Mildred Martínez
Limitaciones del estudio El plan original del estudio contemplaba incluir entrevistas con NNA que están o han estado en riesgo o situación de trata de personas. Se partió de la idea de que el acceso a estas personas podría establecerse, en parte, a través de las instituciones estatales y no estatales que trabajan en el tema (y, por supuesto, bajo su supervisión y cumpliendo con todos los aspectos éticos en relación con las entrevistas de grupos vulnerables de niños y jóvenes); y, en segundo lugar, mediante la identificación directa a través del trabajo de divulgación en áreas y situaciones donde la vulnerabilidad es más pronunciada. Mientras que el primero resultó imposible debido al código de ética de las instituciones (garantizándola confidencialidad y respeto a las NNA involucradas, más la protección de ellas/os mismas/os) o a una carencia de deseo de participar en el estudio, el segundo fue obstruido por el brote de COVID-19 que ocasionó que la recolección de información a través de las entrevistas fuera interrumpida por la aparición del primer caso en el país a inicios del mes de marzo, así como al subsecuente período de aislamiento social establecido por las autoridades dominicanas, pero al mismo tiempo, en los pocos casos que fueron identificados, los familiares de los NNA indicaron que no deseaban hablar sobre el tema.2 No fue posible entrevistar a representantes del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), a pesar de los múltiples esfuerzos realizados. Esta es una limitación que se considera importante, pero al mismo tiempo ofrece una perspectiva relevante de cara a algunos hallazgos del estudio que apuntan hacia la necesidad de fortalecer el rol que juega esta institución como coordinadora del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en República Dominicana.
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En comunidades bateyanas fueron identificados dos casos, uno de explotación sexual comercial y uno de tráfico de órganos.
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