Idea Política Pública

Idea

Política Pública

20 ideas de arquitectura, ciudad y territorio para Chile

Editores: Juan Pablo Urrutia y Nicolás Valencia – 1 ­–

Equipo Idea Política Pública Editores Juan Pablo Urrutia y Nicolás Valencia Diseño editorial Consuelo Araneda y Martín Álvarez Entrevistas Nicolás Valencia y Manuel Albornoz Transcripción entrevistas Valeska Fuenzalida Colaboración edición de imágenes Romina Fuentes Impresión Andros Impresores

Urrutia, Juan Pablo; Valencia, Nicolás; Araneda, Consuelo; Álvarez, Martín Idea Política Pública Juan Pablo Urrutia, Nicolás Valencia, Consuelo Araneda, Martín Álvarez - 1ª ed. – Santiago de Chile, 2017 128 p. 16 x 12 cm isbn 978-956-9862-03-8 1. Arquitectura

© LOCAL Editores © Textos: Los autores © Imágenes: Los autores Registro de propiedad intelectual A-282788 Santiago de Chile Septiembre 2017

Permitida la reproducción total o parcial de contenidos editoriales citando la fuente.

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Idea Política Pública

20 ideas de arquitectura, ciudad y territorio para Chile

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Introducción

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Pablo Larraín – Presidente Asociación de Oficinas de Arquitectos Alberto Texidó – Presidente Colegio de Arquitectos de Chile Prólogo: Integralidad como nuevo enfoque

Vivienda / Entrevista Slaven Razmilic Financiamiento habitacional vía fondos de pensiones martín busel niedmann

Mecanismos para mitigar los efectos de la gentrificación carolina flores feneiux

Una propuesta multidimensional para erradicar campamentos cristian piña gonzález

Familia indefinida, vivienda definitiva nicolás rebolledo labbé

Plataforma digital de arrendamiento para inmigrantes

8 10 12 16 20 24 28 32 36

sofía zúñiga gonzález

Suelo / Entrevista Pablo Trivelli

40

Captura de plusvalías generadas por infraestructura de Metro martín álvarez millar

Incentivos para la activación de sitios eriazos nicolás bertoni bravo

Cuotas de espacios colectivos y vivienda de interés social en zonas densificadas patricio muñoz baeza

Políticas de derecho y reclamación territorial mapuche

44 48 52 56

felipe soto romero

Espacio Público / Entrevista Rodrigo Guendelman Estrategia de compensación entre proyecto vial y espacio público francisca chacana carroza

Financiamiento para la consolidación de áreas verdes valeska fuenzalida molina

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60 64 68

Incentivo para la creación de áreas verdes en terrenos industriales

72

nicolás moreno ballesteros

Movilidad / Entrevista Louis De Grange Reajuste institucional para la integración del transporte público

76 80

consuelo araneda díaz

Fomento a la creación de ciclovías en zonas rurales

84

romina fuentes pedreros

Equipamiento / Entrevista María Emilia Tijoux Sistema de acogida e inserción para migrantes

88 92

pedro chaná ferrada

Infraestructura para reinserción de población penal

96

kevin ramírez medina

Sustentabilidad / Entrevista Matías Asún Programa de construcción con tierra en localidades del norte grande

100 104

odette garrido kogan

Subsidio habitacional para la eficiencia energética

108

erica kanno murakami

Patrimonio / Entrevista Ángel Cabeza Replicabilidad del programa de recuperación de inmuebles patrimoniales para vivienda social

112 116

claudia candia arévalo

Medidas de protección al patrimonio arqueológico hallado en faenas

120

juan pablo espínola gonzález

Bibliografía

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Introducción

Idea Política Pública reúne veinte reflexiones escritas por estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile sobre desafíos contingentes de la arquitectura, la ciudad y el territorio, todos ellos desde la perspectiva de las políticas públicas. Estas ideas de vivienda, movilidad, patrimonio, sustentabilidad, espacio público, suelo y equipamiento son acompañadas por siete entrevistas a destacados profesionales relacionados a los ámbitos de la economía, el periodismo, la ingeniería, la sociología, la arqueología y la psicología.

Luego de décadas de dificultades económicas y transformaciones políticas en Chile, como el largo camino al desarrollo, el constante desafío por superar la pobreza, los múltiples ensayos políticos del siglo XX y reciente empoderamiento de una sociedad civil más informada, educada y crítica, sitúa al país en una encrucijada sobre qué camino seguir. Ello se hace evidente ante las claras transformaciones demográficas, sociales y económicas, que demandan cambios fundamentales en nuestra política pública. Ello sustenta la urgente necesidad de revisar la pertinencia de las acciones del Estado y los gobiernos para atender las necesidades de su población.

En este momento es necesario ampliar el espacio de opinión e incidencia del arquitecto en estas materias, promoviendo su participación activa en el diseño de estas políticas. Este ejercicio requiere entender – 6 ­–

la compleja dinámica de la ciudad y los múltiples actores que inciden en los distintos ámbitos del hábitat y el territorio.

Para conseguir esto, es clave relevar la importancia del proceso de adaptación del lenguaje críptico al que estamos acostumbrados, a una comunicación efectiva independiente del interlocutor; la formación en áreas del conocimiento como la economía, ciencia política y gestión pública para la conceptualización de las políticas públicas; y el desarrollo de una visión crítica sobre su medio.

Así este proyecto pretende humanizar la política pública acercándola a una discusión efectivamente abierta y democrática; marcando el acento en el uso de un lenguaje transversal para abordar problemáticas cotidianas que impactan en el espacio físico. Esto facilitaría la comprensión de los fenómenos, ya que poseen una dimensión física que somos capaces de ver y juzgar, ya que la gente ve guetos verticales y congestión vehicular, pero no puede ver impuestos o inversiones mixtas.

Ello es indisoluble de la adquisición de conocimientos fundamentales para la política pública, como entender la distribución de los recursos en un medio escaso, el equilibrio del poder, su administración, representación y la capacidad de planificar, dirigir, controlar y evaluar.

Estos en su conjunto permiten sustentar la ideación de propuestas pertinentes para atender los problemas públicos que se requiera.

Finalmente, la visión crítica es fundamental para reconocer nuestro entorno y sus carencias, de manera tal de no sólo caer en lo descriptivo sino que a la vez entender cómo sería posible mejorarlo.

Este libro es el resultado de un proceso de análisis crítico del escenario actual y sus posteriores propuestas en el marco de la etapa formativa del arquitecto. Son veinte ideas en una publicación de fácil lectura que explora problemáticas multisectoriales que buscan ser debatidas ampliamente por la sociedad y sus diversos actores.

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Pablo Larraín Presidente Asociación de Oficinas de Arquitectos

Como Asociación de Oficinas de Arquitectos, una de nuestras principales tareas es contribuir a un desarrollo armonioso del país, por lo que la búsqueda de instancias para avanzar en la planificación urbana es esencial para lograr esta difícil tarea. Este proceso no se debe considerar como un tema sectorial, sino como uno transversal que supone la integración de todas las áreas de Gobierno en este proceso. Se debe considerar el transporte, la seguridad, el combate a la segregación y la integración social, la no discriminación y la igualdad de oportunidades, entre otros factores. Con esta información, la gobernanza del proceso debiera converger en una institución con conocimiento técnico para liderar: especialmente en nuestras conurbaciones, este organismo integrador aún no se define con claridad.

Puede ser difícil dimensionar todas las aristas que se ven afectadas por una pobre planificación urbana. Ejemplo de esto son las falencias que vemos diariamente en nuestras calles. Tanto la segregación social como la escasez de áreas verdes, pasando por la conectividad del transporte hasta la seguridad de nuestros barrios, son ejemplos de la ejecución de políticas públicas deficientes que comprometen a nuestra profesión de arquitectos y urbanistas.

La planificación urbana efectiva, por tanto, debe construirse de forma inclusiva, considerando la opinión de los ciudadanos, el conocimiento – 8 ­–

técnico y profesional de los especialistas, el proyecto de futuro del Estado y la mirada de los privados. Desde esta sinergia, será posible avanzar hacia una propuesta de planificación que contenga un plan maestro para las grandes conurbaciones, haciendo énfasis en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo de infraestructura y servicios para el crecimiento de las urbes y el país.

Hacer converger todas estas visiones significa poder exigirle responsabilidad civil al Estado, a los habitantes y al sector privado, evitando realizar inversiones socialmente ineficientes. Apuntar la densificación hacia zonas adecuadas, bajo normas operativas, eficaces, dinámicas y adaptables, que puedan explotar todo el potencial de un barrio o de una ciudad es un buen ejemplo de este proceso virtuoso. El llamado es, entonces, a hacer partícipes a todos los actores de nuestra sociedad. Es urgente entonces contar con una política de Estado de planificación a largo plazo, que se haga cargo del replanteamiento y planificación de nuestras ciudades y determine la institucionalidad que debe acompañar este proceso.

El desarrollo del país depende, en gran parte, de idear e implementar políticas públicas que no se construyan sobre la marcha, que solo pongan en valor ciertos intereses dejando de lado la gran variedad de aristas a considerar o que se guíen enteramente por el clamor ciudadano. Es necesario pensar responsablemente en las consecuencias que puede traer frenar un proyecto, oponerse a nuevos desarrollos o influir en la autoridad para que restrinja las normas de urbanismo y construcción de forma tal que se coarten las oportunidades de acoger a nuevos ciudadanos, avanzar en la implementación de infraestructura de calidad y propiciar un crecimiento sostenible.

Los arquitectos tenemos como tarea el transformarnos en articuladores del futuro, en ser partícipes centrales del proceso de convergencia que supone integrar las necesidades expresadas por los habitantes de nuestras ciudades, las metas que se impone la autoridad y la información que aportan los profesionales y técnicos del área.

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Alberto Texidó Presidente Colegio de Arquitectos de Chile

Un mejor hábitat como responsabilidad de los arquitectos Cuando la Universidad es entendida como una institución con un fuerte rol social, concreto, de alto impacto, convierte su capacidad de reflexión en innovación aplicada para un país que tiene multiples desafíos donde muchos de ellos son absolutamente urgentes. Es en esa Universidad donde las disciplinas que trabajan con el mundo material, como la ingeniería, la arquitectura, la construcción y la geografía operan sobre el medio natural y construido, entendiendo que el mayor desafío es generar prosperidad y calidad de vida, equidad y oportunidades con un uso eficiente y sostenible de los recursos materiales, en una biosfera que tiene limites concretos de capacidad de carga. Este desafío de desacoplar nuestro continuo aumento de prosperidad y bienestar con los impactos que produce ese crecimiento en el ambiente es una tarea donde profesores, investigadores y estudiantes y profesionales arquitectos, ingenieros, químicos, biólogos, médicos, economistas, antropólogos, geógrafos, entre otros tienen que concentrarse.

Las ciudades son escenarios donde podemos y debemos experimentar las soluciones que hagan sostenible nuestras acciones como profesionales para de esa forma garantizar un mejor futuro para las siguientes generaciones. La enseñanza de la arquitectura se basa en un modelo de laboratorio, de pruebas, y esta aproximación metodológica – 10 ­–

debe usar la ciudad y el territorio como su espacio de pruebas, de creación aplicada. Esos problemas asociados a los asentamientos humanos son lo suficientemente desafiantes como para inspirar a generaciones de estudiantes, a mejorar nuestra infraestructura urbana, sus edificios, los servicios públicos y privados, la manera en que diseñamos arquitecturas de información, modelos de gestión y negocios, flujos de materiales reutilizables y las leyes y normas que regulan nuestra convivencia, en definitiva diseñando mejores espacios para vivir nuestras vidas cotidianas.

Acompañar la propuesta de mejores lugares para vivir desde la arquitectura con las políticas públicas genera desafíos muy interesantes y fundamentales para elevar y garantizar la calidad de vida de sus habitantes. Es por eso que se propicia este proyecto editorial desde el curso de Políticas Públicas y Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile como un espacio rápido de convergencia y discusión de visiones, y donde hoy vemos resultados que abren el campo de soluciones, amplían las posibilidades de cómo resolver problemas de habitabilidad, sustentabilidad, equidad territorial, valoración del patrimonio, servicios e innovación urbana entre otros y nos iluminan a pensar como nuestra ciudad y territorio pueden ser mejor, de manera concreta, entusiasmante y muy inteligente al enfocarse en la raíz de las propuestas presentándolas en código de idea de política pública.

Como Colegio de Arquitectos de Chile agradecemos la energía, capacidades y arrojo con que este equipo docente liderado por Juan Pablo Urrutia y estudiantes de tercer año de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Chile elaboraron las 20 ideas de política pública que se presentan en este libro, propuestas para una mejor arquitectura, ciudad y territorio, porque solo así podremos encontrar ideas, proyectos, soluciones y problemáticas a enfrentar que vayan abriendo el camino en un lenguaje amplio, comprensible e influyente para construir un hábitat más amable, prospero, inclusivo y sostenible.

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Integralidad como nuevo enfoque Juan Pablo Urrutia, Nicolás Valencia, Consuelo Araneda y Martín Álvarez

En el ámbito de las políticas públicas en Chile estamos acostumbrados a identificar y enfrentar los problemas de la sociedad desde una mirada monosectorial. En un genuino intento por aislar las variables y así hacer más fácil su comprensión, la mirada se limita a abordar los problemas sectorialmente simplificando el número de factores a considerar.

Esta situación no solo genera una brecha entre la dimensión real de lo estudiado y el modelo abstracto construido en su análisis previo a una intervención, sino también en las respuestas formuladas. Son conocidos los casos en que sobre un mismo lugar operan distintos programas desde diferentes ministerios buscando atender un conflicto indivisible pero persiguiendo incluso objetivos contrapuestos, un caso que ilustra esta situación son las ayudas que presta el programa Fondo de Solidaridad e Inversión Social (fosis) del Ministerio de Desarrollo Social para el mejoramiento de viviendas focalizado en la consolidación de redes familiares para superar la pobreza, mientras que al mismo tiempo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ofrece soluciones habitacionales que fomentan la atomización familiar y relocalización, grupos que a la vez se ven beneficiados por inversiones de obras públicas a destiempo de las intervenciones en vivienda y que, en general, persiguen propósitos macroeconómicos por sobre los comunitarios y locales.

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Es necesario comprender que los problemas que debe atender la política pública son aquellos que afectan a las personas. Sin embargo, corresponde también considerar que estos dilemas cobran sentido cuando se logra incorporar el contexto donde están ocurriendo, es decir, comprender su situación espacio-temporal. Ello implica la integración de dos dimensiones que suelen ser descartadas tanto en el análisis previo como en la formulación de propuestas y que desconocen el carácter dinámico de los fenómenos relativos a los asentamientos humanos.

La primera dimensión es el contexto espacial, entendida como el territorio y sus respectivas variables; la segunda es la temporal, representada por el momento específico en el que suceden los conflictos. Componentes transversales a toda escala y temática, más allá de las lecturas que cada disciplina pueda realizar.

Al dotar de nuevas capas de información el escenario se vuelve más complejo. Estas dimensiones refuerzan la urgencia de entender el carácter multidimensional de las problemáticas, en contraposición al ejercicio tradicional de formulación de políticas públicas, donde, por ejemplo, instituciones gubernamentales y estatales solo atienden problemas aparentemente exclusivos de sus campos de acción. Es imperativo entonces considerar un enfoque integral en la formulación de políticas públicas.

Se podría vislumbrar entonces que se requiere de un enfoque multisectorial, dado que este resolvería todas las aprensiones ya descritas. Ello no resultaría tan fácil como parece por la simple razón que su naturaleza integradora es precisamente su principal debilidad, ya que supone el trabajo conjunto con otras disciplinas con visiones, lenguaje y maneras diferentes de comprender los fenómenos. Como personas, nuestra formación educativa obligatoria fomenta una visión parcelada del conocimiento y la resolución unidimensional de los problemas, basta pensar en la estructura y organización de asignaturas en la educación escolar para comprender este sesgo formativo.

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No obstante, algunas disciplinas en la educación superior hacen la diferencia contando con modelos formativos integradores no sólo de distintas áreas del conocimiento, sino que también incorporando competencias procedimentales y actitudinales a la vez. Así es como las disciplinas proyectuales abren una oportunidad al estar estructuradas como espacios de articulación e integración de diferentes saberes, habilidades y actitudes.

Por ejemplo, la arquitectura como área de conocimiento no pertenece exclusivamente a las ciencias exactas, las humanidades o los conocimientos técnicos. En cambio, la formación en arquitectura las considera dentro de su campo de acción. Esto la sitúa en una posición privilegiada de articulación disciplinar, condición que determina una característica intrínseca en el quehacer de los arquitectos.

Además, en las disciplinas proyectuales la pregunta que lidera la creación de conocimiento no es por qué las cosas son así, sino cómo deberían ser. Esta caracterización naturalmente ayuda a desarrollar un enfoque propositivo y proyectual, siempre asociado a un contexto territorial y temporal específico. Validado esto, se entiende el potencial articulador de nuestra disciplina, que no es necesariamente sólo a través del diseño de una edificación entendiendo que la labor del arquitecto abarca ámbitos mucho más allá del proyecto, como por ejemplo la planificación territorial, la gestión socio cultural, la protección del patrimonio entre muchos otros ámbitos de desempeño.

La articulación de áreas y niveles de intervención nos entrega una herramienta que permite y facilita el camino hacia un entendimiento de las políticas públicas no sólo basadas en las personas, sino también en su dimensión territorial y temporal. Un buen ejemplo de ello son las zeis (Zonas Especiales de Interés Social) en Brasil o los pui (Proyectos Urbanos Integrales) de Colombia en donde la política está diseñada para atender graves problemas sociales pero con la capacidad de ajustarse a las necesidades y condiciones específicas de cada lugar.

En estos ejemplos la estrategia está en la articulación de normativas, – 14 ­–

programas, inversiones y mecanismos de gestión desde los órganos del Estado asociados a la Vivienda, Obras Públicas, Transporte, Salud, Seguridad y Educación entre otros, que en conjunto rehabilitan áreas de la ciudad en deterioro y sumidas en patologías urbanas.

Estos casos internacionales clarifican la necesidad de entender los problemas públicos desde su dimensión territorial y espacial, es por ello y que a modo de ejemplo sobre la esencia multidimensional de las problemáticas aquí abordadas, se decidió manifestar a través de una serie de fotografías en la presentación de cada capítulo. De esta manera hacer evidente que en un mismo territorio están presentes múltiples variables imposibles de disociar entre sí. Para ello se escogió la franja comercial en torno al eje de la Alameda de la comuna de Estación Central, lugar que durante el año 2017 ha levantado la discusión pública respecto de la arquitectura y el desarrollo urbano.

Este escenario con urgencia de contar con propuestas multisectoriales y aventajado para los arquitectos desde un punto de vista disciplinar, ayudaría a entender las políticas públicas como un instrumento que estudia y atiende efectivamente los problemas de una sociedad sin desconocer su dimensión más dinámica y concreta: la ciudad, el hábitat y el territorio.

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Vivienda

Imagen: Estación Central, Santiago Juan Pablo Urrutia, 2017

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Entrevista

Slaven Razmilic Economista UC, Máster en Desarrollo Urbano MIT, Investigador CEP

¿En qué debería avanzar Chile en materia de vivienda?

No avanzaremos lo suficiente en temas de vivienda mientras no integremos y coordinemos adecuadamente la política de vivienda con la regulación urbana y la planificación urbana. Ya sea que avancemos hacia una completa integración o al menos que tengamos conciencia de lo que hacemos en materia de regularización y planificación.

Entenderlos como conceptos separados o tratarlos de manera aislada, redunda en una serie de problemas que no anticipamos y que terminan por obtener resultados que no son los que estamos buscando.

Ejemplo de ello son, a mi juicio, dos de los problemas más difíciles de responder hoy: uno es el caso de los campamentos, ya que la cantidad de residentes no sólo se mantiene, sino que empezaron a aumentar y otro es la necesidad de regenerar las áreas con condominios sociales en barrios segregados, con pésima conectividad y con mayores concentraciones de pobreza.

Tenemos algunas ideas al respecto y podemos perfeccionar los – 18 ­–

instrumentos en términos de atacar el allegamiento y el acceso a la vivienda. Tenemos mecanismos de financiamiento que mejorar, pero eso está relativamente encaminado, sin embargo el stock construido, los condominios sociales de las zonas segregadas críticas y por otro lado, los campamentos, son áreas en las que tenemos que avanzar y que sabemos poco cómo incidir. ¿Qué actores deben incidir en esas transformaciones?

Hay dos actores que han jugado un papel secundario y que tendrían que llevar un rol mucho mayor: la sociedad civil y los gobiernos locales. ¿Por qué? Esto viene de la separación de la política urbana y la política de vivienda. Tenemos un sistema de gobierno que se manifiesta en el territorio de manera centralizada y completamente fragmentada en términos sectoriales. Entonces, tratamos de resolver los problemas desde Santiago con políticas sectoriales que no se coordinan. Para resolver la situación de los campamentos y lograr regeneración de áreas de condominios sociales, es necesario trabajar coordinadamente.

Hay que descentralizar territorialmente e integrar sectorialmente. Esto significa acercarse al problema desde los gobiernos locales, regionales o –idealmente– desde gobiernos de ciudad particularmente en áreas metropolitanas; integrar sectorialmente a nivel local. Eso ayudaría a gatillar acciones que impulsen la regeneración de zonas postergadas y también evitaría la formación de nuevos campamentos.

Vinculado a esto último está el segundo actor que es la sociedad civil: establece lazos, arraigo con el territorio, vínculos y dinámicas sociales que desde el Estado jamás vamos a poder entender, no tenemos tiempo ni capacidad de involucrarnos en periodos largos con las familias. Los que mejor pueden entender eso son los que están cerca, las propias comunidades y las distintas ongs y fundaciones que trabajan hace años con las familias y que pueden acompañarlas en un proceso con más comunicación y mayor participación.

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Financiamiento habitacional vía fondos de pensiones Martín Busel Niedmann

La vivienda es uno de los bienes más importantes que las personas llegan a poseer siendo esta además, determinante en su calidad de vida. Por otra parte, Chile ha sido pionero a nivel mundial con las administradoras de fondos de pensiones (afp), las que abordan una arista crítica para las personas cuando éstas terminan su etapa laboral, sus pensiones y/o ahorros. En este sentido la presente reflexión plantea hacer un cuestionamiento en torno a una visión de modelo económico y su representación en algunas de las principales posesiones que determinan la calidad de vida de los chilenos, las viviendas y sus pensiones.

Una de las características de este sistema previsional es que los fondos están encapsulados en las afp, ya que por ahora legalmente no se pueden extraer sino hasta que se jubile la persona, es decir, disponible desde los 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres, momento en que se irá liquidando paulatinamente el dinero acumulado. Además, es importante destacar la alta rentabilidad de – 20 ­–

estos fondos y las comisiones que cobran las afp por el servicio de administración. Por otra parte la adquisición de viviendas se aborda a partir de la capacidad de liquidez de las personas para poder comprar estos bienes raices, la rentabilidad de estos y los costos asociados a contraer créditos hipotecarios.

Una persona que cotiza para generar un ahorro de modo de lograr una pensión que le permita tener una buena calidad de vida en la vejez requiere, por otra parte de liquidez para lograr adquirir uno de los bienes más importantes de su vida, una vivienda. Bajo este paradigma, pareciera surgir una pregunta natural de muchos chilenos: ¿Por qué pedirle prestado dinero a un banco si te lo puedes prestar ti mismo?

Claro, si cuando eres joven lo que no tienes es liquidez, pareciera inconsistente tener que pedir más dinero (créditos hipotecarios) a la banca cuando en realidad tienes dinero bajo el colchón (fondos de afp ). En este sentido, se ahorra al mismo tiempo que se adquiere una deuda hipotecaria, por lo cual se pagan las tasas de interés de los créditos hipotecarios y las comisiones para administrar los ahorros, las cuales se deben pagar independiente de si generaron utilidades en el último mes.

Uno de los principales contraargumentos ante la posibilidad de extraer los fondos de pensiones es que, ante una mala administración por parte de las personas, el Estado deba hacerse responsable de los gastos que requieren esas personas durante la vejez debido a sus irresponsabilidades financieras. Desde esta perspectiva, para asegurar que el fisco no asuma las consecuencias económicas, se ha propuesto que el Estado cuente con su propia afp. En un mejor escenario, se plantea que se permita el retiro de estos fondos para la compra de bienes raíces, ya que históricamente estos tienen la característica de ser una inversión menos riesgosa.

Como antecedente, según el Centro de Estadísticas de la Superintendencia de Pensiones de Chile, más del 40% de los cotizantes tiene sobre 10 millones de pesos en su fondo de pensión y sobre – 21 ­–

Vivienda social, Santiago Elías Parra, 2017

el 20% de los cotizantes tiene sobre 30 millones. A partir de estos datos se propone la comparación de un escenario ficticio en el cual una persona tuviese que pedir un crédito hipotecario con una tasa de interés del 4%, con un dividendo de $3.000.000 anuales y por un monto total de $40.000.000 (en el caso de que la política propuesta no exista). En las condiciones actuales, esta persona tardaría 20 años en pagar la deuda con sus respectivos intereses (ajustados anualmente a la deuda restante). Paralelamente se presenta el caso comparado en el cual la persona haya podido aprovechar la libertad de esta propuesta teniendo que pedir sólo $30.000.000 ya que los $10.000.000 restantes los retiró de su fondo de pensión anticipadamente. En este escenario la misma persona bajo las mismas variables –excepto por el monto solicitado– se demoraría 13 años en pagar toda la deuda, lo cual conlleva un ahorro de más de 9.000.000 de pesos directamente por no tener que asumir los intereses de ese crédito. En este sentido hay un

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ahorro equivalente a un 90% de rentabilidad de los $10.000.000 que se usaron del fondo de pensión, el que comparado con las rentabilidades de los fondos de pensiones plantea un gran cuestionamiento.

Por otra parte, cabe preguntarse qué pasará con la pensión de esa persona cuando la necesite y no estén los $10.000.000 que usó antes.

Ante ello se puede decir que no sólo ese dinero aún existe y está en la vivienda, sino que ha aumentado ya que ésta podría venderse, lo que traería consigo una mayor liquidez para mantener su calidad de vida viviendo en arrendamiento. Pero además de ello podría ver materializada la plusvalía que se ha acumulado en el bien raíz, que según medios especializados por ejemplo, en Santiago la plusvalía de estos bienes ha crecido en promedio entre un 30% a un 50% en la última década.

Comparar las tasas de crecimiento de los fondos de las afp en los últimos años versus el crecimiento del valor de los bienes raíces, constituyen un gran argumento que permite justificar la conveniencia de esta propuesta. Sin embargo ella considera una gran dificultad, ya que requiere de una reforma general del sistema de pensiones, algo en deuda hasta el día de hoy.

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Mecanismos para mitigar los efectos de la gentrificación Carolina Flores Fenieux

En las últimas tres décadas las capitales de Latinoamérica han experimentado, en distintas intensidades, procesos de regeneración urbana en sus centros históricos, siendo la densificación su principal manifestación.

En el caso de Santiago de Chile, el Estado ha establecido desde los años ochenta, a nivel ministerial y municipal, una serie de políticas públicas económicamente neoliberales, otorgando incentivos financieros y mayores libertades normativas a la edificación inmobiliaria, para así evitar el despoblamiento del centro histórico y contener la rápida expansión urbana del Gran Santiago en los años noventa.

Esta estrategia, aún operante, abarca once comunas pertenecientes al centro y el pericentro de la capital. Como consecuencia, grandes proyectos inmobiliarios han instaurado una nueva configuración espacial a gran escala, incluso destruyendo su legado patrimonial como consecuencia del proceso de renovación.

Como herramienta de planificación territorial, hoy el Plan Regulador Comunal (prc) de Santiago pretende restringir estas transformaciones urbanas, pero sus autoridades —independiente del signo político— aún defienden un modelo de ciudad opuesto al tejido compacto histórico, acentuando la diversidad tipológica ya existente, y generando – 24 ­–

cambios morfológicos importantes en la trama urbana, la escala, la calidad espacial, y por consiguiente, la calidad de vida de las personas.

Uno de los problemas más preocupantes y renombrados con respecto a lo antes expuesto es la gentrificación. El arquitecto, urbanista y académico de la Universidad de Chile, Ernesto López, lo define en “Neoliberalismo, regulación ad-hoc de suelo y gentrificación” como “la imposibilidad o dificultad de los propietarios-residentes que han vendido sus predios al mercado de la renovación urbana, de adquirir suficiente compensación por suelo. Ergo, poder relocalizarse en viviendas nuevas ofertadas dentro de la misma zona”.

Generalmente, las clases populares emigran del centro histórico por las condiciones ruinosas del edificio donde moran; por término del contrato de alquiler; o bien, por una gran asimetría de la información al momento de negociar con compañías inmobiliarias interesadas en el terreno donde sus viviendas se erigen.

En este último caso las inmobiliarias poseen un manejo de información muy superior respecto al potencial valor de la transacción. Los residentes son persuadidos con un monto de dinero que no tiene correlación con el nuevo panorama inmobiliario del sector donde residen. El dinero recibido no les permite comprar una vivienda en el sector. Mientras tanto, la inmobiliaria aprovecha la revalorización del suelo y lo explota para obtener las máximas ganancias posibles.

Para cuantificar la relación entre el valor de venta de las propiedades de los residentes y los precios de viviendas ofertadas por las inmobiliarias, veremos el caso de la calle Santa Isabel en la comuna de Santiago.

En 2014 Ernesto López, Daniel Meza e Ivo Gasic plantearon que un 49% de los propietarios-residentes no podía costear una vivienda de relocalización en el mismo sector con el dinero obtenido por la venta de su propiedad. Otro 32% no podía relocalizarse en el 90% de los departamentos ofertados.

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Después de la transformación de Santa Isabel, la municipalidad de Santiago ha ajustado las normas, estableciendo menores coeficientes de constructibilidad, limitando la altura, e incluso creando zonas de conservación. No obstante, al establecer zonas con una normativa más restrictiva, la regeneración urbana se desplaza hacia otras comunas con normativa más permisiva.

Sabemos que la especulación inmobiliaria se da gracias a una serie de normativas que lo permiten, y que la planificación urbana podría llegar a ser más democrática si la organización política y jurídica lo dispusiera así. De esta forma, la respuesta contra la gentrificación, si bien no es sencilla, sabemos que siempre pasará por la regulación y nuevos instrumentos normativos y financieros de la ciudad.

Como solución, se propone un plan compuesto por tres principales puntos. En primera instancia la protección a residentes a través de un asesor vecinal que reduzca la asimetría de información. Al igual que la inmobiliaria, el residente debe tener un mejor dominio del real valor de la vivienda y de las posibilidades económicas que tiene en el mercado.

El segundo punto es la internalización del costo social que genera la gentrificación. Para esto, se crearía un impuesto por cada persona desplazada, cuyo valor sería fijado por un estudio de mercado para garantizar que el monto de la indemnización sea acorde al perjuicio provocado a los desplazados. El dinero recaudado ayudaría a subsidiar la relocalización de antiguos residentes, financiar asesor vecinal y proyectos de índole social.

De esta manera, aquellos interesados en construir grandes proyectos en zonas centrales, tendrán que asumir también el costo social que están provocando al desplazar a los vecinos originales.

El tercer y último punto es el establecimiento de incentivos fiscales para aquellos proyectos de mayor interés social. Entre estos se inclui– 26 ­–

Estación Central, Santiago Juan Pablo Urrutia, 2017

rían proyectos residenciales de bajo costo para residentes desplazados y proyectos que incluyan un espacio de carácter público o de propiedad común dentro del conjunto de viviendas. Estos espacios deberían contar con acceso desde la calle, y pasarían a ser un bien nacional de uso público, esto, a modo también de resguardar al conjunto habitacional de futuros proyectos inmobiliarios.

Más allá de ver la gentrificación como un tema de números y desplazamientos, es importante entender que estamos hablando de personas, empresarios, residentes, compradores y vendedores. Somos nosotros, los ciudadanos, quienes construimos las dinámicas entre habitantes. Si el neoliberalismo establece un mercado que se basa en la libre competencia, es necesario promover políticas que nos eduquen con el objetivo de comprender la ciudad como un lugar que compartimos, un lugar que aprendimos a gestionar, pero que ahora, sin embargo, le debemos respeto.

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Una propuesta multidimensional para erradicar campamentos Cristian Piña González

En Chile aún no existe una política pública que apunte directamente a la erradicación de los campamentos. Tampoco existe un catastro estatal sobre esta condición, siendo este uno de los principales impedimentos para la regulación de esta situación. De hecho, las limitadas oportunidades que existen para acceder a la vivienda definitiva han hecho que el número de familias aumente.

En 2011, según la organización Techo Chile, existía un universo de 27.378 familias viviendo en campamentos en todo el país. Cinco años más tarde, la cifra llegó a 38.770 familias. A esto se deben sumar las pocas oportunidades que se tiene en Chile para salir de esta situación.

En el caso de la familia chilena, estas pueden acceder a un subsidio de arriendo por dos años, mientras que la tramitación a la vivienda definitiva es de cuatro años, por lo que se enfrentan a los flujos del mercado inmobiliario, generando en ellos incertidumbre y tendencia a volver a los campamentos. Cuando se trata de familias migrantes se – 28 ­–

necesitan en cambio cinco años de residencia para acceder al subsidio a la vivienda. Quienes no cumplen con este requisito y no disponen de recursos ven en los campamentos una forma de espera o resignación ante el acceso a una vivienda mejor en un futuro cercano.

Una de las problemáticas que arrastra la existencia de campamentos es que bajo los estándares internacionales y los pactos que Chile ha firmado, esto constituye una violación inmediata a los Derechos Humanos y el Derecho a la Vivienda Adecuada, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (pidesc) de Naciones Unidas. Esta situación obliga a Chile a legislar al respecto.

Según el XVI Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (2016), “del universo de familias que viven en campamentos, el 75,8% no tiene un acceso formal al agua potable; el 91,5% no cuenta con alcantarillado; y el 47,6% se encuentra colgado al cableado eléctrico”. Esta situación que empeora significativamente cuando se trata de hogares de familias migrantes, ya que “en estos casos la falta de servicio de alcantarillado y electricidad alcanza un 97,8% y un 62,5%, respectivamente”.

Para acabar con esta situación, el actual gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) cuenta con un Presupuesto de Erradicación de Campamentos. No obstante, el monto asignado disminuye año tras año, ya que aparentemente para el Estado este problema no es prioridad.

Considerando el alto número de familias en esta condición de precariedad, el Estado debe hacerse cargo lo antes posible de esta situación.

Ya no solo basta con dar un subsidio de arriendo, sino hacer visible esta problemática para generar conciencia y fomentar respuestas concretas y diseñadas conforme a las necesidades reales de las más de 30 mil familias que vivían en campamentos el 2016.

La iniciativa propone el trabajo en conjunto de cuatro ministerios para la creación de un programa multidimensional para la erradicación – 29 ­–

Vivienda en campamentos, Santiago Cristian Piña, 2016

de campamentos. Se trata del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación, quienes conformarán una legislación en pos de la mejora de los estándares de vida, el acceso a la vivienda, oportunidades laborales y de emprendimiento.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo se encargará de brindar un Subsidio de Arriendo a la vivienda temporal, que es aquella que brinda cobijo a las familias durante el proceso del subsidio habitacional. Las viviendas arrendadas deberán asegurar servicios básicos, adecuada conectividad e infraestructura educacional y hospitalaria.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social desarrollará un Programa Pro Empleo que incentive a las empresas privadas contratistas del Estado asegurar un porcentaje de trabajadores en vulnerabilidad habi-

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tacional y que se encuentran debidamente alistados en una respectiva base de datos. Mientras tanto, el Ministerio de Educación establecerá programas de capacitación y certificación impartidos por profesionales expertos y calificados para mejorar las competencias laborales de la mano de obra no calificada. Además, se podrá crear un plan de becas para estudios técnicos en Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.

Por último, a través de los distintos programas ejecutados por corfo y pertenecientes al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, se entregarán recursos y capacitaciones a las familias beneficiarias, tales como el Programa Asociativo a la Microempresa, el Crédito Corfo o el Capital Semilla. Estos programas permitirán a las familias en vulnerabilidad habitacional crear nuevos negocios y/o productos manufacturados, que les proporcionarán nuevos recursos económicos para la mantención y el ahorro a la espera de una vivienda definitiva.

Con este programa se mejora la calidad de vida y las condiciones en que estas familias viven, brindando apoyo en los procesos de acceso a la vivienda definitiva como la mantención durante este periodo, generar competencias laborales para un mejor posicionamiento dentro del mundo profesional y crear nuevas fuentes de ingreso a través de micro emprendimiento.

Para lograr lo anteriormente mencionado se debe volver prioridad la situación de campamento por parte del Estado, para poder hacer un catastro total de las familias en esta situación y así poder justificar el aumento del presupuesto de erradicación de campamentos, porque todos debemos tener derecho a vivir bajo un techo que nos brinde confort y nos permita vivir en condiciones dignas.

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Familia indefinida, vivienda definitiva Nicolás Rebolledo Labbé

La estructura de financiamiento dispuesta en la política habitacional chilena se compone de un ahorro de los beneficiarios, subsidio estatal, con preferencia a los sectores socioeconómicos más vulnerables, y un crédito hipotecario, otorgado por instituciones bancarias a los beneficiados (Aguirre, D’Aleçon, Justiniano y Faverio, 2006). Bajo esta fórmula se ha logrado reducir el déficit de viviendas en las últimas décadas, generando una percepción masificada de seguridad ante la posibilidad de obtener una vivienda propia.

Sin embargo, el enfoque cuantitativo de la política ha derivado en el surgimiento de problemáticas asociadas a la calidad y localización de las viviendas. Situación que ha llevado al Estado a tener que crear programas habitacionales adicionales para subsanar los problemas provocados. El presente artículo analiza algunas de las externalidades derivadas de un enfoque cuantitativo y de satisfacción inmediata de la política habitacional chilena, con tal de desarrollar una propuesta desde las políticas públicas y la arquitectura.

No obstante el Estado chileno posee gran reconocimiento por su gestión en la reducción del déficit habitacional. Este se ha basado prin– 32 ­–

cipalmente en una caracterización cuantitativa de la necesidad de “un techo y servicios básicos” (Ducci, 1997). La solución se ha centrado en la satisfacción inmediata a la demanda, simplificando así la carencia habitacional a una problemática rígida que además no considera la proyección de una solución en el tiempo.

Este enfoque ha llevado al Estado a buscar mayor eficiencia en la producción de las soluciones habitacionales, ello ha derivado en que estas caigan en la estandarización masiva, proyectando y entregando viviendas mínimas, homogéneas o estereotipadas en cuanto a la solución físico-espacial, independiente del contexto social, climático o urbano.

Para las familias beneficiadas, las reducidas dimensiones de la construcción acentúan el problema de un grupo familiar que aumenta sus integrantes. Mientras su localización cada vez más alejada de los centros urbanos impide el desarrollo óptimo del hábitat residencial.

Ante esta situación se establece la relación entre las posibilidades de configuración de una familia y su identidad, ya sea al momento de obtener la vivienda, como en su desarrollo en el tiempo, y una solución tipológica de vivienda, evidenciando que, cualquier solución definitiva está destinada a la obsolescencia si no se desarrolla dentro de un marco de planificación residencial.

Si bien no existe un cambio sustantivo en el enfoque de la política habitacional, se ha desarrollado una serie de programas que pretenden solucionar dichas problemáticas. Estos programas podrían situarse en dos dimensiones de solución ante el dilema de la diversidad familiar o su cambio progresivo y la estaticidad o estandarización de la vivienda.

Existen programas que proponen el mejoramiento de las viviendas o entornos residenciales, permitiendo principalmente la posibilidad de ampliación de las residencias, y los programas asociados a la movilidad, es decir, desplazamiento de residentes debido a sus nuevas necesidades.

Los programas que buscan atender la dimensión social de configu– 33 ­–

ración diversa de los grupos familiares frente a sus viviendas, recaen nuevamente en subsidios que sólo intentan reparar las falencias anteriores del modelo, generando un círculo de gasto fiscal en el mantenimiento de viviendas. Menos evidente es el problema de la autoconstrucción en los mejoramientos o ampliaciones de las viviendas, que sin una asesoría técnica y profesional, derivan en construcciones inseguras, desvirtuando el proyecto habitacional inicial, e incluso disminuyendo el valor del inmueble original.

Entendiendo que el conflicto entre la configuración dinámica de las familias y las soluciones habitacionales definitivas provienen del enfoque cuantitativo e inmediato de la política habitacional actual, se propone una perspectiva cualitativa, flexible y progresiva. Este enfoque debe considerar multidimensionalmente los requerimientos habitacionales de las familias, que las entienda como núcleos cuya conformación y necesidades están en constante transformación. Por lo tanto, la solución habitacional debería adecuarse a la realidad flexible y cambiante de la composición familiar.

Este nuevo enfoque se traduce en dos conceptos a implementar. El primero consiste en una asignación temporal de vivienda a familias que cumplan con ciertas características de contexto territorial, funcionales y compositivas. Estas familias podrían optar a la reasignación de la vivienda cada 10 años, y así satisfacer las necesidades de esa etapa en otra vivienda y posibilitar la ocupación de la actual a otra familia.

Cabe señalar que esta propuesta no está en la línea de “satisfacer el sueño de la casa propia”, sino garantizar en primera instancia la satisfacción del hábitat residencial en el desarrollo progresivo familiar.

El segundo concepto a implementar es la autoconstrucción asesorada, la cual se promovería y fiscalizaría mediante un manual de evolución de la vivienda, específico para cada tipología habitacional. Este programa se llevaría a cabo mediante la prestación de servicios de arquitectura y construcción gestionados por las municipalidades, y así aumentar el valor efectivo de las viviendas como también su infraestructura en zonas planificadas para ello.

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Autoconstrucción en vivienda social, Santiago Elías Parra, 2017

En este modelo el crédito queda excluido y el costo de la construcción inicial sería asumido íntegramente por el Estado. Las mantenciones o mejoramientos serían costeadas con una renta mensual descontada en impuestos a los residentes, al igual que las posibles ampliaciones, estas últimas justificadas mediante la actualización anual del Registro Social de Hogares.

Esta renta estaría muy por debajo del precio especulativo actual, ya que no involucra ganancias de privados, sumado a que las viviendas del programa permanecerán en propiedad del Estado, lo que disminuye el costo real de la construcción en la proyección en el tiempo.

Con estas componentes asociadas a temporalidad y autoconstrucción se cree posible una política de vivienda para una conformación flexible de familia.

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Plataforma digital de arrendamiento para inmigrantes Sofía Zúñiga González

Según datos del Departamento de Extranjería y Migración, la población inmigrante en Chile ha pasado de representar el 1,2% del total del país al 2,3% en los últimos 10 años. Esta migración ha causado diversos debates y cuestionamientos sobre cómo regular el ingreso de extranjeros y cómo asegurar condiciones mínimas necesarias para su vida en el país.

Primero es necesario caracterizar al grupo de extranjeros que arriban a nuestro país para establecerse. Según la encuesta casen de 2013 en Chile habitaban 350 mil extranjeros, de los cuales el 33% eran peruanos, 15% argentinos y 13% colombianos, los que en su mayoría se concentran en la Región Metropolitana (235 mil personas). La población inmigrante es mayoritariamente adulta joven (entre 30 y 44 años), el 55% son mujeres y se caracterizan por ser población económicamente activa (pea), siendo aquellos de origen peruano los que perciben los sueldos per cápita más bajos: $210.000 en promedio.

La tipología de hogares en que se constituyen son en un 50% biparentales, 18% monoparentales y 19% unipersonales. Del total, el 63% – 36 ­–

arrienda una vivienda y el nivel de hacinamiento crítico es de un 9% (casen 2013). Esto demuestra que la necesidad de vivienda por parte de los extranjeros en Chile es alta, sobre todo cuando el núcleo familiar está integrado por niños en edad escolar.

Para encontrar un lugar donde vivir se debe considerar diversas variables como la cercanía al lugar de trabajo, ingreso mensual y tipo de estructura del hogar (genérico para cualquier familia). En el caso de los inmigrantes, la primera variable es la más importante y como consecuencia, deben aceptar vivir en lugares que no presentan las condiciones mínimas necesarias de habitabilidad, produciéndose dinámicas de subarriendo de habitaciones y las llamadas “camas calientes”, que es la utilización de una misma cama, por turnos, por dos o más personas dependiendo de su jornada laboral.

En este escenario el problema a enfrentar son las precarias condiciones de las viviendas donde residen inmigrantes con alta vulnerabilidad social por cercanía a lugares de trabajo. Existe una problemática cuantitativa que afecta directamente a los migrantes, que es la falta de viviendas y las malas condiciones de habitabilidad que se tiene. Cabe destacar que esta población es económicamente activa, por lo que está capacitada para arrendar o comprar inmuebles. También una variable importante a considerar es la dimensión social que se refleja en el estigma y marginalidad hacia estas culturas, que como consecuencia tienden a conformar “guetos étnicos”.

Bajo la legislación actual los extranjeros pueden postular a un subsidio habitacional al momento de obtener su visa permanente. Esto es posible únicamente al tener más de 5 años de residencia, sin embargo en un comienzo solo pueden acceder a viviendas sin un estándar mínimo asegurado. En ese sentido, la falta de lugares adecuados para habitar, los largos traslados a sus trabajos, la diversidad en la composición del núcleo familiar y el estigma social que se genera hacia estos grupos son factores decisivos para plantear una iniciativa atingente.

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Inmigrantes en Estación Central, Santiago Cristián Rojas, 2017

Se plantea una política pública que regule el sistema de arriendo y subarriendo de viviendas para inmigrantes, determinando un estándar mínimo de habitabilidad de los edificios donde se localizarán las familias. Además de regular la estructura de precios de los inmuebles y recintos para que su valor sea definido en relación con los ingresos de los inmigrantes.

La propuesta consiste en un incentivo al mejoramiento de viviendas para arriendo de éstas o alguno de sus recintos para inmigrantes. Los pagos del arriendo se realizarán al municipio quien a su vez entregará el dinero a las familias dueñas del inmueble. El municipio actuará como regulador y mediador para evitar las malas prácticas actuales.

El financiamiento de esta política corresponde a un subsidio del Estado, mientras el método de elección de las familias para entregar el subsidio será definido según el tipo de familia, dando mayor relevan-

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cia a familias con pocos integrantes como son los adultos mayores con bajos ingresos que habitan viviendas en mal estado.

Para acceder a este sistema la familia deberá registrarse en una plataforma digital cuyo fin es publicitar la oferta de arriendo, la inscripción de las viviendas y de los residentes extranjeros en el país. Los pasos a seguir por parte de las familias propietarias consisten en inscribir la vivienda, luego realizar un catastro sobre su condición estructural, localización y espacios. Posteriormente toma lugar la adjudicación del subsidio si corresponde, la selección de la familia, y por último, demostrar el uso del recinto o vivienda por medio de un contrato de arriendo. Los inmigrantes extranjeros deben inscribir sus datos personales y postular al arriendo según preferencias particulares para la posterior adjudicación de la vivienda o habitación. Luego se debe realizar una reunión con la familia arrendadora y, como paso final, deberá realizarse la firma de un contrato por plazo definido con posibilidad de renovación.

Al implementar esta política pública ambas partes obtendrán beneficios, por un lado de las familias con vivienda se espera que mejoren el estado de su inmueble, que otorgue un beneficio económico vía los ingresos del arriendo y logren un intercambio cultural por medio de la interacción social con inmigrantes. Por el otro lado, a los inmigrantes extranjeros se les asegura un estándar mínimo de confort habitacional en los lugares donde vivirán y se les abre la posibilidad de contar con ahorros al regularse los costos de arriendo y evitando los comportamiento usureros.

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Suelo

Imagen: Estación Central, Santiago Consuelo Araneda, 2017

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Entrevista

Pablo Trivelli Economista UCH, PhD Economía U. Cornell, Director Magíster Economía Urbana U. Mayor y consultor inmobiliario

¿En qué debería avanzar Chile en materia de suelo?

En el mercado de suelo opera la competencia, en donde los que más pueden pagar se quedan con los mejores terrenos. El mecanismo de mercado es un sistema de racionamiento de la escasez, quienes se quedan con los bienes escasos son aquellos que pueden pagar por ellos. En el mercado de suelo pasa lo mismo, los mejores terrenos son de quienes pueden pagarlos. Por ejemplo, en una comuna como Peñalolén que tenía gran cantidad de viviendas sociales, llegaron las constructoras de barrios cerrados de viviendas de 2.000 y 4.000, y luego 8.000 y hasta 10.000 uf. El precio de suelo aumenta y ya no se pueden construir viviendas para estratos medios/bajos y se trasladan a comunas periféricas porque el suelo es más caro. Sucede en la mayoría de las ciudades chilenas que las nuevas viviendas para hogares de menores ingresos se están construyendo fuera de las ciudades, entonces se produce la paradoja de que el crecimiento económico y la mejora en la cantidad y diversidad de oportunidades que ofrece la – 42 ­–

ciudad, a través del mecanismo de mercado de suelo termina por alejar las nuevas viviendas de los más pobres hacia lugares más distantes de esas oportunidades. ¿Qué actores deben incidir en esas transformaciones?

El Estado, en generar una normativa que sea funcional a una mayor integración social, ya que la expulsión de las viviendas de los nuevos hogares más pobres no se origina solamente por el precio de la tierra, sino que además se exacerba con las normas de planificación. Entonces, como los más pobres y los conjuntos de vivienda social solo pueden llegar en densidades relativamente altas, los alcaldes que no quieren tener pobres colocan normas de densidad baja y así, no entra ni uno.

Con respecto al mercado de suelo, el Estado podría hacer un esfuerzo por recuperar plusvalía: son cifras impresionantes y extraordinariamente altas. En la última reforma tributaria se incorporó una norma en que las personas jurídicas o naturales que reciban más de 8.000 uf de plusvalía pagan un impuesto del 10%. Un proyecto de ley enviado al Congreso establece que los terrenos incorporados por ampliaciones del límite urbano, también deben pagar 10% de las plusvalías. El proyecto es absolutamente extemporáneo porque el problema no es que falte suelo, es poco probable que en las ciudades se expanda el límite urbano, en segundo lugar, es una recaudación minúscula recaudar sólo el 10% de las plusvalías.

También debemos avanzar en la reciente Política Nacional de Desarrollo Urbano, que más que una política de desarrollo urbano es un inventario de temas que son relevantes para una política urbana. La esencia de la naturaleza de lo urbano es lo público, por lo tanto al sector público le cabe un rol central en la conducción del desarrollo urbano.

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Captura de plusvalías generadas por infraestructura de Metro Martín Álvarez Millar

Las plusvalías urbanas se refieren al alza del valor del suelo que experimentan los predios producto de los procesos de urbanización, estas se presentan con características particulares según se señala a continuación (Lincoln Institute of Land Policy, 2013): • beneficio diferencial: las plusvalías urbanas no afectan del mismo modo a todos los predios. La valorización experimentada es distinta para cada predio y depende de diversos factores: cercanía o lejanía al nuevo equipamiento o servicio, accesibilidad a nueva infraestructura, nuevos límites que definan áreas afectas a nuevos marcos u órdenes regulatorios.

• generada por la comunidad: todos los ciudadanos son los que financian los procesos de urbanización (vía impositiva) por lo que toda inversión pública realizada por el Estado es financiada (indirectamente) por todos los ciudadanos.

• apropiación privada: las alzas en los valores del suelo, sin regulación por parte del Estado o municipios quedan capturadas en manos de privados. Es preciso destacar que esa valorización se convierte en ganancia efectiva al momento de la venta del predio.

Dentro de los agentes generadores de plusvalías urbanas es posible establecer una clasificación que identifica tres fuentes generadoras (Lincoln Institute of Land Policy, 2013) – 44 ­–

• soporte físico: equipamientos, servicios, infraestructura vial y de transporte, redes de agua y luz, espacios verdes, entre otros. Estas inversiones realizadas por el Estado son construidas en áreas públicas y no privadas, la generación de plusvalía ocurre cuando los predios adquieren mayor accesibilidad a distintos componentes urbanos.

• cambio en órdenes regulatorios: Los cambios producidos en los marcos regulatorios urbanos (ordenanzas, planes reguladores, entre otros) también generan una valorización del suelo. Esto se produce mediante distintas estrategias que apuntan a aumentar la productividad del suelo: cambios en la zonificación, aumento de los índices de construcción y creación de suelo urbano.

• inversión privada: La valorización puede ser generada por iniciativa privada a través de las mejoras en la calidad ambiental y del vecindario, además de procesos de regeneración urbana.

En este marco es que el presente texto apunta a reflexionar y plantear una política orientada a la recuperación de plusvalías generadas por nuevas redes de metro. La importancia de regular esta materia se sustenta en tres puntos: en primer lugar, existe una condición propia de las obras de metro, que tiene relación con su envergadura y escala, la generación de plusvalías en torno a dichas infraestructuras provoca que una gran cantidad de predios aumente su valor. En segundo lugar, la literatura habla de la recuperación de plusvalías como la fuente que financie los procesos de urbanización, se podría pensar que el mismo proceso de urbanización se autofinancia sostenidamente en el tiempo. En tercer lugar, el dilema ético detrás de las plusvalías urbanas demanda una regulación sobre este fenómeno, el Estado en representación y financiado por todos los ciudadanos (vía impositiva) realiza inversiones sobre la ciudad que generan potenciales ganancias, resulta lógico pensar entonces que dicha ganancia que fue generada por los esfuerzos de una comunidad en su conjunto retorne a la misma.

Como propuesta general se plantea un impuesto inmobiliario a la venta del predio y se definen cuatro estrategias que pretenden captar las plusvalías generadas.

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• Tasación fiscal: resulta imprescindible la correcta tasación y avalúos de los predios. Una labor que le corresponde al Servicio de Impuestos Internos y que permitiría a las autoridades pertinentes manejar un componente del mercado de suelo que posteriormente servirá para calcular el monto que se debe pagar al Estado por concepto de plusvalía urbana.

• evaluación del área de influencia: una vez habilitada la red de metro es necesario conocer el área de influencia sobre los predios.

En el caso de la red de metro se debe considerar el diseño del proyecto, la distancia a la que es accesible caminando en un tiempo menor a 15 minutos y otros factores. La evaluación del área de influencia requiere una definición operacional más precisa que permita definir los predios que van a ser considerados afectos al nuevo impuesto. De esta evaluación derivan las valorizaciones generadas en los predios, afectando de manera diferencial a cada uno de ellos.

• tasación de la plusvalía: una vez definida el área de influencia del generador de plusvalía, es necesario definir en cuánto aumentó el valor de cada predio, es relevante contar como antecedente los avalúos fiscales previos a la inversión en infraestructura. Posteriormente se debiese generar una segunda tasación que evidencia el aumento del precio y será ese monto sobre el que se calculará el porcentaje del impuesto a cobrar. No resulta correcto tasar la valorización tiempo después de generada la plusvalía, ya que la habilitación de una nueva línea de metro trae consigo inversión privada que no debe repercutir en un perjuicio o beneficio económico para el dueño de un predio, no así una inversión pública cuyo financiamiento y posterior ganancia le pertenece al Estado y no a un privado.

• impuesto a la venta: el mecanismo que logra recuperar finalmente las plusvalías urbanas es el cobro de un impuesto a la venta del predio.

Este impuesto opera sobre la base de una tasación fiscal previa a la habilitación del agente generador, y una posterior que evidencia el alza de precio. De acuerdo a experiencias latinoamericanas y europeas – 46 ­–

Terrenos en venta frente al Metro, Santiago Martín Álvarez, 2017

que establecen impuestos inmobiliarios se define la posibilidad de establecer un tributo del 50% de la diferencia entre las dos tasaciones antes mencionadas, a la venta de predios cuyo valor supere las 5.000 uf y sin plazo definido, es decir cada vez que ese predio se venda en más de 5.000 uf se procede a cobrar el impuesto.

Finalmente, estas nuevas herramientas de captación de plusvalías apuntan a la necesidad del Estado de aprovechar las inversiones que son financiadas por todos los ciudadanos, de otro modo, las inversiones públicas y los potenciales retornos de dichas obras e infraestructuras quedan capturados sólo por privados. La constante necesidad de desarrollo de infraestructura de transporte en las ciudades genera urgencia sobre la regulación de estas materias y la escala de los proyectos de infraestructura de transporte, también se observa en la escala del potencial retorno económico que el Estado no está recuperando.

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Incentivos para la activación de sitios eriazos Nicolás Bertoni Bravo

Los sitios eriazos ubicados en el centro de Santiago son un tema que ha estado en cartera por mucho tiempo. Sin embargo, pocas son las gestiones que se han hecho para intentar resolver esta situación generada, entre otros factores, por la especulación inmobiliaria, situación que genera externalidades negativas a la ciudad como la subutilización del suelo y la degradación del espacio público por mencionar sólo algunos. Debido a la poca eficiencia que están teniendo las políticas actuales en torno a este tema es necesario tomar cartas en el asunto.

Las políticas que actualmente rigen en torno a los sitios eriazos en el Gran Santiago son la Ley Nº 17.235 Artículo 8 (impuesto territorial) y la modificación del decreto de ley N° 3.063, Ley N°20.033 Artículo 58 (rentas municipales). Estas leyes no estimulan soluciones, sino que castigan su inexistencia, por ejemplo la Ley Nº 17.235 contempla una sobretasa que se aplica al no uso del predio, pero no se corrige un posible impacto negativo al entorno inmediato. El monto del impuesto no tiene relación alguna con la posible externalidad y tampoco se – 48 ­–

utiliza lo recaudado para atender dicha externalidad. Además existen bienes raíces que generan externalidades negativas, pero no que pagan esta sobretasa. De la misma manera, la Ley N° 3.063 solo se aplica a lugares definidos como “abandonados”, por lo que una limpieza periódica puede eludir la multa.

El estudio “La problemática de los sitios eriazos en Santiago de Chile” (Petermann, 2006) divide los sitios eriazos en terrenos de desarrollo discontinuo artificial y terrenos de desarrollo discontinuo natural.

El primer caso corresponde a los sitios que están disponibles, pero presentan ciertas trabas para su desarrollo inmobiliario tales como regulaciones muy estrictas o cambiantes; un sitio que se encuentre parcialmente en zona de utilidad pública y desincentive la materialización de cualquier proyecto; o bien, simplemente no exista un acuerdo en la negociación entre oferentes y demandantes. Estos sitios generan una degradación del espacio urbano ya que al no tener actividad son “olvidados”, convirtiéndose en focos de delincuencia o en vertederos ilegales o produzcan a nivel estético una discontinuidad en la secuencia de fachadas en la cuadra a la que pertenece.

El segundo caso corresponde a los sitios que están dentro de un desarrollo urbano eficiente, es decir, que hay interés por parte del mercado, pero sus propietarios están esperando el momento óptimo para su venta o construcción. Una de las prácticas más comunes es la intervención de los sitios eriazos con lo mínimo exigido por la ley, de tal manera que su valor aumente con los años llegando a tal punto que los gastos para mantener los terrenos son menores al valor que adquiere año tras año.

A modo de ejemplo, se escogió un sitio eriazo en la comuna de Santiago para este texto y tras una breve investigación se descubrió como aun cuando se está pagando los impuestos territoriales del sitio más la sobretasa, se obtiene una ganancia anual de $19.926.819 de pesos chilenos por especulación. Esto muestra que la sobretasa existente – 49 ­–

La Dominical, Santiago Daily Pousta, 2016

reduce parte de la ganancia pero no incentiva lo suficiente para desarrollar el terreno.

En el centro de Santiago es común ver terrenos baldíos convertidos en playas de estacionamientos. Esto es un ejemplo de la subutilización del suelo a la que están sujetos ciertos sitios eriazos en posiciones de alto interés inmobiliario. Lo que se observa en la realidad son terrenos, cuyos propietarios evitan el pago de impuestos territoriales, debido a los vacíos comprendidos en la legislación vigente. En estos sitios se levanta una caseta de guardia y se cierra el perímetro, así se elude el pago de impuestos territoriales y las rentas municipales, respectivamente, pues eluden la categoría de “sitio no edificado”.

La política actual requiere modificarse y junto a ello definir nuevas propuestas de políticas centradas en los incentivos.

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Para tales fines se presentan 3 propuestas: Ley de Expropiación: otorga un plazo máximo de 10 años para el desarrollo urbano del terreno, previo acuerdo entre la municipalidad y el dueño del terreno, según permita el respectivo plan regulador. De no cumplirse en el plazo estipulado, el terreno podría ser gestionado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (minvu), y luego pasen a la fiscalía o a manos del juzgado local para ser rematados.

Normativa Ley de Primer Piso para Santiago Centro: erradicación de estacionamientos en primer piso para sitios eriazos. De este modo, se evita la apertura de estacionamientos para evitar el correspondiente pago por sitio eriazo.

Ley de Acción: incentivo fiscal a la creación de huertos, barrios, plazas, ferias y eventos temporales gestionados por propietarios del terreno, con permiso y ayuda municipal para vincular distintos actores públicos y privados interesados en participar. Este incentivo se traduciría en la reducción del pago de impuestos. Un ejemplo que inspira esta propuesta es el caso de La Dominical, un proyecto de activación urbana temporal que tomó un sitio eriazo en Providencia y lo transformó en un lugar que incentiva a la cultura y a los microempresarios con foodtrucks. Un proyecto temporal pero con gran impacto en su entorno.

Estas propuestas pretenden sacar partido al potencial de los terrenos baldíos en Santiago, terminando con la degradación del espacio urbano ocasionada por problemas de regulación. Esto también busca terminar con la especulación desmesurada en desmedro del contexto urbano y lograr que la subutilización del suelo se restrinja y se promuevan proyectos que involucren al barrio y el buen uso de los espacios.

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Cuotas de espacios colectivos y vivienda de interés social en zonas densificadas Patricio Muñoz Baeza

En la década de 1980, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ( minvu) puso en marcha un proyecto de política pública para generar renovación urbana con el objetivo principal de repoblar las zonas centrales y pericentrales del Gran Santiago. El proyecto buscaba promover el desarrollo equitativo de la ciudad y revitalizar sectores deprimidos, revirtiendo así el proceso de deterioro que traía consigo.

En las comunas del Gran Santiago que formaban parte de este plan vivían principalmente personas de estrato socio-económico medio, medio-bajo y bajo. Las comunas seleccionadas eran: Renca, Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Santiago Centro, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Joaquín.

Este proyecto se concretó en tres objetivos específicos: (1) promocionar Santiago Centro como una mejor opción de vida; (2) atraer promotores inmobiliarios dispuestos a invertir en la producción de metros cuadrados para nuevos habitantes; (3) atraer a nuevos habitantes de otras clases socio-económicas (medias, medias-alta y alta).

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Estos objetivos se materializaron con el Subsidio de Renovación Urbana, un subsidio estatal otorgado una única vez por beneficiario para la compra de una vivienda económica nueva localizada en el área de renovación que se había delimitado. El subsidio está dirigido a las familias de sectores medios que están dispuestas a vivir en la zona y que cuentan con la capacidad económica para acceder a un crédito hipotecario.

Sin embargo, nunca se imaginaron las consecuencias urbanas a mediano y largo plazo derivados de la aplicación de esta política. En los últimos 10 años llegaron a Santiago Centro 100.000 nuevos habitantes y ahora podemos observar altísimas tasas de densificación, las que han generado efectos socio-urbanos como la gentrificación, saturación de infraestructura urbana y las presiones inmobiliarias al aparato administrativo (Planes reguladores, municipalidades, serviu, entre otros) para otorgar condiciones normativas favorables a la construcción.

Esta nueva configuración de la ciudad no ha logrado la esperada integración social entre nuevos y antiguos vecinos. Peor aún, las nuevas torres residenciales no han sido capaces de generar barrios verticales o tejidos sociales robustos y duraderos. Cualquiera que haya entrado a una torre en este proceso de densificación puede reconocer el mismo patrón: volúmenes ocupando la totalidad del área construible y usando los pisos como mero acto de maximización de las unidades de vivienda con medidas mínimas para dimensionar tanto los pasillos, las escaleras, zona de espera del ascensor e incluso la recepción. Mientras el espacio colectivo para los residentes está supeditado a un gimnasio, una piscina o un quincho que en algunos casos incluso es necesario tener que pagar para utilizarlos.

En el actual proceso de densificación no existe la posibilidad real que permita la interacción entre habitantes para la creación de una comunidad y/o barrio.

En respuesta se propone una Nueva Política de Renovación Urbana – 53 ­–

Integrada, sin dejar de lado el proceso de densificación y repoblamiento de sectores centrales y pericentrales del Gran Santiago. Esta política estimularía la creación de espacios públicos internos para la promoción de la interacción social. Esta iniciativa también permitiría que vecinos de sectores socioeconómicos medios y bajos tengan la posibilidad de permanecer en estos nuevos proyectos sin temer por el desplazamiento que genere la venta de los inmuebles de los que son propietarios o arrendatarios.

Una primera política para una nueva renovación urbana consiste en promover la inclusión de un 25% de espacio colectivo en cada edificio (ascensor, terrazas, sala común, extensión del pasillo, etc.) según el total de metros cuadrados totales de cuatro pisos seguidos. Este porcentaje equivaldría a un piso completo en edificios cuya altura califica como construcción residencial en altura. Si un proyecto inmobiliario cumple con las exigencias podría superar la altura y superficie máxima permitida construyendo un piso más por cada tramo de cuatro pisos más espacio colectivo.

Además en esta misma línea, se plantea la idea de que la torre en su planta baja debería otorgar un porcentaje de su predio para espacio público. Esto puede solucionarse retranqueando el edificio, reubicando zonas de acceso o contemplando zonas subterráneas o en altura para uso público. A mayor porcentaje de cesión de espacio público, mayor sería la constructibilidad permitida a la inmobiliaria.

Ambas medidas tienen un incentivo complementario para poseer mayor constructibilidad, según la cantidad de espacio público a nivel de suelo más la de espacio colectivo en altura que presenten. Si se construye con mayor altura, mayor debe ser la interacción social al interior del mismo edificio y con la comunidad del barrio en el que está inserto.

Una segunda política tiene que ver con establecer una fórmula que detenga los actuales procesos de desplazamiento de residentes ori– 54 ­–

Santiago Centro Alobos Life, 2013

ginales e incentive una renovación urbana verdaderamente integrada inclusiva, al incorporar cuotas de vivienda social (def. según normativa: 400 uf y menor a 140 m2 construidos). Esta fórmula exigiría que la vivienda social de cada proyecto (máximo 30% de la superficie total) deba estar integrada en los distintos niveles de la edificación. En esta fórmula se garantiza que a mayor el porcentaje de unidades de vivienda social, mayor sería el aporte financiero del Estado al proyecto inmobiliario, el que iría más allá de los subsidios correspondientes a la vivienda social.

De esta forma se cree que es posible contar con una política de renovación urbana mucho más consciente de su entorno e inclusiva socialmente, con claros incentivos de aporte al espacio colectivo y público junto a la posibilidad de integrar diferentes clases sociales en cada proyecto.

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Políticas de derecho y reclamación territorial mapuche Felipe Soto Romero

Cuando se habla del conflicto mapuche muchos remiten el problema a tiempos de la conquista española. Sin embargo, en gran parte el origen del problema actual se remonta al periodo llamado ocupación o pacificación de la Araucanía (1860) y, en este sentido, las responsabilidades caen principalmente en el Estado chileno que no ha sido capaz de reconocer a sus pueblos originarios como soberanos, desconociendo sus necesidades, cultura y derechos.

La pacificación de la Araucanía fue la ocupación por parte del Ejército de tierras en una zona que hasta el momento se consideraba rebelde.

Una vez conquistadas, estas tierras fueron entregadas a colonos, o bien, vendidas y rematadas por el Estado. Como este proceso fue lento y complejo, se facilitó además la ocupación ilegal de tierras indígenas por parte de particulares, pasando por alto títulos de merced de más de doscientas comunidades indígenas.

Los títulos de merced consistían en títulos que otorgaban soberanía a las comunidades mapuche, símbolo de que la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche no siempre fueron del todo malas.

Sin embargo, en 1927 –por medio de la promulgación de una ley– se divide a predios los títulos de merced aún vigentes, asignándose de forma particular.

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El territorio mapuche quedó reducido a 500 mil hectáreas, de 10 millones que originalmente poseían, dejando a unos 33 mil indígenas sin tierras. Este proceso atentó contra las costumbres y dinámicas espaciales del pueblo mapuche, provocando conflictos internos y decantando en un empobrecimiento progresivo de la cultura mapuche.

El conflicto hoy radica en la propiedad de las tierras, que en la actualidad pertenecen principalmente a industrias forestales o de energía, y se ubican mayoritariamente en las provincias de Cautín y Malleco.

Además del choque con la actividad productiva y “desarrollo económico” del Estado.

Por otro lado, están las facultades limitadas de la Corporación de Desarrollo Indígena (conadi), organismo creado tras la vuelta a la democracia para velar por el desarrollo de las etnias originarias.

Esta funciona principalmente como un agente subsidiario para la compra de tierras mediante el Fondo De Tierras y Agua (fdta), fondo que también se destina para mejorar la calidad de vida en dichas tierras.

Sin embargo, únicamente puede actuar sobre tierras que el Estado ya reconozca como indígenas, tramitación que se ve entorpecida por la propiedad del suelo y la especulación en torno a su valor monetario.

Del mismo modo, el proceso de asignación de tierras es deficiente, pues no garantiza la calidad de estas. Estudios de la Universidad de la Frontera señalan que el 60% de las tierras entregadas se encuentra en desuso. Esto se explica en parte porque estas tierras no son habitables ni productivas y en algunos casos no cuentan con servicios básicos, o han sido subdivididos excesivamente, o bien, por la actividad forestal colindante.

Podemos así sintetizar el problema en un enfoque históricamente errado de las políticas del Estado para la solución del conflicto, donde se ha priorizado la productividad de la tierra por sobre su valor cultural, sin salir de la lógica de mercado y entendiendo el conflicto como un problema de superación de la pobreza que considera la tierra solo – 57 ­–

Ruca mapuche, Araucanía Pablo Trincado, 2009

como un bien económico. Por otro lado, no se abordan conceptos como soberanía ni territorio, ni se plantea la posibilidad de reconocer la autonomía del pueblo mapuche o reconocerlos como nación.

Dada su complejidad, toda propuesta de recuperación y asignación de tierras debe ir acompañada de un abanico de iniciativas que abarquen las aristas sociales y culturales del conflicto.

La propuesta consiste en la creación de un impuesto por “Uso de tierra de valor cultural”, incentivando a empresas a vender terrenos producto del costo que significaría hacer uso de ellos, influyendo en su valor de suelo y facilitando su compra por parte del Estado.

La recaudación por este impuesto sería utilizada como fondo por la condadi , para la compra de terrenos o adecuación para su habitabilidad.

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• Entrega de tierras a comunidades y no particulares, estableciendo un territorio indígena de soberanía.

• Creación de títulos de usufructo, y posibilidad de hacer uso de las tierras productivas por parte de externos, mediante negociación directa con las comunidades.

Entre los resultados esperados de esta propuesta se apunta a restablecer las condiciones espaciales acordes con las dinámicas culturales del pueblo mapuche y sus costumbres ancestrales.

También se espera restituir la autonomía de las comunidades, recuperando la relevancia frente al estado de ellas como tales y no como individuos particulares, otorgándoles soberanía y de esta manera, facultades para habitar sus tierras acorde a sus costumbres.

Se propone una evaluación sistemática de diseño de la política, con constante diálogo con las comunidades, considerando las distintas posturas al interior del pueblo mapuche, y antecedentes internacionales que han dado buenos resultados, como algunos casos en Canadá.

Esta evaluación debiese considerar los siguientes actores y factores: comunidades a beneficiar y sus integrantes; tierras reivindicadas; actuales propietarios y el valor de mercado de las tierras; calidad de las tierras (en cuanto a productividad y servicios básicos); costo y posibilidad de implementación de servicios.

Junto con esto se propone hacer una evaluación de impacto, que considere la ocupación efectiva de las tierras entregadas, y sus beneficios a las comunidades, evaluando su conformidad social.

La importancia de establecer esta política, y otras de la misma índole, radica en la necesidad de cambio en la lógica con que históricamente el Estado ha abordado la problemática indígena, reconociendo realmente el modo de vida del pueblo mapuche y sus necesidades, que en general distan mucho de los intereses del Estado chileno.

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Espacio público

Imagen: Estación Central, Santiago Consuelo Araneda, 2017

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Entrevista

Rodrigo Guendelman Periodista UDP, Fundador de Santiago Adicto

¿En qué debería avanzar Chile en materia de espacio público?

Me atrevo y con mucha humildad, solamente a hablar de Santiago. No me atrevo a hablar de Chile porque lo que conozco, lo que he tratado de estudiar, de aprender y recorrer especialmente es la ciudad de Santiago y su espacio público. Creo que la prioridad número uno tiene que ser el ciudadano, el peatón y principalmente enfocado en las áreas vulnerables y en las áreas de mayor densidad y mayor tráfico. Me gusta mucho esa idea de Benjamín Vicuña Mackenna —el primer intendente de nuestra ciudad— que cuando decide convertir este peñón que era el Santa Lucía en un parque urbano, lo hace con un concepto muy interesante y más allá que sea un lugar lindo y que sea un lugar verde, él piensa que este espacio tiene que ser una reproducción a gran escala de ese jardín que tiene la gente pudiente. Por lo tanto, el cerro Santa Lucía tiene que ser el jardín más lindo, el parque más espectacular con las mejores estatuas, esculturas y monumentos para que cada ciudadano pueda tener acceso a un lugar público de tan buena calidad como el que tienen las personas más afortunadas.

En ese sentido es muy importante que el espacio público apunte a – 62 ­–

una ciudad menos segregada, a una ciudad más amable, a una ciudad más democrática y más generosa. Creo que es muy importante que en Santiago —y posiblemente esto lo podemos aplicar a todo Chile— se concentre su presupuesto y sus esfuerzos en mejorar, en construir parques, plazas y las veredas por donde caminan los peatones que es el principal medio de transporte finalmente que tenemos, nuestros propios pies. Veredas, calles, esos espacios ciegos, donde en el fondo en vez de haber gente, comercio y movimiento, hay oscuridad y por lo tanto, mayor inseguridad. Los espacios públicos tienen que pensarse en términos de beneficiar a quienes tienen menos metros cuadrados de espacio verde, a quienes tienen menos calidad de vida dentro de sus hogares y creo que ahí tiene que estar la inversión. ¿Qué actores deben incidir en esas transformaciones?

Hay un gran actor que nos está haciendo una falta muy dañina y es la carencia de una autoridad metropolitana, quien creo yo que debiera ser la principal autoridad, el principal protagonista de los cambios y de las mejoras de Santiago. Una suerte de Alcalde Mayor, Consejo Metropolitano o autoridad sobre la región completa que permita coordinar a las 52 comunas, que permita ponerle coto de alguna manera a estos “señores feudales” que hoy día están en cada uno de sus municipios. Esta situación produce que todos los límites de las comunas sean tierra de nadie y por lo mismo, creo que es fundamental que tengamos una autoridad al menos para partir el tema de transporte. Para mí, la principal figura, el principal protagonista es el que no está, es el que más le duele a nuestro país: una autoridad metropolitana para las grandes conurbaciones y para todas las zonas urbanas de Chile donde hay densidades de población y donde se necesita coordinación. Nos duele esta falta de coordinación, y creo que esa autoridad, tenemos que pelear por conseguirla. Por lo tanto, no es un gran alcalde mayor, sino es un grupo de personas o un consejo, pero necesitamos pelear, escribir, hablar, difundir, poner el tema en la agenda de que esta ciudad y este país necesita autoridades metropolitanas como todas las buenas y exitosas ciudades del mundo.

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Estrategia de compensación entre proyecto vial y espacio público Francisca Chacana Carroza

Tras el protagonismo que ha tomado la densificación como estrategia de desarrollo urbano promovida tanto por el Estado como organismos internacionales, se han tomado medidas que responden a las problemáticas que se generan a raíz de su implementación. Entre los efectos negativos más críticos está el colapso de la red vial, que debe dar abasto a un flujo vehicular en constante crecimiento.

En 2013 el gobierno de Sebastián Piñera presentó el denominado Plan Maestro de Transporte Santiago 2025 (pmts 2025), un proyecto cuya implementación contemplaba, entre otras iniciativas, la construcción de corredores exclusivos para el transporte público en las principales avenidas del Gran Santiago. Propuesta que no considera los efectos colaterales de la expansión de espacio para el transporte motorizado, razón por la cual este trabajo aborda el cómo mitigar uno de los impactos de estas infraestructuras en el perfil urbano: la considerable reducción de las franjas de circulación peatonal en el rediseño de los ejes viales metropolitanos contemplados por el pmts 2025.

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El pmts 2025 es una iniciativa presentada a comienzos del 2013 por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que busca el establecimiento de un instrumento guía de planificación que establezca proyectos estratégicos para el fortalecimiento del transporte urbano y así satisfacer las necesidades de movilidad de los santiaguinos, proyectada a un plazo de ocho años. Esto se materializaba en un paquete de proyectos para los principales modos de transporte.

En el ámbito del transporte público entre las medidas anunciadas se encuentra la habilitación de corredores exclusivos para el Transantiago, como una medida de descongestionamiento de las avenidas, disminución en los tiempos de viaje y mejoras en la conexión intercomunal y entre las líneas de la red de Metro de Santiago.

Para el planteamiento de la política de mitigación este trabajo se enfoca y utiliza el corredor Dorsal como un ejemplo. Ubicado en la comuna de Recoleta, este corredor pertenece a un proyecto en ejecución pronto a su finalización. Esta franja antes de ser intervenida presentaba un área de espacio público aproximada de 81.247 m2, luego de la intervención se redujo en un 57,2% (34.776 m2). Cabe mencionar que la calidad urbana de la superficie final no mejoró respecto a su situación original.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud ( oms) recomienda contar con 9 m² de área verde por habitante, pero la realidad metropolitana es otra, según un estudio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la comuna de Recoleta solo alcanza 2,8 m² de áreas verdes por habitante. Una situación que se repite en otras 31 comunas del Gran Santiago, mientras solo 6 se encuentran por encima de los estándares planteados por la oms, comunas que también presentan los más altos ingresos per cápita.

Según lo anterior se plantea una política que asegure la mantención de un porcentaje de estas áreas existentes a través de su conservación o mitigación, respondiendo al déficit comunal de áreas verdes para – 65 ­–

el peatón, siendo este “porcentaje de mitigación” (entre 20% a 80%) inversamente proporcional al índice de m² por habitante, es decir a menor índice, mayor el porcentaje de conservación o construcción de estas áreas.

En el caso de que un proyecto vial considere este porcentaje en su propuesta, no será necesario contrarrestar el impacto de la reducción de estas áreas. En el caso contrario, se debe mitigar a través de la implementación de espacio público peatonal en ejes viales aledaños, dependiendo del caso y la cantidad de m² que se dispongan en estas calles, se considerará el destinar uno de los corredores hasta completar el porcentaje total.

A modo de ejemplo se toman 4 casos: Vitacura cuenta con 18,3 m2 de áreas verdes por habitante y el porcentaje de mitigación correspondería a 20%; Providencia cuenta con 13,8 m²/hab. y su porcentaje de mitigación sería de 35,9%; mientras que Recoleta que tiene 2,8 m²/hab. y Pedro Aguirre Cerda 1,2 m²/hab. contarían con porcentajes de mitigación del 74,4% y 80% respectivamente.

Considerando el caso del corredor de Dorsal, el sector previa construcción contaba con 81.247 m² de área verde y según la fórmula anterior, debería conservar al menos 60.448 m². Como el proyecto contempla la construcción de 34.776 m², la superficie que se debe compensar en vías paralelas es de 25.664 m².

Como se planteó anteriormente, dado que la intervención urbana vial no contempló el porcentaje requerido, esto se debería mitigar a través de una vía aledaña al corredor. Se propone intervenir una vía paralela como una forma de compensar al peatón y realizar el proceso inverso de lo que sucede en el corredor, siendo esto posible por el bajo flujo y descongestionamiento de la vía paralela. En este caso, sería en la calle La Serena, ubicada de forma paralela al norte de Avenida Dorsal.

La calle intervenida tiene una extensión lineal de 1,04 km. Si consi– 66 ­–

Columpio en el parque, Santiago Andrea Miliani, 2016

deramos su perfil de 5 metros, tendríamos un total de 5.200 m² que permitiría convertir la vía en un paseo de baja velocidad, al igual que la calle Pedro Donoso, sumando 4.250 m² adicionales. Esto dejaría un déficit de 16.214 m², compensados por la calle paralela a Pedro Donoso.

Esta propuesta y el respectivo ejercicio que se presenta como ejemplo permitirían subsanar de mejor manera una de las externalidades negativas de la construcción de infraestructura vial de envergadura metropolitana como lo es la pérdida o deterioro de los espacios públicos circundantes.

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Financiamiento para la consolidación de áreas verdes Valeska Fuenzalida Molina

Las áreas verdes como espacios urbanos juegan un rol fundamental dentro de Santiago en cuanto a calidad de vida de sus habitantes.

Mientras la Organización Mundial de la Salud (oms) recomienda 9,2 m2 de áreas verdes por habitante, la capital chilena solo alcanza 3,5 m 2.

El cuidado de las áreas verdes en Santiago se encuentra a cargo de las municipalidades, determinando un presupuesto según la cantidad de ingresos. Sin embargo, existen terrenos que se definen como área verde, pero que en la realidad ya no existen por la falta de mantención.

En el estudio de “Disponibilidad de áreas verdes en Santiago” se compara la cantidad de área verde per cápita por comuna, donde las comunas con mayores ingresos son las que poseen mayor concentración, aunque en este estudio aparece Renca y Cerrillos con grandes concentraciones debido a que se encuentra el cerro Renca y el ex aeropuerto Cerrillos, los que están en estado de abandono.

En vista de que no todas las comunas tienen presupuestado los mismos recursos para la mantención provocando que exista un gran número de áreas verdes que no logran ser mantenidas convirtiéndose en áreas verdes no consolidadas.

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Para solucionar dicho problema se sugiere la creación de una política pública para regularizar y asegurar un fondo para la mantención de áreas verdes de forma equitativa para toda la población.

Bajo la premisa anterior surgen varios factores por los cuales no se está llevando a cabo la mantención de las áreas verdes homogéneamente dentro de cada comuna. Uno de estos factores es la diferencia de escala, es decir, para la mantención de 1 m2 de una plaza central de alto uso (que requiere de mantención constante y reposiciones de mobiliario urbano) no se le pueden destinar los mismos recursos que a un 1 m2 de cerro que necesita mantención con menor periodicidad. Por ende, en primera instancia se deberían clasificar según escala como se describe a continuación: Parque Comunal (área >1 ha) Plaza (área >0,1 ha) Área verde lineal (ancho > 30 m) Otro factor que influye en el momento de la clasificación es la intensidad de uso. En este caso, se puede clasificar: Uso intensivo: mantención más de 3 veces por semana Uso extensivo: mantención 3 o menos días por semana Cruzando estos factores que influyen se determinan las siguientes tipologías : Parque urbano de uso intensivo: parques incluyendo a los que se encuentran en los cerros.

Parques naturales o uso extensivo: aquellos que no poseen programas establecidos, cerros que no se encuentran intervenidos.

Plaza de uso intensivo: aquellas que se encuentren en centros.

Plaza de uso extensivo: plazas barriales. Área lineal de uso intensivo: bandejones que poseen programas. Área lineal de uso extensivo: bandejones que no poseen programas.

La propuesta consiste en establecer una política para la distribución – 69 ­–

Parque Bustamante, Santiago Carlos Varela, 2010

equitativa de los recursos para mantener las áreas verdes según una clasificación previa según tipo. Para esto se sacará un promedio del gasto de las comunas y las que estén bajo del promedio y no tengan recursos necesarios para cubrir dicha diferencia se utilizarán recursos del Fondo Común Municipal (fcm) para alcanzar dicho promedio, todo ello con la finalidad de que exista un equilibrio de acceso a áreas verdes para todos los sectores sociales.

Para solventar los gastos generados para la mantención de áreas verdes se alude al fcm, el cual es un mecanismo redistributivo de ingresos municipales, con el objetivo de que las comunas que poseen menores ingresos reciban una mayor proporción de la distribución para costear la diferencia y alcanzar el estándar.

Para aumentar los recursos del fcm se establece un cobro a industrias por uso de suelo dentro de la comuna equiparando el beneficio/per– 70 ­–

juicio que trae la ubicación de esa infraestructura. Este ingreso sería destinado a la mantención de áreas verdes.

La ponderación presupuestaria para cada área verde está basada en el estudio de “Costos de mantención de las áreas verdes urbanas en Chile” que identifica la presencia de 4 gastos base: 1) Personal, 2) Vehículos, Maquinarias y Equipos, 3) Insumos, y 4) Agua de riego.

Los costos de mantención entonces se estructuran según 3 tipos de costo. El costo base que es la ponderación promedio según los tipos de área verde según los primeros 4 gastos básicos más desgaste y necesidad de mantención (ver tabla 1), el costo por vandalismo por necesidad de reposición y reparación que pondera un 10% adicional del costo base, y el costo por distancias entre áreas verdes en el territorio municipal. En suma el costo de mantención es igual a (costo base) x (costo vandalismo + costo distancia) equidad de espacio urbano para la ciudadanía.

Considerando los costos y su adecuación de acuerdo a forma y uso de área verde, es posible establecer las bases para una política pública que garantice los recursos para su mantención, impulsando de ese modo equidad de espacio urbano para la ciudadanía.

Tipologías

Costo base ($/m2)

parque urbano tradicional

120 - 480

parque urbano natural

70 - 120

plaza de uso intensivo

140 - 190

plaza de uso extensivo

90 - 140

áreas lineales de uso intensivo

140 - 190

áreas lineales de uso extensivo

50 - 100

Tabla 1: Costos de mantención de áreas verdes urbanas en Chile, elaboración propia en base a informe minvu y cedeus us. (2014)

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Incentivo para la creación de áreas verdes en terrenos industriales pericentrales Nicolás Moreno Ballesteros

La evolución demográfica, económica y social de Santiago ha provocado cambios importantes en su morfología urbana. En este sentido, las acciones y medidas tomadas por nuestra sociedad han dejado de lado el factor medioambiental y el cuidado del entorno privilegiando los factores económicos y sociales por sobre éste, viéndose reflejado en obras y desarrollos que actúan en desmedro de los recursos naturales y áreas verdes sin medidas efectivas de regulación.

Los beneficios que entregan las áreas verdes en contextos urbanos son diversos y cuantificables, entre los que se encuentran la captura de carbono, el desarrollo de la biodiversidad, su interconexión mediante corredores biológicos, la mejora en la calidad del aire, el control de la temperatura urbana y la retención de aguas lluvia.

Todo esto se traduce en beneficios para la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que requiere la protección y cuidado adecuado tanto del espacio como de los elementos que lo integran para garantizar su ca– 72 ­–

lidad y funcionamiento. Asimismo, la implementación de áreas verdes no está supeditada únicamente a los profesionales y técnicos encargados de su manejo, sino que también se condiciona por el marco legal y regulatorio que ordena el desarrollo urbano a escala metropolitana y comunal. Lamentablemente muchas veces no se le da la importancia que merecen las áreas verdes como elemento urbano y ecológico, siendo consideradas únicamente como un mero ornamento.

En el caso de Santiago, si se hace un desglose de las comunas con mayor y menor índice de áreas verdes, se identifica una dimensión económica y territorial que influyen en el balance. En la primera dimensión, además de los presupuestos asignados únicamente a la construcción de áreas verdes, también se debe considerar el costo de mantención de estos espacios en el tiempo. Esto ciertamente limita la construcción y mantención en las comunas con menos recursos. En la segunda dimensión se debe considerar la presencia de cerros islas y faldón precordillerano en las comunas con mayor superficie verde, sin importar el ingreso económico. Este es el caso de Vitacura (458,1 ha), Recoleta (293,1 ha), Maipú (238,6 ha), Renca (283,3 ha) y Las Condes (221,8 ha).

Producto de la expansión urbana que ha sufrido Santiago durante el siglo XX y comienzos del XXI, la otrora periferia industrial hoy se ha convertido en el pericentro, pero en general el destino del uso de suelo en los planes reguladores comunales ha mantenido sus características originales de periferia. Así, se destina una gran cantidad de superficie a las actividades industriales, limitando la posibilidad de convertir en áreas verdes este tipo de suelo el que incluso muchas veces se encuentra con industria abandonada.

La presencia de industria en el contexto pericentral conlleva una serie de problemas tanto para los habitantes del sector como para los municipios, que debe hacerse cargo de una serie de problemáticas asociadas, entre las que se encuentran la contaminación ambiental, acústica (por sonidos y vibraciones), sanitaria (por insectos, roedores – 73 ­–

y plagas en general), y vial (por estancamientos, desvíos y daño a la infraestructura por el constante tráfico de camiones).

Las externalidades negativas que supone la permanencia de la industria en el pericentro disminuyen el gran potencial de estos sectores en términos de espacio público como infraestructura, equipamiento, conectividad, superficie extra de áreas verdes y mejor calidad de vida en un proceso de densificación.

Descrito este escenario se propone un proyecto de política pública que actúe como patente legislativa para los asentamientos industriales en las comunas pericentrales del Gran Santiago.

Esta propuesta abarca dos dimensiones: una normativa y una financiera. La respuesta normativa busca la consolidación del pericentro del Gran Santiago como foco de las actividades terciarias, de servicios y de equipamiento. En ese sentido, se busca un cambio en el uso de suelo que actualmente ocupan zonas blandas como la industria, que carezca de valor social o patrimonial, desplazando paulatinamente este tipo de actividades industriales hacia la periferia para dar paso a infraestructura verde.

Por otra parte, la respuesta financiera se traduce en un impuesto a la industria pericentral. Los municipios deben ser los encargados de aplicar un impuesto a la permanencia de la industria, que compense económicamente las externalidades negativas que genere la producción de estas en función de los metros cuadrados del predio donde se emplaza.

El potencial de esta propuesta de política pública radica principalmente en dos aspectos. En primer lugar, la política les da la opción a las industrias de permanecer en el lugar si están dispuestas a compensar de manera económica las molestias y perjuicios que causan; y en segundo lugar, la política tendría efectos positivos tanto si las industrias eligen pagar el impuesto como si no, ya que de elegir mantenerse y – 74 ­–

Núcleo industrial Santa Carolina, Santiago Martín Álvarez, 2017

pagar el impuesto, se destinarán estos fondos a financiar proyectos de áreas verdes en la comuna. De no aceptar el impuesto, se liberarán zonas blandas cuyo uso exclusivo podría ser para áreas verdes u otras inversiones asociadas al uso público.

La implementación de la política apunta hacia un cambio en el programa del pericentro del Gran Santiago, mediante la progresiva erradicación de la industria en el contexto urbano, potenciando de esta forma económicamente a aquellas comunas de menor ingreso para la realización de proyectos de áreas verdes que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

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Movilidad

Imagen: Estación Central, Santiago Consuelo Araneda, 2017

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Entrevista

Louis De Grange Ingeniero de Industrias, PhD en Transporte PUC, Académico Facultad de Ingeniería UDP

¿En qué debería avanzar Chile en materia de movilidad?

Creo que Chile tiene dos principales desafíos para avanzar a futuro en temas de movilidad. El primero está relacionado con infraestructura de transporte masivo y principalmente de transporte público basados en rieles, en metro. El segundo desafío futuro para avanzar en materia de movilidad está relacionado con la adaptación de nuevas tecnologías y normativas que permitan explotar y potenciar lo que son las economías colaborativas de tal forma de que un mismo activo, un mismo producto, un mismo vehículo pueda ser utilizado simultáneamente por distintas personas y en distintos periodos del día, esos son los dos principales desafíos.

Para avanzar en estos dos desafíos, el primero en infraestructura de transporte de calidad y el avance en innovaciones tecnológicas para impulsar economías colaborativas. Creo que requieren necesariamente de la intervención del Estado y es necesario impulsar incentivos y normativas que permitan flexibilizar y adaptar la aplicación de las – 78 ­–

nuevas tecnologías para favorecer las necesidades de movilidad de las personas y también las empresas tecnológicas. Los desarrollos que hagan en esta área deben ser factibles de canalizar de forma eficiente hacia la ciudadanía que es finalmente quienes se van a ver favorecidos de este tipo de innovación. ¿Qué actores deben incidir en esas transformaciones?

Todas las personas. Las distintas personas de las ciudades y mientras más grandes las ciudades, más tipos de personas hay. En ciudades de siete, ocho, nueve millones de habitantes, hay personas muy diferentes, con necesidades de movilidad muy diferentes también, por eso está bien que el transporte público masivo, principalmente líneas de metro y trenes de cercanía atiendan a una cantidad importante de pasajeros. Pero hay personas también que tienen necesidades diferentes que requieren de otras tecnologías y de otros servicios.

En ese sentido, yo creo que el transporte privado va a seguir teniendo un espacio y requiriendo un espacio. El tema es que ese espacio sea lo más sustentable y eficiente posible sobre todo en el futuro, y en ese sentido, cuando adaptas tecnologías –por poner un ejemplo– un vehículo eléctrico sin conductor, autónomo, que además obedezca a un servicio tipo Uber, a lo mejor te olvidas de tener un auto en la casa y te olvidas del estacionamiento, del pago del permiso de circulación, de la mantención, de la revisión técnica, del cambio de aceite, de la bencina o, en este caso, del suministro eléctrico. Te liberas de todo eso, por lo tanto, cambia el paradigma, lo que necesitas ahora no es un auto, lo que necesitas es una modalidad de transporte. Así dejas de centrarte en el vehículo mismo, y te centras en el servicio que presta el vehículo.

Creo que el transporte privado bajó a esta modalidad o el transporte público individual, que son como taxis colectivos pero más modernos que puedan ser utilizados por varias personas y con ciertas innovaciones tecnológicas, creo que van a ser cada vez más recurrentes en el futuro porque permiten satisfacer necesidades que son muy diversas.

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Reajuste institucional para la integración del transporte público Consuelo Araneda Díaz

En el último tiempo, la materialización de diversos proyectos asociados a la planificación y expansión del transporte público impulsados por ciertas municipalidades han dejado de manifiesto el desinterés por integrar propuestas locales en una visión metropolitana de planificación.

En proyectos impulsados por las municipalidades del Gran Santiago y sin coordinación intercomunal, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se ha remitido únicamente a aprobar o rechazar cada iniciativa, sin posibilidades (o atribuciones reales) de permitir ampliar su alcance a una escala intercomunal o metropolitana como parte de una gran red de transporte urbano.

Esto es producto de la ausencia de mecanismos suficientes y efectivos que promuevan la comunicación y trabajo conjunto del Ministerio con los distintos municipios, perpetuando así una visión monosectorial y territorialmente desarticulada de los problemas y sus correspondientes soluciones. Por otra parte, resulta ser un incentivo perverso para – 80 ­–

que los organismos locales continuen enfocados únicamente en los problemas de su comuna y dejen fuera los problemas que suponen relaciones a mayor escala. En tanto descansan en que dichas intervenciones de alcance intercomunal o incluso regional deben ser resueltas por el organismo central.

Al mismo tiempo, el ministerio planifica a una escala que no le permite detectar a tiempo potenciales deficiencias en escalas más reducidas.

Por su parte, los proyectos a escala metropolitana generan externalidades negativas a nivel local, ya sea fragmentando barrios, creando espacios residuales, diseñando intervenciones sin planificación local o reduciendo espacios valorados para la comunidad en favor del transporte motorizado. Estas son consecuencias físicas de las cuales el gobierno central no se hace responsable junto con municipios que no tienen las herramientas ni presupuestos para enfrentar. Por tanto quedan secuelas en el espacio público de las que nadie se hace cargo.

Observando las políticas relacionadas con la planificación del transporte público y las respectivas atribuciones municipales, podemos constatar que no existen instancias de colaboración ni trabajo en conjunto entre los ministerios, los municipios y la comunidad organizada.

Se trata de un sistema altamente rígido y tecnócrata que deja fuera variables de diseño espacial y de evaluación de impacto. Las municipalidades están muy limitadas en sus atribuciones propositivas y queda a su responsabilidad situaciones meramente domésticas que aumentan la desigualdad, precariedad y estigmatización de ciertas comunas.

No obstante, existen algunos ejemplos de iniciativas de transporte que han surgido desde los municipios y que podrían perfectamente adoptarse para un plan intercomunal que beneficie a millones de usuarios.

Entre ellos se destacan el plan maestro “Maipú Ciudad Integrada y Conectada” con su propuesta de ampliar el tren Rancagua Express; el proyecto del Tranvía Las Condes y el sistema de bicicletas urbanas Bike Stgo.

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Como respuesta este texto propone una “Política de Integración de Municipios y Comunidades Organizadas a los Planes de Desarrollo de Transporte Público” del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Esto implicaría la creación de un consejo ministerial que contará con la participación de representantes comunales y vecinales.

Los objetivos principales del Consejo son la creación de un catastro nacional de situaciones conflictivas entre municipios, organizaciones y Estado; desarrollo de propuestas y estrategias de intervención; seguimiento de los procesos de ejecución e implementación de los proyectos.

El Consejo lo integrarán el mtt (Coordinador de Planificación y Desarrollo y Directorio de Transporte Público Metropolitano/Regional), las municipalidades (asesor urbano) y la sociedad civil (juntas de vecinos y agrupaciones sociales). Las tres partes tendrán derecho a voz y voto ponderado (45%, 30% y 25% respectivamente). Esta estructura busca fomentar el trabajo en conjunto por parte de todas los actores, considerando que deberán pactar entre sí, situación que otorga gran capacidad de decisión a todos los involucrados y fomenta el trabajo colectivo.

Esta política pública busca fomentar el diálogo entre los distintos actores influyentes para así diseñar propuestas pertinentes con el contexto en que se emplazan. Busca acercar las decisiones con impacto a gran escala a los ciudadanos, reforzando su sentido de pertenencia y responsabilidad en el desarrollo territorial y asegurar así el éxito de las intervenciones físicas. Este consejo busca también maximizar la eficiencia e impacto del transporte público como herramienta de integración socio-espacial.

Dentro de los resultados esperables se encuentra la construcción de proyectos respetuosos e integrados a su entorno, que contemplen márgenes de acción para ser ajustados según las condiciones específicas de cada sector; alcanzar una mayor representatividad y satisfac– 82 ­–

Bus de Transantiago, Santiago Juan Urzúa, 2016

ción por parte de la comunidad, mejorando la sustentabilidad social de los proyectos; estimular y apoyar la creación de iniciativas innovadoras por parte de los gobiernos locales que sean posibles de replicar a escala metropolitana. De esta forma se potenciarán los proyectos a largo plazo que busquen su replicabilidad en un plan maestro.

Para finalizar, es importante recalcar la necesidad de orientar la discusión hacia una mirada más integral, entendiendo la multidimensionalidad que opera en las temáticas sociales. El trabajo colaborativo entre las diferentes disciplinas es esencial para diseñar propuestas de políticas públicas exitosas y sustentables en el tiempo. De esta manera toma fuerza la necesidad de una figura institucional que tenga una visión panorámica y así articular a todos los actores y puntos de vista involucrados. Esta propuesta es una invitación a formar parte de la discusión y pensar en conjunto la construcción de sociedad y territorio que queremos impulsar como comunidad.

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Fomento a la creación de ciclovías en zonas rurales Romina Fuentes Pedreros

Tanto organizaciones nacionales como internacionales han confirmado que el uso de la bicicleta en Chile se encuentra en constante crecimiento. En 2015 el movimiento ciudadano “Ciclistas Furiosos” calculó que únicamente en Santiago se realizaban 1,1 millones de viajes diarios, mientras que estudios en América Latina y el Caribe afirman que la capital chilena se encuentra en el segundo lugar a nivel regional. No obstante, la creación de ciclovías se ha ejecutado casi en su totalidad en zonas urbanas, por lo que surge la duda sobre qué pasa con las zonas rurales.

La bicicleta representa en sí misma un transporte asequible para una gran parte de la población, no contamina, congestiona menos que el transporte motorizado, genera beneficios para la salud y el costo de la infraestructura que requiere es menor, condición que Marcelo Mena, actual Ministro de Medio Ambiente en conversación con El Mercurio en 2013, aseguró indicando que una ciclovía de buen estándar cuesta cerca de 100 millones de pesos por kilómetro lineal.

Durante el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) se estableció – 84 ­–

como desafío implementar un Plan Maestro de Ciclovías y Ciclobandas en las principales ciudades del país con el fin de duplicar el número de usuarios de este medio de transporte. En el informe del plan se menciona el intensivo uso de la bicicleta como medio de transporte desde localidades rurales a centros de trabajo agrícola, utilizando vías de alta velocidad para vehículos motorizados.

A pesar de esta observación, el plan maestro considera únicamente inversiones para las comunas del Gran Santiago y se omite la posibilidad de proyectos regionales, lo cual da cuenta del permanente problema de centralización de recursos públicos. Más tarde, el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) anunció un nuevo Plan de Ciclovías, que incluiría la implementación de 190 km de alto estándar en 32 ciudades a lo largo del país, modificando la Ley de Tránsito y obligando a la bicicleta a usar la calzada al ser reconocida como vehículo.

Si bien estas medidas son necesarias y benefician a muchos ciudadanos, todas las inversiones se enfocan en las zonas urbanas, desconociendo el problema de las personas que se trasladan por las afueras de la ciudad a través de vías diseñadas sólo para el automóvil y con pocas posibilidades de transporte público, como es el caso de los trabajadores agrícolas.

Por tanto es necesario –como primer paso– identificar el volumen de personas que participan en la actividad agrícola a lo largo del país. Según un análisis de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (odepa), los trabajadores del rubro son aproximadamente 700.000 contratados y 500.000 asalariados de manera informal. La magnitud de este dato ayuda a comprender que las condiciones de traslado de estos trabajadores deben tomar mayor protagonismo en las políticas de infraestructura vial.

En este contexto es necesario contar con un estudio de movilidad (vehículo, transporte público, bicicleta, entre otros) de sectores rurales de manera de tener una visión general de quienes son los que utilizan – 85 ­–

Ciclista rural, Porvenir Chema Concellón, 2011

estos medios, con qué fines y específicamente cuáles son las condiciones en que se encuentran las infraestructuras asociadas. A partir de ello se podrían determinar las zonas con mayores necesidades y posibilidad de acción.

Considerando los antecedentes expuestos, es evidente la necesidad de ciclovías paralelas a las carreteras aledañas a ciudades de media escala y con fuerte presencia de actividad agrícola. Esta propuesta se sustenta en cifras como las presentadas por el Ministerio de Transporte en 2011, quien reveló que Curicó (12%), Angol (10,9%), Linares (8,7%), Chillán (8,5%) y Talca (7,7%) eran en ese entonces las ciudades donde más se usa la bicicleta como medio de transporte.

Para la red existente de carreteras debería articularse una coordinación entre órganos del Ministerio de Obras Públicas (zonas rurales)

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y Ministerio de Vivienda y Urbanismo (zonas urbanas), quienes se harían cargo de financiar la implementación de ciclovías para cubrir la red de carreteras, en caso de que estas sean concesionadas podría aplicarse un peaje a este tipo de transporte para ayudar a su financiamiento. En tanto para aquellas autopistas en planificación habría que incluir la construcción de ciclovías dentro de la normativa de concesión de estas.

La planificación, diseño y construcción de ciclovías en zonas rurales reduciría considerablemente los accidentes de tránsito entre bicicletas y otros medios de transporte, justificando de sobremanera la inversión.

A modo de ejemplo, Intervial Chile es una alianza entre cinco sociedades concesionarias que en total representan 907 km de carretera y 8 concesiones, incluyendo la Ruta 5, la principal carretera del país (33,8% del metraje total). Estas sociedades representan una inversión de 1.790 millones de dólares.

De acuerdo a la estimación del Ministro Marcelo Mena extrapolada a la implementación de una ciclovía en las principales autopistas concesionadas del país costaría 90.700 millones de pesos. Siguiendo el ejercicio, y de acuerdo a los informes publicados por Intervial Chile, su ganancia bruta del año 2015 fue de 128.000 millones de pesos. Por lo tanto la implementación de ciclovías en carreteras del país –por parte de la concesionaria– se lograría con una inversión anual del 14% de sus ganancias en un plazo de 5 años, lo cual explica su capacidad de inversión a corto y largo plazo.

Este ejercicio busca descentralizar la estructura del diseño de políticas públicas, la visión a largo plazo del país integrando el concepto de sustentabilidad y la forma en que se debe considerar el territorio, además de hacer patente la necesidad de democratizar las alternativas de transporte para usar de manera justa el espacio público por todos los ciudadanos: peatones, ciclistas, transporte público y automovilistas.

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Equipamiento

Imagen: Estación Central, Santiago Consuelo Araneda, 2017

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Entrevista

Maria Emilia Tijoux Socióloga UCH, Doctora en Sociología U. Paris, Académica Facultad de Ciencias Sociales UCH

¿En qué debería avanzar Chile en materia de integración social?

Cuando se habla de integración social, nos referimos prácticamente a todas las dimensiones de la vida nacional. Por ejemplo, la integración migratoria no se puede pensar solamente desde el momento que los inmigrantes llegan, sino de antes de ella, por lo tanto, en primer lugar habría que tener un trabajo con los países de donde provienen los inmigrantes. Luego comenzar por la frontera, pensando en el trato que hay en la frontera, en el modo en que se va o no a limitar el ingreso a los inmigrantes y por último, todo lo que ocurre al interior del país; todos los servicios que los inmigrantes necesitan al igual que un chileno. Entonces, lo primero es una ley de migraciones que lamentablemente no tenemos.

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¿Qué actores deben incidir en esas transformaciones?

Vivimos en un país de mucha segregación y desde hace muchos años se habla de barrio alto y esa definición ha ido cambiando: desde Plaza Italia hacia arriba a lo que hoy día es hacia más arriba o los desplazamientos que han tenido los dominantes tomándose los lugares de los pobres porque sus casas son tan grandes que necesitan estar ubicadas en otros lugares, sus sistemas de seguridad, su división, su separación del resto del mundo. Las ciudades chilenas son ciudades de segregación y segregadas desde hace ya mucho tiempo antes.

Cuando llegan inmigrantes a vivir a Chile, y sobre todo me interesa plantear la inmigración considerada como tal –Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, República Dominicana y Haití, porque no se considera inmigrante a todos los inmigrantes– llegan a los mismos lugares en donde han vivido las migraciones internas de nuestro país: la gente que llegó del campo a trabajar a la ciudad en los periodos de la industrialización o donde han vivido los pobres de Santiago también históricamente, en donde ha tenido que vivir un estudiante pobre que ha arrendado una pieza o una familia que no tiene casa.

Los barrios donde hoy en día llegan son exactamente los mismos, no ha habido muchos cambios en ese sentido. Cuando el censo da cuenta de inmigración en los sectores altos es porque está dando cuenta de que está hablando del sector de servicios, de casas particulares, de jardinero o de las nanas –eufemísticamente llamadas de esa manera– pero no tiene a mi modo que ver, a mi modo de pensar necesariamente con la inmigración, sino tiene que ver con una segregación racista que es histórica en nuestro país.

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Sistema de acogida e inserción para migrantes Pedro Chaná Ferrada

Hoy nos encontramos frente a un intenso proceso de migración SurSur (Stefoni, 2011), donde un equivalente al 3% de la población chilena busca incorporarse laboralmente. Para una efectiva integración tenemos que entender que el acceso a los servicios básicos como educación, salud y vivienda son los principales factores para poder medir una integración efectiva (Garcés & Torres, 2013). No obstante, el acceso a estos servicios es vulnerado por la Ley 1.094, firmada en 1975, cuyo origen es altamente restrictivo debido al contexto político en los albores de la dictadura. Si bien hoy en día podemos interpretar esta ley como “pro migratoria” la verdad es que, en general, el marco legislativo tiende a formar lo que se llama “la política de la no política” (Stefoni, 2011), es decir, el derecho a migrar se ve ligado a decisiones del gobierno de turno y sobre la cual no se han generado avances significativos.

Es quizás el sistema de documentación migratoria y la residencia definitiva junto con el racismo cotidiano (Correa Tellez, 2016) de nuestras – 92 ­–

estructuras públicas, lo que más distancia a un migrante de un chileno.

Bajo este contexto, es preciso señalar que los inmigrantes deben trabajar al menos dos años continuos con el mismo empleador para optar a una residencia definitiva, y por ende, a un subsidio habitacional.

Este escenario deja en desventaja al migrante y dificulta su inserción efectiva a beneficios de vivienda demostrando la lógica de “sobrevigilancia a la otredad” (Bauman, 2016).

El actual movimiento migratorio fuertemente caracterizado por la persecución de oportunidades laborales en Chile, se enfrenta a fuertes obstáculos cuando se trata del mercado inmobiliario. Por ejemplo, se les solicita sumas por anticipado y meses de garantía que no se le piden a los chilenos o incluso se les exige un aval chileno. Estos problemas no regulados en el marco del mercado formal incitan y estimulan la generación de un mercado informal (Veera, Gricel, & Contreras, 2015).

Para poder enfrentar este mercado informal de la vivienda es necesario generar políticas que lo inhiban mediante regulación y ofrezcan alternativas habitacionales. Asimismo, es necesario un proyecto de financiamiento público, privado o mixto que entienda esta situación como una oportunidad de desarrollo social y también comercial, un programa que invierta en el mercado de viviendas transitorias, es decir, que respondan a la necesidad de los inmigrantes que se encuentren en un proceso intermedio para poder asentarse definitivamente en nuestro país.

Si bien son los propios inmigrantes quienes levantan y evidencian estas demandas, estas propuestas podrían ser de beneficio para todos los sectores de nuestra sociedad que se encuentren en tránsito. Los beneficiados podrían ser estudiantes universitarios, allegados, personas víctimas de violencia intrafamiliar, cesantes y migrantes nacionales, por nombrar algunos. Esto permitiría dar una respuesta a un nicho muy específico, pero al mismo tiempo albergar a personas con problemas similares a los de los migrantes extranjeros para así ejecu– 93 ­–

tar una real integración al país y no generar “guetos institucionales”.

En conversación con el arquitecto Luis Valdivieso sobre el Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática implementado por el actual gobierno, la propuesta de este ejercicio se enfoca en tres etapas del proceso de asentamiento de la población migrante. La primera es la situación del recién llegado, que suele ser más precaria y con necesidades urgentes, para lo cual se establecerían centros de acogida que funcionen con habitaciones o camas bajo sistema de rotación simple como un albergue. Paralelamente, las huéspedes tendrían una primera aproximación segura con la ciudad, considerando sobre todo aquellos casos sin redes locales de apoyo.

La segunda etapa está compuesta por un lugar de alquiler en el cual las personas pueden optar por el arriendo de una habitación, o bien, una vivienda completa, según sus necesidades e ingresos. El precio estaría regulado por el Estado y no por el mercado inmobiliario. Asimismo, esta etapa estaría acompañada por procesos de capacitación sobre conocimiento y empoderamiento sobre sus derechos como migrantes o sujetos en tránsito.

La tercera y última etapa apunta a un proceso que permita la obtención de una vivienda definitiva, siempre y cuando cuenten con su documentación al día, un empleo estable y una visa definitiva. Esta última condición requiere propuestas complementarias que agilicen la obtención de residencia, flexibilizando por ejemplo la exigencia de trabajar dos años continuos bajo el mismo empleador.

Entendiendo que estas tres etapas son secuenciales, pero independientes, el desafío está en detectar y eliminar las actuales estructuras de abuso laboral y sub-arriendo. Esto es clave en la segunda etapa como punto intermedio en la integración total de migrantes, para convertirlo en una instancia segura de transición.

Para lograr este objetivo existe la posibilidad de generar inversión – 94 ­–

Ropa tendida, Valparaíso Claudia Esfema, 2007

pública en viviendas con un sistema de arriendo social, o involucrar a organizaciones privadas sin fines de lucro que logren un trato justo para ambas partes con apoyo estatal.

En la actualidad ya existen propuestas de arriendo social y desarrollo urbano como “Hábitat Patrimonial y Mixidad Social” de la Municipalidad de Santiago. Este tipo de iniciativas enfrentan no solo los problemas de los migrantes en sí, sino que visibilizan un conflicto social acrecentado por la oleada migratoria. Resolver estas necesidades de una manera multidimensional nos permite apelar a una integración más segura, formal y eficiente.

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Infraestructura para reinserción de población penal Kevin Ramírez Medina

El actual modelo de cárceles en Chile no ha logrado responder eficientemente al problema de la delincuencia, limitándose a albergar a gran cantidad de reos viviendo en pésimas condiciones, dificultando así su rehabilitación y reinserción social.

Considerando este escenario se decide abordar las políticas penitenciarias, desde la problemática del hacinamiento en las cárceles, como un tema al cual se le debe dar una solución que mejore la calidad de vida dentro de los recintos, permitiendo así la rehabilitación y reinserción social de sus internos, en espacios óptimos para esta tarea.

Aportando así a la disminución de la reincidencia al delito.

El hacinamiento en las cárceles genera diversos problemas que afectan la salud física y psicológica de sus reclusos y funcionarios penitenciarios. Esto se debe principalmente a que los servicios básicos se ven sobrepasados en capacidad, colapsando y convirtiendo a las cárceles en focos de enfermedades y conflictos internos.

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Sumado a esto, se generan problemas de tipo administrativos como la incapacidad de los funcionarios de controlar al alto número de reclusos, dificultando su separación y clasificación, situación que fomenta la sobre criminalización de reos detenidos por delitos leves, convirtiendo a las cárceles en espacios de aprendizaje para primerizos dentro del mundo criminal.

Estos problemas provocados por el hacinamiento se pueden observar al interior de las cárceles chilenas. Si bien el índice nacional de población penal corresponde al 101%, según estadísticas de Gendarmería, es relevante observar la disparidad en su distribución a lo largo de todo el país: 149% en la Región de Valparaíso, 142% en la Región del Maule y 114% en la Región Metropolitana. Mientras la Región de Magallanes alcanza el 58% y la Región de los Ríos un 54%. Al revisar por cada cárcel, recintos como los Centros de Detención Preventiva (cdp) de Limache y Yungay llegan al 200%.

Para reducir los porcentajes de hacinamiento en las cárceles y los conflictos que conlleva esto, han surgido políticas de flexibilización del otorgamiento de la libertad condicional. Lamentablemente estas medidas, a pesar de lograr una disminución del hacinamiento, no logran incidir en la reinserción al delito de quienes son liberados. Según informes de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2013 un 30% de los presos liberados volvió a ser detenido.

En Chile existen 82 cárceles tradicionales y 8 concesionadas, en las cuales la mantención de reos, según datos de Gendarmería, alcanza en promedio los $600.000 mensuales por cada reo, lo que solo para el año 2015 significó un gasto de $316.000.000.000, una cantidad de dinero abrumadora para un servicio poco efectivo.

Además de este costo por mantención, existe una “multa por hacinamiento” en las cárceles concesionadas, donde el Estado debe pagar por cada reo que esté sobre el porcentaje de ocupación dentro de estos recintos, que en el caso de Santiago 1 en el año 2013 le costó al – 97 ­–

Ex-cárcel, Valparaíso Nick V, 2006

Estado $1.400 millones.

Como propuesta frente al hacinamiento en las cárceles chilenas, se propone un nuevo modelo de ordenamiento penitenciario en el cual se busca solucionar los problemas de hacinamiento, de mantención de las cárceles y sus internos, y falta de efectividad de la reinserción social .

En primer lugar se propone la redistribución de reos a lo largo de todo el territorio nacional. A continuación se propone un nuevo modelo de cárcel enfocado en el trabajo como eje de la reinserción social.

Este recinto se dividiría en dos etapas, las cuales podrían ser adoptadas por los antiguos recintos penitenciarios.

Separación y clasificación: existirá una instancia de separación y cla-

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sificación de los reos según el nivel de peligrosidad, con el fin de separar a los primerizos de la influencia de individuos detenidos por delitos más graves. A todos los internos en este núcleo deberán cumplir con tareas diarias como limpiar duchas, celdas, zonas comunes, etc. En el caso de cumplir durante mínimo seis meses, podrán optar a residir en la segunda etapa del recinto penal.

En la siguiente etapa, definida como ‘Aldea de trabajo’, cada patio penitenciario tendrá un enfoque de producción distinto, caracterizados por la existencia de talleres de capacitación, donde se les enseñarán distintos oficios a los internos, los cuales serán vinculados a empresas externas, públicas y privadas, que a cambio del trabajo que se realice al interior del recinto, deberán contratar anualmente un porcentaje de internos que ya tengan beneficios para salir en libertad o que ese año cumplan su condena.

De este modo los internos recibirán beneficios que irán en aumento a lo largo de su residencia en la cárcel. En las aldeas de trabajo pagarán su celda mediante el trabajo realizado, aportando el dinero para la mantención del recinto. Posterior a esto podrán recibir una remuneración si cumplen con la cantidad de años de buena conducta, para finalmente optar a la libertad con posibilidad de conservar su trabajo, en la empresa a la cual le trabajó como interno del recinto penitenciario.

En síntesis es posible afirmar que un mejor sistema penitenciario es factible si se repiensa la gestión de ocupación de su infraestructura a lo largo del país y su diseño arquitectónico al incluir un nuevo programa que facilite la inserción laboral de los internos, contribuyendo desde la arquitectura a reducir el conflicto social asociado a la delincuencia.

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Sustentabilidad

Imagen: Estación Central, Santiago Juan Pablo Urrutia, 2017

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Entrevista

Matías Asún Psicólogo UDP Director Nacional Greenpeace

¿En qué debería avanzar Chile en materia de sustentabilidad?

Chile tiene mejores estándares ambientales en muchos sentidos que el resto de la región. Aún estamos muy atrasados respecto de los países más avanzados en materia de regulación ambiental, pero respecto de la región no está mal.

Yo diría que un elemento fundamental que le falta a Chile es mayor participación social en la toma de decisiones ambientales. Chile ha sido un país que ha abusado muchísimo de la extracción de recursos naturales, por eso la gente en general escucha extractivismo como una palabra malvada, como una palabra que refiere a un modelo de desarrollo indeseado. Por eso es importante que la participación de las personas afectadas por proyectos, decisiones políticas y el modelo de desarrollo comiencen a ser consideradas como iguales. No como ocurre hoy día, donde hay una desigualdad enorme entre empresas y personas.

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Por lo mismo, es tremendamente necesario que el Estado entienda que tiene un papel que jugar no sólo como un mediador entre un conflicto entre personas y empresas, sino derechamente como el espacio donde se juega la mejora de la reglamentación medioambiental. El Estado tiene que perder ese rol neutral que ha tenido y tiene que asumir una función de regulación pública, para que exista mayor equilibrio y mayor igualdad entre personas y empresas. ¿Qué actores deben incidir en esas transformaciones?

Es tremendamente necesario que exista mayor igualdad del poder que tienen las empresas, el rol que juega el Estado –que muchas veces es únicamente de atracción de inversiones– y el rol que puedan tener por ejemplo la sociedad civil, la ciencia, los expertos científicos, las personas afectadas, los innovadores y las empresas B que están jugando un papel relevante en materia de proponer nuevas estrategias de desarrollo.

Esto podría eventualmente permitir que en Chile existan estrategias de desarrollo basadas en la calidad de vida y el desarrollo sustentable, en la posibilidad de que exista un desarrollo armonioso y el que las necesidades de crecimiento económico no afecten o no deterioren el hábitat en el que vivimos y por lo tanto, deteriore la calidad de vida. Si tuviésemos un Estado más fuerte podríamos tener mejor regulación territorial, un mejor plan de ordenamiento territorial, mejores planes urbanos a nivel de mejoramiento de barrio, mejores definiciones y cuidados del borde costero, mejor delimitación de los perímetros de áreas de conservación y de reservas naturales.

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Programa de construcción con tierra en localidades del norte grande Odette Garrido Kogan

El sector de la construcción es uno de los de mayor crecimiento a nivel mundial. Este hecho ha demandado un desarrollo tecnológico constante en materiales y soluciones de diseño en pro de la calidad y eficiencia.

A pesar de las altas tasas de contaminación que producimos, la conciencia sustentable en Chile –en términos políticos– comienza a tener espacio recién en 2010, definida en la ley N° 19.300 de Bases del Medio Ambiente que señala: “El proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras”.

En este contexto el mayor desafío de la construcción es la vivienda, ya que plantear un desarrollo sustentable en su producción significa repensar el 57% de su mercado. Una gran oportunidad para la arquitectura en un campo poco explorado resulta ser la materialidad, – 104 ­–

ya que el recurso a utilizar debe responder –en primera instancia– a su contexto ambiental, social y económico como principio básico de sustentabilidad.

En Chile existe una amplia diversidad de culturas constructivas, es decir, la combinación de clima, tradición, recursos y geografía que configuran una técnica específica. Una de las más importantes es la cultura constructiva de la tierra, la cual se concentra en el norte grande, zona geográfica que comprende desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Coquimbo. En dichas regiones se posee un conocimiento técnico y constructivo de la tierra cuya tradición avala sus propiedades como material. Sin embargo no hay quién fomente el desarrollo de una construcción sustentable residencial con énfasis en la tierra como elemento clave de una técnica constructiva en estas regiones.

Para responder esa pregunta es necesario revisar las políticas habitacionales y de sustentabilidad. Desde 1990 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (minvu) ha centrado sus esfuerzos en disminuir el déficit habitacional, donde el mecanismo inicial fue la producción masiva de vivienda. Posteriormente se incorpora la calidad de las construcciones como objetivo a mejorar, para ello se crearon las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (egis). Actualmente los sistemas de subsidio y ahorro están acompañados de programas de integración social y mejoramiento del espacio urbano como “Quiero Mi Barrio”.

Por otra parte, la sustentabilidad comienza a tratarse responsablemente cuando Chile se integra en el año 2010 a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde). El Ministerio de Obras Públicas (mop) y el Ministerio de Vivienda (minvu) crean la “Estrategia Nacional de Construcción Sustentable”, el “Código de Construcción Sustentable para Viviendas en Chile” y la Guía de Buenas Prácticas. En la actualidad también existe el Programa de Innovación en Construcción Sustentable (pics) y los Estándares de Construcción Sustentable para Viviendas de Chile.

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No obstante, las políticas habitacionales y la sustentabilidad no se relacionan adecuadamente. En Chile cada ministerio funciona de manera independiente y la ausencia de instancias de articulación interministerial origina políticas que no son capaces de entender y atender todas las variables de un problema. Dentro de la dimensión de sustentabilidad la tierra como material constructivo no ha sido explorada, y no está considerada dentro de ningún manual, código o estándar.

Situación que resulta incomprensible entendiendo el interés por parte de las actuales políticas habitacionales en torno a la calidad de vida y eficiencia energética.

La tierra posee todos los principios de sustentabilidad, al ser económicamente un recurso abundante y gratuito, no requerir transporte, tener un consumo energético mínimo, ser reciclable, generar confort térmico, aportar en la aislación acústica e ignífuga, entre otros aspectos. Asimismo, es un material que requiere de tecnología apropiable, es decir, fácil de aprender y de enseñar. Las localidades tradicionales se encuentran más aisladas de los servicios y estadísticamente reciben menos subsidios, lo cual refuerza la idea de potenciar la tierra como recurso constructivo.

Este material se ha invisibilizado y no se aprovecha en la edificación debido al desinterés de los actores involucrados a utilizar un recurso que no asegura ganancias económicas, falta de relación entre políticas habitacionales y de sustentabilidad y poca valoración de la vivienda como elemento de desarrollo social.

La propuesta de política pública formulada busca promover y traspasar conocimiento del material y tecnologías asociadas, a través de la práctica de la tierra como materia prima fundamental y abundante.

Basada en la inserción del actual pics se valora la tierra como soporte constructivo de la vivienda a través de un incentivo económico complementario a los actuales subsidios que puedan acceder los postulantes.

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Programa de restauración de fachadas, Belén, Arica y Parinacota Natalia Jorquera, 2016

En el actual modelo de gestión el minvu carece de la capacidad de incorporar las realidades sociales locales. Por esta razón, el municipio dentro de sus programas de eficiencia y calidad de la vivienda podría hacerse cargo de la problemática a través de ingresos externos.

La política propuesta se desarrollaría en tres fases: diagnóstico, formulación y ejecución. La instauración se respalda socialmente con el vínculo de expertos y de voluntarios que guían su proceso. Sería un beneficio cultural que contribuye a una integración social completa, desde la eficiencia de los recursos hasta los beneficios de contar con la materia prima y mano de obra en sitio, pasando por la reducción en el presupuesto de construcción, y la identidad y pertinencia que lograría una política con sentido territorial.

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Subsidio habitacional para la eficiencia energética Erika Kanno Murakami

La necesidad de utilizar recursos renovables y energías limpias se vuelve cada vez mayor en un contexto cada vez más contaminado y de rápido crecimiento urbano, una de las principales fuentes de emisiones. La conciencia por el cuidado del planeta y la garantía de una vida sana y sustentable se ha vuelto paulatinamente una preocupación tanto para la ciudadanía como para los gobiernos.

Es sabido que para crecer económicamente es necesario consumir más energía, por lo tanto el desarrollo también implica más contaminación. Ello aparentemente plantea una dicotomía entre crecimiento y medio ambiente, situación compleja que ha comenzado a encontrar respuesta en el desarrollo tecnológico, dado que ciertos avances en esta materia nos permiten gozar de las utilidades de la energía pero con un menor consumo de esta. El problema entonces está en los costos de implementación de estas tecnologías, especialmente para su uso residencial. En este punto es donde aparece una posibilidad de dar acceso a esta clase de tecnologías para aquellos hogares que por sí mismos no podrían costear su adquisición.

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A continuación, se analiza una posibilidad de aplicación de un Proyecto de Ley que apunta facilitar la masificación de estas tecnologías en el ámbito residencial, pero que actualmente se encuentra esperando su aprobación en el parlamento desde septiembre del 2014. Esta iniciativa legislativa busca agregar un nuevo artículo a la Ley General de Urbanismo y Construcción para exigir mejores condiciones para las viviendas sociales.

La modificación señala: “Asimismo en la construcción de viviendas sociales a cargo de la respectiva empresa constructora deberán incluirse mecanismos de eficiencia y ahorro energético en dichas obras, considerando especialmente sistemas solares de agua caliente sanitaria”.

Para comprender en contexto esta propuesta de modificación es preciso tener en consideración que el uso energético residencial a nivel nacional corresponde aproximadamente al 20% del consumo total de energía, según indica el Banco Nacional de Estadísticas.

Asimismo, el “Estudio de usos finales y curva de oferta de conservación de la energía en el sector residencial de Chile” (2010) indica que el consumo residencial se concentra en el uso de calefactores (56,3%) y el agua caliente sanitaria (17,6%). A partir de esto, se puede determinar qué elementos priorizar en la planificación de una estrategia nacional de ahorro energético, incorporando tecnologías que hagan eficiente su consumos para un hogar en el país.

Contando con estos antecedentes, es posible plantear ciertos puntos para que la aplicación de este proyecto sea realmente efectiva, considerando que el proyecto aún está en tramitación. Así la pregunta fundamental para enfrentar este tema sería ¿cómo incentivar a las inmobiliarias, constructoras y entidades que se especializan en vivienda social, para que cumplan de manera adecuada la medida que propone la incorporación de energías limpias y renovables? Asimismo, y para evitar cualquier vacío legal surge la pregunta de cómo lograr que las – 109 ­–

Casa Cebolla uch, Santiago Equipo Casa Cebolla, 2017

medidas que se adopten no se limiten sólo a energía termosolar, es decir cómo hacerlo para que el espectro de tecnologías y estrategias tenga un alcance mayor.

Para responder esto, se propone como medida para controlar estas posibilidades de “vacíos”, la formulación de una franquicia tributaria definida en una reducción de impuestos para las constructoras, inmobiliarias y entidades que en sus proyectos eleven los estándares de eficiencia energética. Así, por ejemplo, en los diseños que desarrollen vivienda de interés social se evaluará la eficiencia que pueda llegar a tener la vivienda por los sistemas de ahorro energético que contenga.

Eventualmente, esto requerirá la creación de una escala de nivel de eficiencia energética para la vivienda, graduación que permitirá evaluar de forma objetiva qué tanta eficiencia y ahorros puede producir cada proyecto, en el entendido que a mayor nivel de eficiencia energé-

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tica alcanzada, mayor será el beneficio tributario.

Como primer estándar se debe considerar un nivel de exigencia mínimo, el cual, como lo estipula claramente el artículo propuesto, se cumpliría cuando el diseño sólo contempla paneles termosolares.

Para esto no habría una franquicia, pues este será el sistema básico obligatorio en los proyectos habitacionales. Luego, y a medida que se incorporen más sistemas para aumentar la eficiencia energética de las viviendas, se daría el beneficio tributario de forma progresiva y escalonada dado que este aumentaría según el nivel de eficiencia que alcance cada diseño.

En este escenario se podrían incorporar en las viviendas sistemas de calefacción y de producción de energía eléctrica como complemento al requerimiento mínimo de paneles termosolares. Ambas tecnologías son compatibles entre sí si se busca reducir el gasto energético, por ejemplo, el mismo panel termo-solar además de entregar agua caliente podría servir para calefaccionar la casa a través de losas radiantes; o usar paneles fotovoltaicos para energizar artefactos del hogar y dispositivos que también pueden incluir calefactores eléctricos. Si se usan varios sistemas y se combinan entre ellos el ahorro sería mayor en el futuro, así como el beneficio para los productores de vivienda.

Es importante comprender que aunque sea de forma paulatina, se incorporen tecnologías que simplifiquen la vida diaria de las personas y a la vez las hagan más responsables con el medio ambiente. Por ello, la promulgación de esta propuesta no solo beneficiaría directamente a los hogares, sino que también sería un estímulo al mercado de las energías renovables y concientizaría a la sociedad en general respecto de los beneficios de la eficiencia energética al momento de comprar una vivienda.

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Patrimonio

Imagen: Estación Central, Santiago Consuelo Araneda, 2017

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Entrevista

Ángel Cabeza Arqueólogo UCH Director DIBAM

¿En qué debería avanzar Chile en materia de patrimonio?

Existen varias deudas en cuanto al aspecto institucional, legal y de incentivos, desde el punto de vista institucional estamos ad portas de generar un gran avance por la creación del Ministerio de las Culturas, de las Artes y el Patrimonio que va a permitir dar un avance en evitar la dispersión de instituciones que manejan temas patrimoniales. No obstante, hay que tener claro que en que el patrimonio siempre va a tener ese carácter de diversidad porque en la realidad tenemos un patrimonio arquitectónico, arqueológico, natural, etc., por lo tanto es lógico que la regulación de estos bienes estén situados en distintos cuerpos institucionales y legales. Desde el punto de vista legal, nuestra legislación patrimonial es antigua, por lo tanto es necesario dar un salto para que la legislación esté acorde a las actuales visiones sobre el patrimonio y las necesidades que tiene el país respecto a la conservación, investigación y exhibición del patrimonio.

Es necesario avanzar hacia una legislación que no solamente plantee una institucionalidad, sino una legislación que aborde aspectos aso– 114 ­–

ciados a la gestión y conservación del patrimonio, y en este aspecto, quizás la deuda más importante de las últimas décadas es que nuestra legislación protege pero es insuficiente desde el punto de vista de proporcionar los recursos necesarios para la conservación del patrimonio. En nuestra legislación, se establece la obligación del particular de conservar adecuadamente ese bien que ha sido protegido legalmente, pero no entrega incentivos, beneficios, ni herramientas para conservar adecuadamente, sólo en situaciones muy especiales. ¿Qué actores deben incidir en esas transformaciones?

Primero hay que reconocer que existe una responsabilidad pública que debe asumir el Gobierno a través de sus ministerios. En este caso cuando hablamos de patrimonio, se incluye el patrimonio arquitectónico o construido, el patrimonio arqueológico, paleontológico y el patrimonio natural; y actúan los ministerios asociados: Medio Ambiente, Educación, Cultura, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales.

Lo anterior evidencia que cualquier definición de patrimonio es una tema transversal que sin embargo se corresponde con un territorio y grupos humanos específicos. Otro actor que cobra fuerza en los últimos 10 años y que no se veía con este interés particular es la sociedad civil. Los precursores de la discusión sobre patrimonio han sido algunos historiadores, arqueólogos o arquitectos, sin embargo hoy y por la velocidad de los cambios culturales, se genera en la ciudadanía un sentimiento de pérdida de identidad, de valores, de sociabilidad, de espacio propio o íntimo. Eso ha generado que distintas personas se movilicen, por ejemplo, en defensa de lo que ellos consideran su barrio. La sociedad civil es un sector activo y que demanda y presiona a las autoridades, esto bajo un escenario de muchos temas emergentes, conflictos y necesidad de recursos. El patrimonio entra en la discusión de un conjunto diverso de intereses en oposición cuya gran demanda es la de unificar, ordenar y de poner a los distintos intereses y actores sociales en diálogo.

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Replicabilidad del programa de recuperación de inmuebles patrimoniales para vivienda social Claudia Candia Arévalo

Durante el último siglo las políticas sociales chilenas han buscado resolver el déficit de vivienda de los sectores más vulnerables. La Ley de Habitaciones Obreras promulgada en 1906 permitió tanto la propiedad de la vivienda como el arrendamiento, pero progresivamente las políticas de vivienda se enfocaron únicamente en la propiedad de los inmuebles. El desarrollo de la vivienda social de mano de la corvi (Corporación de la Vivienda) y posteriormente del minvu (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) estuvo marcada por la erradicación de campamentos e incluso, la instrucción de pobladores para construir sus futuros hogares.

El golpe de estado de 1973 cambió radicalmente la óptica desde la que se concebían las políticas habitacionales. El denominado Estado Subsidiario determinó que “las viviendas ya no serían otorgadas por la condición del beneficiario, sino que éste deberá cancelar su valor real una vez que sus ahorros lo permitan, mientras que el Estado, a cambio, reconoce el esfuerzo otorgando créditos con bajas tasas de interés” (Rivera, 2012).

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La promulgación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano en 1979 definió el suelo urbano como un bien no escaso, y a través de un Decreto Supremo suprimió el límite urbano. Este hecho detonó la expansión del mercado inmobiliario hacia la periferia santiaguina, mientras que en paralelo se producía la erradicación de campamentos y la expulsión de sus 28.703 familias desde el centro y la zona oriente de Santiago hacia comunas como La Pintana, San Bernardo y Puente Alto, teniendo como resultado la periferización de la vivienda social y la segregación socioespacial que evidenciamos hoy en día.

Luego de 43 años de profundización del sistema neoliberal y la sostenida alza de precios de suelos centrales, la Municipalidad de Santiago lanzó el Programa de Recuperación de Inmuebles Patrimoniales para Vivienda Social, cuyo objetivo es revertir la marginación de la población con menos recursos desde el casco histórico, al mismo tiempo que se rescata la memoria arquitectónica de la comuna.

El programa consiste en la rehabilitación de un inmueble, diseñando y construyendo departamentos administrados por la Municipalidad de Santiago. Estos departamentos son arrendados a personas naturales ganadoras del subsidio de arriendo: familias jóvenes, migrantes y adultos mayores, quienes son seleccionados a través del minvu para ser destinatarios del subsidio de alquiler entregado por dicho ministerio.

Este beneficio tiene una extensión de hasta ocho años, y un monto de hasta 5 uf mensuales que se complementan con el aporte monetario de cada familia para alcanzar un monto máximo de arriendo de $230.000.

El plan piloto se materializó en un edificio del siglo XX que fue reacondicionado para habilitar 24 departamentos, los cuales fueron diseñados y ejecutados por una Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (egis), cofinanciada por la Municipalidad, minvu y el programa de “Puesta en Valor del Patrimonio” del Consejo Nacional de Cultura y las Artes. Existen casos similares en América Latina como el “Tambo La Cabezona” en Arequipa (Perú) y “La casa de los 7 patios” en Quito – 117 ­–

(Ecuador), donde la alianza público-privada recupera inmuebles para crear vivienda de interés social en el casco histórico de las respectivas ciudades.

Su gran fortaleza está en la administración territorializada que otorga su escala, mientras su limitante es que depende de la voluntad política del concejo municipal y del presupuesto diferenciado de cada municipio para su ejecución. La estrategia de replicabilidad consiste en hacer del programa una política ministerial donde el minvu –a través de la división de vivienda y equipamiento del serviu– se encargue del diseño y gestión de viviendas colectivas de arriendo protegido. Esta división del serviu elaboraría los proyectos en conjunto con egis y los futuros inquilinos serían seleccionados a través de su oficina de operaciones habitacionales.

Las 300 hectáreas de propiedad fiscal disponibles dentro del anillo Américo Vespucio, otorgan viabilidad al programa en el Gran Santiago. Esto requeriría en primera instancia hacer un traspaso efectivo desde Bienes Nacionales u otros ministerios al serviu para la ejecución de proyectos inmobiliarios.

La mejora de los edificios y su adaptabilidad debería ser financiada con presupuesto del minvu en conjunto con el aporte fijo del Consejo Nacional de Cultura y las Artes, a través de su programa de Recuperación Patrimonial. Una vez recuperados los inmuebles, el serviu estaría facultado para ceder la propiedad y administración al municipio correspondiente, el cual no aportaría presupuesto directo al proyecto, sino que sólo lo haría por medio de la administración de estos. A través de sus departamentos de tesorería y asistencia social se debería cobrar los arriendos, reinvertir los recursos en el inmueble y generar lazos con los nuevos vecinos de la comuna, mientras el serviu fiscalizaría la efectiva gestión de los inmuebles.

Si bien lo expuesto son modificaciones menores al programa actual del Municipio de Santiago, permitiría la replicabilidad de la iniciativa, – 118 ­–

Inmueble patrimonial Abate Molina, Santiago Municipalidad de Santiago, 2016

reconociendo la importancia de una política de arriendo protegido en el centro de la ciudad que promueva la equidad social en el acceso a la vivienda.

El mercado del suelo ha desplazado a miles de familias desde los centros urbanos, ya que la especulación inmobiliaria ha elevado el valor del suelo y de los arriendos de manera permanente. Es urgente que el Estado regule, controle y garantice el derecho a la ciudad de las familias más empobrecidas permitiendo el acceso a la vivienda centralizada y las oportunidades que significa esta localización privilegiada.

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Medidas de protección al patrimonio arqueológico hallado en faenas Juan Pablo Espínola González

Debido al constante aumento del mercado inmobiliario en nuestro país se han generado diversos conflictos socioambientales en torno a los proyectos, muchos de ellos asociados a la etapa inicial de construcción. En esta etapa de una obra destaca un problema precisamente por su recurrente invisibilización. Se trata de la dificultad de construir una memoria histórica y desarrollo de identidad como sociedad, ello entre otros factores debido a la ausencia de aviso por parte de las constructoras al encontrar restos arqueológicos, teniendo como consecuencia su destrucción.

Desde 1925 existe en nuestro país el Consejo de Monumentos Nacionales (cmn), antes que la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (dibam), antes que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, o que cualquier otro departamento del Estado encargado de velar directa o indirectamente de nuestro patrimonio.

Durante los años noventa, el cmn tuvo una gran reactivación debido al desarrollo de un boom inmobiliario y de inversión en infraestructura tras el regreso a la democracia. Las externalidades negativas de este – 120 ­–

proceso afectaron a nuestro patrimonio tales como la presencia de relaves en zonas de cuidado y estudio; sitios arqueológicos destruidos; contaminación de ríos; cascos históricos demacrados; el poco interés por denunciar y el secretismo por parte de quienes se encuentran con restos entre otros. Este conjunto de situaciones, junto a una ley desactualizada, y un estado de constante precariedad en el actuar del cmn, han sido causa institucional directa asociada a la destrucción de restos arqueológicos, no existiendo una política de fomento al anuncio de hallazgos.

La reticencia de los proyectos privados a reconocer estos hallazgos no es la única irregularidad existente. Los principales incumplidores de la Ley de Monumentos que ampara el encuentro y la conservación de restos arqueológicos, han sido las propias municipalidades, ministerios y empresas estatales. En estos casos la metodología ha sido actuar de facto para luego, mediante oficios, regularizar, pedir excusas o ignorar. Lo que al privado se le exige con tanto celo, demuestra que hasta nuestros días es preferible pagar la multa de incumplimiento a la ley que detener el proyecto, siendo la rentabilidad del negocio mucho más alta en comparación a alguna supuesta pena por incumplimiento.

La mayoría de casos relacionados con el encuentro de restos arqueológicos se amparan bajo la “Ley de Monumentos Nacionales y Normas Relacionadas” o Ley 17.288. Según los Artículos 21 y 23, el fundamento de la política y, por ende, del hecho de denunciar, se encuentra dentro de un “procedimiento”, en donde su cumplimiento depende de dos factores: Un deber moral como ciudadanos, pero sin iniciativas de participar, de ser un agente de cambio, o fomentar la denuncia de restos arqueológicos para ser parte de la construcción de identidad e historia como país.

Fechas y tiempos definidos, en donde, si se logra hacer la denuncia, implica detener las obras de construcción, y por lo mismo, pérdida de ingresos.

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Restos arqueológicos encontrados en construcción, Santiago Martín Álvarez, 2017

El objetivo de la política propuesta es recuperar el legado histórico asociado al hallazgo de restos arqueológicos, trasladando el sentido del castigo por no cumplir una ley, a un incentivo a la denuncia de hallazgos arqueológicos.

Este objetivo se cumpliría de acuerdo a las siguientes etapas: Etapa 1: La necesidad para las empresas constructoras de realización de estudios arqueológicos, a través de la contratación de profesionales pertinentes, según una base de datos propia del CMN, logrando de esta forma inyectar dinero a esta institución, tener una base de estudio y resultados objetivos, y consolidar el estudio arqueológico como otra etapa fundamental dentro de las faenas de construcción.

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Etapa 2: Incentivar la denuncia de hallazgos de restos arqueológicos premiandola: Desde que el Estado se comprometa a compensar pérdidas económicas que traerán los días de retraso o paralización de obras debido a la realización de estudios arqueológicos, hasta aumentar el índice de constructibilidad, considerando incluso la posibilidad de aumentar la altura máxima para que se deje libre parte de la superficie a nivel del terreno que se requiera resguardar, según caso y su contexto, además de incluir a la empresa como colaboradora y facilitadora de una muestra que exhiba los restos encontrados en una futura exhibición.

Etapa 3: Si en la etapa 1 no se encuentran restos, dentro de los días siguientes se podría realizar una fiscalización sorpresa por parte de profesionales pertinentes, distintos a los anteriores, quienes en obra analizarán la aplicación de esta política y fiscalizarán resultados anteriores.

Etapa 4: En caso de incumplimiento de la política, o se encontrasen restos arqueológicos destruidos, se sancionará a la constructora del proyecto con una multa equivalente al doble de la rentabilidad eventualmente perdida por día involucrado en la detención de las obras. Los dineros recaudados irían cmn como forma de contribución para mantener su autonomía y a diversas instituciones culturales.

Chile tiene una historia y un patrimonio destacable, y es lamentable que parte del sector privado y del mismo Estado contribuyan a su destrucción. Decirle que no a un funcionario público, o a un privado, requiere que al cmn se le otorgue una mayor autonomía, cosa que ésta propuesta de política pública lograría, y en donde todas estas medidas están a favor de incentivar la denuncia al hallazgo de restos arqueológicos, pero sin buscar entorpecer el desarrollo inmobiliario, sino que considerar los restos arqueológicos encontrados en nuestro país como un factor importante para la construcción de una memoria común histórica y desarrollo de nuestra identidad.

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La iniciativa de esta publicación ha sido el resultado de la selección y edición de los trabajos finales del curso de sexto semestre de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile titulado “Políticas Públicas y Arquitectura”, durante 2015 y 2016.

El equipo editorial desea agradecer a cada uno de los estudiantes que participaron con sus propuestas: Nicolás Bertoni, Martín Busel, Claudia Candia, Juan Pablo Espínola, Francisca Chacana, Pedro Chaná, Carolina Flores, Romina Fuentes, Valeska Fuenzalida, Erika Kanno, Odette Garrido, Nicolás Moreno, Patricio Muñoz, Cristián Piña, Kevin Ramírez, Nicolás Rebolledo, Felipe Soto y Sofía Zúñiga.

Idea Política Pública no habría sido posible si no fuera por el apoyo de la Asociación de Oficinas de Arquitectura (aoa), institución que confió en el proyecto cuando aún estaba en desarrollo; así también valoramos el interés del Colegio de Arquitectos de Chile (ca) y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile por apoyarnos.

Las sietes entrevistas que complementan esta publicación fueron desarrolladas en el contexto de una alianza editorial con ArchDaily en Español. Agradecemos a su equipo editorial y en particular a Manuel Albornoz, Editor Audiovisual de ArchDaily, quien apoyó el proyecto desde el comienzo, registrando las entrevistas y estableciendo su propia curatoría audiovisual del proyecto en los videos publicados en ArchDaily en español.

María Emilia Tijoux, Louis de Grange, Slaven Razmilic, Pablo Trivelli, Rodrigo Guendelman, Matías Asún y Ángel Cabeza confiaron en el proyecto y aceptaron de inmediato en ser los entrevistados para cada una de las temáticas que aborda esta publicación.

Nuestros agradecimientos a todos ellos por su interés, apoyo y dedicación en un proyecto que busca ampliar el entendimiento de las políticas públicas como un instrumento que efectivamente aborde los problemas de la ciudad, el hábitat y el territorio.

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