Cincuenta sacerdotes asesinados en tres sexenios Para el crimen organizado “somos un estorbo” /Rodrigo Vera

–¡Ninguno! Obviamente que los crímenes de los dos jesuitas, por ser muy recientes, apenas comienzan a investigarse. Pero de los anteriores cinco sacerdotes asesinados en este sexenio ningún caso se ha resuelto. No sabemos de ningún detenido ni de avance en ninguna de las carpetas de investigación. Hasta el momento, todos estos homicidios han quedado en la más completa impunidad.

“Y si esto ocurre con los casos del gobierno actual, ya se imaginará cómo están las investigaciones sobre los sacerdotes asesinados en los sexenios anteriores, que llevan más años de haber ocurrido. Sus casos están empolvados en los archivos. Los asesinos siguen libres, como hasta el momento continúa libre El Chueco, señalado como el presunto asesino de los jesuitas y quien ya tenía cuentas pendientes con la justicia desde 2018. Resulta increíble tanta impunidad.

“Pero el caso más extremo es el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido hace 29 años en Guadalajara. Ese crimen no se ha esclarecido. No se encontró a ningún culpable. ¡Imagínese! si no se ha resuelto el asesinato de un cardenal, mucho menos los crímenes contra sacerdotes ocurridos en este y otros sexenios”.

En entrevistas anteriores, Sotelo Aguilar ha insistido en que estos crímenes son realmente “clericidios”, puesto que el sacerdote es un “estabilizador social” que brinda apoyo espiritual, educativo, de salud y de derechos humanos a la población local. Una labor que el crimen organizado tiene bien identificada, de ahí que intencionalmente provoca “miedo y desestabilización social” al matar al sacerdote de la comunidad (Proceso 2132 y 2199).

Vuelve a recalcar ahora Sotelo: “No son asesinatos por cuestiones de fe, ni tampoco somos víctimas colaterales. No, nada de eso. Nos están matando por ser clérigos que incomodamos al narcotráfico con nuestras prédicas. Estamos ante un clericidio, no puede llamarse de otra manera”.

Y por lo común –prosigue–, primero se amenaza de muerte al sacerdote, luego se le secuestra y tortura, para finalmente asesinarlo. Incluso en ocasiones después se le difama, al acusarlo de libertino, de haber estado involucrado en actividades ilícitas, en actos de pederastia o en venganzas pasionales que ocasionaros su muerte.

De ahí que, durante 13 años consecutivos –asegura enfático–, México es el país más peligroso para ejercer el ministerio sacerdotal en toda América Latina. “Y mire que no somos un país en guerra o donde se persiga al cristianismo, como ocurre en Irak, Pakistán o algunos países africanos. Más bien somos un país católico”, dice. “Clericidios”

En el estudio Situación de la Iglesia Católica ante la violencia en México; reporte anual 2021, elaborado por la Unidad de Investigaciones Especiales del CCM, a cargo de Guillermo Gazanini, se hace el recuento pormenorizado de los asesinatos, amenazas, secuestros y extorsiones que ha sufrido el clero en el actual sexenio.

De manera cronológica, el estudio comienza por mencionar el asesinato del sacerdote José Martín Guzmán Vega, ocurrido el 23 de agosto de 2019, en la parroquia Cristo Rey de la Paz, ejido Santa Adelaida, perteneciente a la diócesis de Matamoros, Tamaulipas. Fue herido varias veces con arma blanca en el interior de su templo, murió al ser atendido en un hospital de la localidad. Apenas una semana antes de su muerte, Guzmán Vega puso a circular en redes sociales un video en el que criticaba duramente al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por no resolver el problema de la inseguridad en el estado.

Y el 28 de marzo de 2021 se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de Gumersin-

y Acción Laboral, enfocado a defender los derechos de los trabajadores.

Los jesuitas trabajan igualmente con migrantes de otros países que llegan a territorio mexicano en busca de mejores condiciones de vida, para quienes han abierto dos importantes “obras”: el Servicio Jesuita a Migrantes y el Servicio Jesuita a Refugiados.

Lo mismo han instalado estaciones de radio comunitarias en algunas zonas rurales, como Radio Huayacocotla, en Veracruz, y Radio Bachajón, en Chiapas. Además, “radios universitarias” en algunas de sus universidades.

A raíz del avance del narcotráfico crearon recientemente la “obra” denominada Jesuitas por la Paz, con el fin de reconstruir el tejido social de comunidades afectadas por la violencia y, por lo tanto, encaminada a la pacificación.

En 1572, hace 450 años, la Compañía de Jesús llegó al entonces territorio novohispano. Ahora, encabezados por su provincial en México, Luis Gerardo Moro Madrid, hay alrededor de 300 jesuitas en el país, según los datos proporcionados por su oficina de Comunicación Social.

Y quien lidera a los 14 mil 439 miembros de la Compañía que hay a nivel mundial es el actual “padre general”, el venezolano Arturo Sosa Abascal, radicado en Roma, desde donde dirige a toda esta congregación fundada en 1540 por el militar español Ignacio de Loyola.

A la Compañía también pertenece el Papa Francisco, el argentino Jorge Bergoglio, quien asumió el trono pontificio en marzo de 2013. Ante el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales, de 79 años, y Joaquín César Mora Salazar, de 80, el pasado lunes en la sierra Tarahumara, el Papa exclamó: “¡Cuántos asesinatos hay en México!”. Y añadió: “La violencia nunca resuelve los problemas, sólo aumenta el sufrimiento inútil”.

Francisco. “¡Cuántos asesinatos hay en México!”

do Cortés González, sacerdote de la parroquia Cristo Rey, en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Tenía múltiples disparos de arma de fuego en la cabeza y el tórax. Fue “una ejecución”. Su cadáver se dejó en un camino de terracería, en la comunidad Cerrito de Guadalupe. Pertenecía a la diócesis de Celaya.

El 12 de junio de ese mismo año, el religioso franciscano Juan Antonio Orozco Alvarado cayó víctima de un fuego cruzado entre sicarios del Cártel de Sinaloa y del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Se dirigía a celebrar una misa en la comunidad tepehuana de Pajaritos, Durango, cuando las balas lo alcanzaron. Orozco estaba adscrito a la prelatura de El Nayar, en Nayarit.

Dos meses después, el 30 de agosto de 2021, fue asesinado José Guadalupe Popoca Soto, párroco del templo de San Nicolás de Bari, del municipio de Zacatepec, Morelos. Se encontraba en la casa parroquial cuando le dispararon. Su muerte –determinó el peritaje– fue por “lesión penetrante a causa de un disparo de arma de fuego a la altura de la extremidad cefálica”.

Por llegar hasta diciembre de 2021, el estudio no alcanzó a incluir el caso de José Guadalupe Rivas Saldaña, quien en mayo de 2022 fue secuestrado, torturado y asesinado. Su cadáver se encontró en un paraje del municipio de Tecate, Baja California, y pudo identificarse gracias a que el religioso llevaba sus documentos de identidad. Rivas era el presidente de la Casa del Migrante de Tecate, y además párroco del templo de San Judas Tadeo, de la diócesis de Tijuana.

El estudio tampoco incluye el asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, ocurrido la tarde del pasado lunes 20 en el templo de Cerocahui, una pequeña comunidad tarahumara en el municipio chihuahuense de Urique. Se presume que fueron ultimados por José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, quien seguía prófugo al cierre de esta edición. Derechos de piso… en parroquias

En Situación de la Iglesia católica ante la violencia en México también se detallan casos de sacerdotes que, durante el gobierno de López Obrador, han sobrevivido a las torturas y a los ataques con armas de fuego. Tal es el caso del padre Eulogio Espinoza Nájera, de Hermosillo, quien el 22 de diciembre de 2018 fue herido con un arma de fuego y logró salir con vida; en abril de 2019 el sacerdote Ambrosio Arellano fue torturado y logró sobrevivir, a sus 78 años de edad; en diciembre de ese mismo año el jesuita Raúl Cervera fue atacado a balazos en una emboscada que le tendieron en Huayacocotla, en la sierra norte de Veracruz; pudo escapar y pedir ayuda a las autoridades; en enero de 2020 el padre Roly Candelario Piña Camacho fue secuestrado y herido con arma de fuego, se le dejó tirado a un costado de la carretera México-Puebla, a la altura del municipio poblano de Santa Rita Tlahuapan… y así se mencionan otros casos de curas sobrevivientes.

Las extorsiones del crimen organizado contra sacerdotes están aumentando en este sexenio, al grado de que ya se les comienza a cobrar “derechos de piso” para poder usar sus parroquias, o bien, para recibir protección contra bandas rivales, señala la investigación del CCM. Indica que, por lo pronto, la arquidiócesis de Toluca ya está tratando de identificar a los grupos que en su circunscripción eclesiástica “exigen pagos o derechos de piso a cambio de protección de las agresiones de grupos rivales”.

Mientras que el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el obispo Ramón Castro Castro, en diciembre de 2021 alertó públicamente sobre “estos casos de extorsión con diferentes modus operandi dirigidos hacia nuestros sacerdotes, religiosas y feligreses” en distintas diócesis.

Sin embargo, la investigación lamenta el hecho de que la CEM aún no lleva “un registro preciso” de estas extorsiones, ni tampoco tiene el “censo de parroquias que hayan denunciado el pago del derecho de piso o el pago de servicios de protección de grupos contra bandas rivales”, ni siquiera sabe “cuáles son las diócesis con la mayor prevalencia de estos delitos”.

Hace también un recuento del “agravio a templos”: como la “ola de robos y profanaciones” en varias parroquias de Morelos; la “profanación a la catedral de Hermosillo”, en agosto del año pasado; los “destrozos” de la Parroquia de María, en Ciudad Juárez; o el “robo” de “especies eucarísticas” y arte sacro que se está dando en templos de varias ciudades.

Concluye el estudio con un dato revelador: “Más de 80% de los casos de asesinatos, extorsiones, ataques y robos contra templos católicos no han sido resueltos”.

De esta manera, dice en la entrevista Omar Sotelo, el asesinato de los jesuitas es sólo la punta del iceberg del grave problema de violencia que padece el clero católico en México. “Los clericidios se vienen dando en México desde hace años. Pero se recrudecieron muchísimo a partir del sexenio de Felipe Calderón, cuando su gobierno le declaró la guerra al narcotráfico”, comenta.

Apoya con cifras su dicho: durante el sexenio de Ernesto Zedillo fueron ultimados tres sacerdotes, con Vicente Fox fueron cuatro, con Calderón la cifra se disparó a 17 homicidios y ya con Enrique Peña Nieto hubo 26 asesinatos, por lo que se considera el periodo más desastroso y trágico para el clero mexicano, después de la Guerra Cristera.

Durante la administración de Peña Nieto fueron incluso amenazados de muerte 14 obispos, entre ellos Ramón Castro, de Cuernavaca; Maximino Martínez, de Ciudad Altamirano y Miguel Patiño, de Apatzingán. Los prelados más expuestos eran los de Guerrero, Michoacán, Morelos y Tamaulipas, con el agravante de que los obispos optan por rechazar los servicios de guardaespaldas porque les impiden el contacto directo con la población (Proceso 2132).

Recuerda Sotelo: “En ese sexenio, la sede del episcopado, ubicada en la calzada Misterios, sufrió incluso un atentado; se le lanzó una bomba. Mientras que en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la más importante del país, fue apuñalado en plena celebración litúrgica el sacerdote José Miguel Machorro, quien murió días después. Nunca antes se había dado un hecho semejante en esa catedral”. –Los siete asesinatos del actual sexenio son muy pocos en comparación con los 26 del gobierno de Peña Nieto ¿Esto demuestra que la violencia bajó? –¡No! De ninguna manera, pues han aumentado las extorsiones. Y además este gobierno aún no termina. Tampoco olvidemos que, de acuerdo con nuestras estadísticas, pudo haber al menos siete asesinatos más de los sacerdotes que de milagro lograron sobrevivir. Se percibe una calma, pero es artificial. Hay mucha violencia soterrada que de pronto puede estallar. El más claro ejemplo es el brutal asesinato de los jesuitas. –¿No ha dado entonces resultados la actual estrategia contra el crimen organizado? –El gobierno de López Obrador se quedó muy corto en sus estrategias de seguridad. No han resultado eficaces. El Ejército ha sido burlado y humillado por los cárteles de la droga, los cuales, aparte de sus recursos materiales ilimitados, también tienen recursos humanos ilimitados gracias al reclutamiento de jóvenes, hombres y mujeres que no tienen oportunidades de trabajo en sus comunidades. El crimen organizado conoce muy bien estas carencias y las aprovecha al máximo. Antes que nada, se necesita que la población tenga comida, empleo y oportunidades de desarrollo.

“La militarización implementada por López Obrador no resolverá el problema de fondo, más bien a larga nos va a costar muchísimo. Es muy peligroso darle tanto poder económico y político a una institución armada porque puede velar sólo por sus intereses, abandonando su función de servicio. Lo hemos visto en otros países. En fin, estas estrategias de seguridad son puras medidas epidérmicas… ¡no servirán de nada!”

CONTRA EL CRIMEN, UN DISCURSO

CON ESTRATEGIA (ELECTORAL)

A poco más de dos años de que concluya la presidencia de López Obrador no se han publicado los Planes Estratégicos de Seguridad y Justicia, los cuales deben explicar cómo se combatirá al crimen organizado, cuál es el papel de la Guardia Nacional y cuáles son los delitos prioritarios. En cambio, lo que priva en el plan federal es el uso de programas sociales para resolver el problema de la delincuencia. Sin embargo, a decir de Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, “la lógica con la que se desarrollaron estos programas y planes es electoral y no de prevención del delito”.

PATRICIA DÁVILA

En mayo de 2019 el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador publicó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y dos meses después el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Pero a poco más de dos años de que concluya su mandato no han publicado los Planes Estratégicos de Seguridad y Justicia, los cuales deberían explicar –en acciones puntuales y concretas– lo que pretende hacer para apaciguar los problemas que vive el país en esta materia. La estrategia no existe.

De acuerdo con el PND en materia de gobierno y política, la 4T se planteó reformular el combate a las drogas, emprender la construcción de la paz, recuperación y dignificación de las cárceles, articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz, establecer la Guardia Nacional y repensar la seguridad nacional y reorientar las Fuerzas Armadas.

Esos objetivos se lograrían mediante la articulación de una política social para “construir un país con bienestar y desarrollo sostenible vía programas asistenciales”, como Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Programa Nacional de Becas para el Bienes tar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Sembrando Vida, entre otros.

Con la convicción de que la violencia engendra más violencia, y tomando en cuenta el reclamo ciudadano por la inseguridad, el gobierno decidió cambiar las medidas de guerra por una presunta “política de paz y seguridad” integral para atacar las raíces del descontrol delictivo y de la pérdida de seguridad y, en consecuencia, reducir los índices delictivos.

Entre otros aspectos planteó reformular el combate a las drogas. La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas reside en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas masivos, pero personalizados de reinserción y desintoxicación.

El mandatario dijo que lo haría de manera negociada, tanto en la relación bilateral con Estados Unidos como en el ámbito multilateral, en el seno de la ONU.

También pretende emprender la construcción de la paz vía la adopción de modelos de justicia transicional, la cultura de paz y la recuperación de la confianza en la autoridad. Y, ante la imposibilidad de derrotar diversas expresiones delictivas por medios exclusiva o preponderantemente policiales y militares, y frente al “absurdo” de querer pacificar con métodos violentos, el PND considera imperativa la adopción de modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas y que, al mismo tiempo, hagan posible el desarme y la entrega de los infractores, a quienes se les respetará sus derechos legales y se les propondrá un cambio de vida.

Como “objetivos estratégicos” se propuso: coordinar la ejecución del Programa para la Seguridad Nacional del gobierno, por medio del Consejo de Seguridad Nacional; establecer un Sistema Nacional de Inteligencia, actualizar el catálogo y clasificación de las instalaciones estratégicas; fortalecer y mantener la seguridad interior del país y garantizar la defensa exterior de México.

El gobierno de la 4T se fijó promover el concepto de cultura de seguridad nacional para contribuir al conocimiento colectivo sobre el tema, mejorar las capacidades tecnológicas de investigación científica en los ámbitos de seguridad pública, seguridad interior, generación de

inteligencia estratégica y procuración de justicia; así como construir las bases para crear un Documento Único de Identificación Nacional biometrizado.

Otro propósito fue repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas para incrementar la confianza de la población civil hacia los elementos castrenses; además de crear la Guardia Nacional. Se puso como objetivos sexenales para ese cuerpo crecer hasta 140 mil elementos y la cobertura de 266 regiones distribuidas en las 32 entidades federativas. La prioridad serían las zonas más violentas y conflictivas.

“Lo que el presidente proponía era crear una Guardia Nacional como una institución de élite, que se diferenciaba de la Policía Federal porque era incorruptible y más eficaz. La verdad es que, a la fecha, ha tenido peor desempeño que el que tenía la extinta Policía Federal.

“Los controles internos son mucho más laxos. Entonces, a casi cuatro años de gobierno, el objetivo de la Guardia Nacional no se ha cumplido. Lo que sí vemos es que esta narrativa del presidente, de tolerar a la delincuencia organizada, ha permeado en autoridades que al final no acaban de hacer su trabajo”, afirma Francisco Rivas, director de la organización Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Octavio Gómez

López Obrador. Los reclamos a la 4T

Con lógica electoral

A casi cuatro años de iniciada la presidencia de López Obrador, sigue sin existir una política nacional de seguridad. Hay una narrativa muy efectiva que ha tenido como eje que la violencia no se combate con violencia. También hay una continuidad de acciones que se emprendieron en otros gobiernos, como la militarización y la presencia de fuerzas federales para responder a la violencia generada por los cárteles de la droga, “pero más allá de eso una política como tal no hay”. –De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2024, mediante las becas y los programas sociales de distribución de dinero se iba a confrontar el problema de la delincuencia, ¿ha funcionado? –La lógica con la que se desarrollaron esos programas y planes es electoral y no de prevención del delito. Primero, si vemos la distribución de los recursos, éstos no están llegando a los más pobres. De hecho, la población más pobre del país y la que gana menos de 6 mil pesos mensuales como familia, recibe menos dinero en comparación con las administraciones de los entonces presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Además, los apoyos para el campo han disminuido. O sea, todo se giró hacia ciertos programas, como Jóvenes Construyendo el Futuro, que tienen características de estar distribuidos principalmente en distritos relevantes electoralmente y no con una lógica de prevención ni con un diagnóstico situacional de riesgo, por ello no son programas que tienen como fin prevenir el delito.”

El ONC realizó un estudio sobre el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de la delincuencia organizada y uno de los aspectos que en él sobresalen es que, más que la pobreza, lo que genera condiciones para que un joven empiece a participar en el delito es su cercanía con el crimen, es decir, si en una familia hay una

Rodríguez. Inexperiencia

persona que se dedique a delinquir, hay mucho mayor probabilidad de que los jóvenes sigan ese camino.

Una familia con violencia familiar es más propensa a que uno de sus jóvenes se involucre en actividades criminales, y lo mismo sucede si un joven no estudia.

No ocurre así en temas relacionados con la falta de recursos económicos. Por lo tanto, la pobreza económica no es el principal elemento. Eso demuestra que la transmisión y repartición de recursos es insuficiente para mejorar las condiciones de seguridad del país y para inhibir que los jóvenes participen en la delincuencia, afirma Rivas, quien proporciona dos análisis sobre el PND y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que realizó el observatorio.

“Otro grave problema es que el presidente siempre tiene otros datos. Se niega a ver la realidad y así es imposible sostener un diálogo: el presidente no se da cuenta de que el homicidio no está bajando, y no hablemos de los otros delitos, como extorsión, trata o narcomenudeo, que se encuentran en máximos históricos.” –¿Manipular la información es intencional o es ignorancia? –Me parece difícil que sea simplemente ignorancia, yo creo que sí tiene que ver con una voluntad de engañar, de mentirnos en tratar de hacer parecer que las cosas son mejores de lo que en realidad son. Aunque en parte también es ignorancia, pues hemos tenido al frente de nuestra Secretaría de Seguridad a dos personas absolutamente ignorantes en materia de seguridad, como son Alfonso Durazno y luego Rosa Icela Rodríguez, que no saben nada de seguridad pero tomaron decisiones. Y otras veces no las toman porque quien lo hace es la Secretaría de la Defensa Nacional con la lógica militarista y no civil. Esta es la otra falla, dejar en manos de militares la seguridad pública. –Decía que el Plan Nacional de Desarrollo marca la estrategia nacional de seguridad. Sin embargo, faltan los planes estratégicos… ¿Por qué no han sido publicados? –No hay una explicación. No sé si es porque no entienden cómo se hacen o porque no sabían que había que hacerlo; porque son ignorantes o porque no les interesa rendir cuentas a la sociedad, o porque no les interesa cumplir con lo que establece la ley; pero sea cual sea el escenario, es un escenario negativo.

Precisa: “No han aterrizado los planes sectoriales en seguridad que deben explicar cuál es el papel de la Guardia Nacional, cuáles son los delitos prioritarios, cómo se van a llevar a cabo ciertas acciones, cuáles son los indicadores de desempeño de resultados. Uno tiene que ver con la policía, otro con la Guardia Nacional, otro con procuración de justicia, con sistema penitenciario, o sea, con las partes relevantes de la seguridad. Pero no hay nada”. –Hoy nos están dando a conocer que El Chueco, líder regional del Cártel de Sinaloa en Chihuahua, tiene antecedentes penales desde 2018. En algunos textos de Proceso lo citamos desde 2020. Aun así esta persona siguió delinquiendo, ¿cómo lo explica? –Si no tengo un objetivo claro en seguridad, como decíamos, lo que encontramos es una deficiencia precisamente para cumplir. Necesitamos que haya estrategia, que exista voluntad política, que haya recursos para atender las problemáticas. Que se saque a la política de las decisiones cotidianas.

“Por ejemplo, en Michoacán y en Zacatecas vimos que el gobierno federal retiró su apoyo a las autoridades estatales, previo a las elecciones, para poder ganar. Esta es muy mala noticia, porque nos habla de un grave problema de seriedad.”

Francisco Rivas señala que, por otro lado, Zacatecas, Michoacán, Colima, Baja California y Nayarit, estados gobernados por Morena, viven una crisis de seguridad absoluta, son los estados más violentos del país. El caso de Chihuahua también es un buen ejemplo porque también se encuentra dentro de las seis entidades más violentas del país, y ahí uno de los aspectos que hay que remarcar es que los estados solos no pueden, requieren de la colaboración.

Aunque definitivamente –explica el entrevistado– la seguridad se construye de abajo para arriba y, por ende, es importante que los estados tengan sus estrategias complementarias con las del gobierno federal.

“El problema es que, si no hay una cosa (estrategia federal), tampoco hay la otra (estrategia estatal), la verdad es que no hay forma de resolver.”

A ello se suma que el gobierno federal cada año disminuye los recursos destinados a combatir la inseguridad, dice Rivas.

“Se han mantenido a la baja. Aunque en el agregado parece que aumentaron, en 2019-2020 se destinó 0.87% del producto interno bruto, el año siguiente y en los años sucesivos hemos llegado a casi 1% de lo programado ¿Cuál es el problema? qué más de 50% de lo que está programado para la seguridad en realidad se va a otro tema, el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, a Dos Bocas.

“Entonces está etiquetado bajo el rubro de seguridad, pero en realidad se va a otros programas y lo que le queda a seguridad es menos de 0.5% del producto interno bruto, menos de lo que tenía en la época de Vicente Fox.

“Cuando hay un cambio de gobierno, hay una tendencia a que los delitos aumenten porque en México estamos acostumbrados a llegar y tirar a la basura los programas y empezar de cero. Luego, entre que despedimos a unos, vamos a conocer y que empieza a suceder, los delincuentes aprovechan para ejecutar la violencia, hacerse de territorio, hacerse de mercados”.

El entrevistado considera que el problema es que en este caso en particular las entidades gobernadas por Morena trascienden el problema, “hemos escuchado al gobernador de Michoacán decir que los cuerpos los sembraba Calderón, o al de Zacatecas decir que la única solución es que se encomienden a Dios. Son declaraciones que exhiben la incapacidad de los gobernadores y su politiquería, porque en realidad no están dispuestos a rendirle cuentas a la sociedad”. –Y en esas entidades hemos visto a elementos del Ejército que son sometidos por personas del crimen organizado, incluso videos donde los soldados huyen al ser perseguidos a balazos… –He platicado con gente de la Guardia Nacional que dice desconocer qué hacer sí detienen al delincuente porque al final va a pasar lo que en muchas ocasiones: liberan al delincuente. Entonces, qué nos podemos esperar de un gobierno que libera a un delincuente, como en el caso Ovidio.

Sobre lo que viene en materia de seguridad pública para México, Rivas advierte un panorama adverso porque los delitos por sí mismos no bajan y la delincuencia cada vez es más poderosa. “No hay un combate a la corrupción, no hay decomiso significativo de droga, armas, propiedades, ni de efectivo.

“No existen detenciones ni combate al lavado de dinero, tampoco a las estructuras paramilitares. Es falso que se están atendiendo las causas que genera la violencia; entonces la única consecuencia es que esto siga empeorando. Si no hay decomisos, entonces los delincuentes acaban volviéndose cada vez más ricos y poderosos”.

Rivas. Panorama adverso

Octavio Gómez