El municipio como el espacio de disputa por el poder

ITINERANCIAS DE LA ANTROPOLOGÍA

El Municipio como un espacio de disputa por el poder local

José Jaime Torres Rodríguez 1

1. El municipio como parte de la estructura central de poder

El municipio como institución política-administrativa requiere una autonomía política y económica que acompañada de una fuerte participación ciudadana lo dote no sólo como un ente que integra la Nación desde el ámbito territorial y administrativo, sino con mayores contenidos económicos y sociales. 2 El municipio ha ocupado un papel secundario y marginal en el quehacer y cumplimiento de las tareas y fines del Estado. Considero que el municipio se puede fortalecer mayormente mediante una distribución más justa de la riqueza, la homogeneización de las condiciones de vida de los ciudadanos y propiciar espacios más amplios en el activismo ciudadano. Sin embargo, el municipio tiene poca autonomía política, no es autosuficiente y la participación ciudadana tiene pocos cauces legales para ser parte activa en la administración pública, es sólo un ente administrativo que se encuentra supeditado a administraciones superiores y no se les concibe como un ente económico. El término municipio implica desde su origen, autonomía. La autonomía parte del marco constitucional y se configura por medio de un núcleo básico que se compone por elementos subjetivos, objetivos, financieros y de controles garantizados por la constitución. La autonomía presenta dos caras, la política y la económica; dentro de la cual el elemento de la participación ciudadana es factor imprescindible. Con estas premisas el municipio se establece dentro del marco del Estado de Derecho por tanto deben ser útiles para el logro de la justicia social y para disminuir las desigualdades humanas. Es por esto que la lucha por la autonomía es una lucha que forma parte de otra más amplia que es la democracia. 3

La lucha por la autonomía es, ante todo, una lucha por la democratización de la administración local y no debe separarse de la lucha por la participación del pueblo en la formación de la voluntad estatal. 4 La idea de la democracia, es la idea de la libertad en el sentido de autonomía y autodeterminación política, su expresión relativamente más pura se encuentra allí donde el orden jurídico estatal es creado directamente por los mismos que a él están sometidos, allí donde las normas de conducta de un pueblo son acordadas por el pueblo mismo reunido en asamblea. 5

El Municipio como ente territorial básico del Estado, juega o puede jugar un papel preponderante, siempre y cuando cuente con los recursos económico-financieros suficientes, lo cual contribuiría a proporcionar a la ciudadanía satisfactores y servicios que mejoren su nivel de vida. La autonomía de esta manera es política y administración, conceptos inseparables del aspecto financiero porque conforman las bases para desarrollar las actividades de la participación política, de la distribución del poder y la riqueza para lograr mejores condiciones de vida, que en conjunto forman los instrumentos básicos e indispensables de la democracia. 6

1 Profesor-Investigador de la Unidad Académica de Antropología Social de la UAG. 2 La constitución federal también reconoce territorio a los municipios, principalmente en su artículo 115, fracciones III y V. En el primer caso se establece que estos órganos de gobierno tendrán a su cargo los servicios que determinen las legislaturas locales, según sus condiciones territoriales, socioeconómicas y su capacidad administrativa y financiera; en el segundo caso se faculta para participar en la creación y administración de sus reservas territoriales. 3 Uno de los conceptos más acabados de la autonomía local lo constituye, indudablemente el que contiene la Carta Europea de la Autonomía Local (fechada el 15 de octubre de 1985, cobrando vigencia en España el 1 de marzo de 1989), la cual conceptualiza a la Autonomía como el derecho y la capacidad efectiva de las corporaciones locales para ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos dentro del marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes (apartado primero). Este derecho se ejerce por medio de asambleas o consejos debiendo ser electos en cualquier forma de participación directa de los ciudadanos (preferentemente por sufragio libre, secreto, igual, directo y universal; referéndum o cualquier otra vía legal: es disposición abierta). Estas asambleas o consejos podrán disponer de órganos ejecutivos responsables ante ellos mismos (apartado segundo). Covarrubias Dueñas, José de Jesús. Autonomía municipal en México, Porrúa, México, 1998: 40. 4 Hans, Kelsen. Teoría General del Estado, F.C.E., México, 1983:.204. 5Hans, Kelsen. Esencia y Valor de la Democracia, Guadarrama, Madrid, 1977: 128-137. 6 La soberanía que le corresponde a la Nación, “reside esencial y originalmente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo el tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno (artículo 39); el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, o por los poderes de los entes federados (estados) respecto de sus regímenes interiores, conforme a la constitución y la de los mismos estados, que en ningún caso, podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal. (artículo 41).

Mural del maestro Arturo García Bustos, palacio de gobierno del estado de Oaxaca.

El municipio desde el punto de vista administrativo es la forma básica de organizar la convivencia de una sociedad amplia y compleja; en lo político es el cimiento o punto de arranque de su estructura de poder. Desde esta doble perspectiva, se puede considerar, o incluso definir, como un sistema político-administrativo subnacional con base geográfica, cuyo entorno está formado por otros sistemas más amplios y que obedecen a imperativos distintos y a veces antagónicos. Estos sistemas mayores son: a) el regional o estatal, b) el nacional y, en ciertos casos, c) el internacional. 7 La nación mexicana tras la proclamación de la independencia en 1821 reconoció a la institución municipal en los mismos términos en que lo había hecho la constitución de 1812, mantuvo el principio que abolía las viejas diferencias institucionales entre repúblicas de indios y de españoles, pues su meta era homogeneizar políticamente al gran conjunto social, y hacer de todos los mexicanos ciudadanos de una sola y única república, con iguales derechos y obligaciones. Los resultados reales de esta ficción jurídica que de golpe hizo iguales a todos los que habían sido desiguales por tres siglos, fueron particularmente desventajosas para la parte más numerosa y débil de la sociedad: los indios, pues en la práctica quedaron en situación más vulnerable, ya que la distinción original entre indígenas y no indígenas, conllevaba para los primeros la protección de la Corona. 8 La igualdad jurídica pero no económica y cultural de los habitantes del México independiente, eliminó de hecho una buena parte de la autonomía tradicional de las antiguas repúblicas de indios, privatizó muchas de sus propiedades comunales, alentó aún más la concentración de la propiedad y, finalmente, aumentó la polarización social. 9 La vida pública de México en la primera mitad del siglo XIX quedó rápidamente envuelta en una atmósfera de anarquía y de impotencia de la autoridad central. Los pueblos y regiones que pudieron, vivieron fuera del entorno constitucional, en una libertad de facto y con la debilidad crónica de los gobiernos nacionales. La situación de debilidad del Estado independiente permitió que, en la práctica, muchos pueblos indios mantuvieran sus antiguas formas de autoridad y propiedad y además, propició el surgimiento de numerosos caciques regionales, civiles y militares, que por más de medio siglo fueron los verdaderos amos y señores del México político; fue la ley de los caciques la que constituyó el verdadero entorno en el que se desarrolló la vida política de los municipios y de México en su conjunto. 10 Los municipios fueron sometidos a un proceso de subordinación. Las jefaturas políticas y el juez de distrito fueron los instrumentos principales para lograr el control de la vida municipal. Esto provocó que en el porfiriato, el municipio perdiera su independencia política y también sus principales fuentes de ingreso. 11 El jefe político alcanzó entonces la cúspide de su poder y de su integración en la estructura oligárquica de dominación. Los municipios, fueron efectivamente controlados por esas jefaturas políticas que podían disponer de las fuerzas rurales y militares de su región. 12 Los jefes políticos resultaron ser un excelente instrumento del poder central para destruir las libertades de facto que habían logrado preservar o incrementar los pueblos y para subordinar toda la organización municipal a los intereses de los respectivos gobernadores. Durante la Revolución Mexicana, Venustiano Carranza promulgó la ley del municipio libre como base de la división territorial y de la organización política de la República. La ley establecía que la elección de las au

7 Meyer, Lorenzo, “El municipio mexicano al final del siglo XX. Historia, obstáculos y posibilidades”, en: Mauricio Merino. En busca de la democracia municipal, El Colegio de México, México,1998. 8 Véase a Escalante, Fernando, Ciudadanos imaginarios, El Colegio de México, México, 1992. 9 Lira, Andrés, “Comunidades indígenas frente a la ciudad de México”, en: Tenochtitlán y Tlatelolco, sus pueblos y barrios, 1812-1919, El Colegio de México, México 1983: 23-88; Hernández, Alicia, La tradición republicana del buen gobierno, El Colegio de México, México 1993: 62-74. 10 Pastor F., Rodolfo, “Desamortización, regionalización del poder y guerra de castas, 1822 a 1862: Un ensayo de interpretación”, en: Jorge Padua y Alain Vanneph (comps.), Poder local, poder regional, El Colegio de México/CEMCA, México, 1986: 89-105 y Rodríguez Lapuente, Manuel, “Comentario a las ponencias de Sergio Elías Gutiérrez y Thierry Linck”, en: Boehm Lameiras, El municipio en México, Colegio de Michoacán, México, 1987. 11 Lira, Andrés, “Idea y realidad en la formación constitucional del municipio”, en: Boehm de Lameiras…1987. 12 Rabasa, Emilio, La constitución y la dictadura, Porrúa, México, 1968: 226- 229.

toridades municipales sería popular y directa, y desaparecerían todas las instancias intermedias entre el ayuntamiento y el gobierno estatal, es decir las jefaturas políticas. Más tarde, esta ley sirvió de base al artículo 115 de la Constitución que se elaboró y se promulgó en Querétaro en 1917. El artículo 115 constitucional reconocía la libertad municipal, pero no establecía las bases materiales: los recursos económicos que deberían ponerse en manos de los ayuntamientos, dejando a las legislaturas estatales la resolución del problema. Esto fue un fuerte candado para la libertad municipal. Al terminar la revolución, la vida municipal se regía menos por las leyes y más por el poder de los nuevos caciques, que en buena medida eran los jefes militares revolucionarios en las regiones. Más tarde, el régimen fue implementando un proceso de centralización política. Poco a poco el Partido Nacional Revolucionario (PNR) implantó una férrea disciplina dentro de la élite en el poder, y su fuerza centralizadora y autoritaria se impuso a todo lo largo y ancho del sistema político en general y de la estructura municipal en particular. Desde entonces, y por mucho tiempo, quedó claro que para obtener un puesto en los ayuntamientos era necesario hacerlo bajo la bandera del partido de estado. La candidatura del partido

oficial fue equivalente a la elección y esta última se transformó en un mero formalismo. Podemos decir que el lugar de los jefes políticos lo había tomado el partido de Estado. 13 De esta forma, para mediados del siglo, el municipio era tan poco libre como lo había sido bajo el antiguo régimen y la transferencia de recursos de los gobiernos estatal y federal al municipio se convirtió en un instrumento de control político muy efectivo.

2. El control municipal por el partido de Estado

El sistema político mexicano tenia su base en un régimen presidencialista, donde el poder ejecutivo estaba por encima de los otros dos poderes (legislativo y judicial), el ejecutivo federal ejercía poderes constitucionales y meta constitucionales, estos últimos los ejercía por medio del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El Presidente de la República tenia el control de las designaciones de gobernadores, diputados federales, senadores y presidentes municipales importantes, el centralismo del sistema se reflejaba porque también los gobernadores tenían el control para designar a diputados locales y presidencias municipales dentro de su estado. De esta forma, el Estado ejercía y ejerce un fuerte control sobre los espacios municipales en base a disposiciones legales y prácticas extralegales tanto de los funcionarios del partido y estatales como de las delegaciones del ejecutivo federal. Una vez constituido el partido de Estado en 1929, el control sobre el municipio fue rápido y total. Las elecciones sin competencia fueron la regla, y las pocas ocasiones en que surgió una oposición, se le impidió el acceso al ayuntamiento. Fue hasta 1946 cuando por fin se dio el primer caso, en el México posrevolucionario, de un ayuntamiento en manos de la oposición. En mayo de 1937 surgió en la ciudad de León, la Unión Nacional Sinarquista, organización política de aspiración nacional y de claro origen cristero, cuya presencia política fue fundamental en la ciudad de León, Guanajuato. En 1945 la oposición municipal de esa ciudad guanajuatense logró dar forma a la Unión Cívica Leonesa (UCL), un verdadero partido político municipal con influencia sinarquista. La UCL hizo que en ese año la disputa por el gobierno local se transformara en una elección competida. No obstante que el PRM 14 usó su maquinaria al estilo tradicional para sacar adelante a su candidato, la

13 Meyer, Lorenzo, “El municipio mexicano…1998. 14 El Partido de la Revolución Mexicana (PRM) es descendiente directo del Partido Nacional Revolucionario (PNR) y antecedente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

votación resultó tan abrumadora a favor de Carlos A. Obregón candidato de la UCL que el fraude fue imposible, sin embargo el gobernador estatal se negó a recocer el triunfo del candidato de la oposición. La UCL, en respuesta, organizó un paro cívico el 2 de enero de 1946 que resultó un éxito total en la ciudad, tras el paro se organizaron manifestaciones pacíficas multitudinarias frente al palacio municipal que fueron reprimidas por la autoridad militar. El saldo de la represión fue de 27 muertos y 60 heridos. 15 Después de la represión el gobierno nombró una junta municipal, pero nuevamente la ciudadanía, dentro y fuera del estado, tuvo una fuerte reacción que obligó al presidente Ávila Camacho a tomar directamente en sus manos el conflicto municipal. El ejecutivo federal aceptó en febrero de 1946, que Carlos A. Obregón tomara posición de la presidencia municipal de León. 16 Sin embargo, cuando el ayuntamiento terminó su periodo, la acción gubernamental ya había logrado dividir a la UCL y el partido de Estado recuperó el municipio perdido. Otro caso importante ocurrió en la ciudad de San Luís Potosí en 1959, en reacción contra el dominio caciquil de Gonzalo N. Santos surgió el Movimiento Cívico Potosino (MCP) encabezado por el doctor Salvador Nava, este fue el segundo triunfo de la oposición en el ámbito municipal a nivel nacional, cabe señalar que el doctor Nava siguió siendo miembro del PRI y sólo se opuso al candidato impuesto por el partido. Veintidós años después, el navismo volvió a emerger, y en 1983 se lanzó en pos de su segunda victoria municipal en la capital potosina. De nuevo logró su objetivo, pero esta vez como opositor declarado. Esta administración fue más difícil que la primera, pues los gobiernos estatal y federal intentaron abiertamente ahogar económicamente al ayuntamiento rebelde. La crisis del modelo económico y político y el descontento generalizado hizo soplar con más fuerza los vientos de oposición, a nivel estatal y nacional en 1971 el Partido Acción Nacional (PAN) ya había logrado que se reconocieran tres triunfos municipales en Chihuahua, 17 y para el año de 1983, el mismo partido se había transformado en la primera fuerza del estado al ganar 10 municipios incluidos la capital y Ciudad Juárez. Mientras que el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) gobernaba Ensenada y Baja California. En la actualidad más del 10 por ciento de las municipalidades se encuentra en manos de la oposición, dentro de este porcentaje se encuentran muchos de los municipios más importantes como las ciudades capitales de los estados. Sin embargo, aun con estos triunfos de la oposición en diversos estados del país, la vida política municipal del México contemporáneo está determinada por la existencia de un viejo partido de estado, y es justamente por esto que generalmente los procesos políticos significativos a nivel municipal son protagonizados por las diversas fuerzas que conviven al interior del PRI. Un principio del partido alrededor del cual se organiza la vida política del municipio es el clientelismo, debido a esto las movilizaciones son más corporativas que ciudadanas. El partido, busca cooptar tanto a los líderes como a los movimientos lo cual impide que la ciudadanía emerja y adquiera la capacidad de control sobre las acciones de sus autoridades para exigirles cuentas de manera efectiva. En los últimos años, esta situación ha empezado a modificarse como consecuencia del surgimiento de una competencia entre partidos y con ella de una conciencia ciudadana que despierta la participación de la población en los asuntos municipales.

Aunque, la victoria de los partidos opositores da un nuevo significado a la política local, muchas veces, para la oposición como gobierno le es difícil generar la organización y energía suficientes para movilizar a la sociedad civil local y romper con las inercias generadas a lo largo de 70 años de monopolio de poder. Esto hace que toda oposición sufra un cierto desgaste al transformarse en gobierno y poner en práctica sus proyectos. Pero el desgaste es mayor cuando se tiene que enfrentar a un aparato enorme y lleno de recursos legítimos e ilegítimos, como son los de un partido de Estado dispuesto a recuperar los espacios municipales perdidos. Para la oposición cada victoria requiere de un gasto desproporcionado de energía y de recursos para neutralizar la desigualdad estructural en que se da la competencia. En los municipios controlados por la oposición, los poderes estatal y federal se han combinado con relativa efectividad para magnificar los errores administrativos y políticos de la oposición, y de esta manera, hacer que

15 Meyer Lorenzo, “El municipio mexicano…1998. 16 Trueba, Alfonso, La batalla de León por el municipio libre, Campeador, México, 1954. 17 Los municipios de Ojinaga, Julimes y Belisario Domínguez.

los intereses ciudadanos y de los grupos locales retornen al clientelismo tradicional. Esto ha propiciado que el municipio se convierta en el escenario donde se ha empezado a dar la alternancia en el poder. Esta competencia y alternancia va del plano municipal al estatal. No obstante, debemos señalar que el municipio con auténtica competencia partidista es aún la excepción y no la regla, debido a que la competencia partidista electoral se da en condiciones muy desiguales. La desigualdad manifiesta en la mayoría de los municipios demuestra que una vida local democrática pasa necesariamente por la creación de un sistema político menos centralista y más democrático.

3. El municipio despierta a la competencia electoral

En México la reciente preocupación de los científicos sociales por los gobiernos municipales, o por la participación de la sociedad en este nivel de gobierno, posiblemente vaya de la mano con el aumento de la competencia electoral y con la alternacia de partidos en dicho nivel gubernamental. Hasta hace dos décadas, la complejidad de los ayuntamientos no pasaba por formas plurales de interacción social, hoy existe un cambio, y el punto de partida para analizarlo es la relación de la ciudadanía con su ayuntamiento. Es un fenómeno reciente y complejo porque la diferencia social y económica de los municipios genera respuestas políticas y formas de participación social particulares, pero al mismo tiempo, tiene características similares, dado que los municipios están inmersos en un sistema político común, tienen una legislación uniforme y necesitan cumplir con un conjunto de reglas generales para todos.

Es a nivel municipal donde se empieza a tejer de forma generalizada una red de nuevas experiencias de gobierno que están desarticulando las viejas formas caciquiles de representación de intereses y de partido prácticamente único y se va construyendo como un proceso irreversible, con ritmos y tiempos desiguales un país con una exigencia democrática y una ciudadanía con creciente preocupación por la cuestión pública. 18 La dinámica de los acontecimientos locales a partir de la década de los ochenta ha generado una serie de cambios en el sistema político mexicano que marcan el ritmo de una posible transición democrática. Estos movimientos para lograr mayor democracia municipal poco a poco a partir de los ochenta van dejando de ser excepciones y se empiezan a convertir en una cadena, en un nuevo modo de gobernar y participar. La dualidad entre las reglas constitucionales que daban sustento legal y legitimidad al poder y las reglas no escritas con las que se operaba en la práctica, ahora generan conflictos graves. De igual forma la relación entre los diferentes niveles de gobierno: municipal, estatal y federal, que respetaban las particularidades de cada territorio, siempre y cuando siguieran vigentes las estructuras de control, autoridad y las jerarquías con las que el gobierno y su partido mantenían la paz parece que están en crisis. Me parece que los municipios se encuentran en un proceso acelerado de cambio político donde existen diversas experiencias que indican que el municipio se empieza a volver un espacio de confrontación de intereses y problemas de una sociedad que se vuelve más compleja. Aunque todavía la estabilidad del gobierno municipal depende de factores externos al propio municipio, que contaminan su desempeño cotidiano, como son el gobierno estatal, el congreso del estado y la federación por medio de sus diferentes agencias de desarrollo o de los diferentes programas de gobierno, me parece que es la red de relaciones que cruza los poderes reales, caciquiles o patrimoniales, los que se oponen con mayor medida a un cambio. Los cambios políticos en los municipios se deben a diferentes causas tales como acontecimientos extraor

18 Aziz Nassif, Alberto. “Municipio y transición política: una pareja en formación”, en Mauricio Merino (cord.) En busca de la democracia municipal, El Colegio de México, 1994.

dinarios, terremotos, tragedias, excesos de las autoridades, la existencia de nuevos cuadros políticos, el fortalecimientos de los grupos de oposición y su vinculación con algún partido político de oposición o con el trabajo social de las llamadas comunidades eclesiásticas de base o con las organizaciones campesinas independientes o los gremios de empresarios, entre otros. Sin embargo, es la voluntad de cambio la que rompe con el sentimiento de inevitabilidad para enfrentar a los caciques regionales que dan y reparten, que son generosos y paternalistas, y que han operado con las tradiciones culturales y políticas de la región. Este proceso de cambio es generalmente pacífico, pero existen muchos casos conflictivos que han llegado a la violencia. En varias regiones, aun se libran batallas a veces violentas, entre los nuevos gobiernos y los viejos actores que no se resignan a perder el poder. En este sentido, el municipio con gobierno opositor vive constantemente bajo la presión de la federación, el gobierno estatal o los caciques locales. La ayuda que le brindan al PRI les permite recuperar ayuntamientos que habían perdido, en esta recuperación invierte una fuerte derrama de recursos mediante los cuales se trata de revertir la opinión de la población hacia el partido y de obstaculizar la labor de los gobiernos municipales de oposición, moviéndose entre el pragmatismo y la ética. Aunque, parece ser que estos casos de obstaculación sistemática a los municipios surgidos de la oposición han dejado de ser la regla, para dar paso a la alternancia que día a día se fortalece y se generaliza en este nivel de gobierno. Cada vez más municipios están sujetos a la alternancia. Sin negar que la vida política y partidaria en el nivel local tiene perfiles singulares, es posible reconocer en el mapa del país la existencia de varios formatos de sistema de partidos, que en los últimos diez años muestran cambios sorprendentes que difícilmente se podrán revertir. Además, debemos reconocer que lo que se está fracturando es el sistema de partido de Estado, que sin embargo, conserva expresiones caciquiles regionales y locales, que siguen vivas por estar conectadas a estructuras estatales de poder y al mismo partido oficial. Estas expresiones pueden ser muy diferentes de una región a otra, o de un nivel estatal a uno municipal, pero finalmente tienen vínculos que las hacen parte de una estructura nacional de un mismo partido. De esta manera, la disputa electoral por los municipios se ha convertido en el más poderoso y complejo proceso de transición del modelo de partido único a un sistema de partidos competitivo. Es en los comicios municipales donde el PRI se encuentra en riesgo de perder la hegemonía del control político del poder. En los últimos años ha crecido el número de municipios ganados en elecciones por la oposición lo que ha ocasionado una paulatina caída para el PRI y una nueva geografía electoral. La competencia electoral en los municipios del país se ha incrementado, en los principales municipios urbanos del país ha habido un mayor número de partidos que compiten en los procesos electorales y una mayor cobertura total de los mismos. Durante el gobierno de Carlos Salinas (1988-1994), a la resistencia cívica se agregó la violencia postelectoral. El avance del PAN en varias ciudades marcó una tendencia que dominó durante toda la década pasada. Los actos de resistencia opositora frente a los fraudes electorales en varios municipios del país se convirtieron en casos emblemáticos. Ejemplos como los de Ciudad Juárez, Mérida, Guanajuato y Chihuahua fueron el estandarte de la sociedad civil que reclamaba comicios limpios. En contraste la violencia postelectoral cobró varios muertos especialmente en aquellos municipios en donde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) avanzó. En Michoacán, Chiapas, Guerrero y el Estado de México. Lo que significa que el gobierno en ese sexenio puso en marcha un plan de democracia selectiva donde los triunfos del PAN eran negociados para reconocerse y los del PRD eran negados y muchas veces usurpados, para no permitirle un avance. La importancia estratégica que adquirieron los comicios municipales en el sexenio (1994-2000) hablan de una transición desde la periferia al centro. A diferencia de los comicios federales y de la mayoría de las elecciones estatales para renovar las gobernaturas, en los procesos electorales municipales se han dado con mayor vigor la competencia partidaria. Esto es significativo porque tan sólo hace seis años, el PRI era el único aparato político con capacidad para registrar candidatos en todos los municipios del país. Hoy, ese extraño privilegio que le da su carácter de partido oficial o de gobierno ya no es exclusivo del PRI. Los triunfos del Partido Acción Nacional en muchas de las capitales de los estados del país y el aumento de los triunfos del PRD en los diversos procesos electorales de los últimos años, plantea el riesgo real de que el Partido Revolucionario Institucional pierda las capitales de varias de las entidades estatales de la República. De esta manera, el fenómeno de la alternancia en el poder municipal ha venido consolidándose en este nivel de gobierno. La alternancia del poder municipal entre los distintos partidos políticos, puede ser una de las salidas principales hacia nuevos y promisorios horizontes de la vida municipal, son las elecciones municipales com-

petidas las que estimulan el ejercicio de los derechos políticos y el interés por los asuntos públicos de la administración local, le otorgan un sentido diferente al acto de votar y alientan el compromiso cívico con el quehacer y el programa del ayuntamiento, abandonando los rituales electorales del sistema y el trámite pragmático clientelar del voto. En síntesis, la alternancia en los municipios es una realidad que se expande y que tal vez sea la única forma de generar mejores condiciones de gobierno en ese nivel, aunque tampoco hay que atribuir de forma automática que la alternancia sea equivalente de buen gobierno en el sentido democrático que lo hemos expresado antes.

4. El municipio base del nuevo federalismo

Podemos señalar que la federación, fue un vector de modernización frente a los caciques regionales y locales en la construcción de un proyecto nacional, pero en la actualidad ha dejado de operar y se ha revertido. La federación muchas veces, es un factor de imposición, de control y de manipulación política para conservar espacios de poder a costa del desarrollo de las regiones y de los municipios. Es por esto que se hace necesario establecer un nuevo pacto con los municipios, que no sólo pase por la necesidad de desconcentrar recursos, sino que fortalezca la autonomía del municipio. Porque se habla mucho de la autonomía municipal, pero todo el sistema político está estructurado para impedirla. En este sentido, es necesario evaluar la autonomía del municipio en el esquema federal. En términos políticos, porque un municipio democráticamente electo y responsable ante sus ciudadanos representa una alternativa para desarrollar un contrapeso a las estructuras caciquiles que prevalecen en las entidades federativas que quieran seguir controlando sus estados con prácticas antidemocráticas. En términos económicos, porque la autonomía financiera de los municipios y el federalismo pueden ser la base de una política más amplia para combatir la pobreza y revertir el proceso de desigualdad. Finalmente, el federalismo en lo político y lo económico, deberá sustentarse en la actualización del marco legal existente y, tal vez, en la introducción o cambio de instituciones vigentes. El reto es encontrar los mecanismos que se pueden utilizar en México para lograr que los municipios funcionen como una vía de democratización de abajo hacia arriba y para convertir a los ayuntamientos en verdaderos actores autónomos, base de un nuevo pacto federal que cruce la política social, la política económica, la relación del centro con las regiones y, por supuesto, la correlación de fuerzas a partir de cambios más amplios en el sistema político. 19 Los problemas políticos en el país obligaron que a partir de 1990, se hablará de una Reforma de Estado y con ella de un Nuevo Federalismo que diera impulso a nuevas relaciones entre los diferentes niveles de gobierno y mayor espacio de acción a los municipios. Aunque considero que el nuevo federalismo debe surgir del reconocimiento de los espacios de autonomía de las comunidades políticas y del respeto a los universos de competencia de cada uno de los ordenes gubernamentales, a fin de articular, armónica y eficazmente, la soberanía de los estados y la autonomía y libertad de los municipios con la facultad constitucional de gobierno. La distribución de los recursos obtenidos por la recaudación fiscal debe contemplar e incluir criterios como grado de marginación, extensión territorial, nivel de gasto y rezago industrial en la fórmula para calcular el monto de las asignaciones para cada estado y municipio. Además, transferir a los estados y municipios el cobro de impuestos por el consumo de gasolina y derivados del petróleo; la administración de puentes federales y casetas de peaje; establecer impuestos por actividades turísticas; crear un fondo adicional para aquellas entidades que destinan la mayor parte de sus recursos a rubros como educación, salud y vivienda, con el fin de apoyar su desarrollo industrial y avanzar en la descentralización del gasto público en rubros como la salud, comunicaciones y transportes, agua y desarrollo social. 20 La verdadera democratización del país atraviesa forzosamente por la consolidación del nuevo federalismo, basado en la municipalización del sistema nacional de coordinación fiscal, la descentralización total del gasto público de carácter social y productivo (educación, salud, etc.), la transferencia de fuentes impositivas a estados y municipios, y la descentralización fiscal. El Nuevo Federalismo debe significar más democracia, unidad nacional, política social, desarrollo municipal y regional, control social y fundamentalmente combate contra la desigualdad. También debe solucionar las demandas de los pueblos indígenas reconocer la diferencia, los derechos colectivos y su autonomía.

5. Los municipios indígenas y la autonomía

El movimiento indígena nacional tiene entre sus principales demandas el derecho que tienen los pueblos indígenas a la autodeterminación y como expresión de está

19 “La autonomía municipal y la reforma política en México”, en: El Financiero, CIDAC, 28 de octubre, México, 1994: 38 A. 20 “Federalismo el país al revés”, en: Informe especial, El Financiero, 4 de febrero, México, 1996.

la autonomía. La autonomía se ha convertido en tema central de la reforma de estado y fue una de las demandas principales en las negociaciones entre el Estado y el Ejército Zapatista en San Andrés. El incumplimiento del Estado de los Acuerdos de San Andrés originó por lo menos tres iniciativas de reforma a la Constitución que tienen como base la relación de la federación con los pueblos indígenas. Los pueblos indios demandan el reconocimiento a sus formas de elegir a sus autoridades, hasta ahora en el país existe un pequeño avance. Nos referimos a la modificación en 1995 de la Constitución del estado de Oaxaca en la que por primera vez se reconocieron los usos y costumbres comunitarios para elegir a sus representantes sin la intervención de partidos políticos. 21 Lo que dió como resultado que el 72 por ciento de los municipios de la entidad eligieran a sus autoridades por el sistema de usos y costumbres, esto permite vislumbrar la posibilidad de que en otros estados del país se reformen sus constituciones en esta dirección. 22 Estas medidas responden parcialmente a la demanda indígena de reconocimiento a las formas de elección de sus representantes, en este caso a nivel local, quedando pendiente las formas e instancias a nivel regional, estatal y nacional. Por el momento el cumplimiento por parte del gobierno federal de los Acuerdos de San Andrés sería el avance más significativo sin ser suficiente en el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas. 23 El alzamiento del EZLN ayudó a modificar profundamente las condiciones de este compromiso. Las negociaciones de paz tuvieron que desembocar en los mismos temas que México ya había aceptado formalmente en Ginebra desde 1990. Los llamados acuerdos de San Andrés Larráinzar recogieron el articulado del Convenio 169 de la OIT y también fueron formalmente firmados por el gobierno. Sin embargo, el 5 de febrero de 1998 técni

camente quedaron cancelados los compromisos del gobierno federal ante los Acuerdos de San Andrés. 24 Su futuro quedo en manos del Congreso de la Unión. Las reformas propuestas apuntaban al reconocimiento de las autoridades tradicionales y sus procedimientos de elección, garantizaba a los pueblos indígenas el acceso a la justicia y el reconocimiento de los procedimientos y del derecho consuetudinario por medio de los cuales los miembros de las comunidades indígenas resolvieran los conflictos que pudieran surgir entre ellos, también se proponía reforzar la base económica de los pueblos indígenas, por medio de estrategias y planes diseñados y ejecutados con su colaboración, que aprovecharan sus capacidades y conocimientos, aumentando el valor agregado de sus recursos, mejorando la calidad y la cantidad de la infraestructura y servicios sociales disponibles a nivel local. Se proponía revisar la ley municipal para permitir la creación de municipios indígenas donde la población sea mayoritariamente indígena, y asegurar una adecuada representación indígena en aquellos municipios en los que los indígenas son minoritarios. 25 La exigencia al gobierno de cumplir los acuerdos firmados se convirtió en la principal resolución del Congreso Nacional Indígena, y alcanzó un amplio y activo respaldo de la sociedad civil nacional e internacional. Por esta razón, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) tomó un papel más activo mediante un prolongado proceso de consultas y búsqueda de consensos entre el EZLN y el gobierno federal, la Cocopa elaboró una propuesta de reforma para incorporar a la Constitución General de la República el reconocimiento de los derechos indígenas. Dicha propuesta tomó los aspectos fundamentales de los Acuerdos de San Andrés, adecuando las formulaciones a la técnica jurídica.

21 El texto actual de la constitución del estado de Oaxaca, contiene varios preceptos en materia de derechos indígenas como el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho y los derechos a ellos reconocidos como protección, preservación y promoción de sus culturas. 22 Un evento importante dentro de la lucha indígena fue la ratificación del Estado mexicano al Convenio 169 de la OIT que lo comprometió a adecuar su legislación nacional y a emprender acciones de gobierno de acuerdo con las disposiciones del convenio mismo; a informar periódicamente sobre su aplicación, y a responder a observaciones o sugerencias de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT. El Convenio propone que se respete a estos pueblos en su cultura, religión, organización social y económica y en su identidad propia para que ningún Estado ni grupo se arrogue la facultad de negar la identidad con que ellos se afirman. El término “pueblos” en el convenio parte de la idea esencial de que no son “poblaciones ni sectores sociales”, sino pueblos con identidad y organización propia. 23 Ruiz Mondragón, Laura, “Los pueblos indios en los comicios federales de 1997”, en: Ce Acatl, núm 88, octubre, México, 1997: 43-61. 24 Montemayor, Carlos, “¿Hacia la cancelación de los Acuerdos de San Andrés?” en: El Perfil de La Jornada, suplemento,16 de febrero, México, 1998. 25 “México: forjando un nuevo pacto social”, Organización Internacional del Trabajo, en: Perfil de la Jornada, suplemento, 16 de febrero, México, 1998. 26 López Monjardín, Adriana. “La crisis del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal”, en: El Perfil de La Jornada, suplemento, 16 de febrero, México, 1998.

La propuesta de reforma constitucional redactada por la Cocopa parte del reconocimiento y la definición de los pueblos indígenas como sujetos de los derechos consignados en los artículos constitucionales que se propone reformar. Se propone el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de derecho público, del mismo modo en que ya lo son actualmente los municipios. La propuesta reconoce la autonomía de los pueblos indígenas en el marco del Estado mexicano y precisa los ámbitos políticos, jurídicos y sociales en los que se hará valer dicha autonomía. De esta forma, se reconoce el derecho de los pueblos indios a elegir a sus autoridades de acuerdo con sus tradiciones, y a ejercer sus sistemas normativos propios en ámbitos específicos. También, establece el derecho de los pueblos indígenas al disfrute y aprovechamiento de los recursos naturales en las tierras y los territorios que actualmente ocupan. El 29 de noviembre de 1996 el EZLN acordó aceptar la propuesta presentada por la Cocopa, sin embargo, el gobierno federal rechazó la propuesta de reforma elaborada por la Cocopa. La contrapropuesta de reforma constitucional del gobierno federal en materia de derechos indígenas se niega a redefinir a los pueblos indígenas como sujetos de derecho; niega el reconocimiento a sus sistemas normativos propios y pretende reducirlos al estatus de usos y costumbres, limita sus derechos a elegir sus gobernantes de acuerdo a sus propias tradiciones, así como los derechos a la libre asociación de las comunidades y los municipios indígenas. Omite también, todo reconocimiento al derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios y a los recursos naturales que en ellos se encuentren. Pretende subordinar el ejercicio de los derechos constitucionales a una legislación secundaria, inexistente en unos casos y restrictiva en otros. 26 La negativa del gobierno federal para cumplir con los Acuerdos de San Andrés prueba que el grupo gobernante no puede aceptar marcos jurídicos que reconozcan más derechos que los de el ciudadano, bajo el subterfugio de la igualdad formal ante la ley. Para el grupo gobernante los pueblos no son sujetos de derecho, ni es posible aceptar formas autonómicas en la organización del Estado con base de identidades étnicas. El gobierno federal teme a las autonomías porque rompen con las relaciones corporativas y clientelares que los aparatos gubernamentales y el partido oficial impusieron por décadas a los pueblos indios, la autonomía pone fin a la manipulación de las comunidades en las elecciones, las autonomías se levantan como un obstaculo para el acceso libre del capital a los recursos naturales y estratégicos que se encuentran en las tierras y territorios de los pueblos indios. De igual forma, el gobierno no quiere conceder a un grupo armado la victoria política de lograr una profunda reforma constitucional, tampoco desea alentar que el ejemplo de los pueblos indios sea seguido por otros sujetos políticos de la sociedad mexicana. La autonomía de los pueblos indios establece las condiciones para conformación de un sujeto que aspira al ejercicio pleno de sus derechos políticos como ciudadanos, pero también al ejercicio pleno de los derechos que les configure su condición de pueblos. 27 Mientras que la derecha por medio del PAN a impulsado en el norte la idea de autonomía con relación a la recaudación fiscal y las participaciones y aportaciones de la federación. En las zonas más ricas del país, la autonomía comercial y económica es ya un hecho que ha derivado en las facultades de estados y municipios, para contratar deuda externa. 28 con la globalización y la integración comercial algunos estados y regiones del norte y occidente establecen ya sus propias alianzas exteriores de manera directa, sin pasar por la intermediación del pacto federal. En cuanto a los pueblos indígenas, el PAN en su iniciativa de reforma a la constitución propone la creación de la figura jurídica de las cartas municipales, las cuales serían elaboradas por las comunidades indígenas y espresarían su autonomía en el ámbito municipal. En estas cartas se definirán las normas de organización social, económica política y cultural, tendrán la facultad de aplicar sus usos y costumbres para la solución

27 López y Rivas, Gilberto, “Los significados de San Andrés”, en: El Perfil de La Jornada, suplemento, 16 de febrero, México, 1998. 28 El federalismo político y representación equitativa de los estados en el pacto federal, independientemente de su territorio, población o participación económica, significaron la base ideológica de la integración de la República. El desarrollo más o menos homogéneo del país al integrar la política fiscal y los mecanismos de compensación tributaria y de distribución del producto nacional y al sistema educativo general.

de sus conflictos internos y en la elección de sus autoridades. 29 Las cartas deberán respetar la unidad nacional, las garantías individuales, los derechos humanos y las formas democráticas de acceso al poder, finalmente deberán presentarse a los Congresos locales para su aprobación. La propuesta olvida que los usos y costumbres, el derecho jurídico y las formas culturales de estos pueblos no se pueden esquematizar, que su codificación y redacción limitaría los márgenes de libertad en que se mueven las comunidades, el consenso comunitario ya no definiría las situaciones, sino un documento que se convertiría en un mecanismo de control del Estado sobre los pueblos indígenas, en este sentido los pueblos indígenas no sólo tienen el derecho de ser incorporados como sujetos políticos sino de participar en la construcción del país. Por otra parte, el tema de la autonomía indígena ha planteado una serie de discusiones sobre el concepto. El régimen de autonomía indígena se plantea como parte del régimen jurídico del Estado nacional, por lo que es necesario que el sistema jurídico mexicano se modifique para dar cabida al régimen de autonomía. Este régimen se define por cuatro aspectos: 1. Un régimen especial dentro de la organización del Estado Nacional (régimen autonómico). 2. Reconocimiento de un territorio delimitado. 3. Un autogobierno donde se definan competencias y funciones, y 4. una juridicción especial como reconocimiento a un sistema jurídico autonómico pluriétnico. 30

La autonomía indígena en su implementación material u operativa podría optar por la comunidad, el municipio o la región, aunque éstas no estén reconocidas jurídicamente. Todo esto, sin embargo, no es fácil, pues hay comunidades indígenas que desde el punto de vista administrativo pertenecen a municipios mestizos o pluriétnicos y regiones con municipios con una diversidad étnica. Es necesario crear la figura de municipio indio, donde los municipios indios pueden agruparse para formar regiones autonómas étnicas o pluriétnicas. 31 Aunque, hay que reconocer que se trata de un problema que no sólo es indígena, sino de la sociedad en su conjunto. Otro camino que sigue el movimiento indígena tiene que ver con la demanda de distintas organizaciones indígenas por una mayor participación en los cargos de representación en todos los niveles, desde los cargos municipales hasta los órganos legislativos, tanto federales como locales, incluyendo el Senado de la República. También han propuesto una redistritación, tanto anivel local como federal, en la que se garantice la presencia

de sus representantes. Se ha planteado la reestructuración de las circunscripciones plurinominales con el fin de lograr la elección de representantes indígenas. Una propuesta frecuente es que en los municipios con alto porcentaje de población indígena, puedan postular candidatos a cargos de elección popular de acuerdo a sus usos y costumbres, esta propuesta se ha puesto en práctica, como ya he mencionado, en el estado de Oaxaca. En las regiones indígenas el espacio comunitario es de vital importancia en ella descansan muchos de los valores culturales de los pueblos indios como son la posesión comunal de la tierra, validados por documentos de diferentes épocas; el trabajo colectivo, expresado en diversas formas y ampliamente divulgado por los etnólogos; el gobierno comunal que nos remite a unos de los aspectos más complejos y dinámicos de los pueblos indios donde están expresadas sus particularidades y tradiciones, estudiados también ampliamente, y la fiesta que expresa los rituales comunales en los que se sintetizan los valores culturales y la continuidad de una tradición histórica, todos ellos como aspectos que sintetizan los complejos componentes de la identidad étnica que se viven cotidianamente en la comunidad. 32

29 Iniciativas de las Reformas Constitucionales sobre los Acuerdos de San Andrés, Grupo Parlamentario del PAN, La Jornada, 16 de marzo, México, 1998: 18. 30 Cruz Rueda, Elisa, “La autonomía indígena y el municipio. Una visión del movimiento indígena”, en: Ce-Acatl, núm. 95, julio, México, 1998: 33-50. 31 Los municipios mexicanos, de acuerdo con las circunstancias geográficas y procesos históricos y económicos o industriales que se han dado en diversos estados, han adquirido características diversas, por lo que no pueden definirse tajantemente. Además del grave desequilibrio regional en relación al tipo y tamaño de municipios, la heterogeneidad municipal se expresa en la extensión territorial, en los índices de marginación, en las capacidades técnicas y políticas para autoadministrarse y en la riqueza de su hábitat. Es por esto, que toda propuesta de reforma municipal como políticas de descentralización deben concebirse a partir de esta diversidad. En cuanto al municipio en general debe cambiarse la estructura presidencialista que prevalece en los municipios respetando el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a darse las formas de autogobierno que decidan, los concejos municipales deben ser respetados y reconocidos, con las formas de organización y distribución de las tareas que decidan en cada pueblo. Cruz Rueda, Elisa, “Hacia una reforma municipal incluyente”, en: Ce Acatl, núm. 93, abril, México, 1998: 47-53. 32 Medina, Andrés, “Autonomía y derechos de los pueblos indios”, en: Memoria, núm. 65, abril, México, 1994: 12-15.

Foto: Lorenzo Armendáriz, Fonoteca INI.

Estas comunidades en su relación con las estructuras de poder del sistema político nacional se ven constantemente agredidas es por esto que exigen su reconocimiento como entes autónomos, que les permita la apertura de los espacios necesarios para la reproducción de su tradición cultural y de su identidad étnica, para establecer programas de desarrollo económico y social de educación, de salud, de difusión y protección de sus lenguas y que impulse su propio proyecto y formas de vida. El municipio representa para estas comunidades una fuente de despotismo de caciques tanto mestizos como indígenas que lo utilizan como herramienta para ejercer control económico, social y político. Las agencias municipales de las comunidades que son ámbitos inmediatos donde los habitantes de la comunidad buscan resolver sus problemas, cuentan con un mínimo reconocimiento oficial, no cuentan con atribuciones de decisión y muchas veces sus autoridades son nombradas por la presidencia municipal sin la participación de la comunidad ocasionando conflictos. En otras regiones indias, como la región mixe de Oaxaca, la comunidad ejerce, por medio de los usos y costumbres, el control del gobierno, la elección de sus autoridades las realiza por medio de asambleas sin necesidad de partidos políticos en cierto sentido ejercen una autonomía con respecto al municipio, sin embargo la ayuda y apoyo de éste es casi nula, muchos de los conflictos se deben a estas causas. La autonomía existe dentro de la comunidad, sin embargo, si no tuvieran la necesidad de relacionarse con el Estado para fines financieros y políticos no necesitaría incluso su reconocimiento. Algunas veces, las comunidades logran el control del municipio y utilizan los usos y costumbres para gobernarse y elegir sus autoridades. Nosotros en este estudio ponemos énfasis en la lucha por el control municipal, si bien es cierto que estas luchas tienen regularmente su origen en las comunidades, el controlar el poder en ese espacio comunitario no garantiza el control de sus recursos, ni la atención a sus demandas. En este sentido, el acceder al poder municipal les permite satisfacer en lo posible sus necesidades inmediatas. En cuanto a la participación indígena en los procesos electorales podemos notar que aunque el conjunto de la nación está representado pluralmente por distintos partidos, en los municipios con alto porcentaje de población indígena los resultados electorales favorecieron al PRI en una proporción mayor al 50 por ciento, mientras que tanto el PRD y PAN sólo han venido aumentado poco a poco sus votos. Los resultados electorales en los 37 distritos federales electorales que se caracterizan por tener el 30 por ciento o más de población indígena, en la elección federal de 1997, 36 distritos fueron ganados por el PRI mientras que el PRD sólo se adjudico uno. De esta forma casi la totalidad de los distritos indígenas será representado por el PRI (97.3%), aunque habrá que decir que no obstante ser considerados distritos indígenas, no necesariamente son representados por indígenas o intereses indígenas, sino que los porcentajes presentados sólo se refieren al comportamiento de los partidos políticos en zonas indígenas, que como vemos se manifiesta con un predominio unipartidista. 33 La autonomía debe ser vista como una forma de acceso a la democracia dentro de las diversas regiones indígenas. Con la reivindicación de su diferencia los indígenas tienen la esperanza de una nueva historia nacional en donde ellos estén incluidos como parte de la nación. 34 La constante violación de los derechos de los pueblos indios obligó a los indígenas a buscar nuevas formas de resistencia. En muchas regiones la disputa por acceder al poder municipal fue la respuesta a los siglos de agravios, en muchos casos se impugnó al modelo centralista y al partido de Estado. Los pueblos indios rompieron el sentimiento de inevitabilidad con diferentes estrategias desde la lucha legal electoral hasta el levantamiento armado o la lucha política. Es importante mencionar que en varias experiencias de gobiernos locales indígenas ha sido muy importante la participación de las Comunidades Eclesiásticas de Base de la iglesia católica progresista.

33 Ruiz Mondragón, Laura, “Los pueblos indios en los comicios federales de 1997”, en: Ce Acatl, núm 88, octubre de 1997, p. 43-61, México. 34 Aguilar Rivera, José Antonio, “Democracia y autonomía étnica”, en: El Financiero, 27 de junio, México, 1994: 64.

Los casos más interesantes en esta dirección, lo constituyen las movilizaciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional como la campaña “Paz con Justicia y Dignidad para los Pueblos Indios”, donde la población indígena además de romper el cerco militar que les había tendido el gobierno, se reunió en asamblea y nombró nuevas autoridades y declaró nuevos municipios y territorios en rebeldía. Por la vía de los hechos, amparados en las leyes de la Constitución Política de México y el Convenio 169 de la OIT. Aunque no fueron los primeros municipios que se declararon autónomos, este hecho fue trascendente en la historia del movimiento indígena, fue relevante porque a partir de estos hechos muchos municipios y regiones indígenas en el país reclamaron su derecho a la autonomía. 35 Finalmente, el problema que plantean los pueblos indígenas está relacionado con la apertura democrática a nivel nacional. La democracia constituye un acuerdo básico entre los miembros de una comunidad política sobre cómo expresar sus desacuerdos culturales y sus diferencias étnicas. Como nunca antes, la democracia política debe impulsarse como vínculo entre los mexicanos de diversas regiones y orígenes étnicos y culturales para que exista una pluralidad cultural que enriquezca a la nación. Antes debe haber un consenso básico sobre las formas legítimas de expresar la autonomía y dejar atrás la idea de los Estados autoritarios que pretenden desaparecer las diferencias de sus pobladores e imponer una idea homogénea de lo que la nación es o debe ser. En este contexto, la lucha indígena por la autonomía converge con el movimiento nacional por la democracia y encuentra simpatía en varios sectores de la sociedad civil, que consideran que nada es más legítimo que el derecho de una comunidad a regir sus propios destinos.

35 Valladares, Laura. La lucha por un poder alternativo. Los casos de los municipios autónomos zapatistas y las RAP en Chiapas”, ponencia presentada en el IV Coloquio de Investigación Interno del Doctorado de la ENAH, enero 1999.

BIBLIOGRAFÍA

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Noticias

Donación de acerbo especializado en antropología y etnohistoria al Centro de Documentación en Antropología e Historia

Se ha recibido en donación parte de la biblioteca particular del Mtro. Felipe Flores Dorantes. Acerbo especializado en antropología y etnohistoria, que sin duda enriquecerá al Centro de Documentación en Antropología e Historia de nuestra unidad académica.

Anne Warren Johnson participó en la investigación colectiva Género, pobreza y violencia en el Estado de Guerrero

Conclusión de la investigación colectiva y publicación del libro Género, pobreza y violencia en el Estado de Guerrero donde participó la maestra Anne Warren Johnson, profesora-investigadora de la UAAS, junto con otras destacadas académicas. El libro ha sido publicado por la Secretaría de la Mujer.

OXTOTITLAN OXTOTITLAN OXTOTITLAN OXTOTITLAN OXTOTITLAN OXTOTITLAN ACADEMIA Los trabajos Autoevaluación y de Reforma no han sido interrumpidos en nuestra Unidad, la docencia y la investigación en la que estamos inmersos, si bien han dificultado la continuidad no nos hace dejar de lado el propósito que buscamos. Desde mayo del año 2007 se iniciaron los trabajos de autoevaluación, conformándose los equipos de trabajo que han abordado de manera armónica las 10 categorías que se exigen según la metodología de las CIEES. En relación a los trabajos de la Reforma de nuestros Planes y Programas de estudio hemos continuado con las tareas. Se concluyó la primera y segunda parte con la elaboración de un documento relacionado con los Fundamentos del Plan de Estudios y el Diseño de Objetivos y Perfiles; teniendo pendiente la tercera y cuarta parte, referente a la Selección y Organización de Contenidos y el Diseño de los Programas. En esto se está trabajando actualmente. Autoevaluación y Reforma no han sido interrumpidos

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y CULTURALES

6 de febrero a las 12:00 horas

CONFERENCIA:

Los pueblos indígenas y su derecho a la autonomía y a la libre determinación

Gaudencio Mejía Morales. CNDI. Especialista en Derecho Indígena quien ha sido representante de la ONU en Guatemala y Bolivia. Aula del primer año, Unidad Académica de Antropología Social Tixtla de Guerrero, Gro.

27 de febrero a las 10:00 horas

CONFERENCIA:

Entre el mestizo y el ladino: los proyectos nacionales de México y Guatemala en los años veinte.

María del Carmen Díaz. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Latinoamericanista, UNAM y Universidad de Costa Rica. Aula del primer año, Unidad Académica de Antropología Social Tixtla de Guerrero, Gro.

31 de marzo, 1 y 2 de abril a las 18:00 horas

Unidad Académica de Antropología Social de la UAG El Taller Libre de Arte José Clemente Orozco y Museo Regional de Guerrero

HOMENAJE A ENRIQUE ESCALONA Y MUESTRA DE CINE DOCUMENTAL

31 de marzo: Tlacuilo 1 de abril: Ángeles y Arcángeles 2 de abril: Símbolos patrios Sala de los Gobernadores, Museo Regional de Guerrero

3 de mayo a las 12:00 horas

Unidad Académica de Antropología Social de la UAG y Universidad Pedagógica Nacional subsede Tlapa, invitan a la PRESENTACIÓN DEL LIBRO La ofrenda sacrificial entre los tlapanecos de Guerrero de Danièle Dehouve Con la participación de Abel Barrera Hernández, Abad Carrasco Zúñiga, Mario Martínez Rescalvo y la autora Auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional. Tlapa de Comonfort, Gro.