El golpe de Estado de la Junta de Gobierno presidida por el general Ricardo Pérez Godoy en 1962 y el voceado fraude electoral

“superconvivencia”. El jefe aprista hacía una alianza con el dictador militar que lo había desterrado en 1948, antes –como ya se dijo– de mantenerlo cautivo cinco años en la embajada de Colombia en Lima. Cierto es –dice Bourricaud– que los recién casados (Odría y Haya) se habían visto empujados sin remedio el uno en brazos del otro. Pero este matrimonio forzado, afortunadamente, no se concretaría de inmediato.

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el Golpe de estado de la JUNta de GoBierNo presidida por el GeNeral ricardo pÉreZ GodoY eN 1962 Y el voceado fraUde electoral.- En las

circunstancias anteriormente descritas se hallaba el Perú cuando un pronunciamiento institucional de la Fuerza Armada depuso al presidente Manuel Prado, anuló el proceso electoral y convocó a elecciones para el año siguiente. ¿El autor del nuevo golpe? El general Ricardo Pérez Godoy, entonces comandante general del Ejército y presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. ¿La fecha? El miércoles 18 de julio de 1962. ¿La excusa? El fraude cometido a favor del candidato aprista. Realmente, el tema del fraude en el proceso electoral de aquel año fue voceado y denunciado desde semanas atrás por la prensa opositora. El dedo acusador se dirigió a señalar las “irregularidades que enturbian los preparativos de la elección”. Algunos encabezamientos de las secciones políticas de dicha prensa formulaban interrogantes como las siguientes: ¿Se hacen en condiciones normales las inscripciones en el registro electoral? ¿No hacen inscribir los apristas a mineros analfabetos? ¿Se cuenta, en todos los casos, con las garantías necesarias? ¿Es imparcial la actuación del Jurado Nacional de Elecciones? El Comercio, en su edición del 3 de marzo de ese año anunciaba: “Es de notoriedad pública que dos peligrosos delincuentes extranjeros lograron obtener documentos de identidad personales. Junto a estos hechos se ha establecido la ilegalidad de muchas inscripciones en los registros electorales. Jóvenes que no alcanzan la edad ciudadana han recibido de los partidos ´convivientes´ libreta electoral. Y se señala que muchos analfabetos gozan de la facultad de votar”. Dos semanas y media después, el decano volvió a denunciar las irregularidades en tono enérgico: “Está pues viciado el proceso. Hay fraude. Sin embargo hay fe en que el poder electoral depure hasta el máximo sus padrones. De no cumplir con este objetivo que le exige el país, el Jurado Nacional habrá asumido una grave responsabilidad que desde luego le compete solo a sus miembros, pero que en ningún modo incidirá sobre el porvenir político del Perú, cuyo pueblo está decidido a respetar el 10 de junio próximo, contra todo intento oscuro, su voluntad de renovación”. Ante tremenda acusación, el 22 de mayo, el cuestionado Jurado Nacional de Elecciones publicó el siguiente comunicado: “No hemos podido comprobar que haya habido inscripciones en masa de menores, ni irregularidades en número apreciable en las inscripciones, ni tampoco que varias libretas electorales hayan sido atribuidas a un mismo elector”. A pesar de su anuncio categórico, el comunicado no satisfizo a un gran sector de la ciudadanía. Cuatro días después de su publicación, la Fuerza Armada, a través de un comunicado de carácter institucional en el que aludía no sentirse “comprometida a reconocer la pureza de una operación a la que no se sentía obligada a dar aval”, solicitaba “que se exigieran también al elector los documentos militares” y que se verificara la “confiabilidad de la tinta indeleble” que debía marcar la mano de cada elector. El Jurado Nacional, en un extenso comunicado fechado el 28 de mayo, aceptó los dos requerimientos. Sin embargo, los rumores de golpe militar eran cada día más insistentes. ¿Tuvo el golpe de Estado de 1962 un matiz especial? A juzgar por su naturaleza (se autodenominó Junta de Gobierno) y por su conducta posterior, puede afirmarse que sí. En efecto, a

Arriba: el ex presidente Odría, acompañado por su esposa, doña

María Delgado, concurriendo a las elecciones municipales de 1963. Abajo: el recordado y apreciado franciscano italiano padre Iluminato, junto con niños en el arenal de su entrañable “Ciudad de Dios”. Las barriadas empezaban, entonces, a tener una considerable gravitación política. Odría, por ejemplo, fue favorecido con este voto.

diferencia de los alzamientos de épocas anteriores, el golpe encabezado por Pérez Godoy tuvo un carácter institucional, liquidando así el mito del “caudillo suelto”. La Fuerza Armada, corporativamente, se responsabilizó de su actuación. Así lo hizo saber en la proclama de ese día, firmada por los comandantes generales de las tres armas (general división EP Nicolás Lindley López; vicealmirante AP Juan Francisco Torres Matos; teniente general FAP Pedro Vargas Prada Peirano) y por el propio presidente del Comando Conjunto. Hablando en nombre de sus compañeros de la Junta, Pérez Godoy explicó ese mismo día (a través de una emisora local) el sentido de la insurgencia. Se refirió a tres temas. El primero: el fraude. Manifestó: “Hemos asistido a unas elecciones fraudulentas en las que no se ha respetado ninguno de los derechos más simples y más elementales de los ciudadanos (…)”. Segundo: el compromiso de la Junta. Dijo: “La Junta que presido se compromete solemnemente a realizar en el plazo más breve las elecciones puras, limpias y leales que todo el país desea (…)”. Y tercero: el papel de la Fuerza Armada. Señaló: “La Fuerza Armada es el pueblo, existe para el pueblo y su única preocupación patriótica consiste en servir a los intereses del pueblo que son los intereses inalienables de la nación”. Con esta triple explicación (dicha a modo de justificación), la Fuerza Armada se constituía, una vez más, en “guardián” de la Constitución y, por ende, de la nación. Otro dato interesante del alzamiento del 18 de julio, que el mencionado Bourricaud y otros autores contemporáneos también lo señalan, fue la actitud de la Junta respecto al trajinar político del momento. El ambiente de opresión y escarnio que seguía antaño al clásico “cuartelazo”, ahora no se hizo presente. La operación –en frase de un periodista de la época– se cumplió “con sutileza de cirujano y con manos de doncella”. No se detuvo a ninguno de los jefes políticos de la aberrante “superconvivencia”. Haya de la Torre se ocultó por algunos días, pero nadie parecía buscarlo. Los periódicos continuaron circulando en forma normal, salvo La Tribuna aprista, que fue clausurada el mismo 18, pero reapareció 48 horas después. “El orden interno –informó el ministro del interior, general Bossio Collao– está asegurado e inalterable”. Solo una huelga general decretada por la desprestigiada Confederación de Trabajadores del Perú (central sindical bajo el control del APRA) en la misma fecha, intentó amenazar dicho orden; la huelga, que fracasó rotundamente en Lima, apenas cuajó en los ingenios azucareros del norte del país (bastión aprista). Como hecho simbólico debe mencionarse la manifestación de duelo de las damas apristas que culminó en la plaza San Martín, donde rindieron homenaje al Libertador con una ofrenda floral, orlada por un crespón negro. Es digno de recordarse, asimismo, el artículo periodístico del joven abogado arequipeño Enrique Chirinos Soto, que con fecha 28 de julio de 1962 publico en La Prensa bajo el título: “Ni cínicos ni ilusos”. En resumen, la Junta dejó no

Días antes de concluir su mandato, Prado fue derrocado por una

Junta Militar encabezada por el general Pérez Godoy. En la foto, ya establecidos en Palacio, lo acompañan Lindley, Torres Matos y Vargas Prada, miembros de la Junta.

solo al partido aprista en libertad de fulminar, condenar y vociferar, sino también a las otras agrupaciones políticas en libertad de movilizarse libremente. ¿Fue el golpe de Estado del 18 de julio una sorpresa? La verdad es que no. Los diarios y los partidos de oposición, desde hacía más de un año, habían estado anunciando la inminencia de la ruptura constitucional. Muchos de ellos, incluso, lo deseaban fervientemente. El desprecio a la “superconvivencia” y el temor a un triunfo aprista los llevaba a actuar así. Producido el alzamiento, muchos fueron los que se regocijaron de su éxito; aparecieron entonces (como antes y después) muchos corifeos de una y otra vertiente política. Hasta los minúsculos grupos comunistas, comunizantes o filocastristas se alinearon, con cierta cautela, en esta adhesión colectiva. En su número del 26 de julio de dicho año, el periódico Unidad (órgano comunista) comentó en estos términos la intervención militar: “La Junta Militar ha frustrado la imposición imperialista que pretendía encaramar en el poder primero a Haya de la Torre y luego a Odría, contra la voluntad del pueblo, anulando las elecciones fraudulentas. Hasta la fecha, respeta las libertades sindicales, de prensa y las reuniones (…)”. Respecto a las anunciadas elecciones que la Junta Militar asumía como compromiso, fue el APRA el que mostró más rápido entusiasmo e interés. En un manifiesto publicado el 28 de julio de ese año condenando el golpe, anunció la decisión del partido de participar en la futura campaña electoral a través de un Frente Cívico Nacional. Cinco días después, en el editorial de su periódico apareció lo siguiente: “El partido está seguro de la

Ricardo Pérez Godoy (1905-1982), en su condición de presidente

del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, encabezó el golpe de Estado contra Prado. Acusado de personalismo, fue destituido y reemplazado por el general Lindley en marzo de 1963.

legitimidad de la victoria que había obtenido el 10 de junio pasado y, ante las acusaciones interesadas que pretenden despojarlo, disminuirlo o arrinconarlo, anuncia al país que acepta el reto que significa para él las nuevas elecciones del 9 de junio de 1963, y espera que estas se realicen ese día con honradez, sin veto de ninguna especie y con resultados indiscutibles, y en ella participarán los parlamentarios apristas que fueron elegidos este año en los departamentos donde triunfaron nuestras listas”. La primera piedra estaba lanzada. ¿Seguirían las otras seis agrupaciones políticas? Ciertamente que sí. Antes de concluir el presente apartado, es pertinente reiterar brevemente un punto crucial alrededor de la génesis y el carácter de la Junta de Gobierno, por su singularidad y trascendencia. En efecto, el pronunciamiento institucional de la Fuerza Armada de 1962 continúa siendo hasta hoy una fuente de sorpresas para los analistas de la política peruana del siglo XX. En nada –repetimos– se pareció al cuartelazo tradicional orientado a eliminar al APRA de la vida legal a encumbrar a un dictador para garantizar el continuismo oligárquico o el statu quo de la sociedad. Todo lo contrario. La Junta de Gobierno de Pérez Godoy inauguró un nuevo estilo de militarismo, totalmente, diferente a los tres anteriores (1823, 1884 y 1930) y muy próximo al protagonizado posteriormente en octubre de 1968. Política e ideológicamente, el golpe del 18 de julio de 1962 marcó una diferencia con sus similares de épocas pretéritas. Ahora, ya no se trataba de un jefe o caudillo militar (movido por ambiciones personales) o del clásico “cuartelazo” de antaño o de una facción de los Institutos Armados incitada por grupos civiles ávidos de consolidar sus intereses. Se trataba de la Fuerza Armada como institución, como ente colegiado afanoso en respaldar y defender el derecho constitucional de elegir democrática y libremente y de constituir un régimen civil. Además, fue explícito desde un comienzo el interés declarado y explicable de los militares de hacer prevalecer los postulados reformistas de los sectores medios a los cuales ellos pertenecían. En este sentido –escribe Jorge Santisteban de Noriega–, durante el año que los militares estuvieron en el poder realizaron un esfuerzo por poner en práctica un proceso de reformas sociales que intentaban modernizar parte del sistema, satisfacer los intereses innovadores de la clase media, imponer orden y evitar las situaciones de extremo conflicto que pudieran servir de caldo de cultivo al comunismo y a la agitación. La difusión de los postulados de la seguridad integral del Estado (impulsada desde el CAEM) brindaba el planeamiento teórico para algunas medidas reformistas que tomó la Junta. La más importante de ellas fue, sin duda, la Ley de Bases de la Reforma Agraria y su rápida implementación en el valle de la Convención, donde se habían producido ocupaciones de tierras dirigidas por líderes revolucionarios. Sobre el conjunto de estas medidas reformistas, Henri Favre (estudioso de nuestra realidad) escribiría años después: “Durante los 12 meses de su gestión, la Junta Militar se dedicó efectivamente, no sin dificultades, pero sí con mucha convicción, energía y perseverancia a echar las bases de su acción auténticamente reformadora y a preparar la elección de un presidente capaz de emprender sobre esas bases profundas reformas económicas y sociales (…)”. Desde esta perspectiva –señala Dirk Kruijt– resulta sorprendente e inédito constatar que las primeras reformas de la estructura de la propiedad fueran realizadas durante un régimen militar; pero realizadas en función de un marco planificador y de presupuestos por programas. No olvidemos que fueron los militares de este periodo los que crearon el Instituto Nacional de Planificación (1962) en la tarea predominante de proyectar planes de desarrollo y reformas. Esto, ciertamente, era también reflejo de la nueva mentalidad militar que se había desarrollado en la década de 1950 en las bullentes e inquietas aulas del CAEM. Se creó, igualmente, un banco de fomento para la construcción de viviendas y mejoramiento de los barrios marginales, junto con un organismo oficial para la vivienda en 1962 (Junta Nacional de Vivienda). Por otro lado, militares con reputación progresista recibieron puestos en el Gabinete; el citado general Bossio Collao, por ejemplo, ocupó la cartera del Interior. Sin embargo, unos meses después tuvo que abandonar su cargo tras proponer sus planes de nacionalización para el sector petrolífero y minero (principalmente las instalaciones de la International