3. La Constitución de 1823

Pues bien, tampoco han sido buenos estadistas los experimentados dictadores. Veamos la situación en la que se encontraba el Perú a principios del siglo XXI: la democracia no estaba consolidada debido a una falta de tradición, y una tradición requiere varias generaciones para poder ser considerada como tal. En el Perú no ha habido una sola generación que no haya sido testigo y víctima de los atropellos militaristas.

3.- LA CONSTITUCIÓN DE 1823

Antes de comentar la Constitución Vitalicia impuesta por Bolívar en 1826, hagamos un pequeño paréntesis para hablar de la constitución de 182310 , y su fuente de inspiración: la constitución española aprobada por las Cortes de Cádiz en 1812.

Aunque breve en duración, las Cortes de Cádiz influyeron en América tanto en el pensamiento de los patriotas como de los peninsulares. En los patriotas alentó sus acciones independentistas. En algunos peninsulares, como en el virrey La Serna y sus generales de confianza (Valdés y Canterac), los llevó a derrocar al virrey Pezuela, defensor del absolutismo, y formar un grupo liberal que de vuelta a España logró controlar gran parte de la vida política del reino. (Ver el “Apéndice” al final de este volumen.) La invasión francesa de 1808 y la imposición de José Bonaparte como rey, no logró acallar a los líderes españoles, quienes se refugiaron en Cádiz protegidos por la armada inglesa. Los miembros de esas Cortes emitieron una ley liberal, la primera que tendría ese país. El artículo primero otorgaba la nacionalidad española a todos los americanos11 de las colonias, otorgándoles los mismos derechos que a los peninsulares, entre ellos, el derecho de nombrar representantes en las Cortes de España. Entre otras disposiciones liberales, esas Cortes decretaron la supresión de las mitas y los tributos de los indios del Perú.

Las Cortes de Cádiz eliminaron los poderes absolutos que tenían los reyes de España, dieron por terminada la Santa Inquisición, protegieron la libre

expresión, la imprenta y los derechos individuales. Otros de los grandes hitos históricos de esa constitución española fue la abolición de la esclavitud, y de los tributos de los indios. Contenía, además, otros avances democráticos, por ejemplo, decretó que eran españoles tanto los nacidos en la península ibérica como los habitantes de las posesiones en América. En fin, la Constitución de Cádiz fue un documento revolucionario promulgado en momentos en que el autoritarismo del imperio napoleónico asfixiaba a España y gran parte de Europa Hay resaltar que el veinte por ciento de los diputados de la Cortes fueron americanos, entre ellos cuatro12 peruanos. Uno de ellos fue el cusqueño Dionisio Inca Yupanqui. Otro fue el abogado limeño Vicente Morales, quien llegó a ser Presidente de las Cortes de Cádiz, y que al morir repentinamente cuando ocupaba ese alto cargo recibió como reconocimiento a su valía las exequias correspondientes a un rey de España. No hay en el Perú ninguna plaza, monumento o avenida que recuerde a este insigne intelectual. Vicente Morales es uno de los tantos prohombres civiles borrado de la memoria colectiva por uniformes. En el Perú, Abascal, virrey conservador, se vio obligado a hacer jurar la nueva Constitución de Cádiz y a convocar elecciones para elegir a los diputados que irían a España a representar al Perú en el siguiente congreso. Gran revuelo causó tal convocatoria, en los cabildos hubo pugna entre criollos y peninsulares por ser elegidos. Se acababa la discriminación entre peruanos y españoles, todos eran ciudadanos del mismo reino. La represión brutal con la que Fernando VII silenció ese ambiente progresista no extinguió las ideas liberales en el Perú, al contrario, sirvió para que los intelectuales criollos unieran sus esfuerzos a los de San Martín y, más tarde, participaran en la redacción de la primera constitución. Es así como seis de los ocho diputados que escribieron su “Discurso Preliminar” de la constitución fueron maestros13 del Convictorio de San Carlos, centro educativo de ideas liberales.

Nuestra primera constitución ha sido criticada despiadada y unánimemente por los más respetables historiadores peruanos. Basadre, Vargas Ugarte, De la Puente y muchos más, coinciden en acusar a la Constitución de 1823 de ser utópica, alejada de la realidad, y, por lo tanto, perjudicial para el Perú. No debe sorprender que se haya dedicado muchas páginas a maltratar una constitución que nunca estuvo vigente porque la inspiración que irradió su texto puso en entredicho a tantos gobiernos autoritarios que apoyaron, la mayor parte de veces por ausencia de crítica, los historiadores conservado-

res.

La acusada influencia de la constitución española de 1812 fue fructífera ya que dio a la peruana de 1823 su inspiración roussoniana y liberal que pretendía poner el Estado al servicio de los ciudadanos y no al revés. Veamos dos importantes artículos de la constitución peruana de 1823: Artículo 4º. - Si la Nación no conserva o protege los derechos legítimos de todos los individuos que la componen, ataca al pacto social: así como se extrae de la salvaguardia de este pacto cualquiera que viole alguna de las leyes fundamentales. Artículo 5º. - La nación no tiene facultad para decretar leyes que atenten a los derechos individuales.

Estos artículos presuponen un pacto social entre individuos y Estado. De este modo si el Estado incumpliera su parte, es decir, sino conservara o protegiera los derechos de los individuos, estos no tendrían por qué obedecerlo. Lo que nos parece justo y lógico, a Basadre le parece extremoso porque “tácitamente reconoce el derecho del pueblo a la insurrección”. Es verdad, el artículo acepta el derecho que tiene el pueblo a levantarse contra el Estado si éste lo avasallara. Desgraciadamente, esta desobediencia civil no se ha cumplido en las muchas oportunidades en que el Estado no sólo no ha protegido los derechos de los individuos, sino que a sido él el que los ha violado. Dice nuestro respetado historiador que “la candorosa fe doctrinaria de

los liberales fue sorda al patético significado de las realidades”14 . Pero, ¿cuál era la realidad que enfrentaba el Perú, si no el peligro de que los libertadores se convirtieran en los nuevos amos? Esta era la verdadera amenaza.

Lo otro, el temor a que la falta de un gobierno fuerte pudiese engendrar el caos, es una excusa que esgrimen los tiranos para perpetuarse. Pinochet, Fidel Castro, Velasco Alvarado o Fujimori han seguido una tradición bolivariana.

No debemos cansarnos en decirlo, ni en leerlo, hasta que se nos grave perennemente en la conciencia: los gobiernos autoritarios, que han sido casi todos, son los mayores responsables de la penosa condición del Perú. Lo trágico es que este país se ha acostumbrado tanto a ellos que muchos peruanos todavía creen que lo que le falta al Perú es una mano dura que los gobierne.

Regresemos a la Constitución de 1823. En uno de sus artículos dice que el Estado garantiza el derecho a la educación, ya que ésta es una “necesidad común” para “todos los individuos”. Ordena, además, que debe haber “escuelas de instrucción primaria en los lugares más pequeños”. Junto con ese avance verdaderamente revolucionario, ya que durante la Colonia se quiso perpetuar intencionadamente la ignorancia del pueblo, hubo otro artículo que es preciso reproducir aquí. El artículo 193 declara inviolables los siguientes derechos individuales y sociales: 1.- La libertad civil.

2.- La seguridad social y la del domicilio. 3.- La propiedad. 4.- El secreto de las cartas.

5.- El derecho individual de presentar peticiones o recursos al Congreso o al Gobierno. 6.- La buena opinión o fama del individuo, mientras no se le declare delincuente conforme a las leyes. 7.- La libertad de imprenta en conformidad a la ley que la regule.

8.- La libertad de la agricultura, industria, comercio y minería, conforme a las leyes. 9.- La igualdad ante la ley, ya premie, ya castigue.

No podemos dejar de mencionar que el avanzado pensamiento de la Constitución de 1823, referente a la protección de los derechos individuales, es un serio preludio de la Declaración de los Derechos Humanos del siglo XX. Bolívar no fue el único jefe de Estado que violó cada una de las garantías de la Constitución, entre él y Fujimori hubo muchos presidentes que también lo hicieron. Eso es una desgracia nacional, sin embargo hay importantes historiadores que no lo consideran así. El jesuita Vargas Ugarte se felicitaba, por ejemplo, de que la duración esa constitución de 1823 “por fortuna no fue muy larga”15 . Junto a algunos sospechosos16, el historiador no mencionó que esa constitución no sólo no fue larga sino que verdaderamente nunca estuvo en pleno vigor. Para reforzar su ataque, tanto Basadre como Vargas Ugarte se apoyan en la opinión del colaboracionista José María Pando. Efectivamente, Pando al momento de presentar la Constitución Vitalicia de Bolívar a los Colegios Electorales, lo acompañó con un escrito en el que atacó a la Constitución de 1823. Nuestros dos insignes historiadores hacen eco a ese documento. Decía engañosamente Pando que la Constitución de 1823 “en lugar de crear un ejecutivo fuerte, que era lo que el país necesitaba, crearon un espectro del poder y, por lo mismo fueron causa de que el país cayera en la anarquía, de la cual no se libró sino la mano férrea de Bolívar, que concentró en sí todos los poderes”. En la circular a los prefectos17, Pando hace uso de su desparpajo político al afirmar que a causa de la Constitución de 1823 “El desorden, la inobediencia, la dilapidación, se introdujeron en todos los ramos de la administración pública” y que forzados por ello el congreso no tuvo más remedio que darle poderes dictatoriales a Bolívar y eso fue “un milagro de la providencia” gracias a “la moderación singular del Dictador

nos salvó de la tiranía”, porque “sabe que a la grande alma del Libertador le pesa la ilimitada autoridad de que está revestido” De la Puente Candamo18 va más lejos: Por temor al despotismo, sin advertir el riesgo [el Congreso Constituyente] crea, paradójicamente, las condiciones para momentos autoritarios, afirma principios que no pueden ganar vigencia de manera instantánea, y no organiza una posición colegiada con objetivos claros y responsabilidad común que pueda ganar la obediencia de los peruanos. Muy al contrario, es fuente de mal ejemplo y suscita la incredulidad frente a las instituciones republicanas.

Efectivamente, muchos historiadores alientan al pueblo a obedecer al Gobierno porque, según ellos, en la obediencia radica la institución republicana. No hacen referencia a que es difícil encontrar un pueblo más obediente, ingenuo y sumiso que el peruano. En todo caso, recordemos que la anarquía no la creó la Constitución de 1823 sino los golpistas de Balconcillo, todo lo que pasó después fue una consecuencia de la inestabilidad que crearon los militares.

Lo que sucede es que el camino a la democracia es difícil y muchas veces confuso. Frente a la interminable paciencia que se tiene en el Perú con los dictadores, el menor error o desgaste de los gobiernos demócratas desencadena un inmediato descontento que termina en un golpe militar. El ejemplo más vergonzoso fue el derrocamiento de presidente demócrata Bustamante y Rivero a escasos tres años de su gobierno (1948) por un general, Odría, que implantó una dictadura de ocho años. También podíamos añadir la caída de Belaúnde en su primer gobierno, o del autogolpe de Fujimori y las consecuencias en ambos casos. La lista sería muy larga, es mejor que regre-

semos.

Las críticas que sufrieron los liberales peruanos de 1823 por reducir el autoritarismo del Estado, fueron similares a las que recibieron los diputados de

las Cortes de Cádiz. La diferencia estriba en que los historiadores de España no denigraron el esfuerzo liberal. Por ejemplo, el historiador español José Terrero dice al respecto: Realmente el régimen constitucional no tenía arraigo en las masas populares, acostumbrada a una tiranía secular (…) La educación política no se improvisa, se hace lentamente como los buenos vinos. Sostener que aquellos liberales eran todos malos políticos porque no fueron capaces de afianzar el constitucionalismo, sería tanto como considerar imbéciles a todos los absolutistas del mundo (…) Los pueblos como los niños, cuando comienzan a andar, tropiezan y caen: es duro el aprendizaje, hasta conseguir mantenerse erguido y pisar firme. Si los liberales fracasaron en un ensayo de tres años* ¿qué se puede decir de los que heredaron el absolutismo de Carlos V?

Lo anteriormente expuesto no intenta cubrir algunas deficiencias de la Constitución de 1823, porque si de algo adolecía era de quedarse corta en su liberalidad, por ejemplo, excluía cualquier religión que no fuese la Católica. Este artículo fue aprobado con los votos en contra del sacerdote diputado Javier Luna Pizarro, y del ex rector del Convictorio de San Carlos, Toribio Rodríguez de Mendoza. También fue tímida y discriminatoria en las condiciones que imponía para ser ciudadano. Para ello era necesario saber leer y escribir, luego la población indígena quedó excluida. También era requisito “tener una propiedad, o ejercer cualquiera profesión, o arte con título público, u ocuparse en alguna industria útil, sin sujeción a otro en clase de sirviente o jornalero”19. Estas condiciones se aumentaban para ser elegido diputado, ya que se requería “Tener una propiedad que produzca

* Salvando enormes distancias se podría decir que los cinco años de corrupción del gobierno democrático de Alan García fueron pocos y de menor cuantía que acontecido durante los gobiernos militaristas, incluyendo el de Fujimori.