Martes 21 de agosto Suplemento Ecológico semanal de El Cordillerano
Habló Mussi: “La sociedad discute mucho porque no está bien informada” ■ El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación compartió su visión en las VII Jornadas Metropolitanas y I Nacionales de Capacitación Ambiental, organizadas por Sociedad Ambiental. Señaló la ausencia de institucionalidad gubernamental, la manipulación informativa, y habló de varios temas polémicos: la megaminería, los glaciares y los agroquímicos.
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un año y medio de gestión, Mussi empezó aclarando que “el ambiente no está incluido en nuestro estamento gubernamental”. Se refirió a que en algunos municipios ni siquiera tiene lugar como Secretaría o Subsecretaría, o “está dentro de otra cartera como la de Producción” y sin ir más lejos “no hay Ministerio de Ambiente en la Argentina”. A su vez, admitió que su tarea
no es fácil “porque es un tema discutido”. Explicó que “la sociedad discute mucho porque no está bien informada” y relacionó: a “más discusión, menos decisiones, menos respuestas, menos soluciones”. Sobre los medios de comunicación, Mussi recordó que “en la información hay intereses encontrados, basta con ver cuánto se discute la Minería y qué poco sobre
Asamblea de Bariloche contra la Megaminería Sábado, 25 de agosto de 2012 14 hs - CEM 37
Agroquímicos”, insinuando la participación de los grupos Clarín y La Nación en los agronegocios. En el caso de los pueblos donde las empresas “manejan muchos puestos de trabajo”, éstas tienen el poder de presionar a los medios locales y transmitir la falsa antinomia “trabajo-ambiente”. En síntesis, “falta una figura que coordine todo esto”, confesó. ¿Centralizar y bajar línea? El Secretario de Ambiente propuso: “hay que despolitizar el tema para que no se use en las campañas políticas cada dos años”. Segundo, resaltó la importancia de la educación ambiental, entendiéndola como “la suma de reiteración de la información”. Por si quedaban dudas, dijo: “hay que machacar”. ¿Pero machacar cuál información? Los manuales de Educación Ambiental lanzados el año pasado de manera conjunta con el Ministerio de Educación de la Nación nunca fueron distribuidos. Mussi expresó a ComAmbiental que “los manuales se presentaron de una manera parcializada” con la opinión de un solo sector en materia
de Agroquímicos y de Minería. En ese sentido, indicó que “desde la Secretaría no podemos oponernos a la soja porque es una actividad muy importante para el país”. El mensaje fue similar para la minería de la que “dependen por lo menos 60 servicios”, sostuvo Mussi. Y aclaró: “la minería a cielo abierto es la única que contamina cuando no se toman los recaudos suficientes. Pedimos a las mineras que la metodología sea la misma que usan en su país de origen”. Corrigió así su “infortunada” frase del año pasado. “El inventario de Glaciares está hecho casi en un 30%”. En rueda de prensa, Mussi brindó más información al respecto. “Estamos sumando provincias como Catamarca y La Rioja que no habían adherido a la Ley. No es fácil porque estamos en el medio de la montaña y en algunos casos tenemos que pedir permiso a Cancillería porque tenemos que pasar del lado chileno. El inventario tiene que ser comparativo al cabo de un año. Empezó en Mendoza y algunas zonas de San Juan, sin olvidar que las provincias por la Constitu-
ción Nacional, son dueñas de los recursos naturales.” “Falta prevención”. Como médico, Mussi sabe que “prevenir cuesta un tercio de lo que cuesta curar o remediar” y para ello insistió en el rol de las familias, que a su vez se informan a través de los medios y la escuela. Como corolario dijo: “Hay que acordar en materia ambiental. Cortar calles e imponer mis ideas no es lo mejor”. Para ejemplificar, rememoró que como intendente de Berazategui interrumpió la construcción de la subestación eléctrica de Rigolleau, aplicando el principio precautorio. “Se hizo la evaluación de impacto ambiental y la justicia actuó”, por lo cual no entiende la continuidad de las manifestaciones en contra. En ese sentido se avergonzó de que los conflictos llegaran a instancias judiciales “porque significa el fracaso de la política”. No obstante, admitió que hubo avances gracias a los fallos, como en el saneamiento del Riachuelo y de la cuenca Salí-Dulce.■ Fuente: Com Ambiental
Uruguay: Sesionó la asamblea nacional contra la megaminería ■ El pasado sábado 11 de agosto y en respuesta a la invitación abierta que circuló por diversos medios, nos reunimos en la ciudad de Tacuarembó alrededor de 300 personas, en su mayoría integrantes y representantes de 35 organizaciones del país, para discutir estrategias contra la instalación de la megaminería metalífera a cielo abierto en Uruguay. Asamblea Nacional contra la megaminería metalífera en Uruguay. Comunicado de prensa, Tacuarembó, 13 de agosto de 2012.
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a organización corrió por cuenta de Radio La Kandela, ADEOM-Tacuarembó, productores agropecuarios y vecinos del departamento. Durante la mañana se presentaron distintas propuestas de acción coordinada, algunas ya en estado de implementación, como son los referéndums departamentales en Rivera y Treinta y Tres, a lanzarse próximamente. En la tarde, se discutieron diversas iniciativas y, en particular, la pertinencia de una campaña de recolección de firmas para un plebiscito nacional que prohiba la megaminería en el país. Entre otros colectivos, estuvieron presentes integrantes de Redes-AT, Movimiento por un Uruguay Sustentable (Mesa de Ruta 7, CNDAV, Grupo Guayubira y otros), Colectivo de Lucha por la Tierra, Asamblea del Callejón, UTAA, Colectivo de Sauce, MONADET, Bio Uruguay, Plenario Memoria y Justicia, Veci-
nos de José Ignacio, Eco Tacuarembó, Olimar Piri, Sindicato del Taxi (SUATT), Coordinadora Contra los Megaproyectos, Acción Sin Fronteras, La Verdad Ofende, Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA), Asociación de Estudiantes de Agronomía, CIES, Confederación de los Pueblos Costeros, ADES-Montevideo, ADEOM-Tacuarembó, FM Raíces y Radio La Kandela. Con la determinación de continuar las distinas líneas de trabajo de forma autónoma pero coordinada, quedó consolidado un movimiento nacional cuya primera acción conjunta será la organización de una gran marcha en Defensa de la Tierra y sus Bienes Naturales, a realizarse el próximo 12 de octubre en la ciudad de Montevideo. Esta nueva manifestación ciudadana superará las convocatorias anteriores en virtud de la amplia y diversa oposición que crece en todo el país hacia los proyectos de megaminería y en particular el de Aratirí, con su mineroducto y puerto de aguas profundas en la costa oceánica. La jornada culminó con una manifestación por el centro de la ciu-
dad de Tacuarembó, en la que se distribuyó material informativo producido por las diferentes organizaciones. Resoluciones de la Asamblea Nacional, Tacuarembó, 11 de agosto de 2012. Realizar una gran marcha nacional el próximo 12 de octubre en defensa de la tierra y sus bienes naturales, en contra de la megaminería metalífera a cielo abierto. Coordinar nacionalmente entre todos los colectivos sociales la organización de dicha marcha. Citar, luego del 12 de octubre, una próxima Asamblea Nacional para coordinar todos los medios de lucha contra la megaminería, sin excluir ningún tipo de iniciativa ciudadana, respetando la autonomía local de los grupos para continuar con su trabajo, así como el valor de las coordinacines regionales hacia el futuro. La posibilidad o no de la promoción de un plebiscito nacional que se pronuncie sobre la megaminería se continúa evaluando, además de los plebiscitos departamentales que están en curso.■
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DECLARACIÓN DEL PANEL INTERNACIONAL EN AMBIENTE Y ENERGÍA DE LA AMAZONÍA
Moratoria de todos los megaproyectos mineros, petroleros, hidroeléctricas y carreteras en la selva amazónica ■ La Amazonia cubre una amplia área geográfica, en la cual existen distintos tipos de ambientes, y situaciones sociales. Es, en realidad, una Amazonia plural y estrechamente interconectada. Los distintos ecosistemas se extienden más allá de las fronteras en diversos planos, lo que es muy evidente con bosques y ríos que cruzan las fronteras, aunque otro tanto ocurre con ríos de corrientes atmosféricas y aguas subterráneas. Una región en riesgo La Amazonia está en riesgo. La situación ambiental se está agravando, manteniéndose graves ritmos de deforestación, pérdida de la biodiversidad y funcionalidad climática, y una forma de ocupación territorial desbalanceada. Sobre la región se impone el estilo de desarrollo primarizado de las economías nacionales, como proveedora de recursos naturales para otras regiones y los mercados globales. Se acentúa el contraste entre la Amazonia como reserva de una rica biodiversidad pero a la vez un área crecientemente urbanizada. De estas y otras maneras, persiste un imaginario cultural de la Amazonia como proveedora eterna del crecimiento económico A pesar de esta importancia, en algunos sentidos, la Amazonia sigue siendo poco conocida. Advertimos que persisten los problemas sobre la información, ya que en algunos casos clave ésta no existe, o si ha sido recopilada no es de acceso público. La información disponible indica que los cambios sociales y ambientales se están acelerando, se observan impactos mayores, tanto en intensidad como en cobertura geográfica. Esperamos, además, nuevos cambios que hoy no son vislumbrados. Por lo tanto, el tiempo disponible para las respuestas desde la sociedad civil y los gobiernos se reduce, las opciones de adaptación son más estrechas. Concluimos en subrayar que se impone un sentido de urgencia para enfrentar el ritmo de estos problemas. Entre los distintos procesos en marcha, destacamos como ejemplos: · La proliferación de grandes proyectos de hidroeléctricas, los cuales degradan el ambiente y generan efectos sociales negativos. · El avance de la explotación de hidrocarburos o la megaminería. · La trama de carreteras y otras conexiones físicas que se abren en el interior amazónico. · Las serias problemáticas que siguen aquejando a los pueblos indígenas, amenazando a muchos con su desaparición. · Un empobrecimiento silencioso que persiste, o incluso avanza, en algunos sitios. La continua extracción de recursos naturales es responsable de muchos problemas ambientales, los que tienen efectos evidentes no sólo dentro de la región amazónica, sino que también repercuten a nivel continental y global. Reconocemos que existen medidas ambientales y sociales en marcha en todos los países. Pero consideramos que éstas, en buena medida, siguen siendo incompletas e insuficientes para enfrentar los problemas sociales, económicos y ambientales actuales. Esto explica que en muchos casos estallen conflictos socioambientales. Varias de estas disputas son abordadas desde la judicialización y criminalización de la protesta. Entendemos que los cambios políticos en varios países de la región, han desem-
bocado en un nuevo protagonismo estatal y políticas sociales de asistencia económica, pero simultáneamente se ha reforzado la intensidad en la apropiación de recursos naturales para alimentar exportaciones. Paralelamente, en todos los países amazónicos se observan distintos tipos de limitaciones en la gestión e institucionalidad ambiental. En muchos casos, la presencia del Estado en la Amazonia es inexistente o acotada, sea por limitaciones propias o por haber cedido su papel a otros actores. O si está presente, actúa para acentuar la apropiación de los recursos naturales, sin lograr impedir los efectos negativos. La globalización de la Amazonia, como proveedora de recursos naturales, explica que se apueste por un tipo de vinculación física entre los países, tal como se expresa en la estrategia IIRSA. Ese abordaje no siempre responde a los intereses locales, y en muchos casos se convierte ésta misma en fuente de impactos. Para-
lelamente, sostener ese estilo exportador, supone sobreexplotar otros recursos naturales, especialmente los energéticos. Este tipo de desarrollo responde esencialmente a las dinámicas del comercio global, que también define el ingreso de inversiones, tanto nacionales, regionales como globales.
Enfrentar los problemas amazónicos de otra manera Bajo estas condiciones, el Panel sostiene que es necesario comenzar a discutir los límites ecológicos de la apropiación de la Naturaleza amazónica y afirmamos que el desarrollo actual es insustentable. No proponemos ambientes intocados o sin humanos, pero consideramos que la región no puede abastecer el consumo de todos los mercados, nacionales y globales, ya que ello llevaría a su destrucción. Esta situación requiere enfrentar los problemas amazónicos de una
nueva manera. Es imprescindible determinar los umbrales y extensión en la apropiación de los recursos naturales, identificar sus destinos prioritarios, y el tipo de desarrollo a seguir. Pero esto no puede ser hecho únicamente desde las ponderaciones económicas, y se vuelve necesario atender nuevos marcos éticos frente a los ambientes amazónicos, destacándose el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza. Ante los problemas más agudos, hasta tanto no se cuenten con evaluaciones sociales y ambientales de mucho mejor calidad, y estándares rigurosos, debe imponerse una moratoria sobre la construcción de nuevas grandes represas hidroeléctricas. Entendemos que esta misma perspectiva se debe aplicar en otros megaproyectos en minería e hidrocarburos. Fortalecer el Estado. Políticas amazónicas efectivas requieren el fortalecimiento de políticas públicas que se expresen no sólo en su presencia territorial, sino en un compro-
miso con la salvaguarda de los derechos humanos, aplicando efectivamente mecanismos de participación y de evaluación ambiental, mejorando la planificación, contar con planes de ordenamiento territorial, etc. Educación y academia. Acompañar a las sociedad amazónicas en su preparación para enfrentar los desafíos de la región en el siglo XXI de otra manera, incluyendo el fortalecimiento de la investigación, en especial la vinculada a los problemas de mayor gravedad social y ambiental, siguiendo perspectivas rigurosas e independientes. La necesaria presencia de la sociedad civil. No es posible abordar estrategias alternativas para la Amazonia sin un activo concurso de la sociedad civil. Entre ellas destacamos el papel de redes de organizaciones ciudadanas transnacionales en zonas de frontera. Contamos con ejemplos de esas iniciativas, como el MAP (coordinación entre Madre de Dios, Perú; Acre, Brasil y Pando, Bolivia), lo que demuestra que estas alternativas son posibles. Reformular la gobernanza amazónica. Coincidimos que es indispensable contar con una gobernanza regional amazónica. A nuestro juicio, los esquemas de gobernanza regional actuales a nivel específico como es el caso de la OTCA, o a nivel regional, como pueden ser la Comunidad Andina, MERCOSUR o UNASUR, no han sido efectivos para cumplir ese rol. Entendemos que es necesario construir una gobernanza regional amazónica, para poder enfrentar realmente los problemas de la región. Esta debe ser una gobernanza de nuevo tipo, que transite desde coordinaciones entre los países hacia estrategias políticas comunes supranacionales, en especial aquellas directamente vinculadas con recursos naturales, energía y áreas fronterizas. Atendiendo que se cumple en 2012, el décimo aniversario de la ratificación de la creación de la OTCA, entendemos que se abre una oportunidad para avanzar en este proceso. Finalmente, valoramos la relevancia del Panel como un espacio independiente, para abordar la problemática amazónica, desde miradas que se originan desde varios países y disciplinas.■ Lima, 8 de agosto de 2012. * El Panel Internacional en Ambiente y Energía de la Amazonia está integrado por científicos interesados en el destino de la región, entre ellos Philip M. Fearnside, Foster Brown y Celio Bermann (Brasil), Francisco José Ruiz (Colombia), César Gamboa y Martin Scurrah (Perú), Jenny Gruenberger (Bolivia), Eduardo Gudynas y Gerardo Honty (Uruguay). La Secretaría Técnica está a cargo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES).
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COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT
Explicaron el marco regulatorio minero en Comodoro
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l ministro de Hidrocarburos, Ezequiel Cufré, y el titular de Petrominera, Oscar Cretini, hablaron junto al intendente Néstor Di Pierro. Por iniciativa del Gobernador del Chubut, Martín Buzzi, el ministro de Hidrocarburos, Ezequiel Cufré, el titular de Petrominera, Oscar Cretini, junto a los representantes locales del Ministerio de Ambiente y un equipo interdisciplinario de técnicos de estos tres organismos provinciales presentaron las características y alcances del Marco Regulatorio de Actividades Mineras e Hidrocarburíferas que impulsa el Ejecutivo provincial ante el intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, funcionarios del gabinete municipal y concejales de la ciudad del Golfo San Jorge. Fuente: La Jornada ¡Acción!!...interviniendo la presentación del marco regulatorio de minería... Asambleístas de la costa del Chubut irrumpieron en la presentación del marco regulatorio de la minería y realizaron una intervención noviolenta. Botellita de agua sucia...bandera... y palabras tan correctas y sentidas EN DEFENSA DE LA VIDA!!! “Así va a quedar nuestro AGUA!!” dijo Zulma Usqueda y le plantó la botellita con líquidos raros... en la mesa donde estaban las autoridades y técnicos que “explicaban” a la prensa local el Marco Regulatorio Minero... ■
La economía verde del ministro Barañao o cómo hacer negocios con Estados Unidos por Marcos Piña*
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on relación a las manifestaciones del Ministro de Ciencia y Tecnología de la Argentina, Lino Barañao, publicadas en el diario Infonews con el título “Con una patente se pagan tres años del presupuesto en ciencia”, es necesario realizar algunas reflexiones y aclaraciones alertando a la sociedad y al propio gobierno sobre quienes han tomado el poder de la ciencia y la tecnlogía argentinas dejándola en manos de las corporaciones cerealeras e intentando venderle a la presidenta argentina que esta es la política adecuada y que además es una “política peronista”. En el mencionado artículo y ante la pregunta –Tenemos buenos biólogos y genetistas. Usted hablaba del conocimiento que se va afuera sin crear patentes. Siendo que existen empresas argentinas que desarrollan semillas modificadas, ¿cómo es que tenemos que depender de patentes extranjeras en ese terreno? –Es un problema bastante complejo. Por un lado tenemos el mejoramiento tradicional: un tipo que a lo largo de años de prueba sabe qué tipo de semillas andan bien en Trenque Lauquen. A eso se sumó la bio-
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tecnología que te permite “copiar y pegar” sacándole a una bacteria algo y ponérselo a la soja o el maíz para que sea resistente a un herbicida o que no se lo coma un bicho. Ahí hay una disputa sobre qué vale más: si la información asociada a saber qué planta es la que más produce o la información sobre el gen que vos pusiste. La compañía que produjo el gen va a decir que el gen vale más. Durante mucho tiempo, Argentina fue comprador de tecnología. A partir de que el país comienza a desarrollar tecnología propia, la situación cambia. Es lo que dijo la Presidenta cuando habló del gen que aisló la doctora Raquel Chan (N de R: la bióloga molecular que se desempeña al frente del Instituto de Agro-biotecnología del Litoral). Lo patenta el Conicet y eso no sólo permite aplicarlo acá y tener más producción, sino licenciar el uso de ese gen. Como hace Monsanto: ¿querés usar ese gen? Pagá. Sacá las cuentas y cubrís el presupuesto del Conicet de los últimos años con eso solo. El ministro utiliza la lógica rentista del capitalismo salvaje de los países desarrollados y sus monopo-
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lios, mencionando casualmente a transnacional Monsanto como ejemplo a imitar como política de protección de los resultados de investigación . Conicet tiene actualmente unas 20 solicitudes de patentes algunas concedidas y otras en trámite pero el ministro se olvida que las transnacionales patentes miles de patentes por año y esta es la razón de las fabulosas ganancias captadas por las empresas sojeras que remiten sus ganancias a casas matrices y paraísos fiscales. EL ministro hace como todo investigador falto de conciencia colectiva, creyendo que su área de investigación representa la totalidad del universo a investigar. Recordemos que las patentes medicinales son un flagelo para el desarrollo de medicamentos genéricos y este hecho fue denunciado por la propia Presidenta Cristinal Fernández exigiendo a la OMS que libere las patentes de vacunas y que las patentes medicinales sean declaradas patrimonio de la humanidad porque las patentes de semillas deberían ser diferentes en sus consecuencias. Por su puesto la presidenta no tie-
ne por qué saber que el ministro hace negocios con la empresa Bioceres (de Grobocopatel) y la norteamericana Arcadia Biociens a través de la marca de semillas de soja transgénica Verdeca (“resistente a las sequías”) son quienes se llevan “la parte del león” con la política de patentes de Barañao. Así, Barañao lo que a diseñado es una fabulosa operación de concentración de recursos y proyectos de investigación que serán puestos a disposición de empresas agrotecnológicas con empleo de recursos del Estado Argentino. El ministro va en la onda de patentar las plantas y para eso debe modificarse la ley de patentes que lo prohíbe, pero para hacerlo le vedió a la presidenta la idea del patentamiento y posterior venta de royalties, el mismo mecanismo que utilizan Cargill, Syngenta, Nidera o Monsanto pero que ahora se beneficiaran del aporte de los investigadores argentinos repatriados (suena bien) que se pondran a trabajar para los conglomerados sojeros que dieron el golpe del campo, desetabilizaron al gobierno y golpearon a Néstor Kirchner.
El famoso Polo Científico es casi un centro que trabajara para interses extranjeros aunque la presidenta no quiera verlo y quede embelesada por la “ciencia y la tecnología” que le vende el ministro, aunque sin sustento basado en conceptos nacionales y populares sino en un ideario mercantilista de al ciencia copia y calco de quienes impulsan las políticas de los organismos internacionales del comercio y la propiedad intelectual, junto a los grandes pooles sojeros que cooptaron y compraron a un grupo de científicos quienes llevan la Política-Tecnópolis como herramienta de marketing para crear un futuro, pero de ganancias corporativas. Lejos está del peronismo hacer alianzas con corporaciones de Estados Unidos que dan golpes de Estado como en Paraguay, desestabilizan y chantajean gobiernos en todo el mundo impulsando un modelo depredador de los recursos naturales pero que el ministro converso peronista Lino Barañao justifica por qué, para él, una patente equivale a tres años de presupuesto de su Conicet. ■ Matrizur.org * Marcos Piña es economista investigador
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La plurinacionalidad en tiempos de consulta en el TIPNIS por Salvador Schavelzon. Rebelión
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ace no mucho tiempo, Bolivia sorprendió por la fuerza con que indígenas y campesinos llegaron al Estado y redactaron una nueva Constitución. Descolonización, Vivir Bien, Autonomía Indígena, Plurinacionalidad fueron conceptos que venían construyéndose desde las luchas indígenas, se constitucionalizaron y hoy los escuchamos en el discurso estatal. Pero también contra el Estado. Los conceptos fueron llevados a la Asamblea Constituyente por el Pacto de Unidad, encuentro inédito de organizaciones sociales de tierras altas y bajas, campesinas e indígenas, que hizo el borrador de Constitución asumido por el MAS (Movimiento al Socialismo). Era un encuentro excepcional de mayorías y minorías, nunca antes ni después del proceso constituyente esas organizaciones habían trabajado y marchado juntas de esa manera. Uniendo a unos y otros estaba el “todos somos indios” de los 62% declarados indígenas en el censo de 2001, y también presente en el voto masivo por Evo Morales (54% en 2005, 67% en el revocatorio de 2008). Después de 2009, con la nueva Constitución aprobada el gobierno buscaría la reelección con el discurso del “salto industrial” y “revolución productiva”. La consigue con 64% de los votos. Es un nuevo tiempo, que el Pacto no resistiría. Pronto los sindicatos cocaleros y campesinos estarían de un lado, junto al gobierno; las organizaciones indígenas de otro. Voces gubernamentales acusarían a las últimas de ser funcionales a la derecha y manipuladas por ONGs, los indígenas no se enmarcan en la “Bolivia Productiva”. Ya acercándonos a las elecciones de 2014, donde Morales buscará otra reelección, se deberá hacer un balance de este proyecto que autorizó transgénicos, nacionalizó empresas y que sigue buscando industrializar los recursos naturales. También de las políticas de inclusión, contra el racismo y otras. Pero acá nos interesa el punto de quiebre del Pacto de Unidad, donde los conceptos constituyentes de la plurinacionalidad reterritorializan fuera del Estado. El conflicto del TIPNIS (Territorio Indígenas Parque Nacional Isiboro Sécure) surge en rechazo a una carretera que pasaría por el núcleo virgen de una selva que por ciertas condiciones ecológicas es única. El enfrentamiento entre plan del gobierno y comunidades se vuelve un evento político divisor de aguas que reordena las fuerzas y abre una nueva situación. En 1997 y después definitivamente en 2009 se había titulado ahí un millón de hectáreas para tres etnias (Chiman, Yuracaré y MojeñoTrinitario) y decenas de comunidades (con alrededor de 5 mil personas según el censo) a las que se llega por los ríos Isiboro y Sécure, con sus
afluentes. Las demandas de demarcación territorial datan de la marcha de 1990, señalada siempre como primer hito en la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Importantes protagonistas de los primeros años del gobierno de Evo se convertirían en disidentes muy críticos en la cuestión del TIPNIS. Evo Morales declara en 2011 que en realidad lo de ser el “primer presidente indígena” es más cosa de la prensa, y que él siempre se había sentido más bien “primer presidente sindicalista” de Bolivia. El más alto dirigente campesino declara ante las cámaras que los indígenas son salvajes que deben dar lugar al progreso. A los indígenas amazónicos se los llama latifundistas con tierra improductiva que debe ser repartida. En 2011 una marcha llegaba a La Paz oponiéndose a la carretera que Evo Morales había prometido a sus bases cocaleras y declarado que se haría “sí o sí”. Geograficamente, la carretera daría salida al Chapare, centro cocalero y cuna política de Evo Morales. El proyecto se integraría a IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), es leído por varios como salida del Brasil al pacífico, nuevos mercados y expansión del capital. Un banco estatal brasilero financiaba la obra. Algunos defensores del TIPNIS graficaban trágicamente cómo, junto a la ruta, vendrían camioneros y burdeles que prostituirían las mujeres indígenas. Evo Morales más bien dijo en un discurso a sus bases cocaleras que los hombres deben entrar y buscar las mujeres indígenas para “enamorar” y convencerlas de la importancia de la carretera, lo que él haría si tuviera tiempo. La VIII marcha indígena, en septiembre de 2011, es frenada en Chaparina por un cordón campesino que bloqueaba su avance. La resolución es terrible: la policía que separaba indígenas de campesinos colonizadores reprime a los indígenas, les ata las manos y cubre la boca con cinta aisladora en una verdadera caza de personas que eran apresadas con el propósito de devolverlas a las tierras bajas en avión. Una toma del aeropuerto de San Borja permitió liberarlos sin que sean presos y se inició una corriente de apoyo que se expresó con un multitudinario apoyo en La Paz cuando la marcha reiniciada entró en la ciudad. El gobierno respondió con una ley (Nro. 180) que declaró la “intangibilidad” del TIPNIS, prohibiendo la carretera. Era sólo una tregua, pero no revertiría la muerte del Pacto de Unidad y del “todos somos indígenas”. Ahora nadie era indígena, ni siquiera los indígenas del TIPNIS acusados por el gobierno de traficantes de madera y menos aún sus dirigentes -que comenzarían a ser perseguidos judicialmente- y eran acusados de “falsos indígenas”. Pero esta no
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sería una posición definitiva desde el gobierno y poco tiempo después en respuesta a la VIII marcha se inicia otra a La Paz de productores de coca sindicalizados a favor de la carretera, auspiciada por el gobierno que insistía ahora en que los cocaleros son también indígenas, como era en la época del Pacto de Unidad, pero con un sentido totalmente diferente. Esta marcha da lugar a la contraofensiva del gobierno con una nueva ley (Nro. 222), contradictoria con la de “intangibilidad”, que llama a la consulta para insistir con el proyecto, en ese entonces ya en ejecución. Por ese nuevo camino, el gobierno rompe el contrato con la empresa constructora brasilera (OAS) e inicia una campaña a favor de la consulta, que después de postergaciones empezaría en el 29 de julio de 2012. Poco antes, la IX marcha indígena de tierras bajas había llegado a La Paz, con menos apoyo que la anterior, y con una estrategia del gobierno más eficiente en neutralizarla. Era la primera vez que una marcha indígena se oponía a una consulta en lugar de exigirla. Es que la usual reivindicación indígena ahora aparecía como una trampa. El gobierno en campaña mediática, con regalos comunidad por comunidad, cooptando dirigentes y partiendo en dos la central indígena del Oriente, avanzaba. Una de las líderes indígenas de la marcha sería públicamente denunciada de haber sido condenada como “mula” en Brasil, llevando cocaína. No se mencionarían las 84 fábricas de cocaína y 154 pozas de maceración encontradas en 2011 en el Polígono 7, donde viven los sindicatos cocaleros que marcharían a favor de la carretera. La hoja de coca, interviene de distintas maneras, incluso como forma de tomar decisiones del único magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional que se opuso a la ratificación de la consulta en un recurso de inconstitucionalidad (sentencia 300/2012). Nuevamente el gobierno estaba en la línea de la definición genérica de la identidad indígena que había acompañado la llegada de Evo Morales al gobierno y el surgimiento del Pacto de Unidad. La misma había permitido antes un productivo diálogo de singularidades que se encontraban y abrían la posibilidad de que reivindicaciones de minorías llegaran al Estado y se impusieran contra una oposición racista que el MAS confinaría a sus regiones. La autonomía de los departamentos (provincias) ahora debían descentralizarse en autonomías indígenas, el Vivir Bien de las comunidades altiplánicas llegaba a las tierras bajas y al Estado como alternativa al desarrollo. Pero si nuevamente se insistía en que todos eran indígenas, por más “campesinalizados”, o sindicalizados que estuvieran, aahora el Estado buscaría demostrar que “todos somos indígenas” pero “a favor del desarrollo” (y de la carretera por el TIPNIS). En lo concreto, la definición genérica servía ahora para diluir el poder de decisión de las comunidades del TIPNIS y la preservación de su territorio como unidad colectiva. Desconociendo las organizaciones históricas y representativas de los pueblos, el gobierno inicia así una consulta que no era previa, ni libre, ni informada, ni de buena fe, como exige la Constitución, el convenio 169 de la OIT – firmado por Bolivia en 1991– y la Declaración de la ONU sobre pue-
blos indígenas constitucionalizada y ratificada por el congreso en 2007. En la consulta “posterior” impulsada por el gobierno, se incluía a las comunidades del llamado Polígono 7, que expresamente habían renunciado a que sus comunidades integrasen el territorio indígena en el proceso de titulación. Se trata de pueblos donde ingresó el negocio de la coca y que no querían renunciar a la propiedad individual. Entre estas y las comunidades del TIPNIS con propiedad colectiva de la tierra se había trazado una “línea roja”, acordada con los cocaleros (con Evo Morales como dirigente, en 1992-4) pero que la coca continuamente sobrepasa. No es justo tratar ahora a los cocaleros de narcotraficantes y capitalistas empedernidos cuando hace poco eran la vanguardia de la descolonización, pero hay que reconocer que no es pertinente que estas comunidades también sean parte de la consulta sobre la construcción de la carretera. Después de intentar que la carretera se resuelva en un referéndum en los departamentos de Beni y Cochabamba, el gobierno se propuso realizar la consulta, pero incluyendo a indígenas cocaleros de fuera del TIPNIS. Algunos cuestionan que los cocaleros sean verdaderos indígenas pero tiene más sentido criticar que sean consultados por ser externos al territorio indígena y porque daña la plurinacionalidad, la autonomía indígena, y el Vivir Bien. La forma en que se realiza la consulta también es cuestionable. Es realizada por el gobierno, interesado en la construcción, que la presenta como carretera ecológica y sinónimo de salud, desarrollo y educación que no habría en caso de no aprobarse. También se dice que sería una carretera ecológica, y no se menciona lo que sabe la mayoría de las comunidades del TIPNIS, que ya marcharon contra su construcción: la carretera significa perder sus territorios frente al avance de las plantaciones de coca. Este avance es muy visible en las fotos satelitales y ocurre a ritmo de una hectárea y media por familia por año, según estudios. En la consulta, realizada en reuniones con poca asistencia y con consensos interpretados por funcionarios de ministerios estatales, además, se presenta la capciosa interpretación gubernamental de la ley que declara “intangibilidad”: significaría que no habrá “desarrollo” ni actividades económicas que hoy complementan la subsistencia de muchos indígenas. De hecho fueron suspendidas actividades de turismo, manejo ambiental y proyectos económicos de pequeña escala en las comunidades que marcharon contra la carretera. Desde el gobierno se declaró también que se trata de un área petrolera que sería explotada y que ya viene siendo estudiada. Un poderoso ministro también insinuó antes de iniciarse la consulta que se podrían visitar varias veces las comunidades, en caso de que inicialmente se opongan a la obra. Y habló de la construcción de una base militar ecológica. En lo que podría ser una crítica que avance incluso contra los mecanismos de consulta de la ONU, habría que denunciar también que este tipo de consultas son invasivas y no contemplan la posibilidad de que desde ciertas formas de vida (“civilizaciones” en el espíritu que acuñó el término plurinacional), se prefiera no ser consultados ni entrar en el juego de preguntas estatales o
compensaciones de empresas. En la consulta, sólo parece ser posible un sí a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos. El Estado Plurinacional es hoy violencia estatal por medios políticos, económicos y culturales que sólo puede resultar en etnocidio. En el protocolo de la consulta, sólo se escucha realmente la comunidad para “identificación de las necesidades de la comunidad” con un Estado que sólo sabe ponerse en el lugar de la tutela. Con el argumento de la lucha contra la desigualdad y el interés de las mayorías se destruye la singularidad de lo minoritario. La guerra del TIPNIS desanda así lo alcanzado en el Pacto de Unidad. Por eso hoy la construcción de la plurinacionalidad no es más una tarea estatal: es contra el Estado. La descolonización en Bolivia hoy viene de la autonomía indígena del TIPNIS, en el respeto a su autodeterminación, que es contra el desarrollismo que busca abarcarlo todo. Eso decidió la comunidad de San Miguelito, rodeada de comunidades cocaleras pero firme en su filiación a la subcentral del TIPNIS y el rechazo a la carretera por el núcleo del parque. También las comunidades que decidieron cortar la navegación en los ríos para impedir la consulta en la que no confían. Así, Bolivia es escenario de dos posibles plurinacionalidades: una de ellas es la del Estado, con la busca de una inclusión de todos que no pudo mostrar alternativas al desarrollo capitalista, a la homogeneidad del nacionalismo y al rapto republicano de la representación directa de las comunidades. La otra forma de plurinacionalidad es la de los territorios, por la autonomía y el Vivir Bien. Más allá del anti-neoliberalismo de los “gobiernos progresistas”, que a pesar del Estado fuerte y el gasto social dejan todavía mucho que desear en la superación de ese modelo económico, la resistencia del TIPNIS se enmarca en luchas por lo común que se conectan con luchas mapuches contra empresas forestales, luchas en la Amazonia contra grandes obras energéticas, luchas de comunidades contra la mega-minería de México a la Patagonia. Para el nuevo poder “progresista” (de progreso capitalista, hasta ahora) esas luchas se presentan como divisoras, aliadas al imperialismo (las presencia de ONGs extranjeras sería la prueba de ello), “meramente” locales y contrarias al interés de las mayorías. Contra la defensa del TIPNIS, la ideología del crecimiento económico a toda costa encuentra un nuevo Pacto de Unidad, ahora desarrollista, con gobiernos “populares”, jueces, parlamentarios liberales o nacionalistas, la izquierda moderna, medios de comunicación hegemónicos, empresarios ex separatistas y capital transnacional. En minoría y atacados de todos lados, pero en resistencia, escuchemos esas voces indígenas del TIPNIS que hablan y se movilizan contra un modelo que las desaparece.■ Blog del autor: http://anarquiacoronada.blogspot.com.br/2012/08/laplurinacionalidad-en-tiemposde.html Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.