renta conduce a situaciones de elevada desigualdad económica. Debemos comprender que la mayoría de los ciudadanos dependen de los ingresos de la venta de su capacidad de trabajo para obtener los ingresos necesarios con los que adquirir sus medios de vida, y, en la práctica, no todos ellos se ven posibilitados, o al menos en plenas facultades, para aportar su fuerza de trabajo al proceso productivo. Los desempleados, los trabajadores precarios, o aquellos que se ven imposibilitados por motivos de edad o enfermedad, son algunos de los más destacados en este aspecto. Y lo que es aún peor, actualmente, muchos de los trabajadores en activo, concretamente el 13,1% de ellos, según los datos publicados por Eurostat, aun estando en situación de empleo, sufren riesgo de caer en situación de exclusión social y privación material.

Con todo ello, y con el objetivo de paliar la creciente desigualdad económica que caracteriza a este sistema económico, desde hace ya unas décadas la mayoría de los países comenzaron a propulsar un intervencionismo estatal en la economía, conocido como Estado de Bienestar. En nuestro caso particular, el intervencionismo estatal en la redistribución de la renta queda recogido en el artículo 40 de la Constitución, en el que se afirma que: “el Estado promoverá las condiciones favorables para el progreso económico y social y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica”.

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De esta forma, desde aproximadamente la segunda mitad del siglo XX la mayoría de los estados europeos llevan a cabo una captación de ingresos desde aquellos cuya participación en la renta es más favorable, y a través del gasto social, conceden una variedad de prestaciones sociales y contributivas, de servicios públicos y otras ayudas, especialmente dirigidas a los más desfavorecidos.

No obstante, como veremos a continuación, el grado de eficacia en materia redistributiva depende de numerosos aspectos, ligados muchos de ellos a la actividad económica.

CAPACIDAD REDISTRIBUTIVA DE ESPAÑA

Paralelamente a la aplicación de dichas políticas de austeridad, se ha podido cerciorar un incremento de la desigualdad primaria de la renta, es decir, anterior a la intervención estatal, vinculado a la puesta en marcha del paquete de medidas de ajuste por parte de las instituciones públicas.

Como ya se ha comentado con anterioridad, uno de los aspectos más influyentes respecto a la capacidad correctora de las desigualdades económicas, es la propia situación económica vigente. Tras el estallido de la crisis de 2007, hubo unos primeros momentos en los que se aplicaron tímidamente políticas económicas de corte keynesiano, basadas en el incremento de la demanda agregada a través del aumento del gasto estatal, para así poder revertir rápidamente la situación económica vigente en ese periodo. Por otra parte, en torno al año 2011, el estancamiento del sistema financiero llevó al Gobierno, en una época de recesión a nivel mundial, a rescatar a la banca privada con dinero público, socializando las pérdidas. Todo ello afectó negativamente a la situación económica del país, pues la deuda pública española creció estratosféricamente desde este momento.

Así, según se puede constatar en el gráfico adjunto que, el mayor aumento anual de la deuda pública coincidió con el momento del rescate financiero.

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Gráfico 1: Deuda pública española en función del PIB nacional (2007-2016)

DEUDA PÚBLICA ESPAÑOLA

87,5

95,5

100,4

99,8

99,4

69,5 52,8 35,6

2007

60,1

39,5

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

% SOBRE PIB ESPAÑOL Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos AMECO

Ante esta trayectoria, el Gobierno, bajo la presión de las instituciones europeas e internacionales, comenzó a aplicar políticas fiscales de carácter restrictivo, más conocidas como políticas de austeridad, basadas en incrementos de ingresos y reducciones de gastos sociales, con el fin de ver contrarrestada la enorme deuda pública de nuestro país, que, según lo establecido en los programas de estabilidad de la Unión Europea, no podía exceder del 60% en cifras del PIB nacional.

POLÍTICA DE INGRESO

En lo que respecta a los ingresos, se han sucedido una serie de circunstancias vinculadas al marco económico y fiscal, las cuales han terminado afectando negativamente al objetivo fijado en las políticas de austeridad, y han permitido corroborar el deterioro de los ingresos públicos estatales.

Por una parte, desde un punto de vista más general, hemos de resaltar la importancia del proceso de privatizaciones que se implementó desde finales del pasado siglo, como consecuencia directa del afianzamiento del sistema económico capitalista a nivel mundial. Desde 1976, inicio del periodo democrático en España, se han privatizado VICTOR PINILLA RAMOS

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más de 100 empresas públicas, por las que el Estado ha obtenido unos 30.000 millones de euros. Durante el gobierno de José María Aznar (1996-2004), sucesor de la política aplicada por Felipe González durante sus 14 años de gobierno, se sucedieron importantes privatizaciones como las de Repsol, Telefónica y Argentaria, entre otras, por las que el Gobierno ingresó aproximadamente el 2,5% del PIB nacional registrado entre 1997 y 1998.

Destacan, asimismo, las privatizaciones de: Endesa, Gas Natural, Red Eléctrica o Cepsa.

Además, la mayor parte de los sectores económicos se han liberalizado, permitiendo a las empresas penetrar en dichos mercados: sector eléctrico, telecomunicaciones, aguas; incluso sanidad, educación y servicios sociales.19 Al fin y al cabo, este continuado proceso de privatizaciones al que se han visto sometidas gran parte de las economías a nivel mundial ha reducido la importancia de las empresas de carácter estatal frente a la propiedad privada, habiendo disminuido la cuantía de ingresos que el Estado percibe procedente de este tipo de propiedad, lo que lastra su capacidad de obtención de ingresos.

En materia impositiva, existen, en España, dos impuestos que gravan las rentas de este sistema económico, el IRPF20, que afecta a los asalariados y autónomos, fundamentalmente, y el IS21, vinculado a las empresas. La estructura del primero es progresiva: el tipo impositivo es creciente según aumenta la renta, llegando casi a suponer un 50% para las rentas más elevadas, mientras que el segundo corresponde a un tipo impositivo fijo, es decir, no progresivo. De esta forma, en base a la continuidad con el resto modificaciones del periodo analizado, se ha producido un aumento del tipo impositivo del IVA22, principal impuesto sobre el consumo, que ha pasado de suponer el 18% al 21%. Y, por otra parte, el resultado de la modificación del IS ha conllevado una bajada de este desde el 30% al 25%. Vinculado a esto, también es importante destacar las bonificaciones fiscales para el capital extranjero que invierta en España, una medida más englobada en el contexto actual de globalización y liberalización de mercados a nivel internacional.

19

Véase: https://www.mundiario.com/articulo/economia/privatizar-empresas-publicas-espanacapitalismo-mal-entendido/20140430182859017810.html?fb_locale=pt_BR 20 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 21 Impuesto de Sociedades 22 Impuesto sobre el Valor Añadido

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De otro modo, a la par que se han ido aplicando las sucesivas reformas laborales, también se ha optado por una reducción escalonada de la cotización de las empresas por sus trabajadores afiliados a la Seguridad Social.

En general, todas estas medidas han tenido un fuerte impacto sobre la distribución de los ingresos, pues se ha optado por combinar subidas impositivas y pérdidas de poder adquisitivo de la mayor parte de la población, con bajadas impositivas e incentivos a la actividad empresarial.

Detrás de estas medidas, el Estado pretende, a través de la reducción de costes que la actividad empresarial ha de afrontar, que estos dediquen esos márgenes de mejora y rentabilidad a flexibilidad y competitividad interna, a reducciones de precios y aumentos de inversión, como bien se pretendía en muchas otras reformas de este periodo. Aunque, como ya se observó en otros epígrafes, estos márgenes, en muchos casos, fueron utilizados como medio de lucro, lo que ha acabado incidiendo en los índices de desigualdad.

Desde otra perspectiva, también vinculada al marco fiscal, nuestro país se ha visto salpicado, en los últimos años, por una gran cantidad de tramas relacionadas con la evasión y la elusión fiscal, derivando, todo ello, de la propia estructura impositiva de nuestra nación. De esta forma, tal y como queda recogido en Montero (2012), los asalariados con una alta cantidad de renta, como los deportistas de élite, los profesionales del sector de la televisión… se ven influidos en gran medida por la estructura del IRPF, lo que les implicaría un gran coste tributario. Debido a ello, suelen buscar alternativas legales. Una de las más utilizadas consiste en crear sociedades tributarias. Así, el asalariado crea una sociedad, de la cual es propietario. De esta forma, al percibir la renta, ya no la recibe como asalariado, sino como propietario de esta sociedad, por la cual elude, dentro del marco legal, el pago de una serie de costes tributarios. En otros casos, también se juega con el lugar de residencia, estableciéndolo fuera de los límites de nuestro país, buscando los incentivos fiscales de otras economías. No obstante, esto conlleva la obligación de residir en dicho lugar gran parte del periodo anual. En nuestro caso, se suelen utilizar países como Andorra o Gibraltar por su cercanía geográfica. Fuera del marco legal, aunque también VICTOR PINILLA RAMOS

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diversamente difundido, aparece la extradición de capitales a paraísos fiscales, en los cuales la cantidad de impuestos a pagar es muy reducida en comparación a la nuestra.

Obviamente, el impacto de todo este conjunto de medidas sobre el nivel de ingresos de nuestra economía, y, por consiguiente, de la capacidad redistributiva del Estado, es bastante elevado.

POLÍTICA DE GASTO

En disimilitud de la creencia popular, la cifra de gasto estatal en términos nominales ha mantenido, en los últimos años, una trayectoria constante, y en diversos tramos al alza, a pesar de que las grandes partidas de gastos públicos, como son la educación y la sanidad, hayan sufrido intensos recortes.

Las ilustraciones que se muestran a continuación reflejan, por un lado, la trayectoria del gasto total del Gobierno en función del PIB, así como una comparación de este con la media del conjunto europeo.

Tabla 5: Gasto total del Gobierno General en función del PIB (UE – ESPAÑA)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

UE (27 países)

46,3

50,1

49,9

48,6

49

48,6

48,1

47,2

España

41,1

45,8

45,6

45,8

48,1

45,6

44,9

43,8

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos Eurostat

El promedio de gasto europeo refleja que, a pesar del 6,5% de incremento relativo constatado por el gasto público nacional comparando los valores de 2008 y 2015, España sigue siendo uno de los países que menor cantidad del PIB dedica a gasto público, 3,4 puntos por debajo de la media europea en el último año seleccionado.

Por otro lado, se muestra a continuación la desagregación del gasto público nacional en función de las principales partidas de gasto, incidiendo en aquellas cuya VICTOR PINILLA RAMOS

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trascendencia social es mayor.

Gráfico 2: Gasto público fraccionado en las principales partidas en función del PIB nacional

G A S T O P Ú B L I C O P O R PA RT I DA S 16

PROTECCIÓN SOCIAL

17,1 4,6 4,1

EDUCACIÓN

6,8 6,2

SANIDAD

1,3 0,5

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS COMUNITARIOS

1 1

DEFENSA

1,8

TRANSACCIONES DE DEUDA PÚBLICA

3,2

2009

2012

2015

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos Eurostat

A través del gráfico anterior, podemos constatar diferentes tendencias en función de la partida de gasto analizada. De forma general, podemos considerar que los sectores más afectados por los recortes sociales, coincidentes con los grandes servicios públicos, educación y sanidad, han sufrido, en el conjunto del periodo recesivo, una reducción relativa de aproximadamente un 10% de su presupuesto. Sin embargo, otras partidas de gasto, como las transacciones de deuda pública, han duplicado prácticamente su cómputo en 2015, en relación al del 2008. Asimismo, el fondo monetario destinado a protección social ha aumentado en casi un 7%, como consecuencia directa del incremento del desempleo durante el conjunto del periodo recesivo.

Desde una perspectiva general, el descenso del gasto público en servicios de vital importancia como la educación y la sanidad se debe a que el desembolso de intereses es creciente, a raíz del mayor nivel de endeudamiento. Esto se corresponde, por un lado, al rescate financiero acometido en 2011, por el cual se socializaron gran parte de las deudas de las entidades privadas; y, por otro lado, también hace mella el propio VICTOR PINILLA RAMOS

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impacto de la crisis, pues la caída de la actividad económica ha derivado en un menor nivel de ingresos y en un mayor gasto debido al incremento del desempleo, de ahí que las partidas con mayores incrementos vayan destinadas a estos dos aspectos.

Realizando un análisis en referencia a los servicios sociales, y manteniendo una visión del contexto socioeconómico y político tal como se planteó con anterioridad, podemos detectar un endurecimiento de las condiciones de acceso a las prestaciones sociales y contributivas, ya sean por desempleo, jubilación o cualquier otra modalidad.

En primer lugar, en lo que respecta a las prestaciones por desempleo, se han llevado a cabo una serie de modificaciones que han supuesto una tendencia a la baja sobre la cuantía y la protección social de las rentas. Fundamentalmente, los recortes han afectado a la cuantía de la prestación a partir del sexto mes, de tal forma que los perceptores han pasado de recibir el 60% de sus cotizaciones previas, a apenas un 50%, la mitad de lo que cotizaron.

Seguidamente, haciendo referencia a las prestaciones por jubilación, debemos destacar el incremento de la edad de jubilación, que ha pasado de los 65 a los 67 años, con la característica de que el nuevo sistema incorpora la obligación de revisar la edad de retiro en función de la esperanza de vida, por lo que son más que probables ulteriores retrasos. Asimismo, también se ha incrementado el número de años computados para el cálculo de la pensión, habiendo pasado de 15 a 25 años y se ha producido un aumento del número de años cotizados requeridos para cobrar la máxima pensión, de 35 a 37 años.

Además, en referencia a la cuantía de las prestaciones por jubilación, el Estado se encargó de suprimir la cláusula de actualización de las pensiones en relación a la variación final del IPC, por lo que la cuantía de estas dependerá, en última instancia, del nivel de cotizaciones sociales. Todo ello ha acabado suponiendo una pérdida progresiva del poder adquisitivo de los pensionistas en nuestro país.

Analizando el sistema sanitario, podemos detectar, en primer lugar, un incremento del número de medicamentos que quedan fuera de la cobertura pública, y, en segundo lugar, la introducción del copago en medicamentos a franjas poblacionales que VICTOR PINILLA RAMOS

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anteriormente los obtenían de forma gratuita, fundamentalmente a los pensionistas.

En lo que respecta al ámbito farmacéutico, los pensionistas con una renta inferior a 18.000 euros anuales pagan un tope de ocho euros al mes, compren los fármacos que compren. Por su parte, los pensionistas que ingresan entre 18.001 y 100.000 euros tienen un límite de 18 euros mensuales, con las mismas condiciones que los anteriores. Por último, los pensionistas que superan la marca de los 100.000 euros pagan un tope de 60 euros al mes. En la actualidad, Sanidad plantea establecer tres nuevos tramos en la franja de renta que comprende entre 18.001 y 100.000 euros: entre 18.000 y 30.000, de 30.000 a 60.000 y de 60.000 a 100.000 euros. El objetivo, según Dolors Monserrat es reorganizar el sistema de recaudación para que “quién más tenga pague más”.

A todo esto, hay que sumar los continuos procesos de privatizaciones que se están dando en nuestro país, y, que, en parte, están afectando al sistema sanitario, permitiendo así la externalización de numerosos servicios que anteriormente estaban garantizados por la seguridad pública.

Para el caso educativo, los recortes han supuesto, de forma general, una tendencia al alza sobre las tasas vinculadas al estudio, una tendencia a la baja sobre la cantidad y cuantía de las becas, la fusión de centros educativos y un aumento de la ratio de alumnos por profesor. De hecho, a pesar del incremento del número de alumnos entre 2010 y 2015, la plantilla se ha recortado en más de 12.000 profesores. Más allá, también se han dado otra serie de cambios que han acentuado la desigualdad de oportunidades a nivel escolar mediante la supresión de determinadas líneas educativas dirigidas a grupos de atención especial y la diferenciación de itinerarios en función del rendimiento escolar desde edades tempranas. A nivel general, se ha podido corroborar que España se encuentra entre los 7 países con menor gasto por alumno de la UE (Fuente: MEC).

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ANALISIS DEL IMPACTO SOBRE LA DESIGUALDAD

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INTRODUCCIÓN

Siguiendo la metodología detallada al comienzo de la investigación, complementaremos el análisis efectuado con el repaso empírico de la distribución del ingreso, utilizando conjuntamente una perspectiva personal y funcional. Las siguientes ilustraciones permiten constatar la trayectoria creciente de la desigualdad de la renta en España en el periodo comprendido entre 2008 y 2015.

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DESIGUALDAD PERSONAL

En este primer apartado se pretende dejar constancia del incremento de la desigualdad personal de la renta durante el periodo recesivo.

De esta forma, recurrimos, en primer lugar, a la utilización de ratios. Son una de las herramientas analíticas más empleadas para medir la distribución y la concentración de renta en una determinada economía. Así, se ordena a la población en función del nivel de ingresos que perciben, y, mediante la comparación de las diversas franjas obtenidas, se elaboran cifras que reflejan cuantas veces percibe más un determinado grupo en relación a otro.

Gráfico 3: Ratio distribución por grupo de renta (2008, 2010, 2012, 2015)

DESIGUALDAD (S20/S20)

DESIGUALDAD (S20/S10)

2008

2010

DESIGUALDAD (S50/S50)

2012

2,65

2,47

2,29

1,8

2,81

2,76

2,68

2,6

4,2

3,92

3,78

3,41

6,88

6,43

6,17

5,58

RATIO DISTRIBUCIÓN RENTA

DESIGUALDAD (S10/S1)

2015

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos Eurostat

La trayectoria de la renta, atendiendo al gráfico anterior, muestra una tendencia hacia la concentración en diversos grupos poblacionales, en detrimento de los segmentos más desfavorecidos, agudizando así la inequidad desde la perspectiva personal. La cifra de incremento relativo en la concentración de renta para la comparativa entre el 50% más rico y el 50% más pobre, asciende a algo más del 8% en apenas ocho años, VICTOR PINILLA RAMOS

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por el 23% constatado para la ratio 20/2023. Sin embargo, el mayor de los incrementos relativos, cifrado en un 47%, refleja la gran concentración de renta que afecta al 1% más rico a nivel nacional, en perjuicio del decil más pobre.

A continuación, se muestra información referente a la tasa de riesgo de pobreza, principal indicador que mide el grado de pobreza y exclusión social de una determinada economía. Es importante hacer hincapié en el hecho de que estamos siguiendo el criterio de la UE, que define la pobreza en términos relativos, y por tanto no estudiamos la pobreza desde un punto de vista absoluto, método utilizado por otros organismos internacionales como el Banco Mundial, que define la pobreza por debajo de los 2$ diarios. Al seguir el modelo de la UE, el nivel delimitado, denominado umbral de pobreza, se establece en relación a un valor en función de los ingresos medios nacionales, cifrado en un 60%.

Tabla 6: Tasa de riesgo de pobreza (España - Europa del Sur – UE) 2008

2015

Diferencial (2008-2015)

UE (27 países)

23,7

23,7

0,0

España

23,8

28,6

4,8

Italia

25,5

28,7

3,2

Portugal

26,0

26,6

0,6

Grecia

28,1

35,7

7,6

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos Eurostat

España es, dentro del conjunto seleccionado, el segundo país con mayor incremento relativo en lo que respecta a este indicador, cifrado en un 20%, solo por detrás de Grecia, con un 27%. Asimismo, las diferencias con respecto a la media europea se han agudizado, constatando un diferencial de 4,9 puntos en 2015, por los 0,1 puntos recogidos para 2008. Además, diversas fuentes apuntan que España es el tercer país de la UE en el que más ha crecido el peligro de exclusión social en los últimos años.24

23

La ratio 20/20 compara cuántas veces es más rico un determinado segmento en relación a otro. En este caso se compara el 20% más pobre con el 20% más rico.

24 Véase: http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20171016/casi-13-millones-de-espanoles-estanen-riesgo-de-pobreza-6356191

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Tabla 7: Tasa de riesgo de pobreza en España por grado de vulnerabilidad (2008-2014)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Inferior al 40% de la RME25

7,4

8,1

8,8

8,6

9,6

9,3

10,6

Inferior al 50% de la RME

13,1

13,2

13,8

13,8

14,4

13,9

15,9

Inferior al 60% de la RME

19,8

20,4

20,7

20,6

20,8

20,4

22,2

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos INE – Encuesta de condiciones materiales de vida

Centrándonos en el análisis del caso español, el incremento del riesgo de pobreza y exclusión social constatado en la tabla anterior ha afectado a todas y cada una de las franjas analizadas. Sin embargo, el mayor de los incrementos relativos se ha producido en el tramo que representa mayor vulnerabilidad, aquél cuyo nivel de ingresos es menor. De esta forma, el aumento relativo cifrado asciende a un 43% para aquellos que perciben menos del 40% de la RME. Tanto es así, que podemos afirmar que la problemática sobre el riesgo de pobreza y exclusión social no solo se ha incrementado, sino que además se ha agravado atendiendo al colectivo de personas que se han visto crecientemente afectadas.

Gráfico 4: Grandes dificultades para llegar a fin de mes por decil de renta (2008-2014)26

TOTAL

PRIMER DECIL SEGUNDO DECIL NOVENO DECIL

2008

2010

2012

1,4

1

1,9

1,7

3,7

3,1

2,9

4,7

37,2

31,2 20,4

28,7

37,3

36,8

17,5

15,5

14,7

13,7

35,6

49,4

GRANDES DIFICULTADES PARA LLEGAR A FIN DE MES

DÉCIMO DECIL

2014

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos INE – Encuesta de condiciones materiales de vida 25

Renta Mediana Equivalente En este tipo de gráficos la población se ordena en función del nivel de renta. En este caso se estructura en deciles, en diez grupos poblaciones de renta ordenados de menor a mayor.

26

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Otro de los efectos derivados del incipiente proceso de devaluación salarial ha residido en un aumento ostensiblemente notorio de las grandes dificultades para llegar a fin de mes, cifrado, conjuntamente, en algo más de un 27%. Sin embargo, existe bastante disparidad en función del decil de renta analizado. Si bien los primeros deciles acumulan incrementos relativos del 39% y el 82% respectivamente, los últimos deciles, coincidentes con los grupos que acumulan mayor renta, han sufrido el efecto inverso, y han reducido, por tanto, el riesgo de caer en dichas situaciones.

Tabla 8: Carencia material (2009-2015)27 2009

2011

2013

2015

Diferencial (2009-2015)

Primer decil

39,7

36,5

47,7

46,9

7,2

Segundo decil

25,6

24,6

32,1

36,2

10,6

Quinto decil

13,9

12,0

16,1

15,7

1,8

Décimo decil

0,4

1,2

1,2

0,7

0,3

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos INE

El INE recoge en su fuente de datos la Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida (EU-SILC), a través de lo cual establece el concepto de carencia material, refiriéndose a la proporción de población que vive en hogares que carecen al menos de tres conceptos de los nueve siguientes: No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.

No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.

No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.

No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros).

Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad…) o en compras a plazos en los últimos doce meses.

No puede permitirse disponer de un automóvil.

No puede permitirse disponer de teléfono.

No puede permitirse disponer de un televisor.

No puede permitirse disponer de una lavadora.

27

Véase INE: (3 de 9 ítems)

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En función de la información anterior, podemos detectar una tendencia al alza en lo que respecta a la carencia material en todas y cada una de las franjas analizadas. Sin embargo, ciertos segmentos han sufrido en mayor grado la trayectoria descrita por dicho indicador. De forma general, los grupos más vulnerables, es decir, los que controlan una menor cantidad de renta, presentan una mayor variación y un mayor porcentaje de incremento valorando el conjunto del periodo, alcanzándose un diferencial de 7,2 puntos porcentuales y un incremento de un 18% de la carencia material para el primero de los deciles de renta, por el incremento relativo de algo más de un 41% analizado para el segundo decil. Asimismo, podemos afirmar que, prácticamente, 1 de cada 2 personas que conforman el primer decil de renta carecen al menos de 3 de los 9 ítems expuestos con anterioridad. A la par, el grupo más potente en lo que a la renta respecta, el décimo decil, ha sufrido mínimas variaciones de apenas 0,3 puntos porcentuales entre 2009 y 2015.

Tabla 9: Carencia material severa (2009-2015)28 2009

2011

2013

2015

Diferencial (2009-2015)

Primer decil

18,3

14,4

22,7

24,5

6,2

Segundo decil

8,0

9,6

10,9

13,8

5,8

Quinto decil

3,2

2,7

5,5

6,2

3,0

Décimo decil

0,0

0,5

0,2

0,4

0,4

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos INE

La carencia material severa refleja prácticamente la misma tendencia que la observada para la ilustración anterior, con la característica de que, en este caso, se ha de carecer al menos de 4 de los 9 ítems expuestos con anterioridad. Si bien es cierto que el incremento cifrado afecta a todos los grupos de renta analizados, son los primeros deciles los más damnificados por la alternancia descrita, suponiendo un diferencial de 6,2 puntos porcentuales y un incremento de prácticamente un 33% para el primero de ellos, por los 5,8 puntos analizados para el segundo decil de renta. De hecho, en 2015, 1 de cada 4 cuatro personas que conformaban el primer decil

28

Véase INE: (4 de 9 ítems)

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presentaban indicios de carencia material severa. Por su parte, el décimo de decil ha experimentado una ligera variación de 0,4 puntos porcentuales para el conjunto del periodo seleccionado.

Para cerrar este apartado, se ofrecen datos en referencia al coeficiente de Gini, una de las herramientas analíticas que más suele emplearse para medir la concentración de ingresos entre los habitantes de una nación. Su valor queda comprendido en torno a dos valores, 0, que sería la máxima igualdad posible en la que todos tendrían el mismo nivel de ingresos, y 100, que sería la máxima inequidad posible, en la que un solo individuo poseería todos los ingresos de una economía.

Para valorar este indicador, se muestra además una comparación de este con el resto de los países del sur de Europa, así como para el conjunto de la Eurozona.

Gráfico 5: Coeficiente de Gini (España - Europa del Sur – Eurozona)

COEFICIENTE DE GINI

34,6

32,4

2008

2009

2010

Euro area (19 countries)

2011 Greece

2012

2013 Spain

2014 Italy

2015 Portugal

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos Eurostat

Remitiéndonos a la trayectoria general de este periodo, España ha sido el país con mayor incremento relativo en lo que respecta a este indicador, cifrado en casi un 7% en apenas ochos años, lo cual ha provocado que nuestro país se sitúe a la cabeza en la concentración de ingresos, no solo en el sur sino en el conjunto de la UE. Los datos VICTOR PINILLA RAMOS

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hablan por sí solos. Si en 2008 el Coeficiente de Gini en España solo superaba la media de la Zona Euro en un 1,9%, en 2015 la diferencia ya se había duplicado, por lo que su diferencial es ahora del 3,8%. Realizando una comparación con nuestro país adyacente, podemos observar que, si bien en 2008 el Coeficiente de Gini portugués era de un 35,8%, un 1,6% superior al español, en 2015 el coeficiente español superaba ya al portugués en un 0,6%.

Sin duda, el incremento experimentado por los índices de desigualdad de ingreso durante el periodo recesivo, en función de los datos anteriores, ha sido, por un lado, mucho más intenso en el caso español que en la mayor parte de los países europeos, salvo ligeras excepciones como el caso de Grecia, país con el que prácticamente nos equiparamos. Por otro lado, hemos podido verificar que dicho incremento ha afectado, en mayor medida, a los grupos poblacionales más debilitados, aquellos que controlan una menor cantidad de renta. A nivel general, esto ha conllevado un incremento del riesgo de caer en situaciones de pobreza relativa, carencia material y exclusión social, especialmente en lo que respecta a los deciles de renta más bajos.

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DESIGUALDAD FUNCIONAL

El incremento de la desigualdad personal de la renta, tal como se ha señalado en el apartado anterior, puede explicarse desde una perspectiva funcional. Las sucesivas medidas aplicadas durante este periodo, analizadas en el primer epígrafe de la investigación, han favorecido la dilatación de la desigualdad entre las dos rentas propias del sistema económico capitalista: rentas de capital29 y rentas de trabajo30.

Por un lado, la desregulación laboral ha flexibilizado las condiciones labores y ha favorecido la precarización del mercado de trabajo, otorgando, asimismo, mayor capacidad negociadora al capital, en detrimento del conjunto asalariado. Por otro lado, la política de rentas se ha focalizado sobre los salarios, estableciendo techos de crecimiento salarial mediante la firma de los AENC, al mismo tiempo que las restricciones sobre las rentas del capital y el grado de inversión, han quedado, en última instancia, en manos del capital. Por último, la política fiscal ha consistido en medidas de carácter regresivo, las cuales han permitido aliviar las cargas de las rentas de la propiedad, a la par que han incrementado aún más las que inciden sobre las rentas salariales.

Todo esto ha conllevado un incremento de la desigualdad funcional de la renta, entre capital y trabajo, cuyos efectos se han hecho notar sobre las rentas salariales, las cuales han experimentado una tendencia a la baja durante el conjunto del periodo recesivo. Esto permite explicar la presencia, en nuestros días, de trabajadores que, aun con esta condición, se encuentran en situación de pobreza relativa, carencia material o riesgo de exclusión social, incluso pudiendo llegar a ser cabezas de familia31.

29

Beneficios Salarios 31 Entiéndase, en términos económicos, el miembro de la unidad familiar que mayor cuantía de ingresos percibe.

30

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Tabla 10: Trayectoria de la distribución funcional de la renta (2008-2015) 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Remuneración de Asalariados

50%

51%

50%

50%

48%

47%

47%

47%

Excedente Bruto de Explotación

42%

42%

41%

42%

43%

43%

43%

42%

Impuestos

8%

7%

9%

8%

9%

10%

10%

10%

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos INE

La tabla adjunta muestra dos trayectorias completamente divergentes superpuestas en el tiempo. Se muestra el peso relativo de cada una de las variables seleccionadas sobre el ingreso total. Por un lado, podemos verificar la reducción de la importancia relativa de los salarios en la distribución del ingreso, al mismo tiempo que la participación total de los beneficios se ha mantenido constante, con ligeros incrementos en algunos tramos, especialmente en el periodo que comprende entre 2010 y 2014.

Habiendo constatado que los salarios han reducido su participación en la distribución total de la renta, pasaremos a continuación a analizar, en mayor profundidad, la evolución de las rentas salariales en el periodo recesivo.

En primer lugar, podemos constatar la evolución del salario real medio para el periodo comprendido entre 2008 y 2015, en función de dos técnicas. La primera determina el SRM32 en función del empleo equivalente a tiempo completo, obtenido mediante la división de las horas de trabajo de los empleados a tiempo parcial por la cantidad de horas de un periodo laboral completo; mientras que la segunda lo establece en función del empleo asalariado33.

32

Salario Real Medio Simplemente se trata de dos perspectivas distintas para medir el Salario Real Medio. Cuando este se establece en función del empleo asalariado (2ª técnica), estamos considerando que el empleo puede tratarse a tiempo completo o a jornada parcial. Esto puede derivar en ciertos problemas de medición.

Para contrarrestarlo, se utiliza el empleo equivalente a tiempo completo (1ª técnica), de tal forma que pasamos el empleo parcial a su correspondiente en tiempo completo.

33

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Gráfico 6: Salario Real Medio (2008-2015)

SALARIO REAL MEDIO 34.402 33.612

33.188

32.337

30.622 29.669

28.883

2008

2009

2010

2011

2012

29.091

2013

2014

2015

SALARIO REAL MEDIO POR TRABAJADOR EQUIVALENTE A TIEMPO COMPLETO SALARIO REAL MEDIO POR EMPLEO ASALARIADO Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos INE

El incremento del salario real medio que se puede observar para el año 2009, y en parte para 2010, se debe a que los primeros compases recesivos destruyeron mayormente empleo de baja calidad, provocando un alza de este indicador. Pero, conforme fue avanzando la recesión, y con ella el afianzamiento de este proceso y la destrucción y sustitución de empleo de calidad por empleo precario, se ha terminado afianzando una tendencia a la baja sobre este indicador.

No obstante, la información que nos ofrece el gráfico anterior no es del todo precisa para valorar el análisis de la evolución de la cuantía salarial durante el periodo recesivo. Hemos de comprender que, al ser una media salarial, un incremento o una reducción de este indicador no incide de la misma manera a todos los perceptores de esta renta. Para valorar con mayor grado de detalle la evolución de la renta salarial, se muestran a continuación los datos referentes a la estructura salarial. Este indicador elaborado por el INE34, aporta información sobre el porcentaje de trabajadores en función del total, que obtienen un salario que se encuentra entre diferentes tramos de referencia, los cuales se obtienen en función del valor del SMI35.

34 35

Instituto Nacional de Estadística Salario Mínimo Interprofesional

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Gráfico 7: Estructura salarial (2008, 2010, 2012, 2014)

% TRABAJADORES 2008

DE 3 A 4 SMI

DE 4 A 5 SMI

% TRABAJADORES 2010

3,37 3,32 3,22 3,31 DE 5 A 6 SMI

1,42 1,39 1,38 1,31

DE 2 A 3 SMI

1,16 1,16 1,16 1,11

DE 1 A 2 SMI

1,79 1,93 1,92 1,91

DE 0 A 1 SMI

7,37 7,11 6,79 7,08

8,86 10,46 12,25 12,98

13,33 13,32 13,25 13,42

28,31 27,40 26,88 26,77

34,40 33,90 33,15 32,11

ESTRUCTURA SAL ARIAL

DE 6 A 7 SMI

DE 7 A 8 SMI

MAS DE 8 SMI

% TRABAJADORES 2012

% TRABAJADORES 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos INE

Tal y como queda recogido, podemos constatar que, durante el periodo seleccionado, el segmento que ha ganado mayor importancia relativa ha sido el de los trabajadores que cobran menos del SMI, habiendo pasado de apenas un 9% en 2008 a casi un 13% en 2014. El gran incremento experimentado por esta franja de referencia queda asociado a la disminución de los dos siguientes tramos, pues gran parte de los trabajadores que percibían entre 1 y 3 veces el SMI en 2008, pasaron a formar parte del primer grupo a lo largo del periodo analizado (2008-2014). De forma general, podemos concluir señalando que el resto de las franjas han mantenido una tendencia constante, pues las rentas altas apenas han sufrido los efectos derivados de la crisis y la adopción de medidas por parte de las instituciones públicas.

Por otro lado, en lo que respecta a la exclusión social, analizaremos a continuación el riesgo existente en función de la modalidad contractual presente, manteniendo la hipótesis de que el incremento de la exclusión social no solo ha incidido sobre los desempleados, sino también sobre los propios trabajadores, especialmente sobre los trabajadores precarios. Esto se debe, en gran parte, a una mayor presencia de empleo precario en el mercado laboral, especialmente de empleo parcial, el cual no asegura VICTOR PINILLA RAMOS

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un nivel de ingresos suficiente para cubrir todos los ítems tal como se expusieron con anterioridad36. Actualmente, el 13,1% de los trabajadores viven en hogares donde la renta es inferior al umbral de pobreza, fijado en el 60% de los ingresos medios, solo por detrás de países como Grecia y Rumanía, donde el riesgo asciende hasta el 14,1% y el 18,9%, respectivamente.

CONTRATO TEMPORAL

2009

44,7

5,9

5,4

5,4

6 CONTRATO PARCIAL

40,5

23,3 17,5

15,9

17,8

18,7

19

21,1

27,1

38,4

EXCLUSIÓN SOCIAL

46,5

Gráfico 8: Riesgo de exclusión social por modalidad contractual (2008-2014)

CONTRATO INDEFINIDO

2011

2013

DESEMPLEADOS

2015

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos Eurostat

“Cuando trabajar ya no salva de la pobreza”37. Esta cita textual tomada de una de las recientes noticias de la sección económica del diario El País, destaca la importancia que tiene el hecho de que estar empleado y recibir un sueldo no garantiza, en la actualidad, quedar fuera del umbral definido por la UE para definir la pobreza. En 2015, el 27,1% de los trabajadores bajo modalidad contractual parcial percibían una renta inferior a 7.961 euros al año, aproximadamente, unos 663 euros mensuales 38.

Valorando la trayectoria durante el conjunto del periodo recesivo vemos como el riesgo de exclusión social por trabajador parcial se ha incrementado en un 28%. La misma tendencia puede observarse para el caso del empleo temporal, cuyo incremento relativo alcanza un 31%, situándose en el 23,3% de los trabajadores en 2015.

36 37 38

Véase: “Tabla 8: Carencia material (2009-2015)”; página 64 Véase: https://elpais.com/economia/2017/11/10/actualidad/1510331929_272813.html Véase: http://www.elmundo.es/espana/2015/05/26/55643f98ca4741c4698b457a.html

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Pero, sin duda, el grupo poblacional mรกs afectado por la exclusiรณn social y la pobreza sigue siendo el de los desempleados, cuyo incremento relativo consta de algo mรกs del 21%, afectando a prรกcticamente 1 de cada 2 desocupados. En lo que respecta al empleo indefinido, este ha tendido a mantenerse constante conforme ha transcurrido el tiempo, siendo el grupo menos afectado por el incremento del riesgo de pobreza.

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CONCLUSIONES

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Primeramente, podemos comenzar señalando que el incremento de la desigualdad de ingreso que se ha producido en España durante el periodo recesivo se halla estrechamente vinculado a la reacción puesta en marcha por el Gobierno frente a la crisis, lo cual ha provocado una divergencia de trayectorias y tendencias en función de la clase social analizada, quedando así fundamentalmente explicado el incremento de la desigualdad personal de la renta a las modificaciones que afectan desde una perspectiva funcional, es decir, entre capital y trabajo.

Ante los sucesivos problemas que afrontaba nuestra economía se pensó que la opción más factible debía pasar por confiar en las empresas y en su poder para crear empleo y revitalizar la economía. La presión de las instituciones europeas y de las propias empresas quedó materializada en la puesta en marcha de un paquete de medidas dirigidas a revitalizar el beneficio de las empresas: mediante facilidades de flexibilidad interna, reducciones de indemnizaciones por despidos, facilidades para dar con decisiones unilaterales de los empresarios, incentivos de carácter impositivo, etc.

Como polo opuesto, los principales damnificados de todo este proceso han sido los asalariados. Por un lado, el propio paquete de medidas ha afectado a sus garantías laborales, a la cuantía salarial, y a una mayor incertidumbre laboral. Y, por otro lado, se han reducido las garantías a nivel social, así como la calidad de los servicios públicos. En general, hemos podido constatar una tendencia a la baja en lo que respecta al poder adquisitivo de las rentas salariales, especialmente en los años más duros de la crisis.

Asimismo, este modelo de actuación, fundamentado en la presión internacional, ha residido en intentos por dar solución fuese como fuese a los problemas vigentes, descuidando así el impacto que estas propias medidas pudieran generar sobre la economía a largo plazo. En el lenguaje coloquial, podríamos entender esta vía de actuación a través del refrán: “Pan para hoy y hambre para mañana”.

Sin duda, la precariedad laboral y su trayectoria creciente en los últimos años es uno de los ejemplos más claros de como el deseo del Gobierno por reducir el nivel de desempleo se antepone al propio impacto social que esto pueda generar sobre el grado de desigualdad económica, y, por tanto, de exclusión social, privación material, pobreza, etc.

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Asimismo, el carácter provisional y transitorio de todas estas medidas de flexibilidad del mercado laboral quedan ahora demoradas indefinidamente a pesar de que, como apuntan muchos, el periodo recesivo ya haya llegado a su fin.

Manteniendo esta visión, y externalizando este ejemplo, podemos comprender también que la propia flexibilización del mercado laboral ha afectado a la problemática demográfica nacional, ya que los retrasos en la autosuficiencia económica y los bajos salarios, especialmente entre los jóvenes, están agravando aún más los bajos índices de natalidad que se dan en España, a la par que los avances científicos están facilitando e incrementando la esperanza de vida en nuestro país.

Por lo tanto, podemos concluir señalando que, aunque esta vía de actuación ha afectado de forma positiva a ciertas problemáticas a nivel económico, especialmente en lo referente a la creación de empleo y a la recuperación del ritmo de crecimiento del PIB, ha agravado muchos otros, cuyos efectos previsiblemente se harán notar sobre la economía futura.

Paralelamente a la aplicación de este modelo de actuación en España, común a la mayor parte de los países europeos más afectados por la Gran Recesión, se han puesto en marcha otras vías de actuación alternativas en países del entorno más cercano al nuestro, como es el caso de Portugal, en el que Ricardo Costa lleva apostando desde 2015 por una línea de actuación que ha dejado atrás la austeridad, y que, sin embargo, está afectando positivamente a su economía. El Gobierno luso, al contrario que ha ocurrido en España, ha basado su vía de actuación en una política de gasto a nivel social, la cual ha revitalizado principalmente los salarios y las pensiones.

Las cifras registradas son bastante significativas. El Gobierno portugués, siguiendo su heterodoxo plan de recuperación, ha logrado reducir su déficit al 2,1%, cumpliendo así con

los

requisitos del Programa de Estabilidad

Europeo; y ha

crecido

ininterrumpidamente durante 13 meses consecutivos. No obstante, el camino a recorrer es todavía bastante largo ya que la deuda pública portuguesa sigue estando entre las más altas del entorno europeo, en torno al 131% del PIB portugués.

Sea como sea, y aunque el modelo portugués debería ser analizado con mayor detalle para poder realizar una conclusión más fiable, todo parece apuntar que existen otras VICTOR PINILLA RAMOS

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vías de actuación alternativas a la crisis que no conllevan un impacto tan elevado sobre los niveles de desigualdad.

Para concluir, me gustaría apuntar que la realidad que se esconde tras esta aparente recuperación económica que estamos viviendo en la actualidad, se sustenta sobre un crecimiento económico injusto y desproporcionado. Nuestro modelo de sociedad que se ha creado y se está creando como forma para combatir la recesión, es un modelo de sociedad para unos pocos afortunados, que cada vez reciben más con el apoyo de los poderes públicos, y que se sustentan sobre un gran bloque poblacional que cada vez trabaja más y percibe menos. Con todo esto podemos comprender las palabras de Tomás en el Evangelio: "A quién tiene se le dará todavía más; pero al que no tiene, se le quitará aun lo que tiene". ¿Es este modelo sostenible para nuestra economía?

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