Coyuntura de la abolición

CAPÍTULO II DE LA ABOLICIÓN A LA MODERNIDAD EN LIMA

Este capítulo aborda la coyuntura de la abolición en 1854 y el impacto del decreto sobre la población afro, así como la inserción laboral y política de los afrodescendientes en Lima, entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Por último, se analiza la presencia afro en el censo del 2017.

Coyuntura de la abolición

El orden liberal no abolió la esclavitud en el Perú; solo se dio la libertad de vientres, con la cual se otorgó la libertad a todos los recién nacidos desde el 28 de julio de 1821. Sin embargo, los manumitidos tuvieron una situación ambigua: eran libres y, al mismo tiempo, dependientes de sus examos. Durante su primer gobierno, entre 1829 y 1833, Agustín Gamarra decretó la prolongación de la tutela de los manumitidos hasta los cincuenta años de edad aduciendo que necesitaban orientación moral.

De acuerdo con Ramos Núñez, las constituciones de 1823, 1828, 1834 y 1839 permitieron que la trata y la esclavitud continuaran por diversos medios, tales como el contrabando

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38 y la introducción de esclavizados de otros países como la Gran Colombia. De este modo, la esclavitud persistió. Hacia 1850, posiblemente existían unos 4000 esclavos domésticos en Lima y unos 20 000 en zonas rurales.

En el Perú no tuvimos una campaña vigorosa contra la esclavitud. Apenas hubo algunas iniciativas como la de El Comercio, que publicó La cabaña del tío Tom, obra que denuncia la esclavitud y con la que se trató de influir en la opinión pública. Aunque, cuando se dio finalmente la abolición, en 1854, este periódico publicó artículos en los que alertaba de la supuesta peligrosidad de la población africana y afrodescendiente de Lima. Mientras tanto, los esclavizados resistieron mediante el cimarronaje, el bandolerismo y los palenques, además de algunas rebeliones. Los esclavizados de la hacienda San Pedro del valle de Lurín se rebelaron varias veces entre 1826 y 1837; los de la hacienda La Molina y los de la hacienda Villa hicieron lo propio en 1845.

En 1854, Ramón Castilla inició una revolución contra el presidente José Rufino Echenique por la corrupción en el pago de la deuda interna. En el fragor de la lucha, Castilla decretó la abolición de la esclavitud el 3 de diciembre de 1854. Luego de su triunfo, nombró una comisión y procedió a pagar a todos los propietarios 300 pesos por esclavo. Para algunos especialistas, se trató de una gran inyección de capitales que benefició principalmente a los hacendados, porque los esclavizados nunca recibieron nada; fueron comprados masivamente por el Estado y abandonados a su suerte.

Ramón Castilla. Dio la libertad a los esclavos pero no confiscó las propiedades de los dueños de esclavos ni obligó al pago de reparaciones por la esclavitud, razón por la cual los libertos y sus descendientes jamás contaron con capital para prosperar y tuvieron que trabajar en labores extenuantes y explotadoras. 39

40 Esta es una de las causas por las cuales la mayor parte de la población afrodescendiente se mantuvo en la pobreza. Para algunos, la abolición fue una decisión liberal y humanitaria; sin embargo, diversas investigaciones muestran que la esclavitud ya estaba en crisis por la suspensión del tráfico, la disminución del número de esclavos en edad de laborar, la presión británica contra la esclavitud, los altos precios y el avance paulatino del rechazo a esa forma de trabajo.

La incorporación como libres fue un proceso duro, en especial para aquellos que no tenían especialización laboral, bienes o capital. Esto ocurrió con los trabajadores rurales, quienes fueron despedidos o presionados para aceptar nuevas formas laborales de explotación como el enganche, el yanaconaje, la aparcería y el trabajo como peones libres, tal como se hizo después con los trabajadores chinos e indígenas. Igual pasó con los trabajadores de los talleres, obrajes, casas, panaderías, etcétera. Por otro lado, después de la abolición, migraron numerosos afros provenientes de ciudades del norte limeño como Huacho, Pacasmayo, Huaura, Barranca, Huaral, Chancay, Sayán, Supe, Aucallama y afros del sur, de Cañete, Coayllo, Chincha e Ica. Los afros rurales se incorporaron a Lima, en donde contribuyeron con sus tradiciones culturales locales.

En cambio, les fue mejor a quienes contaban con una especialidad laboral, un pequeño capital, negocios propios, prestigio y redes, como las amas de leche, cocineras, cocheros, artesanos, entre otros.

Luego de la abolición, permanecieron las prácticas esclavistas tales como el trato cotidiano basado en el castigo físico con azotes, cadenas y otros instrumentos de tortura; el maltrato verbal, la resistencia a pagar salario, el encierro y el racismo. Después de la abolición, ninguna constitución prohibió la ciudadanía por diferencias raciales; más bien fue por clase y género. Por ejemplo, solo votaban los varones mayores de edad que sabían leer y escribir, ejercían una profesión u oficio y no eran sirvientes domésticos o mendigos, entre otros. Los periodistas, intelectuales y juristas debatieron la aprobación de la pena de muerte y se construyó el panóptico (cárcel) lo bastante cerca de la ciudad como para disuadir a los infractores de la ley. Los sectores populares, percibidos como pobres, violentos y sin educación fueron considerados como el lastre de la sociedad. Por eso, nadie quería ser percibido como de color oscuro. La población africana y afrodescendiente intentó alejarse cada vez más de las etiquetas raciales, tales como “negro”, “zambo” o “mulato”. Con el tiempo, los afros e indígenas tendrían que conseguir la ciudadanía, al alcanzar los requisitos establecidos por la ley. Por eso, fue muy importante aprender a leer y escribir, conseguir un oficio con estima social, pagar sus contribuciones al Estado, parecer decentes y educados mediante la ropa y los gestos, alejarse del estigma que significaba su color de piel.

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Acuarela de Francisco “Pancho” Fierro. En primer plano, maestro toma lección a alumno afrolimeño.