Martes 4 de septiembre Suplemento Ecológico semanal de El Cordillerano
Lanzaron convocatoria para reemplazar General Roca por Fiske Menuco ■ Tal como estaba anunciado esta mañana referentes gremiales y sociales lanzaron en la sede de la CTA local la campaña que busca reemplazar el nombre de la ciudad de General Roca, cabecera del departamento rionegrino homónimo, por la voz mapuche Fiske Menuco.
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irigentes y delegados de CTA Fiske Menuco, de UnTER Roca, del Sindicato de Taxistas, representantes locales del pueblo mapuche y otras organizaciones sociales respaldaron la iniciativa que busca que se restituya Fiske Menuco nombre con el que conocía la zona antes de que esta fuera conquistada en el marco de la denominada campaña al desierto que encabezó el General Julio Argentino Roca como ministro de Guerra del presidente de Nicolás Avellaneda. La apertura estuvo a cargo del titular de la CTA Jorge Rivas,
quien detalló que “la convocatoria tiene el sentido de invitar a la comunidad en general y a las organizaciones sociales y populares a dar inicio a una campaña que tiene el sentido de reconocer históricamente para dejar de llamarnos con el nombre del genocida Roca”. “Iniciamos esta campaña que va a tener varios ejes para reconocer el nombre originario, coincidiendo con el marco del aniversario de nuestra ciudad de los 133 años, pero creemos que es necesario dar este debate”, sostuvo Rivas quien adelantó la realización de serie de debates, charlas y encuentros des-
de la comunidad, organizaciones civiles y sociales, además de centros de estudiantes de la ciudad. “La idea es llegar con un proyecto al concejo deliberante para que se reconozca y repare la verdadera identidad de nuestra región”, sostuvo Rivas, quien defendió la iniciativa asegurando que “como decía Osvaldo Bayer, Roca fue un genocida y el primer represor de los trabajadores”. “Por más que algunos digan y piensen otra cosa nosotros vamos a buscar los canales para que se sepa la verdad de lo que vivimos históricamente y reconocernos en
Nestlé obligada a etiquetar sus alimentos transgénicos en Brasil
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n artículo de la legislación brasileña indica que todos los alimentos que contengan más de un 1% de material transgénico deben ser etiquetados, esto es algo que no ha cumplido Nestlé y por ello, un tribunal brasileño ahora obliga a la compañía a etiquetar los alimentos que contengan ingredientes transgénicos. Es una batalla que ha perdido tanto el Gobierno de Brasil como la ABIA (Asociación Brasileña de la Industria de la Alimentación), ambas partes se habían aliado para luchar en los tribunales contra el etiquetado transgénico y evitar que Nestlé tuviera que aplicar el nuevo etiquetado. Para muchos la negación era faltar a la verdad, una traición a la confianza de los consumidores y a la legislación del país. El tribunal brasileño ha considerado que tanto el Gobierno del pa-
ís como la mencionada asociación estaban actuando de forma ilegal y que los consumidores tienen derecho a saber (esto nos recuerda el post legislación transparente e informativa sobre los alimentos transgénicos) si lo que comen contiene ingredientes modificados genéticamente. Es más, el tribunal puntualiza que aunque el porcentaje de materias primas transgénicas contenido en los alimentos procesados sea reducido, ello no exime del derecho a saber de los consumidores. Nestlé es obligada a etiquetar sus alimentos transgénicos en Brasil y debe indicar el porcentaje que contiene cada ingrediente de un producto, además, para que no haya dudas, acompañando la descriptiva “transgénico”, se obliga a introducir un símbolo “T” enmarcado con un triángulo de color amarillo en aquellos
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alimentos que los contengan. Sin duda, la sentencia sentará precedente y quizá sea secundada en otros países, sorprende saber que a pesar de que Brasil es uno de los grandes productores de alimentos modificados genéticamente, también va a ser uno de los primeros en obligar a que los alimentos se identifiquen de forma escrita y gráfica muy clara, que no deje lugar a dudas. No es extraño que el Gobierno y el ABIA se opusieran, hay que tener en cuenta que existen muchos intereses económicos, recordemos que este país podría convertirse en el principal productor de alimentos transgénicos del mundo. El tribunal ha fijado además una multa de casi 2.000 euros por cada producto que se encuentre en el mercado con materia prima transgénica y viole la orden judicial que le obliga a etiquetarlo. Al parecer, en algunos análisis realizados se han encontrado alimentos modificados genéticamente en productos como unas galletas Bono de fresa, más de la mitad de la soja utilizada para la elaboración de las galletas era transgénica, y esto no estaba declarado en el envase tal y como se especificaba en una orden dictada anteriormente. Claro que no es sólo Nestlé, toda la industria está obligada a indicar en el envase de los productos el contenido modificado genéticamente independientemente de su cantidad, es decir, aunque sea menor del 1%, como decíamos anteriormente, un contenido reducido no exime de la obligación de darlo a conocer y que sea el consumidor el que decida si quiere o no adquirir el producto en cuestión. Como leemos aquí, el recurso que interpusieron el Gobierno del país y la ABIA ha sido desestimado y en teoría deberían acatar la sentencia con todo lo que ello conlleva, sin embargo, ya se está preparando la apelación y se intentará que no se lleve a cabo el etiquetado transgénico de los alimentos. ■
eso, seguramente va a haber quien va a decir que es una locura, pero también hoy cuando lanzamos la campaña llamó gente diciendo donde hay que firmar y en ese sentido empezamos a buscar organizaciones, compañeros que puedan ayudar y la convocatoria es esa justamente, llamar a los que estén en contra también porque hay que charlar, hay que debatir y que se sigan planteando las líneas de trabajo para llegar de acá al año que viene y tal vez no sea el aniversario de Roca y tal vez sí sea el aniversario de Fiske Menuco o como le quieran llamar, pero Roca no”,
enfatizó. En el lanzamiento de la campaña, que se enmarca en el mismo movimiento nacional que ha logrado que en diferentes ciudades se reemplace la calle General Roca por otras denominaciones como “Pueblos Originarios” o rindiendo homenaje a antiguos caciques y tomando sus nombres en reemplazo de los del militar y expresidente argentino, también apoyaron y justificaron la iniciativa el escritor y periodista Vicente Zito Lema, y los dirigentes de UnTER Mario Floriani y Manuel Hermida, entre otros (ADN)
El reactor nuclear belga Doel 3 seguirá cerrado por seguridad hasta noviembre Noticias EFE
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l reactor nuclear Doel 3, situado en el norte de Bélgica, permanecerá cerrado como medida de seguridad hasta finales de noviembre, dos meses más de lo inicialmente previsto, tras detectarse indicios de fisuras en la vasija de su reactor. Electrabel, gestora de la planta, decidió prolongar el cierre del reactor hasta que los resultados de todos los análisis en curso estén listos, y negó que este paso se deba a que hayan surgido nuevas complicaciones. “No hemos detectado nuevos problemas, hemos reconsiderado los plazos, dado que no era realista plantear la reapertura del reactor a finales de noviembre”, señaló a Efe la portavoz de Electrabel, Katrien Denef. El reactor de Doel 3, construido en la década de 1970, se encuentra parado temporalmente desde que se detectaron indicios de grietas en su vasija a principios de julio. Tras este hallazgo, las autoridades belgas decidieron suspender también la actividad del reactor de Tihange 2 (en el sur del país), que fue construido por la misma compañía holandesa. El Gobierno belga decidió el lunes mantener el cierre de ambos reactores hasta que concluyan los exámenes de la Agencia Federal de Control Nuclear del país y del panel de expertos internacionales, y descartó tomar una decisión antes del fin de noviembre. Rotterdamsche Droogdok Maatschapij, empresa ya desaparecida, produjo componentes para una veintena de centrales en distintos países, incluidas las españolas de Garoña, en Burgos, y Cofrentes, en Valencia. La Agencia Federal de Control Nuclear belga mantiene contactos con sus homólogos de estos países, entre ellos España, aunque por el momento el Gobierno de Bélgica no ha recibido ninguna petición de información formal por parte de ninguno de sus socios, según pudo saber Efe. Las autoridades nucleares belgas han convocado un nuevo encuentro con expertos de países como España, Estados Unidos, Francia, Suiza, Suecia, Holanda, Alemania y Reino Unido para principios de octubre, en el que se darán a conocer los resultados de las nuevas pruebas que se están llevando a cabo en Doel 3 y Tihange 2. ■
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Comer o no comer: ¿quién decide? C
omo serpiente que se muerde la cola, el sistema alimentario industrial que es el principal causante del cambio climático global– se sacude por las pérdidas de cosechas debido a intensas sequías en Estados Unidos. En algunas partes, aunque hay cosecha, no se puede usar porque por falta de lluvia las plantas no procesan los fertilizantes sintéticos y se vuelven tóxicas para el consumo. Todo está relacionado al mismo sistema industrial: semillas uniformes, sin biodiversidad, con agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, con alto uso de transportes, energía y petróleo –por tanto gran emisor de gases de efecto invernadero– y controlado por trasnacionales. En el caso del maíz, la escasez se exacerba porque 40 por ciento de la producción en Estados Unidos se destina a etanol, es decir, a alimentar autos en lugar de gente. Al ser Estados Unidos uno de los principales exportadores mundiales de maíz, soya y trigo, junto al hecho de que 80 por ciento de la distribución global de cereales está en manos de cuatro multinacionales que gestionan el abasto para obtener más lucros, la baja de producción en ese país tiene efecto dominó sobre el merca-
do global, donde los precios de los alimentos están disparados. Además de los granos, suben los precios de aves, puercos y res, ya que más de 40 por ciento de la producción de cereales del mundo se usa como forraje para cría industrial confinada de animales. Otro absurdo del mismo sistema agroindustrial, ya que sería mucho más eficiente usar los cereales para alimentación humana y consumir menos carne, o que la cría fuera en pequeña escala con forrajes diversificados. La cría industrial confinada y masiva de animales es el origen, además, de epidemias como la gripe porcina y aviar, que a su vez generan escasez y aumento de precios, como hemos visto recientemente en México con el aumento de precio de los huevos por un brote de gripe aviar. Los que más sufren por los aumentos de precios son los más pobres, principalmente los urbanos, que usan 60 por ciento de sus ingresos en alimentos. Por el contrario, la veintena de transnacionales que controlan el sistema alimentario agroindustrial (de Monsanto a Wal Mart, pasando por Cargill, ADM, Nestlé y algunas más), las que controlan las semillas y pies de cría, los agrotóxicos, la com-
pra, distribución y almacenamiento de granos (también para biocombustibles), los procesadores de carnes, alimentos y bebidas, así como los supermercados, son los responsables de las crisis, pero se han *blindado *contra sus efectos –trasladando las pérdidas a los productores chicos, a los consumidores y al gasto público. Para ellas, el caos climático y la escasez no significan pérdidas, sino aumento de ganancias, como sucede con las semillas, agrotóxicos y fertilizantes que se vuelven a vender, o las empresas que almacenan cereales, los acaparan y especulan vendiéndolos más caros, o los productos en supermercados, cuyo precio aumenta mucho más que la proporción al inicio de la cadena. El caso del maíz en México es ilustrativo. Pese a que los agricultores del norte del país afirman tener 2 millones de toneladas para vender, recientemente se importaron 1.5 millones de toneladas de Estados Unidos (transgénico), y por otra parte venderá 150 mil toneladas a El Salvador y otra partida a Venezuela. Anteriormente había comprado medio millón de toneladas a Sudáfrica. Absurdo para el clima, por los transportes innecesarios, y brutal contra la produc-
ción nacional. Cuestionado, el Secretario de Economía, Bruno Ferrari (anteriormente funcionario de Monsanto), se lavó las manos, alegando que es una decisión de empresas privadas. El trasfondo, como explica Ana de Ita, del Centro de Estudios para el Campo Mexicano (Ceccam), es que en el contexto de las políticas para liberalizar la producción agrícola nacional que precedieron a la firma del TLCAN, se desmanteló la paraestatal Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), que equilibraba el comercio interno de maíz, entregando el mercado interno a las trasnacionales: empresas como Cargill, ADM, Corn Products International, junto a grandes porcícolas, avícolas y de procesamiento industrial de tortillas. Éstas compran a quien les convenga, sea porque es más barato o por otras razones, como comprar a agricultores con los que tienen contratos de producción en Estados Unidos. Ese tipo de empresas –y sus ex funcionarios en el gobierno, como Ferrari–son las que afirman que hay que importar maíz, porque la producción nacional no es suficiente. Sin embargo, México ha producido en los últimos años al-
rededor de 22 millones de toneladas anuales, y el consumo humano es de unos 11 millones. Se usan en derivados industriales otros 4 millones de toneladas, restando aún 7 millones. Pero las empresas importan 8-9 millones de toneladas anuales adicionales, porque se usan 16 millones de toneladas de maíz en la cría industrial masiva de aves y cerdos –también de grandes empresas. Si la cría fuera descentralizada y con forrajes diversos se tendría suficiente producción, sin epidemias y sin maíz transgénico de trasnacionales, con muchas más fuentes de trabajo rural. La importación de maíz a México no es necesaria, es sencillamente un negocio entre trasnacionales, condonado y subsidiado por el gobierno. Si las políticas públicas protegieran la producción agrícola y pecuaria diversa y de pequeña escala, con semillas propias y públicas nacionales, se diversificarían los riesgos –incluso climáticos– y tendríamos producción alimentaria suficiente, accesible y de mucho mejor calidad. * Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC.* *www.etcgroup.org/es <http://www.etcgroup.org/es>*
LA CUESTION INDIGENA EN LA REFORMA DEL CODIGO CIVIL
*CAMPAÑA OCTUBRE AZUL - BOLIVIA 2012*
Un debate originario
“Una movilización en defensa del agua como un bien común para la vida”
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l Consejo Plurinacional Indígena –que reúne a organizaciones indígenas de once provincias–, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), entre otras organizaciones, cuestionan que el nuevo Código Civil incluya artículos referidos a los pueblos originarios. Exigen que, sobre la base de las leyes vigentes, se debe consultar a los pueblos indígenas, alertan que (de aprobarse como fue enviado por el Poder Ejecutivo) es un “retroceso” y reclaman que la propiedad comunitaria indígena sea legislada a través de una ley especial. El 27 de marzo, la presidenta Cristina Kirchner y el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, presentaron el anteproyecto de reforma del Código Civil. Allí se aborda la propiedad comunitaria indígena y las personerías jurídicas. Fue presentado como un avance en materia de derechos indígenas. Al mes, el Consejo Plurinacional Indígena declaró que “la propiedad comunitaria indígena no puede quedar encorsetada en un Código Civil y debe ser reglamentada en una ley especial, como lo prometió la Presidenta en el marco de los festejos del Bicentenario. Los derechos constitucionales ganados en décadas de lucha pueden quedar reducidos a un Código Civil que no mide el impacto que va a generar en nuestras vidas y culturas”. Firmado por, entre otros, Paz Argentina Quiroga (huarpe), Eduardo Nievas (diaguita), Félix Díaz (qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh) y David Sarapura (del Qollamarka de Salta), remarcaron que es necesario modificar el Código Civil, pero que con el actual proyecto “se violan los derechos de los pueblos indígenas”, y denunciaron que no se consultó a las comunidades. El martes pasado, dirigentes del Consejo Plurinacional, APDH, AADI, Serpaj y Nora Cortiñas (Madres-Línea Fundadora) se movilizaron al Congreso Nacional.
Por Darío Aranda
“Este Código Civil será un claro retroceso para los pueblos originarios”, alertó Ignacio Prafil, de la comunidad Fvta Anekon de Río Negro, y exigió que se cumpliera con el derecho a la “consulta libre, previa e informada” vigente en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Las principales críticas –además de la falta de participación indígena– son que desconoce a los pueblos indígenas (sólo menciona “comunidades”, instancia menor a pueblos en cuanto a organización política y sujeto de derecho), no legisla sobre territorio (lo acota a sólo “tierra”), desconoce a los pueblos indígenas urbanos e introduce a los pueblos indígenas como sujeto del derecho privado (los equipara a un consorcio de edificio o a una cooperativa). El CELS, el Odhpi, el Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra y la AADI presentaron ante la Comisión Bicameral un documento conjunto: “El texto del proyecto de Código Civil es inconstitucional porque contradice el artículo 75, inciso 17 de la Constitución nacional y los tratados de derechos humanos. La incorporación de la regulación del derecho indígena en el Código Civil en los términos proyectados daría lugar a múltiples inconstitucionalidades”. Silvina Ramírez, presidenta de la AADI, aclaró que “las audiencias que se realizan en el Congreso no pueden ser entendidas como ‘participación indígena’. Se requieren otros procesos y otros tiempos, sujetos a las mismas leyes que el Estado sancionó y debe respetar”. Y recordó que las audiencias en el Congreso “son testimoniales” porque no son vinculantes. El Consejo Plurinacional y las organizaciones sociales y de derechos humanos exigen que los artículos referidos a los pueblos indígenas sean retirados del proyecto e impulsan una ley especial (con participación indígena) sobre la propiedad comunitaria aborigen. Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) y del Consejo Plurinacional, afirmó que el proyecto “es una avanzada contra el derecho indígena, el único que tiene peso jurídico para detener el modelo extractivo de las mineras, petroleras y sojeros que avanzan sobre territorio indígena”. ■
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niciamos la preparación de la séptima versión de la *Campaña Octubre Azul*, una iniciativa informativa y de sensibilización ciudadana promovida por la Fundación Solón y más de un centenar de organizaciones, instituciones y personas en todo el país. La humanidad se encuentra en un momento histórico crucial porque el planeta está alcanzando el llamado /”punto de no retorno”/,//es decir, un momento en que de nada servirán las acciones que se tomen porque el equilibrio que conocemos y que permitió a la humanidad el “progreso”, se habrá roto. Estos últimos años hemos sido testigos de la confirmación de estas preocupaciones. Cientos de eventos extremos empeoraron las condiciones de vida de miles de personas en todo el mundo. Se han realizado recomendaciones, con respaldos científicos, para el respeto de nueve fronteras: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad (terrestre y marina), las interferencias en los ciclos globales del nitrógeno y del fósforo, la destrucción de la capa de ozono estratosférica, la acidificación oceánica, el consumo global de agua dulce, los cambios en el uso de la tierra, la contaminación química y la concentración atmosférica de aerosoles. A pesar de que han habido algunos avances importantes a nivel multilateral como la Declaración del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en la ONU (2010), existen pocas respuestas reales y concretas. Es más, hemos sido testigos de que las cumbres oficiales (cambio climático, biodiversidad, Río+20) en donde los países deberían haber asumido compromisos importantes, lo único que se logró fue liberalizar los pocos acuerdos existentes, posponer la toma de acciones, y gracias al lobby corporativo de la empresas más contaminantes del planeta, incor-
porar medidas para la privatización e inclusión de la naturaleza y sus funciones en el mercado financiero, bajo el pretexto de su cuidado y preservación (Ej. economía verde, REDD++, etc.). La humanidad tiene que tomar acciones concretas en los próximos años para detener el deterioro y la contaminación ambiental. En Bolivia, aunque contamos con una Constitución Política del Estado que garantiza el derecho al agua e incluso los derechos de la Madre Tierra, y se está avanzando en la implementación de algunos proyectos y la discusión de una nueva ley de aguas, la realidad nos muestra que nuestra sociedad aún no ha desarrollado alternativas y propuestas para el urgente cambio de patrón de “desarrollo”. Es urgente trabajar en la construcción colectiva de alternativas concretas acordes a la realidad que vivimos. En este contexto, desde la /Coordinación de la Campaña/ les proponemos continuar aportando, desde nuestras capacidades instaladas, con información actualizada sobre estos ejes temáticos: · */Crisis climática y agua/*- ·*/Derretimiento y pérdida de glaciares/*** ·*/Contaminación del agua por las industrias extractivas/*** */Deforestación y crisis alimentaria/* En octubre se organizarán en todo el país alrededor de un centenar de actividades de concientización, movilización social y articulación, donde participarán organizaciones, instituciones, juntas de vecinos, colectivos culturales, colegios y una gran variedad de actores comprometidos a nivel local. Con la finalidad de contar con un */CALENDARIO/ *de actividades comunes, les solicitamos enviar sus propuestas de actividades y acciones hasta el próximo */14 de septiembre/* ■
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BARILOChE: FRUTA PÚBLICA ATENCION: ESTAMOS ARMANDO UN MAPA DE FRUTA PÚBLICA
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s a través de internet. Se trata de un mapa de Bariloche donde estamso cargando los datos de los lugares donde haya frutales en la vía pública para poder ubicarlos y acceder a la fruta. La dirección en internet es http://mapadefrutalesenbariloche.tumblr.com. Allí se pueden cargar los datos que cada uno tenga, con el detalle del tipo de frutal. Es una construcción colectiva. Para cargar información hay que tener una cuenta de gmail pero nos ofrecemos a que nos envíen la información y la cargamos nosotros. Carguemos los datos de los frutales que veamos y que estén accesibles a todos para ir a buscar fruta y podamos así hacer dulce, jugos, compotas y postres. También aceptamos que quienes tengan frutales nos indiquen dónde están y los ofrezcan a quien necesite. ¡Vamos con la FRUTA PÚBLICA! ACEPTAMOS RECETAS PARA COMPARTIR ecopiuke@bariloche.com.ar Facebook: Asociación Ecologista Piuke
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Charla sobre actividades extractivas en sala del Concejo E
l próximo miércoles 5 de septiembre el Dr. Enrique Matìas Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas ofrecerá una charla abierta a toda la comunidad en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las 19 hs sobre el tema: EL DERECHO AMBIENTAL LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y LOS DELITOS AM-
BIENTALES - LA MEGAMINERÍA El Dr. Viale es abogado especialista en Derecho Ambiental. Realizó Estudios de posgrado en “Régimen jurídico de los Recursos Naturales”. Es Abogado litigante en numerosas causas por daño y recomposición ambiental. Es autor de diversos artículos especializados en Política y Derecho Ambiental, asesor legislativo en la
Cámara de Diputados de la Nación en temas ambientales y mineros, y coautor del libro “15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina” presentado en marzo en Bariloche. Invitan: Asociación Civil Arbol de Pie y Vecinos auto convocados de Bariloche contra la megaminería. ■
Movilización de vecinos en Av Vecinos se concentraron Bustillo km 11.300 en la obra de costa del lago U
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al como habia sido anunciado, vecinos y ambientalistas se congregaron en la construcción emplazada en la costa del lago Nahuel Huapi a la altura del kilómetro 11,300 para protestar por el avance de la obra. Entregaron panfletos a los autos que circulaban por la ruta, “cuyos ocupantes apoyaron la iniciativa”, según indicó a ANB uno de los activistas. La construcción de uso “vivienda part” pertenecería a Guillermo Cóppola. “Libre acceso a las costas”, reclamó estse jueves un numeroso grupo de vecinos y referentes de la
asociación civil Árbol de Pie, en el marco de una concentración en el kilómetro 11,300 de la Avenida Bustillo. Allí, en plena costa del lago, se encuentra emplazada una importante obra que según versiones de los vecinos del lugar, pertenecería al empresario y ex manager de Diego Armando Maradona, Guillermo Cóppola. A modo de protesta, y con ayuda de personal policial, los vecinos detuvieron algunos vehículos y les entregaron folletería explicativa del caso. Los ocupantes de los autos “tocaban bocina y nos levantaban el pulgar”, relató a ANB,
Juan Paternó, integrante de la asociación civil Árbol de Pie. En esa línea agregó: “El objetivo que teníamos está cumplido”. La edificación en cuestión no debió erigirse nunca, pero el ex secretario de Planeamiento Raúl Ferrari, “autorizó una excepción”, explicaron oportunamente los vecinos del lugar. Después de la concentración, la referente ambientalista de Árbol de Pie, Ana Wieman, presentó documentación a Parques Nacionales, sobre el estado actual de la causa. (ANB)
n grupo de vecinos de Bariloche preocupados por el acceso a las costas, y en particular los del barrio Pájaro Azul, hemos elaborado una nota reclamando que se cumpla con lo establecido en la carta orgánica municipal, la cual garantiza a los vecinos y turistas “el acceso y uso de los lagos navegables y sus márgenes … para el libre tránsito y disfrute de las generaciones presentes y futuras” y la apertura de accesos a los lagos navegables. Además apoyamos el trabajo de denuncia de organizaciones ambientalistas respecto de la construcción irregular del km
11.300, y reclamamos que como compensación a las múltiples irregularidades que tiene dicha construcción, el propietario ceda la parte oeste de dicho terreno a la Municipalidad, con el correspondiente asiento catastral, como forma de garantizar una pequeña playa pública. La nota se encuentra a la firma hasta el lunes 10 de setiembre en la biblioteca Sarmiento, en el almacén la Ernestina de Puerto Moreno y en la sede de la Asociación Vecinal Pájaro Azul, Jilgueros 11371.
Firman “Vecinos autoconvocados Playa km 11300”
Un juicio que sienta precedente: fumigar es delito ■ El pasado 22 de agosto se conoció la sentencia del primer juicio por contaminación con pesticidas. Dos de los tres imputados fueron hallados culpaPor Luciana Franco y Daiana Melón bles, pero el delito fue considerado como excarcelable.
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urante los meses de junio, julio y agosto de este año se llevó adelante en la capital de la provincia de Córdoba el primer juicio por contaminación con agroquímicos, en el que se juzgó a dos productores agropecuarios y un aerofumigador. La causa se inició a partir de las denuncias de un grupo de madres del Barrio Ituzaingó Anexo, ubicado en el sector sur de la ciudad, el cual se transformó en un emblema de la lucha contra las fumigaciones con pesticidas. Desde el año 2002, los vecinos comenzaron a realizar relevamientos en la zona ante el notable aumento de los casos de cáncer infantil y en adultos, malformaciones congénitas, leucemias, abortos espontáneos, hipotiroidismos, entre otras enfermedades. Durante la realización del juicio, se presentó un estudio realizado por personal de la Unidad de Pronta Atención 28, llamado “Estudios de biomarcadores de exposición en población infantil del barrio Ituzaingó Anexo”, en el cual ratificaron que aproximadamente el 80% de los niños del barrio poseen entre dos y seis agroquímicos en la sangre. Ante los continuos reclamos del grupo de Madres de Ituzaingó, se sancionaron en la ciudad de Córdoba las ordenanzas municipales N° 10505, Nº 10589 y Nº 10590, que declaron la Emergencia Sanitaria Municipal en el Barrio, prohibieron las fumigaciones aéreas y establecieron una distancia mínima para las fumigaciones de 2500 metros de los ejidos urbanos, respectivamente. En el año 2004, se radicó la primera denuncia a un productor agrario de la zona por violar las distancias mínimas establecidas para
CYAN
MAGENTA
AMARILLO
la aplicación del pesticida. En el 2008, el por entonces Subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba, Dr. Medardo Ávila Vázquez, denunció que en un campo lindero al Barrio se estaban realizando fumigaciones aéreas, a pesar de las prohibiciones sancionadas en el municipio. El 22 de agosto, se conoció la sentencia en la que determinaron la culpabilidad dos de los tres acusados. El productor agrario Francisco Parra fue encontrado responsable del delito de contaminación dolosa, sentenciado a la realización de trabajos no remunerados durante diez horas semanales por cuatro años, e inhabilitado por ocho años para realizar aplicaciones de agroquímicos. Por su parte, el aeroaplicador Edgardo Pancello fue encontrado coautor del delito, teniendo que realizar trabajos comunitarios ocho horas a la semana durante cuatro años y siendo incapacitado por diez años para usar pesticidas. Mientras que el productor Jorge Gabrielli fue absuelto. Entrevista a Sofía Gatica, Madre de Barrio Ituzaingó Anexo y ganadora del premio internacional Global Enviromental Prize. - ¿Cuáles fueron las sensaciones y sentimientos que se cruzaron en el momento que se dictó el fallo? El fallo no fue a favor nuestro, si bien todos dicen que va a ver un antes y un después, porque fumigar es un delito, el problema es que a nosotros, estos señores nos han envenenado por doce años, han dejado la tierra toda contaminada, el aire todo contaminado, y nuestros hijos tienen agroquímicos en nuestra sangre. Entonces nosotros creemos que sí hay delito y son culpables, tenían que ir presos.
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- ¿Cómo continúa la lucha ahora? Nosotros vamos a ir a organismos internacionales, porque no fue justo lo que pasó, acá en el barrio hay muchísima gente con cáncer, hay muchos estudios donde dicen que el barrio está contaminado, es inhabitable. Estudios oficiales dicen que el 33% de la población muere por tumores, entonces lamentablemente la justicia no fue favorable para nosotros, porque tendrían que haber ido presos, porque han matado a personas, vamos a recurrir con la ayuda de Pérez Esquivel, a organismos internacionales a buscar respuestas. Es muy angustioso ver pasar a vecinos que han perdido a sus seres queridos, y que nos digan que no hay evidencia que el glifosato produce malformaciones o cáncer y saber que en nuestro país no se valoran las evidencias que hay. En otros países, en el primer mundo, en Europa por ejemplo, se podría tomar como evidencia lo que ha pasado con nosotros con el Glifosato y el Roundup Ready (nombre comercial del pesticida utilizado en las plantaciones de soja transgénica). - ¿Existe la posibilidad de una instancia de apelación? Hay, pero no sabemos si la van hacer los querellantes, porque tenemos que esperar la reproducción que creo que es el 4 de septiembre. - ¿Por qué crees que no la van hacer? Nosotros no somos querellantes somos solo testigos, vamos a ser querellantes en la causa que va a empezar dentro de un mes, donde pedimos que vayan al banquillo todos los funcionarios que intentado ocultar la problemática del Barrio Intuzaingó.
Más allá de las indemnizaciones, a nosotras no nos van a devolver la salud de nuestros hijos, a mí no me van a devolver a mi hija fallecida, ni me van a devolver sanos a mis hijos que tienen agroquímicos. Nosotros queremos que se haga justicia, que si son culpables que vayan presos, y paguen, que paguen ellos el dolor que nosotros sufrimos. Ustedes pensarán qué queremos nosotros, no queremos venganza, queremos justicia por nuestros hijos, y por la gente fallecida. Ha sido muy injusto lo que pasó acá. En Europa, van a prohibir la semilla que entra de Argentina, al primer mundo, en octubre, y nos llaman como evidencia a nosotros, del Parlamento de la Unión Europea (UE) para llevar lo que está pasando acá y tratar de prohibir la semilla en Europa. No somos evidencia para Argentina y para el resto sí, para el Parlamento de la UE sí, que van a poder ir contra los transgénicos allá. Y acá como una burla, la presidenta, el gobernador, el intendente, quieren poner Monsanto, la segunda multinacional más grande que daña y enferma a miles de personas, acá en Córdoba, en Malvinas. Lo que nos dejó este juicio es una pauta de que el Estado nos dice no, defiéndase solos, háganse cargo solos, el Estado no existe, la justicia no existe. Y como esa fue su respuesta vamos a tener que salir a la calle, vamos a salir, vamos a defender nuestros derechos y vamos a impedir que Monsanto se instale acá. Entrevista al Dr. Medardo Ávila Vázquez, ex subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba - ¿Qué conclusión podría sacar habiendo terminado el juicio y habiéndose encontrado
culpables a dos de los tres imputados? Mostramos que estamos en el camino justo, en nuestro reclamo de justicia y de que esto era un delito, o sea que fumigar en áreas pobladas era un delito ha quedado establecido hoy claramente. Es una decisión que tiene valor hoy para todo el país, en todo el país no se puede tirar más veneno para beneficiarse económicamente, contaminando el ambiente donde viven familias enteras. Acá la justicia ahora tiene que actuar, parar las fumigaciones que contaminan y detener, porque esto está condenado por el código penal, detener a los que llevan adelante esta práctica, acá se ha condenado al aviador, que es el área de mayor toxicidad de agresión química sobre la población, que son la fuerza aérea sojera, y se ha condenado también al productor sojero. Pero sí nos queda el sabor amargo de que el castigo no es suficiente para reparar los daños que humanos que vivimos, de las familias que han sido golpeadas por las enfermedades. Era gente que no tenía antecedentes, entonces lo más probable es que le den condena a tres años de cumplimiento opcional, o sea que no van a ir a cárcel efectiva peor sí a quedado en claro que de ahora en adelante la policía tiene que estar del lado nuestro, tiene que ir a pagar las fumigaciones. Y bueno, se abre un panorama de lucha nuevo para todos los sectores que venimos llevando esta gesta en contra del agro negocio, en contra de Monsanto, en contra de las políticas extractivistas de nuestro país. ■
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Martes 4 de septiembre Suplemento Ecológico semanal de El Cordillerano
Las últimas trincheras
Por Boaventura de Sousa Santos *
¿Quién podría haber imaginado hace unos años que partidos y gobiernos considerados progresistas o de izquierda abandonarían la defensa de los derechos humanos más básicos, por ejemplo el derecho a la vida, al trabajo y a la libertad de expresión y de asociación, en nombre de los imperativos del “desarrollo”? ¿Acaso no fue a través de la defensa de esos derechos que consiguieron el apoyo popular y llegaron al poder? ¿Qué ocurre para que el poder, una vez conquistado, vire tan fácil y violentamente en contra de quienes lucharon por encumbrar ese poder? ¿Por qué razón, siendo el poder de las mayorías más pobres, es ejercido en favor de las minorías más ricas? ¿Por qué es que, en este aspecto, es cada vez es más difícil distinguir entre los países del Norte y los países del Sur Los hechos
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n los últimos años, los partidos socialistas de varios países europeos (Grecia, Portugal y España) mostraron que podían cuidar tan bien los intereses de los acreedores y los especuladores internacionales como cualquier partido de derecha, haciendo aparecer como algo normal que los derechos de los trabajadores fuesen expuestos a la cotización de las Bolsas de Valores y, por lo tanto, devorados por ellos. En Sudáfrica, la policía al servicio del gobierno del Congreso Nacional Africano (ANC), que luchó contra el apartheid en nombre de las mayorías negras, mata a 34 mineros en huelga para defender los intereses de una empresa minera inglesa. Cerca de allí, en Mozambique, el gobierno del Frente de Liberación (Frelimo), que condujo la lucha contra el colonialismo portugués, atrae la inversión de empresas extractivistas con la exención de impuestos y la oferta de docilidad (por las buenas o por las malas) de las poblaciones que están siendo afectadas por la minería a cielo abierto. En la India, el gobierno del Partido del Congreso, que luchó contra el colonialismo inglés, concede tierras a empresas nacionales y extranjeras y ordena la expulsión de miles y miles de campesinos pobres, destruyendo sus medios de subsistencia y provocando un enfrentamiento armado. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales, un indígena llevado al poder por el movimiento indígena, impone sin consulta previa y con una sucesión rocambolesca de medidas y contramedidas la construcción de una ruta en territorio indígena (Parque Nacional Tipnis) para explotar recursos naturales. En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa, que con coraje concede asilo político a Julian Assange,
acaba de ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no garantizar los derechos del pueblo indígena Sarayaku, en lucha contra la exploración petrolera en sus territorios. Ya en mayo de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había solicitado a Ecuador medidas cautelares en favor del pueblo Sarayaku que no fueron atendidas. En 2011, la CIDH le solicitó a Brasil, mediante una medida cautelar, que suspendiera inmediatamente la construcción de la represa de Belo Monte (que, de completarse, será la tercera más grande del mundo) hasta que fueran adecuadamente consultados los pueblos indígenas afectados. Brasil protestó contra la decisión, retiró a su embajador en la OEA y suspendió el pago de su cuota anual en la organización, retiró a su candidato a la CIDH y tomó la iniciativa de crear un grupo de trabajo para proponer una reforma de la Comisión, en el sentido de disminuir sus poderes para cuestionar a los gobiernos respecto de violaciones a los derechos humanos. Curiosamente, la suspensión de la construcción de la represa acaba de ser resuelta por el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (Brasilia), por la falta de estudios de impacto ambiental.
yendo la protección social de los ciudadanos por la protección social del capital financiero. En el Sur, el neoliberalismo impone su avidez por los recursos naturales, sean los minerales, el petróleo, el gas natural, el agua o la agroindustria. Los territorios pasan a ser sólo tierra y las poblaciones que los habitan, obstáculos al desarrollo que es necesario remover cuanto más rápido mejor. Para el capitalismo extractivista, la única regulación verdaderamente aceptable es la autorregulación, la cual incluye, casi siempre, la autorregulación de la corrupción de los gobiernos. Honduras ofrece en este momento uno de los ejemplos más extremos de autorregulación de la actividad minera, donde todo queda entre la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial y la embajada de Canadá. Sí, Canadá, que hace 20 años parecía una fuerza benévola en las relaciones internacionales y hoy es uno de los más agresivos promotores del imperialismo minero. Cuando la democracia concluya que no es compatible con este tipo de capitalismo y decida resistírsele, quizá sea demasiado tarde. Puede que, entre tanto, el capitalismo haya concluido que la democracia no es compatible con él.
Los riesgos
Al contrario de lo que pretende el neoliberalismo, el mundo sólo es lo que es porque nosotros queremos. Puede ser de otra manera, si nos lo proponemos. La situación actual es tan grave que es necesario tomar medidas urgentes, aunque sea pequeños pasos. Esas medidas varían de país a país y de continente a continente, pese a que es indispensable articularlas cuando sea posible. En el continente americano la medida más urgente es trabar el avance de la reforma de la CIDH. En esa reforma están siendo particularmente activos países con los que soy solidario en múltiples aspectos de sus gobiernos: Brasil, Ecuador, Venezuela y Argentina. Pero en el caso de la reforma de la CIDH estoy firmemente del lado de los que luchan contra la iniciativa de estos gobiernos y por el mantenimiento del estatuto actual de la Comisión. No deja de ser irónico que los gobiernos de derecha que
Para responder las preguntas con que comencé esta crónica, veamos lo que comparten todos estos casos. Todas estas violaciones a los derechos humanos están relacionadas con el neoliberalismo, la versión más antisocial del capitalismo en los últimos 50 años. En el Norte, el neoliberalismo impone la austeridad a las grandes mayorías y el rescate de los banqueros, sustitu-
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¿Qué hacer?
más han hostilizado al sistema interamericano de derechos humanos, como el caso de Colombia, asistan deleitados al servicio que, objetivamente, les están prestando los gobiernos progresistas. Mi primer llamado es a los gobiernos de Brasil, Ecuador, Venezuela y Argentina para que abandonen el proyecto de reforma. Y especialmente a Brasil, debido a la influencia que tiene en la región. Si tienen una mirada política de largo plazo, no les será difícil concluir que serán ellos y las fuerzas sociales que los han apoyado quienes, en el futuro, más podrían beneficiarse con el prestigio y la eficacia del sistema interamericano de derechos humanos. Por cierto, la Argentina debe a la CIDH y a la Corte la doctrina que permitió llevar a la Justicia los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, que con sumo acierto se convirtió en bandera de los gobiernos de los Kirchner en sus políticas de derechos humanos. Pero, como la ceguera del corto plazo puede prevalecer, llamo también a todos los militantes de derechos humanos del continente y a todas las organizaciones y los movimientos sociales –que vuelcan en el Foro Social Mundial y en la lucha contra el ALCA la fuerza de la esperanza organizada– a unirse para enfrentar la reforma de la CIDH que está en curso. Sabemos que el sistema interamericano de derechos humanos está lejos de ser perfecto, sin ir más lejos porque los dos países más poderosos de la región (Estados Unidos y Canadá) ni siquiera firmaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También sabemos que, en el pasado, tanto la Comisión como la Corte revelaron debilidades y selectividades políticamente sesgadas. Pero también sabemos que el sistema y sus instituciones se han fortalecido, actuando con mayor independencia y ganando prestigio a través de la eficacia con la que han condenado numerosas violaciones a los derechos humanos: desde los años ’70 y ’80, cuando la Comisión llevó a cabo misiones en países como Chile, Argentina y Guatemala, y publicó informes denunciando los crímenes cometidos por las dictaduras militares, hasta las misiones y denuncias después del golpe de
Estado en Honduras en 2009; para no mencionar las reiteradas solicitudes para que se clausure el centro de detención de Guantánamo. A su vez, la reciente decisión de la Corte en el caso “Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku versus Ecuador”, del 27 de julio pasado, marca un hito histórico para el derecho internacional, no sólo a nivel continental, sino también mundial. Tal como la sentencia en el caso “Atala Riffo y niñas versus Chile”, sobre discriminación por razones de orientación sexual. ¿Y cómo olvidar la intervención de la CIDH sobre la violencia doméstica en Brasil, que condujo a la promulgación de la Ley Maria da Penha? Los dados están echados. A espaldas de la CIDH y con fuertes limitaciones a la participación de los organismos de derechos humanos, el Consejo Permanente de la OEA prepara una serie de recomendaciones para buscar su aprobación en la Asamblea General Extraordinaria, a más tardar en marzo de 2013 (hasta el 30 de septiembre los Estados presentarán sus propuestas). Por lo que se sabe, todas las recomendaciones apuntan a limitar el poder de la CIDH para interpelar a los Estados por violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo: dedicar más recursos a la promoción de los derechos humanos y menos a la investigación de las violaciones; acortar los plazos de investigación para que se vuelva imposible realizar análisis cuidadosos; eliminar del informe anual la referencia a países cuya situación en materia de derechos humanos merezca una atención especial; limitar la emisión y la extensión de las medidas cautelares; terminar con el informe anual sobre libertad de expresión; impedir pronunciamientos sobre violaciones que parecen inminentes pero que aún no se han concretado. A los militantes por los derechos humanos y a todos los ciudadanos preocupados por el futuro de la democracia en el continente les toca ahora detener este proceso. * Doctor en Sociología del Derecho. El texto corresponde a la “Octava carta a las izquierdas” del autor. Traducción: Javier Lorca