El mito colonialista del habitante local mezquino o ignorante

El mito colonialista del habitante local mezquino o ignorante

Debido a una cuidadosa manipulación mediática de la tríada, la opinión pública considera que los señalamientos de los pobladores y usuarios históricos, los ejidatarios que se oponen a las intentonas de imposición propuestas por la tríada, son motivadas por mezquindad o por ignorancia de los locales. Rafael Robles de Benito, miembro de la ONGA CEIBA, quien Víctor Toledo señaló de ser de las ONGA que “salieron del closet del ambientalismo neoliberal” y “estar dedicada a atacar al presente gobierno” (Toledo, 2020)302 y quien ha sido un cercano colaborador de CONANP y del ex Director regional y ex Secretario de Medio Ambiente de Quintana Roo, Alfredo Arellano (Guillermo & De Benito, 2008) 303, en su defensa de las Áreas Naturales Protegidas; ejemplifica claramente la percepción de funcionarios públicos, investigadores, académicos y organizaciones no gubernamentales que externan, sin ningún remilgo al público, su opinión de que los pobladores locales actúan por ignorancia, manipulados por intereses oscuros (de nuevo otro tipo de ignorancia) o por ansias desmedidas de lucro. Cuando aseveramos esto, no lo hacemos porque tengamos un problema de paranoia, es que abiertamente estos actores, promotores del ANP, Sitio Ramsar o algo similar, lo recalcaban en toda oportunidad que han tenido. El artículo publicado, titulado ¿Por qué la oposición a un ANP?, del 15 de Noviembre de 2017 en el portal de la organización CEIBA304 de autoría de Rafael Robles de Benito (RdB), quien un par de años más tarde se convertiría en el director del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas precisamente para el Gobierno del Estado de Quintana Roo, designado, precisamente, por Alfredo Arellano Guillermo, comenzaba de la siguiente manera: RdB:

Hay una oposición expresa, articulada y sonora al establecimiento de un área natural protegida en Bacalar. No obstante, no parece haber argumentos robustos para soportar esa oposición. En realidad, lo que parece haber es una confusión preocupante y no porque genere preguntas profundas o cuestionamientos de fondo. Resulta digna de preocupación porque denota una de dos cosas: o no se entiende qué son, cómo funcionan y para qué sirven las áreas naturales protegidas o hay voces de mala fe, que pretenden defender intereses privados, de incremento de ingresos y de riqueza, que están muy por encima (en sus concepciones) del interés público y sustentable.

Según Robles de Benito es ignorancia de los locales o es una visión paranoica de complot externo. De hecho SI existe un complot externo, pero no proviene de las comunidades, sino de personajes con intereses ajenos, como él, que son parte de la tríada (Ver en este documento ¿Qué es la tríada?). Habría que retomar aquí su concepción de “interés público y sustentable”, muy convenientemente definido como justificable o no, dependiendo de qué lado esté el interés. Si los miembros de las comunidades, cámaras, colegios de profesionistas, académicos e individuos están a favor del ANP, están a favor del interés público y la sustentabilidad…pero si esos mismos grupos están en contra, entonces ¿no? ¿El interés público de quién? Podría decirse que de niños, niñas, familias e individuos que tienen derechos constitucionales…como si precisamente los miembros de comunidades, de cámaras, de colegios de profesionistas, indígenas y otros individuos, e incluso los propietarios de los territorios, NO tuvieran ese tipo de derechos…a menos que estén a favor de la iniciativa de la tríada.

302 Toledo, V (2020). El ambientalismo neoliberal sale del clóset. Nota en la Jornada 16 de junio de 2020. https://www.jornada.com.mx/2020/06/16/opinion/014a2pol 303 Guillermo, A., Alfredo, J. F., & De Benito, R. R. (2008). Áreas naturales protegidas y descentralización en la Península de Yucatán. Descentralización y manejo ambiental. Gobernanza costera en México, 101-130. https://www.mda.cinvestav.mx/ftp/ecologiahumana/profesores/Fraga/Arellanoetal2009_esp.pdf 304 Bacalar , ¿Por qué la oposición a un ANP? https://ceiba.org.mx/rr-Bacalar -por-que-la-oposicion-a-un-anp/

¿Qué es el interés público en medio ambiente? Pareciera increíble pero muy pocos se detienen a pensar qué significa ese argumento que ha servido para permitir tantas atrocidades en contra de comunidades locales e individuos en nombre del medio ambiente. También se le ha dado por llamarlo interés general o interés nacional, principalmente en la política y los discursos de ese tipo. Este concepto se construye desde una imagen de la sociedad como un ente integral, que no es igual a interés del Estado305 . La idea del interés público nace como sustituto de la noción del bien común, qué implicaba fuertes connotaciones morales y religiosas. Este principio del interés público nace en el derecho francés del siglo XVIII y desde un principio aparece confrontado con dos concepciones sobre interés general. Una es la que se entiende que el interés general que no es más que la suma de los intereses particulares, y la otra es que es la que expresa que el interés general es la misión encomendada al estado y que con estos fines debe deben imponerse a los intereses de los individuos y que representa la expresión de la voluntad general. Si además hablamos de la regulación en pro del “interés público” desde las ciencias económicas, el concepto se utiliza en dos vertientes: para explicar en términos generales que la regulación busca proteger y beneficiar al público en general306 y por el contrario siguiendo la Teoría de Chicago (también conocida como la Teoría Económica de la regulación)307, sugiere que la regulación no protege al público en general, sino solo a los grupos de interés. Stigler, en su documento, concluye que “…La revisión de la disciplina jurídica demuestra que la percepción del interés público tiene que ver el cumplimiento de valores políticos y morales. Considerando que el concepto de interés público proporciona al poder judicial una base desde la que decidir las controversias en el ámbito del interés de la comunidad…”(Hankte-Domas, 2003)308

Traslapando las teorías económicas y políticas, se establece la base neoliberal del razonamiento para las áreas naturales protegidas, es decir, se sigue el razonamiento de que la asignación de recursos escasos, como el agua limpia, el aire puro, los servicios ambientales, los sumideros de carbono, la belleza del paisaje silvestre, no tocado, está regida principalmente por el mercado (la demanda creciente por éstos) por lo que hay que protegerlos para evitar que se acabe con ellos a fin de que todos podamos seguir disfrutando sus beneficios (Hertog, 2012)309 al menos la parte de la sociedad que pueda seguir pagándolos. Estos conceptos pueden ser aplicables a múltiples ámbitos donde el gobierno intervenga para generar regulaciones, en favor “del interés público”, supuestamente dando a entender que se trata del beneficio de la mayor parte de una comunidad.

Cuando se habla del “interés público” y “el bien común” utilizado como estandarte de la creación de instrumentos de política ambiental, no debe olvidarse que al final estos instrumentos fueron creados respondiendo a la visión y los intereses de grupos selectos de investigadores, organizaciones no gubernamentales ambientalistas, agencias de gobierno del sector, o de otros sectores o de parlamentarios que no necesariamente representaban a la sociedad como un ente integral, pero que la mayoría de las ocasiones abanderaron el interés del Estado o de grupo autonombrándose los emisarios del interés público. Paz Salinas, en su investigación discute y ejemplifica a la perfección el tema de la participación en materia de manejo y conservación de las áreas naturales protegidas (ANP) enfocándolo como un asunto conflictivo en el que convergen y divergen, de manera simultánea, el interés público, los intereses privados y los intereses colectivos (Paz-Salinas, 2008)310 RdB:

305 “…Todo Estado nace con intereses definidos en su "contrato social", para el caso de México nuestra Constitución Política le señala al Estado no solo intereses "sociales", sino una serie de intereses "económicos" que facilitan la definición de políticas para alcanzarlos. Tales como las Garantías Sociales y las leyes de Trabajo, las política económicas. 306 Hantke-Domas, Michael (March 2003). "The Public Interest Theory of Regulation: Non-Existence or Misinterpretation?". European Journal of Law and Economics. 15 (2): 165–194. 307 Stigler, G. (1971). “The Theory of Economic Regulation.” Bell Journal of Economics and Management Science. 2(1), 3–21. 308 Hantke-Domas, Michael (March 2003). "The Public Interest Theory of Regulation: Non-Existence or Misinterpretation?". European Journal of Law and Economics. 15 (2): 165–194. 309 Hertog, Johan den (2012). "Economic Theories of Regulation". 310 Paz Salinas, M. F. (2008). De áreas naturales protegidas y participación: convergencias y divergencias en la construcción del interés público. Nueva antropología, 21(68), 51-74.

“A primera vista, me parece que no hay voces relevantes que se opongan de veras a la conservación de los ecosistemas y los servicios ambientales de Bacalar. Los ejidatarios suelen decir que están de acuerdo con la conservación de la selva y con la detención de la deforestación. Algunos, como el comisario ejidal de Buenavista, dicen que “quisieran conservar el monte, pero nada más saben cultivar la piña” (aunque la piña tampoco es un cultivo tradicional y mucho menos maya). ¿Por qué, entonces, ha causado tanta animadversión la propuesta de establecer un área natural protegida que incluya el cuerpo lagunar y un área de tierra firme a su alrededor? Esta manera simplista de ver la problemática y los conflictos socioambientales trata de reducir los razonamientos de los locales de acuerdo a su “pequeño mundo de ciencia occidental”, basados en respuestas simplistas a preguntas obvias y hasta fastidiosas que un “fuereño” o “wech” como él realizan de manera condescendiente sin entender la profundidad de una respuesta como “es que no se hacer otra cosa”, y que entienden como si fuera por una carencia de visión, de capacidades, de razonamiento e incluso una carencia de interés por la conservación. Esta es una actitud muy común en investigadores y académicos, sobre todo de las ciencias naturales, carentes de experiencia o herramientas para dilucidar los discursos desde la riqueza intuitiva del conocimiento ecológico local de los pobladores históricos de las comunidades en torno a la Laguna de Bacalar.

Esta respuesta simplificada para un fuereño que a todas luces pregunta lo obvio, requería de un análisis de discurso bien enmarcado en el contexto del ejido Buenavista de los últimos 30 años, y más los últimos 10. Si es que esa conversación realmente sucedió (porque no cita fuentes) tendría que haber considerado lo siguiente: El ejido Buenavista debe verse desde ángulos diferentes: composición étnica de su población, su historia con el manejo de recursos naturales, los procesos migratorios hacia la comunidad en los últimos 10 años, los grupos de interés, la manipulación coercitiva de algunos grupos de recién llegados y la complejidad de las interacciones de sus actores actuales.

Nadie se opone a la conservación de los ecosistemas, de hecho hay muchas muestras de los esfuerzos que por décadas todas las comunidades alrededor de la Laguna han venido realizando en pro de la Conservación. El informante comunitario, en su respuesta afirma lo que sucede: puede interesarles la conservación y detener al deforestación, pero eso implica, como ya vimos, ceder su territorio, control y justificarle fondos a la tríada, y dado que los únicos apoyos que las comunidades reciben directamente provienen del sector agropecuario, pues “eso es lo único que saben hacer”…una respuesta sarcástica, que el Sr. Robles de Benito no supo leer. RdB:

Si la intención de quienes dicen oponerse al proyecto es garantizar que se les consulte escrupulosamente a lo largo de todo el proceso que implica la creación de un área protegida (la formulación de un estudio técnico justificativo, el diseño del polígono del área, la emisión del decreto que la establece, la formulación del programa de manejo y la presentación del manifiesto de impacto regulatorio correspondiente), bueno y pase; aunque creo que demasiadas consultas pueden resultar excesivas y constituirse en un escollo innecesario para la realización de un proyecto que bien puede resultar del todo legítimo.

“¿Demasiadas consultas?” Aquí vendría muy bien entender el concepto de participación. Por lo general este concepto tiende a ser oscuro y difuso, dependiendo de quién lo esté manejando. Participación, dice PazSalinas en sus investigaciones,311 puede significar obediencia, o bien, subversión; acción dirigida o movimiento independiente. Puede entenderse como argumento crítico ante la ineficiencia gubernamental; o bien, por el contrario, como un proyecto del Estado neoliberal en su adelgazamiento y delegación de funciones a la ciudadanía…”

311 Paz Salinas, M. F. (2008). De áreas naturales protegidas y participación: convergencias y divergencias en la construcción del interés público. Nueva antropología, 21(68), 51-74. / Paz Salinas, María Fernanda (2002), Entre el interés público y los intereses colectivos: obstáculos y oportunidades para la participación ciudadana en el Corredor Biológico Chichinautzin, Morelos. Tesis de doctorado en ciencias antropológicas, México, UAM-Iztapalapa. 230

Los procesos de “construcción participativa” que solo incluyen a la base social en reuniones de consulta y no de real construcción participativa, esa construcción participativa que es incluyente, que concierta y permite los acuerdos, considerando todos los ángulos posibles en un ámbito socioambiental, histórico, económico y biocultural; cuando estas consultas son escenarios simulados, que no llegan más que a meras presentaciones, donde se fuerza la visión del otro, donde se simula escuchar y no se escucha, ni considera la opinión de la base social, están condenados al fracaso (ver el caso PROTUR, en este documento). En este sentido, Agrawal & Gibson (1999)312, aportan a la discusión el argumento de asumir la comunidad como una entidad heterogénea influyente y capaz a la que no solo hay que reconocer, sino asumir. “…la comunidad -en nuestro caso tomada como pobladores locales- debe ser examinada en el contexto de la conservación desde una perspectiva que se enfoque en los múltiples intereses y actores dentro de ella, en cómo esos actores influencian el proceso de la toma de decisiones, y en las instituciones internas y externas que comparten con ellas este proceso. Se trata en definitiva de no solamente reconocer la heterogeneidad interna y la capacidad de agencia de los pobladores locales, sino también de asumirlas…” Las iniciativas fracasan no por el “número de consultas” que se realicen, sino porque los promotores terminan con una propuesta sin una base social, local, que la sustente, ya que es clave que el sector que va a recibir dicha iniciativa y va a ponerla en acción, recibiendo sus beneficios o impactos negativos la haga suya, se la apropie (y la apropiación solo puede generarse con una construcción real, justa y realmente consensuada entre los actores y las simulaciones nunca funcionan así), necesita ser construida realmente entre los actores sociales, desde su conocimiento local, con respeto, que se vea reflejado para poder tener el empuje a participar, dar seguimiento, legitimidad real y eso no se logra con presentaciones y firmas de lista de asistencia. Tal vez les serviría aprender sobre la escalera de la participación ciudadana de Arnstein (1969)313 . Invariablemente, cuando una propuesta es recibida de manera violenta y con resistencia por parte de la base social, como en el caso del ANP Bacalar, debe ponerse atención, observar de manera objetiva y entender que la carencia de legitimidad de un instrumento ante los ojos y la intuición comunitaria proviene de la incapacidad de los promotores de considerar a los actores sociales como entidades capaces de tomar decisiones a partir de sus conocimientos y experiencia y, por tanto de actuar en consecuencia. Los actores de la tríada se levantan como poseedores de la soluciones en pro del “bien común”, lo que les justifica crear instrumentos de “participación social” que deben inducir desde arriba (ya fuera por parte de los gobiernos locales, organizaciones ambientales, académicos o los organismos financiadores), porque la población, desde la visión gubernamental o paternalista, del desprecio de los científicos que los consideran “ignorantes” o de las ONGA que siempre están más interesadas por complacer a los financiadores y anotarse méritos, o en el golpeteo político, todo ellos que están interesados en “salvar a la naturaleza para negociar con ella”, mientras se posicionan ante la opinión pública como los que tienen la obligación moral, casi espiritual de proteger a las comunidades de sí mismas, como si los locales fueran infantes inmaduros en ansia permanente de destrucción del entorno natural. RdB:

Sin embargo, parece que la cosa va más allá de la necesidad de ser consultados: trece ejidos, convocados por sus comisariados, han generado actas de asamblea donde hacen constar su negativa a que se establezca un área protegida que interese a sus dotaciones de tierra. Aparte de que no es frecuente ver que tantos ejidos se unan alrededor de una sola causa (cosa que en principio resulta alentadora), el que lo hagan para oponerse a un proyecto que en nada les perjudica y que incluso debe contribuir a que puedan diversificar sus actividades productivas y mejorar sus ingresos, da mucho que pensar.

312 Agrawal, A., & Gibson, C. C. (1999). Enchantment and disenchantment: the role of community in natural resource conservation. World development, 27(4), 629-649. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X98001612 313 Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of planners, 35(4), 216-224. 231

De nuevo, RdB confunde el término participación. Las comunidades SI saben lo que es un proceso participativo de consulta, convocando a sus asambleas Ejidales, informando, discutiendo y tomando decisiones. Es él y gente como él los que no entienden que las comunidades tienen muy claro cómo funciona la participación real, porque deben practicarla constantemente en el seno de sus grupos de trabajo, asambleas generales y comités comunitarios.

RdB:

Muy probablemente, la raíz de la negativa de los ejidatarios (que por cierto han mostrado su anuencia a la promulgación de un programa de ordenamiento ecológico, que dicho sea de paso, se encuentra alineado con el proyecto de conservación de la laguna de Bacalar ) se encuentra en la ya generalizada desconfianza frente a cualquier acción emprendida por una agencia gubernamental. Él mismo ejemplifica el por qué falló la intentona de imponer un ANP a las comunidades desde afuera: porque su concepto de consulta no tuvo nada de participativa y fue una falta de respeto para los actores sociales que terminaron enterándose que la “presentación” de un proyecto a la que los invitaron, era realmente una consulta participativa, en la que no se les pidió o permitió opinión, y que la lista de asistencia que firmaron, resultó ser parte de un acta de acuerdos para imponerles un ANP. Desde ahí el proceso perdió toda legitimidad y en la medida que se continuó insistiendo en imponerla bajo esos términos, continuó acrecentando la inconformidad de la base social.

RdB:

Pero la desconfianza, encerrado en el odioso neologismo de “sospechosísimo”, es un arma de múltiples filos: lo mismo desconfiamos de las acciones de gobierno, como de las acciones de grupos organizados que no parecen responder a motivos claros, y que se sustentan en informaciones imprecisas y sesgadas, que generan confusión. En el caso del área protegida propuesta para la laguna de Bacalar, solamente se ha formulado un estudio técnico justificativo, por parte de una organización no gubernamental (Amigos de Sian Ka’an, A. C.), a petición de la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas (CONANP). Lo odioso es que intente desacreditar la justa demanda de la base social, como si se tratara de un tipo de paranoia. Dado que, según él, “…solamente se ha formulado un estudio técnico justificativo, por parte de una organización no gubernamental (Amigos de Sian Ka’an, A. C.), a petición de la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas (CONANP)…” De nuevo, es casi odiosa la postura miope o tal vez cínica porque un par de años después terminó estando a cargo de la instancia que precisamente está dando seguimiento a este estudio.

Argumentando que solo es paranoia comunitaria el que en 2017, por pura coincidencia, se haya creado un documento que propone crear un ANP en el sistema Bacalar, impulsado por dos instancias con un largo historial de crear e imponer instrumentos restrictivos a comunidades, en su propio beneficio, como si lo hubieran hecho porque no tenían algo mejor en que ocupar los $400,000.00 pesos que CONANP le dio a Amigos de Sian Ka’an, así que se les ocurrió hacer una propuesta para justificar y poner 219,000 ha bajo estatus de reserva federal. Nada más. Este señalamiento simplista resulta ofensivo, y de nuevo, deja muy clara la postura de estos promotores que piensan que los habitantes locales y comunidades son ignorantes y manipulables, al grado de que pueden mofarse con observaciones ridículas como esa, públicamente. ¿Insinuó que la gente debió mantenerse callada, hasta que ya tuvieran el decreto de ANP encima? Generalmente eso esperan, que las comunidades no se percaten hasta tener prácticamente el instrumento encima, y en ese momento, según su razonamiento, “ahora si valdría la pena todo el escándalo que hagan” (aunque tal vez sea demasiado tarde). Habría que recordarle, que aun con el levantamiento comunitario en contra del estudio que solamente se había hecho porque sí, la instancia que él dirige ahora, en 2019 retomó el estudio para impulsar el ANP desde el gobierno estatal, a través del IBANQROO, y depende de la Secretaría de Medio Ambiente, cuyo Secretario era, antes de que lo cesaran por acusaciones de corrupción, Alfredo

Arellano Guillermo, ex Director Regional de la CONANP, donde también tiene pendientes denuncias de corrupción y que ahora dirige Efraín Villanueva Arcos, socio fundador de Amigos de Sian Ka’an y reconocido como su brazo operativo en el sur del estado de Quintana Roo. RdB:

A lo largo de la elaboración de ese estudio, los consultores sostuvieron múltiples entrevistas y talleres con representantes de los mismos ejidos que hoy se oponen al establecimiento del área. Quizá no haya sido una consulta suficiente para esta muy preliminar etapa del proyecto. Pero, y aquí asoman su fea cabeza la desconfianza y la sospecha, resulta extraño que de pronto esos mismos grupos ejidales se muestran tan reacios a la conservación, que en nada les perjudica, ni les despoja de sus tierras, ni impide que se apropien de los recursos naturales y servicios ambientales que se encuentran en ellas. No vamos a desgastarnos tratando de explicarle la diferencia entre planificación participativa y consulta simulada, ya explicada anteriormente. RdB:

Quienes sí se pueden ver afectados son los propietarios y posesionarios de predios en los márgenes de la laguna, algunos de los cuales han apostado especulativamente por la detonación de un desarrollo turístico convencional, que les permita vender sus terrenos a precios jugosos, para el establecimiento de infraestructura para el turismo. Quizá perciban el establecimiento de un proyecto de conservación, como un elemento que reste plusvalía a sus bienes raíces. ¿Será entonces que hay por ahí “manos que mecen la cuna”, desde la oscuridad y el clandestinaje? No me sorprendería. Según RdB, son los particulares que quieren un Cancún en la Laguna y que manipulan a los otros actores sociales, por aquello de que como continua insistiendo, los pobladores locales no pueden estar inconformes, alguien tuvo que imponerles la idea. En su artículo Robles de Benito hace una mofa disimulada del reclamo justo de las comunidades, como si dicho reclamo fuera por defecto de ignorancia o candidez; ejemplifica perfectamente el tipo de pensamiento colonialista, parte complejo de superioridad, parte condescendencia; que es precisamente parte de los esquemas del ambientalismo neoliberal impulsado por décadas por la tríada, que han manejado ante la opinión pública que los pobladores locales son como los “indios” de la época de la colonia, que necesitan ser educados, orientados, protegidos de ellos mismos, curados de su “ignorancia”, necesitados de ser salvados por ellos, los comenderos ambientales modernos, dueños únicos de la verdad absoluta.

Según esta percepción, "el resto de la sociedad" (las comunidades, los no científicos occidentales) se les considera como un conjunto de actores influenciables, sin capacidad ni legitimidad para evaluar la naturaleza o la severidad de los problemas ambientales o para hacer algo al respecto, de manera efectiva y organizada; y mucho menos para resolverlos.