Leguía y el indigenismo

EL ONCENIO DE LEGUÍA Y LA LLAMADA PATRIA NUEVA DIERON TAMBIÉN ORIGEN A UN NUEVO DISCURSO FAVORABLE A LA SITUACIÓN DEL INDIGENA EN EL PAÍS Y A UNA SERIE DE MEDIDAS DE CARÁCTER POLÍTICO. SOBRE ESTE TEMA TRATA EL TEXTO SIGUIENTE.

La Patria Nueva significó también la aparición de un discurso proindígena y de condena total a los abusos de los gamonales. Por ello se tomaron una serie de medidas a favor de este grupo, como los congresos regionales, el Comité pro Derecho Indígena y el Patronato de la Raza Indígena. Sobre este interesante punto en torno a la política del Oncenio, el historiador José Luis Rénique, en su libro Los sueños de la sierra. Cuzco en el siglo XX, Lima: Cepes, 1991, pp. 68-82, precisa que un factor básico para entender el surgimiento de levantamientos y protestas fue el descenso de los precios de las lanas. También nos dice que las denuncias por problemas de tierras eran constantes en varios departamentos de la sierra como Cuzco, Puno y Ayacucho, generando la represión de los gamonales que no iban a permitir un estado constante de agitación rural. El gobierno de Leguía aprovechó esta situación para enfrentarse políticamente a los hacendados, tratando de quitarles el poder local que tenían, mientras se daban diversas medidas y leyes que beneficiaban a las poblaciones indígenas; medidas que solo podían concretarse mediante el nombramiento de nuevas autoridades (prefectos, subprefectos) que el propio Leguía debía designar. Además de estos cambios, entre las otras medidas que se tomaron a favor de los indígenas debemos mencionar al Comité pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo, fundado en Lima en 1920 y formado por inmigrantes serranos que ayudaban a mejorar la situación de sus paisanos; y al Patronato de la Raza Indígena que fue una institución encargada de velar por la protección de los indígenas ante cualquier abuso del que fueran víctimas. Este organismo era controlado por el Presidente, debía contar con la participación de intelectuales provincianos y estaba estructurado mediante una Junta Central en Lima y juntas departamentales en el resto del país, las cuales debían realizar asambleas públicas donde los indígenas presentaran sus denuncias y quejas.

En el Cuzco, la apertura del Patronato fue bien recibida, lo que se tradujo en una serie de demandas que la junta respectiva no esperaba, por lo que al poco tiempo de instalada se declaró en sesión permanente. Las sesiones del Patronato se iniciaban con la recepción de una denuncia, después de un tiempo se exigió la presencia de los afectados para darle más credibilidad al proceso. Tras esto, el Patronato citaba al acusado para confrontarlo con la otra parte, y se trataba de llegar a un acuerdo mutuo; lo cual si no ocurría derivaba en que la Junta tomaba el papel de árbitro en el litigio. Esta interesante medida, sin embargo, tuvo diversos obstáculos y fallas: así, el Patronato no definió claramente sus atribuciones legales, y su alcance en los litigios de tierras no fue el esperado ya que solo podían hacer que el acusado aceptara acogerse a la decisión judicial. Puede decirse que el poder de los hacendados era tan grande, que muchos funcionarios subalternos no tenían demasiado interés en estar al tanto del trabajo del Patronato.