Apuntes de Tecnología Social Colección Material 2013 by Proyecto Propio

Colecci贸n material 2013

APUNTES DE TECNOLOGÍA SOCIAL Hacia una noción de procedimentalidad

El aumento de la complejidad y exigencias a tener resultados sustentables de las intervenciones sociales actuales, exige que éstas estén en constante cambio y aprendizaje. Ya no basta con declarar grandes objetivos o resultados esperados, si no van de la mano de mecanismos que permitan alcanzar esos objetivos y cumplir las expectativas generadas. Para Proyecto Propio el desafío metodológico de dar el protagonismo al usuario para que desarrolle su propio proyecto, implica desprenderse del contenido del proyecto, enfatizando en el procedimiento como mecanismo de trabajo con las comunidades. De ese ejercicio teórico/práctico nace la procedimentalidad. La procedimentalidad, concepto difícil de explicar y pronunciar, es el ADN de la tecnología social que Proyecto Propio desarrolla. Es la base teórica y práctica de cómo programamos y desarrollamos modelos de coordinación social para proyectos de alta complejidad. Este texto entrega una definición de este concepto y describe las principales características y resultados esperados de un modelo de intervención social procedimental. Cabe destacar que la procedimentalidad es un concepto desarrollado por teóricos alemanes como Habermas y Luhmann, y trabajado en Chile por Teresa Matus, con quien estamos constantemente compartiendo experiencias y aprendizajes en torno a este concepto de intervención social.

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I. NOCIÓN DE PROCEDIMENTALIDAD Una forma para definir y entender la procedimentalidad es decir que es la intervención social carente de contenido, que se diseña y planifica en torno a procedimientos que son desarrollados por el usuario. Lo primero a entender de esta definición es la idea de carencia de contenidos de la intervención social. Entenderemos por contenidos como todas aquellas propuestas relacionadas al “qué” de la intervención o su producto. Es el contenido el producto asociado que se busca como resultado concreto de la intervención. Por ejemplo una intervención social para el mejoramiento del barrio, que ofrece la “construcción de una plaza de juegos”, incorpora el contenido “plaza de juegos” como el producto asociado al proceso de trabajo. La carencia de contenidos, implica que el modelo de intervención no tiene predeterminado un objeto o producto a reproducir, por lo que no predetermina el resultado. Una intervención procedimental para un programa de mejoramiento de barrio, ofrece al usuario una expectativa de “cambio” pero no le establece a priori como este debiera ser, en este sentido es una intervención social carente de contenido. La carencia de contenidos es reemplazada por procedimientos, de donde viene la idea de procedimentalidad. Ahora bien esta idea es de doble entrada ya la procedimentalidad la estructuramos a partir de dos componentes:

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Procedimentalidad como procedimiento; esto tiene que ver con la forma de ejecutar el proceso de intervención social, donde se establece un método estructurado para que los usuarios definan el contenido (el que) de la intervención.

b. Procedimentalidad como proceso; entendida como la acción

de avanzar y ejecutar un conjunto de etapas predeterminadas con el objetivo de concretar un proyecto o resultado esperado. Estos dos componentes (procedimiento y proceso), son vinculantes para la procedimentalidad, ya que es el proceso el que establece el orden y funcionamiento de los procedimientos y estos los que van determinan los contenidos en cada etapa del proceso. Con estos antecedentes podemos presentar una segunda versión de la procedimentalidad y decir:

Procedimentalidad es la intervención social carente de contenidos, que se implementa por medio de un proceso predeterminado por procedimientos que son ejecutados por los propios usuarios.

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Tomando la definición anterior un programa procedimental de mejoramiento de barrio, le entregaría al usuario una serie de pasos (procesos) para que éste defina el proyecto a realizar. Como por ejemplo:

Paso 1: Realice un diagnóstico de la situación actual del barrio Paso 2: Determina una seria de prioridades de la comunidad Paso 3: Determine el proyecto (o contenido) que mejor de

cuenta de las expectativas de mejoramiento del barrio.

Ahora bien, el proceso es requerido carente de contenidos, para que el modelo sea procedimental. Así la carencia de contenidos es reemplazada por un procedimiento que ejecuta el usuario para determinar lo que finalmente queda como resultado o producto de intervención. Como podemos apreciar la procedimentalidad, es un giro a la forma de ver y hacer intervención social, ya que deja fuera la predeterminación del producto por parte del externo del contexto que se busca intervenir y genera los procedimientos para que sea el usuario el que determine el “qué” de la intervención. Este giro, hacia el procedimiento, es un cambio radical en la forma de hacer intervención social, ya que no solo deja fuera las ideas preconcebidas del interventor respecto del contexto que se busca cambiar, sino que también abre una serie de posibilidades para que sean los usuarios los que tengan un rol protagonista del proceso de transformación del espacio que habitan

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II. CARACTERISTICAS DE LA PROCEDIMENTALIDAD Cualquier intervención social procedimental, requiere cumplir con ciertas características mínimas para describirse como tal. Estas características si bien no son una regla predeterminada sobre cómo tiene que ser o no ser un modelo de trabajo procedimental, surgen como un estándar mínimo para que una metodología deje de lado el contenido prescrito y se base en procedimientos y procesos. Las características se pueden apreciar en el siguiente diagrama:

Reconocecapacidades del usuario

Planificación Flexible

Entrega protogonismo al usuario

PROCEDIMIENTOS Es siempre una versión

Incluye un modelo de transferencia

Presupuesto variable

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A continuación describimos las características básicas de la procedimentalidad:

a. Se define a partir del reconocimiento de capacidades

Como definimos anteriormente la procedimentalidad se basa en establecer procedimientos que dirigen la intervención social, y no establece contenidos antes del proceso de intervención. Es requerido entonces que existan capacidades instaladas en los usuarios del programa o intervención para que los procedimientos sean entendidos y ejecutados. Para esto la procedimentalidad reconoce antes que los usuarios tienen capacidades y es en base a éstas se juega la aplicación del procedimiento. Cabe mencionar que estas capacidades no son una medición cuantitativa antes de la intervención, si no que un paradigma o base del modelo de intervención social ofertado. La procedimentalidad se define a partir de reconocer que todos los usuarios tienen capacidades y se puede trabajar con ellas como punto de partida, lo que implica que predeterminar contenidos no tiene lógica antes estas capacidades reconocidas.

b. Entrega el protagonismo al usuario

Los procedimientos, al reemplazar el contenido, tienen sentido en tanto son ejecutados por el usuario del programa o modelo de intervención social procedimental. En este sentido la procedimentalidad “abre” la intervención, para que sea el usuario quien cumpla un rol protagónico y por medio de los procedimientos establezca según sus propios intereses y expectativas los contenidos de la intervención.

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c. Se establece como un modelo de transferencia

Productos de las dos características anteriores, la procedimentalidad se piensa y establece como un modelo de transferencia al usuario, es clave que la planificación de la intervención procedimental traspase al usuario los mecanismos y uso de los procedimientos de tal forma que éste pueda hacer uso de ellos. La transferencia no es un mero ejercicio de capacitación con el usuario, sino más bien un ejercicio socio-práctico, en donde en la medida que los procedimientos son ejecutados por los usuarios van siendo comprendidos y adquiridos como nuevas capacidades y aprendizajes. En este sentido la procedimentalidad propone de forma subyacente la autonomía del proceso y capacidad del usuario de replicar el modelo de forma autónoma sin la intervención de un externo.

d. Requiere planificación flexible

Los procedimientos establecidos en el modelo procedimental, no necesariamente pueden ser ejecutados en tiempos específicos, ya que el modelo de transferencia y las diferencias contextuales en las cuales se ejecutan hacen que los tiempos se desarrollan en función del proceso. En este sentido los procedimientos son ejecutados de manera flexible por el usuario, en la medida en que van siendo incorporados como prácticas para ellos lo que obliga al modelo a considerar flexibilidad en los tiempos y momentos de la intervención social. Es requerido para un modelo de intervención procedimental, que la planificación incorpore escenarios de tiempo y complejidad que se van desplegando en la medida que el usuario determina los contenidos del proceso.

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e. Tiene presupuesto variable

Los contenidos son establecidos por el usuario, por lo que una intervención social procedimental, no puede estar predeterminada por un presupuesto estándar y fijo, ya que los contenidos pueden variar y requieren mayores o menores niveles de inversión. En este punto la procedimentalidad adquiere una característica movilizadora del sujeto, ya que el contenido que debe establecer como parte del procedimiento, no solo tiene que ver con sus intereses y capacidades desplegadas en el contexto, sino también con una restricción de recursos y por lo mismo acota el alcance del contenido.

f. La metodología siempre es una versión

Debido a las características anteriores la procedimentalidad requiere un alto nivel de customización en sus parámetros y procedimientos, ya que requiere adaptarse a las capacidades del usuario, los contenidos establecidos en el proceso y la flexibilidad requerida en términos de planificación y presupuesto. Por esto toda intervención social procedimental es una versión en sí misma cuando se ejecuta adaptándose al contexto y nivel de complejidad en la que se desarrolla.

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Dicho todo lo anterior existe una característica de la procedimentalidad que no se establece como parte de las anteriores, sino más bien la definimos como un atributo transversal de la ideal de procedimiento y proceso y que es requerida para que las características anteriormente nombradas se desarrollen.

La procedimentalidad como proceso deliberativo Entenderemos la deliberación como un proceso donde se fusionan la reflexión, la información y análisis para la toma de decisión. En este sentido la deliberación se distancia de manera drástica de la participación, ya que exige la conformación de un sistema donde conviven estos cuatro elementos (información, análisis, reflexión y decisión) de manera indisoluble. Considerando las características anteriormente mencionadas respecto de los procesos y procedimientos que componen la procedimentalidad, es la deliberación un sustrato clave de la definición, ya que el contenido que el sujeto propone en cada paso del procedimiento, requiere ser un contenido basado en:

Información: obtenida del contexto a nivel externo e interno que se incorporar como insumo a la proceso, como el origen de la comunidad, la historia, antecedentes de los actores, recursos presentes, capacidades, dificultades, fracasos anteriores y todos aquellos antecedentes que permiten al sujeto determinar el contenido del proceso.

Análisis: que tiene que ver con poner en valor la información, categorizarla, estructurarla, verificarla, discutirla y depurarla, de tal forma de que sea una información que insume el contenido del proceso.

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Reflexión: en función del análisis hecha, tomar en cuenta las

consecuencias de las opciones tomadas por los usuarios, las oportunidades que se presentan, la visión de corto, mediano y largo plazo, entre otros antecedentes que permiten determinar el contenido.

Decisión: como paso final del proceso deliberativo que es donde

se toma una decisión o se opta por un contenido en particular en función de la información obtenida, el análisis que se realiza a partir de ella, la reflexión y posteriormente la definición del contenido que el usuario determina para la intervención. Entonces las características de la procedimentalidad que tienen que ver con la transferencia a los usuarios, la planificación y presupuesta flexible, el reconocimiento de capacidades, entre otras características en el fondo son el insumo de un proceso deliberativo en donde el usuario establece el contenido. Con todo podemos presentar una tercera definición de procedimentalidad:

Procedimentalidad es la intervención social carente de contenidos, que se implementa por medio de un proceso predeterminado por procedimientos que son ejecutados por los propios usuarios.

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III. EXTERNALIDADES POSITIVAS

DE LA PROCEDIMENTALIDAD

En base a las características antes mencionadas, se espera obtener como resultado de una intervención procedimental, una serie de resultados esperados que también pueden ser entendidos como las externalidades positivas de los modelos procedimentales.

a. Promueve la autonomía de los sujetos

Ya que el modelo se establece como uno basado en la transferencia a los usuarios, por lo que fortalece la capacidad de aplicar en el futuro los procedimientos de forma independiente sin requerir la presencia de un interventor externo. Así la procedimentalidad puede ser la base de un programa social que busca potenciar la autonomía de los usuarios y la sustentabilidad de los resultados de la intervención.

b. Dejar atrás el concepto de beneficiario pasivo

Dado que los contenidos no existen antes del proceso, no existe un beneficiario previo de estos y son a quien está dirigido el programa los que deciden el proyecto o producto a realizar, en este sentido se potencia su rol de usuario activo por sobre el de beneficiario pasivo.

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c. Promueve la simetría en la intervención

La transferencia del modelo al usuario y su participación como un agente activo del modelo de intervención, lo sitúa en una posición informada y clave de la intervención y sus resultados. En este sentido la procedimentalidad promueve que el usuario tenga una relación simétrica con el interventor externo y se potencie su empoderamiento en los procesos que se ejecuten.

d. Promueve la rendición de cuentas al usuario

Dada la transferencia de los procedimientos y el rol protagónico que tiene el usuario en todos los modelos procedimentales, este se hace parte del mecanismo y no solo lo observa, por lo cual gana en su capacidad de generar exigencias en términos de calidad, rendición de cuentas y resultados esperados.

e. Promueve la innovación

Al no tener los contenidos de la intervención definidos ex ante y generar un espacio de definición de los mismos basado en el protagonismo del usuario y el reconocimiento de sus capacidades, la procedimentalidad genera un espacio fértil para lo nuevo en términos de contenidos y promueve la creatividad para proponer soluciones. En este sentido la procedimentalidad es un espacio abierto para la innovación social.

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IV. DESAFIOS TÉCNICOS Y ÉTICOS

DE LA PROCEDIMENTALIDAD

La procedimentalidad a simple vista, puede ser entendida como una alternativa a los modelos tradicionales de intervención social, en una visión más moderna de los fenómenos sociales y más contingente a las demandas de la ciudadanía de participación y democracia. Ahora bien, una intervención social procedimental, tiene desafíos éticos y técnicos que son claves abordar a la hora de diseñar e implementar modelos con estas características:

a. El reconocimiento de capacidades tiene que ser parte de la

cultura de la organización. No basta con que sea una declaración escrita o la convicción de los equipos que ejecutan. Reconocer las capacidades de los usuarios es un paradigma para la procedimentalidad por lo cual es requerido que la organización articule su saber y su hacer en función de relacionarse con sus usuarios desde sus capacidades por sobre sus carencias o necesidades.

b. La organización que ejecuta modelos procedimentales tiene

que estar preparada para perder protagonismo. Ya que los procedimientos se establecen para ser liderados por los usuarios, por lo que la organización pierde parte del control de los resultados de sus procesos de intervención. Una entidad que no está dispuesta a flexibilizar su planificación y resultados difícilmente podrá implementar de forma exitosa modelos de intervención social procedimentales

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c. Los usuarios pueden aceptar/rechazar la oferta en tanto son

quienes ejecutan los procedimientos. La procedimentalidad es una oferta de intervención, por lo que no puede ser impuesta a los usuarios, si estos no tienen interés en el procedimiento y no ven valor en el modelo, esta no puede ser ejecutada ya que no cuenta con una masa crítica que permita cumplir con las características determinadas anteriormente.

d. El desafío de adaptarse al contexto y del aprendizaje con-

stante. La procedimentalidad si bien puede diseñarse como un modelo de trabajo o marco general de una intervención social, requiere adaptarse al contexto cultural, político y social en donde se ejecuta. Esto implica el desafío organizacional de poder observar el contexto y estar permanentemente aprendiendo de él, potenciar su capacidad de interpretarlo, abordarlo y generar mecanismo de mejoramiento continuo.

e. El éxito de la intervención procedimental no está en los productos

concretos que ofrece como resultados tangibles, sino más bien en sus procesos, por lo que el producto en concreto se transforma en un medio en vez de un fin como lo es para la intervención en general. El ejercicio de deliberación por medio de procedimiento sin contenidos es en el fondo el objetivo central y resultado esperado que propone la procedimentalidad.

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Equipo editorial de Apuntes de tecnología Social: Paulina Miranda, Constanza Cifuentes, Marcela Robles, Ángel Marroquín, Rodrigo Aguayo y Sebastián Cantuarias. Diseño gráfico: Carolina Sánchez, Stephanie Salas y Camilo Barriga. Fecha de publicación: julio de 2013 Se prohíbe expresamente la reproducción o copia total o parcial de los contenidos de este documento sin el expreso consentimiento de Proyecto Propio.

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INTRODUCCIÓN En la región de Antofagasta se concentra el 17% de las reservas de cobre del mundo, la explotación minera es ejecutada por empresas extranjeras y por el propio Estado de Chile, y los excedentes producidos financian la totalidad del presupuesto nacional destinado a políticas sociales. La ciudad de Calama, en la que se ubican tres de los yacimientos más importantes, es un crisol de contradicciones, por una parte sus habitantes cuentan con ingresos que superan la media nacional y, por otra, el arribo de trabajadores nacionales y extranjeros ha traído consecuencias no deseadas a la ciudad creando nuevas formas de vulnerabilidad e impactando la composición demográfica de la ciudad. La presente investigación muestra detalladamente, a través de revisión sistemática de fuentes secundarias y entrevistas a dirigentes sociales, las tensiones que se viven en esta ciudad concentrándose en las nuevas expresiones de vulnerabilidades que acarrea la instalación de un proyecto minero de grandes dimensiones en una comunidad. Los ingresos de las principales compañías productoras de cobre que operan en Chile1 alcanzaron el año 2011 un total de USD 34.795 millones en los primeros nueve meses del año. Esta cifra representó un 17% más con respecto a los 3 primeros meses del 20102 . En su conjunto el aporte tributario del sector minero totalizó el 2012 unos US$ 9 mil millones3 , cifra que representó un 20% menos respecto a los US$ 11 mil millones de pago de impuesto que realizaron las grandes mineras en 20114.

La producción de este nivel de riqueza por medio de la explotación req1 Las principales empresas mineras que operan en Chile son las siguientes: Anglo American (Inglaterra), Austral Gold Ltd (Australia), Atlantic Cooper (España),BHP Billiton (Australia), Breakwater Resources Ltd. (Canadá)Coeur d’Alene Mines Corporation (Estados Unidos)Corporación Nacional del Cobre - CODELCO (Chile)Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi (Chile)Compañía Minera del Pacífico S.A. (Chile)Empresa Nacional del Petróleo - ENAP (Chile)Empresa Nacional de Minería - ENAMI (Chile)Freeport – McMoran Copper & Gold. (EE.UU)Grupo México (México),General Minerals Corporation GMC (Canadá - Estados Unidos),International PBX (Canadá),Kinross (Canadá),Manganesos Atacama S.A. (Chile),Market Research (Estados Unidos),Milpo (Perú),Medinah Minerals (Chile),Market Research (Estados Unidos),Minera Valle Central (Chile),Minera Escondida (Chile),Mantos de Oro (Cánada),Newmont (Estados Unidos),Noranda (Canadá),Norilsk Nickel (Rusia),Phelps Dodge Corporation (Estados Unidos),Barrick (Chile),Barrick (Estados Unidos),Río Tinto (Inglaterra),SQM (Chile),Southern Peru Copper Corporation (Perú),South American Gold and Copper Company Limited (Canadá),Teck Cominco Limited (Canadá). Información disponible en: http://www.cochilco.cl/sitios_interes/empresas_min.asp 2 Informe Financiero de la Minería Nº13 Tercer Trimestre 2011 CESCO 3 El monto incluye el aporte de Codelco al Estado, los impuestos a la renta del sector privado y el pago del royalty. 4 El año 2012, el aporte de la minería al Estado fue el segundo más alto de la historia tras el año 2007.

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uiere ser desarrollada en zonas que cuentan con condiciones óptimas de infraestructura, de fuentes energéticas y de agua, de recursos humanos y redes comerciales disponibles para impulsarlas. Por lo general, los gobiernos y las empresas impulsan inversiones previas a la apertura de las faenas a fin de facilitar la inversión, sin embargo, los efectos de la gran minería parecen quedar soslayados al tenor de las cifras de ganancias vía impuestos producidas por las faenas. En Chile, esta situación se hace patente al caminar por las calles de Calama. A pesar de ser una ciudad ubicada en una zona desértica, -a 2.400 mts de altura-, y alejada de la capital provincial Antofagasta, se la ve animada por las tardes por trabajadores chilenos o extranjeros, atraídos por un empleo que les ofrece un sueldo que se ubica sobre el promedio nacional. Esta situación contrasta con la del oriundo de la ciudad, que siente que los precios de los servicios aumentan, que la inseguridad se acrecienta con la llegada de extraños y que ve como aumentan alojamientos ilegales para trabajadores y fuentes de contaminación vinculadas a la minería y a la expansión de la ciudad. Ambas caras de la moneda dan forma a los efectos que han traído a la ciudad la instalación de proyectos mineros, pero por sobre todo, la emergencia de nuevas situaciones de exclusión y vulnerabilidad que afectan a quienes viven en Calama5 , como a aquellos que llegan a ella en busca de un empleo. ¿Cuáles son los efectos producidos por los proyectos mineros en las comunas en que se asientan?, ¿Están todos los habitantes expuestos a ellos, de qué forma? Estas y otras preguntas intentaremos responder en este artículo, basándonos en información y datos recopilados en Calama.

5 Aledañas a la ciudad de Calama operan, en diversos grados de desarrollo e historia los siguientes yacimientos: Chuquicamata y Mina Sur (Codelco), Mina Ministro Hales (Codelco - ex Mansa Mina), Minera Gaby (Codelco), Radomiro Tomic (Codelco), Spence (BHP Billiton), Minera Esperanza (Antofagasta Minerals) y El Abra (Freeport McMoRan y Codelco), además de otros tantos que en estos momentos están en etapas de prospección (Chuquicamata Subterránea, Quetena, etc.).

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I. ¿QUÉ SON LOS EFECTOS SOCIALES DE PROYECTOS MINEROS? En teoría, los proyectos mineros de inversión en las comunidades donde se instalan traen efectos diversos, algunos positivos como el aumento del empleo directo e indirecto en las ciudades y del ingreso1 , el arribo de servicios (bancos, comercio, servicios de salud y telecomunicaciones), entre otros. Sin embargo, entre los efectos negativos, encontramos fenómenos como el daño ambiental, la congestión vehicular, el aumento de los precios del costo de la vida y la vivienda (Aroca, 2004). Si bien ninguno de estos efectos puede ser atribuido en sí mismo a la actividad minera –seriamente regulada respecto a los impactos ambientales-, la transformaciones que implican en mano de obra, impulso a la construcción y al comercio, producen un enjambres de efectos asociados indirectamente a ellos: a esa articulación de efectos nos referimos bajo la denominación de “efectos sociales de proyectos mineros”. Ambos tipos de fenómenos alteran las condiciones socioeconómicas de vida de las poblaciones locales, especialmente de aquellas no incorporadas en lo que ha venido denominándose cadena productiva de la gran minería2. Como vimos, los efectos sociales de los proyectos mineros resultan paradojales: la generación de empleos, directos o indirectos, que aporta la faena, trae consigo un aumento del gasto local en alimentación, trasporte, vivienda, lo que, dado una oferta relativamente estable (y limitada en su expansión), conlleva un incremento en el costo de la vida de aquellos residentes que mantienen sus ingresos en el nivel previo a la puesta en marcha del proyecto minero. ¿Han cambiado los efectos de la minería en las localidades? Es posible que hayan emergido nuevas vulnerabilidades socioeconómicas asociadas al impacto de la faena minera que correspondan a este momento3?

1 El ingreso autónomo de Calama, según la CASEN 2009, es mayor al promedio del país, llegando el promedio per cápita nacional a $155.985, mientras que el promedio de la comuna de Calama es $173.762. 2 Por cadena productiva se entienden las actividades económicas generadas a propósito de la actividades de explotación minera y que no necesariamente apuntan al “core business” de la empresa explotadora. 3 Si bien en este texto hemos decidido no abordar la situación de salud en Calama puesto que por sí misma ésta requeriría de un texto completo, brevemente quisiéramos reseñar que al observar las tendencias encontramos algunos datos, corroborados por el Ministerio de Salud que apuntan a una preocupante prevalencia de cáncer y las enfermedades respiratorias. En este sentido el análisis del quinquenio 2003-2005 el Ministerio de Salud determinó que: • En el contexto de una población con 100 mil habitantes, éste era el panorama hace cuatro años: la tasa de mortalidad por cáncer era de 134,9 en todo Chile; en Antofagasta, era de 136,9. • Hace cuatro años en todo Chile la tasa de mortalidad por cáncer era de 134,9; en Antofagasta, era de 136,9. De ahí que la región dibuja una cruda microrealidad: si en Chile la mayoría muere de enfermedades cardiovasculares, en Antofagasta la gente se muere de cáncer. • La mayor cantidad corresponden a Antofagasta (1.796 casos), Calama (447), Tocopilla (179), Tal Tal (46), Mejillones

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A continuación se presentan un análisis de algunas tendencias demográficas respecto a la ciudad de Calama para que nos entrega pistas sobre esta pregunta.

Calama en cifras

En la revisión y análisis de los datos sobre Calama destacan una serie de fenómenos que parecen gravitar en torno a grupos de actores: 1) el aumento de la presencia de adultos mayores e inserción en el mercado laboral comunal; 2) Situación de las mujeres en función del aumento de las Jefas de Hogar y movilidad laboral; 3) la situación de los jóvenes en Calama. 4) Aumento población inmigrante y 5) fenómenos asociados a la salud de la población que vive en Calama. Según el CENSO 2012, la población de la ciudad de Calama ha aumentado un 0,7% desde el año 2002, fecha del último censo. Este crecimiento es menor al detectado entre el periodo intercensal 1992-2002 y muy inferior al aumento en población de otras comunas mineras de la región, como se observa en la Tabla 1. Tabla 1 Evolución poblacional región 1992-2012

(37), María Elena (27), San Pedro de Atacama (10), Sierra Gorda (4). Las cifras son aún más impactantes si se lleva a una tasa cruda; es decir, si el parámetro se establece por 100 mil habitantes. Estas cifras han llevado a diversos medios a sostener que si en Chile, globalmente, la mayoría de las personas cuenta como principal causa de muerte las enfermedades cardiovasculares, en Antofagasta los habitantes presentan el cáncer como principal causa de muerte. Otra tendencia apunta a destacar la contaminación del Aire como foco de riesgo a la salud de la población de Calama. Es así que entre las principales causas de este tipo de contaminación, vinculables a las faenas mineras son: Aceite usado de motor como combustible (as, cd, cr, pb, bpc), Movimientos de tierra, Calefactores caseros (“piojos”), Arenados, Extracción de áridos, Polvaredas por vientos, Polvaredas por tráfico vehicular, Quemas agrícolas, Fundición de cobre CODELCO norte, Fundición de plomo inppamet.

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Adultos mayores

La población mayor de 60 años en Calama, indica el Censo 2012, aumentó entre los años 2002 y 2012 en un 8,32%. Los efectos de este aumento se expresan en la disminución del índice de dependencia demográfica1, lo que quiere decir que el alza de la población mayor de 60 años ha producido, en general, un aumento en la población dependiente económicamente. Tabla 2 Evolución población Adulta Mayor Calama 2002-2012

FUENTE: INE, 2012 Los datos descritos relevan la importancia de los adultos mayores como población dependiente (económicamente). Aquí encontramos dos grupos: aquellos que reciben pensiones no contributivas (no reajustables según IPC) y aquellos que no cuentan con pensiones. La trayectoria laboral de los adultos mayores2 (personas de más de 60 años) permite observar no sólo el vínculo de las personas con el mercado laboral, sino las tendencias a mediano y largo plazo de esta población3, cada vez más numerosa, como señalamos anteriormente. Esto es gravitante especialmente pensando en la inserción económica de personas mayores no encadenadas productivamente a la minería, es decir, que no 1 Este indicador señala la relación existente entre la población menor de 14 años y los mayores de 60 por la población económicamente activa total presente en el territorio. 2 La encuesta Panel Casen Nacional se aplicó anualmente desde el año 2007 al 2009, haciendo un seguimiento a una submuestra de más de 8 mil hogares entrevistados en la encuesta Casen del año 2006. La encuesta Panel Casen Nacional incluye un módulo de historia laboral que identifica cuatro situaciones labores posibles, las que se registran mes a mes, en base al recuerdo de las personas entrevistadas. Las situaciones labores son: inactivo, buscando trabajo y trabajando en una ocupación principal y trabajando en una ocupación secundaria. En el caso de los períodos en que las personas están trabajando se les consulta por el monto de las principales fuentes de ingreso provenientes del trabajo. En este informe se presentan los principales resultados obtenidos a partir del consolidado de las 3 matrices de historia laboral levantadas (2007, 2008 y 2009), completando un período de 36 meses. 3 Al respecto, señala el MIDEPLAN (2012): “Hay más de 600 mil adultos mayores trabajando hoy en Chile, incluso hay 13 mil personas mayores de 80 años que están trabajando. Esto tiene que ver con que determinadas empresas, como supermercados y tiendas por departamento valoran cada vez más el trabajo del adulto mayor” (MIDEPLAN, 2012).

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reciben un sueldo o realizan alguna actividad comercial relacionada con alguno de los comercios asociados a las faenas mineras. c) Mujeres Conceptos como igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se han convertido en tópicos recurrentes para el análisis social de los entornos sociales. Es así como la II Encuesta Nacional sobre Mujer y Trabajo en Chile (BID/Comunidad Mujer, 2012) mostró que, para todos los quintiles, los hombres muestran una mayor participación en el mercado de trabajo, brecha que se acentúa en relación con las mujeres con los más bajos niveles de escolaridad. Otra de las conclusiones del estudio apunta a identificar los principales obstáculos y razones que dan las mujeres para permanecer fuera del mercado laboral: responsabilidades con el cuidado de terceros (niños y/o adultos mayores). Esta restricción aumenta su fuerza, como señala la CASEN 2011, en mujeres pertenecientes a los quintiles más pobres de la población. La ciudad de Calama muestra un aumento, entre los años 2002 y 2012, del número de mujeres. Mientras en el año 2002 estas representaban un 48,8% de la población local, para el año 2012 esta cifra aumenta a un 49,1% del total. Esta tendencia presente en todo el país, sin embargo, no se ve reflejada para la ciudad de Calama, la que presenta cifras de población masculina por sobre la femenina (103 hombres por cada 100 mujeres), si bien esta cifra puede estar originada en el hecho que las faenas mineras requieren más de hombres que de mujeres, laboralmente, no deja de ser relevante que se componga de esta forma la población en la ciudad.

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Tabla 4: Evolución índice de Masculinidad Calama 2002-2012

FUENTE: INE, 2012 Entre hombres y mujeres se observa una brecha significativa en relación al tiempo en que permanecen ocupados. Para los hombres, el tiempo se acerca a los 25 meses mientras que para las mujeres baja a 14 meses, es decir 10 meses menos. Lo anterior implica que –extrapolando cifras nacionales-, además de que un porcentaje menor de las mujeres participa habitualmente en el mercado laboral, las que lo hacen permanecen ocupadas 10 meses menos que los hombres (MIDEPLAN, 2012). Igualmente, esta vez por tramo de edad, se observa que el tiempo que las personas permanecen ocupadas es inferior en las edades extremas, es decir, en los grupos de 15 a 29 años y más de 60 años, que alcanzan un promedio similar de 22 meses. Las diferencias por sexo, en tanto, se mantienen en todos los tramos de edad (MIDEPLAN, 2012). d)

Hogares con jefatura femenina

Otro punto que complementa lo anterior, dice relación con el sostenido aumento del número de hogares con jefatura femenina, esto es, hogares sostenidos económicamente sólo por mujeres. A nivel nacional, las cifras muestran que la tendencia global las mujeres jefas de hogar han aumentado un 19% entre 1990 y 2011. En el año 2011 las mujeres jefas de hogar representaban un 39% del total de los hogares del país (Casen, 2011).

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Tabla 5: Evolución hogares con jefatura femenina en Chile

FUENTE: INE, 2012 Tabla 6: Evolución Hogares con Mujer jefa de hogar Calama

FUENTE: INE, 2012 Para la ciudad de Calama, los datos muestran un aumento de los hogares con jefatura de hogar femenina superior a la media nacional (36,3% versus un 33% país). En los últimos 2 años en el país el número de hogares a cargo de una mujer aumentó en 390 mil, llegando a casi 2 millones de hogares, según la encuesta CASEN 2011. En el 10% de mayores ingresos, el 63% de las mujeres participa en el mercado laboral. En cambio, en el 10% más pobre esa participación es sólo del 24%. En síntesis, de la información descrita más arriba es posible inferir que los hogares con jefatura femenina que presentan una participación más baja en el mercado laboral y se proyectan en una tendencia de 10 años como un grupo prioritario, deberá hacer frente al aumento del costo de la vida con recursos provenientes de pensiones no contributivas y no reajusta-

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bles según IPC. Considerando este contexto es que empresas mineras han comenzado a incorporar a mujeres en sus faenas. e) Jóvenes menores de 14 años Como señalamos anteriormente, otro de los efectos de la transición demográfica es el aumento de la población dependiente menor de 14 años y su importancia respecto al total de la población. Tabla 3: Población de Calama según tramo de edad

FUENTE: INE, 2012 Para el año 2025 se estima que la cantidad de menores de 15 años y mayores de 60 años se igualarán en términos absolutos y porcentuales (20%), en todas las regiones del país. De esta manera, entre 2010 y 2020, el número de dependientes tenderá a aumentar debido al mayor impacto del incremento de Adultos Mayores, que superará la baja porcentual de los menores de 15. Desde el punto de vista del Índice de Adultos Mayores, en 2010 Chile tendrá 58 Adultos Mayores por cada cien menores de 15 años, los que en 2020 llegarían a 86 y a 103 en 2025 (INE, 2007).

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En Calama, la población menor de 14 años aumentó entre los años 2002 y 2012 en 2.101 personas, representando actualmente el 25,7% del total, superando el porcentaje regional (23,8%) y el nacional (21,77%). Esta alza cobra importancia especialmente si consideramos el carácter dependiente de este segmento de población y nos preguntamos sobre las expectativas que ellos pueden tener respecto a su propio futuro: ¿querrán permanecer en la ciudad e incorporarse como trabajadores a las faenas mineras? Ya que Calama no cuenta con Universidades, ¿estarán dispuestos a viajar a Antofagasta o Iquique para iniciar estudios universitarios?

Debido a su importancia representativa y a la proyección del negocio minero en la zona es que la situación actual de este segmento de población se torna relevante para los analistas sociales y aquellos interesados en empresas mineras que operan en la ciudad. f)

Inmigrantes

En el año 2010 el número de inmigrantes que tramitaron su solicitud de residencia en la Región de Antofagasta se incrementó en un 100% llegando a las 2.982 personas1. Aun cuando los efectos del aumento de población inmigrante en Calama no han sido estudiados con profundidad, es posible levantar hipótesis respecto a los efectos en el mercado laboral local. En este sentido es posible sostener que el aumento del stock de trabajadores ha llevado a: • Aumento de la oferta laboral disponible. • En el corto plazo esto apunta a una disminución del costo de contratación para las empresas mineras y/o aquellas encadenadas. En su Estudio Inmigración2, equidad de género y seguridad pública del 2010 , el Departamento de Extranjería e Inmigración de Chile señaló que laboralmente, el 71,5% de los inmigrantes que llegan a Chile y que desarrollaban en su país de origen 1 El año 2008 fueron 1.128 los extranjeros que tramitaron su solicitud de residencia en la Región de Antofagasta, el año 2009 la cifra aumentó en 553 personas alcanzando los 1.681 extranjeros. Departamento de Extranjería de la Gobernación Provincial El Loa. 2 Su objetivo fue desarrollar un estudio de carácter exploratorio, con enfoque de equidad de género, de caracterización y análisis de los factores de vulnerabilidad social en general y en particular los asociados a seguridad pública, que afectan a la población inmigrante andina residentes de la I, II y Región Metropolitana. Se aplicó un cuestionario cara a cara entre marzo y mayo. La muestra estuvo compuesta por 820 casos, 53% mujeres y 47% hombres.

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APUNTES DE TECNOLOGÍA SOCIAL Hacia una noción de procedimentalidad actividades como trabajadores dependientes, conservan en el país dicha categoría ocupacional.

Tabla 7: Inmigrantes en Chile según situación laboral en su país de origen y en Chile

FUENTE: DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN, 2011 Respecto al desarrollo de actividades laborales independientes, el estudio evidenció que de los inmigrantes que se desempeñaban en forma independiente en su país de origen, el 38,9% mantenía esa condición en Chile, en tanto el 46,3% cambiaba desde independiente a dependiente. Respecto al mercado laboral inmigrante en la región de Antofagasta, es posible decir que se aprecia una alta variabilidad de los sueldos, dependiendo de la nacionalidad y nivel educacional del inmigrante, de manera que a mayor nivel educacional, el sueldo mejora. Respecto al emprendimiento, es posible señalar que un alto porcentaje de inmigrantes presenta experiencias previas en actividades laborales independientes. Este capital, en un porcentaje de 38,9%, cuenta con condiciones para desarrollarlo en Chile haciendo plausible su encadenamiento con foco en la minería. Dado el sostenido aumento de inmigrantes en la región de Antofagasta, la comuna cuenta con posibilidades de constituirse en una fuente de potenciación de emprendimientos entre la población inmigrante que cuenta con capacidades emprendedoras desde sus países de origen, y de ésta encadenada con población nacional.

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II. POBREZA Y NUEVAS VULNERABILIDADES SOCIALES La pobreza se ha tornado un concepto insuficientemente complejo para hacer justicia a los actuales escenarios sociales en que se desenvuelven los Estados latinoamericanos, especialmente porque crecientemente deben intentar conjugar intereses económicos globales con riesgos locales, e incluso la explotación de recursos naturales asociados a la exportación con los daños ambientales y sociales generados por la extracción o por el cierre de faenas extractivas. Desde estas tensiones han surgido diversos conceptos explicativos, -entre ellos, el de sociedad del riesgo (Beck, 1999) o modernidad líquida (Bauman, 2000, diferenciación funcional (Luhmann, 2000)-, para explicar la manera en que las regiones de la sociedad mundial se enfrentan diferenciadamente a sus cambiantes entornos por medio de decisiones racionales que implican asumir riesgos ambientales que repercutirán en el futuro de las poblaciones en dimensiones como la salud, el ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales. Esto afecta al Estado y las empresas frente a sus públicos nacionales. El estado en el sentido del rol protector que actualmente juega en el conceirtomundial y las empresase en el sentido de ver acrecentar su responsabilidad social. El estado se ve obligado a avanzar promoviendo políticas de incentivo económico para el desarrollo, superando visiones tradicionales donde el riesgo asociado a estas actividades productivas resultaba soslayable y definía el tipo de apoyo estatal:

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APUNTES DE TECNOLOGÍA SOCIAL Hacia una noción de procedimentalidad “Lo social ya no puede aprenderse únicamente en términos de riesgo. Los fenómenos de exclusión, de desempleo de larga duración, desgraciadamente definen a menudo estados estables. Se pasa así de un enfoque aleatorio y circunstancial de los “desperfectos sociales” a una visión más determinista, en la cual se advierte la más débil reversibilidad de las situaciones de ruptura” (Rosanvallon, 1995:27)

Los efectos sociales de las grandes transformaciones sufridas por los estados han producido efectos contradictorios: • Por una parte ha aumentado la conexión y los canales de comunicación entre los ciudadanos, • por otra parte, los distintos grupos sociales se han separado geográficamente produciendo lo que algunos autores han dado en llamar segmentación residencial o getificación urbana (Sabatini, 2010; Ducci, 2011). Estos cambios han dado pie a “formas de apropiación identitaria” por parte de sus habitantes: “Estos cambios se traducen en una polarización de la estructura de clases “Estos cambios se traducen en una polarización de la estructura de que, combinada con la segregación étnica, ha culminado en una impreclases que, combinada con la segregación étnica, ha culminado en sionante dualización de las metrópolis que abarca a amplios sectores de una impresionante dualización de las metrópolis que abarca a amplimano de obrade nomano calificada, sumergidos en lasumergidos obsolescencia económica os sectores de obra no calificada, en la obsoles- y la marginalidad social”. (Wacquant, 2010) social”. (Wacquant, 2010) cencia económica y la marginalidad Loic Wacquant, especialista en el estudio de estos fenómenos en Europa ha señalado que esta segmentación implica un acierta violencia “desde arriba” (refiriéndose a la desprotección estatal y a la ausencia de medidas mitigadoras efectiva) y tendría tres componentes fundamentales: 1. 2. 3.

El desempleo masivo. La relegación a los barrios desposeídos. La estigmatización.

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Para Javier Auyero1, basado en estudios en Argentina y otros países de Latinoamérica sobre el fenómeno de guetos urbanos, ha estimado que las propiedades centrales de este nuevo régimen espacial-político serían: 1. El carácter estructural del desempleo (destrucción masiva de empleos industriales); 2. Masificación del subempleo y creciente inseguridad de la fuerza de trabajo (información de la relación entre salario y trabajo); 3. Desconexión funcional de los cambios macroeconómicos; 4. Retirada del Estado de semibienestar /populista –en su “función social” Un punto aparte merece la mención a los efectos ambientales de la segregación. Al respecto Auyero señala que: “Los pobres no respiran el mismo aire, no toman la misma agua, ni juegan en la misma tierra que otros. Sus vidas no transcurren en un espacio indiferenciado sino en un ambiente, en un terreno usualmente contaminado que tiene consecuencias graves para su salud presente y para sus capacidades futuras” (Auyero, 2011:39).

De esta manera, este sufrimiento ambiental producido por una sub localización geográfica en la ciudad, producida por segmentación de grupos sociales, estaría ligada a la segregación espacial y a las condiciones estructurales, situándose como un rasgo específico de ciertas zonas marginales. En este sentido, tanto Wacquant como Auyero señalan la cesantía crónica, el subempleo y la estigmatización (o contenido simbólico de la segregación) como elementos “creados” y reproducidos por el Estado, por lo tanto, no administrables (en tanto riesgos) por los propios afectados. En este caso la situación de Calama es distinta: la ciudad produce empleo y sufrimiento ambiental que es “tolerado” por el estado y por los propios afectados. 1

Auyero, Javier (2001) La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo. Manantial. Buenos Aires.

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De esta breve discusión conceptual queremos mostrar que el sufrimiento ambiental sería la expresión local de condiciones estructurales y estructurantes, en el sentido de Habitus2 (Bourdieu, 1997). Es posible entonces pensar en la existencia de disposiciones, habitus específicos de zonas urbanas en que se desarrollan procesos de extracción minera conformando con esto nuevas vulnerabilidades sociales. En palabras de Auyero: “Sufrimiento ambiental- una forma particular de sufrimiento social causado por las acciones contaminantes concretas de actores específicos- y en los universos interactivos y discursivos específicos que le dan forma a la experiencia de este sufrimiento3 .”

Para concluir este apartado queremos plantear una paradoja que permita sostener los elementos que hemos dispuesto en este apartado sobre pobreza y nuevas vulnerabilidades: Mientras que la contaminación del aire, el agua y el suelo se ha incrementado con los años, los habitantes parecen estar menos seguros acerca de su extensión y efectos. Finalmente las fuerzas contaminantes han revelado ser aun más dañinas cuando se encuentran combinadas con una reproducción de las desigualdades sociales4.

2 El habitus es un sistema de disposiciones duraderas, que funcionan como esquemas de clasificación para orientar las valoraciones, percepciones y acciones de los sujetos¬. Constituye también un conjunto de estructuras tanto estructuradas como estructurantes: lo primero, porque implica el proceso mediante el cual los sujetos interiorizan lo social; lo segundo, porque funciona como principio generador y estructurador de prácticas culturales y representaciones. 3 Auyero, Javier y Swistun, Débora (2008) Inflamable. Estudio de sufrimiento ambiental. Paidos. Buenos Aires. 4 Al respecto señalan los autores: “En Inflamable, lo que proclama una profunda exanimación es el “no saber” que es una parte constituyente tanto de la forma en la cual la dominación social funciona como del sufrimiento tóxico de los residentes. Expuestos y confundidos. Un relato etnográfico sobre sufrimiento ambiental. Auyero, Javier y Swistun Débora. En Revista Iconos Nº28, 2007 pp 137-152

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Figura Nº 1 Mapa de Calama

FUENTE: Municipalidad de Calama

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La ciudad de Calama1 se segmenta en diversos cuadrantes donde la población más pobre se concentra en sectores de la ciudad en que se ve expuesta a fuentes de contaminación más acentuados, especialmente aquellas surgidas de la extracción de áridos (Figura Nº 1). En el mapa es posible observar que la mayor parte de la población se concentra en el sector poniente en tanto el sector oriente reúne los afluentes del rio Loa. Este sector nororiente recibe el nombre de oasis y corresponde al sector donde viven las personas de mayor poder adquisitivo. Cabe señalar que la mayor parte de las zonas de extracción minera afectan directamente al radioexterior de la ciudad que corresponde igualmente al sector hacia el que la ciudad ha tendido a extenderse.

1 La comuna de Calama perteneciente a la segunda región de Antofagasta-Chile y es la capital de la provincia el Loa, cuenta con una superficie de 15.597 km2 y tiene una población de 143.000 habitantes, se ubica a 2.265 m.s.n.m., mantiene una frontera con Argentina y Bolivia de 555 Km. de norte a sur (Bolivia: 339 Km. y Argentina: 216 Km.) y se sitúa en la intersección del Camino del Inca, donde se unen las rutas de Cobija a Potosí y de Arequipa a Copiapó, pertenece a la II región de Antofagasta y es capital de la provincia el Loa que cuenta con una superficie de 15.597 km2 y tiene una población de 143.000 habitantes. Su pilar económico se encuentra en la minería con yacimientos como Chuquicamata, El Abra, Mina Sur, entre otros. Según el decreto general alcaldicio Nº 001 de redelimitación vecinal la comuna actualmente se distribuye en 40 unidades vecinales.

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III. CONCLUSIONES A continuación, en base a los datos analizados y a entrevistas realizadas a dirigentes vecinales de Calama se proponen cinco puntos en que se expresan ejes emergentes de vulnerabilidad social en la ciudad, haciendo referencia a los grupos involucrados y señalando los desafíos que implican para la administración de la ciudad y para los movimientos ciudadanos. a) Aumento del costo de la vida para quienes no se encadenan con el negocio minero La situación de la población de Calama menor de 14 años y adultos mayores sin pensiones contributivas, presentan especialmente condiciones de vulnerabilidad económica dada su dependencia, por una parte, a los presupuestos familiares globales y por otro a su actividad laboral que les impide encadenarse directamente a la minería. Este grupo es uno de los más afectados económicamente y a ellos debería concentrarse el esfuerzo por inclusión, al mercado laboral o educación superior potenciando trayectorias de inclusión (Petautschnig, 2012) en esas áreas, en el caso de los jóvenes; o de programas de inclusión económica en el caso de los adultos mayores. b) Condiciones socioeconómicas de las mujeres jefas de hogar y su inclusión en la cadena de valor minero. Siguiendo la tendencia nacional, se detecta un aumento en el número de hogares comandados por mujeres. Esto ha sido acompañado por una participación más baja de las mujeres en el mercado laboral comunal, proyectando de ambas tendencias la conformación de las mujeres jefas

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de hogar como un grupo altamente vulnerable que, por una parte, debe hacer frente al aumento del costo de la vida con recursos provenientes de actividades laborales informales o formales adaptadas a sus tiempos laborales y al cuidado de los hijos. Considerando este contexto es que empresas mineras podrían potenciar la incorporación de mujeres jefas de hogar a sus faenas o potenciar el apoyo a líneas de emprendimiento orientados a este segmento de población, evitando con esto el deterioro en su calidad de vida con el paso del tiempo, como lleva adelante el programa Mujer Minera1. c)

Aumento de la población migrante

El aumento sostenido de la población inmigrante en la región de Antofagasta en general y en la ciudad de Calama en particular implica que la oferta habitacional de esta última, ya escasa para los trabajadores atraídos por las faenas mineras, se hacen más escasas apreciándose un aumento de los costos. Este elemento produce dos efectos principales: por una parte los inmigrantes que arriban a Calama se desplazan hacia lugares en que son más baratos los arriendos, (ubicados en sectores donde ya se agrupan las poblaciones empobrecidas) y, por otra parte, se enfrentan a la explotación y al abuso de los arrendatarios (que se expresan en ausencia de contratos de arriendo, expulsiones arbitrarias y en muchos casos al cobro de sobreprecios asociados a la ausencia de documentación (RUT))2 . Ambas situaciones ponen a este grupo de población en situación de enfrentar nuevas formas de vulnerabilidad asociadas ahora no sólo a la pobreza sino a si calidad de inmigrantes. 1 El programa, que busca potenciar la inserción laboral femenina en la actividad minera del país, beneficiará a 2.000 personas y se implementará a partir de marzo en las regiones de Tarapacá, Atacama y Coquimbo. Próximamente comenzará a ejecutarse en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Bío Bío y Magallanes. http://www.sence.cl/sence/?p=7436 2 Información obtenida en base a entrevistas a dirigentes vecinales de Calama.

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Entre los desafíos que propone este punto encontramos la posibilidad de levantar el desarrollo de Calama como una ciudad intercultural con espacios democráticos de deliberación y decisión política que incluyan a la población inmigrante que vive y trabaja en la ciudad. d)

Nuevas vulnerabilidades asociadas a sufrimiento ambiental

La ciudad de Calama se segmenta en diversos cuadrantes donde la población más pobre se concentra en sectores de la ciudad en que se ve expuesta a fuentes de contaminación más acentuados, especialmente aquellas surgidas de la extracción de áridos. Es en estos sectores donde vive parte importante de la población inmigrante que ha arribado a la comuna. Es igualmente este sector el que reúne los arriendos más baratos y precarios. Frente a este escenario es que los sectores socioeconómicamente deprivados son ahora igualmente los sectores que reúnen nuevas manifestaciones de vulnerabilidad como el aumento de hogares con jefatura femenina o a los inmigrantes.

El año 2012 terminó en Calama con crecientes movilizaciones sociales, que si bien no en forma explícita abordaban algunos de los temas que hemos tratado en este trabajo, sí –creemos nosotros-, encuentran una alusión en las cifras y explicaciones que hemos dado. Queda, por lo tanto, la tarea de rastrear las conexiones entre las nuevas vulnerabilidades que hemos rastreado, con la emergencia de demandas políticas.

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REFERENCIAS Aroca, P. (2004), Análisis del costo de vida, II Región, Antofagasta, Chile, IDEAR, Gobierno de la Región de Antofagasta, Chile. Auyero, Javier (2001) La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo. Manantial. Buenos Aires. Auyero, Javier y Swistun, Débora (2008) Inflamable. Estudio de sufrimiento ambiental. Paidos. Buenos Aires. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)/ Comunidad Mujer (2012). II Encuesta Nacional sobre Mujer y Trabajo en Chile. Disponible en: http:// www.comunidadmujer.cl/wp-content/uploads/2012/07/RESUMEN-EJECUTIVO_VF.pd Bourdieu (1997) Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Anagrama. Barcelona. Henoch, Paulina Vulnerabilidad Social. Más allá de la pobreza. Serie Informe Social. Nº128 Agosto 2010. Instituto Libertad y Desarrollo. Santiago de Chile. http://www.lyd.com/wp-content/files_mf/SISO-128-Vulnerabilidad-social-mas-alla-de-la-pobreza-PHenoch-Agosto2010.pdf

INE (2007). Adulto mayor en Chile. Enfoque estadístico. Disponible en: http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/noticias/2007/septiembre/boletin/ine_adulto_mayor.pdf

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INE (2011). Situación laboral de las mujeres ocupadas y las brechas salariales que inciden en la estructura ocupacional chilena. Análisis de Género y Mercado del Trabajo. Disponible en: http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/estudios_y_documentos/documentostrabajo/situacion_laboral_mujeres.pdf INE (2012). Compendio estadístico año 2012. Disponible en http://www. ine.cl/canales/menu/publicaciones/compendio_estadistico/compendio_ estadistico2012.php MIDEPLAN (2011). Encuesta CASEN 2011. Documentos temáticos disponibles en: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen_publicaciones.php?ano=2011 (2012). Trayectorias Laborales 2006-2009 Disponible en: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/layout/doc/rs/Reporte1_trayectorias_laborales.pd Petautschnig, C (2012) Trayectorias diferenciadas de inclusión/exclusión de los usuarios de la política pública. Aproximación desde un modelo conceptual luhmanniano. En Revista de Trabajo Social Pontificia Universidad Católica de Chile. Disponible en: http://www6.uc.cl/trabajosocial/site/artic/20120524/asocfile/20120524103123/rev_trabajo_social_80.pdf Rosanvallon Pierre (1995) La nueva cuestión social Manantial. Barcelona. Wacquant Loic (2007) Los condenados de la ciudad. Gueto, periferias y Estado. Siglo XXI Buenos Aires.

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Equipo editorial de Apuntes de tecnología Social: Paulina Miranda, Constanza Cifuentes, Marcela Robles, Ángel Marroquín, Rodrigo Aguayo y Sebastián Cantuarias. Diseño gráfico: Daniela Linco, Carolina Sánchez, Stephanie Salas y Camilo Barriga. Fecha de publicación: Septiembre de 2013 Se prohíbe expresamente la reproducción o copia total o parcial de los contenidos de este documento sin el expreso consentimiento de Proyec-

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INTRODUCCIÓN El Estado ha invertido crecientemente recursos y reformas legales (1) en salas cuna y jardines infantiles bajo la idea que educación parvularia constituye una forma de combatir la pobreza. Las cifras muestran que es en los sectores más pobres donde los niños no asisten a estos establecimientos. Este artículo indaga en las motivaciones de las madres, padres y tutores legales para incluir o no a sus niños a la educación preescolar.

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I. MENOS NIÑOS Y MÁS POBRES Los niños menores de 7 años han disminuido en Chile debido al descenso sostenido de la fecundidad y el aumento de expectativa de vida en Chile. Aún cuando son menos, las condiciones de pobreza afectan mayormente a los niños y las mujeres. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el 2012 la población menor de 7 años llega a las 1.748.000 personas. Se estima igualmente que en las últimas décadas la proporción de niños y niñas menores de 7 años ha disminuido alrededor de 5% (2). En síntesis y según información del MIDEPLAN: “es posible sostener que la población menor de 7 años se encuentra en un proceso de transición demográfica avanzada, caracterizada por el descenso sostenido de la fecundidad y el aumento de la expectativa de vida de la población” (MIDEPLAN, 2011). Los resultados de la Encuesta CASEN 2011 mostraron que la pobreza aumentó un 1% en los niños y niñas cuyas edades van entre 4 y 7 años entre los años 2009 y 2011, en tanto que entre los 0 y 3 años la pobreza se estancó (entre un 24,6% en 2009 a un 24,0%) (CASEN, 2011), concluyendo según la misma, que 1 de cada 4 niños en Chile es pobre. Esto ha llevado al MIDEPLAN a afirmar que: “a lo largo del periodo considerado entre 1990-2009, en el grupo de niños y niñas entre 0 y 6 años, a menor edad del niño o niña la incidencia de la pobreza y de la indigencia tiende a ser mayor” (MIDEPLAN, 2011). Se han tomado históricamente diversas medidas para combatir la pobreza en la primera infancia, como la estimulación de la lactancia materna, el control sano de salud obligatorio y la educación básica obligatoria. Una de las más novedosas en Chile ha sido la promoción de la educación preescolar. Se estima igualmente que en las últimas décadas la proporción de niños y niñas menores de 7 años ha disminuido alrededor de 5%. El 2012 la población menor de 7 años llega a las 1.748.000 personas.

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II. EDUCACIÓN PARVULARIA La educación preescolar consiste en un ciclo de estudios previos al ingreso formal en el sistema educacional formal (obligatorio). Se estima que entre los 0 y 6 años de edad es posible desarrollar habilidades físicas, psicológicas y de autonomía que influirán en su posterior desarrollo. Existe un amplio consenso entre los especialistas respecto a la importancia de la educación preescolar para niños y niñas en función del desarrollo futuro de sus habilidades emocionales, cognitivas y sociales. Es por esto que el Estado ha impulsado diversas políticas destinadas a ofertar educación preescolar gratuita, especialmente para aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza e indigencia (I y II quintil de ingreso). La situación de niños y niñas en edad de acceder a educación preescolar y que se encuentran en situación de pobreza ha constituido una preocupación reciente por parte del Estado chileno, especialmente por los resultados arrojados por la CASEN 2011: aumento de la pobreza en este segmento y, por otra parte, la relación de ésta con el aumento en las cifras de niños y niñas que, pese a cumplir con los requisitos de ingreso al sistema educativo, se encuentran fuera de él (MIDEPLAN, 2012). Existe un amplio consenso entre los especialistas respecto a la importancia de la educación preescolar para niños y niñas en función del desarrollo futuro de sus habilidades emocionales, cognitivas y sociales.

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En Chile la educación preescolar no es obligatoria. El Estado a través del Ministerio de Educación subsidia programas de salas cunas y jardines infantiles, que son administrados por entidades municipales, particulares y particulares subvencionados que son a su vez supervisados técnicamente por JUNJI o INTEGRA. El público de estos programas corresponde a niños y niñas entre 85 días y 6 años de edad (3). De acuerdo a cifras del MINEDUC, el año 2009, 847.114 niños y niñas entre 0 y 6 años estaban matriculados en enseñanza parvularia, especial y básica. De este total, el 64,5% correspondía a educación parvularia. El año 2009, el 93,6% de los 546.042 niñas y niños entre 0 y 6 años matriculados en educación parvularia estaba en salas cunas y jardines infantiles con financiamiento público (municipales, particulares subvencionados y establecimientos dependientes de JUNJI e INTEGRA). El porcentaje de niñas y niños entre 0 y 6 años que asisten a educación parvularia con financiamiento público ha aumentado desde un 22,3% en el 2000 a un 34,1% en el 2009 (MIDEPLAN, 2011).

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III. LOS QUE NO ASISTEN En Chile cerca de 70.000 niños y niñas no asisten a educación parvularia, de ellos el 60% corresponde a las familias más pobres. Si este tipo de educación es gratuita y de fácil acceso, ¿qué motivos tienen los padres, madres y cuidadores para enviarlos o no enviarlos a un tipo de educación que podría mejorar su ingreso al sistema educacional formal? Según el Ministerio de Educación, cerca de 70.000 mil niños del 60% más vulnerable (I y II quintil de ingreso), se encuentra fuera de sistema preescolar (4). El perfil de niños y niñas que asisten y no asisten a educación parvularia señala que no se observan diferencias por sexo, pero sí por edad:

Menor de 1 año 1 año 2 años 3 años 4 años 5 y 6 años Total

Parvularia % Especial % Básica %

Total

20.526 3,8 2,4 39.681 7,3 39.681 4,7 59.019 10,8 - 7,0 70.373 12,9 - 16,9

20.526

59.019

143.034

En Chile cerca de 70.000 niños y niñas no asisten a educación parvularia, de ellos el 60% corresponde a las familias más pobres.

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Los debates en torno a pobreza y desigualdad señalan que efectivamente el acceso a la educación preescolar por parte de niños y niñas pertenecientes a segmentos más pobres de la población, contribuye a “nivelar la cancha”, es decir, permite tratar tempranamente las brechas sociales, cognitivas y emocionales que más tarde serán muy difíciles de afrontar (CEPAL, 2010). Si esto resulta tan evidente para los diseñadores de políticas, ¿cómo es posible que padres, madres y cuidadores de niños y niñas pertenecientes a los segmentos más pobres del país, los matriculen en instituciones que, por lo demás, son gratuitas? Debido a la importancia de la problemática para las diversas instituciones vinculadas al tema, y especialmente para las poblaciones con que trabaja Proyecto Propio es que se decidió incluir este ítem en la serie de Estudios Sociales. En base a los resultados obtenidos a través de la Encuesta de Barrios 2012, es posible señalar que el 29,5% de los hogares encuestados en conjuntos de vivienda social señaló contar entre sus miembros con un niño o niña entre los 3 a los 6 años de edad. Sin embargo, de estos niños un 23% no se encontraba asistiendo a educación parvularia, pese a contar con cupos en sus respectivas comunas con amplias ofertas de jardines infantiles y salas cunas.

TO-

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La principal explicación para la inasistencia de los niños y niñas a educación preescolar se ha orientado a la actividad laboral de la madre, dejando de lado las razones emocionales y los cálculos de riesgo que hacen las familias.

Una de las principales aristas exploradas en busca de una explicación para la inasistencia de los niños y niñas a educación preescolar, se ha orientado a la actividad laboral de la madre. Se ha supuesto que la madre que se encuentra inactiva asumiría el cuidado de los niños, descartando el acceso a la educación parvularia. Los niños que no asisten a educación preescolar cuentan con una madre que se encuentra desocupada (MINDEPLAN, 2012). En este sentido, la actividad de la madre influye en gran medida en la asistencia de los niños y niñas a salas cunas y jardines infantiles, y trasciende los niveles de ingresos. De esta manera, el 50,1% de las madres de los niños y niñas entre 0 y 6 años que asisten están ocupadas, y el 42,5% de ellas se encuentra inactiva, lo que revela una predominancia de niños y niñas que asisten a salas cunas y jardines infantiles con madres ocupadas. En el caso de los niños y niñas que no asisten a estos centros preescolares, sólo el 33,1% tienen madres ocupadas, mientras el 60,8% tiene madres inactivas laboralmente.

Asiste

OCUPADO 50,1

DESOCUPADO 7,4

42,5 No Asiste

33,1

6,1

60,8

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Considerando esto, la Encuesta de Barrios profundizó en este punto observando que entre aquellas familias en que los niños no se encontraban asistiendo a educación preescolar, un 27,4% de las madres se encontraba trabajando, aunque informalmente.

TRABAJO

Al ser consultadas, las mujeres desempleadas por sus motivos para no realizar una actividad laboral formal, su respuesta mayoritaria se refirió al cuidado de los niños. La ocupación de la madre aparece como un factor débil para explicar el que los niños y niñas entre 0 y 7 años no asistan a educación parvularia. Frente a esto, recurrimos a un ítem especial en que las madres fueron consultadas acerca de los motivos para enviar o no a los niños. Las respuestas fueron agrupadas en dos categorías.

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IV. MOTIVOS PARA NO ENVIAR A LOS NIÑOS A SALA CUNAS O JARDINES INFANTILES Porque son muy chicos Este ítem reúne las respuestas en que los padres, madres y cuidadores aducen la corta edad de los niños en relación al hecho que no se encuentren asistiendo a educación parvularia. Para captar cabalmente el sentido de estas respuestas se hace necesario combinarlas con las siguientes. Familia provee cuidados Estas respuestas dicen relación con el hecho que existe otro familiar, por lo general un pariente (de sexo femenino) consanguíneo que se encuentra en situación de cuidar del niño. Estas respuestas pueden ser interpretadas desde dos ámbitos: 1) la educación parvularia es vista solamente como un medio que permite cuidar de los niños, y por lo tanto, es susceptible de ser reemplazado por un familiar (lo que de alguna manera contradice la hipótesis que apuntan a destacar la educación parvularia como el desarrollo psicosocial del niño. Riesgo a enfermar Otro grupo de encuestados manifestó como razón principal para no enviar a sus hijos a educación parvularia el riesgo que representaba el contacto con otros niños. Este riesgo se expresa en la posibilidad de ser contagiado de enfermedades respiratorias y las consecuencias económicas y anímicas que esta trae a la familia. Es así que los adultos señalaron: “no quiero enviarla por que se enferma, los niños ahí van enfermos”. Evidentemente este punto expresa una lectura racional ante las posibilidades y resguardos que acarrea a estas familias la enfermedad de un miembro, por cuanto implica gasto de dinero y tiempo en atención médica y compra de medicamentos. No confían en el lugar Este tipo de respuestas responde a la inseguridad que provoca en los padres el establecimiento. En este punto se concentran los aspectos relacionados a maltrato y/o negligencia por parte de las cuidadoras y a su vez la inseguridad que produce el entorno en el que se encuentran insertos estos jardines, comentando los padres y

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SÍNTESIS madres el temor que le producen las balaceras y la delincuencia del sector. El texto señaló que la actual situación de niños y niñas menores de 7 años al interior de conjuntos de vivienda social permite iluminar brechas en la política educacional actual especialmente en relación a la baja matrícula de los niños más pobres. Resulta clave considerar los motivos que aducen padres, madres y cuidadores para no insertar a los niños y niñas en sistema educativo preescolar gratuito, en tanto esto implica fortalecer trayectorias de exclusión social que inciden en la biografía futura de estos niños y niñas. Este punto resulta crucial puesto que es internacionalmente reconocido el hecho que las desventajas educativas producidas en este periodo acompañarán a los sujetos durante el resto de su vida, en este sentido, se habla de la educación temprana como herramienta de combate a la desigualdad y la pobreza. Finalizamos planteando desafíos urgentes a la educación preescolar al interior de conjuntos de vivienda social, que promuevan el combate a las nuevas formas de pobreza urbana y guetificación, y que permitan levantar líneas de investigación y debate en el área.

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Desafíos a la política de educación temprana respecto a los conjuntos de vivienda social 1. Evaluar los servicios proveídos por la educación preescolar en tanto respuesta a una decisión racional de las familias por mejorar sus ingresos y rentabilizar sus tiempos. En este sentido enviar a los niños a la educación preescolar aparece como riesgoso (niños enferman, es caro el tratamiento e implica gastos). 2. Combatir los efectos que los medios de comunicación han creado en torno a salas cunas y jardines infantiles como espacios inseguros (donde los niños no son golpeados, ni abusados, ni tratados negligentemente). 3. Elaborar herramientas que permitan monitorear la confianza de los padres respecto al sistema de educación parvulario. Esto a fin de detectar episodios críticos que debiliten la asistencia del niño a la institución.

Desafíos a la inclusión de niños y niñas entre 0 a 7 años a la educación parvularia en conjuntos de vivienda social 1. Potenciar los efectos positivos en el desarrollo de niños y niñas de la educación preescolar entre los padres que no envían a sus hijos a educación preescolar. 2. Iniciar campañas de promoción de la educación preescolar en los conjuntos de vivienda social en ambientes que faciliten la expresión de las inquietudes de padres y madres.

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NOTAS 1) El Decreto Supremo 115/2012 fue publicado en el Diario Oficial en 18 de mayo del 2012 y modificó el decreto nº 315 de 2010 que reglamentaba requisitos de adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos educacionales de educación parvularia, básica y media. Este decreto reorganiza los niveles de educación, se reduce el personal educativo dentro del aula y se agregan requisitos formativos para ellos. Uno de los elementos más importantes es el que conecta al nivel de educación preescolar con el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia: “Artículo 7.El sostenedor deberá comprometerse en su solicitud a cumplir los estándares nacionales de aprendizaje que se exigen al conjunto del sistema escolar, de conformidad a lo prescrito en la ley Nº 20.529, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización y a los demás instrumentos que la ley establezca para tales efectos. Como consecuencia de este compromiso, se entiende que el sostenedor acepta los instrumentos que el Ministerio determine para la medición del cumplimiento de dichos estándares nacionales de aprendizaje”. Respecto a los docentes se señala que: “Artículo 10.- Tratándose de la educación parvularia, se entenderá por docente idóneo al que cuente con el título de profesional de la educación del respectivo nivel y especialidad, cuando corresponda, o esté habilitado para ejercer la función docente según las normas legales vigentes. 2) Es así como, según el INE, en 1990 los NNA entre 0 a 6 años alcanzaba un 15,2% de la población total del país. 3) La educación presescolar se divide en los siguientes niveles: sala cuna menor (85 días a 1 año), sala cuna mayor (1 año a 2 años), nivel medio menor (2 a 3 años), nivel medio mayor (3 a 4 años), primer nivel de transición (4 a 5 años) y segundo nivel de transición (5 a 6 años). 4) En este mismo estudio se señaló que las 10 comunas con mayor cantidad de niños y niñas fuera del sistema son: Puente Alto (4.355 no matriculados), Maipú (3.669), Antofagasta (3.199), San Bernardo (2.884), Pudahuel (2.432), Valparaíso (2.395), Quilicura (2.329), La Florida (2.308), Puerto Montt (2.125) y los Ángeles (1.910).

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BIBLIOGRAFÍA CASEN. (2011). CASEN. Santiago: MIDEPLAN. CEPAL. (2010). Panorama Social de América Latina. Santiago: CEPAL. MIDEPLAN. (2011). Cobertura y Focalización de la Oferta Pública hacia la Primera Infancia. Una selección de Programas en Educación, Salud y Subsidios Monetarios. Santiago: MIDEPLAN.

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ANEXO METEDOLÓGICO El instrumento Encuesta de Barrios fue aplicado en conjuntos habitacionales ubicados en 3 comunas de la Región Metropolitana. Los Barrios seleccionados fueron: Bajos de Mena en Puente Alto, Sol Poniente en Maipú y Santo Tomás en La Pintana. Estos barrios fueron seleccionados por Proyecto Propio, por ser de interés en su intervención territorial. El trabajo de campo fue realizado entre los meses de mayo y junio del 2012. El instrumento aplicado corresponde a una encuesta estructurada aplicada cara a cara en el domicilio de los encuestados. El instrumento se encuentra compuesto por 70 preguntas.

Características del diseño muestral La muestra de la encuesta fue extraída de un marco muestral de elaboración propia, a partir de los datos comunales disponibles y el CENSO 2002. El diseño propuesto corresponde a una muestra probabilística estratificada según barrios, por conglomerados, con probabilidad de selección de las unidades de primera etapa proporcional al tamaño, entendido éste último como el número de viviendas. • Unidad de Muestreo Primaria (UMP): Manzana (según definición INE, corresponde a un conglomerado de viviendas en zonas urbanas). • Unidad de Muestreo Secundaria (UMS): Vivienda. • Unidad de Muestreo Terciaria (UMT): Persona de 15 años y más. En cada barrio, las UMP fueron escogidas en cada uno de los estratos de manera proporcional a su tamaño. Esto garantizaba que las UMP de mayor tamaño (aquellas que concentran más viviendas) tuvieran mayor probabilidad de ser escogidas.

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La selección se realizó mediante un muestreo aleatorio simple, garantizando así la aleatoriedad del proceso. En caso de rechazo o imposibilidad de entrevista se estableció un procedimiento de reemplazo, a través de la selección de nuevos hogares (usando la misma metodología considerada para los hogares originales).

Universo de estudio El universo se compuso de los hombres y mujeres mayores de 15 años, habitantes de conjuntos de vivienda social construidas del año 1985 en adelante, en los barrios Bajos de Mena en Puente Alto, Sol Poniente en Maipú, Santo Tomás en La Pintana y Arquitecto O’herens en Conchalí.

Tamaño muestral Con el fin de asegurar tamaños de muestra suficientes en cada barrio, que permitieran inferir estadísticamente, se realizó una asignación de tamaños muestrales proporcionales por barrio. Al interior de cada barrio se distribuyó el tamaño en muestras por villa, proporcionales al número de viviendas que las componen.

Error muestral Se distinguieron dos muestras: Muestra 1: Correspondiente a los barrios donde Proyecto Propio se encuentra desplegando estrategias de intervención: Bajos de Mena y Santo Tomás. El nivel de confianza es de 93% y 7% de error.

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Muestra 2: Correspondiente a los barrios donde Proyecto Propio se encuentra desplegando estrategias de intervención: Sol Poniente (Maipú). El nivel de confianza es de 93% y 7% de error. El tamaño muestral final fue de 766 casos, aplicados en 3 barrios, correspondientes a igual número de comunas y 51.529 viviendas.

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Equipo editorial de Apuntes de Tecnología Social: Paulina Miranda, Marcela Robles, Ángel Marroquín, Rodrigo Aguayo y Sebastián Cantuarias. Diseño gráfico: Carolina Sánchez y Camilo Barriga. Fecha de publicación: Octubre de 2013. Se prohíbe expresamente la reproducción o copia total o parcial de los contenidos de este documento sin el expreso consentimiento de Proyecto Propio.

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INTRODUCCIÓN Al interior de conjuntos de vivienda social se aprecia la combinación de tres elementos: sobre endeudamiento de las familias, desinformación de sus derechos como consumidores de servicios financieros y hostigamiento por parte de sus acreedores. La combinación de estos tres factores podría aumentar el riesgo de las familias a verse involucradas en prácticas económicas ilegales, dando origen con ello a redes de sumisión y sometimiento. Se señala que el endeudamiento constituye una variable influyente en la construcción de trayectorias de inclusión social y mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de los barrios.

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I.- ENDEUDAMIENTO EN CHILE Tres son los más importantes hitos financieros recientes en materia regulatoria: la nueva ley del SERNAC Financiero, el proyecto de insolvencia individual y quiebra familiar, y la denominada ley DICOM. Todas estas iniciativas coinciden en posicionar al consumidor de servicios comerciales y/o financieros en situación de exigir una serie de derechos de “segunda generación” (asociados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESC 1), que han venido a suscitar apoyos políticos transversales en la opinión pública2 . Sin embargo, en términos nacionales, el endeudamiento afecta diferenciadamente a los chilenos. El Informe de Estabilidad Financiera 2011 del Banco Central señala que: “el porcentaje de hogares con dificultades para pagar sus deudas en el estrato de menores ingresos aumentó desde 20,5% a 32,9% entre los años 2007 y 2009. Consistente con lo anterior, el porcentaje de hogares con deuda en riesgo en este estrato pasó de 5,2% el 2007 a 6,8% el año 2009”3 . Resulta evidente que, ante un panorama de crisis económica global, los más pobres no están preparados para afrontar de igual manera que el resto del país, un ciclo recesivo. Dado que estos estratos tienen una composición de deuda diferente a la de los de mayores ingresos, la distribución de riesgos es heterogénea a través de diferentes oferentes de crédito”4 . 1 Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son elementos esenciales de una vida en dignidad y libertad: el trabajo, la salud, la educación, la alimentación, la vivienda y la seguridad social, entre otros. Personas de todo el mundo comparten la lucha por hacer que estos derechos humanos sean una realidad para sí mismas, sus familias, comunidades y naciones. Más información en: http://www.escr-net.org/resources/resources_list.htm?cat_id=1473&attribLang_id=13441 http:// www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm 2 Resulta interesante pensar cuál es el derecho en cuestión: acceder al crédito por igual para todos, o cesar el pago sin que eso signifique un daño financiero. 3 Concluye el informe señalando que: “el riesgo sistémico asociado a estos hogares es acotado, dado que su participación en la deuda total es relativamente baja (11%). 4 Al respecto cabe mencionar que es posible encontrar una clave explicativa; podría apuntar al

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Según muestra el estudio financiero realizado por FOSIS a familias del Programa Puente durante el primer trimestre del 20125 y aplicado a 12.500 personas más pobres del país (incorporadas al programa Chile Solidario), arrojó los siguientes resultados: de las familias de extrema pobreza, el 78% se encuentra endeudado. De ellos, la mayoría (51,4%) está endeudado con una casa comercial, con familiares y amigos un 28.1%, y con servicios básicos un 19,1%. El 30% de las deudas contraídas con las casas comerciales superan los $79.164 como cuota mensual a pagar. Los conjuntos de vivienda social se encuentran habitados predominantemente por personas de las capas más pobres. El acceso a una vivienda a través de un subsidio habitacional constituye de alguna manera una apuesta por la superación de la pobreza. ¿Es posible que la casa propia venga a aumentarla? De las familias de extrema pobreza, el 78% se encuentra endeudado. De ellos, EL 51,4% está endeudado con una casa comercial, con familiares y amigos un 28.1%, y con servicios básicos un 19,1%. El 30% de las deudas contraídas con las casas comerciales superan los $79.164 como cuota mensual a pagar.

hecho que con los requerimiento anteriores, sobre todo el DICOM, estas poblaciones no podían acceder al mercado financiero, y se tornaría mucho más atractivo acceder a otro tipo de crédito más bien informal. 5 Es decir, a aquellas personas que tienen un ingreso mensual entre 0 y 59.817 (I Quintil) o entre 59.818 y 102.326 (II Quintil).

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II. ENDEUDADOS El endeudamiento de una familia implica que ella destina más de la mitad de los ingresos al pago de deudas. Frente a esto, las puertas estás abiertas a la vinculación con mecanismos informales de crédito. Redes de inescrupulosos que prestan dinero y amenazan cuando no se les paga.

El informe de estabilidad financiera del primer semestre del 2012 es concluyente: la deuda de los hogares se expandió en el primer trimestre a tasas superiores a la de años precedentes (7,3% anual) 1. a. A marzo del 2012, la morosidad a más de 30 días en casi todas las casas comerciales aumentó (gráfico IV.14)2

Finaliza el informe señalando que el deterioro reciente de los indicadores de pago podría acentuarse si se materializan los escenarios de riesgo provenientes del sector externo. 1 Según el informe, el endeudamiento bancario creció 12,4% y el crédito automotriz un 20%. Se señala además que -a diferencia de años anteriores- el endeudamiento con casas comerciales experimentó una fuerte contracción asociada, según se explica al Caso La Polar. 2 La deuda en mora a más de 90 días ha aumentado en tres de las seis casas comerciales. A diferencia del indicador de cartera vencida, los datos de morosidad incluyen el monto total del crédito en mora y no solo la cuota.

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Considerando las tendencias al endeudamiento en personas pertenecientes al I y II Quintil de ingreso3 es que Proyecto Propio incluyó en su Encuesta de Barrios 2012 un ítem acerca de este tema. Al ser consultados acerca de si mantenían deudas impagas, cerca de la mitad de los encuestados señaló que sí y un 52% manifestó que no. Este dato viene no sólo a confirmar las hipótesis nacionales respecto a endeudamiento, sino que apunta a enfatizar el impacto de este en los barrios estudiados.

3 A pesar de la relativa estabilidad del endeudamiento de los hogares luego de la crisis, un aspecto que se destacó en el informe anterior es el aumento de los indicadores de endeudamiento en el grupo de hogares de menores ingresos. Entre el 2006 y el 2009, la mediana del RDI (monto de la deuda de la familia sobre el ingreso) de los hogares con deuda aumentó fuertemente en el quintil de menores ingresos, subiendo desde 20% a 35%. Sin embargo, no se apreció lo mismo en los otros segmentos de ingreso. El incremento del RDI puede estar asociado no solo a aumentos de la deuda de los hogares, sino también a reducciones del ingreso en el caso que uno o más miembros del hogar hayan perdido el empleo. Este efecto podría haber sido particularmente importante durante la última crisis financiera, considerando que la tasa de desempleo se incrementó a niveles en torno al 11% en dicho período. En efecto, la movilidad de los hogares entre quintiles es relativamente alta. Entre el 2006 y el 2009, los hogares que permanecieron en el primer quintil ascendieron a 38,5%. Más aún, un porcentaje no despreciable de hogares que en el 2006 fueron clasificados en el segundo (25,5%), tercer (16,7%) y cuarto quintil (11,6%) se movieron hacia el primer quintil de ingresos en el 2009. Por esta razón, es importante tener una visión complementaria de los indicadores de endeudamiento, teniendo en cuenta una medida de la capacidad generadora de ingreso de los hogares, la cual debiera considerar el efecto de reducciones transitorias de los ingresos. La evidencia microeconómica muestra incrementos importantes del RDI en los hogares de menores ingresos. El análisis de estos aumentos revela que, en gran medida, estarían vinculados a los efectos negativos de la crisis financiera sobre el desempleo de algunos miembros del hogar. Este fenómeno, aun cuando tiene implicancias sistémicas acotadas, podría tener efectos importantes sobre los oferentes de créditos orientados hacia los hogares de estos segmentos, especialmente si se materializa el escenario de riesgo descrito en este informe, y si los shocks de desempleo se mantienen durante un período prolongado (Banco Central de Chile, 2012).

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Al considerar qué parte de los ingresos mensuales familiares destinan los encuestados al pago de deudas vencidas , tenemos que un 52,6% destina más de la mitad de sus ingresos al pago de estas deudas y el resto destina al menos 1/3 de sus ingresos.

Respecto a las cuentas, es decir, los pagos derivados de la habitabilidad como agua, luz, teléfono, etc., es posible observar que un 71,6% del los encuestados destina más de 1/3 de sus ingresos mensuales en el pago de ellas.

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En promedio, los entrevistados señalaron contar con un promedio de 2 tarjetas de casas comerciales (de su propiedad), y que en sus casas se contaba con un promedio de 3 tarjetas. Resulta interesante señalar que al momento de ser consultados acerca de si ellos se consideraban endeudados, un 47% se consideró endeudado, en tanto un 53% no se consideró endeudado.

Al considerar la trayectoria de endeudamiento familiar, consultando acerca de su situacion de endeudamiento hace 5 años, el 43% señaló haberse encontrado muy endeudado. Es posible que las familias se encuentren actualmente pagando parte de esos compromisos y hayan adquirido otros nuevos. Las deudas que las familias presentan cuentan como principales acreedores a las casas comerciales. Es así como un 47% de los encuestados reconoce mantener una deuda con éstas en un promedio de $116.000 pesos, donde se pudo observar deudas que ascienden a los $4.000.000.

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Las deudas que se mantienen en muchos casos, superan los ingresos familiares, viendose obligados los “endeudados” a tomar decisiones económicas respecto a la priorización del pago global de las deudas mensuales. Si se encuentran endeudados, se ven cada vez más restringidas sus opciones de acceso a dinero fresco para paliar los nuevos pagos. Entre los mecanismos señalados por los entrevistados para acceder a préstamos informales, se señalan: 1) el solicitar un préstamos a un familiar; 2) priorizar la deuda más urgente; y 3) realizar algún tipo de convenio que permita repactar la deuda. Si el endeudamiento se expresa con tanta fuerza entre las personas que habitan en conjuntos de vivienda social, quisimos saber cuánto conocían ellos de los mecanismos actuales que podrían brindarles protección en tanto consumidores de servicios financieros.

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III. DESCONOCEN SUS DERECHOS Se ha detectado un alto grado de desinformación respecto a las medidas impulsadas por el gobierno para proteger a los consumidores de servicios financieros. Es así que un 81% de los encuestados señala desconocer qué es el SERNAC Financiero.

Si bien el SERNAC Financiero se ha trasformado en una iniciativa pionera respecto a la defensa de los derechos de consumidores de servicios financieros y bancarios, un 81% de los encuestados desconoce las actuales normativas financieras relacionadas al SERNAC, lo que es de gran relevancia si destacamos que, según los datos proporcionados por los encuestados, son las casas comerciales a quienes más se les debe.

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Sumado a lo anterior tenemos que, de los encuestados, un 83% señala haber sufrido alguna cobranza extrajudicial y solo un 5,88% señala haber recurrido por ese evento al SERNAC.

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IV. SON HOSTIGADOS POR SUS ACREEDORES El tercer elemento observado son las constantes amenazas por parte de las casas comerciales y otras instituciones contra las familias deudoras. Estas prácticas son denunciadas al SERNAC Financiero en un 5,8% de los casos.

El endeudamiento en quienes habitan conjuntos de vivienda sociales es elevado, y las cobranza de sus acreedores son cada vez más intensas. Entre las formas más usadas para hostigar a los deudores, según señalan los encuestados, se encuentran los llamados en horarios no permitidos, que afectan a un 14,7% de los deudores, en segundo lugar encontramos las cartas que simulan escritos judiciales, que afectan a un 14,3% de los deudores. Cada una de estas medidas de hostigamiento involucran actualmente sanciones para los proveedores de servicios financieros, por lo que denunciarlas resulta clave para evitar que se repitan y sean sancionados los infractores. Quien se encarga de este tipo de gestiones es justamente el SERNAC Financiero. Es posible vislumbrar al interior de los conjuntos de vivienda social la combinación de tres peligrosos elementos: sobreendeudamiento de las familias, desconocimiento de sus derechos en tanto consumidor de servicios financieros y, finalmente, el hostigamiento por parte de sus acreedores. Si consideramos la importancia creciente que han venido asumiendo los análisis que consideran el endeudamiento como una variable que permite

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explicar la pobreza urbana (Proyecto Propio, 2009), es imposible dejar de soslayar la actual situación de endeudamiento en los conjuntos habitacionales como una de las variables que influyen en su transformación creciente en guetos urbanos. En este sentido, cualquier producción de oferta pública para las personas que ahí viven, pasará por identificar trayectorias de inclusión social económica y habitacional que consideren el endeudamiento y la economía informal como variables que se deben intervenir integralmente.

Desafíos • Generar condiciones para un mayor acceso sistema financiero de los más pobres, de forma responsable y con toda la información disponible sobre la mesa. • Promover localmente instancias de educación financiera al interior de los conjuntos de vivienda social y los sectores más pobres del país. • Promover el acceso local de los servicios del SERNAC financiero en los conjuntos de vivienda social, a fin de garantizar el respeto a sus derechos como consumidores y como población vulnerable, respecto a prácticas financieras inescrupulosas. • Implementar medidas que desincentiven el funcionamiento de redes informales de crédito.

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BIBLIOGRAFÍA “Informe de Estabilidad Financiera”. Banco Central. 2° semestre 2011. 11 de mayo, 2011. Disponible en: http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/polit01.htm “Precariedad laboral y modelo productivo en Chile”. Fundación Sol. 21 de diciembre, 2011. Disponible en: http://www.fundacionsol.cl/wp-content/uploads/2011/12/Ideas-1-Tendencias-del-Trabajo2.pdf “Proyecto de ley de insolvencia individual y quiebra familiar”. Cámara de Diputados. 14 de mayo, 2011. Disponible en : ht tp://w w w.c amar a.cl/pley/pley _ det alle. aspx?rmID=7528&prmBL=7126-03 Ley 20.555 “Fortalecimiento del SERNAC”. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Gobierno de Chile. 11 de mayo, 2012. Disponible en: http://www.economia.gob.cl/ley-sernac-financiero/

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Muestra 2: Correspondiente a los barrios donde Proyecto Propio se encuentra desplegando estrategias de intervención: Sol Poniente (Maipú). El nivel de confianza es de 93% y 7% de error.

El tamaño muestral final fue de 766 casos, aplicados en 3 barrios, correspondientes a igual número de comunas y 51.529 viviendas.

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Equipo editorial de Apuntes de Tecnología Social: Paulina Miranda, Constanza Cifuentes, Marcela Robles, Ángel Marroquín, Rodrigo Aguayo y Sebastián Cantuarias. Diseño gráfico: Daniela Linco, Carolina Sánchez, Stephanie Salas y Camilo Barriga. Fecha de publicación: Septiembre de 2013. Se prohíbe expresamente la reproducción o copia total o parcial de los contenidos de este documento sin el expreso consentimiento de Proyec-

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RESUMEN Arrendatarios y allegados de conjuntos de vivienda social no han constituido un grupo de interés para la política habitacional de desdensificación, que se ha concentrado sólo en los propietarios. El aumento de este grupo preocupa, considerando el deterioro de los guetos urbanos. Este texto profundiza en las opciones de salida que ellos evalúan, de acuerdo a su grado de satisfacción con el barrio.

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I. DÉFICIT Y DEMANDA HABITACIONAL El déficit y demanda habitacional, desde los noventa, se ha abordado exclusivamente desde la construcción masiva de viviendas, en desmedro de la calidad de barrios. Como consecuencia de esto, se han producido efectos de guetificación que han producido molestias en arrendatarios y allegados. Arrendatarios y allegados de conjuntos de vivienda social son actores invisibilizados de las políticas de desdensificación. La situación de los conjuntos de vivienda social ha constituido una preocupación creciente por parte del Estado chileno. Es así que a partir de los noventa se ha reducido sostenidamente el déficit habitacional por medio de la creación de conjuntos de vivienda social que, en general, han cubierto una extensión urbana relativamente pequeña, pero de alta densidad que ha provocado efectos de segregación (Siclari Bravo, 2012). Esto ha llevado a plantear como eje de los actuales debates en torno a la ciudad, los efectos urbanos y sociales de la segregación residencial y el hacinamiento. El déficit habitacional ha sido abordado por el Estado a través de diversas estrategias, una de las cuales ha sido la construcción de viviendas. Sin embargo, muchos cambios en la forma de entender y actuar sobre el déficit habitacional, han surgido del empuje y crítica de organizaciones de arrendatarios y allegados respecto a las malas condiciones de vida (como los habitantes de conventillos a principios del siglo XX o las viviendas obreras) (1). El 71% de las personas que viven en conjuntos de vivienda social son propietarios. Sin embargo, los arrendatarios y allegados han aumentado durante los últimos años.

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En base a los resultados obtenidos a través de la Encuesta de Barrios 2012 aplicada por Proyecto Propio en conjuntos de vivienda social donde se llevan adelante intervenciones sociales, es posible señalar que si bien mayoritariamente los encuestados son propietarios, el porcentaje de arrendatarios y allegados resulta significativo. Se habla de arrendatarios o allegados para referirse a la calidad de tenencia del inmueble que se habita. Arrendatarios corresponden a aquellas personas que sin lazos de parentesco pagan a otras por el acceso a un inmueble o a parte de éste y se rigen por la ley Nº 18.101. A diferencia de ellos, los allegados son aquellas personas que con o sin lazos de parentesco viven junto a otra familia sin cancelar formalmente por el alojamiento. Departamentos de 42 mts2, ubicados en naves de tres pisos y a 3 horas del centro de Santiago.

El 29,8% de quienes arriendan un departamento al interior de un block, paga entre $20.000 y $40.000, el 34,3% paga entre $61.000 y $80.000 y un $23,8% paga entre $81.000 y $100.000. Los allegados encuestados señalaron aportar informalmente a la economía domestica, el 43,7% de ellos señaló aportar entre $20.00 y $40.000 al dueño de casa. Esto se traduce en pago de cuentas de luz, agua y teléfono. Es así como ambos grupos contribuyen económicamente al hogar, pese a contar con estatus jurídicos disimiles.

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De lo anterior se desprende que la conformación de un mercado inmobiliario al interior de los conjuntos de vivienda social y la existencia de movilidad residencial al interior del barrio. Considerar ambos factores contribuyen a diseñar politicas que aborden la situiacion de allegados y arrendatarios. Se torna urgente intervenir estos escenarios desde la complejización de la política, sobre todo si consideramos que la evolución del déficit habitacional señala que los hogares allegados aumentaron desde el año 2009 un 20% y los núcleos allegados hacinados e independientes pasaron de un 22% a un 27% en la Región Metropolitana (MINVU, 2009).

II. ELEGIR DONDE VIVIR Arrendatarios y allegados se trasladan de una vivienda a otra al interior del mismo barrio. ¿Existen otras alternativas de movilidad que supongan mejorar su calidad de vida?

Los arrendatarios son quienes muestran mayor deseo de cambiarse de comuna, se encuentran postulando a la vivienda y molestos con el barrio. Los allegados se muestran renuentes a cambiarse de comuna, postulan a la vivienda y se muestran conformes con el barrio. El grupo de arrendatarios se compone, en promedio de 2,8 adultos, 2 niños por familia y han vivido en el sector, en promedio 5 años.

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Quienes muestran mayor intención de movilidad (salida del conjunto de vivienda social) son los arrendatarios. Es interesante considerar que cuando a este grupo se le preguntó qué vivienda ocupaba antes de llegar al barrio, señalaron que habitaban departamentos y casas (32,6%), piezas (10,2%) y viviendas propias en otras comunas (14,2%), pero la mayoría de ellos vivía como allegado en otra comuna (34,6%). El alto número de arrendatarios que poseen casa propia nos hace pensar que su trayectoria habitacional se encuentra asociada a proyectos laborales y familiares no asociados a tenencia de vivienda (2). Esto podría estar relacionado con su independencia económica de los arrendatarios respecto al núcleo familiar propietario. Sin perjuicio de ello, la mayor parte de quienes arriendan lo hace sin ninguna clase de formalidad (contrato) y con desconocimiento de sus derechos como tales. Si bien el 30% de los encuestados se encuentra postulando a vivienda, de ellos el 73% corresponde a arrendatarios. En síntesis parece suceder que los arrendatarios que viven en conjuntos de vivienda social podrían ser abordados, en el marco de la desdensificación de estos barrios, a través de una oferta de relocalización que implique mejorar su calidad de vida y de acuerdo a los parámetros de pago que muestran. Interesante sería considerar la variable “motivos de llegada al barrio”, ya que esto permitiría captar la trayectoria residencial que la familia ha seguido y que podría continuar.

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Quienes se declararon en la encuesta como actualmente allegados (3), lo estaban en un 46% antes en otras comunas. Al ser consultados acerca de su deseo de cambiarse de comuna, señalan que gustarían de permanecer en ésta (50,98%). Cabe señalar que el promedio de años que viven en la comuna es de 11 años, y las familias se componen por un promedio de 3 adultos y 2 niños. Resulta interesante considerar que la mayoría de estas familias no se encuentra postulando a la vivienda (el 18,7% señaló encontrarse postulando y un 81,2% declaró no hacerlo). Otro aspecto interesante respecto a este grupo es la reparación de la vivienda. Al ser consultados acerca de si repararían la vivienda en la que se encuentran allegados, el 80,3% señaló que sí, pese a no ser propietarios, la mayor parte de las reparaciones se relacionan justamente con la ampliación. En síntesis, parece suceder que los allegados que viven en conjuntos de vivienda social podrían ser abordados, en el marco de la desdensificación de estos barrios, a través de una oferta de relocalización que incluya la alternativa de comprar viviendas al interior de los mismos barrios (4). Tal vez este sea el grupo de habitantes que más interesado se encuentre en mejorar las condiciones actuales de habitabilidad del barrio y acceso a servicios, especialmente considerando que presentan un número considerable de niños por familia. Dado lo anterior es que la situación de los allegados viene a tensionar la idea de desdensificación desde una lógica de salida como única alternativa. Antes de finalizar creemos conveniente contrastar la situación de arrendatarios y allegados con los propietarios de departamentos al interior de conjuntos de vivienda social, esto porque son ellos en quienes se han focalizado las medidas de desdensificación.

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Los propietarios muestran una tendencia a la movilidad reducida: 46,7% de ellos señalan la voluntad de dejar la comuna.

Sin embargo, el nivel de satisfacción con su actual vivienda difiere entre propietarios y arrendatarios y allegados, como lo muestra el siguiente gráfico:

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Al ser consultados acerca de su intención de reparar su vivienda, el grupo de propietarios señala en un 78,3% que lo haría, en tanto que un 21,7% señala que no lo haría. Tal y como los señalan diversos autores (ATISBA, 2010; Rodríguez, 2005) una de las problemáticas gravitantes al interior de las viviendas sociales dice relación con el deterioro creciente de su infraestructura y equipamientos barriales, por lo que para las familias se vuelve un problema acuciante, pero del que, sin embargo, es sólo el propietario quien puede tomar determinaciones de reparar por medio de subsidios. Esto permite visualizar que las políticas de reparación por medio de subsidio podrían considerar, para mejorar las viviendas, al grupo de allegados como aliados y hacerlos también objeto de políticas de subsidio a la reparación.

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SÍNTESIS De los resultados observados es posible inferir la existencia de trayectorias de inclusión asociadas a la vivienda y al barrio, que se expresan diferenciadamente entre arrendatarios y allegados. Cada uno de estos grupos representa diferentes grupos de interés para la política habitacional, especialmente considerando la necesidad de soluciones integrales para resolver, al interior de los conjuntos de vivienda social; situación es como el hacinamiento, el deterioro creciente de la infraestructura y la reparación, entre otras. En este sentido, diferenciar las vinculaciones con el barrio, la tenencia de la vivienda y el grado de satisfacción con el barrio, podría permitir elaborar propuestas de mejora customizadas según los diferentes grupos. Esto evitaría contar con un repertorio único de soluciones y además logar el involucramiento de cada uno de estos grupos en la solución de un problema complejo como es la segregación habitacional y los efectos de la guetificación. Finalmente, cabe señalar que sólo haciendo más compleja la lectura del barrio es como se hace posible elaborar detalladamente soluciones que involucren niveles crecientes de calidad y que eviten la estandarización y reduccionismo que dieron origen a los problemas que hoy enfrentan estos barrios.

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Desafíos a la política habitacional en conjuntos de vivienda social 1. Considerar que la movilidad residencial responde a una lógica de trayectoria de inclusión social en la que los agentes maximizan sus oportunidades y buscan evitar la exclusión social (marginalización, pobreza). 2. Construir herramientas que permitan diferenciar las opciones de movilidad residencial de los residentes de los conjuntos de vivienda social especificando alternativas entre arrendatarios y allegados de acuerdo al grado de satisfacción con su barrio y vivienda. 3. Elaborar alternativas que consideren que el grupo arrendatario presenta una mayor propensión a la salida del barrio, en tanto los grupos de allegados y propietarios presenta una voluntad de permanencia en él. 4. Considerar el mercado inmobiliario de blocks y casas al interior de los conjuntos de vivienda social como un circuito de integración de redes formales e informales que ofertan inclusión social y no únicamente vivienda.

Desafíos a la desdensificación de conjuntos de vivienda social 1. Conectar a los arrendatarios con la oferta corriente de subsidios en forma individual o colectiva. 2. Seleccionar a grupos de allegados con lazos de parentesco con propietarios para recolocarlos en el barrio por medio de programa de subsidio. 3. Elaborar programas de reparación y ampliación de viviendas en que los beneficiarios sean grupos allegados.

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NOTAS 1) En este sentido, la actual coyuntura de guetificación de barrios como Bajos de Mena en Puente Alto, o Santo Tomás en La Pintana pueden verse como “nuevas manifestaciones” de conflictos producidos por la mala calidad de las viviendas, pero a diferencia de los conflictos históricos por viviendas, hoy parecen estar producidos por las consecuencias de políticas habitacionales previas y no por la pobreza o la marginalidad. 2) Esta información permite elaborar hipótesis distintas a aquellas que explican el arriendo de departamentos en conjuntos de vivienda social al no poseer una vivienda. En este sentido se torna mucho más importante considerar que al desdensificar, el grupo arrendatario posee otras motivaciones para salir o quedarse en el barrio. 3) Desde otra perspectiva se concibe a los allegados como una forma particular de residencia familiar, en la cual una familia se allega a la otra, es decir, una como una: “co-residencialidad entre dos o más grupos familiares que se distinguen entre sí y donde se observa una estrecha cercanía espacial y una relación particular entre las dos familias en la que se combina asimetría y complementariedad” (Araos, 2009). 4) Creemos que se hace necesario cuestionar las alternativas de solución que no consideran el contexto que las personas viven al interior de los conjuntos de vivienda social, como por ejemplo, los montos de subsidio, las redes familiares y económicas, las características del barrio, entre otras.

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GLOSARIO Allegamiento: Se entiende como allegados a aquellas personas que viven en convivencia con otro grupo familiar en la misma vivienda y que pueden contar o no con relaciones de parentesco. Déficit habitacional: Se entiende como déficit habitacional como “el conjunto de las carencias o necesidades habitacionales insatisfechas de una población” (CELADE, 1996). Esta definición implica por una parte considerar la cantidad de viviendas que se requieren para cubrir las necesidades de alojamiento de la población, así como la calidad de las mismas (material, sanitaria y espacial). Por otra parte encontramos las condiciones de accesibilidad, es decir los medios y condiciones por medio de los cuales es posible acceder a las viviendas (MINVU, 2009). Hacinamiento: Se refiere a la concentración poblacional por metro cuadrado, habitualmente se habla de hacinamiento en vivienda y en barrios. Ambos tipos de medidas dan origen a políticas distintas. Hogar: Distribución relativa de los hogares según la presencia o ausencia de determinados miembros del hogar, de acuerdo a la variable relación de parentesco entre los miembros que lo integran y su relación con la persona identificada como jefe de hogar. Comprende los tipos: Vivienda social: Aquella residencia que es producto de las políticas habitacionales dirigidas a los grupos más desposeídos de la sociedad, que no pueden optar por sus propios recursos a las viviendas del mercado inmobiliario” (Hidalgo Dattwyler, 2007)

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BIBLIOGRAFÍA Araos, C. (2009). La tensión entre filiación y conyugalidad en la génesis empírica del allegamiento. Estudio cualitativo comparado entre familias pobres de Santiago de Chile. Santiago de Chile: Tesis para acceder al título de Magíster en Sociología. Instituto de sociología. PUC. ATISBA. (2010). Reporte “Estudio Guetos en Chile”. Recuperado el 10 de Julio de 2012, de www.atisba.cl: http://atisba.cl/wp-content/ uploads/2011/10/Reporte_Guetos_en_Chile2010.pdf Castillo, M. J. (2004). Renovación de las poblaciones mediante la radicación de allegados. Una alternativa a la expansión de Santiago. Informes de la Construcción, Vol 56 Nº 491 , 124-135. MINVU. (2009). Mesa de Trabajo. Déficit habitacional. Santiago: MINVU. Rodríguez, A. y Sugranyes, Ana. (2005). Los con techo. Un desafío para la política de vivienda social. Santiago: SUR Ediciones. Siclari Bravo, P. (2012). Política habitacional chilena hoy: advertencias para la réplica Latinoamericana. NAU Social Vol III, Nº 4, 201-223.

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Error muestral Se distinguieron dos muestras:

Muestra 1: Correspondiente a los barrios donde Proyecto Propio se encuentra desplegando estrategias de intervención: Bajos de Mena y Santo Tomás. El nivel de confianza es de 93% y 7% de error. Muestra 2: Correspondiente a los barrios donde Proyecto Propio se encuentra desplegando estrategias de intervención: Sol Poniente (Maipú). El nivel de confianza es de 93% y 7% de error.

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El tamaño muestral final fue de 766 casos, aplicados en 3 barrios, correspondientes a igual número de comunas y 51.529 viviendas.

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Equipo editorial de Apuntes de Tecnología Social: Paulina Miranda, Constanza Cifuentes, Marcela Robles, Ángel Marroquín, Rodrigo Aguayo y Sebastián Cantuarias. Diseño gráfico: Carolina Sánchez y Camilo Barriga. Fecha de publicación: Octubre de 2013. Se prohíbe expresamente la reproducción o copia total o parcial de los contenidos de este documento sin el expreso consentimiento de Proyecto Propio.

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DESIGUALDAD MUJER Los resultados de la Encuesta CASEN 2011 y los de la II Encuesta Comunidad Mujer, no han venido sino a fortalecer la preocupación del Estado y la sociedad civil respecto a una constante: las profundas desigualdades entre hombres y mujeres en Chile. Estas desigualdades adquieren diversas aristas, desde la incidencia de la pobreza en hogares con jefatura femenina, hasta la baja participación en el mercado laboral de las mujeres pertenecientes al I Quintil de ingreso, pasando evidentemente por las brechas de género y sus diversas expresiones. Tras conocerse estos datos en Julio 2012 nadie duda de la importancia de constituir políticas públicas que apunten a atenuar estas desigualdades, sin embargo, el estudio de las diversas interacciones entre las aristas implicadas en el fenómeno, no parece ser una tarea que pueda esperar. Las últimas tendencias respecto a mujer y trabajo a partir de la situación en conjuntos de vivienda social en la Región Metropolitana, entendiendo que hoy se requieren observaciones empíricas capaces de plantearse en escenarios locales con reflexiones globales. Para esto recurriremos a los resultados de la I Encuesta de Barrios llevada adelante por la Fundación Proyecto.

Pobreza y mujer A propósito de los resultados de la ultima Encuesta CASEN 2011, el gobierno señaló: “la pobreza sigue teniendo rostro de niño y de mujer”. ¿A qué se referían con esta afirmación? A la evidencia que la pobreza, entre los años 2009 y 2012 disminuyó un 1,2% entre los hombres, en tanto, entre las mujeres se mantuvo entre un 15,7% el 2009 y un 15,5% el 2011. Cabe señalar que si bien el 39% de los hogares de la muestra presenta jefatura femenina, del total de hogares en situación de pobreza, el 51% de ellos presenta jefatura femenina y en el caso de la indigencia llega al 55%. (CASEN, 2011).

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En términos generales es posible afirmar que la pobreza es mayor entre las mujeres y que constituye una variable relevante la jefatura femenina respecto al fenómeno en general.

MUJERES JEFAS DE HOGAR Según cifras de la última encuesta CASEN la jefatura de hogar femenina se ha duplicado en los últimos 20 años, es así como el año 1990 esta llegaba al 20% y el 2011 llega al 39% de las encuestadas. Cabe señalar que según afirma MIDEPLAN: “El ritmo de incremento de los hogares a cargo de mujeres sigue aumentando, registrándose 6 puntos adicionales de alzas en los últimos 2 años (del 33% al 39% entre nov 2009 y nov 2011)” y “en los últimos 2 años el número de hogares a cargo de una mujer aumentó en 390 mil, llegando a casi 2 millones de hogares”. (CASEN, 2011).

Participación laboral de las mujeres

La participación laboral de las mujeres en el 10% más pobre de la población llega al 24% en tanto en el 10% más rico llega a un 63%. (CASEN, 2011). Esta información puede ser complementada con los resultados de II Encuesta Nacional sobre Mujer y Trabajo en Chile que señala que: “En efecto, las mujeres con educación básica trabajan o buscan trabajo en un 45,8% y las con estudios medios incompletos lo hacen en un 53,9%. Mientras tanto, aquellas con más de dieciséis años de estudios lo hacen en 73,4%, en el caso carreras técnicas o profesionales, y en 85,5% en el caso de carreas universitarias” (ComunidadMujer, 2012)

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MUJERES ACTIVAS LABORALMENTE Según información contenida en la II Encuesta Mujer y Trabajo, se detectó que la poblacion de mujeres que se encontraban inactivas y que no participarían en el mercado laboral, se encontraban en tramos de edad superior a los 50 años. De aquellas que se encontraban inactivas señalaron como motivos para estarlo: “necesidad de apoyo en materia de cuidado de niños y niñas (43%); falta de soporte en cuando al cuidado de adultos dependientes (5%), enfermedad propia (11%); quehaceres del hogar y cuidado del hogar (15%); estudiante, jubilada o tiene otros ingresos (13%) y otras razones (13,4%)” (ComunidadMujer, 2012). Según información de la Encuesta de Barrios, en conjuntos de vivienda social la participación de las mujeres se da mayoritariamente en el sector informal. En este sentido resulta interesante considerar que los circuitos locales, territoriales (como ferias, almacenes) constituyen una fuente de empleo poco observado en conjuntos de vivienda social. Por otra parte en esta area informal encontramos los empleos o servicios prestados por y desde el vecindario a vecinos y vecinas.

TRABAJO FORTRABAJO MUJER

HOMBRE

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MERCADO INFORMAL Al ser consultadas las mujeres respecto a los motivos para acceder a este tipo de empleo señala un 17,61% que lo hace por cuidar de un familiar, un 22,01% manifiesta que lo hace por pasar màs tiempo con sus hijos y un 35,85% señala que cuidar a sus hijos es la razon principal para acceder a un empeo informal. De alguna manera habitualmente el trabajo formal es visto como la “mejor alternativa” para las mujeres, parece suceder que no lo es, especialmente cuando se consideran las necesidades de la familia y las opciones disponibles para los padres.

POLÍTICAS PÚBLICAS, MUJER Y TRABAJO Las actuales tendencias en políticas públicas orientadas a mujer y trabajo apuntan a promover la inserción de la mujer en el mercado del trabajo desde tres ángulos: 1) Ingreso ético familiar (comienza en septiembre re 2012), 2) Bono al trabajo de la mujer y 3) Aumento de cobertura de salas cuna, jardines infantiles y educación preescolar. Respecto a este último punto cabe hacer algunas salvedades.

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TRABAJO DOMÉSTICO Con independencia de las modificaciones laborales y familiares que han visto las mujeres durante las últimas décadas en Chile, muchas de ellas continúan asumiendo obligaciones tradicionales asociadas al género, bajo estas tareas encontramos el denominado “trabajo doméstico”. Los conjuntos de vivienda social (lejos de aquellos lugares en que se hace posible contratar “nanas” o “asesoras del hogar” para cubrir este empleo) resulta probable que sean las propias mujeres, madres y jefas de hogar que asuman el trabajo doméstico. Según datos recopilados por la Encuesta de Barrios las principales actividades realizadas por las mujeres en conjuntos de vivienda social son: cocinar 85,15%; cuidado de niños, 16,83%; Lavado para familiares y/o vecinos, 22,77%; reparaciones eléctricas, 5,20%; Planchado de ropa, 46,04%; cuidado de ancianos, 11,88% y cuidado de de casa de vecinos, 26,49%. Al ser consultadas en cuánto dinero valoran el trabajo que realizan en sus casas, el promedio de los montos fue de $181.624.

48,77%

PAGARÍA A OTRA PERNO PAGARÍA A OTRA

MU-

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Puestas las encuestadas en situación de poder pagar a otra persona para realizar el trabajo doméstico, el 51,235 señaló que lo haría, en tanto un 48,77 señaló que aún contando con dinero, no lo haría. Finalmente y puestas en situación de pagar a otra persona por la realización del trabajo doméstico, las encuestadas señalaron que pagarían un promedio de $143.563, es decir, $38.061 de lo que ellas creen que vale su propio trabajo doméstico.

MUJER Y CUIDADO DE NIÑOS Una de las principales aristas exploradas en busca de una explicación para la inasistencia de los NNA a educación preescolar se ha orientado a la actividad laboral de la madre. Se ha supuesto que la madre que se encuentra inactiva, asumiría el cuidado de los NNA descartando el acceso a educación parvularia. A fin de explicitar esta relación, el MIDEPLAN investigó la situación laboral de la madre, es así como señaló que la situación laboral de las madres encuestadas por el estudio, muestra a nivel nacional, que en el caso de quienes no asisten a educación preescolar, la madre presenta porcentajes más bajos respecto a ocupación (33,1%) y a inactividad (60,8%) que en aquellas familias en que los niños asisten a educación preescolar (Tabla Nº 1). En este sentido, la actividad de la madre influye en gran medida en la asistencia de los niños y niñas a salas cunas y jardines infantiles, y trasciende los niveles de ingresos.

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De esta manera, el 50,1% de las madres de los niños y niñas entre 0 y 6 años que asisten están ocupadas, y el 42,5% de ellas se encuentra inactiva, lo que revela una predominancia de niños y niñas que asisten a salas cunas y jardines infantiles con madres ocupadas. En el caso de los niños y niñas que no asisten a estos centros preescolares, sólo el 33.1% tienen madres ocupadas, mientras el 60,8% tiene madres inactivas laboralmente.

TABLA Nº1: ASISTENCIA DE NIÑOS A EDUCACIÓN PREESCOLAR SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA MADRE

Asiste

OCUPADO 50,1

DESOCUPADO 7,4

42,5 No Asiste

33,1

6,1

60,8

Considerando esto, la encuesta de Barrios profundizó en este punto y es así como fue posible observar que entre aquellas familias en que los niños no se encontraban asistiendo a educación preescolar, un 27,45% de las madres se encontraba trabajando informalmente.

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TRABAJO

Los motivos para no realizar una actividad laboral, en el caso de las mujeres dicen relación justamente con el cuidado de los niños.

MOTIVOS PARA NO ENVIAR A LOS NIÑOS A SALA CUNAS O JARDINES INFANTILES Tal vez la arista investigativa que permite con mayor fuerza acercarse a un tipo de explicación compleja, es el que respecta a aquellos ámbitos cualitativos respecto a las motivaciones que le dan los padres, madres y cuidadores respecto a la decisión de no enviar a sus hijos a educación parvularia.

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CONCLUSIONES Actualmente las chilenas poseen más años de educación formal, son más autónomas económicamente y le están dando una nueva dimensión a su rol al interior de la familia y sus entornos. Y es que las respuestas o soluciones requieren de dimensiones técnicas que las avalen, pero sobre todo, necesitan explicaciones multivariadas capaces de reducir la complejidad del fenómeno. Por otra parte, resulta débil cualquier acercamiento al tema que no involucre a toda la sociedad chilena, puesto que los temas de fondo apuntan a la conformación y proyecciones futuras de ella.

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INTRODUCCIÓN El presente documento desarrolla los conceptos claves que sustentan el modelo de consultorías, de investigaciones y emprendimientos que lleva adelante la Personas en Movimiento. Bajo el nombre de Focos Potenciales de Desarrollo se aúnan una serie de relaciones entre los componentes del enfoque de capitales centrado en activos con los contextos de pobreza, expresados en los circuitos económicos locales. Se sostiene a lo largo del texto la idea que es este enfoque el que permite pensar el desarrollo local desde los contextos en que trabaja la Fundación. Si bien el enfoque de capitales es parte de los marcos referenciales generales usados por instituciones como el BID y la CEPAL, en ambos casos, el punto de partida es siempre la desigualdad, en otras palabras, el enfoque de capitales se encuentra inextricablemente vinculado a una forma de ver la pobreza y la desigualdad en la región Latinoamericana. Hace varios años, la Fundación viene señalando que “la forma de ver la pobreza determina la manera en que actuamos”, en este sentido, la apuesta está dada por transformar un contexto empobrecido en un foco potencial de desarrollo desde la articulación de tres actores: gobierno, empresa privada y comunidad a partir de relaciones ganar-ganar entre ellos. En síntesis, se pretende llevar adelante acciones, considerando que cambiar la forma en que son vistos estos sectores permite apuntar a un cambio global.

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DESIGUALDAD Y DESARROLLO Antes de abordar el enfoque de capitales y los circuitos económicos locales en que se despliegan, se hace preciso contextualizar las tendencias que la desigualdad adopta en la región latinoamericana, a la vez que delimitar las grandes contradicciones que ella, -la desigualdad- propone a los órganos internacionales de desarrollo, los gobiernos, las ONGs y las propias comunidades. Esto porque el enfoque de capitales nace como un paradigma explicativo y de intervención orientado a combatir la desigualdad.

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DESIGUALDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Uno de los más recientes textos del BID, llamado: “El mundo de los senderos que se bifurcan. América Latina y el Caribe ante los riesgos económicos y globales” comienza haciendo una afirmación temeraria:

“El reciente desempeño económico de América Latina y el Caribe debe ser motivo de optimismo. El promedio del crecimiento en los últimos dos años ha sido de 5,4%, y de su contribución al total del crecimiento mundial ha sido de aproximadamente el 14%, con lo cual ha ayudado al mundo a superar la Gran Recesión”. (CEPAL, 2011:05)

Estas afirmaciones están lejos de alejar los temores ante nuevos ciclos de recesiones como las del 2008 (subprime), sin embargo, han brindado la oportunidad a los agentes estatales y organismos internacionales para plantearse la urgente tarea de superar las brechas de desigualdad. Tal y como es posible visualizar en la ilustración 1 es posible corroborar que las tendencias de la desigualdad en la región y de cada país de acuerdo al coeficiente de Gini en la región son las más inequitativas del mundo (CEPAL, 2011:13). La tendencia durante la década de 1990 y hasta principios de 2000, la desigualdad en la región se caracterizó por una tendencia al alza o a una leve disminución. Ninguna de los cambios en la región permite afirmar que la tendencia se ha revertido.

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Respecto a las raíces de la desigualdad, tenemos que, en su informe Panorama Social de América Latina 2010, la CEPAL señaló: “las cadenas de desigualdades se concentran en la parte del ciclo de vida de formación y desarrollo de capacidades (…) es decir en la población infantil y juvenil y la forma en que en ese período se generan y consolidan diferenciaciones que refuerzan la reproducción intergeneracional de la pobreza y la desigualdad” (CEPAL, 2010 p 5-6). Desde este punto de vista la desigualdad se concentraría en ciertas etapas del ciclo vital y se reproduciría a partir de opciones de acceso a trayectorias vitales orientadas a circuitos de movilidad social sostenible. ¿Cuál es el plano en el que se despliegan las trayectorias de desigualdad en los países?. En primer lugar podríamos señalar a los Estados, sin embargo, su papel se ha visto severamente cuestionado:

“El papel del Estado, y de sus mecanismos de transferencias y regulaciones, es particularmente débil en América Latina para enfrentar las desigualdades de origen. En otras palabras, el inicio de la vida de los niños latinoamericanos depende mucho de su suerte familiar y, a su vez, las familias tienen una gran dependencia del mercado y reciben poco apoyo del Estado”. (Ibíd.)

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Para finalizar es preciso señalar que las proyecciones respecto a la pobreza en la región muestran que, si bien la pobreza ha disminuido en términos globales durante el 2011, situándose en 30,4% (bajo un punto porcentual del año 2010), se estima que la tasa de indigencia podría aumentar ya que: “una mayor alza en el precio de los alimentos que los de los demás bienes de la canasta contrarrestaría el incremento en los ingresos de los hogares” (Ibid, 12), tal y como lo muestra la ilustración.

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DESIGUALDAD EN CHILE Chile en las últimas décadas ha presentado avances significativos en torno a la superación de la pobreza. Si bien en el última encuesta CASEN (2009) se puede apreciar un aumento de un 1,4% ésta se relaciona con ciertas modificaciones realizadas al instrumento, pero de forma general la pobreza según esta encuesta, en Chile, ha presentado un descenso desde un 38,6% -en 1990- al 13,7% en el 2006 (CASEN), sin embargo, es importante destacar y observar el flujo de la medición de esta pobreza, que nos lleva a considerar que el 34,1% de la población chilena ha vivido episodios de pobreza en los últimos 10 años, es decir, un tercio de la población (Ilustración 3) se ha encontrado en aquella situación, en función de estos resultados en Chile los “pobres” no son siempre los mismos “pobres”, por lo cual se desarrolla un grupo importante cercano al I y II quintil de ingreso que vive en condiciones de vulnerabilidad social.

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A pesar del creciente desarrollo económico que caracteriza a Chile por sobre Latinoamérica (y que ha llegado el año 2012 a cerca del 6%), es importante matizar y, por lo tanto, tener presente ciertas cifras alarmantes que nos hablan del costo que ha implicado este ritmo de desarrollo. Según el reporte de la OCDE “Panorama de la sociedad ” del año 2011, Chile posee un coeficiente de Gini de 0,50 , encontrándose según la OCDE y respecto a la desigualdad de ingresos, al nivel de países como Brasil, Zambia y México. Cabe señalar que la media de los países que componen la organización se encuentra en los 0,31. Si complementamos estas cifras con las entregadas, en Chile, por la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (en adelante CASEN) el año 2010, donde se señala que “el 10% más rico incrementó en un 9,1% sus ingresos, bordeando los 3 millones de pesos en promedio, mientras que el 10% más pobre redujo su ingreso en un 26%, alcanzando cerca de los $63.000” y especialmente considerando que según la misma fuente, existe un incremento de un 13% a un 15% en la pobreza global del país, nos permite visualizar de forma general los costos del desarrollo del país. Estos costos aumentan de forma clara cuando el foco de análisis se concentra a un nivel local. Es en este nivel de “microanálisis” donde las desigualdades se disparan, especialmente cuando hablamos de regiones y/o comunas que se ubican, paradojalmente en un mismo país y que parecen tan divergentes.

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Si recurrimos, por ejemplo, al índice de competitividad (2007) en las comunas de la Región Metropolitana, se distingue claramente en su interior entre aquellas comunas que están mejores posicionadas: Vitacura, Las Condes y Providencia- con niveles de alta competividad, en promedio 76 puntos-, siendo estas comunas las que concentran los mejores ingresos, mejores resultadas SIMCE y PSU, a diferencia, por ejemplo, de Puente Alto que se presenta con una competitividad media alta (53 puntos), El Bosque con una Competitividad media baja (44 puntos) y finalmente La Pintana con una competitividad baja (38 puntos), siendo casi una de las últimas comunas de Santiago. La Pintana representa un conjunto de comunas que “concentran las externalidades negativas de la región”, es decir, territorios donde se agrupan: bajos ingresos, altos niveles de estigmatización social, con resultados municipales de PSU inferiores a las comunas de mejor competitividad ya mencionadas. Estas cifras nos desafían a que si queremos entender que la desigualdad y la pobreza resultan fenómenos sustantivos en los contextos locales en que pretendemos llevar adelante investigaciones, consultorías y/o intervenciones, puesto que ningún análisis que pretenda aportar elementos en esta dirección, puede obviar las consecuencias de estas tendencias microeconómicas de las localidades. En síntesis, podemos señalar que las esferas económica, política y social se muestran, en los territorios, inextricablemente relacionadas. Estas vinculaciones y sus influencias mutuas han obligado a las agencias y Estados a evitar consideraciones puramente economicistas o puramente políticas para abordar la desigualdad en función de la díada crecimiento económico v/s desarrollo social. Es así como Klinsberg señala que:

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“Hay en curso, en ese marco, una reevaluación integral de las relaciones entre crecimiento económico y desarrollo social. En la visión convencional se suponía que, alcanzando tasas significativas de crecimiento económico, el mismo se “derramaría” hacia los sectores más desfavorecidos y los sacaría de la pobreza. El crecimiento sería, al mismo tiempo, desarrollo económico y desarrollo social. Las expectativas concretas han indicado que las relaciones entre desarrollo económico y desarrollo social son de carácter mucho más complejo. (Klinsberg, 2000:6)

Hoy resulta imposible inclinarse por el crecimiento económico “o” el desarrollo social. Las cosas, actualmente, resultan mucho más complejas y no se dejan reducir a opuestos. En este sentido los conceptos que permiten capturar las lógicas paradojales en que se deslizan las económicas y sus impactos en los contextos de pobreza resultan claves a la hora de mensurar impactos e impulsar intervenciones sustentables.

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CAPITALES, ACTIVOS Y CIRCUITOS ECONÓMICOS LOCALES Uno de los aspectos más destacados que nos dejó el debate de los años noventa en torno a las relaciones entre crecimiento económico y desarrollo social fue, al decir de Kliksberg: “la apelación cada vez más generalizada a superar los enfoques reduccionistas y buscar, para captar la complejidad, perspectivas integradoras de variables múltiples” (Kliksberg, 2000: 03). Si bien la pregunta acerca de cómo avanzar en la conformación de respuestas a estas interrogantes no ha logrado ser respondida, hoy es posible visualizar nuevos enfoques conceptuales que han retomado las relaciones e interdependencias entre Estado, sociedad y empresas, con nuevos bríos. Es esta la situación del enfoque de focos potenciales de desarrollo, que contiene y articula los conceptos de capitales, activos, de la balanza de pagos y circuitos económicos locales. A continuación nos proponemos dar cuenta sucintamente de los elementos que dan forma a este enfoque. Hace cerca de 10 años el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) señalaba, al referirse a su estudio de Capital Social que: “Las personas pueden ser sujetos y beneficiarios del Desarrollo Humano cuando logran combinar esfuerzo individual y acción colectiva” y agregaba respecto a los sujetos y sus familias: “En Chile hoy existe una fuerte valoración de la responsabilidad. Las personas tienden a atribuir al esfuerzo personal una importancia mayor para su bienestar que aquélla que adjudican a las políticas del Estado o al azar”. (PNUD, 2000: 108).”

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La acción colectiva a la que aludía el informe implicaba la interacción de, al menos, tres actores potenciales de desarrollo:

• El Estado y sus políticas públicas, • El sector privado, las empresas y ONGs y, • Las familias y las comunidades en que estás viven.

Si bien podemos identificar las singularidades de cada uno de estos actores en un momento determinado, no deja de ser fundamental preguntarnos: ¿qué une a estos tres actores? Y, en segundo lugar: ¿de qué manera cada uno de ellos se torna un facilitador en la consecución de los objetivos del otro?. Pensar actualmente el sector público como aislado del privado o a las comunidades como aliadas obvias del Estado y del mundo empresarial, constituye una mirada limitante. Hoy la práctica del management estatal y la integración de criterios de eficacia y eficiencia en la gestión pública constituyen indicadores claros que el Estado se ha tornado muy poroso y sensible a la inserción de los privados en el mundo de lo social y, por otro lado, esto ha impuesto el que hoy las soluciones propuestas a problemas públicos pueden provenir del sector privado y también de las propias comunidades.

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CAPITALES Si bien existen múltiples definiciones acerca de lo que se puede entender por capital, todas y cada una de ellas confluyen en un cierto consenso y uso general del término, podríamos abarcar como: “Cualquier forma de riqueza material usada o disponible para uso en la producción de más riqueza; los activos (asset) que quedan de un negocio o persona después que todas las responsabilidades (compromisos del negocio) han sido deducidas”. (Halpern, 2005:28). Si bien, a simple vista puede parecer restringido, el concepto de capital ha sido tomado por filósofos y sociólogos y educadores para desarrollar sistemas y métodos de análisis del comportamiento humano. Es así que es posible encontrar diversos autores que han contribuido a ampliar o criticar la definición del concepto de capital en lo social, -desde Pierre Bourdieu, pasando por James Coleman, Robert Putnam y Francis Fukuyama- es plausible señalar que existen diversas tradiciones para definir capital de carácter social, pese a ello, no se cuenta con definiciones unívocas a este respecto, sin embargo, también es posible señalar que existen congruencias y similitudes que permiten identificar zonas de acuerdo. La siguiente tabla grafica las diversas formas de capital social distinguibles y sus definiciones a partir de la cual se estructuran los debates entre los autores.

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TIPO

CAPITAL (USO GENERAL)

CAPITAL FINANCIERO CAPITAL FISICO

1)Cualquier forma de riqueza material usada o disponible para uso en la producción de más riqueza; 2) los activos (asset) que quedan de un negocio o persona después que todas las responsabilidades (compromisos del negocio) han sido deducidas; 3) cualquier activo ventaja proveniente del latin “capitalis” (la cabeza, jefe, importante). Dinero y activos en papel por ejemplo una suma de dinero en un banco. Este no produce directamente bienes y servicios aunque este puede ser usado para comprar factores de producción con los cuales se puede producir bienes y servicios.

CAPITAL HUMANO

El conjunto de bienes producidos que contribuye a la producción de otros bienes y servicios por ejemplo maquinaria, equipamiento y edificios (locales) usados para la producción.

CAPITAL SOCIAL

El conjunto de expertiz acumulada por un trabajador el know how (saber cómo hacer algo) por ejemplo el training profesional. Este es valorado por su potencial retorno en dinero para el futuro (tasa de retorno).

OTROS ACTIVOS TANGIBLES

Redes sociales y normas y sanciones que dirigen su carácter (redes). Es valorado por su potencial para facilitar

Según el modelo que venimos desarrollando cada uno de los activos responde a un tipo de capital social.

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Vale mencionar que podemos encontrar la existencia de diversas nociones de capitales propuestos por otros autores, pero según nuestra experiencia como fundación nos hemos centrado en el desarrollo de 4 capitales claves a potenciar:

1) Capital humano: entendido como el desarrollo de más y mejores capacidades para que quienes viven en contextos de pobreza, en tanto generadores de transacciones de oferta y demanda en el mercado laboral, compitan por oportunidades de desarrollo en el contexto global en el que están insertos. 2) Capital físico: entendido como los activos relacionados a la infraestructura física de los contextos de pobreza, la cantidad y calidad de bienes públicos, la valoración del suelo y la plusvalía de la vivienda, entre otros elementos. 3) Capital económico: entendido como los activos físicos y capacidad de transaccionar en el mercado en condiciones de simetría, para la negociación de precios, el acceso a mercados y simetría en la relación de las empresas en un contexto de pobreza y en sintonía con la económica regional y nacional en las que están insertos. 4) Capital social: entendido por una parte como las relaciones entre las personas que viven en un contexto de pobreza en función de organizarse y desarrollar proyectos propios que les permitan protagonizar el proceso de transformación del contexto, como también el fortalecimiento de la capacidad de generar transacciones -sociales, económicas, culturales- con los actores que influyen en el entorno que no son del mismo, como, por ejemplo, los distintos organismos del estado, las empresas privadas y las organizaciones de la sociedad civil, etc.

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5) Capital cultural: entendido como el contenido de las interacciones de la vida cotidiana, es decir, los criterios y disposiciones (el gusto como límite de nuestras preferencias, nuestras actitudes, ideas) desde el que se generan las prácticas y el sistema de enclasamiento de esas prácticas (Bourdieu, 2007:169). Profesionales de diversas disciplinas han llevado adelante investigaciones acerca del concepto de capital social, entre ellos, Pierre Bourdieu. Antes de continuar con los circuitos locales de desarrollo, se hace preciso profundizar en el capital económico y preparar una lectura del territorio iluminada por la economía de escala.

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BALANZA COMERCIAL Cada vez que intentamos explicar la conducta de los seres humanos, se hace preciso contar con principios organizadores, es decir, conceptos y reglas que permitan describir la conducta de ellos. Las diversas perspectivas microeconómicas hablan del principio de optimización y de equilibrio. Describiremos ambos principios puesto que resultarán claves a la hora de plantear un modelo económico para leer los barrios. • Principio de la optimización: las personas tratan de elegir las mejores pautas de consumo que están a su alcance. • Principio del equilibrio: los precios se ajustan hasta que la cantidad que demandan las personas de una cosa es igual a la que se ofrece. Se habla de balanza comercial para denominar una cuenta que registra todas las transacciones (importaciones y exportaciones) de un país durante un periodo determinado de tiempo. Se denomina saldo de la balanza de pagos a la diferencia entre exportaciones e importaciones, es decir, a la diferencia entre los bienes, servicios y capital financiero que un país vende al exterior y los que compra a otros. Los saldos se dividen en: Saldo positivo: ocurre cuando el valor de las importaciones es inferior al de las exportaciones. Esta situación se denomina superávit comercial. Saldo negativo: ocurre cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las importaciones. Esta situación se denomina déficit comercial.

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Observar la balanza comercial en pequeños entornos (barrios) permite analizar aquellas condiciones en las que procurar que la economía local (situadas en un contexto de pobreza), pueda contar con condiciones de simetría y capacidad de negociación con las economías regionales y nacionales donde se encuentra inserta. Pensar un modelo de análisis microeconómico centrado en la balanza comercial local-barrial, implica mejorar la capacidad del contexto empobrecido de generar más y mejores transacciones con los contextos de desarrollo vecinos y/o contiguos y, por lo tanto, impulsar el desarrollo local a partir de circuitos de inclusión económica potenciado por otros tipos de capital (físico, social, humano). Considerando este punto es que no nos enfocaremos en la manera de potenciar el desarrollo económico para que se generen transacciones dentro del circuito local, sino más bien en las relaciones entre el circuito local con el contexto mayor, pensando en un modelo donde las exportaciones e importaciones de una económica empobrecida a nivel local tienen que ser positivas en términos de balanza comercial. Cabe señalar respecto a las localidades que su inclusión al sistema económico en general no es nueva: “Hace mucho tiempo que los sectores de bajos ingresos (SBI) participan en el comercio, pero usualmente lo hacen desde un contexto tecnológico y organizacional de oportunidades limitadas y múltiples obstáculos, incluso de explotación. De hecho, con frecuencia los pobres pagan precios más altos que otros sectores por bienes y servicios similares, en lo que se ha dado en llamar la “multa a la pobreza” (Márquez, Reficco y Berger, 201O:3).

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En este punto resulta crucial pensar en los circuitos económicos como expresión de relaciones que van más allá de lo económico: “Las personas, las familias, los grupos, son capital social y cultural por esencia. Son portadores de actitudes de cooperación, valores, tradiciones, visiones de la realidad, que son su identidad misma. Si ello es ignorado, salteado, deteriorado, se inutilizarán importantes capacidades aplicables al desarrollo, y se desatarán poderosas resistencias. Si, por el contrario, se reconoce, explora, valora, y potencia su aporte, puede ser muy relevante y propiciar círculos virtuosos con las otras dimensiones del desarrollo” (Kliksberrg, 2000: 8)

Vista así, la localidad se abre al análisis como expresión de recurso y activos capaces de ser potenciados a través de la acción concertada de diversos actores. Antes de abordar el cómo, vamos a los activos.

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ACTIVOS Habitualmente se define como activo a los bienes que generan un flujo de servicios a lo largo del tiempo. Los análisis microeconómicos señalan que: “Estos flujos pueden ser de consumo, como la vivienda, o de dinero, que pueden utilizarse, a su vez, para comprar consumo. Los activos que dan lugar a flujos de dinero se llaman activos financieros” (Varian, 1988: 229-230). El principio que relaciona las tasas de rendimiento de los activos señala que: “Si no hay incertidumbre sobre los pagos que generan los activos, todos tienen la misma tasa de rendimiento, pero si un activo tuviera una tasa de rendimiento más alta que otro y ambos fueran idénticos en todo lo demás, nadie querría comprar el activo que tuviera la tasa de rendimiento más baja” (Ibid) El desarrollo de los Activos, constituye una forma de mirar la localidad que busca identificar aquellos elementos dispuestos en el contexto de pobreza y que existen como recursos que pueden ser potenciables. La idea es no trabajar sólo desde las carencias y necesidades de la comunidad (cosa bastante habitual, especialmente desde las policy), sino visualizar a la comunidad como un actor válido y protagonista de superación. Se parte, por lo tanto, desde la premisa que ella cuenta con diversos Activos que permiten aportar al desarrollo de la misma.

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En síntesis, un enfoque de observación de Activos es el paso posterior a la idea de reconocer teóricamente las capacidades de quienes viven en contextos de pobreza, ya que se busca promover aquellos elementos que les permitan transformarse desde un contexto de pobreza a un foco potencial de desarrollo.

Políticas públicas asistenciales centradas en necesidades MENOS

Vivir en un contexto de vulnerabilidad social, al margen del sistema, aumento riesgos, depreciación capitales

Contaminación de la fuente de ganancia para las empresas instaladas;

VARIABLE ASOCIADAS AL PASO DE UN CONTEXTO DE POBREZA A UN FPD

La imagen anterior (ilustración) grafica las relaciones entre los diversos incumbentes en un contexto empobrecido: la menor gobernabilidad se ve potenciada con la menor rentabilidad obtenida por la empresa. Ambos elementos aumentan el nivel de pobreza general en el contexto.

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Los elementos que nos permiten explicar las diversas expresiones de la situación financiera de los contextos de pobreza son: los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Estos elementos se definen como sigue: • Activo: corresponde a un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. • Pasivo: corresponde a una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. • Patrimonio neto: corresponde a la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. Ninguna de estas definiciones identifican totalmente las especificidades que pueden adoptar activos, pasivos y patrimonio neto en los circuitos económicos locales, pero al menos pretenden especificar las condiciones a cumplir para que tales elementos se reconozcan en los balances. El enfoque de capitales centrado en activos se propone aunar los intereses de tres incumbentes: el Estado, las comunidades y las empresas. La dimensión conceptual propuesta busca responder a la convergencia de tres elementos claves:

• Las políticas de las empresas, • Instrumentos de política pública y políticas sectoriales , y • Las capacidades de quienes habitan en los territorios.

En este sentido, un modelo de desarrollo económico local pone énfasis en la articulación de esfuerzos, requiere el desarrollo de un modelo procedimental, que pueda establecer pasos y estándares para el desarrollo de acciones que permitan una relación ganar/ganar entre los distintos actores.

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CIRCUITOS ECONÓMICOS LOCALES Si bien el desarrollo económico es pensado, por lo general, desde niveles globales, no deja de ser evidente que las comunas y villas llevan adelante actividades económicas consistentes que, en cierta medida, impulsan y dan consistencia a los grandes marcos macroeconómicos. En este sentido una comuna (o barrio) puede ser pensada, no sin lógica, como un pequeño país. Esto supone analizar las relaciones económicas de este país en base a las herramientas económicas como, por ejemplo, el PIB, el endeudamiento externo y la balanza de pago para impulsar micro medidas económicas capaces de aumentar crecimiento económico local (disminuyendo en endeudamiento, aumentando las exportaciones e impulsando el empleo, por ejemplo) y a la vez impulsar una distribución justa del ingreso. El desarrollo de una economía de escala requiere considerar dos importantes elementos:

• La necesidad de impulsar acciones diferenciadas en los sectores y

• La necesidad de articular a los actores locales de desarrollo en función de las localidades, Cabe señalar que para abordar esta perspectiva de desarrollo es preciso contar con información cualitativa que sustente la toma de estas decisiones e información cualitativa capaz de responder a un barrio complejo en el que el barrio: “el locus donde tienen lugar los encuentros, interacciones y relaciones sociales locales”, cuyos atributos están definidos por las características de la vida pública local” (Saraví, 2004:35).

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El autor agrega que el barrio se compone de elementos físicos que lo corporizan: la esquina, el barrio, La feria, el almacén y un segundo componente, el clima social que: modifica las relaciones sociales, las que a su vez tienen la capacidad de afectar las características del barrio y que, casi por transitividad, son capaces de configurar al clima social, conformando así un círculo de posibilidades de co-modificaciones e implicaciones mutuas. En este sentido el clima social predominante que predomina en el barrio moldea las relaciones sociales que se despliegan en él. Es así como se construyen relaciones: “de seguridad o inseguridad, violencia o amistad, reconocimiento mutuo o indiferencia”. Ambos factores producen lo que podríamos denominar dialéctica entre clima y características del barrio (la forma en que es este último percibido por los extraños y por los residentes). Las acciones e iniciativas concertadas para activar focos potenciales de desarrollo (FPD) configuran lo que diversos autores han venido denominando: “geografías de oportunidades” en los sectores. Si bien es posible entender una oportunidad como la capacidad de un actor (empresa, política pública u otro), para a través de la identificación de un FPD, fidelizar a los clientes a través de acciones de “gestión de bienestar” en los sectores, es decir, la potencialidad que posee para deslocalizar activos de las áreas internas hacia sectores de la ciudad que van volviéndose poco a poco más atractivos como potenciales mercados y evitar riesgos en fuentes de ganancia.

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En este sentido Sabatini señala: “Cuando hay “bolsones” de pequeñas áreas populares socialmente homogéneas en áreas más grandes de mayor condición social (áreas centrales de Santiago, áreas consolidadas en torno a los ejes de accesibilidad y el cono de alta renta), entonces la segregación espacial de los hogares populares (su aglomeración) les ayuda a mejorar sus oportunidades de empleo. La conjetura sería que en esos barrios populares segregados a baja escala, la proximidad física entre hogares populares facilita la circulación de información sobre oportunida¬des laborales”. (Sabatini, et al. 2010: 39) Considerando la importancia del desarrollo local y el desarrollo de los activos de las mismas localidades, es necesario tener presente que cuando se piensa en desarrollo económico habitualmente se cometen los siguientes errores: 1. Se piensa el desarrollo desde la homogeneidad, es decir, desde políticas sectoriales totales, que “bajan” a los territorios locales a ser implementadas, produciendo resultados generales, 2. Se piensan desde lógicas convencionales, es decir, desde ciencias (económicas, sociales y biológicas), cuyo objeto de intervención es estándar y estático, y 3. Son pensadas como posibilidades de cambios “esenciales” en la forma de pensar de los usuarios. Estas distintas formas de pensar el desarrollo coinciden en un punto: todas ellas niegan el estatuto de la heterogeneidad de lo local y, por lo tanto, terminan sobredimensionando la homogeneidad del objeto de estudio e intervención. Estas lógicas responden a formas de ver lo social-local subcomplejas (Mascareño, 2011) y que, por lo mismo, confunden mapa y territorio.

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Estas lógicas esencialistas se traducen en la aplicación de programas de desarrollo local e involucramiento con la comunidad altamente estandarizados, en que los sujetos no tienen participación sustantiva en ellos, sino que se les imponen modelos de desarrollo “a pesar de ellos mismos” y bajo una mirada “top-down”. Si consideramos que el mapa está dado por la dimensión conceptual (la lógica científica del estudio y la producción de intervenciones concretas y mensurables) y el territorio por la unidad de estudio e intervención, tendremos que es en los circuitos económicos locales (comunales) donde se concentra la posibilidad de ensamblar observación ajustada técnicamente e intervención con impactos mensurables. La articulación de mapa y territorio emerge ahí donde se hace posible hacer coincidir investigación e intervención. De ahí surge la importancia de estudiar circuitos económicos locales a fin de apuntar a diferenciar las políticas de desarrollo según:

• Las necesidades de los habitantes de la localidad,

• Las características de las localidades, es decir, sus redes productivas u oferta de servicios internas y elementos de política local y/o nacional que favorezcan su dinámica económica futura Y • El nivel de complejidad social, puesto que no es lo mismo implementar políticas en comunas que concentran las externalidades negativas del desarrollo (como las comunas periféricas) que hacerlo en aquellas que concentran las positivas (como Las Condes) (Matus, 2007).

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Lo que se busca a través de esta propuesta es superponer mapa, es decir, una dimensión conceptual consistente y compleja, con el territorio, es decir, con las comunas y Villas con sus particularidades y opciones propias de desarrollo local surgidas desde sus activos. El enfoque de Foco Potencial de Desarrollo:

• Busca crear valor mediante el conocimiento del cliente.

• Buscan desarrollar habilidades de interpretación de las fuentes de información del cliente. • Buscan generar oportunidades de negocio a partir de la interpretación de la información del cliente.

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BIBLIOGRAFÍA 1. CEPAL (2010) Panorama Social de América Latina. 2. CEPAL (2011) Panorama Social de América Latina. 3. Encuesta de Caracterización Socioeconómica CASEN 2009. 4. Gatica, Francisco (2008) Redes y oportunidades de desarrollo. El caso de circuitos económicos en el secano interior de la Región del BíoBío. CEUR. Concepción. Chile. 5. Garretón, Manuel Antonio y Cumsille 2000 Las percepciones de la desigualdad en Chile. Disponible en: http://www.sitiosur.cl/ publicacionescatalogodetalle.php?PID=3331&doc=N&lib=N&rev =N&art=Y&doc1=N&vid=N&autor=&coleccion=&tipo=ALL&nuni co=15000034 6. Halpern, David (2005) Social Capital Polity Press UK. 7. Kliksberg Bernardo. (2000) Capital social y cultura. Claves olvidadas del desarrollo. BID 8. Luhmann, N (2007) Sociedad de la sociedad Herder México. 9. Márquez, Patricia; Reficco, Ezequiel y Berger; Gabriel. En Negocios inclusivos. Iniciativas de mercado con los pobres de Iberoamérica. Patricia Márquez, Ezequiel Reficco y Gabriel Berger Editores. BID 2010

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10. Matus, Teresa (2009) La Reforma Municipal en la Mira. Identificando los municipios prioritarios en la Región Metropolitana: Complejidad comunal versus condiciones para la calidad de la gestión municipal. Expansiva. Santiago de Chile 11. Páez, Ricardo (2008) Midiendo la Desigualdad de Oportunidades en América Latina y el Caribe. Banco Mundial. Santiago Chile. 12. PNUD (2000) Desarrollo Humano en Chile. Más sociedad para gobernar el futuro. Santiago. 13. Varian, H. R. (1988). Microeconomía intermedia. Barcelona, España: Antoni Bosch.

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Equipo editorial de Apuntes de Tecnología Social: Paulina Miranda, Marcela Robles, Ángel Marroquín, Rodrigo Aguayo y Sebastián Cantuarias. Diseño gráfico: Carolina Sánchez, Stephanie Salas y Camilo Barriga. Fecha de publicación: Octubre de 2013. Se prohíbe expresamente la reproducción o copia total o parcial de los contenidos de este documento sin el expreso consentimiento de Proyecto Propio.

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INTRODUCCIÓN Los programas de emprendimiento social han recurrido a diversas estrategias para la superación de la pobreza. El principal impulso ha sido tomado, desde los años noventa por el Estado, a través de los denominados programas de emprendimiento asociados a mecanismos de trasferencia condicionada y a enfoques comunitarios; esto ha encerrado una serie de desafíos metodológicos respecto a superar lógicas asistenciales, que logren dar sustentabilidad y empoderamiento a las iniciativas. El presente artículo, centrado en el concepto de procedimentalidad, se propone analizar dos programas de financiamiento para encontrar brechas en que sea posible que los grupos y comunidades busquen y aporten soluciones por sí mismas, aumentando con esto el impacto del programa y la rentabilidad de las intervenciones sociales en su globalidad.

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EMPRENDIMIENTO SOCIAL COMO FORMA DE COMBATE CONTRA LA POBREZA Diversos estudios internacionales han demostrado que los emprendimientos sociales contribuyen significativamente al desarrollo económico global de los países (1), a la vez que logran aportar a la construcción de ciudadanía al resultar expresión de la sociedad civil contra las repercusiones de crisis económicas (2). Si bien el financiamiento de los emprendimientos sociales en Chile ha recaído tradicionalmente en el Estado, son crecientemente las empresas privadas, especialmente aquellas que cuentan con políticas de RSE y de involucramiento con la comunidad, las impulsoras más activas de esta clase de programas. Es así como el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), en su informe 2009, señalaba que: “Los propios datos del GEM han demostrado que aquellos países de mayor desarrollo económico exhiben niveles o tasas de emprendimiento por oportunidad mayores que los de menor desarrollo (incluso hasta negativo). Adicionalmente el tipo de emprendimiento podría tener efectos distintos en la tasa de crecimiento económico y de innovación, este sería el caso de negocios de alto potencial de crecimiento y el emprendimiento por oportunidad, los cuales tienen efectos en el mejoramiento de la difusión de conocimientos y el crecimiento económico” (Sternbergn y Wennekers, 2005).

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El enfoque, desarrollado por el GEM, centrado en el rol desempeñado por diferentes individuos en el “proceso emprendedor”, ha llevado a este centro a enfatizar el estudio sobre las características de las personas respecto a la gestación de un negocio. Este enfoque permite destacar el aporte realizado por los emprendedores a la productividad global del país, pero también releva los entornos en que se despliegan estas oportunidades de emprendimiento. ¿Es posible contribuir a la producción de oportunidades en los contextos de emprendimiento? “La existencia de diseños institucionales adecuados permiten la aplicación de políticas públicas de manera eficiente, potenciando o posibilitando el éxito de distintas formas de emprendimiento”. Las políticas de emprendimiento social impulsadas desde el Estado han venido respondiendo crecientemente a lógicas de trasferencias condicionadas (PTC) (3). Tanto los defensores como los críticos de los PTC coinciden en que estos forman parte de una generación de programas sociales que pretenden actuar en dos dimensiones: A) en el presente, a través del alivio de la pobreza de consumo y de la mejora de la distribución de recursos públicos en sectores clave como salud y educación; y B) en el futuro, promoviendo la acumulación de capital humano entre los más pobres con el fin de quebrar la transmisión intergeneracional de la pobreza y de la exclusión. Otra característica de los PTC es el uso del principio de la co-responsabilidad para regular la entrega de la transferencia de dinero a las familias: si las familias cumplen las condicionalidades establecidas por los PTC pueden continuar participando en el programa. De esta manera, se busca generar un sistema de obligación y de reciprocidad entre los gobiernos y los beneficiarios” (4).

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Es así como la mayor parte de la oferta disponible a través de FOSIS (5) hoy se concentra en el aumento de los ingresos en familias y comunidades pobres, así como su inclusión en el mercado económico. Actualmente es posible identificar los siguientes programas de emprendimiento sociales intermediados por este organismo:

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO PROGRAMA YO EMPRENDO

PROGRAMA YO EMPRENDO SEMILLA

PÚBLICO

Orientado a apoyar ideas de negocio en desarrollo de actividades económicas. Tiene como fin aumentar los ingresos de los usuarios, potenciando sus capacidades y mejorando la gestión de tu negocio. Orientado a apoyar ideas de negocio para generar ingresos, el apoyo consiste en la implementación de un plan de negocios y su financiamiento.

PROGRAMA DE ACCESO AL CRÉDITO Orientado a favorecer el acceso a

PROGRAMA YO EMPRENDO EN COMUNIDAD

servicios financieros a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o condición de pobreza. Por medio de un subsidio a los costos operacionales, se incentiva a instituciones de micro finanzas para que atiendan a los sectores más vulnerables de la población. De esta manera -y en colaboración con fundaciones, cooperativas, sociedades financieras y bancos, que evalúan la entrega de microcréditos a microempresarios-, se busca facilitar el acceso a financiamiento a emprendedores, que usualmente no califican para créditos tradicionales.

Ilustración 2: Elaboración propia en función de información disponible en Orientado a grupos organizados u organizaciones, se busca apoyarlas www.fosis.cl para que impulsen proyectos en sus comunidades (ideas de negocio o

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Más allá de las especificidades y limitaciones político administrativas con que cuenta el Estado o los privados al desarrollar sus emprendimientos sociales, uno de los aspectos cualitativos gravitantes que los diferencia está dado por la estructura del financiamiento y los presupuestos tras las asignaciones. Si consideramos que el financiamiento es el proceso que permite administrar (en el sentido del management) el emprendimiento y que el horizonte de éste es impulsar trayectorias de inclusión y superación de la pobreza (6), entonces resulta clave la manera en que las estructuras de financiamiento logran capturar los recursos disponibles de los propios interesados, a la vez que capturan claves de sustentabilidad para el emprendimiento en el mediano y el largo plazo. Evidentemente nos referimos a la asignación de presupuestos al agente que financiará los emprendimientos, es decir, al proveedor primario de servicios financieros. Otro foco de creciente interés por parte de los Estados y los privados, es la orientación de los financiamientos. Se ha observado que aquellos emprendimientos enfocados a grupos y comunidades sólidamente estructuradas, poseen una mayor proyección o tasa de sustentabilidad que aquellos llevados adelante en forma individual-familiar y en comunidades de menor densidad asociativa. Las diferencias en la forma de llevar adelante los emprendimientos y más inciden en la producción de impactos sociales están dadas por aquello que, en su informe para Chile del año 2009, el PNUD llamó: “la manera de hacer las cosas” (7). Y es que resulta gravitante la innovación no sólo en la manera de ofertar los servicios sino que en una visión fresca del negocio y el acceso y coordinación con el cliente. Una de las “maneras” que permite abordar la cuestión de la coordinación es centrarnos en la oferta de los servicios.

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PROVEEDOR, CLIENTE Y PROCEDIMENTALIDAD Una de las formas más habituales entender la relación entre lo que denominamos interventor e intervenido, se encuentra anclada a una “forma de ver” prescriptiva, de control, donde es posible llagar a otro y cambiar su conducta a través de la persuasión o la coerción. Estas formas de comprender la acción con o sobre otros han tenido como característica el que no han logrado reconocer a los “intervenidos” la posibilidad de opción. Desde una lógica procedimental resulta imposible interferir un sistema directamente, en este sentido, este tipo de modo de ver plantea como criterio de eficiencia para la intervención la autorregulación del propio sistema, es decir, se plantea entonces la posibilidad de cambio en el sistema mismo y no en algo así como un interventor omnisciente capaz de cambiar la conducta de otro por medio del control o la persuasión. Dada la imposibilidad de “interferir directamente” al cliente, se hace posible entender la intervención social como una oferta de autorregulación que se le hace al sistema para que este “cambie por sí mismo” de acuerdo a la oferta mostrada. Al respecto Madrigal señala: “intervención es sólo una oferta que apunta a acoplarse al sistema para que este reduzca complejidad del entorno, oferta que puede aceptar o no, lo que se establece como un principio de la intervención social en sociedades modernas” (8).

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Esta forma de entender la oferta de servicios (9): i. Introduce variedad desde la oferta puesto que al negar lo existente como lo único posible, obliga a no pensar solamente desde el mismo y único lugar, sino que sorprende, innova, haciendo sinergia con otras dimensiones de la intervención y los recursos de otros stakeholder. ii. Involucra al cliente (10), puesto que se trata de elecciones realizadas por el cliente y al resultar de un proceso de autoobservación desde él, lo procedimental se encuentra sujeto al cálculo de rentabilidad (11). iii. Implica comunicación con el cliente, puesto que se trata de una oferta, el canal y los mecanismos que permitan llegar al cliente resultan de una comunicación con éste. En este proceso Alter puede, en cualquier momento, decidir no continuar y rechazar la comunicación, sin embargo, este proceso se establece por medio de contenidos que “tengan sentido” para el sistema intervenido. iv. Comporta una pedagogía ya que requiere considerar la adhesión reflexiva del sujeto a la oferta propuesta por la intervención. Y es que si es requisito el pensar contingentemente la oferta en base a decisiones que hacen los actores, la procedimentalidad considera mecanismos de trasferencia capaces de incluir las distinciones necesarias (en el lenguaje del sistema nativo) para que los clientes hagan la experiencia de la variedad y a la vez escalonen aprendizajes. En otras palabras se espera que los clientes aprendan a usar la intervención, la oferta. En esta reflexividad radica la especificidad de una oferta adaptada (12) y con una performance eficiente. v. La oferta se brinda en un cruce con el otro, ya que el carácter intermediado de la producción de variedad que introduce lo procedimental comporta un campo de comunicación y, sobre todo, de coordinación. Al evitar lo prescriptivo (tú debes) el cruce con el cliente responde a una lógica idiomática (hablar en su idioma) y el los mecanismos de coordinación dispuestos en la oferta.

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vi. Es potencial, puesto que se propone contar con “lo que aún no existe”. Por ejemplo, la movilidad social entendida como oferta (chance) del programa. En este sentido no basta con prometer movilidad sino que es necesario transferirla como posibilidad, actualizarla, enseñar cómo se “comienza” a caminar hacia ella. Tomar esto en cuenta quiere decir que el éxito es procesamiento de la frustración, por cuanto “celebrar” la “pérdida” quiere decir celebrar que vamos camino hacia lo distinto. vii. Es crítica, el giro ético responde a la posibilidad cierta de que todo lo anterior se dé: en este sentido la procedimentalidad es crítica, puesto que permite comparar, identificar las habilidades que se busca y potenciarlas. Esto quiere decir que el actor se involucra en los procedimientos. En síntesis, el ángulo procedimental nos permite observar la oferta para mejorarla, es decir, pensar la oferta más allá de la propio oferta, permite captar lo que los stakeholder buscan y ponerlo lógicamente en contacto con el cliente. Lo procedimental busca producir experiencias, conjugando los intereses de interventor e intervenido. Interroga acerca de las formas de hacer, produciendo variedad, comparación. En este sentido lo ético está puesto como una oferta trasparente que no promete lo que no cumple. Centra su atención en el estudio de la oferta. Lo pedagógico en lo procedimental fija límites en la oferta. La procedimentalidad cuenta con una aguja econométrica que registra y estudia (sus) las ofertas rechazadas.

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TRANSFERENCIA Y LOGRO A fin de discutir estas respecto a un referente empírico que nos permita vislumbrar los alcances de la procedimentalidad “en acción”, nos proponemos comparar dos programas de emprendimientos sociales orientados a la comunidad y que tienen como orientación primordial, la superación de la pobreza: A) el programa Yo emprendo en comunidad, implementado por el Estado de Chile a través de FOSIS; y 2) el programa de Emprendimiento Social impulsado por Proyecto Propio, ambos evidentemente en función de 7 elementos definidos procedimentalmente. Nuestro afán no es comparar moralmente, ni tampoco elaborar un ranking, sino visibilizar las formas de “ver” la intervención social y la autonomía de los grupos y comunidades desde cada una de estas ofertas en función de las formas de coordinación. Pretendemos, por lo tanto, contribuir con esto, tanto al debate en torno a la procedimentalidad como al enriquecimiento de las “vías” para pensar el emprendimiento social en un horizonte de mejora continua.

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EMPRENDIMIENTOS SOCIALES DESDE EL ESTADO Trasferencia El programa de emprendimiento Yo Emprendo en Comunidad es una iniciativa del Estado de Chile, que se implementa a través de FOSIS (13) y que tiene como objetivo declarado: “Apoyar a organizaciones vulnerables cuyos miembros se encuentran en situación de vulnerabilidad, pobreza o extrema pobreza, en el desarrollo de una iniciativa de inversión productiva definida con el fin de mejorar el rendimiento y las utilidades de la organización y/o de sus miembros” (FOSIS, 2012). Este programa posee un monto tope de asignación por organización de $8.000.000, posee una duración esperada de 10 meses y oferta una inversión directa no inferior al 80% del monto total solicitado a (FOSIS) (14), los gastos de administración, no pueden ser superiores al 20% del monto total solicitado, considerando en este ítem los gastos que la organización debe incurrir por concepto de soporte administrativo a la implementación del proyecto.

Aporte de la organización o grupo Las bases técnicas de este programa contemplan que los grupos deben realizar un aporte propio sobre el aporte de la institución financista al proyecto. Este porcentaje del aporte llega a un 20% del total del monto solicitado y puede traducirse en dinero directamente y/o aportes de terceros (tales como un microcrédito, aporte de otras instituciones estatales o de privados) y debe hacerse efectivo al concretar la inversión asociada al proyecto.

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EMPRENDIMIENTOS SOCIALES EN LA FUNDACIÓN PROYECTO PROPIO Hacia la customización de la estructura del financiamiento El año 2004 Proyecto Propio comenzó a reconocer que ciertas condiciones de lo que se denominaba entonces “nueva pobreza urbana”; se tendía a concentrar en algunas áreas geográficas específicas en las ciudades, nacían los guetos urbanos producidos desde los años 90 por la política habitacional de superación del déficit habitacional (de este año data la construcción de algunas de las Villas que componen el sector de Bajos de Mena en Puente Alto). Proyecto Propio define su emprendimiento como: “Emprendimiento programa diseñado diseñadoy yejecutado ejecutado “EmprendimientoSocial Social es es un programa porpor Proyecto Propio, metodologíaorientada orientada al trabajo Proyecto Propio,que quedesarrolla desarrolla una metodología al trabajo concon comunidades empobrecidos,poniéndolas poniéndolas como comunidadesenen contextos contextos empobrecidos, como protagonistas programa se secentra centraenen realización protagonistasdel delproceso. proceso. El El programa la la realización de de proyectos, pensados,planificados, planificados, cuestionados proyectos,los loscuales cuales son son pensados, cuestionados y y ejecutados por la la propia afectadospor por el ejecutados por propiacomunidad, comunidad,logrando logrando que que los afectados problema sean los protagonistas de su transformación”. el problema sean los protagonistas de su transformación”. Una de estas iniciativas fue el programa de Emprendimiento Social (ES) que Proyecto Propio imprentó en diversos barrios de la Región Metropolitana. Este programa constituye una expresión de una práctica de investigación de las necesidades de la comunidad que logró articularla junto a interventores e investigadores alrededor de una iniciativa centrada en el desarrollo local y la superación de la pobreza. ¿La clave?: El co-financiamiento.

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Aporte de la organización o grupo Proyecto Propio financia los proyectos de manera diferenciada de acuerdo a las características de cada uno de ellos. En el caso de los grupos de vecinos que habitan viviendas sociales, éste corresponde a un mínimo de 30% y a un máximo de 70%, con un tope de $350.000 (15). Si bien estos presupuestos han estado sujetos al financiamiento global de los stakeholders, en el sentido que estos podían financiar una cantidad global de proyectos, el establecimiento de los parámetros de cada financiamiento autónomo ha quedado en poder de Proyecto Propio. Con esta forma diferenciada de financiamiento se busca rentabilizar al máximo el aporte entregado y que no haya sub o sobre inversión. En promedio, Proyecto Propio ha entregado el 50,9% de los recursos de los proyectos.

Estructuras de financiamiento Si bien es posible señalar que los emprendimientos pretenden alcanzar los mismos resultados, los caminos que adopten respecto al financiamiento, estará directamente vinculado al resultado que los participantes podrán alcanzar. En este sentido es posible identificar algunas de las diversas maneras que poseen las agencias financistas para distribuir el financiamiento a los emprendimientos y, por lo tanto, establecer estructuras de logro.

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Estructura del financiamiento fijo La estructura de financiamiento fijo mantiene rangos de actividad durante un periodo de tiempo puntual (lo que dura el financiamiento), partiendo de una inversión total que da pie a un número igual de actividad. El financiamiento es total, por lo tanto la oferta de financiamiento no se encuentra adaptada.

$ ACTIVIEstructura de financiamiento semi variable Estructura de costos semi variables contiene dos elementos clave; por una parte se inicia garantizando un piso de financiamiento mínimo y que no responde a la totalidad de la inversión. Por otra parte aumenta el financiamiento en la medida que aumenta la actividad. Esto último permite visualizar un horizonte de inversión distinto al que aporta la institución.

$ ACTIVI-

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Filtro Procedimental A continuación analizaremos, en función de los elementos que nos permiten observar procedimentalidad en las intervenciones sociales, los sistemas de financiamientos de emprendimientos sociales correspondientes a los programas Yo Emprendo (Estado) y el programa de Emprendimiento Social de Proyecto Propio (Fundación sin fines de lucro):

REQUISITOS INTRODUCCIÓN DE VARIEDAD EN LA OFERTA

MODELO COSTOS

Oferta fija para emprendedores.

Emprendedores elijen su oferta.

Los límites de los emprendimientos son los que impone la oferta.

Los emprendedores, tras autoobservarse deciden hasta dónde quieren llegar.

Comunicación formal (ciclo inicio, monitoreo y evaluación), se supone interés del emprendedor.

Comunicación permanente asociada a contingencia “no está dada la coordinación con el emprendedor”.

Sistemas de trasferencia formales y apegados a resultados.

Adhesión reflexiva del emprendedor a la oferta.

Carácter prescriptivo de la relación con el otro: “hacer lo que se debe”.

Implica la producción de coordinación entre quienes participan de la toma de decisiones.

Cuenta únicamente con los recursos iniciales (recursos) y no con los que surgen en el desarrollo del emprendimiento. La oferta se da de una vez y para siempre, no implica poner en tensión los fracasos de los emprendedores.

Cuenta con recursos potenciales de los emprendedores y que surgen en el trabajo. Al contar con los recursos de los emprendedores, entiende que el éxito implica frustración: contar con que las cosas pueden salir mal.

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Conclusiones y sugerencias técnicas ¿Es la procedimentalidad un valor en sí mismo?, ¿cuánto puede ayudar a mejorar los sistemas de financiamiento de los programas de emprendimiento social? ¿Cuánto aumenta la procedimental la rentabilidad global de los proyectos? ¿Cuánto mejora la calidad de los emprendimientos sociales cuando estos se llevan adelante en forma procedimental? Respecto a los programas de emprendimiento social orientados a combatir la pobreza a través del apoyo al impulso de grupos y organizaciones de emprendedores, tenemos que son dos al menos las grandes áreas de reflexión que se nos abren en función de lo que venimos señalando: • Trayectorias de inclusión social asociada a emprendimientos En este sentido, el emprendimiento social se asocia a cadenas de valor al interior de circuitos económicos locales, es decir, a las condiciones de bienestar que se espera acrecentar con el activo económico (y que se pueden traducir en la aspiración de movilidad social-geografía de oportunidad ) (Millán, 2010). • Adaptabilidad y modelamiento (adaptación) de la oferta de financiamiento de programas de emprendimiento La oferta pública de emprendimiento social, actualmente parece responder a una lógica estándar; frente a esto, los clientes se ven forzados a adaptarla a sus singularidades, modelándola (en el sentido de adaptarla) indirectamente. Este traspaso rígido de la oferta implica que los clientes se ven obligados a buscar mecanismos alternativos para rentabilizar su inversión (16). Estos márgenes en la oferta no permiten incluir los recursos de la comunidad en relación a la oferta.

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• Punto ciego: el emprendedor como autoobservador La oferta pública muestra una brecha respecto a la capacidad disponer de ofertas con la particularidad de considerar la posibilidad de “autoobservarse” de los emprendedores, restando con esto la posibilidad de establecer un horizonte de mejoras en los programas que emprenden. Esta brecha dificulta la promoción de reflexividad en los emprendedores a la vez que disminuye la posibilidad de “aprender” de la experiencia que oferta el programa. En este artículo nos propusimos desarrollar en función del concepto de procedimentalidad, la manera en que las estructuras presupuestarias asignadas a cada emprendimiento (estatal y privada) resultaron del esfuerzo de cada grupo por rentabilizar su inversión en función de financiamientos que dependían de lo que las familias lograran reunir (ahorrar) mediante diversas acciones. Queda ahora como tarea elaborar sistemas de medición que permitan mostrar los rendimientos económicos diferenciados entre ambas estructuras de financiamiento y los impactos que estas tienen en los emprendedores y el desenvolvimiento de sus negocios en el largo plazo.

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NOTAS (1) DOHERTY, B., FOSTER, G., MASON, C., & MEEHAN, J. (2009). Management for social enterprise. Sage.EEUU. 2009. (2) “Social enterprises have been increasingly heralded as a viable social development strategy to promote the employment opportunities of economically and socially vulnerable groups, notably the mentally handicapped and unemployed youth”. NGAN, R. (2011). Reducing Poverty and Creating Employment Through Social Enterprises: How Viable in Hong Kong. Social Development Issues; 2011, VOL.33 Issue 1 , 60-71. (3) Es así como Norma Correa señala que: “Aunque los PTC han sido influenciados por la racionalidad de las redes de protección social, también cuentan con características particulares que les otorgan identidad propia”. Correa, N. (2009). Programas de Transferencia Condicionada: aportes para el debate público. Economía y Sociedad , 71-77. (4) CORREA, N. Programas de Transferencia Condicionada: aportes para el debate público. Economía y Sociedad , 71-77. 2009. (5) Fondo De Inversión Social, encargado en Chile de promover el acceso de sectores pobres a programas de emprendimiento contra la pobreza. (6) PETAUTSCHNIG, Carla. Trayectorias diferenciadas de inlusion/exclusión de los publicos de la politica publica: Aportes conceptualesa la politrica publica desde el enfoque Luhmanniano. Tesis para optar al grado de Magíster en Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales PUC. 2012. (7) “En particular, se han vuelto más complejos la mayoría de los ámbitos sociales en los que se busque algún cambio de manera intencionada, lo que tiene como consecuencia que tanto los logros como las dificultades se explican hoy, mucho más que antes, por las relaciones y formas de coordinación concretas que establecen los actores en sus prácticas específicas”.PNUD,2009.

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(8) MADRIGAL, Johnana. Del control a la coordinación de la oferta: Propuesta para una intervención social funcionalista sistémica. Tesis para optar al grado de magister en Trabajo Social. Facultad de ciencias sociales Universidad católica. 2009 pag 57. (9) Estos 7 puntos han sido analizados y discutidos en las sesiones del núcleo de estudios en procedimentalidad, seminario convocado por Estudios Sociales de la Fundación Proyecto propio y la escuela de postgrado de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. (10) La imagen de la variedad introducida en la oferta (en los puntos 1 y 2) viene a invertir la relación entre complejidad de la demanda v/s calidad de la oferta: i) cuanto más aumenta la demanda de un servicio, la calidad es inferior y ii) cuanto más aumenta la oferta (en variedad), la demanda es más específica. En este sentido una oferta limitada, se torna mucho más acuciosa, en síntesis, se apunta a customizar la oferta del servicio. Este giro hacia la calidad permite demostrar que “hacerlo así” es eficiente, es mejor. (11) En este sentido la procedimentalidad implica un estudio sistemático de la oferta. Como en un equipo de alto rendimiento cuyos entrenadores viabilizan las mejores opciones y calculan el rendimiento del equipo pensando en la victoria. (12) La adaptación implica que los oferentes son capaces igualmente de asentir reflexivamente respecto a aquellos elementos que harán más probable la elección de la oferta por parte del cliente. (13) Fondo de Inversión Social: www.fosis.cl. (14) Los gastos asociados a este ítem se circunscriben a: 1) Materiales e insumos de trabajo (materiales de construcción, insumos para la producción, entre otros), 2) Trámites y certificados para la ejecución del proyecto, 3) Maquinarias y/o herramientas, 4) Fletes,5) Equipamiento e infraestructura, 6) Recursos humanos para la entrega de servicio directo a los usuarios, 7) Material didáctico o de difusión (FOSIS, 2012).

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(15) El porcentaje de financiamiento varía de acuerdo a: participación del grupo en las sesiones de las mesas de proyecto; formas que utilizan para recolectar dinero (cuota, desarrollo de actividades, etc.); justificación del proyecto y presentación del mismo; que sea un proyecto comunitario. (16) Cabe señalar que se ha adaptado la oferta especialmente cuando se ha orientado a la clase media (hoy el foco político-técnico parece encontrarse en este segmento), si bien los subsidios SAV parecen encontrarse en otra arista del problema, la adaptación a los requerimientos de los clientes parece fuera de discusión cuando la oferta se dirige a este segmento.

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BIBLIOGRAFÍA Chile, E. S. (2012). www.emprendimientosocialchile.cl. Recuperado el 3 de Julio de 2012, de Emprendimiento Social Chile: http://www. emprendimientosocialchile.cl/2012/04/ CORREA, N. (2009). Programas de Transferencia Condicionada: aportes para el debate público. Economía y Sociedad , 71-77. DOHERTY, B., FOSTER, G., MASON, C., & MEEHAN, J. (2009). Management for social enterprise. EEUU: Sage. FOSIS. (2012). FOSIS. Recuperado el 27 de Junio 2012 de 2012, de http://www.fosis.cl/index.php?option=com_content&view=article&id =123&Itemid=148 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – Universidad del Desarrollo. (2009). Condiciones del contexto para el emprendimiento en Chile: Un análisis de 5 años. Universidad del Desarrollo. Santiago de Chile. MADRIGAL, J. Del control a la coordinación de la oferta: Propuesta para una intervención social funcionalista sistémica. Tesis para optar al grado de magister en Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Católica. 2009. MATUS, T. (2003). La intervención social como gramática. Hacia una semántica propositiva del Trabajo Social frente a los desafíos de la globalización. Revista de Trabajo Social Pontificia Universidad Católica de Chile, 67-68. NGAN, R. (2011). Reducing Poverty and Creating Employment Through Social Enterprises: How Viable in Hong Kong. Social Development I Lo procedimental busca experimentar el mundo de una forma Otra. Issues; 2011, VOL.33 Issue 1 , 60-71.

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PETAUTSCHNIG, C. (2012). Trayectorias de inlusión/exclusión de usuarios de Política Pública. Revista de Trabajo Social , 70-75. 2012. PETAUTSCHNIG, C. Trayectorias diferenciadas de inlusion/exclusión de los publicos de la politica publica: Aportes conceptualesa la politrica publica desde el enfoque Luhmanniano. Tesis para optar al grado de Magíster en Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales PUC. 2012. PNUD. (2009). Informe 2009 La manera de hacer las cosas. Santiago: PNUD.

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Equipo editorial de Apuntes de Tecnología Social: Paulina Miranda, Marcela Robles, Ángel Marroquín, Rodrigo Aguayo y Sebastián Cantuarias. Diseño gráfico: Carolina Sánchez, Stephanie Salas y Camilo Barriga. Fecha de publicación: Noviembre de 2013. Se prohíbe expresamente la reproducción o copia total o parcial de los contenidos de este documento sin el expreso consentimiento de Proyecto Propio.

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ASPECTOS DE LA INTEGRACIÓN DE FERIAS LIBRES Y ALMACENES A SU COMUNIDAD En un Chile modernizado que busca el crecimiento constante, los pequeños puestos de comercio barrial, como lo son las ferias libres y almacenes de barrio, pasan a ser el lado anticuado del comercio. De ahí que muchos actores buscan con fuerza su modernización, desplegando acciones que se orientan, por ejemplo, a implementar la “feria modelo”. Paralelo a esto, surge el interés por recobrar espacios sociales de encuentro tradicional, puesto que el proceso de modernización ha implicado a la vez que desarrollo, situaciones de desarraigo y pérdida de identidad comunitaria que aparece como paradojas de la modernidad. Existe entonces un nudo crítico que urge resolver, y es que la modernización implica crecimiento y desarrollo para los que han podido subirse a su carro, espacialmente aquellos que se desempeñan a escala global, a la vez que ha excluido de sus beneficios a ciertos sectores de la población, como lo son los comerciantes de escala barrial. Modernizar, entonces, no sólo implica virtuosidad. Por ello, tener este concepto como clave de entrada a la integración del comercio barrial en los sectores donde se desarrollan es la apuesta del presente estudio, donde el giro está en observar un fenómeno comercial, pero desde las posibilidades de integración social que éste trae para quienes participan en él como vendedores, distribuidores o consumidores. Debido al escaso estado del arte existente en esta materia, se realizará un estudio exploratorio de carácter cualitativo, cuyos objetivos son “Indagar en los factores que inciden en la integración de los feriantes y almaceneros en la comunidad aledaña a éstos” y “caracterizar las intervenciones desde el ámbito público y privado, orientadas a la modernización del comercio barrial”. Para el logro de esto, se plantean los siguientes objetivos específicos:

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- Caracterizar la integración social entre los distintos actores del comercio barrial, identificando los factores que inciden en ella. - Identificar las intervenciones desde el gobierno central y local orientadas al comercio barrial, identificando sus principales características y tendencias. Para el logro de estos objetivos, se realizaron entrevistas semi estructurada a informantes claves sobre el fenómeno del mercado barrial de las comunas de Cerro Navia, Puente Alto y Maipú. Específicamente, se entrevistó a tres representantes de las ferias libres, cada uno correspondiente a las comunas mencionadas, tres representantes del gobierno local vinculado al mercado barrial, tres dueños de almacenes ubicados en dichas comunas y tres compradores de almacenes y ferias libres. Junto con esto, se realizó una muestra de doce municipios de la Región Metropolitana con el fin de conocer las intervenciones específicas orientadas al comercio barrial.

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INTEGRACIÓN Hablar de integración en el ámbito del mercado barrial tiene sentido al comprender los orígenes espontáneos y tradicionales que este fenómeno tiene y que ha sufrido el impacto, al igual que muchas otras esferas, de la modernización y los procesos de cambios que han caracterizado las últimas décadas. Así, desde los medios dispuestos para la adquisición de viviendas centrados en la cobertura y eficiencia, como los últimos intentos modernizadores del trasporte público, han impactado a nivel individual, como también en el vínculo social y la integración de los sujetos que habitan los barrios, lo que a decir del PNUD, ha implicado una reformulación de las identidades colectivas: “las personas desarrollan en su convivencia lazos de convivencia y compromiso mediante los cuales pueden dar sentido a la acción” (1). Al respecto, cabe señalar que la integración social implica un componente simbólico que otorgue un sentido de pertenencia a algo común, reconociendo al otro como un igual. Esto trae consigo la noción de solidaridad, entendida como elemento de cohesión social al posibilitar que dos personas en su calidad de ciudadanos se reconozcan como miembros de una misma comunidad la cual cumplen una función (Habermas, J. “La Inclusión del otro”). Surge aquí el reconocimiento recíproco como elemento central de la integración en la medida en que cada uno contribuye a la producción de significados que dan sentido a la comunidad, más allá de un origen o historia común. Ante esto, es relevante señalar dos alcances. Por una parte, las consecuencias que puede tener la modernización abarcan distintas dimensiones de la sociedad, por lo que no puede reducirse sólo a un ámbito específico, como lo es el aspecto económico. Por otra, modernización y desarrollo no necesariamente van de la mano, ya que un aspecto modernizador puede traer beneficios a una esfera, pero retrocesos en otra. Ambos aspectos son relevantes de destacar para el caso del comercio barrial, en la medida en que sus orígenes están ligados a iniciativas espontáneas de negocios en un mercado local específico, pero que con el tiempo – en especial en las últimas décadas – se han introducido intentos por mejorarla bajo el alero de la modernización, asumiendo con ello que los beneficios vienen por añadidura.

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Impacto de la modernidad en la integración A decir del PNUD, toda sociedad tiene una imagen de sí misma que permite representar el orden social a partir del cual los individuos se reconocen como parte de una misma comunidad (2). Este reconocimiento requiere de elementos simbólicos que otorguen sentido a la existencia de un nosotros, los que se van conformando producto de la historia y las transformaciones que ésta trae consigo. En este sentido, en el barrio “se desarrolla la cotidianeidad de los lazos de vecindad, de comunidad, de solidaridad, van cargando de sentido el hábitat y produciendo identidad con el espacio donde se habita” (3). Para el caso del comercio barrial, es fundamental identificar los elementos que garantizan la integración social, así como también poner en cuestión los elementos que la restringen a la hora de observar los actores que desde diferentes dimensiones conviven en un mismo espacio, ya que ante cada “horneada modernizadora” los mundos de la vida se abren para reorganizarse y se cierran una vez que han alcanzado una nueva forma de integración social, es decir, una vez que han redefinido los elementos que garantizan la cohesión social (Habermas, J. “La Inclusión del otro”). Así, junto con la globalización y los quiebres históricos acontecidos en Chile, la cotidianeidad y los símbolos que aparecían como aproblemáticos han pasado a ponerse en cuestión, resurgiendo nuevos roles en el escenario local. Esto ha de tenerse en cuenta al considerar, como se verá más adelante, la red de relaciones que tradicionalmente caracterizaban los lazos entre el barrio y el comercio, y cómo éstas

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han dado paso a significaciones plurales a fenómenos que antes tenían una interpretación compartida y única. En este sentido, el barrio es el lugar que posibilita que el sujeto sea parte de algo que conforma un nosotros, a la vez que lo diferencia de otro, delimitándose los espacios de integración de unos respecto de otros. En consecuencia, los cambios fruto de la modernización no son en sí mismos elementos que destruyan los símbolos que sustentan la integración, ya que “éstas se reelaboran, son heterogéneas y dinámicas en tanto que surgen diferentes procesos de adaptación” (4). De ahí la importancia del constante descubrimiento de fuentes de integración y lazos de solidaridad por quienes se proponen intervenir con fenómenos que crucen la integración. El impacto que podrán tener estos cambios dependerá en gran medida de los distintos niveles de organización de los actores vinculados al comercio barrial y su capacidad de ser interlocutores frente al gobierno local o central. Junto con esto, un sistema de políticas públicas específicas para este sector, son fundamentales para un mercado barrial sustentable.

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FERIAS LIBRES, ALMACENES Y OTRAS HIERBAS: MERCADO BARRIAL COMO CLAVE DE ENTRADA AL FENÓMENO Dentro del espacio barrial es posible encontrar una multiplicidad de dimensiones que se superponen y que, si bien en con un sentido analítico es posible escindir la realidad y tomar sólo algunas de sus partes, para el sujeto que lo habita, éste se aparece como un todo articulado y con un sentido relativamente claro. No obstante, este estudio focalizará su mirada en el comercio barrial, específicamente las ferias libres y almacenes de escala barrial, y su integración, en tanto posibilidades de integración, con su entorno conformado por una comunidad específica. Para esto, se caracterizarán las ferias libres y almacenes, identificando aspectos históricos, su rol en la actualidad y la relación que tienen entre ellos y con su comunidad, rescatando las visiones de sus protagonistas. Asimismo, se introducirá el concepto de mercado barrial y las posibilidades que éste entrega para observar un fenómeno que desborda el mundo de los negocios tradicionales.

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CARACTERIZACIÓN FERIAS LIBRES Según Gabriel Salazar (5), el origen de las ferias libres en Chile está en la ocupación espontánea de los espacios públicos, en tanto reflejo de la soberanía popular, ocurrida durante la colonia. Este espacio de comercio se remontaría al llamado “mercado de carretas o triangue, que funcionó a comienzos de la ciudad (1552) en la Plaza de Armas” (6), el que “es un precedente en muchos aspectos similar a las ferias libres, tanto por su funcionamiento ocasional (una vez por semana) (…) a la vez que por la sonoridad y vistosidad del ambiente y por constituir una oportunidad de encuentro para los vecinos” (7). Actualmente, si bien la ocupación del espacio está sujeta a la planificación del municipio correspondiente, donde cada puesto es autorizado por una patente comercial, su arraigo con el mundo popular sigue en pie, siendo éstas “el principal canal de abastecimiento de algunas comunas como Cerro Navia, Pudahuel, La Pintana , Quinta Normal, Conchalí y Puente Alto (…) en cambio en comunas como Lo Barnechea, Las Condes o Vitacura, existen muy pocas y además tienen un mínimo impacto comercial” (8). Esto es reafirmado por los entrevistados, quienes señalan:

“En la feria es donde se encuentra la gente, salen de paseo, así como la pequeña burguesía y los sectores medianos van a los malls, en los barrios van a la feria. La feria entonces es ese templo donde van a encontrar la música que les gusta, se van a encontrar con ofertas, van a regatear, salen a caminar y en general salen a la feria de paseo”. Municipio Cerro Navia.

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Al respecto, se puede señalar que un rasgo característico de la feria, desde sus orígenes hasta la actualidad, es el fenómeno de la ocupación de un espacio público para satisfacer demandas individuales y comunitarias. Esto, porque quien acude a la feria puede hacerlo tanto en calidad de cliente, buscando alimentos a precios accesibles, como también en calidad de vendedor, especialmente en períodos de cesantía o necesidad de aumentar los ingresos familiares. Respecto al primer punto, es parte del mundo de las ferias libres el disponer precios más bajos que en otros canales de distribución, haciendo accesibles a los sectores de menos ingresos productos de calidad. “Nos acerca en cuanto a las verduras, cosas así, para no estar saliendo más lejos (…) ya sea ir al supermercado. De hecho uno trata de buscar la economía en la feria”. Vecina, Cerro Navia. “Yo creo que a la gente le encanta venir a comprar (…) Lo que pasa es que el súper es carísimo y aparte que la verdura no es fresca, la tienen de meses ahí metida”. Vecina, Puente Alto. Asimismo, la feria libre significa también la posibilidad latente de generación de nuevos ingresos, al ser un espacio cercano a sectores populares que siempre estará disponible a recibir, aunque sea de manera informal, a nuevos vendedores de productos: “Es una necesidad por los precios baratos, porque la feria absorbe mucha mano de obra en periodos de cesantía y sobre todo porque es un lugar de encuentro para la comunidad”. Municipio Cerro Navia.

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Lo anterior implica una relación donde el límite entre el feriante y el comprador es difuso, ampliándose la posibilidad de un encuentro basado en la igualdad y reciprocidad entre estos actores. Esto se comprende también al considerar que muchas veces ambas partes habitan un espacio común, que es el barrio, lo que impacta en el vínculo que se genera entre ellos. “La atención es súper buena, es mejor que en supermercado porque tenemos un cara a cara con nuestra clientela, lo que esta haciendo mi señora por ejemplo, buscarle la fruta al casero, tenemos un cara a cara, le preguntamos como está y como están sus hijos (…) La misión de nosotros con nuestra clientela es excelente, nos preocupamos de atender y a la vez verle la vida a cada cliente, le sabemos la vida a todos, hemos visto crecer generación por generación, se han casado y hecho su familia. Así yo llevo 30 años en esto”. Feriante, Cerro Navia. Esto genera un significado a la feria asociado no sólo a la compra o venta de productos, sino también al espacio de encuentro entre vecinos, recobrando su valor en tanto espacio público de ocupación donde se da el vínculo social. “Por ejemplo acá mismo en mi casa de repente viene gente que vivía acá y vamos a la feria y nos encontramos con gente que no se habían visto”. Clienta de feria libre, Cerro Navia. “A la gente le encanta venir a comprar (…) aparte de encontrarte con los vecinos, sabe donde la gente va a mirar y a entretenerse y vitriniar… a los cachureos”. Clienta de feria libre, Puente Alto.

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Este encuentro se da entre vecinos, pero también con el feriante, valorándose el trato que gira en torno a lo personal y subjetivo, asunto que se ha visto mermado en otros tipos de comercio mayor y no tradicional: “Pasa harto con la gente embarazada, casero tengo ganas de comer esto, me lo puede traer y yo se lo traigo. De repente hay productos que no traigo yo porque no se venden, por ejemplo el membrillo o el melón o sandia, cuando es necesario yo lo encuentro, pero no es comercial para mí, pero para establecer relación con clientes yo lo traigo”. Feriante, Cerro Navia. En este sentido, se observa que la feria es un espacio donde se comparte con otros iguales, lo que permite reconocerse como vecinos. Asimismo, este es un factor que influye en la relación entre la feria y la comunidad, puesto que es precisamente el sentido de pertenencia el que, al parecer de los vecinos, implicaría mayores niveles de responsabilidad con, por ejemplo, el uso de los espacios, la limpieza, entre otros. De hecho, la carecencia de ese sentido de pertenencia y respeto por el entorno puede ser fuente de conflictos: “Es una relación de odio-amor. En general la comunidad sobre la que se instala la feria las rechaza profundamente porque dañan el medio ambiente, molestan, complican a las personas que viven en las calles respectivas”. Municipio Cerro Navia. “El feriante es itinerante, o sea una vez a la semana esta. No tiene mucho tema de convivir bien con el que esta al lado, porque se va y dejan la basura ahí y cuando él llegue va a estar limpio entonces todo eso (…) va a estar un día a la semana ahí, entonces le da lo mismo qué es lo que pase, si hace tira el árbol o si no lo hace tira, dejan los residuos líquidos, pescado, jugo, le da lo mismo lo botan a la alcantarilla, sabe que van a tener que venir a lavar en la tarde y cuando ellos lleguen va a estar limpio”. Municipio Puente Alto.

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Esto impacta en el imaginario creado en torno al feriante, ya que si bien existe un reconocimiento hacia él, éste se pone en riesgo cuando se atenta contra los espacios físicos, viéndolos ahora no como un igual, sino como una amenza: “Hay dos cosas que me molestan, es que tipos volados no respetan a nadie, fuman ahí mismo sin importan el olor y lo otro que sean curaos que toman apenas desarmamos los puestos. Nos ven de mala manera, a los ferianos curados y cochinos y no todos somos así. Me molesta eso, la mala imagen que nos hacen”. Feriante Maipú. Esto se presenta como un problema para la convivencia entre ambas partes, afectando la integración de la feria como actividad productiva, y al feriante como actor dentro del barrio, al asociarse su actividad a desórdenes, contaminación y alteración a las formas de vivir. Ante esto, se hace relevante la capacitación e intervención que promueva la resolución de estos conflictos, considerando que la prestación de un buen servicio es relevante para la relación entre la feria y la comunidad. Según los feriantes, la capacitación en este ámbito ha permitido que aumente el valor social por esta actividad. “Hacemos cursos de todos los tipos, uno de ellos es de relación amigable (…) Ahora la gente nos mira de otra forma, porque antes nos miraban como ordinarios (…) Incluso mi hijo trabaja conmigo los fines de semanas en la feria y me pregunta que porqué los trato tan bien y yo le explico porque quiero que vuelvan. En estos momentos todas las monedas importan y dependemos de ellos”. Feriante, Maipú. Esto es valorado por los consumidores, ya que en ocasiones existen desconfianzas en los feriantes, dada la informalidad que caracteriza esta actividad. Esto sucede con la calidad de los productos, las pesas

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utilizadas para calcular el precio, etc. Pero también existe una exigencia por mantener, o recobrar, el sentido de la feria como lugar de encuentro entre iguales, es decir, entre sujetos unidos por un lazo basado en la historia común, tradiciones u otros elementos que garanticen la integración y que se ponen en cuestión. “En la feria por lo general los embaucan con la pesa, en el precio. El otro día llegó una señora que me dijo compre tres Omo en mil. Si usted ve el detergente que uso acá, pesa 220 y el de allá viene con 150 gramos (…) pasan a comprar a otro lado y después me piden permiso para pesar las cosas y se dan cuenta que los han engañado”. Almacenero, Puente Alto. “Parte de la comunidad se queja mucho de que en la feria hay delincuencia, le roban en el peso (…) Una de las críticas más permanentes y demandas de la comunidad respecto a las ferias es que existan carabineros, que exista control, que les roban, les roban en el peso”. Municipio, Cerro Navia. Asimismo, establecer acciones de responsabilidad con el entorno es valorado, ya que es un medio que permite contrarrestar las externalidades negativas, a la vez que reforzar la imagen de la feria como un bien para la comunidad. Estas acciones han sido impulsadas principalmente por municipios y por organizaciones de feriantes. “Tenemos buena comunicación con la comunidad (…) prestamos servicios a la comunidad, al consultorio, junta de vecinos, adulto mayor. Cuando ellos hacen eventos la feria libre está presente”. Feriante, Cerro Navia.

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“Estamos abriendo espacio con los consultorios, por ejemplo fomentando la alimentación sana. Hay un programa del gobierno “Cinco colores” (...) sobre todo para los niños porque ellos comen papas fritas y cosas así (…) Te digo de apoco nos hemos integrado a la comunidad, ya nos ven de otra forma. Por ejemplo nos unimos a la junta de vecinos”. Feriante, Maipú. Al observar lo anterior, es posible encontrar, entonces, cuatro características de la feria que influirían en su relación con la comunidad: - Feria como ocupación de un espacio público para satisfacer demandas económicas, como acceder a productos a precios bajos. - Posibilidad latente y constante de poder participar de ella en el rol de vendedor, ante la necesidad de generar ingresos familiares, especialmente considerando el vínculo entre la feria libre y los sectores de más bajos ingresos y participación precaria en el mercado laboral. - Feria como espacio de encuentro entre iguales. Esta es una característica que atraviesa diversas dimensiones de la feria libre, como lo es el ser un espacio de encuentro entre vecinos y el servicio al cliente personalizado, donde el feriante se hace parte del espacio donde se ubica, desde una dimensión personal. - Feria como organización de impacto barrial, puesto que es una acción que no depende de puestos de venta individuales, sino de un todo con diferentes niveles de organización que, a su vez, generan relaciones positivas o negativas con otras organizaciones vinculadas al barrio. Junto con esto, observar la feria como una organización amplía su marco operativo, al considerar su potencial como actor para negociar o participar en instancias del gobierno local o central.

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CARACTERIZACIÓN ALMACENES Los almacenes de barrio “concentran el 39% de las compras de los chilenos” (9), los que a la fecha en la Región Metropolitana llegan a 32.489 con venta de abarrotes y 393 almacenes y minimarkets sin abarrotes (10). Para el caso de las comunas donde este estudio se focaliza, el número de almacenes de pequeña escala que venden alimentos, dulces, cigarros y helados, es el siguiente:

COMUNAS

Nº DE ALMACENES

Maipú

1769

Puente Alto

1678

Cerro Navia

442

FUENTE: www.censodecomercio.cl , 2008

Según el “Club Almacén”, las ventas de este sector corresponden a US$ 2.400.000.000, monto que “puede ser tan grande como lo que vende el LIDER, EKONO, Almac, JUMBO y Santa Isabel juntos” (11).

Estos almacenes, más allá de su valor económico, presentan características que fomentan el desarrollo del barrio en un sentido amplio, si se consideran aspectos como su impacto en la consolidación de conjuntos de vivienda en sectores periféricos. En este sentido, un valor asociado a esta actividad es su privilegiada ubicación geográfica para quienes viven en los barrios.

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Al respecto, un estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica y University College London observó el efecto del comercio local en la periferia de Santiago, señalando que “el cambio de los usos del suelo y el surgimiento de centros locales tienen por lo general una influencia positiva para los asentamientos respecto de la consolidación de la vivienda y la concentración de casas de buena calidad. Pero cuando el comercio aumenta mucho su escala, parece tener un efecto negativo hacia el interior del asentamiento” (12). Así, los almacenes constituyen un foco de desarrollo vinculado al establecimiento de un espacio de ocupación social que permite a los habitantes de sectores aledaños acceder de manera permanente y cercana a productos que cotidianamente son necesarios. A diferencia de las ferias libres que son itinerantes, los almacenes son parte de la estructura del barrio, representando una oferta diferenciada, según las necesidades locales. “Es distinto el almacenero, son sus vecinos y se llevan bien en cambio nosotros somos temporales cambiamos los puestos, no estamos fijos pero en general todos nos llevamos bien”. Feriante, Maipú. Como se vio anteriormente, si bien los feriantes son reconocidos por la comunidad por el rol que éstos cumplen, la no pertenencia a la comunidad, que en algunos casos genera acciones de poca responsabilidad con el entorno, es fuente de conflictos con la comunidad. Esto no ocurre con los almacenes, puesto que sus dueños habitualmente son residentes del sector donde se establecen, fortaleciendo el lazo de confianza que en el caso de los feriantes está dado por el tiempo y la historia en común. “La señora del almacén, o la abuelita del almacén o la tía establece una relación casi… o sea es del mismo barrio, es de la misma población, es la señora María que todo el mundo conoce que cuando cierra el almacén y se integra a la comunidad como una más”. Municipio, Cerro Navia.

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“Hay sectores donde el almacenero es centro de reuniones de informaciones, es como muy coloquial el tema con los almaceneros, es más directa y más constante, porque el almacenero lo tienes todos los días del año, en cambio el de la feria va rotando”. Municipio, Puente Alto. Esta confianza se expresa en la posibilidad de acceder a crédito de manera informal, como lo es el fiado, que se da de manera más generalizada que en el caso de las ferias. “El almacén de la pobla es otra cosa, te puede dar por libreta, cosa que el feriano no… puede dar, a veces da, pero es muy ocasional”. Municipio, Cerro Navia. “Algunos vienen a pedir fiado y uno tiene que darles, no tienen, en cambio si van al supermercado no pueden pedir fiado, en el supermercado si no tiene plata no compra, acá es distinto es más humanitario, somos todos vecinos en el fondo”. Almacenero, Puente Alto. Esto, porque sus dueños y vendedores son parte de la comunidad y se sienten parte de ella, reconociendo además la interdependencia existente. “Uno pierde el fiado y pierde el cliente, eso lo tengo en la mente, uno no puede llegar y cortar tampoco, porque se hace una pared contra el cliente, porque siempre la gente busca un apoyo en uno y uno en ellos (…) Por eso, a uno le sirven ellos como clientes, yo no ando a la ciega de ellos, uno tiene que cuidar en ese aspecto la comunicación con ellos”. Almacenero, Puente Alto. Lo anterior es una de las tantas expresiones de funciones que espontáneamente emergen de la relación entre el almacén y su barrio, basada en la confianza y en la imagen de un nosotros, que influye en la colaboración mutua:

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“De tradición tenemos clientela de toda la vida y preguntan por nosotros si no estamos (…) siempre cuando la gente no sabe cómo llegar a la casa de sus familiares nos preguntan a nosotros como un punto de reunión somos un punto de referencia”. Almacenero, Maipú. . “Hay gente que son maestros, son gásfiter ponen su cartel aquí, o los mismos colegios cuando tiene alguna cosa o la junta de vecinos ponen carteles”. Almacenero, Puente Alto. Como se observa, el almacén representa un espacio permanente de desarrollo dentro del barrio. No obstante, la penetración de supermercados en los barrios ha provocado la desaparición de muchos de ellos, al ser una competencia que ofrece un formato de mayor variedad y menores precios, además de un acceso a créditos por montos más altos que en los almacenes. “Si han bajado (las ventas) por el hecho que en los supermercados pueden comprar con tarjetas”. Almacenero, Cerro Navia. “Los supermercados, los grandes, van a derrotar a los chicos. Los supermercados se están colocando por todas las comunas por todas las poblaciones (…) la gente que va a comprar a la feria, se van a ir todos para allá, le van hacer la competencia acá y usted cree que si no vendieran no vendrían para acá, comienzan a hacer estudios”. Almacenero, Puente Alto.

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Esto provoca un impacto negativo en la economía de los barrios, puesto que las ganancias generadas por las transacciones realizadas en el supermercado salen del espacio local. Por el contrario, cuando las compras son realizadas dentro del barrio, las ganancias constituyen un aporte – o en algunos casos la totalidad – de los ingresos de las familias propietarias del negocio. De hecho, un aspecto similar al de la feria es que los almacenes constituyen una posibilidad de ingreso para las familias, especialmente en sectores excluidos del mercado laboral formal. Así, el almacén representa una actividad altamente valorada dentro de los barrios, dada por la reciprocidad existente entre vecinos que comparten un mismo espacio. El almacenero cumple, entonces, una función dentro del barrio, ligada tanto a la actividad económica como a la generación de un espacio donde se desarrollan los lazos comunitarios, siendo esta última característica un aspecto clave en su integración.

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RELACIÓN ENTRE FERIAS LIBRES Y ALMACENES Desde un punto de vista comercial, es posible suponer que podría existir cierta competencia entre los feriantes y los almaceneros, puesto que ambos dirigen sus ventas al mismo público. Es lo que sucede con las cadenas de supermercados que se instalan en los barrios y abarcan clientes que antes compraban a almaceneros o feriantes. Por ello, se preguntó sobre la relación que existía entre ambos, en la medida que una relación conflictiva podría obstaculizar la integración de éstos con la comunidad. Al respecto, los entrevistados señalaron que la relación entre ambos actores es de complementariedad, puesto que el día de feria se convierte en el día de compras de la comunidad, quienes van tanto a almacenes como a la feria libre, dependiendo de los productos buscados. “Es buena no somos competencia sino mas bien los ayudamos, porque la gente cuando va a la feria también pasa a compara la bebida y eso les ayuda igual y nosotros mismo le comparamos”. Feriante, Maipú. “La relación entre los almaceneros y las ferias no es competitiva, se toleran, es complementaria. De hecho muchos almaceneros que venden algo de verduras te dicen ‘no, está la feria cerquita, allá está más fresquito’. Municipio, Cerro Navia. Sólo un almacenero declaró que su relación con la feria era conflictiva, existiendo competencia por las ventas: “Ahí baja, porque la gente se va a la feria (…) y la gente busca lo que es la feria y se dan cuenta que las cosas no son lo más buenas o de repente los precios son buenos y los otros son malos”. Almacenero, Puente Alto.

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La complementariedad mencionada se da también entre los feriantes y los almaceneros, ya que éstos últimos acudirían a la feria para abastecerse: “Es buena, porque acá en Puente Alto hay hartos almaceneros a nutrirse de la feria, si usted viene antes de las 8:00 usted ve muchos almaceneros comprándole a los feriantes para surtirse”. Feriante, Puente Alto. Existiría también cierta colaboración desde los almaceneros hacia los feriantes, lo que se comprende al considerar que los almaceneros son parte de la comunidad y, por lo que una buena relación entre la feria y la comunidad, implica una buena relación también con los almacenes. Incluso los conflictos mencionados por los almaceneros son también los que tienen el resto de los vecinos: “Buena ningún problema con ellos de repente no nos dejan pasar, pero en general no hay problemas y si necesitan algo como agua caliente se la pasamos y cosas así”. Almacenero, Maipú.

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MERCADO BARRIAL El concepto de mercado barrial nace de la necesidad de dar nombre a un fenómeno que cruza tanto las ciencias económicas como sociales. En este sentido, se puede entender desde una doble dimensión, siendo ambas las dos caras de una misma moneda: por una parte, refiere a los negocios y transacciones comerciales circunscritos a un territorio específico de escala barrial, donde existe una concatenación productiva en la que pueden participar actores cuya escala trascienda lo barrial, pero donde uno o más eslabones tienen como protagonistas a un territorio acotado – este caso el barrio – . Esta unidad espacial está compuesta por “un tejido social propio, que se encuentra asentada en una base de recursos naturales particular, que presenta ciertas formas de producción, consumo e intercambio y que está regida por instituciones y formas de organización determinadas” (13). Asimismo, el mercado barrial tiene una dimensión fundamentalmente social, referida a las relaciones entre los actores que lo integran. Estas relaciones no se agotan en lo comercial, ya que encierran relaciones sociales, culturales y éticas que atraviesan a los actores que participan en el comercio barrial, que para efectos de este estudio se focalizará en los feriantes, almaceneros, políticas públicas y la comunidad aledaña a esta actividad. Esto, porque son las ferias libres y almacenes las actividades tradicionalmente ligadas a la distribución de productos en barrios, formando parte del canal tradicional de venta. Los negocios vinculados a la producción de bienes tendrán características particulares según la zona geográfica y los recursos naturales con las que ésta cuente, sin

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desconocer, por supuesto, la creciente irrupción de malls y supermercados como medios de distribución de bienes, aunque como un fenómeno más reciente, pero de alto impacto. Al respecto, un estudio realizado por la ONG Espacio y Fomento, “del 90% de productos hortofrutículas que llegan a la Región Metropolitana, el 80% deriva de ferias libres. Así también un 40% de los pescados y mariscos frescos es cubierto con las ferias libres” (14).

Las líneas indican ferias libres del territorio. Líneas rojas indican ferias libres de otras comunas, fuera del territorio. Territorio Sur Oriente: mayor número de ferias en Puente Alto, Peñalolén, La Florida y Macul. Territorio Oriente: la más baja presencia de ferias libres en comunas de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Providencia, La Reina y Ñuñoa.

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En este sentido, la participación del mercado barrial como canal de distribución de productos representa una proporción importante a nivel de país. Por sector económico, es el “Comercio al por Mayor y Menor -excluido venta y reparación de automotores- la actividad que focaliza el mayor interés de los empresarios PyMEs, concentrando la más alta proporción de empresas con 43%” (15). Así, junto con la consolidación de Chile como un país en vías de desarrollo, y que en muchas áreas ha sido modelo para el resto de América Latina, destaca en el mercado la aparición de grandes centros comerciales ubicados cercanos a sectores residenciales, existiendo en ellos una inmensa variedad de productos y servicios. En esta misma línea, se expande la comercialización de productos en supermercados, los que en los últimos años han desarrollado la estrategia de acercarse cada vez más a sectores residenciales y a comunas periféricas, compitiendo con los tradicionales almacenes y ferias libres. Para efectos del mercado barrial, cabe distinguir aquí entre ambos fenómenos presentan distinciones y consecuencias muy disímiles entre sí. Así, mientras los malls se centran en la diversidad de servicios (tiendas, cafés, centros de entretención, cines, etc.) puestos juntos bajo el mismo techo, los supermercados han centrado su estrategia en ofrecer productos de consumo familiar a bajos costos, aprovechando los beneficios de la negociación y compra, e incluso producción, en grandes cantidades. Dadas estas características, son los supermercados, en especial aquellos ubicados al interior de los barrios, los que presentan una amenaza para los pequeños comerciantes locales. Un ejemplo emblemático es la cadena WalMart: “la estrategia de este retail walmartiano se centra sólo en la posibilidad de masificar el consumo de sus productos, a partir de captar mercados locales que pasan a ser receptores de mercancías logradas a muy bajo costo gracias a una estructura de producción a nivel global, en la que los enormes volúmenes de producción y consumo permiten sostener un

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conveniente tráfico de mercancías desde China y otros países asiáticos, especialmente generados para ser vendidos en los supermercados de WalMart” (plataformaurbana.cl). Junto con esto, la industria del retail está cada vez más cercana a esta esfera, ya que, según la analista de estudios de BCI Corredores de Bolsa, Mariana Larraín, “los formatos de menor tamaño del tipo strip centers (negocios agrupados entre 10 y 15 locales, que por lo general no compiten entren ellos y que permiten al consumidor hacer compras de forma mucho más rápida) se incrementarán, así como la tendencia a desarrollar centros comerciales más insertos en los barrios residenciales” (16). Sin duda, esta inserción de grandes mercados, pero en menor escala, ha traído consecuencias para el mercado barrial tradicional, ya que éstos cuentan con condiciones de negociación que permiten vender a menor precio que los almacenes y ferias, diferencia que se aprecia principalmente en los abarrotes. Un ejemplo es Ekono, que señala sostener su estrategia de precios bajos al comprar a grandes volúmenes, vender con bajos márgenes, tener locales simples y pequeños (17), entre otros, sin transar calidad. Lo anterior deja en una situación desventajada a los almacenes pequeños instalados en los barrios, quienes deben disminuir sus márgenes de ganancia para poder competir o, simplemente, cerrar sus puertas, puesto que una de las características del mercado barrial es su carácter tradicional.

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Esto se observa en diversas características, como lo es la informalidad con la que muchas veces de desarrolla, no evidenciándose un modelo de negocios definido y planificado, porque existe en sus protagonistas una motivación de corte familiar que daría sentido al desarrollo de un negocio – continuar el negocio familiar, aumentar el ingreso, etc. – y, entre otras cosas, porque se circunscribe en un espacio determinado – el barrio – que se caracteriza por tener una demanda relativamente estable en el tiempo. En este sentido, la aparición incipiente de supermercados no fue un fenómeno que haya impactado al comercio barrial sino hasta que penetró en los espacios tradicionales de intercambio, modificando la geografía de oportunidades de consumo y el acceso a nuevos bienes y mercancías gracias a la suma de bajos precios más crédito. Ante este panorama, ferias libres y almacenes se constituyen como una alternativa previa al consumo “moderno”, siendo ésta su característica distintiva inicial. Es desde aquí donde pueden surgir posibilidades de integración, considerando, como ya se mencionó, que la modernización representada por los supermercados ha implicado beneficios, pero también ha demostrado que aún existen ventajas comparativas que favorecen al mercado barrial, destacando los lazos de confianza, los bajos precios y la posibilidad de vivir la experiencia de encuentro con otros habitantes de un mismo espacio. Aquí, tanto el feriante como el almacenero son parte del mismo barrio, existiendo entonces una simetría de poder que posibilita la confianza y el encuentro. Lo que vincula en este espacio es precisamente lo pre moderno, es decir, los vínculos personales expresados incluso en las transacciones comerciales y el tradicional “fiado”. En este contexto, la integración del comercio barrial debe considerar su carácter de tradicional como un elemento distintivo a ser valorado y en ningún caso anulado, pues está ahí la riqueza de este espacio. Así, todo intento de modernización debiese enfatizar en tal característica como punto de partida.

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ROL DEL GOBIERNO LOCAL Dado el complejo escenario que está viviendo el comercio barrial, aparecen como significativos los esfuerzos de distintos sectores orientados a reforzar esta actividad desde diferentes perspectivas. Por ello, se exploraron las acciones que desde los municipios se orientan a los feriantes. Para esto, se realizó una entrevista estructurada un total de doce municipios, tomando una muestra representativa según ubicación geográfica de la Región Metropolitana.

SUR ORIENTE Peñalolén Macul La Granja

SUR PONIENTE Pedro Aguirre Renca Cerda La Pintana

NOR PONIENTE Las Condes La Reina Lo Barnechea

E s t a c i ó n WDe ellos, cinco (42%) declaran tener alguna intervención dirigida a los feriantes, mientras que siete (58%) no lo hacen.

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De los municipios que cuentan con intervención orientada a las ferias libres, tres declaran ser iniciativas orientadas a lograr una “feria modelo”, y los otros dos declaran orientarse a fondos concursables (asesorías o disposición de fondos).

CUENTAN CON INTERVENCIÓN PARA ALMACENES /FERIAS

NO CUENTAN CON INTERVENCIÓN PARA ALMACENES /FERIAS

stación Central

Renca

Lo Barnechea

La Reina

Peñalolén

La Granja

Macul

Independencia

Quinta Normal

La Pintana Las Condes Pedro Aguirre Cerda

Sin embargo, al preguntar por el objetivo de la intervención, los tres municipios declaran buscar la feria modelo.

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Un tema relevante con las acciones desde el municipio orientadas al mercado barrial es el departamento que las ejecuta, ya que este determinará el énfasis que ésta tendrá hacia la población objetivo, como también la que tiene desde el gobierno local. Por esto, se consultó por el departamento municipal que tiene mayor relación con las ferias libres. Al respecto, los entrevistados señalaron lo siguiente:

Junto con esto, se realizaron tres entrevistas semi estructuradas a representantes de municipios de la Región Metropolitana: Cerro Navia, Puente Alto y Maipú. El primer municipio se seleccionó por poseer una intervención altamente reconocida por feriantes y otros municipios, siendo considerados como una comuna referente en este tema. En tanto Maipú y Puente Alto, se seleccionaron con criterio estratégico, por ser comunas las que concentran la mayor cantidad de habitantes de la Región Metropolitana (734.494 y 670.238 respectivamente). Estas entrevistas se suman a las realizadas a los feriantes, acerca de esta materia.

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Así, al consultar a los feriantes el rol del municipio en su integración en la comunidad, surge su importancia la colaboración municipal, la que en general se hace patente ante los conflictos entre feriantes y comunidad, dada por la ocupación de los espacios, sin que existan responsables del retiro de basura, ruidos molestos, etc. Ante esto, el municipio actúa en tanto garante de los derechos de la comunidad, siendo éste el motivo de intervenciones: “En un principios nosotros éramos un problema para ellos, porque todos los reclamos le llegaban ellos”. Feriante, Maipú. “La tarea del Municipio es dar patentes, y lo que debiera hacer es fiscalizar y apoyar”. Feriante, Puente Alto. Al respecto, surge el interés por parte de los feriantes, como también de los municipios, de generar iniciativas específicas para este segmento, más allá de la fiscalización y entrega de patentes, sino con un sentido de integración de la feria con el barrio: “Aunque somos unos de los pocos Municipios que tenemos oficina especialmente de feria, pero no tenemos apoyo en cuanto al desarrollo de la feria, ya que la oficina se preocupa de problemas que acontecen pero no del desarrollo de la feria, no hay ningún proyecto para eso”. Feriante, Puente Alto. Ante esto, la organización de los feriantes surge como un camino para poder generar una acción municipal que apunte no sólo a las necesidades de la comunidad, sino también a ellos como un actor social relevante. “Hay algunas formas súper fácil de resolver algunos temas organizaciones, pero que yo le llamo pan para hoy y hambre para mañana. Es cuando los municipios los convoca y les entrega un dulce (…) y y se acabo el dulce y desaparece la organización, que son bastante

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endebles”. Municipio, Cerro Navia. “Es importante tener buenos sindicatos que nos ayude a relacionarnos con el ambiente y tener mejores instalaciones y uno puede ser capaz de mejorar muchos ámbitos del trabajo, ser capaz de poder hablar cualquier cosa con quien sea, ya estamos mejor parados”. Feriante, Maipú. Es posible observar que en existen ciertos énfasis en el trabajo que está desarrollando cada uno de estos municipios. Como se observa, hasta el año pasado el municipio de Cerro Navia focalizó su trabajo en el desarrollo organizacional de los feriantes, entendiendo que esto constitye la base para un trabajo de desarrollo de la feria: “Yo creo que (la integración) no tiene que ver mucho con factores de la relación del municipio con ellos. Yo creo que tiene que ver con la propia composición social de la feria, la existencia o no de dirigentes y una dinámica interna que faciliten o promuevan la organización (…) Porque me ha tocado trabajar en una misma comuna, por ejemplo Cerro Navia, habían más de 12 o 13 ferias y dos o tres de ellas muy bien organizadas, con un alto nivel de organización y las otras no pescaban no más (…) una serie de experiencias de ferias modelo han fracasado porque uno externamente integra una dinámica de organización para la que ellos no están organizados o les resulta ajena”. Municipio, Cerro Navia. En tanto Puente Alto ha apostado por la capacitación con el fin de mejorar el servicio al cliente de la feria: “Primero que nada educación, con capacitación para los feriantes. De hecho estamos realizando un curso de manejo y atención de público, que no es lo mismo vender una papa lavada que una papa sucia o vender las papas con polera que no. O que en el puesto de la feria esté haciendo un asado o que este tomando cerveza”. Municipio, Puente Alto.

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En el caso de Maipú, la intervención municipal se ha orientado a generar cambios estructurales con el fin de lograr una feria modelo, con puestos establecidos y no itinerantes en una calle: “Lo que nosotros estamos haciendo es cambiar la dinámica que se está dando, sacar las ferias de la calle, lo estamos logrando en el Parque 3 Poniente (…) dentro de eso el parque tiene diseñado un área que son y se llaman plataforma productiva, están dentro del parque y son áreas donde se consolidan la feria y otras actividades más, está abierta para generar actividad comercial (…) para que la gente sepa que los que están dentro son los que están legales, porque la feria se presta para mucha cosas desde ilícito hasta la relación beneficiaria con el ciudadano”. Municipio, Maipú. Comprender la acción de los gobiernos locales se vuelve relevante para comprender, en cierta medida, el estado de las ferias y los alcances que esta actividad puede tener en el barrio, en el marco de un contexto complejo para el comercio barrial.

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CLAVES DE LA INTEGRACIÓN EN EL MERCADO BARRIAL Al observar lo anterior, es posible identificar cuatro factores que estarían influyendo en mayores o menores niveles de integración del comercio barrial: - Organización planificada del desarrollo del comercio desde políticas públicas nacionales y locales que involucren la participación de municipios y organizaciones de feriantes y almaceneros (interés del gobierno local y central): capacitaciones, estudios de mercado, planificación en la entrega de patentes. - Existencia de condiciones que favorezcan el buen servicio al cliente. - Razones económicas: el ingreso generado permanece en el barrio, enriqueciéndolo. Esto genera ventajas en la lucha contra la desigualdad. En este sentido, mejoran el ingreso de las familias que viven en el barrio, por lo que su inversión se traduce en mejoras para el entorno. Un ejemplo es la investigación que relaciona el comercio barrial con la consolidación de los barrios periféricos. - Está en el horizonte fortalecer el rol social del comercio barrial, el que es un sector comercial privilegiado por validarse en lazos de solidaridad, como lo es la confianza entre el comprador y el vendedor, lo que se traduce en, por ejemplo, la posibilidad de crédito informal y sin intereses. Esto es relevante especialmente en sectores populares, donde el acceso al crédito es menor y, sobre todo, genera niveles de endeudamientos que se vuelven insustentables como medio de pago en el largo plazo. Otro aspecto relacionado con la solidaridad es la personalización de la relación.

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Si bien la capacidad de almacenaje y la baja rotación de los productos tiene como consecuencia una baja diversidad de productos si se compara con supermercados, existe aquí la posibilidad de demandas particulares y la capacidad de una oferta personalizada. Esto implica afrontar algunos desafíos que pueden resumirse en los siguientes:

- Recobrar lo local como trasfondo del negocio

- Reforzar al feriante y almacenero como actor local que cumple una función en el barrio - Mercado barrial como actividad económica, pero que también implica un valor social que debe ser aprovechado, ya que es éste precisamente el que otorga valor agregado a esta actividad frente a otros tipos de negocios de retail. Esto se puede reflejar en una organización funcional de los feriantes y de ésta con las otras organizaciones de la comunidad

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NOTAS (1) PNUD. Informe de Desarrollo Humano en Chile “Más Sociedad para Gobernar el Futuro”. Página 25. (2) PNUD. Informe de Desarrollo Humano en Chile 2002. “Nosotros los chilenos. Un desafío cultural”. Página 26. (3) Retamal, Gladys. “La identidad con el territorio. Un estudio de casos en dos espacios urbanos de Santiago”. Universidad Academia Humanismo Cristiano, Escuela de Antropología. Santiago, 2003. Página 2. (4) Retamal, Gladys. “La identidad con el territorio. Un estudio de casos en dos espacios urbanos de Santiago”. Universidad Academia Humanismo Cristiano, Escuela de Antropología. Santiago, 2003. Página 3. (5) Salazar, Gabriel. “Ferias Libres: espacio residual de soberanía ciudadana”. Ediciones SUR. Santiago, 2003. (6) Departamento de Obras Municipales de Santiago. Plan General Urbano de Santiago. Renovación Urbana – Organización de Ferias de Barrio. Departamento de Obras Municipales de Santiago. Santiago, 1961. Página 34. (7) Departamento de Obras Municipales de Santiago. Plan General Urbano de Santiago. Renovación Urbana – Organización de Ferias de Barrio. Departamento de Obras Municipales de Santiago. Santiago, 1961. Página 34. (8)

Avalos, A; Soto, V. Feriantes organizados. Página 5.

(9)

http://www.chilepotenciaalimentaria.cl/?p=3728

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(10) GeoNews, Soluciones de Negocio. Año 4, Edición N°5, Abril 2008. En: http://www.dmapas.cl/cl/geonews/pdf/GeoNews_Dmapas_ Año4_EdiNº5_Abril08.pdf. Fecha de búsqueda: 16 de julio, 2009. (11)

http://clubalmacen.com/almacen/udesimportante.php

(12) González, Vicente. “Comercio local en la periferia pobre: factores que inciden en su localización”. Página 19. (13) Bravo, Brian “CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA INDUSTRIAL EN TORNO AL ÁLAMO EN LA VI REGIÓN DE CHILE”. Facultad de ciencias Forestales, Universidad de Chile. http://74.125.47.132/search?q=cache:H7-ton7eNXcJ:www. cybertesis.cl/tesis/uchile/2007/bravo_b/sources/bravo_b.pdf+concat enacion+productiva+sercotec&cd=1&hl=es &ct=clnk&gl=cl. Página 14. (14) Avalos Pezzuoli. TUC. Página 5. (1 5) h t t p : // w w w. a r d p . c l / i n c j s /d o w n l o a d . a s p? g l b _ c o d _ nodo=20061207154720&hdd_nom_archivo=pymepagapag.pdf (16)http://www.capital.cl/reportajes-y-entrevistas/el-retail-delfuturo-5.html (17) http://www.ekono.cl/home.php

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Equipo editorial de Apuntes de Tecnología Social: Paulina Miranda, Marcela Robles, Ángel Marroquín, Rodrigo Aguayo y Sebastián Cantuarias. Diseño gráfico: Carolina Sánchez, Stephanie Salas y Camilo Barriga. Fecha de publicación: Noviembre de 2013. Se prohíbe expresamente la reproducción o copia total o parcial de los contenidos de este documento sin el expreso consentimiento de Proyecto Propio.

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RESUMEN El presente documento plausibiliza un marco conceptual para la oferta de servicios que Proyecto Propio presta a sus clientes y stakeholders. Centrándose en el utillaje teórico luhmanniano, se despliegan conceptos claves como complejidad, calidad e intervención sistémica contextual como mecanismo de intervención social.

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INTRODUCCIÓN Uno de los principales desafíos que enfrentan actualmente las Fundaciones que ofertan intervenciones sociales, está dado por lograr dar cuenta de la complejidad de los escenarios sociales en que actúan a través de respuestas que garanticen calidad. Si el desafío de los años noventa estaba dado por establecer coordinaciones con el Estado, hoy en día el reto más importante se encuentra dado por diferenciar intervenciones e incorporar al sector empresarial en esa misión. Hoy, no todo es lo mismo en el mundo de las Fundaciones, y las empresas crecientemente demandan de ellas servicios cada vez más orientados a su core business, a la vez que una participación más activa en la resolución de sus limitaciones para abordar situaciones nuevas con sus audiencias. Sin perjuicio de ello, las audiencias (comunidades) han demandado crecientemente una participación activa en la resolución de sus propias necesidades con reconocimiento de sus propias capacidades. Ambos aspectos vienen a posicionar la colaboración privada-pública como una herramienta que, para la fundación ya constituye un commodity. Ante este requerimiento, se hacen preciso reflexiones que logren posicionar conceptos capaces de rendir en estos nuevos escenarios y, simultáneamente, entender a la organización (empresa) como sujeto de intervención inserta en escenarios en que la incertidumbre y el riesgo sólo pueden ser reducidos a través de conceptos que permitan comprender ese entorno, abrir oportunidades de adaptación y estructurar negocios ganar-ganar con otros stakeholders. En este contexto, la empresa adquiere suma preponderancia, no sólo entendida como agencia financista de la intervención, sino como

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ámbito en el que se despliegan, efectivamente, actos de orientación y coordinación en lo social en sintonía con las necesidades más inmediatas de sus clientes y con el sistema político en su globalidad. En este sentido, resulta interesante mencionar que el mercado de la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) se encuentra alejando a las empresas de estas visiones tradicionalistas y segmentadas. A esto es preciso adicionar el sistemático interés mostrado por la política pública durante la última mitad de los años 90’s por establecer mecanismos directos e indirectos de inclusión del mundo empresarial en la gestión del bienestar social de las comunidades, situación que ha quedado señalada por medio de franquicias tributarias y/o mecanismos de licitaciones públicas. En lo que sigue, nos proponemos contribuir a estas reflexiones y propuestas a partir del desarrollo conceptual de una dimensión sustantiva: la intervención social entendida como oferta y como mecanismo de posicionamiento en las comunidades en las que la empresa posee fuentes de ganancia. Nutriéndonos de la teoría de Niklas Luhmann y quienes se inspiran en sus conceptos, nos proponemos recorrer este itinerario de la siguiente forma: 1) describiremos la intervención social como oferta de regulación (Matus, Madrigal, Mascareño); 2) enunciaremos los conceptos de complejidad y calidad como ejes articuladores de una relación sistema/entorno; y 3) propondremos una lectura de la gestión de la empresa y sus clientes a través del utillaje conceptual de Helmut Willke sobre la orientación sistémica contextual.

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INTERVENCIÓN SOCIAL COMO OFERTA DE AUTORREGULACIÓN Una de las formas más tradicionales de concebir la relación entre lo que podemos, provisoriamente llamar interventor (activo) e intervenido (pasivo), se encuentra anclada a una “forma de ver” prescriptiva, de control, donde es posible llegar a otro y cambiar su conducta a través de la persuasión o la coerción. Estas formas de comprender la acción con o sobre otros, han sido planteadas y defendidas, por lo general, desde cimas jerárquico-administrativas y han tenido como característica el que no han logrado reconocer a los “intervenidos” la posibilidad de opción. Esta clase de lógica es la que es posible encontrar no sólo en las acciones que llevan adelante programas estatales, sino que también en las relaciones entre empresas, proveedores de servicios y clientes. El principal “obstáculo epistemológico” (1) que subyace a este modo de comprender lo social está dado por el hecho que no logra “ver lo que no ve”, es decir, no logra conocer ni reconocer la imposibilidad y limitaciones de pensar unidireccionalmente la intervención. Al pretender tener el control total sobre las elecciones que lleva adelante el intervenido y actuar desde lógicas imperativas, racionalizándolas, a través de la imposición, pierde de vista que es el otro (persona, empresa, cliente) quien toma, en todo caso, la decisión de aceptar la oferta que se le hace y coordinar su actuar con el interventor. Esta clase de comprensión se relaciona con la Escuela de Planificación Estratégica, y se encuentra basada en un racionalismo mecanicista. Desde una lógica sistémica resulta imposible interferir un sistema directamente, en este sentido, este tipo de modo de ver plantea como criterio de eficiencia para la intervención la autorregulación del propio,

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es decir, se plantea entonces la posibilidad de cambio en el sistema mismo y no en algo así como un interventor omnisciente capaz de cambiar la conducta de otro por medio del control o la persuasión. Antes de continuar vale la pena hacer una precisión. Cuando nos referimos a intervención social, lo hacemos más allá de las personas naturales, es decir, no planteamos en este lugar el que la intervención se lleve adelante con o sobre personas naturales sino sobre los sistemas sociales y las comunicaciones que establecen entre ellos. “El sistema se destaca de su entorno por diferencia de complejidad. Es una construcción limitante y no una estructura absoluta. Esto quiere decir que surge en la distinción respecto al entorno y no tiene un carácter metafísico ni se pretende definir ontológicamente. El sistema queda constituido, en términos de identidad y diferencia, en su relación con respecto a un entorno. El sistema social no se basa en “a prioris”, sino que surge en la reducción de complejidad. El sistema es menos complejo que su entorno, y unidos, sistema y entorno configuran el mundo” (Arnold, 1990:87). Las unidades de intervención sociales (2) a los que nos referimos poseen una cualidad, son autorreferentes (autorreferencia quiere decir que el sistema se refiere a sí mismo tanto en la constitución de sus elementos como en sus operaciones fundamentales. El sistema se diferencia respecto a un entorno y utiliza internamente esta diferencia sistema/entorno como principio orientador y generador de información. Así, el entorno es una contraparte necesaria en las operaciones autorreferenciales del sistema (Arnold, 1996: 87-88), es decir, corresponden a sistemas que sólo pueden ser influidos “desde afuera”, y por lo tanto, requieren que las intervenciones sociales sean presentadas a través de una forma que haga sentido a los sistemas para que estos las incorporen como diferencia y principio de orientación.

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Es en este sentido que se habla de la intervención social como oferta, es decir, apuntar a que sea el sistema intervenido quien decida aceptar una oferta y decida acoplarse a la intervención que logra “entender”. En este sentido y dada la imposibilidad de “interferir directamente” al sistema, se hace posible entender la intervención social como una oferta de autorregulación que se le hace al sistema para que este “cambie por sí mismo” de acuerdo a la oferta mostrada. En este sentido Madrigal señala: “intervención es sólo una oferta que apunta a acoplarse al sistema para que este reduzca complejidad del entorno, oferta que puede aceptar o no, lo que se establece como un principio de la intervención social en sociedades modernas” (Madrigal, 2009:57). Asumir este punto de vista quiere decir hacerse cargo de lo siguiente: “la intervención ofertada al sistema resulta contingente”, es decir, el sistema (el stakeholder, el cliente, el paciente) puede no seleccionarla y, por lo tanto, optar por no coordinarse con el sistema ofertante o hacerlo con otra alternativa (3). Resulta interesante aceptar que las ofertas de intervención social promovidas por las agencias (Fundaciones, Municipios, Empresas) no son “la última alternativa” para las personas, sino que siempre resulta una opción que puede ser descartada por ellos, o al menos contrastada, evaluada, sopesada de la misma manera en que las personas cotizan antes de comprar algún producto, más aún cuando el mercado de las prestaciones sociales (tradicionalmente públicas) se ha ampliado al incluir a empresas y fundaciones haciendo prácticamente imposible encontrar algo como “una última opción”. Esta perspectiva nos sitúa en una posición autocrítica respecto a la oferta que pensamos ofertar y no en la respuesta del cliente como “dada por supuesto”; en este sentido, la oferta puede ser mejorada a fin de probabilizar su aceptación, es decir, saber qué necesita el cliente y

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comprender que darlo por supuesto puede ser perderlo. Esta situación resulta extremadamente gráfica cuando pensamos en el mundo de la publicidad y la competencia de las diversas agencias, por captar la atención de sus públicos. En este caso la pregunta por la coordinación se orienta a lo siguiente: ¿cómo es posible acceder al idioma nativo de los diversos stakeholders y ser escuchados por ellos? ¿Es posible hablar en su idioma para ofertarle una alternativa de coordinación con nosotros?

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EXPERTOS COMO TRADUCTORES Y MEDIADORES Al considerar la intervención como oferta se torna fundamental avizorar la importancia de los mecanismos de transferencia como esferas donde se despliega la comunicación entre el sistema interventor (ofertante) y el sistema intervenido (stakeholder). En este sentido, la pregunta clave es ¿cómo es posible entenderse (comunicarse) mutuamente?, ¿de qué manera captar su atención por medio de una oferta de coordinación que nos permita ofertar? He aquí que emerge la figura del experto como traductor, es decir, como representante de aquella función de mediación que permite identificar -y operar sobre- el código por medio del que actúa y se orienta el sistema. En el caso de una empresa de retail, por ejemplo, el código venta/cobro, en las empresas el código pago/no pago. Este código permite no sólo “conocer” los criterios por los cuales opera el sistema (es decir el idioma que habla) sino que, simultáneamente, interferir la esfera de acción del sistema, notificándolo de la oferta propuesta: “On the basis of his expertise, the expert can mediate between representatives and those represented, and he can provide the necessary professional knowledge that politicians do not have” (Nassehi, 2008: 21). La cita anterior expresa una de las más potentes limitaciones de las empresas y sistemas interventores: su clausura operativa no les permite “ver lo que no ven”. Por ejemplo: una empresa que provee servicios eléctricos carece de los medios para sostener una “conversación desinteresada” con sus clientes y llegar a acuerdos sobre los “intereses de ambos”, puesto que en esa conversación los ejecutivos de la empresa interpretarán desde sus intereses a la comunidad y viceversa.

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Se hace necesario, por lo tanto, la creación de un sistema de intermediación que logre traducir a ambos desde una observación intermedia (de segundo orden) donde: “La primera distinción es la misma observación en cuanto operación, distinta de otra observación que es a su vez la primera distinción para otro observador. Ninguna operación de observación puede por tanto observarse a sí misma, y para ver lo que un observador no ve es necesario un observador de segundo orden que observe tal observación sin coincidir con ella” (Corsi, 1996). Al profundizar en esta función de traducción que lleva adelante el experto (en su rol de mediador y de observador de segundo orden) nos encontramos con su función más sustantiva: “Experts do not only mediate between representatives and the ones represented, but also between science and politics: in their function as Translators, they on the one hand have to simplify complex phenomena, while on the other hand as many aspects as possible have to be taken into account. Thus, complexity is reduced and simultaneously produced. This becomes visible in descriptions of the experts´ necessity to always include a maximum of perspectives and ways to treat an object” (Nassehi, 2008: 20). Los servicios de mediación y traducción que llevan adelante los expertos, (para empresas y comunidades), poseen un carácter marcadamente conceptual: simplificar la complejidad en que los sistemas se encuentran y que desean comprender y, por otro lado, producir explicaciones capaces de conservar y ampliar la complejidad propia de los fenómenos. No queremos decir que los expertos tengan por misión producir recetas “únicas” o “mejores” respecto a los temas de interés de sus contratantes sino que, en su labor de traductores, los expertos reducen complejidad por medio de la producción de explicaciones, variaciones y alternativas que se sometan a las decisiones de los diversos stakeholders que han solicitado sus servicios y que traducen en su “idioma nativo”.

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Cada vez que un sistema se ve obligado a elegir (y es esta una de sus operaciones fundamentales) selecciona entre diversas opciones ancladas en el sentido. La selección se realiza por medio del sentido porque los sistemas son sistemas de sentido: “El sentido guarda una estrecha relación con la complejidad y la contingencia”. Complejidad, señala Luhmann (1990), indica que siempre existen más posibilidades de experiencia y acción que pueden ser actualizadas. La complejidad refuerza la selectividad, en palabras de Luhmann “complexity means that every operation is a selection, whether intentional or not, whether controlled or not, whether observed or not. Being an element of a system, an operation cannot avoid bypassing other possibilities (…) meaning is nothing but a way to experience and to handle enforced selectivity” (Luhmann, 1990: 62). Contingencia, por su parte, indica el hecho de que las posibilidades de otras experiencias y acciones que se encuentran en el horizonte de la experiencia actual son sólo posibilidades que pueden tener un desenlace distinto al esperado (Petautschnig, 2012). La contingencia denota entonces un horizonte de sentido en el que éste nos conduce a prestar más atención a una posibilidad entre varias: el sentido está siempre rodeado de posibilidades, es el vínculo entre lo actual y lo posible, sin ser lo uno o lo otro (Luhmann, 1990): “Complexity means the necessity of choosing: contingency, the necessity of accepting risk” (p.26). En síntesis, es dable afirmar que la selectividad es productora de variación, sin embargo, y he aquí el meollo del asunto: al reducir complejidad por medio de la selección, el sistema aumenta la complejidad de las nuevas selecciones que emprenda. Un ejemplo para explicar esta idea puede ser el siguiente: el mercado de telefonía celular se ha visto crecientemente impulsado por las demandas de los usuarios por mayores y mejores gadgets que respondan a sus preferencias. En este sentido la diferenciación de las ofertas es una tendencia que responde al aumento de complejidad en las selecciones de los clientes.

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COMPLEJIDAD / CALIDAD COMO

CLAVE DE LECTURA DEL STAKEHOLDER Se entiende, según la óptica teórica seguida en este texto, la complejidad como: “un conjunto interrelacionado de elementos cuando ya no es posible que cada elemento se relacione en cualquier momento con todos los demás, debido a limitaciones inmanentes a la capacidad de interconectarlos” (Luhmann, 1990: 69). En este sentido complejidad: “no es una operación, no es algo que un sistema ejecute ni que suceda en él, sino que es un concepto de observación y de descripción, incluida la autoobservación y la autodescripción” (Luhmann, 2007:101). De esta forma, el sistema reduce su complejidad (4), es decir: “reducción de complejidad significa mantenimiento selectivo de un ámbito de posibilidades con bases estructurales. Son las estructuras las que determinan cuánta complejidad interna puede crear y tolerar el sistema. El mantenimiento y la reducción de complejidad dependen de dichas estructuras, que preseleccionan las posibilidades de relacionar elementos entre sí” (Corsi, 1996:45). En términos coloquiales, no es lo mismo llevar adelante un programa social en aquellas comunas que concentran las externalidades negativas del crecimiento económico (empleos precarios, pobreza, peores hospitales, peores escuelas, etc.) que una que reúne ventajas respecto a estos factores. La primera comuna requiere mecanismos de reducción de complejidad superiores que la segunda (mejores programas técnicos con altos estándares, profesionales altamente capacitados, hospitales que cuenten con servicios de urgencia, etc). Esta respuesta diferenciada ante la complejidad y centrada en la oferta se entiende como calidad. Cuanto mayor es la complejidad a reducir, mayor es la calidad que se requiere para hacerle frente.

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La calidad respondería, entonces, a un concepto que le sigue inmediatamente al nivel e intensidad de la complejidad que el stakeholder enfrenta. Aquí encontramos, entonces:

“Que existe un umbral contingente de equilibrio funcional, es decir, si para el sistema (stakeholder) no es posible reducir de buen modo la complejidad, no existe calidad en la prestación de los servicios o, mejor dicho, podemos hablar directamente de calidad insuficiente” (Matus, 2010).

¿Por qué la empresa Apple logró, después de verse prácticamente en la ruina durante la década de los años ochenta, remontar sus ventas y posicionarse, después de 2001, como uno de los referentes del mundo de la informática? La empresa liderada por Jobs logró esto a través del aumento de la calidad de los productos que ofertaba; en cierta medida, logró captar la dirección hacia la que el mercado se orientaba y construir tendencia en él. La calidad es, por lo tanto, saber reducir la complejidad. Avanzar en calidad (reducir complejidad) implica el establecimiento de estándares. Sólo es posible dejar atrás un cierto nivel respecto a un punto X previo, es decir, describir el tránsito desde un punto “A” a uno “B”. Frente a esto tenemos que todo sistema se constituye mediante una operación de distinción, donde se juega una y otra vez su relación con el entorno, siendo este último una pieza constitutiva del mecanismo. Así, todo lo que aparece puede ser, a la vez, perteneciente a uno o varios sistemas y perteneciente al entorno de otros sistemas (Rodríguez y Arnold, 1990).

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C O M P L E J I DA D Y R E S P U E S TA S DIFERENCIADAS Habitualmente se habla de complejidad para hacer referencia a una situación que involucra a variados actores que conforman una unidad “compleja”. Esa unidad no es fácilmente caracterizable puesto que se presenta, en los hechos, indistinta, combinada y confusa. La complejidad no es una operación, según como es conceptualizada por la teoría sistémica, “no es algo que un sistema ejecute ni que suceda en él, sino que es un concepto de observación y de descripción (…) La distinción que constituye a la complejidad tiene la forma de una paradoja: la complejidad es la unidad de una multiplicidad” (Luhmann, 2007:101-103). Esta noción viene a instalar una lógica que nos sitúa en el cómo se hacen las cosas (upgrade) puesto que el asumir la complejidad del cliente significa a su vez asumir el desafío de customizar la respuesta. De esta manera, una de las principales virtudes de la complejidad para describir y observar las características de las empresas (5), emprendimientos y los emprendedores dice relación con la posibilidad de observar y describir el entrelazamiento de actores, diferenciarlos y elaborar respuestas diferenciadas según las audiencias a las que se deseen impactar. Nos permite, igualmente, mayor efectividad en las respuestas, ya que al ser estas diferenciadas, son contingentes a cada nueva situación. Especialmente cuando consideramos que estas relaciones son múltiples, no lineales, es decir, no se trata de relaciones uno a uno, sino de interdependencia, es decir responde al carácter cambiante del entorno. Por otra parte tenemos que los emprendimientos se desarrollan en condiciones diversas, presentan riesgos diversos de dependencia a la empresa y también presentan potencialidades de autonomía comercial posibles de ser explotadas y/o activadas en el mediano y largo plazo.

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A esta forma “diferenciada” de responder con ofertas customizadas le denominamos calidad (6). En este sentido, calidad puede ser pensada como la forma en que el emprendimiento produce valor agregado a sus clientes. Ante esta situación, se hace necesaria la construcción de una herramienta que permita diferenciar los riesgos y, simultáneamente, diferenciar los apoyos, encaminando la resolución hacia una estrategia de desarrollo comunitario basada en relaciones capaces de generar riqueza en tanto se proyectan hacia el aumento de reputación para la empresa en la ciudad. Cuando hablamos de la relación complejidad v/s respuestas diferenciadas, nos referimos a conectar al usuario con un tipo de respuesta. En el siguiente esquema es posible apreciar la complejidad como oferta diferenciada, entendida como singularidad:

A medida Es-

Singularidad

Complejidad de servicio

Trato amigable, buenas relaciones

Marketing masivo de bajo costo

Conocimiento, credibilidad, capacidad de enjuiciamiento Conocimiento específico

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En esta tabla es posible identificar el paso desde una oferta de servicios prestado desde una lectura del medio baja (estándar) y una oferta prestada desde una visión del cliente customizada. Es así como aquella oferta proyectada desde la complejidad aparece como mayormente adaptada a las necesidades del cliente y, por lo tanto, con mayores posibilidades de ser comprada por el cliente. En síntesis, si aceptamos el concepto de complejidad como principio explicativo que permite diferenciar el entorno como oferta y demanda de servicios, esto nos permite entender que la producción de respuestas diferenciadas como mejora de la calidad que customiza la oferta (Ilustración 2).

COMPLEJIDAD DEL SISTEMA-ENTORNO

Para el presente proyecto, se propone utilizar la siguiente matriz descriptiva:

RESPUESTAS DIFERENCIADAS BUENAS

MEDIAS

ALTA

NIVEL INSUFICIENTE PRIORITARIOS

MEDIA BAJA

MENOS PRIORITARIOS

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ORIENTACIÓN SISTÉMICA CONTEXTUAL EN LA INTERVENCIÓN La noción más difundida sobre intervención social refiere a intervenir a través de las personas, como señaláramos anteriormente, utilizando medios como la persuasión, el control o la presión orientados a la obtención de las metas propuestas (transformación, cambio, adopción de nuevas conductas, etc.). Esta forma de mirar y de hacer la intervención social supondría que ésta supone que trata con, lo que podemos llamar, un sistema “trivial” o “simple”, es decir, predecible y que cumple las expectativas del sistema interventor al modo de que si éste dice algo al sistema a intervenir la respuesta será aquella que predecimos. La complejidad cae así en un punto ciego. Si observamos el carácter emergente y complejo de las relaciones sociales, la intervención social a través de las personas y la ilusión de poder producir “algo” en el sistema intervenido parece condenada al fracaso: se trata de sistemas complejos que poseen procesos variables y su control preciso (predictibilidad) no es posible. Los sistemas complejos, vale decir, las organizaciones, los actores colectivos, las comunidades, etc., procesan y observan el mundo de maneras específicas (lo que Luhmann llama clausura operacional), no ven aspectos de su propio operar y resulta que en muchas situaciones (como el robo, la adicción, la agresión) les parecen naturales u obvias. Entonces, queda claro que no se trata sólo de decirle a alguien que lo que hace no debería hacerlo, que debería hacerlo de otro modo o definitivamente abandonar aquella conducta: nos enfrentamos a sistemas cerrados que ven el mundo como lo ven y no ven aquello que no ven. Esto es, entonces, “la línea de base contextual” que enfrentamos a la hora de pensar en los escenarios actuales en que se deben tomar decisiones que afectan a diversos stakeholders.

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Al momento de plantearnos frente a la intervención social necesitamos tener claro, en primer lugar, que –de ambos lados de la intervenciónestán participando sistemas complejos no predecibles, ni manejables, ni posibles de transformar desde el exterior y que, en segundo lugar, de ambos lados de la intervención operan selecciones y decisiones. En ese sentido, la Orientación Sistémica Contextual propuesta por Helmut Willke ofrece nuevas posibilidades para la intervención social orientada a la combinación de complejidad/calidad. Para iniciar a describir la propuesta de Willke, señalaremos primero que la orientación contextual posee 3 premisas (Mascareño 2011, Willke):

Premisa 1: “Hablar el lenguaje nativo”:

Los sistemas poseen clausura operativa y apertura cognitiva, ven el mundo desde las propias categorías ya que está estructurado (normas, valores, ideología) para verlo de este modo y no de otro. Así, la comunicación es un proceso selectivo, cada uno no se encuentra abierto a todo o a cualquier cosa, sino que selecciona con mayor probabilidad aquello que habla mi propio lenguaje: el sistema selecciona lo que le interesa de acuerdo a su clausura.

Premisa 2: “La intervención es estratégica”:

La intervención sistémica contextual no puede interferir las operaciones clausuradas del sistema que se desea regular. En ese sentido, la intervención es estratégica: comunicar con la pretensión de que el otro haga lo que quiero que haga.

Premisa 3: “La intervención es una invitación, una propuesta al sistema a intervenir”:

La propuesta de intervención debe ser procesada por el sistema al cual se dirige. Se trata de un manejo de la situación y no manejo de la persona. El interventor sistémico no insiste (estrategia), cuando una intervención es efectiva, por lo tanto, no se nota ni resulta forzada. Intervenir con base en la orientación sistémico contextual implica asumir con claridad que cada sistema “habla su propio lenguaje”, de modo que el éxito de la intervención dependerá de cómo proponer

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aquel resultado buscado por el interventor de un modo que al otro le haga sentido, que le sea “resonante”. Así, nunca aquella propuesta es recibida sin la re-elaboración del propio sistema interventor en su apropiación de la oferta. Si bien el acceso directo al sistema resulta imposible, esta clase de estrategia de intervención manifiesta que: “al contexto del sistema es posible acceder por medio de distinciones sistémicamente relevantes” (Mascareño, 2011), por lo tanto, la intervención adquiere un matiz estratégico-temático más que un efecto de una causa (como quería ver el modelo normativo de intervención). En este sentido: “será él (sistema) quien reconozca comunicaciones relevantes, él quien la procese, él quien genere resonancia y él quien extraiga de todo ello las consecuencias necesarias” (Idem), es así como se produce la paradoja de: “pretender provocar un cambio que se sabe depende únicamente del que cambia” (Mascareño, 2011:03).

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Se trata, entonces, de generar un proceso de armonización, de buscar una modalidad que resuelva la contradicción en que uno gana (el interventor) y otro pierde, por una modalidad ganar-ganar que articule propuestas e intereses de stakeholders diversos. La intervención sistémico contextual, se señala con frecuencia, sigue la estrategia del “Caballo de Troya” (y no de la Guerra de Arauco), en tanto la intervención tiene que ir envuelta en la lógica operativa del otro: “ponerle el queso en la ratonera”, lo que supone conocer a fondo al sistema que se desea intervenir. Luego de ponerle a la estrategia de intervención “los lentes” por los que el otro está mirando –su lógica, su idioma-, seguidamente se debe ponerle al sistema a intervenir una alternativa en el entorno. Así, no nos estamos introduciendo al sistema (cosa que resulta imposible conceptualmente), sino que se le ubica, en el entorno, una oferta que pueda hacerle sentido. En síntesis, este modo de ver la intervención social reconoce la capacidad de autonomía que tiene el sistema a intervenir: los actores colectivos, de tomar o no una oferta comunicativa e integrarla a su operación, a través de aumentar su contingencia (sus opciones). Finalmente, se trata de la posibilidad de decidir. Entendiendo así la intervención sistémica contextual aparecen similitudes con la estrategia gerencial, en palabras de Mascareño (2011): “Orientación contextual es, en este sentido, un marco de referencia para la coordinación de la sociedad; intervención es una estrategia que operativiza ese marco, y coordinación es el resultado de esas estrategias para una observación de segundo orden que observa relaciones entre sistemas” (p.3), y agrega: “La intervención se apoya en un énfasis estratégico que intenta responder a la pregunta por las formas concretas de su operar. Es decir, orientación se realiza por medio de intervenciones, con lo que para una determinada relación entre sistemas existir formas paralelas de intervención vinculada

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por el marco de condiciones que sugiere la orientación, es decir, la intervención logra la gestión de las consecuencias a partir del estado general de una estrategia de orientación social” (p. 2). ¿Es posible hablar de éxito en este tipo de intervención? Cuando el sistema interventor se propone “captar las especificidades de cada sistema para, en su lenguaje, ofrecer las distinciones que la intervención busca ofrecer” (Mascareño, 2011:04), el éxito se logra cuando el sistema intervenido: “reconoce la propiedad y conveniencia de adoptar la distinción ofrecida y de comenzar a operar en el sentido que la intervención lo propuso”, entonces “su prueba de eficacia es el autosometimiento del sistema a las condiciones que la intervención (sistémica contextual) dispone”. Entonces al sistema intervenido le parece, naturalmente, que aquello que se le oferta favorece las condiciones de su propia clausura operativa, es “junto lo que necesitaba” y, por otra parte, nos permite entender al mismo tiempo que el problema de la complejidad (calidad como reducción de complejidad) es siempre para la oferta y no para los usuarios o clientes. Si no acceden los clientes a la oferta no es culpa del cliente sino de una estrategia errada de ventas y/o publicidad del producto.

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NOTAS (1) Entendemos como obstáculo epistemológico: “el efecto limitativo de un sistema de conceptos sobre el desarrollo del pensamiento”, que en el caso de Bachelard, impiden que un modo de pensamiento precientífico conciba asimismo el enfoque científico” Bachelard, Gastón. La Formación del espíritu científico (1938). (2) Cuando nos referimos a “los intervenidos” entendemos que ellos no pueden ser entendidos como sistemas sociales, en este sentido sólo las organizaciones lo son, las personas corresponden a lo que Luhmann llama sistemas psíquicos. Por lo tanto, en este documento, cuando hablamos de “intervenidos”, nos referimos a actores colectivos que pueden entrar dentro de la definición de sistema social. Vale destacar que: sistema social refiere al orden emergente basado en la comunicación, el sistema psíquico a la conciencia y la comunicación se refiere al mecanismo que acopla a la conciencia a la comunicación. (3) Los sistemas, dado que se encuentran enfrentados forzosamente a la selectividad constantemente, al elegir entre un puñado de posibilidades, no están descartando definitivamente aquellas que no fueron elegidas dejándolas, por el contrario, suspendidas con posibilidad de actualizarse en el futuro. Asimismo, estas posibilidades no seleccionadas pueden cumplir un rol como punto de comparación con aquellas posibilidades seleccionadas o medio de contraste. Entonces la selectividad produce complejidad también porque no anula lo que no se elige, uno puede decidir más tarde tomar lo que se desechó en base a la experiencia. (4) La complejidad ha sido caracterizada por medio de la selectividad forzada. Lo que llamamos “complejidad organizada” o también complejidad estructurada parece evolucionar como un intento de dirigir, o al menos limitar, la selectividad de las operaciones, no siendo

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la estructura otra cosa que la selección de selecciones. El sentido es una articulación diferente de este problema” (Luhmann, Idem:29). (5) A propósito de la gestión de la complejidad por parte de las empresas, señala Mario Waissbluth: “Los gerentes deben aprender a juntar cosas diversas en visiones coherentes, aprender a leer tendencias significativas dentro de un mar de información irrelevante, construir organizaciones unificadas, resolver conflictos, diseñar sistemas integrados, vinculándose a las redes del entorno. En particular, deben tomar decisiones en condiciones de incertidumbre y con información incompleta” (Waissbluth, 2008: 06).

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BIBLIOGRAFÍA Corsi, Giancarlo; Esposito, Elena y Baraldi, Claudio. Glosario sobra la teoría de Niklas Luhmann. México: Universidad Iberoamericana, 1996. Luhmann, Niklas. Essays On Self- Reference. EEUU: Columbia University, 1990. Sociedad y sistema. La ambicion de la teoría. Barcelona: Herder, 2007. Complejidad y Modernidad. Madrid: Trotta, 1998. La Sociedad De La Sociedad. Barcelona: Herder, 2007. Madrigal, Johanna. Del control a la coordinación de la oferta: Propuesta para una intervención social funcionalista sistémica. Tesis para optar al grado de Magíster en Trabajo Social. Santiago: Escuela de Trabajo Social Pontificia Universidad Católica, 2009. Mascareño, Aldo. Mad. “Sociología de la intervención sistémica contextual”. Santiago: Universidad de Chile, 2011. http://www.revistas. uchile.cl/index.php/RMAD/article/viewFile/15656/pdf Matus, Teresa. Expansiva. “La Reforma Municipal en la Mira”. Santiago: 2007. http://www.expansiva.cl/media/publicaciones/libros/pdf/4.pdf ---. Identificando municipios efectivos: análisis de cuatro componentes transversales en la gestión municipal de la región metropolitano. Cap IV “Propuestas para Chile”. Santiago: Universidad Católica, 2010. Nassehi, Armin, Von Der Hagen- Demszky, Alma. The Social cognitive mapping of policy. The health sector in Germany. En serie Knowledge and Policy in education and health sector. 2008 http://knowandpol.eu/ IMG/pdf/o1.germanyhealth.pdf

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Petautschnig, Carla. (2012) Trayectorias diferenciadas de inclusión/ exclusión y de los usuarios de la política pública. Santiago: Escuela de Trabajo Social Pontificia Universidad Católica, 2012. Ruelas, Enrique; Cocho, Germinal y Villegas, Moisés (2006) Las ciencias de la complejidad y la innovación médica. Ensayos y modelos. Grama Editoras. México. Rodríguez, Darío. Arnold, Marcelo. Sociedad y Teoría de Sistemas. Santiago: Universitaria, 1990. Waissbluth, Mario. (2008) Sistemas complejos y gestión pública. Santiago Disponible en: http://www.mariowaissbluth.com/descargas/ complejidad_y_gestion.pdf Willke, Helmut. (2011) Formas de autoorientación en la sociedad. Cap IV: Teoría de las sociedades desarrolladas. “Dinámica y riesgo de la autoorganización social moderna” Traducción de Aldo Mascareño disponible en: http://sociologia.uahurtado.cl/publicaciones/ (2009) “Observar la complejidad. Un desafío a las políticas públicas.” Resultados Proyecto FONDECYT Nº 1071034. Trabajar la pobreza con calidad. Disponible en: http://www.personasenmovimiento.cl/wpcontent/uploads/2011/11/OBSERVAR-LA-COMPLEJIDAD.pdf

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Equipo editorial de Apuntes de Tecnología Social: Paulina Miranda, Marcela Robles, Ángel Marroquín, Rodrigo Aguayo y Sebastián Cantuarias. Diseño gráfico: Carolina Sánchez, Stephanie Salas y Camilo Barriga. Fecha de publicación: Noviembre de 2013. Se prohíbe expresamente la reproducción o copia total o parcial de los contenidos de este documento sin el expreso consentimiento de Proyecto Propio.

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RESUMEN El año 2009, Proyecto Propio estableció, a través de su estudio Paradojas de las Deudas, una relación incuestionada hasta entonces entre deudas familiares y medición de la pobreza en los segmentos de menores ingresos -en la que, al considerar la variable deudas, la mayor parte de las familias no pobres se encontraban en situación de pobreza- esta vez Proyecto Propio se propone profundizar en la situación de endeudamiento de las familias de sectores vulnerables, revelando la emergencia de una creciente normativa asociada a los derechos de consumidores de servicios financieros y encuadrando el problema del endeudamiento sumergido en las redes informales de inclusión en el sistema financiero.

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INTRODUCCIÓN Abordar las tendencias actuales de endeudamiento resulta paradojal en dos sentidos: por una parte, y captando el movimiento gubernamental actual hacia una mayor transparencia de los mercados financieros (que desemboca en el SERNAC Financiero), podríamos decir que los clientes de servicios financieros han devenido ciudadanos con derechos crecientemente reconocidos y, a la vez, cada vez más “dispuestos a hacerlos respetar”. He aquí la paradoja: hoy el cliente parece tener derecho a acceder al sistema financiero, a través del acceso a deuda de consumo, más allá de los riesgos que implique para el acreedor. Cabe señalar que si bien el mercado financiero chileno es uno de los más regulados del mundo (situación que se acrecienta cuando consideramos el barrio), dado lo anterior, el sistema financiero tiende a agregar a individuos poco riesgosos y a limitar el acceso de los más pobres (o dejarlos a disposición de sistemas que cobran tasas altas para cubrir el riesgo). El segundo sentido de la paradoja se produce cuando pensamos en el aumento sostenido del endeudamiento entre el I y II quintil de ingreso (“Informe de Estabilidad Financiera”. Banco Central. 2º semestre, 2011), y dice relación con el escaso resguardo de estos sectores ante la eventualidad de la mora (o incapacidad de pago) del cese del pago. Hoy parecen más protegidas, ante una quiebra, las empresas que las personas. Las personas jurídicas parecen más resguardadas que las personas naturales. Si bien esta situación llevó a un grupo de diputados a presentar, en el mes de febrero del 2012, un proyecto de ley que llamaron de insolvencia individual y quiebra familiar, el tema del cese de pago continúa en tierra de nadie mientras se acrecientan los hostigamientos extrajudiciales en estos casos.

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Sumadas estas dos tendencias como parte del entorno financiero microeconómico actual, ambas parecen comenzar a arrojar luces sobre un tema insuficientemente estudiado en los segmentos más pobres del país: los mecanismos de endeudamiento a los que estas poblaciones acceden, las condiciones en que lo hacen, sus principales acreedores formales e informales, los mecanismos de presión ante el cese de pago, entre otros elementos que conrorman lo que podríamos llamar la constelación financiera local. En el artículo que se presenta a continuación nos hacemos cargo de estos y otros aspectos del fenómeno, considerando que las tendencias actuales de endeudamiento en sectores pobres conforman nuevos escenarios en los que, por una parte, es posible propender a responder con calidad -desde las políticas públicas y el tercer sector- a las complejidades en estos entornos empobrecidos considerando estas variables y, por otra parte, ofrecen la posibilidad de pensar alternativas que involucren el mejoramiento en la calidad de los servicios financieros y de desarrollo local proveídos por diversos stakeholders a estos públicos, a partir de la gestión autónoma e informada de su tesorería cotidiana. Comenzaremos delimitando las principales tendencias especto al endeudamiento en el I y II quintil de ingreso, señalando sus principales características y fundamentando la relevancia de abrir el debate público respecto a él. Finalizaremos señalando algunos elementos para el debate en torno al tema.

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MERCADOS Y SISTEMA FINANCIERO La actividad económica del país se desarrolla a través del funcionamiento de diversos mercados (1), habitualmente estos se dividen en: -Mercado real: conformado por los agentes que transan bienes físicos, y -Mercado de capitales: compuesto por emisores, inversionistas, agentes intermediarios, organismos reguladores y empresas de apoyo al giro financiero. Si consideramos que Chile ha optado por una economía abierta al comercio internacional, se torna gravitante la existencia y operatoria de normativas internacionales que orientan el intercambio con y hacia el exterior. El principal estándar internacional respecto a regulación del sistema financiero corresponde al denominado acuerdo bancario internacional (BASILEA II (2)), este tratado busca, entre otras cosas: -Crear un marco que reconozca las mejores prácticas bancarias de gestión de riesgos y requirimientos de capital, enfatizando la dirección del banco como máxima responsable del nivel de solvencia de la entidad. -Crear los incentivos para que las entiades financieras adopten enfoques más avanzados en su gestión y medición de riesgos. -Recoger las últimas tendencias de supervisión, que dan mayor relevancia a la disciplina del mercado y transparencia de la información.

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El mercado de capitales chileno se ha caracterizado crecientemente por contar con un marco regulatorio moderno y reconocido a nivel internacional, en efecto, en su estudio económico para Chile, la OCDE señala que: “El marco de políticas chileno se caracteriza por políticas fiscales y monetarias responsables, un sistema financieron relativamente bien desarrollado e instituciones modernas” (OCDE, 2010:1) (3). Respecto a la situación actual se señala que: “Gracias a una política monetaria responsable y a la política fiscal prudente aplicadas durante los años de auge económico se han podido adoptar medidas de estímulo macroeconómico decisivas (…). En la actualidad, si bien la economía se encuentra saliendo de la recesión, se prevé que, inicialmente, la tasa de desempleo siga siendo elevada, mientras que la inflación permanecerá con toda seguridad en un nivel bajo” (Ibid, 2010). En síntesis, el desarrollo del mercado de capitales chileno, está alineado con el interés general de la nación y los entes reguladores internacionales. El mercado financiero, por lo tanto, constituye una herramienta para crear, transversalmente, mayores oportunidades, promover el empleo de mejor calidad y tiene un efecto directo sobre el bienestar de la población. El sistema financiero en Chile se compone de 24 bancos (4), de ellos, hay 18 que se consideran como “Bancos Establecidos en Chile” (5), a ellos se suman 5 sucursales de Bancos Extranjeros (6). Finalmente, existe un Banco Estatal, que corresponde al Banco del Estado de Chile. A ellos se agrega el Banco Central de Chile (7). Todos los bancos, salvo el Banco Central, son fiscalizados por la Superintendencia

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de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). Los bancos se rigen por el D.F.L. Nº3, de 26 de noviembre de 1997 que fijó el texto refundido de la Ley General de Bancos (8), a las que se suma el conjunto de normas dictadas por la SBIF. El actual gobierno lleva adelante un conjunto de medidas para perfeccionar el mercado de capitales. La iniciativa AGENDA MERCADO DE CAPITALES BICENTENARIO (MKB) tiene por objetivos estratégicos: “integrar nuestro mercado financiero con el resto del mundo; generar un marco regulatorio que fomente la innovación y el emprendimiento; adoptar las mejores prácticas internacionales respecto de competencia, supervisión y transparencia, e incrementar la productividad, liquidez y el acceso al sistema financiero”.

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En teoría, el mercado financiero debería generar ganancias más allá de su riesgo operacional. Crecientemente, la experiencia internacional está demostrando que el principio de ganancia, dado el nivel de riesgo, se está rompendo (mercados de derivados) para este mercado. Esta situación afecta especialmente a los más pobres puesto que: “cuanto más regulados se encuentran los mercados financieros (bancario y no bancario) aumentan las exclusiones a los sectores más pobres.

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REGULACIÓN CRECIENTE DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Tres son hoy los grandes hitos regulatorios en materia financiera en Chile: la creación del SERNAC Financiero, la denominada “Ley DICOM” y el proyecto de ley de insolvencia individual y quiebra familiar. Cada no de estos hitos ha contribuido, desde su particular hámbito, a formar un clima financiero cada vez más sensible del cliente que ha obligado crecientemente a diversos actores del sistema a considerar sus relaciones con el cliente como un activo a potenciar.

Consuma bien, viva mejor La implementación del SERNAC Financiero (ley 20.555) (10), en el MKB ha venido a proponer un nuevo marco legal orientado a regular los derechos de los consumidores de productos y servicios financieros, entregando, a su vez, atribuciones específicas de fiscalización al organismo y estableciendo nuevas obligaciones a las empresas prestadoras de servicios. Esta nueva normativa ha implicado, además, la constitución de un sistema de certificación mediante un “Sello SERNAC” (que comenzará a partir del 5 de junio del 2012) aplicado, en un principio, voluntariamente a los proveedores de servicios comerciales, mientras la autoridad espera que crecientemente se incorporen los proveedores de servicios financieros. Sustancialmente la ley ha venido a establecer y reforzar un conjunto de derechos especialmente radicados en los clientes de servicios financieros (11). En este contexto, es dable señalar que: la imagen del consumidor de servicios financieros se encuentra hoy radicada en una óptica de derechos anclada jurídicamente, lo que la dota de un conjunto de herramientas

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que permiten reconsiderar asimetrías entre proveedores y clientes. En este sentido, sostenidamente el SERNAC ha venido poniendo en la palestra pública situaciones que afectan a estos últimos. Un ejemplo de esto es la información del organismo respecto a causales tras las quejas de cobranza (12). A través de este estudio -construido en base al análisis de las demandas de quejos de los clientes ante diversos organismos el SERNAC- se demostró que el 69,0% de las quejas respondían a cobros indebidos, el 20, 3% a cobranzas que afectan la privacidad (afecta privacidad familiar y laboral, informa deuda a terceros y llamados con amenazas), el 7,0% responde a cobro de deuda ajena, el 2,0% responde a llamados en día inhábil y el 1,0% escrita que simula escrito judicial. En el año 2011 los reclamos ante el SERNAC crecieron un 45%, esto es, llegaron a un total de 301.397. Los reclamos se distribuyeron de la siguiente manera según sectores económicos.

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Al cruzar la información del total de reclamos por sectores (ilustración 1) con el aporte al PIB que hace cada uno de estos sectores tenemos que: -Lo sectores que hacen un aporte más significativo al PIB resultan ser aquellos que tienen menos reclamos.

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En síntesis, el SERNAC se ha venido convirtiendo crecientemente en un actor regulador del mercado de servicios comerciales anclando administrativamente la figura del consumidor de servicios financieros como un actor clave para impulsar transparencia en el mercado. Esto ha sido posible a través de la creciente información publicada por el organismo y difundida a través de medios de comunicación. Sin perjuicio de lo anterior, esta no es la única medida que se ha tomado para llevar adelante una reforma en la “constelación microeconómica”, como veremos.

Anclaje jurídico de la quiebra individual En síntoma con lo anterior, se encuentra el proyecto de ley de insolvencia individual y quiebra familiar (13). Este proyecto, presentado al Congreso en febrero de 2012, viene a insumar a los derechos subrayados en el SERNAC Financiero otros asociados puntualmente a la quiebra. En este sentido, cabe señalar que no es posible identificar en Chile normativas jurídicas específicas acerca de la quiebra en personas naturales, y mucho menos la posibilidad de establecer el cese de pago antes de iniciada una acción civil. Es así como el proyecto señala: “toda persona o grupo familiar tendrá derecho a declararse en estado de insolvencia o quiebra. La declaración anterior podría realizarse antes de iniciado juicio ejecutivo en su contra o será admisible como oposición a la ejecución (Proyecto de ley de insolvencia individual y quiebra familiar. Art. Nº2, 2012). Para el proyecto de ley resulta indiferente el motivo por el cual se produce la situación de insolvencia que afecta al deudor individual o grupo familiar, lo que, en cierta medida, viene a situar en un mismo rango los diversos motivos de endeudamiento por consumo. Otro aspecto que llama la atención está dado por la asimilación de la unidad financiera de la deuda a la familia. Señala el proyecto: “en caso que la declaración de insolvencia o quiebra sea realizada por un grupo familiar, dicha declaración comprenderá el patrimonio de ambos cónyuges y los de sus hijos mayores de edad que así lo declaren, sin ser

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relevante el régimen patrimonial matrimonial al que adhieren y, por tanto, los acreedores de los cónyuges deberán ejercer acciones, negociar u otros con el grupo familiar conjunta e indivisiblemente” (Idem, Art. Nº3). El proyecto de ley considera igualmente la notificación (como requisito) al boletín comercial y la entrega de una lista de acreedores afectados por su notificación. Es interesante constatar que el proyecto contempla como “prueba de la insolvencia” las liquidaciones de sueldo correspondiente a los últimos 6 meses, copia de las últimas 6 boletas emitidas o el certificado de imposiciones a la fecha. Este aspecto mantiene en el margen de lo visible, no solo otros activos de las familias (educación, capacidades, activos que no son monetizados en el sentido que necesariamente produzcan patrimonio), sino las actividades informales generadoras de ingresos familiares como, por ejemplo, el comercio informal (14). En síntesis, podemos establecer que el concepto de insolvencia usado para la ley resulta distinta a la insolvencia en las prácticas económicas cotidianas de las familias. Otra de las consideraciones importantes del proyecto, y que en cierta medida viene a regular la indeterminada zona entre acreedores y proveedores respecto a los servicios financieros prestados y pagados, dice relación con lo que podríamos denominar como “gestión de la morosidad”. El proyecto de ley señala al respecto que: “las negociaciones o gestiones entre el deudor individual o grupo familiar no son materias de esta ley y se regirán por las normas generales”. Sin embargo, señala el proyecto: “cualquier tipo de presión, hostigamiento, amenaza u otro similar, ejercida al deudor individual o grupo familiar por parte de uno o más acreedores y tendiente a obtener el pago de lo adeudado o la suscripción de un compromiso de pago de lo debido, se sancionará con presidio menor

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en su grado máximo y multa de 500 UTM a beneficio fiscal” (Idem, Art. Nº14). Respecto a este último punto cabe señalar que existen múltiples actividades ilegales asociadas al cobro de morosidades y que, en algunos casos, han dado pábulo a un merado especializado en cobros y gestión de morosidades, principalmente vía judicial (15). Como hemos podido visualizar, este proyecto de ley viene a regular la quiebra familiar y a formalizar la zona opaca de cobranza previa al inicio de un juicio ejecutivo, sin embargo, se articula, como hemos podido ver, con la reforma al sistema de boletín comercial. Sin perjuicio de ello, queda en evidencia que los problema no se producen cuando las personas ingresan al boletín comercial por deudas, sino en el momento de la entrega del crédito (16).

No más DICOM EL día 24 de enero de 2012 fue aprobada la ley denominada: “No más DICOM”, esta normativa obliga a quienes tienen deudas por menos de 2 millones y medio de pesos al 31 de diciembre del 2012, a ser borrados de los registros que mantenía el boletín comercial o DICOM y, además, prohíbe registrar deudas repactadas, así como condicionar los puestos laborales a los antecedentes comerciales y que se niegue atención médica por estar registrado en esta base de datos. Cabe señalar que la ley prohíbe la publicidad a la vez que establece el derecho de las personas a exigir ver los registros tres veces al año, para saber quiénes han consultado sus datos. Desde su aprobación, la normativa afectó directa e indirectamente a cerca de cuatro millones de personas y, si bien la denominada ley comenzó a regir en febrero del 2012, las tendencias de evaluaciones al mes de mayo, por parte de la industria del retail financiero señalaban lapidariamente que: “la ley DICOM elevó los niveles de morosidad” (17).

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Al respecto, señaló en entrevista con el periódico El Mercurio el gerente corporativo del retail financiero de Falabella, Gastón Botazzini: “la percepcón de menor costo de no pagar las deudas por parte de los consumidores ha generado un incremento en la morosidad no explicable por cambios en factores económicos” (El Mercurio. 5 de mayo, 2012: B-3). En términos globales, en la industria del retail se estima que: “el incremento de impagos ha subido en torno a un punto porcentual en los retailers, cuya oferta se orienta a estratos C3-D” (Idem), a la vez que, señala Botazzini: “la tendencia parece indicar que los índices de morosidad de han casi duplicado, pero aún es prematuro evaluar por qué las personas que compraron en marzo tuvieron recién la primera cuota en abril y 30 días después de que su cuota vence se puede declarar realmente moroso” (Idem, Pág. B-3). En síntesis, los diversos actores del sector señalan que: “las personas confundieron borrón de la información con borrón de la deuda” (Idem). Dado lo anterior es que señalamos que hoy el cliente parece tener derecho a acceder al sistema financiero más allá de los riesgos que implique para el acreedor, es decir, si bien las personas se endeudan con mayor facilidad porque los bancos ponen menos restricciones a los servicios financieros, a la vez estos últimos se encuentran con que las personas pagan menos porque en realidad no eran solventes desde un principio. A esto se agrega el hecho que, por la misma nueva normativa (DICOM), las entidades financieras no pueden restringir el accedo por la eliminación del DICOM histórico. En términos generales, la normativa asociada a DICOM ha venido a instalar entre los diversos actores involucrados una pregunta acerca de la

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relación entre la mala conducta comercial y la normativa que puede ser expresada como sigue: ¿se ve potenciada la morosidad, progresivamente, con la ley DICOM?

Síntesis En síntesis, es dable señalar que los tres grandes hitos financieros recientes en materia regulatoria han sido: la nueva ley del SERNAC Financiero, el proyecto de insolvencia individual y quiebra familiar -especialmente la sección de este proyecto que considera la relación cliente-proveedor- y la ley DICOM. Todas y cada una de estas iniciativas coinciden en posicionar al consumidor de servicios comerciales y/o financieros en situación de exigir una serie de derechos de “segunda generación” (asociados a los Derechos económicos, sociales y culturales, DESC (18)) que han venido a suscitar apoyos políticos transversales en la opinión pública (19). Estas reformas, también han venido a responder a exprectativas del Estado por aumentar la transparencia en el mercado financiero, de la ciudadanía ante un tema que le afecta directamente (recordemos que existían cerca de cuatro millones de personas registradas en el Boletín Comercial o DICOM) y de las propias empresas prestadoras de servicios, al ver su capital reputacional en juego (20). Antes de continuar se hace preciso describir las tendencias financieras globales en las cuales se desarrollan y responden estos marcos regulatorios.

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CIFRAS DE ENDEUDAMIENTO ACTUAL Según el Informe de Estabilidad Financiera del segundo semestre de 2011 del Banco Central, el actual panorama financiero nacional, respecto a la deuda de empresas y hogares en Chile, estaría dado por: “el continuo crecimiento de la deuda, en un contexto de un dinamismo más moderado de la economía, sin observarse un deterioro de su situación financiera a nivel agregado” (“Informe de estabilidad financiera”. Banco Central. 11 de mayo, 2012: 32). Ya enfocado en los hogares, el informe plantea que la deuda continuó acelerándose durante el tercer trimestre del 2011, periodo en que la deuda total de los hogares: “se expandió 9,2% anual, cifra superior al crecimiento de años anteriores” (Ídem) y añade que: “esta evolución es explicada, en gran medida, por un dinamismo relativamente mayor a la deuda de consumo (10,8%) respecto de la hipotecaria (8,1%) (Ídem, 32). Al respecto, cabe señalar que el componente más activo de la deuda de consumo ha estado dado por el endeudamiento bancario que, según cifras del Banco Central: “creció a una tasa de 14,4%. En cambio, la deuda con casas comerciales creció 0,5%” (Ídem).

Evolución del endeudamiento en el Retail Según cifras del Diario Financiero (DF), la evolución reciente de las empresas de retail (que gozaba de un momento de auge durante la primera parte del 2011), se vio afectada por la “crisis” generada por el caso La Polar, especialmente por las acciones emprendidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) quien inició una serie de fiscalizaciones a industrias del sector. Una de las consecuencias más

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importanes del caso se relaciona con el hecho que las empresas del rubro se vieron obligadas a informar con mayor precisión sobre su cartera de clientes. Las cifras entregadas por el Diario Financiero muestran una: “importante relación entre la deuda promedio de un cliente repactado con otro que no lo ha sido”. Mientras en el caso de los primeros, el monto promedio de la deuda llega a $440.471, los segundos deben $251.157. De todos modos, continúa el medio: “se observa una caída de 5,8% en los mondos totales de la cartera en comparación con 2010”. Esta situación queda demostrada en el siguiente cuadro:

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En síntesis, si bien la deuda promedio por tipo de cartera se ha visto concentrada en los clientes repactados, la deuda promedio ha mantenido su tendencia durante el año 2011. La otra dimensión de la deuda considerada en el informe del Banco Central es la deuda bancaria.

Deuda Bancaria En la actualidad es posible observar un aumento en el consumo del tipo de endeudamiento bancario. Este crecimiento se produce en un contexto de condiciones crediticias menos restrictivas, en general, para el consumidor. En efecto, según la Encuesta de Crédito Bancario del Banco Central hasta el tercer trimestre del 2011 continuaban observándose condiciones de ofertas más flexibles en este segmento, principalmente, señala el estudio: “debido a una menor percepción de riesgo y una competencia más agresiva de otros bancos e instituciones no bancarias”. Asimismo, la demanda se percibía fuerte, gracias a condiciones más atractivas de tasas de interés y a las mejores condiciones de ingreso y empleo de los clientes. Esta situación nos lleva a preguntarnos acerca de la posterior relación entre endeudamiento y crecimiento económico en los escenarios del año 2012 caracterizado por un desempleo de 6,4% en el trimestre móvil diciembre-febrero de 2011. Respecto a la deuda bancaria: “está cercana a su valor de tendencia. De este modo, esta evidencia es coherente con los indicadores de endeudamiento agregado antes descritos” (Ídem).

Disminución del desempleo y aumento del endeudamiento Durante el mes de enero de 2012, el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile publicó cifras que causaron revuelo en el país: “La tasa de desempleo en el Gran Santiago fue de 6,2%, a diciembre del 2011” (lo que equivalía a 184.400 personas desocupadas). Esta tasa resultaba menor en 1, 7 puntos porcentuales a la registrada hace un

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Disminución del desempleo y aumento del endeudamiento Durante el mes de enero de 2012, el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile publicó cifras que causaron revuelo en el país:

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“La tasa de desempleo en el Gran Santiago fue de 6,2%, a diciembre del 2011” (lo que equivalía a 184.400 personas desocupadas). Esta tasa resultaba menor en 1, 7 puntos porcentuales a la registrada hace un año en el mes de diciembre del 2010 (cuando el desempleo fue de 7,9%). Estas cifras llevaron a la Ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, a hablar de pleno empleo, puesto que resultaban las cifras más bajas de desempleo en 15 años. Al analizar las cifras de empleo según el nuevo instrumento (Nueva Encuesta Nacional de Empleo, NENE; instrumento que posee estándares internacionales acordes con OCDE y que comenzó a ser aplicada el año 2010 por el INE), las cifras de empleo muestran algunos matices como que la mitad de los nuevos trabajos identificados corresponden a trabajos por cuenta propia, que el personal de servicio doméstico y familiar no remunerado, es decir, trabajos vinculados directamente a empleadores y no a políticas de empleo gubernamentales específicas. En este sentido, la tendencia muestra que gran parte de estos nuevos empleos han sido creados no por empresas “madres” sino a través de empresas terciarias o contratistas. Este empleo se caracterizaría, según la Fundación SOL, en que: “las personas que en ellos se desempeñan trabajan menos tiempo del que desearían y serían empleos precarios y con escasa protección” (“Precariedad laboral y modelo productivo en Chile”. Fundación SOL. 21 de diciembre, 2011). En este sentido la escasa protección se relacionaría con el aumento del endeudamiento en el sentido que las familias en esta situación se encuentran menos preparadas para enfrentar los riesgos (como la enfermedad, gastos de vivienda, reparaciones de electrodomésticos, etc.). El empleo precario también se relaciona con la escasa posibilidad y/o obstáculos al ahorro (21). En línea con el crecimiento del ingreso vía empleo de los hogares, el endeudamiento de los hogares ha aumentado de manera similar a su ingreso disponible, lo que se ha traducido en indicadores de endeudamiento (RDI) relativamente estables luego de la crisis del 2008 (subprime). La tendencia apunta a que: “el endeudamiento con casas comerciales también se ha mantenido estable luego de la crisis

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financiera. Todo lo anterior, se complementa con una recuperación de la riqueza financiera neta de los hogares hasta niveles similares a los previos a la crisis. En términos de tendencia, la expansión del endeudamiento no excede la evolución de largo plazo en sus diferentes componentes” (“Informe de estabilidad financiera”. Banco Central. 11 de mayo, 2012:34). No obstante lo anterior, el informe de estabilidad financiera señala que los hogares de menores ingresos: “exhibieron un deterioro en sus indicadores financieros posterior a la crisis subprime” (Idem). Este mayor endeudamiento pareciera estar asociado tanto al shock de ingresos como al aumento de la deuda producto de procesos de renovación de compromisos financieros en los hogares más vulnerables a la crisis. Respecto a este punto, el informe agrega que: “en particular, la EFH reporta un incremento de los hogares con dificultades para el pago de sus deudas durante la crisis anterior. El porcentaje de hogares con dificultades para pagar sus deudas en el estrato de menores ingresos aumentó desde 20,5 a 32,9% entre los años 2007 y 2009. Consistente con lo anterior, el porcentaje de hogares con deuda en riesgo en este estrato pasó de 5,2% el 2007 a 6,8% el año 2009” (Idem). Finaliza el informe aseverando que: - Aun cuando no se tiene información en esta línea más reciente para analizar la evolución de tales indicadores, la evidencia proporcionada por la EFH sugiere que los hogares de menores ingresos son relativamente más vulnerables a los shocks negativos en la actividad económica y al aumento del desempleo (Idem). - Sin embargo, el riesgo sistémico asociado a estos hogares es acotado, dado que su participación en la deuda total es relativamente baja (11%). En todo caso, dado que estos estratos tienen una composición de deuda diferente a la de los estratos de mayores ingresos, la distribución de riesgos es heterogénea a través de diferentes oferentes de crédito (22) (Idem).

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Si bien, respecto a la deuda de consumo y bancaria el estrato de menores ingresos tiene una participación total de 8,0% y 19%, respectivamente, y la deuda de casas comerciales asciende a 26%, existen una serie de condiciones de acceso al crédito vía informal que permanecen sumergidas e insuficientemente estudiadas. Esto nos lleva a considerar el análisis y monitoreo de estos mecanismos de acceso a servicios financieros “informales” como parte constitutiva de los circuitos económicos locales. Al respecto, el informe de estabilización financiera finaliza señalando: “Por último, es necesario continuar monitoreando la evolución del endeudamiento de los hogares de menores ingresos, los que podrían encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad financiera. El endeudamiento de estos hogares, si bien no es de relevancia sistémica para el sector bancario, sí podría ser de importancia para oferentes de crédito más orientados a segmentos de menores ingresos” (Idem). Dado este panorama diferenciado de riesgos respecto al endeudamiento en el contexto económico local: ¿Cuál es la situación en que se encuentran estas familias?, ¿cuál es su relación con el consumo de servicios financieros?

Pobres y endeudados Según muestra el estudio financiero realizado por FOSIS a familias del Programa Puente durante el primer trimestre del 2012, es decir, a aquellas que pertenecen al quintil I y II de ingreso y aplicado a 12.500 personas provenientes de las familias más vulnerables de nuestro país (incorporadas al programa ChileSolidario), arrojó los siguientes resultados: de las familias de extrema pobreza, el 78% se encuentra endeudado. De ellos, la mayoría (51,4%) está endeudado con una casa comercial, con familiares y amigos un 28,1%, y con servicios básicos un 19,1%. El 30% de las deudas contraídas con las Casas Comerciales superan los $79.164 como cuota mensual a pagar.

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Se señala igualmente en el informe que: “La mayoría de las familias Puente, en caso de requerir dinero, preferiría acudir a sus propios medios o a círculos cercanos o próximos, ya sea organizando un evento o recurriendo a familiares; 8 de cada 10 familias del Programa Puente paga sus deudas, privilegiando saldar la deuda con el almacén del barrio (91,5%), luego la Cooperativa (82,6%) y en tercer lugar le pagan al prestamista (80%). El 59,4% de los encuestados está muy en desacuerdo con que es buena idea comprar algo ahora y pagarlo después, sin embargo el 82,9% considera que usar el crédito es parte de la realidad actual. El 97,7% de los encuestados asegura que si uno se lo propone siempre se puede ahorrar algo de dinero. En tanto, el 96,2% de las familias Puente considera que es importante tratar de vivir de acuerdo al dinero que tiene (23). Esta serie de datos logra circunscribir un tema aun mayor: el papel de los servicios financieros en la lucha contra la pobreza. Esto, puesto que la vulnerabilidad social asociada a empleos precarios se ve acentuada cuando consideramos la gestión de la microfinanzas por parte de esas mismas familias. Esta situación permite vislumbrar una serie de fallas en el mercado financiero respecto a este segmento de la población, a la vez que comenzar a visualizar relaciones entre actores diversos capaces de promover microfinanzas sostenibles en esta población. Estas brechas, en las políticas públicas financieras, permiten proliferar una serie de prácticas financieras aún insuficientemente abordadas y que nos hablan de redes informales de inclusión al mercado financiero informal.

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ENDEUDAMIENTO SUMERGIDO: REDES INFORMALES DE INCLUSIÓN AL MERCADO FINANCIERO Si bien existen una serie de indicadores sistemáticos de análisis y monitoreo del endeudamiento formal -entre ellos los del Banco Central- permanecen bajo la superficie de esta “formalidad” una serie de transacciones económicas que sustentan y dan vida a los circuitos económicos locales en los que las familias de menores ingresos llevan adelante sus transacciones diarias y encuentran condiciones para desplegar sus activos económicos, humanos, sociales y físicos. Considerar financieramente a estas familias, sus mecanismos de acceso al crédito y al endeudamiento, puede arrojar luces acerca de la existencia de vulneraciones a la autonomía financiera de las familias no consideradas, a la vez que complejiza las lecturas de pobreza que no consideran la deuda familiar como parte de la estructura con que se mide la pobreza en Chile, tal y como lo mostró el estudio 2009 de Proyecto Propio “Nueva Pobreza Urbana”, en el que se detectó que el 64,4% de las familias pobres de Santiago tienen deudas, que las familias pagan en promedio $69.566 mensuales por este concepto, considerando un promedio de ingresos de $225.129. Igualmente, en este estudio se estableció que la mayor causa de endeudamiento es por consumo: un 66,5% de los encuestados indica estar endeudado por concepto de consumo, 41,2% por vivienda, 16,7% por educación y el 12,6% por otros motivos. El actual escenario de emergencia de los clientes de servicios financieros como sujetos de derecho debería considerar el tipo y la estructura de los sistema de endeudamiento informales a fin de penetrar en ellos, promoviendo la transparencia y el acceso de estas familias de menores

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ingresos a formas y mecanismos de endeudamiento trasparentes y alejados de abusos. Esto último se torna primordial, puesto que la tendencia financiera actual señala que el endeudamiento en estos sectores de bajos ingresos se mantiene en el largo plazo, y se acrecienta en el mediano cuando aumentan su acceso a empleos manifiestamente de mala calidad, con una débil capacidad para hacer frente a imprevistos e infortunios, aún cuando la tendencia a la bancarización (CuentaRUT BancoEstado) parece indicar que la tendencia apunta al desarrollo de un mercado en función de productos asociados. Es posible señalar que existe una zona financiera opaca y desregulada que se expresa en micro-prácticas financieras que comienzan siendo opciones viables para personas marginadas del sistema financiero formal y que, en tanto prácticas financieras, se encuentran fuera del circuito de regulación jurídica.

Puntos de Debate • Parece resultar urgente crear un informe sistemático de deuda consolidada a nivel de personas a la vez que orientar la producción de esta información hasta la generación de una adecuada clasificación de riesgo. • Acceso al MK para financiamiento de proyectos y para la inversión inexistente. • Chile tiene mucho que avanzar en nivel deuda (países solventes tienen mucho mayor nivel de deuda a nivel de personas). • Parece resultar interesante abordar los problemas originados por el no pago, a través de mecanismos alternativos (ej.: seguros de cesantía).

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• Es posible destacar el rol premiador del mercado financiero respecto a permitir la realización de proyectos hoy y financiar proyectos rentables. • La actual normativa ha venido a introducir mayor transparencia en el mercado comercial y financiero chileno en su globalidad. • El actual escenario jurídico permite re-enfocar el endeudamiento en una perspectiva de derecho anclada en los DESC. • Las empresas crecientemente se ven impelidas a considerar la gestión de la morosidad como una herramienta de gestión del negocio. • Todas estas tendencias apuntan a un cambio global en la forma de entender al cliente y su reclamo, como oportunidades y desafíos que apunten a mejorar calidad de los servicios prestados. • Hoy, en el mercado financiero y las empresas prestadores de servicios básicos se encuentran depositadas expectativas de satisfacción por parte del Estado, los ciudadanos y los clientes. • La ley DICOM viene a plantear cuestiones a mediano y largo plazo respecto a la conducta comercial: ¿Cómo establecer relaciones de gestión de la morosidad no prescriptivas que consideren diversos estilos de pago en los clientes? • Los mecanismos de ahorro y endeudamiento informal permanecen en la opacidad del sistema financiero.

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NOTAS (1) El mercado corresponde, como es sabido, a un sistema de asignación de recursos y cuyo funcionamiento se basa en el sistema de precios (oferta y demanda). (2) http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Biblioteca?indice=6.1&idCatego ria=1008 (3) http://www.ocde.org/datacoecd/7/38/44493040.pdf (4) La Ley General de Bancos señala, en su artículo Nº40 que el giro de ellos corresponde a: “captar dinero del público con el objeto de darlo en préstamo, descontar documentos, realizar inversiones, proceder a la intermediación financiera, hacer rentar esos dinero y, en general, realizar toda otra operación que la ley le permita”. Se agrega además el que los bancos también pueden desarrollar actiidades complementarias y de apoyo a su giro, mediante sociedades que están tratadas en los artículos Nº70 al Nº73 de la Ley General de Bancos. Algunas de estas sociedades quedan sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Valores y Seguros, en atención al tipo de actividad que desarrollan. (5) Banco de Chile, Banco Internacional, Scotiabank Chile, Banco de Créditos e Inversiones, Corpbanca, Banco Bice, HSBC Bank (Chile), Banco Santander-Chile, Banco Security, Banco Falabella, Deutsche Bank (Chile), Banco Ripley, Rabobank Chile, Banco Consorcio, Banco Penta, Banco Paris, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile (BBVA) y Banco Itaú Chile. (6) Banco de Brasil S.A., JP Morgan Chase Bank, N.A., Banco de la Nación de Argentina, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD, DnB Nor Bank Asa.

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(7) http://www.bcentral.cl/index.asp (8) http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/LeyNorma?indice=3.4&idConte nido=551 (9) http://www.gob.cl/informa/2010/05/06/agenda-mercado-decapitales-del-bicentenario.html (10) La ley 20.555 viene a modificar la antigua ley 19.496 que trataba sobre protección de los derechos de los consumidores y dota de atribuciones en materias financieras al SERNAC. (11) En su artículo 1º la ley señala: “Son derechos del consumidor de productos o servicios financieros: a) Recibir la información del costo total del producto o servicio, lo que comprende conocer la carga anual equivalente a que se refiere el ar´ticulo 17 G, y ser informado por escrito de las razones del rechazo a la contratación del servicio financiero, las que deberán fundarse en condiciones objetivas; b) Conocer las condiciones objetivas que el proveedor establece previa y públicamente para acceder al crédito y para otras operaciones financieras; c) La oportuna liberación de las garantías constituidas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, una vez extinguidas éstas; d) Elegir al tasador de los bienes ofrecidos en garantía, entre las alternativas que le presente la institución financiera; e) Conocer la liquidación total del crédito, a su solo requirimiento”. (12) Los reclamospor este concepto llegaron a 14.671 en el 2011-2012, ocupando el sector financiero el 78%, seguido por servicios básicos con un 7% y las autopistas con 5%, Fuente: www.sernac.cl (13) Este proyecto ingresó en el mes de marzo 2012 a la cámara de diputados.

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(14) Al respecto cabe señalar que si bien el SERNAC ha dado publicidad creciente a estas gestiones de cobro abusivas, a pesar de ello, se desconoce la magnitud del problema que se mantiene en la informalidad. (15) Por ejemplo las que se pueden encontrar en sitios como www. endeudados.cl o www.sindeuda.cl (16) Este punto no sólo impone la necesidad del mercado de contar con información completa acerca de la deuda que tienen los usuarios, sino que también, la necesidad de regular las condiciones que los prestadores de servicio deben cumplir para entregar estos créditos. (17) Un artículo completo respecto al tema se puede encontrar enEl Mercurio del día 05 de mayo, pág. B-3. (18) Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son elementos esenciales de una vida en dignidad y libertad: el trabajo, la salud, la educación, la alimentación, la vivienda y la seguridad social, entre otros. Personas de todo el mundo comparten la lucha por hacer de estos derechos humanos sean una realidad para sí mismas, sus familias, comunidades y naciones. Más información en: http://www. escr-net.org/resources/resources _list.htm?cat_id=1437&attribLang_ id=13441 http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.html (19) Resulta interesante pensar cuál es el derecho en cuestión: si acceder al crédito por igual para todos o a cesar el pago sin que eso signifique un daño financiero.

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(20) Resultan paradigmático, en este sentido, los casos La Polar, Eurolatina y su impacto mediático. (21) Cabe señalar que este punto, el ahorro en sectores en situación de pobreza resulta crítico puesto que ellos enfrentan un diferencial de tasas / Spreads muy alto, que provoca el que terminen recibiendo colocaciones a tasas altas y no les reciban su dinero o enfrenten tasas de ahorro cercanas a 0% después de comisiones. (22) Al respecto cabe mencionar que es posible encontrar una clave explicativa podría apuntar al hecho que con los requirimiento anteriores, sobre todo el DICOM, estas poblaciones no podían acceder al mercado financiero y se tornaría mucho más atractivo acceder a otro tipo de crédito más bien informal. (23) Datos extraídos de la página web FOSIS.

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BIBLIOGRAFÍA Tapia, María José. Iriarte, L. “Comercio afirma que ley Dicom elevó niveles de morosidad”. El Mercurio. 5 de mayo, 2012. B-3. “Informe de Estabilidad Financiera”. Banco Central. 2° semestre 2011. 11 de mayo, 2011. Disponible en: http://www.bcentral.cl/publicaciones/ politicas/polit01.htm “Precariedad laboral y modelo productivo en Chile”. Fundación Sol. 21 de diciembre, 2011. Disponible en: http://www.fundacionsol.cl/wp-content/uploads/2011/12/Ideas-1Tendencias-del-Trabajo2.pdf “Proyecto de ley de insolvencia individual y quiebra familiar”. Cámara de Diputados. 14 de mayo, 2011. Disponible en : ht t p://w w w.c a ma r a .c l/p l e y/p l e y _ d e t a l l e. aspx?rmID=7528&prmBL=7126-03 Ley 20.555 “Fortalecimiento del SERNAC”. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Gobierno de Chile. 11 de mayo, 2012. Disponible en: http://www.economia.gob.cl/ley-sernac-financiero/

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Equipo editorial de Apuntes de Tecnología Social: Paulina Miranda, Marcela Robles, Rodrigo Aguayo y Sebastián Cantuarias. Diseño gráfico: Carolina Sánchez, Stephanie Salas y Camilo Barriga. Fecha de publicación: Diciembre de 2013. Se prohíbe expresamente la reproducción o copia total o parcial de los contenidos de este documento sin el expreso consentimiento de Proyecto Propio.

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INTRODUCCIÓN El concepto de Negocios Inclusivos recoge la preocupación del mundo empresarial por los sectores más pobres de nuestra sociedad en el campo de la discusión del rol de la empresa en el desarrollo. Desde la perspectiva del PNUD: el sector privado constituye un importante recurso sin explotar en inversión e innovación para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (PNUD, 2008). “En la cumbre realizada en el 2002, en Johannesburgo, sobre Desarrollo Sostenible, las empresas subimos al escenario ante el público para demostrar que estamos tomando seriamente nuestro papel en el desarrollo” (WBCSD, 2009: 4). Esta intención del mundo empresarial es materializada en iniciativas que ponen a los más pobres en la mira del mundo de los negocios. Ella es nombrada en la literatura especializada –aunque con sus distinciones- a través de diversos nombres: Negocios con la base de la pirámide; Negocios Inclusivos; Oportunidades para la mayoría; Mercado de la mayoría (1). Desde esta perspectiva “es la ausencia de la actividad económica ampliamente difundida, no su presencia, la que condena a gran parte de la humanidad al sufrimiento. De hecho, lo que es utópico es la noción de que la pobreza puede ser superada sin la participación activa de las empresas” (WBCSD, 2009: 4).

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Elijamos unir el poder de los mercados con la autoridad de los ideales universales. Elijamos reconciliar las fuerzas creadoras de la empresa privada con las necesidades de los menos aventajados y con las exigencias de las generaciones futuras. Kofi Annan (Cortina, 2007: 25) Con estas palabras se indica que orientar el mercado en un sentido u otro es una cuestión de elección, no de fatalismo insuperable. Es hora que la lucha contra la pobreza y las inequidades construya su plan de negocios. Frente a este desafío, la presente indagación se genera con el objetivo de explorar la noción de negocios inclusivos como herramienta de desarrollo, sus alcances y límites para pensarse como mecanismo de inclusión de contextos de pobreza en la cadena de negocios. La metodología desplegada indaga en fuentes secundarias, principalmente bibliografía y fuentes electrónicas. De esta forma, los contenidos presentados en este documento se articulan de la siguiente forma: 1. Planteamiento del problema: Mercado y exclusión social. 2. Mercado inclusivo, un desafío pendiente. 3. La noción de Negocio Inclusivo: límites y posibilidades de un concepto sugerente. 4. Negocio Inclusivo: una expresión de la ética de la empresa.

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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: MERCADO Y EXCLUSIÓN SOCIAL Las situaciones de inequidad en América Latina son graves y conocidas (Hopenhayn, 2006). En el caso de Chile –a pesar de los alentadores resultados en términos económicos- la situación se vuelve urgente: las desigualdades en la distribución del ingreso son vergonzosas. Según un informe de desarrollo humano de la ONU 2005, solo 14 países tienen una distribución menos igualitaria que Chile, entre ellos: Lesotho, Namibia, República Centroafricana, Brasil, Colombia, entre otros (PNUD, 2005). En concordancia, el Coeficiente de Gini (2) posiciona a Chile entre las naciones más desiguales de América Latina. En estudios internacionales, se considera una distribución equitativa de los recursos valores de Gini que oscilan entre 0,25-0,30 -como el caso de Finlandia y Suecia, con valores de 0,23 y 0,26 respectivamente-. En Chile es de 0,54. El PIB de Chile a comienzos del 2007 alcanzó una magnitud cercana a los US$150.000 millones, de los cuales el el 3% más rico del país captó unos US$50.000, es decir el 33% de todo el ingreso nacional (GOBIERNO DE CHILE: Comisión equidad, 2007). En educación la brecha aumenta en términos de calidad –reflejadas en resultados SIMCE (MINEDUC, 2009)- y acceso a la educación superior (3), junto con los altos niveles de deserción escolar de los quintiles de ingreso más bajos (4).

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En salud los importantes logros no han beneficiado de la misma forma a toda la población nacional. Existe en la actualidad una gran variabilidad de los indicadores de salud al desagregarlos, por ejemplo, por comuna de residencia o nivel de ingresos, lo cual representa la desigualdad del estado de salud de la población chilena en torno a la oportunidad en el acceso y la calidad de las atenciones (SANCHEZ, 2004). En vivienda, el aumento de la cantidad de viviendas no ha ido aparejado a la calidad de ésta, generando una política de guetización: la solución trajo nuevos problemas (RODRIGUEZ, 1995). A esto se suma el bajo aporte del sector empresarial: en la actual etapa que el país vive, donde las políticas públicas –al menos discursivamenteapunta a lograr mayor cohesión social, igualdad de oportunidades y movilidad social. El sector privado ya no juega este rol: 1) En primer lugar, no promueve la meritocracia (5); 2) En segundo término ejerce la discriminación contra de las mujeres (6); 3) Un tercer factor tiene que ver con la discriminación que hace de la apariencia, estado civil, edad e incluso religión (7) (PONIACHIK: 1). Así, en el mercado laboral no importan los méritos tanto como el origen socieconómico. La elite corporativa-gerencial del país proviene de diez colegios, dos carreras y dos universidades. La brecha de sueldos asociada a la “cuna” es 2 a 3 veces más grande que brechas entre hombres y mujeres, y entre blancos y afro-americanos. Esta brecha no se debe ni a posgrados, ni al manejo de Inglés, ni a la calidad académica de los colegios a los que

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pertenecen (NUÑEZ, 2006). Pareciera ser que en Chile se valora mucho el cómo nos vemos, dónde vivimos y cuál es nuestro apellido a la hora de decidir de qué forma se establecerá una vinculación entre personas. Lo anterior se vincula con una sociedad inequitativa. Desde el punto de vista económico y político, tiende a generar instituciones económicas y sociales que defienden los privilegios de aquellos con mayor influencia. Existe una relación entre poder y privilegios que hace que los excluidos lo sean doblemente, por falta de acceso a recursos y activos, y falta de poder para incidir socialmente en la redistribución de los primeros (HOPENHAYN, 2006). Una expresión de esto es la alta inmovilidad de la elite Chilena; mientras en Canadá y Estados Unidos 1,9 personas de cada 10 de las que pertenecen al 10% más rico de la población seguirán siendo intergeneracionalmente ricos, en Europa lo harán 2 y en Chile 5,56 (NUÑEZ, 2006). Además están aquellas que denominaremos inequidades simbólicas: Según indica el informe de Desarrollo Humano del PNUD 2002: “Las diferentes capacidades individuales para la Autorrealización constituyen una de las más relevantes y menos analizadas desigualdades sociales. Así, por ejemplo, casi dos tercios de los entrevistados de estrato bajo creen que el rumbo de su vida no depende de ellos” (PNUD, 2002: 20). La pobreza aquí será la posición que resulta de un cumulo de desventajas superpuestas, que determinan la forma de relación de un individuo con la sociedad.

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2. MERCADO INCLUSIVO: UN DESAFÍO PENDIENTE Desde esta perspectiva es posible sostener que una parte importante de estas exclusiones son producto del mercado y su forma de relación (EDUCERES). Bajo este reconocimiento, la generación de un mercado inclusivo se vuelve un desafío pendiente del empresariado nacional. Jim Austin, profesor de la Universidad de Harvard (AUSTIN, 2007) indica dos puntos principales en torno a por qué el tema de la pobreza y las inequidades se vuelve relevante para el mundo de los negocios: 1. Desde la perspectiva económica, ya los estudios econométricos demuestran que el nivel de pobreza y el grado de desigualdad en la distribución del ingreso frenan el crecimiento económico. 2. Socialmente, las encuestas indican que la mayoría de la población latinoamericana no está satisfecha con la distribución de ingresos. Piensan que no es justo. Esto trae consigo turbulencia social, que a su vez, causa una insatisfacción con el sistema político, hay un aumento del nivel de crimen, hay una polarización política. Esto a su vez produce mayor inestabilidad social, causa destrucción económica, y el círculo vicioso comienza de nuevo. A parte de estos dos argumentos, proponemos un tercero, que denominaremos ético: los empresarios como actores sociales ya conocen estas inequidades. No hacer algo por su transformación implica ser cómplice en la reproducción de las injusticias. Es hora que

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la lucha contra la pobreza y las inequidades construya su business plan, y quién más capacitado que los empresarios nacionales para hacer eso. Asumiendo este desafío, y en el horizonte de la contribución desde el mundo empresarial al combate contra la pobreza mundial (Rangan 2007), es que para AVINA los Negocios Inclusivos constituyen “una oportunidad única para el sector privado, Estado, organizaciones de la sociedad civil, y comunidades de bajos ingresos de trabajar juntos para generar valor económico, a la vez de aliviar la situación grave de pobreza en América Latina” (AVINA: 2). Algunos consideran que resulta difícil creer que desde el propio capitalismo, que consideran responsable en gran medida de las desigualdades existentes, se encuentre la solución de los problemas sociales (EDUCERES). Teniendo en vista esta crítica y –a su vez- el gran potencial que podría presentar la noción de Negocio Inclusivo, se explorarán los límites y posibilidades del concepto, como mecanismo de inclusión de las personas menos favorecidas por el modelo de desarrollo.

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3. LA NOCIÓN DE NEGOCIO INCLUSIVO: LÍMITES Y POSIBILIDADES DE UN CONCEPTO SUGERENTE La noción de Negocio Inclusivo se presenta como una herramienta de vanguardia para la contribución de la empresa en la lucha contra la pobreza (PNUD, 2002; ONU; PRAHALAD, 2002). Esta vanguardia propone que son los negocios –y no la filantropía exclusivamente- los que pueden generar posibilidades de desarrollo para todos y todas. ¿Cuáles son los límites y posibilidades de pensar los Negocios Inclusivos como medio de inclusión?

3.1 La noción de Negocio Inclusivo Los antecedentes del concepto de Negocio Inclusivo se remontan al año 1997, a través de los postulados del Indio Coimbatore Krishnarao Prahalad (8), quien comienza a trabajar ideas en torno a un nuevo enfoque de negocios con los sectores pobres. Para Prahalad, esta constituye el mecanismo de mercado para combatir la pobreza (Prahalad, 2002). Esta idea se propone reconociendo la interdependencia existente entre sociedad y empresas: “las corporaciones exitosas necesitan de una sociedad sana, y una sociedad sana necesita de empresas exitosas”. Esta fórmula se reconoce como una alianza inexplorada, potencialmente virtuosa a desarrollar: los negocios descubren un nicho donde nunca antes han mirado.

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“El trabajo con la base de la pirámide constituye una verdadera innovación social e institucional, que demanda y genera a la vez innovación de procesos y productos; nuevos modelos de negocios; e inclusión, con desarrollo de capacidades, de las personas y comunidades de la Base de la Pirámide (BdP). Es por tanto una innovación potencial para los diversos actores involucrados: empresas, ONGs, gobiernos y comunidades” Desde el diagnóstico de los expertos, el desarrollo de los Negocios InclusivosenChileseencuentraenunaetapaembrionaria(BERDICHEVSKY). Quienes declaran haber desarrollado o estar desarrollando experiencias de Negocios Inclusivos en el país son: Massisa, VTR, Avina, Gerdau Aza, Recolectores Bio Bío - Verónica Salas; Productores de leña de la provincia de Valdivia con agrupación de ingenieros forestales; Banco Estado. El siguiente cuadro resume las principales experiencias identificadas en Chile de Negocios Inclusivos:

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Ahora bien, más allá de las iniciativas desarrolladas, ¿cuál es la propuesta de inclusión que presentan estos negocios? La revisión bibliográfica arroja las siguientes definiciones del fenómeno que se resumen en la tabla:

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De acuerdo a esta revisión, existirían principalmente 4 estrategias mediante las cuales se inserta la empresa a la realización de Negocios Inclusivos: I. Enfoque en la Base de la Pirámide con productos o servicios únicos y tecnologías apropiadas, lo que requiere reinventar totalmente el negocio; II. Localizar la creación de valor mediante franquicias o creación de ecosistemas locales de vendedores y proveedores, o la comunidad como cliente, con inversiones significativas en capacitación; III. Facilitar el acceso a bienes o servicios en términos físicos o financieros; y IV. Asociaciones no convencionales con los gobiernos, ONGs o grupos de varios actores para contribuir con las capacidades necesarias (Silva, 2009: 20).

3.2 La transformación en la forma tradicional de hacer negocios La literatura especializada muestra que la noción de Negocios Inclusivos implica al menos tres grandes transformaciones en la forma tradicional de hacer negocios: Las empresas tradicionalmente se concentran en los consumidores de los segmentos de ingresos intermedios y altos de la sociedad; mediante los Negocios Inclusivos las empresas piensan en hacer negocios con la base de la

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Tradicionalmente, la empresa ha visualizado su campo de negocios en los estratos medios y altos de la población. El concepto de Base de la Pirámide (BdP) refiere al segmento más pobre de la población, noción que es propuesta por C. K. Prahalad bajo el reconocimiento de la oportunidad de negocios que representa este segmento. Al revisar la bibliografía, es posible identificar las siguientes razones por las cuales las empresas comienzan a mirar a la Base de la Pirámide como sector de negocios: A. Por el tamaño de esta población: más de 4 mil millones de personas con ingreso diario inferior a dos dólares en el mundo. B. Por su poder adquisitivo latente: representan un poder de compra de US$ 5 billones de dólares, equivalentes al PIB de Japón (Vidal, 2009). Como consumidores, los clientes de bajos ingresos pueden beneficiarse de productos y servicios que respondan a sus necesidades básicas de manera asequible (servicios públicos, educación, salud, vivienda, acceso a agua potable, reciclaje y manejo de residuos, etc.) (FORUM EMPRESA).

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No podemos ignorar la BdP ya que es demasiado significativa, como mercado, como cuestión de equidad, y como amenaza potencial a la estabilidad social (BID, 2008: 1). En América Latina y el Caribe esta mayoría constituye el 70% de la población, o sea, alrededor de 360 millones de personas en la región, con un ingreso de US$510 millones de dólares (BID, 2008: 1); ellos son la Base de la Pirámide económica (BdP). En Chile, la Base de la Pirámide está compuesta por el 22% de la población –equivalente a unos 4 millones de personas-, correspondientes al estrato socioeconómico E y D, con un ingreso familiar inferior a $245.000 pesos (Vidal, 2009). Este mismo sector D y E, según mediciones de ADIMARK correspondería al 55,1% de los hogares del país (ADIMARK).

Las empresas tradicionalmente se vinculaban con suministradores y proveedores de servicio de la economía formal; mediante los Negocios Inclusivos las empresas piensan en vincularse con suministradores y proveedores de servicios de la economía informal de los estratos más bajos. Los Negocios Inclusivos incluyen de manera rentable al segmento de bajos ingresos en sus actividades, con el propósito de beneficiar a las comunidades de bajos ingresos y lograr que puedan subsistir de forma sustentable. Siempre y cuando mejoren su calidad de vida, las comunidades de bajos ingresos pueden participar del Negocio Inclusivo como proveedores, contratistas, empleados, accionistas o asesores externos (FORUM EMPRESA).

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El rol predominante de la empresa en la sociedad ha sido el de generar riqueza económica para sus accionistas de acuerdo a lo postulado por Milton Friedman (10); mediante los Negocios Inclusivos el rol de la empresa en la sociedad apunta a una “empresa ciudadana”.

Desde la perspectiva de Friedman: “La responsabilidad social consiste en aumentar el beneficio para el accionista, porque la empresa es un instrumento del accionista, que es su propietario. El sujeto ante el que la empresa es responsable es el shareholder, el accionista” (Cortina, 2007: 28). Sin embargo, pronto el centro de gravedad se vio desplazado desde los accionistas a todos los stakeholders, a todos los afectados por la actividad de la empresa: accionistas, trabajadores, clientes, proveedores, contexto social, medio ambiente y Administración Pública. La responsabilidad ante todos ellos podría sintetizarse en la fórmula que presenta el Libro Verde de la Unión Europea: “integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con los interlocutores” (Cortina, 2000: 28). Desde la perspectiva de Cortina, estas propuestas no son necesariamente antagónicas: “la empresa verdaderamente prudente se percata de que, si tiene en cuenta los intereses de los afectados en el diseño de las estrategias de la empresa, ciertamente les beneficiará, pero también aumentará el beneficio del accionista” (CORTINA, 2007: 28).

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Desde esta perspectiva, los negocios inclusivos no son filantropía empresarial, donde las empresas transfieren parte de sus utilidades a otros actores sociales, ni responsabilidad social empresarial. Se trata más bien de buscar modelos empresariales sustentables que permiten “prosperar ayudando a los demás”, donde el negocio central genera impacto social y ambiental positivo (FORUM EMPRESA).

3.3 Caracterización de los Negocios Inclusivos La revisión conceptual permite vislumbrar qué es un Negocio Inclusivo, pero el límite entre los que son y los que no son Negocios Inclusivos es una discusión en pie: ¿Es la oferta generada de la Coca-Cola Express un Negocio Inclusivo? ¿Cuán inclusivo es un Negocio Inclusivo? ¿De qué se habla, cuando se habla de inclusión? Y es que no cualquier cosa que haga el mercado con la Base de la Pirámide aliviará la pobreza. Los negocios con la BdP también pueden generar pobreza, mirada que estará marcada por cómo entendamos el fenómeno. Así, el enfoque de los negocios inclusivos no ha estado ausente de crítica; se lo ha entendido como una forma de “obtener ganancias a costa de los pobres”, con una alta vulnerabilidad e indefensión, que muestran por explotación corporativa, trabajadores de bajos ingresos y consumidores mal informados. Mientras lo que realmente debería interesar es aumentar “el ingreso real de los pobres” (Hart, 2008).

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“La evidencia recogida en algunos casos latinoamericanos muestra que si bien en el trabajo de la BdP, en particular encadenamientos con las MYPES, hay contribuciones a la generación de empleo y competitividad de estas, la existencia de prácticas de terciarización o reparto poco equitativo de riesgos y utilidades redundan en resultados no totalmente positivos” (Silva, 2007).

En este sentido, desde algunas perspectivas se cuestiona la focalización en los pobres como consumidores fundamentalmente, cuestión que estaría en la base de las propuestas de Prahalad. Al respecto Karnani señala que “...necesitamos enfocarnos en ellos (los pobres) como productores; tenemos que enfatizar el comprarles a los pobres, más que venderles”. Sostiene que la mejor manera en que las empresas privadas pueden ayudar a erradicar la pobreza es invirtiendo en elevar las capacidades y productividad de los pobres y en ayudar a crear más oportunidades de empleo para ellos (EDUCERES). “Cuando el foco está puesto solo en la dimensión de consumidores finales de esta población, se trata más de una estrategia de mercado, donde los beneficios económicos predominan sobre otras motivaciones. En tales casos, queda menos claro el carácter realmente inclusivo de esta actividad. De allí surge mucho de la crítica a este enfoque considerado como “hacer negocios de los pobres” (AVINA, 2007; IFC-WRI 2008).

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Así, por ejemplo, AVINA (AVINA, 2007) identifica algunos puntos para considera cuales no son negocios inclusivos: - Los Negocios Inclusivos no tratan de generar nuevos consumidores de productos que no mejoran la calidad de vida, o no generan un círculo virtuoso de valor social. - Los Negocios Inclusivos no se enfocan en incentivar el endeudamiento para el consumo. - Los Negocios Inclusivos no son “hacer negocios de los pobres”, dejando a un lado el impacto social y ambiental de las acciones empresariales, o el enfoque de mejorar la calidad de vida de las personas de bajos ingresos. - Los Negocios inclusivos no son fundamentalismo de mercado y buscan la transformación social y al surgimiento de un modelo socioeconómico alternativo. Desde su perspectiva, los negocios con consumidores son Negocios Inclusivos solo cuando les permiten acceder a bienes y servicios básicos. Ello se vincula con otras formas de aceptar este tipo de negocios que aluden al concepto de “castigados por ser pobres” donde se sostiene que los pobres pagan precios más altos que aquellos pagados por consumidores de mayores ingresos por bienes y servicios básicos, y frecuentemente reciben productos o servicios de menor calidad (SNV, 2008). Otra fuerte crítica apunta a la inexistencia de evaluación. No se ha discutido ni mensurado en torno a cuán inclusivo es un Negocio Inclusivo. Y esto no es una cuestión menor. ¿Se pondrá el criterio de inclusión en el aumento del ingreso para cada uno de los stakeholders? También, desde quienes levantan críticas sobre los Negocios Inclusivos,

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aún queda pendiente “mejorar los esfuerzos para medir la efectividad de la inclusión alcanzada en el desarrollo de los mismos. Al respecto, es necesario señalar que cuando se revisan los casos que han sido documentados se encuentra información muy precaria acerca de los beneficios reales alcanzados por los pobres que participan en el negocio (EDUCERES). A su vez, la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile, levanta propuestas en torno a la importancia de generar una gestión responsable del negocio: El negocio inclusivo no es entonces solo para afuera, sino –también- hacia adentro.

“Creemos que dada las actuales características de la economía, las empresas deben preocuparse no sólo de mostrar qué es lo que hacen con las utilidades que obtienen, sino cómo las obtienen. Si queremos evaluar qué tan responsable es una empresa con sus grupos de interés, debemos estudiar todo el proceso de negocio que ésta desarrolla. Lo importante no sólo es observar cómo se reparten las utilidades, sino cómo es el conjunto de relaciones empresa-stakeholders (trabajadores, clientes, proveedores, accionistas) que durante toda la cadena de valor permite aumentar la riqueza de todos los Como se ve, el plano para la discusión es amplio y desafiante. En el camino de construir pistas que nos iluminen esta tensión, es posible identificar cuatro ideas claves que cruzan la noción de negocio inclusivo: I. Los Negocios Inclusivos generan rentabilidad financiera, y por tanto no son RSE tradicional;

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II. Los Negocios Inclusivos generan valor social; III. Los Negocios Inclusivos aluden a la idea de inclusión; y IV. Los Negocios Inclusivos buscan contribuir a la superación de la pobreza. Ahondaremos a continuación en cada una de ellas: I. Los Negocios Inclusivos generan rentabilidad financiera, y por tanto no son RSE tradicional. Los Negocios Inclusivos desarrollados por la empresa deben generar utilidades para la misma, es decir, que sus ingresos más sus costos sean mayores a 0. Quizás ese sea el argumento principal por el cual una importante parte de la bibliografía diferencia la RSE de los Negocios Inclusivos: Los Negocios Inclusivos –para considerarse como tal- deberán considerar la rentabilidad financiera como condición: los Negocios Inclusivos, son negocios. Y es que comúnmente la RSE se ve como el compromiso, ético y social, por repartir los beneficios obtenidos período a período, no solo entre accionistas, sino que además con la sociedad. Es aquí donde muchos ejecutivos han colaborado intensamente, intentado demostrar que la empresa está comprometida con el entorno en que se desarrolla, y por ello actúa y genera actividades de carácter responsable: evidenciando que cuida el medio ambiente, realizando donaciones a hogares de ancianos, de niños, colegios, hospitales, bomberos, etc. (Morales, 2008) De esta forma el foco de análisis de la responsabilidad social de la empresa muy pocas veces se ha enmarcado en cómo desarrollan sus negocios; más bien se ha analizado en cómo las empresas ceden parte de

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sus utilidades a otros actores sociales cercanos a la empresa (filantropía) (Morales, 2008: 3). En estos términos –y en términos de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile- la discusión se enfoca en la responsabilidad social de la empresa en un sentido amplio, aludiendo a la gestión responsable del negocio: generar valor implica que éste no provenga de una transferencia, sino de una mejor combinación entre factores productivos (Morales, 2008: 16). Una empresa que quiera ser considerada como responsable, no sólo debe preocuparse por una repartición de las utilidades a posteriori en cada período, sino que debe velar y asegurar un cumplimiento responsable de las relaciones con sus distintos grupos de interés durante todo el desarrollo de sus operaciones (Morales, 2008: 4). II. Los Negocios Inclusivos generar valor social. El vicepresidente para innovación y proyectos especiales del WRI, Al Hammond, indicó: ”Es útil para las empresas tomar medidas como un agregado a su trabajo, pero sería mucho más útil su negocio si creara el valor social. El desarrollo de productos y servicios para mercados de bajos ingresos es un ejemplo de ir más allá de la responsabilidad corporativa” (El Mercurio, Mayo, 2009). Pero, ¿a qué se refiere la noción de “valor social” en el Negocio Inclusivo? Desde la presente indagación, es posible sostener que existe un escaso desarrollo en torno a la noción de valor social en el Negocio Inclusivo. Las propuestas encontradas, no se encuentran insertas en ninguno de los principales modelos conceptuales de Negocios Inclusivos identificados. Se ahondará entonces en este tema, por dos entradas: a) por la noción de valor social en el negocio; y b) por lo propuesto como categoría de

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valor social en el Negocio Inclusivo en la literatura especializada. a) El valor social en el negocio: En la teoría económica, el valor social de la mercancía no es determinado por las condiciones individuales de producción, sino por las socialmente necesarias, es decir, por las condiciones de producción en que se elabora la masa principal de mercancías de cada rama da la producción, como resultado de la competencia dentro de cada rama de producción (ver), los valores individuales de las mercancías elaboradas en las empresas de la rama dada, se reducen a un valor social (de mercado) único. b) Valor social en el Negocio Inclusivo: La revisión de literatura especializada nos permite identificar cuatro aproximaciones a la noción de valor social en el Negocio Inclusivo. Quizás es AVINA quien hace referencia más directa y explícita a esta noción. Desde su perspectiva, la generación de valor social en los negocios está determinada por tres fuentes: - Cuando es ambientalmente sustentable - Cuando genera valoración social del negocio - Cuando contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas Roberto Gutiérrez, de la Universidad de Los Andes (Colombia), identifica dos dimensiones de generación de valor en los Negocios Inclusivos: una tangible y otra intangible. Dentro de la dimensión tangible se analiza: 1. El acceso a bienes y servicios, en el que se busca que los Sectores de Bajos Ingresos (SIB) tengan posibilidades y oportunidades dentro de sus economías para acceder a aquellos satisfactores que normalmente no pueden adquirir.

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2. Aumento del ingreso, en la que se que busca que los SIB sean insertados en sistemas de integración de cadenas productivas, en donde puedan aumentar su productividad, y por ende aumentar su utilidad. En cuanto a la dimensión intangible, se basa en: 1. Construcción de ciudadanía, cuando se fortalecen las organizaciones sociales para alcanzar las metas comunitarias. 2. Generación de capital social, que permite que las capacidades y habilidades de los SIB puedan ser potencializadas en favor de su bienestar y como mecanismo de mejora de su calidad de vida, generando sentido de pertenencia y empoderamiento (Gutierrez, 2008). Quinteros -por su parte- propone tres variables que a nuestro criterio contribuirían a la evaluación del nivel de inclusión de los Negocios Inclusivos, según el grado de avance en ellas y a una mejor comprensión del desarrollo y sostenibilidad de los Negocios Inclusivos (10). De estas claves de observación, dos refieren al valor en el negocio (Cristancho, 2009): 1. Innovación de Valor. Sin importar el objetivo de cualquier negocio, su éxito radica en el entendimiento de los cambios económicos, sociales y tecnológicos para elegir ofertas de valor y beneficios que satisfagan de mejor forma unas necesidades. La generación de estas ofertas será exitosa mediante el uso creativo de las capacidades y potencial de los actores y con opciones innovadoras (y deseablemente difíciles de imitar) para la creación y entrega del valor. La innovación significa alcanzar diferentes niveles en la dinámica de generación de valor, logrando círculos virtuosos que contribuyan a la sostenibilidad del modelo del negocio.

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2. Tipos del Valor Generado. Una de las características esenciales y condición para la sostenibilidad de un Negocio Inclusivo es la generación simultánea de Valor Económico y Valor Social. El nivel de equilibrio alcanzado nos podría mostrar tanto la efectividad de las interacciones y contribuciones como la satisfacción de los distintos stakeholders y su deseo de permanencia.

Esta forma de pensar la inclusión dada sobre el cómo se entiende la generación del valor social, nos permite relevar esta noción como clave en la senda del desarrollo de un dispositivo de observación de los Negocios Inclusivos.

Este valor social podría vincularse con alguna de las propuestas de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile, donde “ser responsable implica que una organización se compromete a hacerse cargo por el impacto de sus actividades sobre la sociedad y el medioambiente, en que sus acciones son consistentes con los intereses de la sociedad y el desarrollo sustentable, basándose principalmente en un comportamiento ético, que cumple con las leyes aplicables (borrador ISO/WD 26000, 2006)” (Morales, 2008: 6). La empresa eficiente alcanza destrezas tecnológicas y gerenciales para producir un bien o servicio que el colectivo necesita para su bienestar material y espiritual. Hay empresarios que defraudan a sus clientes y proveedores tomando una porción exagerada de su valor social, o fiscos que imponen impuestos más allá de lo racional. Ambos pueden descapitalizar un ente productivo.

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III. Los Negocios Inclusivos aluden a la idea de inclusión Las alusiones a la idea de inclusión en los Negocios Inclusivos están ya contenidas en su nombre. Prahalad, llega a proponer la idea de un “capitalismo incluyente” de la población de la Base de la Pirámide (Prahalad y Hart, 2002). Pero, ¿a qué se está refiriendo cuando se habla de la inclusión en los Negocios Inclusivos? La inclusión referida es la participación de la base de la pirámide en la cadena de valor de los negocios. Esta inclusión se puede generar por diversas vías: como consumidores, como empleados y emprendedores (proveedores, distribuidores) (Silva, 2009: 13). Al ahondar en esta forma de mirar la inclusión en los negocios, se observan los siguientes puntos de atención: -La inclusión se piensa desde la lógica tradicional donde se presenta como antónimo de la exclusión. Ello implica el que parece natural concebir a estos dos términos como antónimos (11). El término “exclusión social” fue acuñado en los años setenta en Francia para describir la situación de los grupos excluidos de las prestaciones de las redes de protección relacionadas con el empleo y de otros grupos encerrados en el ostracismo social por el consumo de drogas ilícitas y otras formas de

comportamiento disfuncional (Lenoir, 1974).

A quienes se les caracteriza como excluidos, se les considera -muchas veces- como “disfuncionales”, marginados, pobres, los que están fuera, quienes no se han podido subir al carro del exitoso desarrollo. Los otros que nunca somos nosotros.

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La crítica que se abre a esta forma de pensar la inclusión/exclusión se presenta bajo el reconocimiento de que el fenómeno de la inclusión/ exclusión es inalienable de sociedades crecientemente complejas. Se genera en intrincadas relaciones: nunca se está completamente incluido ni completamente excluido. Las relaciones sociales en sociedades complejas se constituyen en selecciones. Ello implica la exclusión de una gran gama de opciones para optar por alguna. Inclusión y exclusión son fenómenos simultáneos, que afectan a los sujetos en complejas relaciones. El punto es cuando esa exclusión o la inclusión no es voluntaria. La condición problemática deviene cuando existe una superposición de inclusiones/exclusiones no voluntarias. Una segunda característica de esta exclusión, es que los involuntariamente excluidos no están afuera, sino en el centro del fenómeno social. Inclusión indica, entonces, la cara interna de una forma, cuya cara externa es la exclusión. Por consiguiente, sólo es pertinente hablar de inclusión si hay exclusión (se constituyen en la misma distinción). Bajo esta forma de comprensión, no es la inclusión buena y la exclusión mala per se. En tanto categorías sociales construidas, deberán ser abordadas y reconocidas como tales: categorías de observación que se construyen en tensión, y no son necesariamente buenas o malas. IV. La noción de pobreza en los Negocios Inclusivos La manera en que entendemos la pobreza determinará su forma de abordarla (Proyecto Propio, 2009). La pobreza desde la lógica de Negocio Inclusivo está reducida a un tema de ingresos. La forma de comprensión de los Negocios Inclusivos como solución al tema de la pobreza en Chile

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incorpora –al menos- los siguientes límites: - En Chile, el problema está constituido en una multidimensionalidad de inequidades: la pobreza no es solo un tema de ingresos. - La noción de pobreza se presenta reconociendo necesidades básicas insatisfechas: falta de acceso a servicios financieros modernos, agua, alcantarillado, electricidad, servicios básicos de salud y derechos de propiedad. Estos dos nudos levantan una pregunta relevante para los Negocios Inclusivos: ¿a qué quieren incluir? Además, la noción de pobreza que se instala en los Negocios Inclusivos es una noción de pobreza absoluta, desarrollada y promovida por la ONU, el Banco Mundial y la CEPAL, entre otros. Este tipo de noción posiciona la pobreza independiente de la riqueza del contexto y adquiere su expresión cuantificable en una cifra de dinero. En nuestro país, la medición oficial de la pobreza se realiza a partir de la Canasta de Satisfacción de Necesidades Básicas (CSNB), cuyo costo se calcula en $23.549 pesos en zonas urbanas. La línea de la Pobreza se establece en dos canastas básicas per cápita. Según esta línea, en nuestro país un 13,7% de la población vive en situación de pobreza – de los cuales un 3,2% son indigentes- mientras un 86,3% no es pobre (CASEN 2006). Esta medición fue diseñada a partir del patrón de consumo de la población observado en 1987- 1988 por la IV Encuesta de Presupuestos Familiares. Corresponde a un método “indirecto”, ya que no explora el consumo efectivo de los hogares, sino que analiza la capacidad de

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consumo a partir de sus ingresos mensuales. Para ello, se elabora una canasta de bienes y servicios básicos a partir de recomendaciones de expertos y patrones de consumo observados en la población. Luego, ésta se valoriza a precios de mercado y con ello se establece un umbral de ingresos que permite clasificar a los hogares en: indigentes, pobres no indigentes y no pobres. Este tipo de Medición de pobreza por ingresos se inscribe en el enfoque de necesidades básicas y la metodología denominada de “pobreza absoluta”. La apuesta es que quien tiene un ingreso superior a $47.098 pesos per cápita está en condiciones de cubrir aquellas que los expertos ha determinado como sus necesidades básicas a través de diversos satisfactores expresados en el costo de una canasta básica. Tener en consideración estos cuatro puntos de observación de los negocios inclusivos, propone al mundo de los negocios traer a la discusión categorías naturalizadas hasta el momento, lo cual permitirá desplegar lógicas que permitan contribuir en condiciones de mayor calidad a la transformación deseada mediante la metodología de los “Negocios Inclusivos”.

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3.4 Negocios Inclusivos: una expresión de la ética de la empresa La responsabilidad social empresarial, al igual que los negocios inclusivos, son expresiones de la ética de la empresa: refieren a su ethos. La palabra “ética” proviene del griego éthike, un adjetivo que deriva del nombre ethos: carácter, modo de ser y morada, habitación (Aranguren, 1997: 19). En la tradición de Aristóteles, el ethos corresponde al carácter, a la forma de ser, a aquellas reglas que el hombre se autoimpone para modelarse. Ello adquiere relevancia, pues la empresa, al igual que las personas, son sujetos morales, es decir tienen una ética (Cortina, 2003: 2). En general, se cree que lo ético y lo moral (12) son aspectos de la vida privada, y que nada tendrán que ver con el mundo de los negocios, porque éste es un espacio de decisiones técnicas. Frente a esta forma de pensar la empresa, buscamos mostrar como una determinada perspectiva moral dentro de la empresa tendrá implicancias –por ejemplo- en su forma de tomar decisiones. Esos valores pueden ser más o menos morales, pueden ser humanizadores o deshumanizadores, pero no existen empresas amorales como no existen personas amorales (Moreno, 2000).

“Quienes toman decisiones en el seno de una organización no lo hacen como sujetos particulares, sino que lo hacen tomando en cuenta los valores de la empresa, la misión de la empresa, el clima ético de la empresa y las metas de la empresa” (Cortina,

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La moral se pone en juego siempre cuando existen posibilidades de decisión, por lo tanto no es un añadido a la empresa, no es decir “y ahora –más encima- tenemos que preocuparnos de la moral”. Toda empresa tiene en si una moral, la reflexión ética en torno a ella buscará visualizarla. Esta responsabilidad está con todos los stakeholders, a todos los afectados por la actividad de la empresa: accionistas, trabajadores, clientes, proveedores, contexto social, medio ambiente y Administración Pública. Ella se reflejará en sus prácticas, en la relación con sus stakeholders, finalmente, en su forma de hacer negocios y tomar decisiones empresariales.

“Es difícil lograr el desarrollo económico de una sociedad sin una adecuada dimensión ética y moral en sus empresas e instituciones públicas...” (Galduf, 2004).

Desde esta óptica, la responsabilidad social ha de convertirse en una herramienta de gestión. Como herramienta de gestión, debe formar parte del “núcleo duro” de la empresa, de su gestión básica, no ser “algo más”, no ser una especie de limosna añadida, que convive tranquilamente con bajos salarios, mala calidad del producto, empleos precarios, incluso explotación y violación de los derechos básicos. La buena reputación se gana con las buenas prácticas, no con un marketing social que funciona como maquillaje de un rostro poco presentable (Cortina, 2007: 29). Así, uno de los principales giros éticos que se generan para producir condiciones para los Negocios Inclusivos, se produce en torno a la pregunta: ¿cuál es el fin de la empresa?

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Desde la perspectiva de Cortina, generar este giro ético trae consigo también ventajas económicas; se siguen también beneficios, pues: 1. Responde a las expectativas de los afectados, generando capital, simpatía y cohesión para la empresa, ésta es mucho más accesible y conocida para las personas, construye una mejor imagen, y en estos tiempos en que todas las empresas se parecen también los clientes nos damos cuenta de cuál es el carácter de la empresa, prefiriendo las que trabajan mejor. 2. La empresa que trabaja de este modo anticipa el futuro, creándolo en tiempos de incertidumbre es una empresa proactiva que anticipa el futuro. En este sentido, asumir la responsabilidad social es un factor de innovación y, como hemos dicho antes -y por último-, ahorra en costes de coordinación externos o internos, con lo cual la virtud de la eficacia también está a la mano de quienes asumen la responsabilidad empresarial (Cortina 2007: 9).

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NOTAS (1) Para efectos de este documento, se referirá a través de la noción de Negocio Inclusivo a esta múltiple gama de ideas que buscan trabajar con los sectores más pobres de la sociedad. (2) El coeficiente de Gini es un indicador que se mueve entre 0 y 1, donde 0 representa la perfecta igualdad –todas las personas tienen los mismos ingresos- y 1 representa la perfecta desigualdad –una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno-. (3) El año 2003, un 14,5% de los jóvenes del quintil de ingreso más pobre accedieron a la universidad, mientras en el quintil más rico lo hicieron en un 73,7%. De los alumnos que sacan más de 600 puntos un 47% proviene de escuelas particulares, un 28% de escuelas particulares subvencionadas y un 25% de escuelas municipales. Ello ocurre a pesar de que de los que dan la prueba un 19%, un 35% y un 46% provienen de escuelas particulares, particulares subvencionadas y municipales, respectivamente (BEYER, 2002). (4) La encuesta CASEN 2003 muestra que actualmente existe un 9,64% de deserción escolar en la educación media (en los sectores pobres es cercana al 20 %) (MONTERO, 2003). (5) Es inaceptable que en las empresas chilenas exista el grado de discriminación que reveló un reciente estudio de la Universidad de Chile, que demuestra que un alumno del 10% de mejor desempeño

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académico, pero que proviene de una comuna de bajos ingresos y de un colegio municipalizado, perciba entre 30% a 35% menos ingresos que un alumno del 10% de peor desempeño académico que procede de una comuna rica y de un colegio privado. (6) Dos personas con la misma productividad, misma profesión y misma experiencia deberían tener el mismo sueldo. Sin embargo, las mujeres ganan sistemáticamente menos y, aunque la brecha salarial entre hombres y mujeres se ha ido reduciendo, hoy es de entre 20% y 30%. (7) Es cosa de mirar las páginas de los diarios dedicadas a la oferta de trabajo para comprobar esto. Los siguientes son algunos de los avisos que aparecen un domingo cualquiera en el diario El Mercurio: – Empresa requiere gerente general y gerente comercial, sexo femenino, excelente presencia, entre 23 y 34 años. – Ejecutivas de mercado, excelente presencia y dicción.– Vendedora, movilización propia, excelente nivel social, entre 25 y 45 años. – Secretaria católica, 35 a 50 años, dominio del computador. – Secretaria soltera, excelente presencia, jornada de 10 a 20 horas, sueldo $150 mil pesos. – Economista de Universidad privada, entre 26 y 32 años, con ideas y conocimientos de negocios. – Secretaria Ejecutiva, indispensable buena presencia, soltera, titulada en instituto. – Damas y varones, hasta 23 años, excelente presencia, dicción, preferencia solteros, ambiciosos. (8) C.K. Prahalad es reconocido internacionalmente como especialista en estrategia corporativa y el valor agregado que representan los directivos de empresas multinacionales. Actualmente es profesor de Administración de Empresas en el Harvey C. Fruehauf Center de la Universidad de Michigan, y es miembro de la junta directiva de NCR Corp., Hindustan Lever Ltd., y del World Resources Institute. Fundación

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AVINA. Apuntes del Libro: La Fortuna en la Base de la Pirámide (The Fortune at the Bott om of the Pyramid) Disponible en: http://www. avina.net/ImagesAvina/NILibros3.pdf (visto el 3 de junio del 2009). (9) Disponible en http://www.colorado.edu/studentgroups/ libertarians/issues/friedman-socresp-business.html Visto el 6 de Mayo 2009 (10) La primera refiere a la Interacciones entre Stakeholders. La tipificación y avance en los acuerdos de participación para generación y usufructo del valor y beneficios, nos ilustran la relevancia de esta variable en el éxito perdurable del emprendimiento y el nivel de incidencia en el tema de la Inclusión en este modelo. “Contratos de Mercado” para acceso de poblaciones de bajos ingresos a bienes y servicios que mejoren su calidad de vida, como nuevas estrategias comerciales y estándares de comercio justo. “Contratos de adhesión” para permitir que terceros entren a actuar en la Cadena de Valor de la Empresa, como proveedores y/o distribuidores, según objetivos y procesos previamente definidos. “Contratos de involucramiento” para participar activamente en generación interactiva de Valor Económico y Social, buscando la inclusión para innovación y sostenibilidad del emprendimiento. (11) Como indica la Real Academia española, incluir alude a 1. tr. Poner algo dentro de otra cosa o dentro de sus límites. 2. tr. Dicho de una cosa: Contener a otra, o llevarla implícita. Por su parte, la noción de excluir refiere1. tr. Quitar a alguien o algo del lugar que ocupaba. Excluir a alguien de una junta o comunidad Excluir una partida de la cuenta 2. tr. Descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo. Los datos excluyen una hipótesis contraria a ellos.

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(12) Etimológicamente “ética” y “moral” tienen un significado común: “Moral” viene del latín “mos” “moris” μορις que significa hábito o costumbre; y “ética” del griego “ethos” que significa lugar donde se habita, definido por Aristóteles como carácter, hábito, costumbre. La ética se pregunta sobre la validez de las morales vividas.

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