ÁMBITO POLÍTICO

cia-". Y en la fase 3 "habrá vida pastoral ordinaria que tenga en cuenta las medidas necesarias hasta que haya una solución médica a la enfermedad".

"No atentar contra la vida de nadie"

La diócesis de Madrid no ha publicado aún las disposiciones específicas para las parroquias, a la espera de conocer los nuevos datos. Como explica en su carta pastoral Carlos Osoro, "los obispos de España estamos viendo cómo emprender la desescalada en conversaciones con el Gobierno de la nación y, en mi caso, con el Gobierno autonómico. Después, en nuestra archidiócesis de Madrid daremos la normativa necesaria para que a nadie le falte la atención a la que, como cristiano, tiene derecho, sabiendo que su derecho, en este tiempo de pandemia, no puede atentar contra la vida de nadie". Por su parte, los obispos catalanes definirán su postura después de una reunión de la Conferencia Episcopal Tarraconense, que tendrá lugar este martes. Como en otras ocasiones, parece que no habrá problemas en supeditar el legítimo derecho a recibir la Eucaristía a cumplir con la normativa sanitaria, no arriesgar y defender la vida. Aunque todos están esperando al nuevo decreto que pueda sacar el obispo de Alcalá de Henares. (religiondigital.org) 30/04/2020

11.Obispos llaman a preservar la vida por encima de la política La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) exhortó a que en esta contingencia sanitaria, los ciudadanos, los gobiernos federal, estatales y municipales hagan a un lado los intereses personales partidistas, ideológicos, políticos y religiosos para unirnos en la preservación de la vida. En un pronunciamiento, los obispos del país señalaron que estamos experimentando la fragilidad de las instituciones y en particular del sistema sanitario y financiero. Invitaron a quienes tienen el poder de decidir sobre los grandes proyectos y obras nacionales a considerar la oportunidad de destinar esos recursos, durante los meses en que muchos mexicanos no tienen trabajo, para mitigar las carencias de alimentos en muchos hogares. Destacó que salud, alimentos y trabajo son exigencias ineludibles en esta emergencia sanitaria. Nos parece que el gobierno federal, estatal y municipal, junto con los empresarios, tienen la oportunidad de liderar, con todos los recursos humanos y materiales, esta nación tan plural que ahora requiere y exige unidad. Aparte, el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, expuso en un video que la pandemia nos ha puesto en una situación extraordinaria y nos ha hecho buscar caminos para responder en nuestras actividades. Felicitó a los sacerdotes que han sabido encontrar caminos para acompañar a nuestras comunidades, a los que coordinan estrategias de ayuda, y a los fieles que han respondido muy favorablemente a todas las iniciativas pastorales de manera virtual pero real. La CEM reconoció y agradeció la labor del personal sanitario que expone su vida y la de su familia a diario, así como la de los -en-car-gados de reponer los productos en los mercados, de los limpiadores, de los transportistas, de las fuerzas de seguridad. (jornada.com.mx) 25/04/2020

12.Diócesis de San Cristóbal pide mejorar protección a sacerdote San Cristóbal de Las Casas, Chis. La diócesis de San Cristóbal expresó su respaldo al párroco de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez, quien recibió amenazas de muerte. En un comunicado firmado por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez y el vicario de justicia y paz, José Luis Bezares Selvas, la diócesis llamó a las autoridades a encaminar sus poderes hacia el servicio de la paz, no una ganada por la guerra ni por imposición, sino por el diálogo y la búsqueda del bien de todos, y les pidió revisar a quién protegen con sus diversas poli-cías armadas. El sacerdote, quien se desempeña como coordinador de la pastoral social de las diócesis de San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, y su equipo parroquial da sus servicios de acuerdo con nuestro caminar diocesano, por lo que le respaldamos completamente en su labor pastoral, indicó El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) destacó que las amenazas contra Pérez Pérez también ponen en riesgo a su equipo pastoral, por lo que exigió a las autoridades garantizar su protección. Pérez Pérez cuenta con medidas cautelares (MC506/14) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con las del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos. (jornada.com.mx) 26/04/2020

13.Apoyo y solidaridad con el Padre Marcelo Pérez Pérez https://redtdt.org.mx/?p=15482 (redtdt.org.mx) 23/04/2020

14.Cercan y disparan contra indígenas en

Chiapas; los acusan de tener covid-19 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Habitantes del municipio de Tumbalá enfrentan desde inicio de abril, siete contagios de covid-19. Autoridades del municipio vecino, Yajalón, también tienen brotes del virus en la demarcación, pero les cerraron el paso con un ―filtro sanitario‖, que les impide abastecerse de alimentos y servicios. El pasado lunes, los pobladores de Tumbalá protestaron por esta medida, pero policías y civiles armados los reprimieron. La pandemia por los contagios de covid-19 tiene un ―foco rojo‖ en esa región ubicada en la zona norte de Chiapas; donde habita una mayoría de indígenas de la etnia ch´ol, según reconoció la jefa del Distrito de Salud VI, María Elsa López González. La funcionaria informó que en los municipios Tumbalá, Yajalón y Tila se realiza una búsqueda intencionada de casos y acciones de concientización. El pasado 10 de abril se dio a conocer un primer caso positivo a covid-19 en Tumbalá, un municipio que tiene alrededor de 35 mil personas. En días subsecuentes los casos se incrementaron hasta llegar a siete. Esto colocó a esta demarcación con una tasa de incidencia del 19.2, la más alta en el estado de Chiapas. Pobladores de Tumbalá denunciaron que la respuesta de las comunidades vecinas fue cerrarles el paso. Sin posibilidad de abastecerse de alimentos y tener servicios de salud, las comunidades cercadas acudieron al cruce entre los poblados Hidalgo Joshil y Pulpitillo. Se trata del entronque que comunica a los municipios de Tila y Yajalón. Su intención era que les permitieran el paso al municipio de Yajalón, donde se concentran los servicios de salud de la región.

Ataque armado

Alrededor de las 13:30 horas, mientras se encontraban en el lugar, llegaron en camionetas policías municipales de Yajalón. También, integrantes de un grupo de civiles armados que las personas del lugar cocnocen como ―Grupo Táctico‖. Este grupo, al decir de los pobladores, trabaja al servicios de las autoridades de Yajalón. Los policías y los civiles armados dispararon contra los habitantes de Tumbalá, así lo grabaron los mismos indígenas del poblado Pulpitillo. Policías y hombres armados golpearon y detuvieron a los indígenas Francisco Méndez Álvaro y Cristóbal Méndez Velasco. Otro indígena, Román Guzmán Montejo, fue herido con arma de fuego. El reporte de la policía municipal de Yajalón fue que los habitantes de Tumbalá intentaron cruzar el ―filtro sanitario por el covid-19‖ y por ello los detuvieron. El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, quien atiende a la población de la zona, denunció que es inconstitucional el cerco policiaco que hay alrededor de la población de Tumbalá. Esta situación, advierte, los coloca en doble riesgo ya que les cierra el acceso a los servicios de salud en medio de esta pandemia. También denunciaron que la agresión armada contra los indígenas, se dio violando todo protocolo de diálogo. Hasta el momento ninguna autoridad estatal de Chiapas ha informado sobre la situación que existe en esa región. Este trabajo fue publicado originalmente en Chiapas Paralelo, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. (piedepagina.mx) 28/04/2020

15.Indígenas de los Altos de Chiapas, entre el acoso del gobierno y el Covid-19 En los Altos de Chiapas, los desplazados tzotziles del municipio de Aldama se encuentran en situación doblemente vulnerable. A los ataques de grupos armados, tolerados por el gobierno estatal, se suman los crecientes riesgos de salud durante la emergencia sanitaria por Covid-19, sin las garantías de atención médica adecuada. La entrada a la fase 3 de la emergencia sanitaria en México, pone en evidencia que las comunidades de pueblos originarios son altamente vulnerables, ya que su vida se encuentra en constante riesgo‖, dice el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Desde el 24 de marzo se intensificó la violencia y dicho Centro ha registrado 47 ataques, que durante la última semana aumentaron y se realizaron de manera sistemática. Según reportes de la Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama, grupos armados de corte paramilitar procedentes de Chenalhó utilizan las trincheras de Tok‘oy, Pajaltoj, Oxch‘om, Slumka, Vale‘tik y Tojtik, de las comunidades de Saclum y Santa Martha, municipio de Chenalhó, para realizar disparos dirigidos hacia las casas de Xuxch‘en, San Pedro Kotsilnab, Koko‘, Tabak, y Chivit en Aldama. Ayer, día 27, la citada Comisión reportó nuevos ataques, que iniciaron durante la madrugada. De acuerdo

a sus testimonios, hombres vestidos de negro realizaron disparos desde las trincheras. El 27 de marzo, las comunidades de Aldama en desplazamiento forzado interpusieron una solicitud de amparo y protección de la justicia federal para la ―suspensión definitiva de la violencia‖ de grupos civiles armados que ―actúan con la aquiescencia y tolerancia de funcionarios del Estado‖. Sin embargo hasta la fecha ―las autoridades responsables continúan la omisión‖. La violencia en la franja limítrofe de Aldama con Chenalhó se intensificó en medio de la emergencia sanitaria por COVID 19. Las autoridades han sido omisas en el cumplimiento de la suspensión de plano otorgada por un Juez Federal el 28 de marzo, ―por lo que se promovió un incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión, consistente en que se brinde la protección y seguridad que requieren los quejosos‖, así como medidas ―que garanticen la vida, seguridad e integridad personal de la población de Aldama en situaciones de violencia generalizada y violaciones a los derechos humanos derivadas del conflicto armado‖, según reza la resolución del Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Tuxtla Gutiérrez (amparo 340/2020) para proteger a estas comunidades. El Frayba destaca las directrices esenciales de las Naciones Unidas en la atención a la pandemia para grupos vulnerables: ―Los Estados deben aplicar medidas adicionales con el fin de abordar la repercusión desproporcionada que el Covid-19 puede tener sobre las minorías, a causa de las zonas remotas donde viven, en las que hay un acceso limitado a bienes y servicios esenciales‖ (Organización de las Naciones Unidas. Directrices relativas a la Covid-19: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/COVID19 Guidance.aspx). Desde el inicio de las agresiones armadas en marzo de 2018, el Frayba realizó intervenciones a 30 autoridades de dos periodos de los gobiernos en federales y estatales. No obstante, la impunidad persiste en graves violaciones a las garantías de los indígenas: privación arbitraria de la vida, desplazamiento forzado y privación arbitraria de la libertad al defensor comunitario Cristóbal Sántiz Jiménez. Tanto el Frayba como los indígenas urgen a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón Cadenas para que cumplan el mandato judicial de proteger a las comunidades. Las principales exigencias son: garantías para proteger la vida del pueblo maya tzotzil de Aldama, en riesgo por agresiones armadas; cumplimiento de la recomendación 71/2019, emitida el 23 de septiembre de 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humano, e investigación de las agresiones armadas desde marzo del 201 8, perpetradas por grupos civiles armados procedentes de Santa Martha, municipio de Chenalhó, que provocaron el desplazamiento forzado. Se solicita además ―atención humanitaria, vivienda, salud, alimentación adecuada y digna para las víctimas de desplazamiento forzado en Aldama, dado su en mayor vulnerabilidad durante la pandemia por Covid 19‖. (jornada.com.mx) 28/04/2020

16.Poder Judicial Federal impide defensa de comunidades urbanas e indígenas frente al tren maya Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación con sede en Campeche y Yucatán, respectivamente, han impedido el derecho al acceso a la justicia de personas y comunidades que se ven amenazadas por distintas acciones y omisiones de autoridades en el marco de la construcción del proyecto denominado ―Tren Maya‖. Denunciamos que en dos ocasiones distintas se ha visto obstaculizado el acceso a la justicia en ca sos urgentes, lo cual advierte que la administración de la Justicia Federal no está siendo eficaz en el marco de las medidas de distanciamiento social por la pandemia de SARS CoV2 (COVID-19). En el primer caso, el viernes 17 de abril el Colectivo Tres Colonias de Campeche, conformado por vecinas y vecinos de las colonias Camino Real, La Ermita y Santa Lucía en la capital campechana acudieron a los Juzgados de Distrito con sede en Campeche a presentar un amparo en contra del proceso para desalojarlos por habitar al margen de las vías que serían utilizadas para el proyecto del Tren Maya. Las autoridades encargadas del proyecto, en conjunto con ONU-Hábitat, han realizado censos y entrevistas durante la pandemia como primera fase del proceso de desalojo y reubicación. Además, los colonos argumentaban la falta de información sobre a dónde serían reubicados y la falta de garantías de que no terminarán en una situación de calle. Frente a esta solicitud, el personal del Juzgado Primero de Distrito de Campeche se negó a recibir la demanda de amparo, argumentando de manera oral que no era un ―asunto de urgencia‖, a pesar de no haber ni siquiera leído la demanda. Es decir, los quejosos no recibieron ni siquiera un acuerdo que sustentara la decisión. Frente a esta situación, el día 24 de abril se presentó un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito señalando la ilegalidad de la acción del Juzgado Primero. En el segundo caso, ocurrido en Yucatán, integrantes de la Asamblea Maya Muuch Ximbal presentaron una demanda de amparo presentaron una demanda en

contra del acuerdo de fecha 06 de abril del presente año emitido por el Gobierno Federal, mediante el cual se estableció la continuación de los trabajos del Tren Maya a pesar de la emergencia sanitaria derivada del Covid. Los firmantes, representantes de varias comunidades mayas del estado de Yucatán, señalaron que era urgente admitir el amparo y ordenar la suspensión de los trabajos del tren durante el período de cuarentena por el riesgo de contagio que tendrían las comunidades afectadas. Al principio, el personal de guardia se negó a recibirles la demanda, argumentando de manera oral y sin leerla que ―no era urgente‖. Si bien la demanda, después de mucho insistir, fue finalmente recibida por el Juzgado Cuarto de Distrito del estado de Yucatán bajo el expediente 513/2020, la Juez Cuarto determinó posponer la admisión y resolución del amparo una vez ―pasada la emergencia sanitaria‖ por no considerarlo un caso de urgencia. Es decir, a pesar de que lo que se impugnó fue un acto en el contexto de la pandemia, el Juzgado, en una actitud incongruente, pospuso su análisis una vez terminado el período de cuarentena, con lo cual no sólo negó el acceso a la justicia a dichas comunidades sino que las dejó a merced de una acción que podría implicar un incremento de casos de Covid en las comunidades afectadas por el tren maya. Tanto en el caso de Campeche como en el de Yucatán se demandaron hechos que se encuentran ocurriendo actualmente y que tienen relación con la pandemia, pero que además son urgentes dadas las consecuencias que tienen y podrían tener para quienes reclaman. Decidir que las personas afectadas deben esperar al término de la contingencia para acceder a los Tribunales es igual a cancelarles ese derecho de acceso a la justicia que tienen constitucionalmente. Para cuando llegue ese momento los actos frente a los cuales buscan defenderse ya estarán consumados y serán de imposible reparación. Independientemente de lo que ocurra con ambos casos tras la presentación de los respectivos recursos judiciales, resulta preocupante la actitud de los órganos juzgadores del Poder Judicial Federal frente a estos hechos, pues resulta evidente que el Gobierno Federal se está aprovechando de la pandemia y de la situación de contingencia y riesgo sanitario para avanzar en la implementación del proyecto del Tren Maya, poniendo en riesgo derechos elementales de la población como la vivienda, la salud e incluso la vida. La pandemia no es excusa para que se suspendan los contrapesos constitucionales como lo es el Poder Judicial. Sobre todo porque en una democracia incluso durante una crisis de salubridad como esta es necesario que las autoridades se apeguen a la Constitución de la nación. Lo mismo ocurre frente a megaproyectos del Poder Ejecutivo que afecten los derechos de las personas. El Poder Judicial no puede ser ni omiso, ni condescendiente, sino garante de que lo que dice nuestra Carta Magna se cumpla. Descuidar ese papel implicaría estarle dando a las autoridades de los otros poderes un aval para hacer lo que deseen y, en el caso concreto del Tren Maya, podría interpretarse como una sumisión a un proyecto impulsado desde el ejecutivo. Frente a esta situación, y si bien es cierto que todas las instituciones deben tomar medidas en el contexto de la pandemia del covid, recordamos que el derecho de acceso a la justicia es uno de los pilares básicos del estado democrático de derecho, mismo que debe garantizarse aún en los contextos más adversos. En consecuencia, el Poder Judicial de la Federación debe seguir reforzando las medidas para no dejar en la indefensión a aquellas personas que por su condición extrema de vulnerabilidad corren en riesgo de ver violados sus derechos más elementales. Al Gobierno Federal, por su parte, le reiteramos la exigencia de suspender las obras de construcción del ―Tren Maya‖ así como el proceso de desalojo y reubicación de personas. Realizar este tipo de actividades aprovechando la pandemia es deshumanizar a las personas afectadas, así como a los pueblos y comunidades indígenas por el simple hecho de no ser condescendientes con las decisiones que se han tomado sobre este megaproyecto. Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible; Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch‟ Ximbal”; Colectivo Tres Colonias de Campeche; Indignación- Promoción y defensa de los derechos humanos; Fundación para el Debido Proceso (DPLF). (redtdt.org.mx) 28/04/2020

17.Frayba: Otorgan amparo a comunidades del Pueblo Maya Tsotsil en Desplazamiento Forzado Omisiones de autoridades de gobierno incrementan el riesgo a población vulnerable en contexto de COVID 19 El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, otorgó el 28 de marzo del presente año, el amparo 340/2020 para proteger la vida, integridad y seguridad de comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en desplazamiento forzado, del municipio de Aldama, Chiapas, México. El 27 de marzo de 2020, representantes de las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en desplazamiento forzado, de Aldama, interpusieron solicitud de amparo y protección de la justicia federal para la: ―suspensión definitiva de la violencia de grupos civiles armados de cor-

te paramilitar quienes actúan con la aquiescencia y tolerancia de funcionarios del Estado‖. Sin embargo hasta la fecha las autoridades responsables continúan la omisión en el cumplimiento de la resolución. Por lo anterior, la violencia en la franja limítrofe con Chenalhó se intensificó en un contexto de alto riesgo para población vulnerable en medio de la emergencia sanitaria por COVID 19, las autoridades señaladas han sido omisas en el cumplimiento de la suspensión de plano otorgada por un Juez Federal, por lo que se promovió un incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión consistente en que: ―se [...]brinde la protección y seguridad que requieren los quejosos [...] medidas necesarias que garanticen la vida, seguridad e integridad personal de la población del municipio de Aldama, quienes se encuentran sufriendo situaciones de violencia generalizada y de violaciones a los derechos humanos, derivado del conflicto armado a fin de garantizar la paz pública.‖ Desde el pasado 24 de marzo, al día de hoy, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registró al menos 47 actos de agresión armada. Durante la última semana los ataques aumentaron y se realizaron de manera sistemática. Reportes la Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama informan que los grupos armados de corte paramilitar procedentes de Chenalhó, utilizan las trincheras de Tok‘oy, Pajaltoj, Oxch‘om, Slumka, Tojtik, de la comunidad de Saclum, que se encuentran en territorio del municipio de Chenalhó para realizar disparos dirigidos hacia las casas de Xuxch'en, San Pedro kotsilnab, Koko‘ y Tabak, en Aldama. El día de ayer, la Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama reportó nuevos ataques armados, que iniciaron durante la madrugada, hacia las comunidades de Ye'ton, Koko‘, Tabak, Chivit, Xuxch'en y San Pedro kotsilnab. De acuerdo a testimonios hombres armados vestidos de negro están realizando disparos desde las trincheras de Tok‘oy y de Pajaltoj, así como de Vale'tik, pertenecientes a Santa Marta, Chenalhó. La entrada a la fase 3 de la emergencia sanitaria en México, pone en evidencia que las comunidades de Pueblos Originarios son altamente vulnerables, ya que su vida se encuentra en constante riesgo, ya sea por un ataque de armas de fuego o por contraer COVID 19 y no contar con garantías de atención médica adecuada. Las Directrices Esenciales de las Naciones Unidas para Incorporar la Perspectiva de Derechos humanos en la Atención a la Pandemia por COVID 19, establecen la necesidad de proteger a la población más vulnerable como son las comunidades en desplazamiento forzado: ―Los Estados deben aplicar medidas adicionales con el fin de abordar la repercusión desproporcionada que el COVID 19 puede tener sobre las minorías, a causa de las zonas remotas donde viven, en las que hay un acceso limitado a bienes y servicios esenciales‖ Desde el inicio de las agresiones armadas en marzo de 2018, el Frayba realizó intervenciones a 30 autoridades de dos periodos de los gobiernos en los ámbitos federal y estatal, sin embargo se mantiene la impunidad en graves violaciones a derechos humanos como son: La Privación Arbitraria de la Vida, el Desplazamiento Forzado y la Privación Arbitraria de la Libertad al defensor comunitario Cristóbal Sántiz Jiménez. .Por lo anterior urgimos a las autoridades responsables de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón Cadenas que cumplan con el mandato judicial del Tercer Juzgado de Distrito que otorgó el amparo 340/2020 para proteger la vida, integridad y seguridad de las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en desplazamiento forzado, de Aldama.

Entre las exigencias se encuentran:

1) Garantías de seguridad para proteger la vida de la población del Pueblo Maya Tsotsil del municipio de Aldama, en riesgo por hechos de agresiones armada que se intensificaron desde el 24 de marzo de 2020. 2) Cumplimiento de las Recomendación número 71/2019, emitida el 23 de septiembre de 2019, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos 3) Investigación de las agresiones armadas, desde marzo del 2018, perpetradas por grupos civiles armados de corte paramilitar procedentes de Santa Martha, municipio de Chenalhó, que provocaron el desplazamiento forzado de las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama. 4) Atención humanitaria, vivienda, salud, alimentación adecuada y digna para las personas víctimas de desplazamiento forzado del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama, Chiapas, en mayor vulnerabilidad durante la pandemia por COVID 19. (redtdt.org.mx) 28/04/2020

18.Gobiernos aprovechan crisis para imponer autoritarismo: ONG´s Ciudad de México. Es inaceptable que la preocupación y angustia social causada por la emergencia sanitaria del Covid-19 sea aprovechada por diversos actores políticos para imponer estrategias de ―mano dura‖ contra la población de algunos estados del país, señaló la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ―Todos los Derechos para Todas y Todos‖ (RTDT). Esta instancia, conformada por 86 agrupaciones de 23 estados del país, manifestó su preocupación por la instrumentación de políticas públicas ―restrictivas‖, especialmente relacionadas con el libre tránsito, en Sonora,

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Morelos. Subrayó que con estas acciones, las autoridades de estos estados restringen garantías ―sin tener facultades para ello y con un claro interés de lucro político‖. Precisó que 17 procedimientos especiales de la Organización de las Naciones Unidas emitieron un comunicado el 16 de abril para señalar que ―las declaraciones de emergencia basadas en el brote de Covid-19 no deberían ser usadas como base para atacar grupos particulares, minorías o individuos. No debería funcionar como acción represiva bajo la apariencia de proteger la salud ni debería ser utilizado para silenciar el trabajo de quienes defienden derechos humanos‖. Agregó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que ―el Estado que pretenda imponer una restricción de este tipo tiene la carga de probar que la misma satisface el principio de legalidad, que es idónea para alcanzar este fin, no existiendo medios menos lesivos para alcanzarla y que la afectación ocasionada no resulta más perjudicial para el derecho que sea afectado que el beneficio obtenido‖. La RTDT, en la que participan los centros de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, entre otros, emitió este domingo un comunicado en el que refirió que la actual es una situación inédita a nivel global, por lo que la pandemia representa un enorme reto pues abre espacios de oportunidad a los autoritarismos e ilegalidades. ―Llamamos a la solidaridad y corresponsabilidad social para construir una nueva normalidad que no se base en la socialización de las pérdidas, la permisibilidad de la represión y la conculcación paulatina de los derechos que hemos ganado a lo largo de la historia. Como organizaciones continuaremos en nuestro acompañamiento a los más necesitados, sin cejar en la crítica a las acciones violatorias de derechos humanos desde los estados y otros espacios de poder. ¡No a la mano dura!‖. Recordó que el 15 de abril, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios emitió un pronunciamiento en el que denunció la inconstitucionalidad del acuerdo tomado por los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila en relación con la imposición de multas, retenes, toques de queda, limitación a los derechos de libre tránsito y uso de la fuerza pública para el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social promovidas por la Federación. Tres días después, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo denunció la ineficacia de las medidas de prevención en los centros penitenciarios de Jalisco en relación al Covid-19.

―Hemos podido documentar a través de medios de comunicación y páginas web oficiales de los estados que Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán han instrumentado políticas públicas restrictivas de diversas garantías individuales, especialmente las relacionadas con el libre tránsito. Como señalamos en un comunicado específico que emitimos para el caso de Michoacán exceden sus facultades legales. En términos generales podríamos señalar que las disposiciones restrictivas de derechos a que aludimos carecen de fundamentación y motivación. Omiten lo establecido por el artículo 73 de la Constitución y el capítulo décimo de la Ley General de Salud. Esto da pie a crear marcos normativos que favorecen la violación de derechos humanos‖. Destacaron que la ―malograda iniciativa‖ que presentó la diputada federal por Morena, Lorenia Valles, para otorgar facultades extraconstitucionales a las cúpulas del Congreso para crear los plenos de urgencia como mecanismo extraordinario para aprobar ordenamientos de manera transitoria, incluyendo reformas constitucionales tan sólo con el concurso de las juntas de coordinación política de ambas cámaras. ―Si bien la iniciativa fue retirada muestra el interés de algunos actores políticos para crear mecanismos que eventualmente pudieran derivar en acciones autoritarias que lesionaran gravemente nuestra democracia y pusieran en riesgo la vigencia de los derechos humanos ante un contexto como el actual‖. (jornada.com.mx) 26/04/2020

19.México desaloja, casi por completo, estaciones migratorias para evitar contagios por coronavirus Ciudad de México. México ha desalojado casi por completo sus estaciones migratorias en las últimas semanas, como medida para contener la propagación del coronavirus, enviando a la mayoría de los ocupantes a sus países de origen, mostraron el domingo cifras oficiales. En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración (INM) dijo que desde el 21 de marzo había estado retirando a los ocupantes de las 65 instalaciones para migrantes de México, que el mes pasado albergaban a 3,759 personas. En las últimas semanas, México ha devuelto a 3,653 migrantes a Guatemala, Honduras y El Salvador por carretera y por aire, con el resultado de que ahora solo quedan 106 personas en los refugios, detalló. Las estaciones y albergues migratorios del INM tienen una capacidad total de 8,524 espacios. Entre los que quedaron se encontraban migrantes que esperaban el resultado de solicitudes de asilo o las au-

diencias ante las autoridades, y otros que habían solicitado expresamente permiso para quedarse, dijo un funcionario de migración. La gran mayoría de los devueltos eran migrantes detenidos porque se encontraban en México ilegalmente, dijo el funcionario, quien pidió no ser identificado. Algunos de ellos ya no deseaban permanecer en refugios debido al riesgo de infección por coronavirus, agregó. La mayoría de los migrantes que pasan por México para llegar a la frontera de Estados Unidos provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador. Con información de Reuters (jornada.com.mx) 26/04/2020

20.Frei Betto: "Con la pandemia, el número de pobres en Latinoamérica pasará de los 162 a los 216 millones" "Actualmente en América Latina sobreviven en la extrema pobreza 67,5 millones. Número que podrá llegar a 90,8 millones tras la pandemia" "La población pobre, que depende más de la renta informal, será la más perjudicada" Hoy, de los 7,7 billones de habitantes del planeta, 569 millones viven en América Latina. Según Oxfam, la pandemia debe aumentar el número de pobres en nuestro continente, pasando de 162 millones para 216 millones, o sea, otros 54 millones más de personas con una renta diaria inferior a USD 5.5. Actualmente sobreviven en la extrema pobreza 67,5 millones. Número que podrá llegar a 90,8 millones. Con certeza, la pandemia afectará el comercio internacional, especialmente la navegación mercante. La caída de la producción en China ya afecta directamente Brasil, México, Chile y Perú. ¿Cómo evitar el hacinamiento propio de un navío que pasa días enteros en alta mar? Las infecciones en cruceros marítimos fueron muy comunes. Por lo tanto, es muy probable que el transporte de alimentos de un país a otra sufra una considerable reducción, ya sea porque el exportador deba reservar sus cosechas para la población local, ya sea que el importador vea disminuido el flujo de envío de cargas, y por eso, si consigue comprar, deberá pagar precios exorbitantes. En resumen, esto significa aumento del hambre en el mundo. Según Oxfam, la pandemia podría arrojar más de 500 millones de personas en la pobreza, si es que los gobiernos no establecen con urgencia sistemas de renta mínima y de protección social. El número de personas que viven diariamente con menos de USD 5.5 aumentaría de 3,38 billones a 3,9 billones, o sea, 547 millones más. En el 2019, mientras la economía global creció en promedio 2.5%, el PBI de América Latina osciló apenas 0,1%, permaneciendo virtualmente paralizado. La CEPAL prevé una caída de 1,8% para el 2020. Datos del Banco Mundial divulgados en los primeros días de abril, revelan que, en Brasil, el total de personas en extrema pobreza (que sobreviven con menos de USD 1,90 por día) saltó de 9,250 millones en 2017 a 9,300 millones en 2018. La renta mensual de estas familias no superaba en el 2019 R$ 150 (aproximadamente unos USD 28). El aumento de la miseria en Brasil se debe a la combinación entre baja escolaridad y pocas oportunidades laborales. La tasa de desempleo entre los extremadamente pobres es de 24%. O sea, una de cada cuatro personas de este grupo que buscan trabajo no lo consigue. Hoy, más de 12 millones de brasileros están sin trabajo. Esto aumenta la tasa de desaliento de este grupo. Es lo que demuestra la cola de espera de 1 millón de personas para ingresar en el Programa Bolsa Familia, que ya hoy atiende a 14 millones de familias, cerca de 60 millones de personas. Lo que comprueba el fracaso de las políticas públicas para superar la crisis económica que afecta al Brasil en los últimos años. Entre 2014 y 2018, la población que sobrevivía en condición de miseria en Brasil aumentó un 67%. De los 15 países del continente, solamente hubo empeoramiento en este indicador en Argentina, Ecuador y Honduras, además de Brasil. En cambio, en países como Uruguay, Perú y Colombia, la extrema pobreza fue reducida. En México, el número de personas sobreviviendo en la miseria retrocedió de 4,6 millones (2014) a 2,2 millones (2018). En el 2017, 19 millones de brasileños tenían una renta personal mensual de USD 3,20. En el 2018, este contingente aumentó a 19,2 millones. Sin embargo, la faja de los que tienen USD 5,50 diarios para vivir tubo un retroceso: de 42,3 millones en el 2017, descendió a 41,7 millones en el 2018. Esto demuestra que, como sucede siempre, la crisis afectó principalmente a los más pobres. Entre los extremadamente pobre, 40% viven en zonas rurales, y apenas 1/3 de estas familias tienen algún ingreso por trabajo, según datos del Banco Mundial. Por otro lado, la clase media dio señales de recuperación. Las familias que viven con menos de USD 5,50 por día viven, por lo general, en las ciudades y el 80% tienen empleo. La mayoría es autónoma y sin ―carteira de trabalho‖ firmada, mientras 25% trabajan en el sector formal y cuentan con beneficios, como salario familia e abono salarial (similar asignación salarial por hijo/a). El Brasil vivió una profunda recesión entre los años 2014 y 2016. A partir de entonces tuvo inicio una tímida

recuperación. Con la pandemia, este cuadro tiende no solo a cesar, sino a gravarse, aumentándose la pobreza y la miseria. La población pobre, que depende más de la renta informal, será la más perjudicada por el aislamiento social impuesto por la pandemia. Salvo que las medidas anunciadas por el gobierno, como ser la ampliación de la Bolsa Familia y la renta básica de R$ 600 a los más pobres, realmente funcione. "Si no fuesen adoptados mecanismos de protección social, como el de la renta mínima, la situación tiende a agravarse" La crisis debe profundizar también la desigualdad de renta. Según el Banco Mundial, en el 2018 aumentó la brecha entre los ricos y pobres. Los que detentan el 20% de la renta total del país recuperaron sus pérdidas. Si no fuesen adoptados mecanismos de protección social, como el de la renta mínima, la situación tiende a agravarse. La esperanza es que la pandemia, que no hace distinción de clase, enseñe que el Estado sí tiene un papel preponderante para asegurar a los más pobres y vulnerables una amplia y eficiente red de protección social. Menos ajuste fiscal y más justicia social. (religiondigital.org) 19/04/2020

21.El Presidente Fernández recibió a la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas con una amplia agenda temática Argentina. Este martes 21 de abril, el presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, recibió a cinco representantes de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE), en la Quinta de Olivos. ―No nos ahorramos temas significativos pero siempre mirados desde el evangelio, desde el lugar de una contribución desde nuestra fe al conjunto de la sociedad‖, dice el pastor Néstor Miguez, Presidente de FAIE, ante la consulta de esta agencia. La reunión se llevó a cabo en un tono muy cordial y ameno, en la que se centraron en los temas significativos de la actualidad del país, como también en la participación de las iglesias en lo que respecta a la pandemia, dice el prensa de la organización. La delegación estuvo compuesta por el Presidente de FAIE, acompañado por el pastor Leonardo Schindler (Iglesia Evangélica del Río de la Plata), la pastora Marcela Mercuri (Centro Cristiano Nueva Vida), Ana de Medio (Iglesia Discípulos de Cristo) y Osvaldo Corazza (Ejército de Salvación). Durante la hora y media que duró el encuentro, conversaron sobre la necesidad de una proyección más extensa de país y que no solamente mire lo inmediato, así como la necesidad de contar con un Poder Judicial más sensible y cercano a las necesidades cotidianas de la gente. Asimismo, dialogaron sobre la necesidad de reglamentar el Código Civil y Comercial en lo que hace a la situación de las Personas Jurídicas Religiosas, entre otros aspectos. Desde la FAIE se manifestó preocupación por la realidad de los inmigrantes que no están recibiendo la ayuda necesaria; y por otro lado, por los determinados excesos policiales que generaron violencia institucional en varias provincias. En ambos puntos, el Presidente se mostró muy consciente y preocupado por lo mismo. Además, se trató la problemática de los pueblos originarios, ya que por cuestiones culturales y ambientales se encuentran muy expuestos en esta pandemia. La interrupción voluntaria del embarazo también fue tema de la agenda del encuentro. Desde la FAIE se dio a conocer su posición desde tres elementos: primero se manifestó que la responsabilidad de decidir sobre eso es del Estado y que no debe reproducir leyes de grupos religiosos, sino velar por la totalidad de la población de una forma equilibrada. En segundo término, se señaló que la prohibición no resuelve el problema; por lo que es necesario formas de regulación que no pasen por la prohibición. En tercer término, se agregó que es necesario que el Estado haga contención también para la mujer que ha decidido abortar, si fuera el caso. Finalmente, abordaron la relación entre mercado y Estado en la responsabilidad social y económica, temas vinculados con la educación y el conocimiento, la salud, entre otros. Por otro lado, dialogaron sobre la política impositiva y la necesidad de impulsar un sistema más progresivo, y es en este punto que la FAIE destacó su apoyo para la quita de la deuda, en función de la comprensión evangélica de lo que significa el perdón de las deudas. Por último, los representantes reafirmaron la oración y el apoyo a la gestión, tal como es el llamado de la Palabra de Dios. En ese sentido, fueron muy cordiales de ambos lados, notándose incluso un cierto grado de emoción cuando desde la FAIE señalaron que las iglesias oraban continuamente por la persona del Presidente. ―Puedo afirmar que hubo una buena recepción, de hecho iba anotando los temas que levantábamos, con verdadero interés. Sostengo que fue una reunión muy provechosa‖, enfatiza Miguez. (alc-noticias.net) 22/04/2020

22.Estados Unidos en la encrucijada: Carmelo Álvarez Estados Unidos. Para nadie es un secreto que la sociedad norteamericana, en todas sus expresiones, confronta uno de los momentos históricos más cruciales. El proceso electoral que va desde elecciones primarias estatales hasta las convenciones de los dos partidos oficiales, Demócrata y Republicano. El pasado 1 de marzo se ha conmemorado, en Selma, Alabama, una marcha que marcó ruta en la lucha por los derechos civiles de la población Afroamericana y su derecho al voto. Allí en Selma marcharon junto al masivo movimiento Afroamericano, liderado por el congresista John Lewis, figura emblemática del movimiento que lideró Martin Luther King Jr., allí mismo en Selma, hace 55 años. A la marcha se unieron otros líderes muy reconocidos a nivel nacional como los reverendos Al Sharpton y Jesse Jackson y los y las personas precandidatas que sigue luchando en la contienda, y obviamente andan buscando apoyos y endosos para sus candidaturas. Quisiera destacar algunos aspectos que sobresalen en este año electoral. Entre ellos, el ambiente polarizado que plantea esa contienda electoral (destacados en la candidatura a la reelección presidencial de Donald Trump por el Partido Republicano). Otro aspecto sobresaliente es el conflicto racial que ha exacerbado el discurso, la actitud y la tónica del presidente Trump, que se comporta como un líder político ultraconservador y no como jefe de estado. Esa actitud marca las políticas públicas y las convocatorias plagadas de mentiras y descalificaciones a todo cuestionamiento y disidencia, incluyendo las redes informáticas y las críticas de intelectuales connotados. A ello se une a la convocatoria de Trump a líderes evangélicos ultraconservadores que bendicen y promueven todo lo que propulsa y promueve el presidente Trump, sin el más mínimo cuestionamiento. Se justifica así el maridaje ideológico-político entre la iglesia y el estado, como nunca se había visto esa justificación en Estados Unidos. Lamentablemente, las llamadas iglesias históricas, en su gran mayoría, guardan un silencio que disipa y evade una actitud profética, tan necesaria en estos tiempos de ―sequía profética‖. Las políticas públicas marcan un rumbo claramente discriminatorio que incluye las políticas migratorias, la negativa para promover medidas de control a los armamentos, la falta de mayor seguridad pública frente a la violencia callejera rampante en el país a todo nivel y que ya ha cobrado miles de vidas, particularmente en escuelas públicas y espacios donde la juventud ha sido la más afectada. A todo esto, se une el favorecer las exenciones contributivas que favorecen los sectores del gran capital, que ya ocupa un lugar prominente en la proporción cada día más abismal entre ricos, pobres y una clase media cada día más golpeada. Entonces, se puede afirmar que estamos en una encrucijada, como pocas en la historia de los Estados Unidos, en este año electoral 2020. Sobresale el predominio del gran capital económico en los dos partidos políticos dominantes. Aún la élite política que tradicionalmente domina en la política local y nacional depende de los millones de dólares que se invierten desde la propaganda política hasta la inscripción de candidaturas presidenciales. Pareciera que hay que ser billonario de aquí en adelante para llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Como ha insistido el gran filósofo y filólogo, Noam Chomsky, estamos ante una ―democracia defectuosa‖ que cada día es menos participativa. El Dr Cornel West, reconocido filósofo y teólogo Afroamericano, destaca en su libro, Democracy Matters (La democracia importa), la necesidad de una verdadera recuperación de la vida democrática de ―la corrupción imperialista‖, con su racismo y expansionismo, y con su correspondiente militarismo y ―cristianismo constantiniano‖, con tendencias fundamentalistas. Hace falta una renovación y revitalización de la democracia norteamericana, recalca el Dr. Cornel West A este panorama se añade el impacto de la pandemia del COVID+19, que altera dramáticamente el escenario de la vida en la sociedad norteamericana, sin precedentes en la historia del país. La incertidumbre sobre un panorama tan complejo, y los desafíos que plantea, afecta cualquier proceso social, político y económico. De cara a unas elecciones nacionales en noviembre de 2020. Lo que he querido enfatizar aquí se puede resumir al plantear que Estados Unidos enfrenta un gran desafío para reconocer que su democracia enfrenta una profunda crisis. Las crisis ofrecen la posibilidad y oportunidad de corregir graves errores y corrupciones, rescatar valores morales, éticos y espirituales que marquen un rumbo nuevo en la vida nacional de los Estados Unido. Además de asumir una actitud menos arrogante y más honesta para que pueda unirse al gran concierto internacional como agente de paz, justicia y equidad. Así la democracia norte americana será más creíble por ser más transparente, incluyendo sus procesos electorales nacionales. ¡Ciertamente los Estados Unidos enfrenta una gran encrucijada, escoger el camino correcta será el gran desafío! (alc-noticias.net) 23/04/2020