Crianza en familia homoparental: mitos y realidades Vanessa Lasso García1 Gabriel Jaime Montoya2
Historia de la familia en Colombia A mediados del siglo XIX, la normatividad giraba alrededor del fortalecimiento de la autoridad del patriarca sobre el resto de la familia, estableciendo principios que venían del derecho romano, según el cual tanto los hijos como las mujeres casadas dependían de la autoridad exclusiva del padre de familia y del esposo. El paterfamilias era el único sujeto de derechos patrimoniales, situación que se extendió hasta la revolución industrial producida en el siglo XIX. De esta manera, los romanos definían la familia con base en el vínculo formal que la constituía; de tal modo que el matrimonio era la conjunción entre marido y mujer, unión para toda la vida, vínculo jurídico humano y divino. Nuestro Código Civil recogió esa idea de autoridad patriarcal en el ámbito familiar. Por el solo hecho del matrimonio, la mujer dejaba de ser considerada sujeto capaz y sus destinos quedaban por entero en manos del marido. Ante la posibilidad de la ausencia del patriarca o marido, a partir de 1922, surgió la necesidad de
ajustar el ordenamiento jurídico, precisamente, para darle a la mujer esa autonomía en casos puntuales. La Ley 8 de 1922 le da cierta capacidad a la mujer para ser testigo en juicios y le da facultad de impetrar la separación de bienes. Con la llegada de la década de los años treinta se genera un mayor impulso a esa autonomía en la mujer. Esta inicia con la Ley 70 de 1931, que establece un nuevo concepto al concebir la figura del patrimonio de familia inembargable. Sin embargo, es con la Ley 28 de 1931 que se da el gran paso al establecer la autonomía de la mujer casada para administrar su propio patrimonio. Si en el siglo XIX existía una discriminación entre hijos naturales, adúlteros, incestuosos, legítimos y legitimados, en la mayor parte del siglo XX esta discriminación se redujo a hijos naturales (o ilegítimos) y legítimos. Con la Ley 29 de 1982, ambas clasificaciones quedaron en el papel al establecerse la igualdad de derechos para unos y otros por mandato legal. Sin embargo, no fue sino hasta la sentencia C-105 del 10 de marzo de 1994 de la Honorable Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Jorge Arango Mejía, que se suprimió esa
1. Residente de Pediatría. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. Asesor 2. Médico psiquiatra. Máster en Salud. Sexual y Sexología Clínica, Doctorado en Bioética
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