La crisis del socialismo y sus consecuencias

CAPÍTULO IX DE LA CRISIS AL SOCIALISMO PRÓSPERO Y SOSTENIBLE

La crisis del socialismo y sus consecuencias

La desaparición del socialismo en Europa Oriental (1989-1990) y la desintegración de la Unión Soviética (1991), junto con el reforzamiento del bloqueo económico por parte de Estados Unidos, puso a la Revolución Cubana en la coyuntura más difícil de toda su historia. La profunda e inesperada crisis económica estaba motivada por la pérdida simultánea de mercados, precios y créditos.

La capacidad de importación del país cayó abruptamente de casi ocho mil millones de dólares anuales a menos de dos mil, descendiendo a niveles críticos los insumos del país, mientras el Producto Interno Bruto (PIB) bajó en un 40%. En breve lapso se pasó de un promedio anual de importaciones, entre 1985 y 1990, de 7770 millones a 1719 millones de dólares en 1993, cuando el PIB llegó a ser un 65% de lo que era en 1989. El promedio de calorías per cápita bajó a 1995 y 55 gramos de proteína.392

Para paliar la tremenda debacle económica, el gobierno decidió implantar un "plan para el período especial", diseñado originalmente para tiempos de guerra, y el cual, entre otros aspectos, se propuso distribuir equitativamente los exiguos recursos existentes. A la vez se cerraron fábricas, empresas estatales y otros centros productivos y de servicios incluidas rutas de transportes- para los que no había ni las materias primas ni los portadores energéticos indispensables, que en su mayoría se importaban de Europa Oriental. En menos de cuatro décadas, Cuba debió reorientar su economía de golpe dos veces. Primero, como consecuencia de las transformaciones generadas después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, cuando fue necesario modificar toda la estructura económico-social del país y, ante el bloqueo impuesto por Estados Unidos, encauzar el comercio exterior en dirección a la comunidad socialista europea, cerrado el tradicional mercado norteamericano que predominaba desde fines del siglo XVIII. Ahora, al desaparecer abruptamente el entorno donde Cuba se había insertado desde los años sesenta, la Isla, en medio de una crisis económica sin paralelo, debió volver a variar drásticamente todos sus vínculos externos y, en gran medida también su sistema económico, ante el dramático dilema de

392 Véase Bert Hoffmann (editor): Cuba, apertura y reforma económica, Caracas, Nueva Sociedad, 1995, p. 85.

conservar las conquistas sociales conseguidas por la Revolución o rendirse al asedio norteamericano.

En esta grave situación, y luego de una postergación de siete meses, se reunió el IV Congreso del Partido Comunista de Cuba en octubre de 1991 que transformó sustancialmente el equipo dirigente, pues el 67% de los 225 miembros del Comité Central del PCC fueron nuevos ingresos. Entre las figuras más jóvenes que pasaron a primer plano, como miembros del Buró Político, se encontraban Carlos Lage, Roberto Robaina y Abel Prieto.393 El cónclave propuso una reforma constitucional que incluyera la elección directa de los diputados; ratificó el unipartidismo; aceptó el ingreso de religiosos en las filas de la organización política y fundamentó la necesidad de las empresas mixtas con el capital extranjero. A los pocos meses, la constitución de 1976 fue reformada y renovada la Asamblea Nacional por votación directa y secreta, comicios que demostraron, pese a los acuciantes problemas económicos, el apoyo mayoritario de la ciudadanía al proyecto socialista.

Hay que agregar que en estas circunstancias el bloqueo de Estados Unidos a Cuba fue redoblado por las leyes Torricelli y la Helms-Burton. La primera, aprobada por el congreso norteamericano el 23 de octubre de 1992, con el nombre de Ley para la Democracia Cubana, establecía, entre otras medidas punitivas, la eliminación de las autorizaciones a empresas estadounidenses radicadas en terceros países para negociar con la Isla. La otra, sancionada el 12 de marzo de 1996, abrió la posibilidad de penalizar por los tribunales de Estados Unidos a empresas de otras naciones que tuvieran negocios con Cuba.

Esta legislación anticubana impuso castigos a aquellas empresas o personas que utilizaran en sus negocios con la mayor de las Antillas bienes expropiados de ciudadanos norteamericanos, incluidos los cubanos, aunque no tuvieran esa nacionalidad en el momento de la confiscación. El sistema de sanciones incluyó varias regulaciones y trabas comerciales adicionales, como las aplicadas a un barco de cualquier país que tocara puerto cubano y que no podría hacerlo en Estados Unidos hasta pasados seis meses.

Además, se prohibió la entrada al territorio norteamericano a todo producto cubano, así como a cualquier artículo que tuviera componentes de esa procedencia. Ninguna empresa extranjera quedó autorizada a vender a Cuba productos que tuvieran más de un diez por ciento de componentes estadounidenses, previendo sanciones para la empresa o sus ejecutivos.