La actitud de la oposición cuestionando el nombramiento de Benavides

Acompañado

por miembros de su gabinete, entre ellos el general de brigada Ernesto Montagne Markholz, el presidente Benavides inició su gobierno enarbolando el lema “Orden, progreso y trabajo”, para luego caer en un verdadero régimen autocrático. Hizo anular las elecciones de 1936 y prorrogó su mandato hasta el 8 de diciembre de 1939, cuando entregó la banda presidencial a su sucesor, Manuel Prado y Ugarteche.

Ciertamente la muerte de Sánchez Cerro causó estupor y desconcierto en el ánimo de la población no aprista. El Perú –refiere El Comercio en su sentida semblanza sobre este mandatario, publicada por esos días– tuvo entonces no solo la sensación de la inminencia de la anarquía en perjuicio de la unidad nacional, sino que se veía ingresar en un inmenso y oscuro túnel sin salida. En medio de este casi vacío de poder político se experimentó una verdadera zozobra alrededor de la sucesión presidencial; el Consejo de Ministros, presidido por el jurista iqueño José Matías Manzanilla, asumió el ejercicio del Poder Ejecutivo, declaró en estado de sitio todo el terreno nacional y suspendió las garantías constitucionales el mismo fatídico día 30 de abril. Acto seguido, se dirigió a la Asamblea Constituyente con el fin de elegir al nuevo presidente de la República. Este organismo, reunido apresuradamente y a escasas horas del horrendo crimen, designó como presidente constitucional para completar el período del difunto gobernante al general de división Óscar R. Benavides. Sufragaron 88 representantes, de los cuales 81 votos recibió el indicado jefe del Ejército. Recuérdese para el caso que, según el mandato constitucional imperante, Sánchez Cerro había sido elegido para gobernar hasta 1936; por tanto, la opción gubernamental de Benavides sería de tres años.

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ma votación obtenida en la Asamblea, la designación de Benavides fue cuestionada y rechazada por el afanoso sector socialista, uno de cuyos representantes, Alberto Arca Parró, fustigó con dureza tal decisión por considerarla una “flagrante violación de la Carta Magna”. Amparado en la primera parte del artículo 137 de la constitución de 1933, que decía:”(…) son inelegibles presidente y vicepresidente de la República los ministros de Estado y los miembros de la Fuerza Armada que se hallen en servicio si no han dejado el cargo seis meses antes de la elección”, el mencionado representante negó validez jurídica al acto. Benavides –recordemos– era el jefe máximo del Ejército, promovido a esa alta investidura a raíz del conflicto con Colombia, ostentando la elevadísima insignia, de inspector general de la Defensa Nacional. Hasta entonces Benavides había estado desempeñando el cargo de embajador en Londres, pero al arreciar el conflicto en la región del Putumayo abandonó el cargo y regresó al país. A la larga, sin embargo, prevalecieron las condiciones del Estado sobre el orden estrictamente legal. En circunstancias tan graves para el país, asesinado Sánchez Cerro, dividido el frente interno por la lucha sin cuartel entre el APRA y la Unión Revolucionaria, amenazada nuestra frontera nororiental, lo más sensato resultaba elegir a Benavides. Así lo entendió también la resucitada oligarquía y, por su intermedio, el Congreso Constituyente, al escogerlo como el hombre idóneo para recomponer el escenario amagado externa e internamente; además, la conducta anterior de Benavides con el recordado golpe de 1914, lo convertía en la más clara e inmediata carta de garantía para sus amenazados intereses. En este sentido –como lo señala Víctor Villanueva– atajar al enemigo interno (APRA) era lo principal; poner coto a las