La expropiación de La Prensa

F. Muñoz, David García lrigoyen, Fernando Tola, Julián Arce, Belisario Manrique Guillermo Castañeda, Juvenal Denegrí, Miguel C. Aljovín, Leónidas Avendaño, José Teobaldo Cancino, Eduardo Bello, Oswaldo Hercelles, Enrique León García, Maximiliano González Olaechea, Estanislao Pardo Figueroa, Ricardo Pazos Varela, Aníbal Corvetto, Francisco Grana, Raúl Rebagliati, Carlos Villarán, Enrique Febres Odriozola, Fortunato Quesada, Carlos Morales Macedo, Manuel Prado, Luis Miró Quesada, Aníbal Maúrtua. Empezaban estos maestros por calificar al Congreso, los tribunales de justicia, el periodismo y la Universidad como los órganos esenciales del pensamiento y de la conciencia pública en las sociedades civilizadas. De las cuatro instituciones, la última merecía el máximo respeto. No podía dar a la juventud ejemplos de flaqueza cuando peligraban los grandes principios del orden moral. “La Universidad tiene (afirmaron enfáticamente) deberes esenciales de educación política y de vida pública. Ella es el exponente de la conciencia nacional en las tormentas y crisis internas y externas”. Sin partido, sin odio, sin fanatismo, sin ambición, sin miedo, debía señalar la inmensidad del mal cuando era destruido el patrimonio común de derechos, de garantías y de ideales. Por ello, los firmantes habían decidido paralizar sus funciones docentes “penetrados de que la vida universitaria, si no ocurre un cambio de rumbos que ansiosamente anhelamos y pedírnosla a desenvolverse en medio de una lucha desigual entre dos criterios incompatibles”. Invocaron para ello el precedente de nueve profesores de Gottingen que protestaron contra la violación de la Constitución por un monarca despótico y que afrontaron la amenaza y perdieron sus puestos antes que retirar el documento.

La declaración del receso exhibe, como la conferencia de Belaunde, valor moral, altivez cívica, emoción patriótica. Había fundamento en calificar como acto bochornoso la violencia de la turba que, indudablemente enviada por el ministro de Gobierno, irrumpiera en los claustros con la consigna de acallar esa disertación. Pero, por otra parte, la actitud adoptada el 26 de marzo no era un acierto. Desde el punto de vista teórico, la función docente no podía cesar por contingencias incidentales. Al abandonarla, se infería daño a la juventud y se hacía correr un peligro inmenso a la propia Universidad. En el nivel práctico, solo podía explicarse esta actitud como el comienzo de una gran huelga nacional revolucionaria, a la que debían haberse sumado los tribunales de justicia, los médicos, los abogados, los empleados y los obreros, para hacer caer el régimen. Pero los catedráticos quedaron aislados, el Gobierno no fue derrocado, se cerró un centro desde el cual bien hubiera podido seguir adelante la campaña oposicionista, sucediéronse penosos episodios y los recesados terminaron por volver a las aulas en 1922, sin que hubieran sido alteradas las condiciones políticas del país.

LA EXPROPIACION DE LA PRENSA.- La Prensa, cuyo propietario Augusto Durand ya había sido deportado, apareció el día subsiguiente al escándalo en el local de la Universidad, como periódico gobiernista. Por la noche, agentes oficiales se habían apoderado de las oficinas y talleres amparados en el siguiente documento que es una página negra en la historia del Perú:

“Resultando urgente eliminar los focos de conspiración y de trastorno, que, despertando la alarma general y desviando al actividad gubernativa de sus primordiales atenciones y deberes, vierten el temor y la desconfianza en la industria y el comercio, a la vez que la sospecha y la inquietud en todas y cada una de las clases laboriosas y pacíficas de la colectividad; apareciendo como más exigente e inaplazable, entre todas las medidas adoptables para el objeto anterior, la de poner término a la sórdida campaña de mentira, calumnia y difamación en que, desde el 4 de julio de 1919, está empeñado el diario intitulado La Prensa, incitador deliberado, sistemático y pertinaz del desorden, la rebelión y la revuelta; y siendo de necesidad y utilidad pública la expropiación de la publicación subversiva mencionada:

“Con el voto consultivo del Consejo de Ministros;

“Se resuelve: LA PRENSA, CUYO PROPIETARIO AUGUSTO DURAND YA HABÍA SIDO DEPORTADO, APARECIÓ EL DÍA SUBSIGUIENTE AL ESCÁNDALO EN EL LOCAL DE LA UNIVERSIDAD (DE SAN MARCOS), COMO PERIÓDICO GOBIERNISTA. POR LA NOCHE, AGENTES OFICIALES SE HABÍAN APODERADO DE LAS OFICINAS Y TALLERES (…)