Historia Tren Maya, Megaproyecto para el Despojo Carlos A. Rodríguez Wallenius Rosa–Luxemburg–Stiftung Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung
El Tren Maya es uno de los principales proyectos
estratégicos que ha sido impulsado desde la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y fue incluido en la Consulta Nacional “10 Programas Prioritarios” a finales de noviembre del 2018, cuando todavía era presidente electo. A casi un año de la toma de posesión como presidente de la República, este proyecto de infraestructura y promoción del turismo se presenta como el más importante de la Cuarta Transformación (4T), y se incluye, además, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). No obstante, la información sobre las características definitivas del proyecto sólo ha sido difundida de forma parcial y todavía no se tienen los estudios técnicos, ambientales y sociales ni el proyecto ejecutivo. El costo de la obra se calcula en 120 mil millones de pesos (60 000 millones de dólares), para realizarse en cuatro años, y tendrá unos 1 460 km de vía férrea (660 km ya construidos y faltarían 800 km). Además, tendrá 18 nuevas estaciones (Palenque, Cancún, Mérida, Chichen Itzá, Cobá, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Chetumal, entre otras) y trenes de alta velocidad que alcanzan 160 km/h, número 9. con los que se pretende trasladar a tres millones de turistas al año. Pero no sólo transportará turistas,
también llevará pasajeros a los distintos centros de comercio y trabajo, así como grandes cantidades de carga y mercancías. Después de varios meses de presentaciones y anuncios, ya se ha delimitado un primer grupo de inversionistas que según los cálculos del gobierno federal invertirán entre 60 y 90% del costo total del proyecto. El Fonatur afirma que existen cerca de 70 empresas nacionales y extranjeras interesadas en participar en el proyecto. CUESTIONAMIENTOS SOCIALES, AMBIENTALES Y CULTURALES Por su magnitud e intensidad, cualquier megaproyecto tiene impactos amplios y diversos. El principal cuestionamiento social ha sido la falta de información y consulta a las poblaciones afectadas directa o indirectamente. A pesar de la Consulta Nacional sobre los proyectos estratégicos de noviembre de 2018, hasta la fecha no ha habido consultas previas, libres e informadas a las poblaciones de la península, ni siquiera a las comunidades indígenas a las cuales el Estado está obligado a preguntar según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Página 4 También hay preocupación por las afectaciones a las aves y animales, por interrumpir su circulación
