“Queremos convertir al campesino

Salvando vidas

Bajo la tutela del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, Julia Cogollo ha ayudado a varias comunidades y líderes de los Montes de María a sortear el conflicto y recuperar el acceso a los derechos perdidos por la violencia.

No fue fácil para esta mujer menuda y de sonrisa permanente regresar a su tierra en diciembre de 2007. Después de de ocho años de haber sido amenazada y desplazada de su natal Turbaco, de donde salió en el año 2000, decidió volver porque tenía una deuda con su región y con las víctimas de la violencia.

“Al principio estaba insegura. Estaba acostumbrada a andar por el agua y acá todo es por tierra”, dice la psicóloga Julia Cogollo, refiriéndose a las travesías que hizo durante cuatro años por los ríos y las costas del Valle y el Cauca, en el Pacífico colombiano, donde trabajó con el Comité Andino de Servicios y con el Proceso de Comunidades Negras, entidades con las que conoció lo peor del conflicto armado en esa región, y con las que tuvo la oportunidad de atender a víctimas de masacres como la de El Naya.

Cuando retornó se incorporó con el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, una oenegé española que había llegado a Colombia en 1991, invitada a colaborar en la desmovilización del M19. Esta entidad fue clave en la atención humanitaria de las víctimas del recrudecimiento de la violencia paramilitar en Bolívar.

“A finales de los noventa, trajeron a un equipo para atender a los desplazados y prestar ayuda humanitaria, en especial a los sobrevivientes de masacres como las de Chengue, Chalán y El Salado”, cuenta Julia.

Julia Cogollo es psicóloga social comunitaria, integrante del Proceso de Comunidades Negras (PCN ) y labora en la organización española Movimiento por la Paz (MPDL).

Pero a raíz del proceso de desmovilización de los paramilitares, el Movimiento cambió el objetivo de su misión en Colombia y se enfocó en apoyar a las comunidades en el reconocimiento de sus derechos, en la reparación y la autoprotección. Para hacerlo, se aliaron con el Colectivo de Comunicaciones, la Universidad Javeriana y la Corporación de Desarrollo Solidario, entidades con las que empezaron a pensar en una intervención integral en los Montes de María.

En esta alianza, el Colectivo se enfocó en la memoria y la comunicación para el cambio social. La CDS en el tema productivo, la Javeriana empezó a formar líderes, y el Movimiento a prestar atención sicosocial y de acceso a derechos. El principal problema que enfrentaron, recuerda Julia, fue que los líderes estaban apagados. “Ellos venían afectados por el conflicto, con muchos miedos. Sin embargo, logramos despertarlos”, agrega.

Bajo la tutela de estas organizaciones no solo se despertaron asociaciones sociales y campesinas que habían estado inactivas por la violencia, sino que también lograron fortalecer organizaciones de víctimas, mesas de interlocución, de mujeres y de población desplazadas, que fueron las que iniciaron los procesos para la restitución de tierras y la reparación individual y colectiva.

Sin embargo, al empezar a darse estas reclamaciones, buena parte de los líderes fueron amenazados, lo que obligó a que se estableciera una línea de trabajo que promoviera la autoprotección, un tema del que Julia fue una de sus promotoras.

La estrategia consistió en capacitar a las comunidades y personas a identificar los riesgos, y que a partir de allí tendieran puentes con las entidades estatales y organismos que hacen presencia en la región para comprometerlas a garantizar su vida y su seguridad. Julia llevaba a los campesinos o víctimas amenazadas a hablar con funcionarios en Bogotá, para que conocieran por lo que estaban atravesando. “Esto le sirvió a los líderes a conectarse con las entidades y funcionarios a nivel nacional”, dice.

Después del contacto con entidades como la Defensoría del Pueblo, que se convirtió en una de las mayores aliadas en este tema de autoprotección, se logró que se publicara un primer informe de riesgo de la región en 2012, en el que se incluyó a las víctimas de bandas criminales.

Fue un logro —cuenta Julia— ya que no se había publicado un informe de esta naturaleza sobre los Montes de María durante sie-

La unión de las mujeres ha sido clave en la estrategia de autoprotección.

te años. “Tocar el tema de autoprotección era para los líderes muy miedoso —explica— porque era meterse en la fibra del actor armado y de la gente. Me costó trabajo hacerles entender que ese era el camino”.

Después de regresar, Julia Cogollo ha sido una pieza clave en el resurgimiento de la sociedad civil montemariana. De ella el mayor aprendizaje que le ha quedado es que se pueden construir soluciones a partir de las necesidades de la población. “No se puede llegar a ninguna comunidad o población pensando que el conocimiento que uno tiene es el único, hay muchas maneras de aprender, dar y recibir. No es un trabajo rimbombante, pero cala en lo subterráneo, ha transformado y salvado vidas. Lo que he hecho es por la necesidad de la gente y porque no he estado por encima de la gente, sino detrás para poderlas impulsar.”

Además, precisa que en el actual contexto de los Montes de María, donde el conflicto fue grave y se mantiene latente, no se puede dejar de lado el componente sicosocial y de autoprotección: “Las instituciones no se hacen solas, sino con las personas que trabajan con ellas”.

La zona de reserva que sueña José Macareno

Un resistente representa la lucha de la tierra para los campesinos de los Montes de María.

José Macareno quedó huerfano cuando tenía once años. Esa es su justificación para que siendo apenas un niño tuviera que dejar el colegio para coger un azadón. También para involucrarse con el movimiento campesino, y que su vida estuviera marcada por la necesidad de tener un pedazo de tierra.

Desde muy joven participó en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), en su natal Sabana de Pedro, un corregimiento de Palmito. Bajo el liderazgo de esta organización, en Sucre se dieron, entre los setenta y ochenta, cientos de tomas de tierras baldías y otras en poder de terratenientes.

Según VerdadAbierta.com, solo en 1971 ocurrieron unas cien tomas, cuenta Ramiro Chamorro, quien fue presidente de la ANUC en Sucre por varios años en la década de los ochenta. Los campesinos se metieron a los más grandes latifundios, a las fincas de José Badel, a las de Urbano Olmos.

Entre 1970 y mediados de los ochenta los campesinos lograron que el Incora les titulara unas 546 fincas que, juntas, sumaban entre 118 y 122 mil hectáreas de tierra a unas 5.000 familias: “Por eso creo que la dirigencia no le perdonó al campesino que le quitara las haciendas. Lo que ocurrió con la llegada del paramilitarismo a mediados de los noventa en los Montes de María fue una especie de contrarreforma agraria”, afirma Macareno. Acá la tierra significa poder. Según él, esa resistencia del establecimiento es la responsable de la división y de la pobreza que se viven en Sucre.

Macareno conoce como ninguno los diferentes conflictos y procesos que ha vivido la región en los últimos treinta años. Participó del proceso de reinserción de la Corriente de Renovación Socialista del ELN en 1994 y también trabajó en la Corporación Nuevo Arco Iris. Pero desde el 2009 volvió a la dirigencia campesina impulsando la zona de reserva de los Montes de María.

El proyecto nació en el 2010, cuando se hicieron varios foros en Sincelejo, Bogotá y Cali, en los que el gobierno de Santos convocó a los campesinos de la región y les planteó la posibilidad de crear dos zonas en los Montes de María.

Desde entonces, cientos de organizaciones sociales empezaron a reunirse en las diferentes veredas y poblaciones del territorio, en las que se consolidó una agenda que incluía temas como fomentar la pequeña propiedad rural, teniendo como base las políticas de conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, los criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad rural, la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los campesinos, así como su participación en las instancias de planificación y decisión regionales.

Macareno reconoce que fue el padre Rafael Castillo quien tendió los puentes con la institucionalidad para que se pudiera plantear la propuesta de la zona de reserva. “Hicimos un comité de impulso con otras organizaciones y le presentamos el proyecto al Incoder, que lo tuvo congelado por tres años, porque se tenía que hacer una consulta previa con afros e indígenas”, comenta.

La zona que comprende 254 mil hectáreas en una primera etapa —explica Macareno— propone áreas interétnicas e in-

terculturales, además plantea sustraer para la conservación ambiental los santuarios de la Serranía de Corozal y de los Colorados, así como descontaminar la ciénaga de María La Baja, frenar la expansión maderera, formalizar la tierra para los campesinos y facilitar la restitución de tierras.

Esta primera etapa comprende el 100% de Chalán, el 98% de Colosó, el 100% de Morroa, el 95% de Ovejas, el 65% del Carmen de Bolívar, el 100% de Los Palmitos, el 47,53% de San Jacinto, el 43,65% de San Juan Nepomuceno, el 100% de María la Baja, el 24,46% de Toluviejo, el 90 % de San Onofre, y una segunda en la que se involucrarán 46,295

ORGANIZACIONES SOCIALES EMPEZARON A REUNIRSE PARA CONSOLIDAR UNA AGENDA CENTRADA EN FOMENTAR LA PROPIEDAD RURAL Y LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

hectáreas, de las cuales Córdoba tiene el 28,45%, el Guamo el 47.57%, y Zambrano el 38,35%.

“Siempre respetando la idiosincracia y la soberanía campesina”, recalca Macareno.

Para él, la única forma de que el campesino regrese, no se dará solo consolidando proyectos como las zonas de reserva. Lo principal es formalizarles las tierras a los campesinos y, a partir de allí, facilitarles créditos para que puedan producir, además de construir vías y generar incentivos para que esa producción tenga sentido.

José Macareno.

El proyecto de zona de reserva nació tras un foro entre campesinos y el gobierno de Juan Manuel Santos.