RED INNOVACIÓN
es una iniciativa que permite el intercambio de experiencias políticas y sociales de América Latina y el Caribe, donde se facilitan espacios de comunicación y diálogo entre organizaciones de la sociedad civil, líderes y lideresas políticas, sociales y expertos de Latinoa-
Francisco Herrero Asociado Global
Andrea Fernández Gerente de Programas Red Innovación.
Oficial de Programas Red Innovación.
María Paula Caycedo Asistente de programas Red Innovación.
DeerLab Studios Diseño y diagramación
PENSAMIENTOS DE LA REGIÓN
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Restablecimiento de la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú: Alcances sobre la reforma constitucional y la confianza ciudadana Milagros Suito (Perú)
Democracia y desarrollo económico. Un debate vigente para América Latina
Luis Ruz Olivares (Chile)
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LA CIUDADANÍA ESCRIBE
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La contribución de la gobernanza a la reducción de las desigualdades sociales y económicas
Martín Adán Hernández Sánchez, México
Forjadoras de paz: Mujeres, Paz y Seguridad en Colombia - La resiliencia de las mujeres, agentes de cambio y constructores de paz en Colombia
Sofía Name
Colombia
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REINNVENTANDO PODCAST
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Reinnventando Podcast Episodio 28: Diseño Institucional de los Congresos
A Aestudios de especialización en ma teria político electoral y gestión pú blica. Ex Directora Nacional de Educación y Formación Cívica Ciu dadana del Jurado Nacional de Elecciones. Ha coordinado proyec tos editoriales sobre participación electoral y se ha desempeñado como especialista en género para la Misión de Observación Electoral (OEA), con experiencia en desarro llo de iniciativas ciudadanas y pro yectos democráticos con énfasis en población en situación de vul nerabilidad.
A Actual vicepresidente del Centro Democracia y Comunidad (CDC). Licenciado en Ciencias Políticas (UDEC), Administrador Públicp (UDEC), Magíster en Políticas Públicas (UAI) y estudiante de Doctorado Ciencia Política (UCA).
Restablecimiento de la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú:
Alcances sobre la reforma constitucional y la confianza ciudadana
Milagros Suito
Introducción
DDesde la instauración del periodo republicano, como refiere la his toriadora Natalia Soldevilla, la tradición histórica ha sido la adopción del modelo bicameral en casi todos los textos constitu cionales excepcionalmente en la de 1823, 1867 (que no llegó a aplicarse) y la que nos rige actual mente (1993). Los legisladores peruanos tuvieron el influjo del sistema británico (con una Cámara de Lores y otra de Comunes) y, también, del pro yecto constitucional estadounidense, con cámaras de representantes y senadores; configurando con ello un modelo presidencialista híbrido hasta entonces.
La composición unicameral parlamentaria que estuvo vigente hace aproximadamente tres décadas, fue modificada a través de la reciente Ley N° 31988 “Ley de Reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú” que se aplicará en las elecciones generales 2026 (donde la ciudadanía elegiría al menos 130 diputados y 60 senadores), según lo dispuesto en la
primera disposición complementaria final, la que incorpora cambios sustanciales y modifica más de 50 artículos de la Carta Fundamental.
Cabe precisar que dicha reforma fue previa mente consultada a la ciudadanía mediante Referéndum convocado a través del Decre to Supremo N° 101-2018-PCM (de carácter constitucional, sucesivo, vinculante y nacio nal) en el año 2018 y conforme la Resolu ción N° 0002-2019-JNE de proclamación de resultados del JNE, la opción ganadora fue el NO con 13 949 831 de votos emitidos mientras que el SI obtuvo 1 462 516 votos.
La ley fue aprobada en el marco del proce dimiento de reforma constitucional esta blecido en el artículo 206 de la CPP, a través del cual con mayoría absoluta legal de sus miembros y ratificada mediante referén dum, situación que no se dio pues se obtuvo en dos legislaturas ordinarias vota ción favorable, superior a los dos tercios del número legal de congresistas.
La ciudadanía y percepciones sobre la democracia e instituciones políticas
En el Informe Final de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, se señala que desde el año 2001, se han presentado diversos proyectos de ley para el resta blecimiento del modelo bicameral en nuestro país, lo que evidencia la centrali dad y relevancia de este tópico. Por ello, cabe preguntarse si una reforma tan sustancial y teniendo en cuenta que ya se había someti do a consulta popular acaso no debió involucrar y hacer parte a la ciudadanía de una reforma que los afectaba directamente.
legitimidad, potenciar la preocupación por el bien común y permite presuponer el carácter de continuidad en el tiempo.
En esa línea, la desconfianza entonces es multicausal y entre ellas se destaca la efectividad de las políticas públicas y la poca confianza entre los unos y los otros pues no se conocen lo suficiente y por tanto ello produce el distanciamiento de la ciudadanía hacia sus representantes (Rosavallon, 2007, p. 23-27).
ciudadanos considera que la democracia es preferible ante cualquier otra forma de gobierno, es decir, aún hay un considerable porcentaje de personas que están más predispuestas a modelos más autoritarios (40%). Del mismo modo, hay un 68% que cree que sus representantes no toman en cuenta su opinión y un 53% perciben que no tienen ninguna influencia sobre la decisión del gobierno.
Ahora bien, en un contexto global, en el que emergen “nuevas” propuestas políticas, a la que es necesario prestar atención y no subestimarse, como el populismo, entendido como una forma de democracia polarizada, que puede conducir hacia una democrature o poder autoritario dotado de cierta capacidad variable de reversibilidad, que vulneren sistemáticamente los derechos de la ciudadanía. (Rosanvallon,2023, p.25).
Cabe mencionar que las personas que se identifican como quechuas o aymaras (ciudadanos de los departamentos del sur del país que han experimentado la represión estatal durante el estallido social del año 2022) experimentaron algún tipo de discriminación racial con más frecuencia (34%), que aquellos que tienen una identificación étnica-racial distinta y también se advierte que la discriminación de género aumentó considerablemente del 9% a 21%.
Los diversos estudios recogen el paulatino deterioro y estancamiento de la democracia donde todo cambia con mucha rapidez y en los países considerados inclusive como democracias consolidadas presentan vulnerabilidades que expresan el desaliento.
El estudio LAPOP, considera que el Perú es uno de los países en Latinoamérica con la mayor tolerancia a un cierre del Congreso de la República y en el 2021, el 43% de la población encuestada afirmó que la democracia puede funcionar sin un Congreso. También la Encuesta Nacional de Ciudadanía del Bicentenario del JNE, respecto del apoyo a la democracia, señaló que el 60% de
En el reciente Estudio de Opinión Pública del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 92% de ciudadanos desaprueba el desempeño del Congreso de la República y la mayoría de los ciudadanos (68%) ha mostrado su desaprobación del retorno a la bicameralidad. En esa medida, resulta importante la participación ciudadana, pues tiende a robustecer y dotar de mayor legitimidad las políticas o reformas constitucionales sustanciales como el restablecimiento del modelo bicameral debido a su impacto en el sistema político, pues ésta no solo se expresa o materializa a través del derecho a elegir o ser elegido sino también del proceso que conduce a ello como refiere Helene Landemore.
La relevancia de la bicameralidad
presentación, la poblacional y territorial toda vez que la doble cámara facilitaría control mutuo y acuerdos políti-
Alcances sobre las principales reformas aprobadas
SS
e ha aprobado la conformación de dos cámaras, con atribucio nes compartidas y exclusivas respecto a la labor legislativa, de con trol y representación, con al menos 130 representantes, en la Cámara de diputados y con al menos 60 repre sentantes para la de Senadores. Ahora bien, tanto el número de senadores como de diputados actualmente puede ser incrementado vía ley orgá nica (anteriormente el número de re presentantes era fijado en la propia Constitución), en el caso de los sena dores se elegirán a un representante por cada circunscripción electoral y los restantes mediante distrito electoral único.
Sobre ello, cabe recordar que las circunscripciones electorales, en el siglo XIX y XX, han estado delimitadas por criterios territoriales, asignándoles escaños de acuerdo con el tamaño de su población y las modificaciones se han efectuado en función de criterios territoriales como la creación de departamentos como Pasco (1945), Ucayali (1980) o la última modificación realizada con Lima Provincias (2011). El tipo de circunscripciones electorales adoptadas ha sido múltiples y únicas.
Si bien es un avance que haya mayor representación parlamentaria, considerando que la ratio ha sido de 190 880 electores por escaño, es necesario que el parlamento también sea
representativo en términos paritarios (criterio de paridad y alternancia en las candidaturas de diputados y de senadores) y en clave intercultural con la participación de la diversidad de pueblos indígenas, teniendo en cuenta que según el Censo Nacional un poco más de la cuarta parte de la población se autoidentifica como indígena o parte del pueblo afroperuano, es decir el 22,3%, como quechua; el 3,6%, como afrodescendiente, y el 2,4%, como aymara (INEI 2017) y según la Encuesta a Candidaturas Congresales, más de la tercera parte de candidaturas se autoidentifican como indígenas (JNE 2021), junto con ello alrededor del 14,1% de las candidaturas habla en su lengua materna indígena, entre las que destaca el quechua (12,6%), y al menos 1 de cada 10 postulantes se comunica a través de una lengua originaria
Para ello deberá evaluarse y regularse la asignación de cir
tes y los miembros de pueblos indígenas y otras medidas de acción afirmativa, como puede revisarse de la experiencia comparada en parlamentos bicamerales con representación indígena como el caso colombiano (tres circunscripciones o curules especiales indígenas y afro descendientes) aun cuando eligen a sus senadores por circunscripción única y esto ha generado que en alguna región no haya representación y el modelo bo liviano (siete circunscripciones especia les indígena originario campesinas, en el que no se tiene en cuenta como criterio los límites departamentales, la continui dad geográfica ni densidad poblacional).
De otro lado, para ser elegido senador se requiere haber cumplido 45 años al momento de la postulación (35 años en el caso de la candidatura a Presidencia de la República) y 25 años para el caso de los diputados. En las Constituciones de 1920, 1933 y 1979, la edad exigida ha sido tradicionalmente 35 años, para los senadores.
Respecto a las atribuciones, la Cámara de Diputados tendrá la potestad de aprobar leyes, que pueden ser ratifica das, revisadas o rechazadas por la Cámara de Senadores, la de interpelar o censurar ministros, conformar comisio nes investigadoras y otorgar o rehusar la confianza planteada por iniciativa minis terial entre otras. Mientras que el Senado tendrá la atribución de elegir a algunas altas autoridades como los magistrados del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, al Contralor General de la
El retorno a la bicameralidad ha sido uno de los temas centrales de la reforma política y desde hace más de dos décadas se han presentado sendos proyectos de ley para su restablecimiento (propuesta priorizada por ejemplo por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política). Dicha iniciativa fue materia de consulta popular, el mismo que obtuvo un amplio rechazo de la ciudadanía, la cual fue recientemente aprobada por el Congreso de la República; situación que no ha permitido a la ciudadanía reflexionar y participar de la discusión sobre la forma de elección, el modelo político para generar balance y equilibrio de poderes, el diseño institucional del sistema bicameral para lograr una mejor representación más allá del número de representantes, entre otros aspectos, que le otorgue
mento, a fin de garantizar la imparciali dad en el ejercicio de sus funciones y en relación con el poder ejecutivo no se expresan relaciones de colaboración y control, y equilibrio de poderes que debe primar en un estado constitucional
No obstante habrá que estar atentos cómo operará y cual ser el impacto en la calidad de la representación política, toda vez que se han modificado otros textos normativos a través de la Ley N° 31981 sobre elecciones primarias (PASO), que modifica la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, en la que se aprobaron formalmente tres modalidades de las elecciones primarias, pero que de acuerdo a la evidencia, muchas organizaciones políticas han recurrido mayoritariamente a la modalidad de elecciones vía delegados, lo cual implica un retroceso respecto a lo aprobado antes de la pandemia, asimismo se introducen cambios en cuanto a los requisitos para inscribir una organización
política y movimientos regionales respecto al porcentaje de adherentes (ya no de afiliados) que se requieren para su constitución (3% y 5% respectivamente). Asimismo, se ha aprobado la reelección inmediata de los diputados y senadores en el mismo cargo.
En ese orden de ideas, la representación parlamentaria también debe ser vista desde las deman-
das de quienes son representados y de aquellos que lo han estado históricamente del poder político como las mujeres, pueblos indígenas y pueblo afroperuano entre otros sectores de la sociedad. De modo tal que con esas modificaciones las organizaciones políticas tendrán una gran responsabilidad en postular candidaturas idóneas e íntegras de cara a las próximas elecciones generales.
Referencias bibliográficas
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• ROSANVALLON P. (2007). La Contrademocracia. La política en la era de la desconfianza. Manantial Editores.
https://www.redinnovacion.org/articulo/webinar-liderazgo-y-diversidad-perspectivas-lgbtiq-en-el-escenario-pol%C3%ADtico-y-digital-de
https://www.redinnovacion.org/articulo/webinar-liderazgo-y-diversidad-perspectivas-lgbtiq-en-el-escenario-pol%C3%ADtico-y-digital-de
La contribución de la gobernanza a la reducción de las desigualdades sociales y económicas
Martín Adán Hernández Sánchez
l presente artículo tiene como objetivo abordar cómo la gobernanza contribuye a la reducción de desigualdades sociales y económicas. Prime ramente, es necesario destacar que la gobernanza es un término polisémico, es decir, el concepto tiene un sinfín de acepciones o interpretaciones. Prueba de ello, es el análisis que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pues agrupa las definiciones a través de tres grandes grupos: la gobernanza como gobier no imparcial, como actividad de control y direc ción estatal y finalmente, como capacidad institu cional para proveer bienes y servicios (INEGI, 2017).
No obstante, personalmente podría definir la gober nanza cómo un nuevo estilo de gobernar, basado en la generación de esquemas de trabajo horizontales y cola borativos que permitan la generación de objetivos compartidos, tanto por el Estado como por la Socie dad, y posteriormente, la co-creación y co-gestión de valor público con diversos actores mediante estrate gias de participación efectivas.
Ahora bien, una definición que me parece sumamen te acertada de acuerdo con el objeto del presente ensayo, es la generada por Fukuyama, quién define a la gobernanza como la habilidad que tiene el Estado
TRÁ OLUCI
para ejercer la autoridad y proveer bienes públicos. Es decir, el Estado tiene como principales funciones mantener el orden social y promover el bienestar colectivo a través de la generación de bienes y servicios que demanda una determinada comunidad. En
burócrata de ventanilla, sacando provecho de la inteligencia colectiva y de la información que ambos pueden proporcionar. Finalmente, las redes sociales suelen considerarse un aspecto importante para gobernar, pues permiten establecer vínculos con el Estado y así, instau-
Es precisamente, el apartado final que considero es importante destacar, ya que en la actualidad, el debate de la legitimidad de los gobiernos democráticos es importante y también necesario ante la presencia de líderes carismáticos y populistas. Sin embargo, también es importante señalar que el debate respecto a la eficacia y eficiencia de los gobiernos es urgente. Me refiero a que en diversas latitudes del mundo y, sobre todo, en Latinoamérica persiste un descontento generalizado debido a la incapacidad del Estado por garantizar los derechos humanos de las personas y con ello, un mínimo de calidad de vida para todas las personas sin importar distinción alguna. Por otra parte, es necesario recordar la necesidad del enfoque de la gobernanza, entendiendo los cambios repentinos y disruptivos de los últimos años a nivel social, económico, cultural, tecnológico y político que obligan a repensar la forma de gobernar. Asimismo, es preciso, recordar una premisa que se confirma recurrentemente: El Estado ya no gobierna solo. Es decir, en la actualidad el Estado se ve ampliamente superado por problemas complejos, limitados recursos y escaso tiempo de actuación, por lo cual requiere de la colaboración de diversos actores sociales para generar bienestar colectivo Prueba de ello, fue la pandemia de la COVID-19, un problema de naturaleza multidimensional que requirió de estrategias y esfuerzos de diversos actores para poder salir adelante y reducir los diversos impactos que trajo consigo.
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que en la actualidad se presentan los wicked problems o problemas retorcidos por su traducción al español. Con lo anterior, estos problemas presentan las siguientes características:
• Tienen complejas relaciones de causa y efecto, lo que vuelve difícil modelizarlos y anticiparlos.
• Presentan altos niveles de complejidad e incertidumbre, y el conocimiento sobre ellos es incompleto o incluso inconsistente.
• Combinan varios subconjuntos conectados de problemas superpuestos, que cruzan diferentes áreas de las políticas públicas y distintos niveles de gobierno.
• Involucran a una gran cantidad de actores interesados, generalmente con intereses contrapuestos.
• Los intentos de resolución suelen tener impactos en otras áreas de políticas y, por lo tanto, es difícil resolverlos “de una vez y para siempre” (BID, 2022, pág. 10).
Ahora bien, hay otro tipo de problemáticas que por su complejidad demandan nuevos esfuerzos y enfoques para su atención. En ese sentido, el
Con lo anterior, un problema que cumple con tales características y que es objeto del presente artículo es precisamente la desigualdad social y económica. En ese sentido, Machinea y Cruces en la obra “Instituciones de la política social: objetivos, principios y atributos” señalan que las políticas sociales, aquellas precisamente orientadas a reducir la desigualdad son muy demandantes, debido a que son por definición redistributivas, por lo tanto, suelen cruzar límites jurisdiccionales, exigen una movilización de recursos en
todo el territorio, involucrando así a diversos actores políticos en las múltiples etapas de proceso de diseño e implementación de las intervenciones (Machinea & Guillermo, 2006).
Aunado a la complejidad que implica la política social, un aspecto que se debe tomar en cuenta es qué en reiteradas ocasiones, esta suele emplearse como una herramienta de control político a través de prácticas clientelares que suelen ofrecer una rentabilidad electoral. De acuerdo con Daniel Vázquez, estas pueden utilizarse como mecanismo de intermediación política al no contar con diagnósticos claros, reglas de operación o mecanismos de control efectivos (Vázquez, 2019).
La gobernanza y la integración de diversos actores en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas permitirá contrarrestar tal situación. Me permitiré desagregar los beneficios en cada una de las etapas.
Primeramente, integrar a diversos actores, con distintas perspectivas permitirá diseñar políticas más sólidas y efectivas.
escasez de recursos y también, de cierto desconocimiento de necesidades especí ficas y particulares. Peters establece que los ahorros económicos pueden llegar a ser mayores, dada la tendencia a involu crar organizaciones voluntarias y sin fines de lucro, en lugar de las subcontratacio nes basadas en intereses económicos que persisten en otros tión (Peters, 2005).
Luis F. Aguilar señala que la efectividad refiere a la causalidad. Esto significa, que la causalidad implica el conocimiento humano, que conjetura, válida y aplica operativamente las relaciones causa y efecto que comprenden la naturaleza de un problema público y que facilitan la solución del mismo (Aguilar, 2021).
En segundo lugar, integrar a diversos actores en la etapa de implementación, permite que estos sean conscientes de la compleja labor que implica reducir la desigualdad. Así como, hacer frente a la
Finalmente, respecto a la etapa de evalua ción también es esencial el involu cramiento de diver sos actores sobre todo de los propios beneficiarios de la po lítica social. De manera particular, destacaría el enfoque de evaluación participativa, el cual busca trascen der el modelo clásico racio nal y positivis ta de la eva luación y de esta forma, dar paso a un enfoque cons tructivista que asuma las complejida del cambio social y de pro blemas retorci dos como la des igualdad. Con lo anterior, Tapella Esteban refiere que dicho enfo que de la eva-
la regulación y la consolidación de un marco flexible acorde a desafíos económicos y financieros, pero también sociales que tomen a consideración todos los derechos humanos de todas las personas (OCDE, 1995).
A modo de conclusión, el enfoque de la gobernanza y sus principios contribuyen de manera integral a reducir un problema retorcido como lo son las desigualdades económicas y sociales puesto que precisamente la naturaleza de tal problema requiere de la interacción y coordinación de diversos actores sociales. De igual forma, el involucramiento de diversos actores en las distintas etapas de la política social permite que esta sea más efectiva, óptima y participativa, al fortalecer la causalidad, gestionar de mejor forma recursos y empoderar a los propios beneficiarios. Tal cual, como lo señala Peters esta forma de gobernar depende mucho de que la conducción se haga desde abajo, más que desde la cúspide del propio gobierno (Peters, 2005).
De igual forma, es importante destacar que el enfoque de la gobernanza contrario a lo que muchos suelen creer erróneamente no apuesta por olvidar la labor del Estado, sino que por el contrario, le deposita la responsabilidad de coordinar y marcar rumbo. También, destaca la necesidad de guiar el desarrollo económico, sin olvidar el bienestar de las próximas generaciones y los límites del propio desarrollo, y por lo cual, se debe apostar a un desarrollo económico que acompañe y respete al pleno
ejercicio de los derechos humanos de las personas. Por último, quiero recalcar que hay diversos retos en la consolidación de este enfoque. Sin duda alguna, la limitada voluntad política, lentitud de procesos, resistencias en la cultura organizacional y la escasa confianza de la propia ciudadanía son
Referencias bibliográficas
elementos que se deben tomar con prudencia. No obstante, estos aspectos requieren otro tipo de reflexión. Para finalizar, es importante dejar en claro que
“la gobernanza representa un medio, más no el fin en concreto para lograr democracias más justas, equitativas y democráticas.”
• Aguilar, L. (2021). Fenomenología de la Gobernanza Pública. Administración y Desarrollo, 91-107.
• BID. (2022). Capacidades estatales y problemas complejos de políticas públicas: cómo abordar vulnerabilidades que afectan el desarrollo humano . New York: N/A.
• INEGI. (2017). Gobernanza: una revisión conceptual y metodológica. En números, 1-37.
• Machinea, J., & Guillermo, C. (2006). Instituciones de la Política Social: objetivos, principios y atributos. Santiago: CEPAL.
• OCDE. (1995). Gobernanza en Transisión. País: N/A.
• Peters, G. (2005). Gobernanza y burocracia ¿nuevas formas de democracia o nuevas formas de control? Foro Internacional, 585-598.
• Tapella, E. (2021). Siembra y cosecha. Manual de evaluación participativa. Bonn: DEVAL.
• Vázquez, D. (2019). Democracia, populismo y elitismo. Ciudad de México: INE.
Forjadoras de paz: Mujeres, Paz y Seguridad en Colombia
La
resiliencia de las mujeres, agentes de cambio y constructores
Sofía Name Parada
de paz en Colombia
Introducción
En el contexto colombiano, las mujeres juegan un papel crucial en la construcción de la paz y la seguridad. A lo largo de los años, las mujeres colombianas han desempeñado un papel activo en la promoción de la justicia social, la reconciliación y la resolución de conflictos. Este artículo se propone analizar los logros y desafíos del enfoque de género en el contexto de la seguridad y la paz en Colombia, destacando los avances realizados y las áreas que requieren mayor atención.
Avances en la Participación de las Mujeres en la Construcción de la Paz
En los últimos años, se ha observado un aumento significativo en la participación de las mujeres en los procesos de construcción de paz en Colombia. El Acuerdo de Paz firmado en 2016 incluyó disposiciones específicas para garantizar la participación equitativa de las mujeres en la implementación de medidas de reparación, justicia y reconciliación. Además, se crearon espacios de diálogo y consulta dirigidos específicamente a las mujeres, reconociendo su papel único en la construcción de la paz y la reconciliación.
Es de importancia resaltar el componente de Acompañamiento Internacional de Género y la asistencia técnica en la formulación de programas integrales de garantías para mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, ONU Mujeres ha
especialmente en el contexto de conflictos armados y posconflicto. Sin embargo, se han implementado medidas para combatir esta problemática y proteger los derechos de las mujeres. Se han fortalecido los mecanismos de prevención, atención y sanción de la violencia de género, así como se han promovido campañas de sensibilización y educación para cambiar las actitudes y prácticas sociales que perpetúan la violencia contra las mujeres.
Desafíos Pendientes y Futuras Acciones
Conclusiones
A pesar de los avances realizados, aún existen desafíos significativos en la promoción de la seguridad y la paz con enfoque de género en Colombia. La persistencia de la violencia de género, la discriminación y la exclusión socioeconómica de las mujeres son problemas que requieren una atención continua y acciones concertadas por parte del gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional. Es fundamental seguir promoviendo el empoderamiento de las mujeres, garantizando su participación equitativa en todos los aspectos de la vida política, social y económica del país.
El empoderamiento femenino, la seguridad y la paz son componentes interconectados que juegan un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa y equitativa en Colombia. A través de la promoción de la participación de las mujeres, la protección de sus derechos y el fortalecimiento de su liderazgo, Colombia puede avanzar hacia un futuro más seguro, pacífico y próspero para todas y todos sus ciudadanos.
Referencias bibliográficas
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• Gobierno de Colombia. (2018). Programa "Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos". Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2023). Informe sobre Violencia y Conflicto Armado en Colombia. Recuperado de https://centrodememoriahistorica.gov.co/tag/informe/
• Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2023). Informe sobre Violencia y Conflicto Armado en Colombia. Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de Colombia. (2024). Informe Anual sobre el Estado de los Derechos de las Mujeres en Colombia. Recuperado de https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/Default.asp?File=/es/CIDH/r/DMujeres/InformesAnuales.as
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• ONU Mujeres Colombia. (2020). Contribución al Acuerdo de Paz en Colombia. Organización de las Naciones Unidas. (2021). Informe sobre la situación de las mujeres en Colombia.
https://www.youtube.com/watch?v=9CakO-N7uHw&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=CVBQs6f-2aE&t=374s
https://www.youtube.com/watch?v=9CakO-N7uHw&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=9CakO-N7uHw&t=131s
Introducción
LLas democracias de nuestra región se enfrentan, además de una multitud de problemas, a la desconfianza en las instituciones, arriesgando su efectividad y legitimidad. En el caso particular de los Congresos, un reciente informe de LAPOP señala que la confianza en la rama legislativa se mantiene en niveles bajos, a pesar de las mejoras reportadas por el Índice de Transparencia Legislativa en materia de transparencia y apertura parlamentaria.
En ese sentido, vale la pena revisar experiencias de la región en las que a raíz de un contexto político-social, se contemplaron cambios en las instituciones públicas, incluyendo a los Congresos, con el fin de realizar un proceso continuo de evaluación y adaptación que siga fortaleciendo nuestras democracias.
Es así como llegamos a este episodio dedicado a analizar los cambios en el diseño institucional, particularmente en los Congresos. Teniendo en cuenta la reciente aprobación del retorno a la bicameralidad en Perú, analizaremos qué cambios se ven contemplados en esta reforma, realizando una comparación con la propuesta de eliminar el Senado chileno, en el marco del proceso constituyente de 2019, junto con la experiencia del Congreso colombiano en la inclusión de grupos subrepresentados en la labor legislativa.
Como contexto, el pasado 6 de marzo del 2024 fue aprobada en Perú la reforma constitucional, con el fin de darle paso nuevamente a la bicameralidad a partir de las elecciones de 2026, contando con una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, cuyos miembros tendrán la posibilidad de reelegirse. Por otra parte, en 2019 Chile dió inicio a una Convención Constitucional, en la cual se contempló la posibilidad de eliminar el Senado. Finalmente, en el caso de Colombia, con la Constitución Política de 1991, se establecieron curules especiales para la población índigena y Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, mientras que en 2021 se crearon las circunscripciones especiales para la paz.
Para tratar el contexto y las modificaciones aprobadas en Perú para el retorno a la bicameralidad a partir de las elecciones de 2026, nos acompaña:
Para profundizar sobre las reformas al Congreso chileno debatidas durante la Convención Constitucional, nos acompaña:
Alejandro Rospigliosi, Abogado Constitucionalista, y antiguo Jefe de Gabinete de la Mesa Directiva y antiguo Jefe del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de la República del Perú Pamela Figueroa Rubio, Doctora en Estudios Políticos y Sociales, y quien fue Jefa de la División de Estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia desde 2014 hasta 2018, y miembro de la Mesa Técnica del Proceso Constituyente convocado por la Presidenta Michelle Bachelet en 2019.
Y por último, para explicarnos sobre el diseño institucional del Congreso colombiano y cómo se refleja en el trabajo legislativo, nos acompaña la Representante a la Cámara por el departamento del Chocó:
Astrid Sánchez Montes de Oca quien es abogada de la Universidad de la Sabana, especialista en Derecho Procesal Penal de la Universidad Cooperativa de Colombia, Ex Presidenta de la Comisión Legal Afrocolombiana, miembro de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el Congreso, y de la Comisión de Paz, entre otras.
Para empezar, quisiera preguntarles particularmente a Alejandro y a Pamela, ¿Cuál fue el contexto en el que surgieron las propuestas de reformar los órganos legislativos de Perú y Chile? Y ¿Qué implicaba esto desde el diseño institucional de ambos casos?
En los últimos treinta años está vigente la Constitución de 1993, que se dio después de un golpe de Estado del presidente Alberto Fujimori. Allí, se hizo un cambio disruptivo, del bicameralismo pasamos a la unicameralidad, solamente había una Cámara de congresistas, 130 congresistas. La idea que motivó el retorno a la bicameralidad es que se necesita una Cámara de Diputados que debata los proyectos de ley y una vez que los apruebe, suban a un Senado, que sea un Senado más pequeño, de 70 integrantes, una cámara reflexiva, que pueda mejorar la calidad de las leyes. Pero lo que motivó era eso, la necesidad de mejorar la representación entre gobernantes y gobernados, especialmente en el poder legislativo
La actual Constitución de Chile es una constitución que se originó en un gobierno autoritario, en un régimen autoritario en 1980. En el año 1990, Chile transita hacia la democracia, pero no es posible cambiar la Constitución por las propias reglas que tenía la constitución de 1980 y se fue reformando gradualmente. La presidenta Bachelet logró generar esta participación ciudadana, pero no tuvo el apoyo en el Congreso para hacer la reforma constitucional que convocara a un órgano constituyente, a una asamblea. Entonces ese antecedente es bien importante para entender que luego, en 2019 con otro gobierno, con el gobierno del presidente Sebastián Piñera, en Chile hubo un gran estallido social, similar al que hubo en otros países latinoamericanos. Entonces en noviembre del 2019, los partidos políticos con representación en el Congreso, llegan a un acuerdo que se llamó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, y a través de ese acuerdo transversal de los partidos políticos finalmente se logra reformar la Constitución y convocar a un plebiscito para que la ciudadanía eligiera la opción de si quería o no quería una nueva constitución y cuál sería ese órgano. Es un contexto de una Constitución que tiene un origen autoritario y eso le genera un gran cuestionamiento sobre su legitimidad, pero también un país que venía con una crisis de legitimidad de sus principales instituciones, que venía con una demanda de mayor justicia social y el texto constitucional se veía como una traba para esas transformaciones que requería el país.
¿Qué otros aspectos se buscaron corregir con estas reformas?
Los políticos son, o deberían ser, la verdadera élite de la sociedad, sus acciones afectan a todos los ámbitos, desde lo más pequeño hasta lo más drástico. De ahí la importancia de que a la política deberían dedicarse los más idóneos, pero lamentablemente eso no sucede en Latinoamérica y es por eso que es un tema importante por acometer. ¿En el Perú hay una crisis de representación? Sí, los políticos ofrecen una determinada oferta electoral en campaña, pero una vez que son elegidos, hacen todo lo contrario. En el Perú tenemos una figura sui generis: seis presidentes en los últimos años. Lo que queda claro es que en el Perú nos podemos equivocar al elegir presidentes, pero si cometen actos de corrupción y son descubiertos, hay mecanismos, válvulas de escape constitucionales y eso ha generado que los últimos presidentes en Perú estén con prisión debido a órdenes judiciales.
Una de las características que tiene el sistema político chileno (que es muy común en América Latina) es que ese Congreso bicameral es parte de un sistema político presidencialista y en el caso de Chile hiperpresi dencial, porque la verdad que la figura del presidente de la república en Chile tiene amplias atribuciones, incluso es el gran legislador el Presiden te de la República, quien tiene la iniciativa legislativa y quien tiene muchas materias exclusivas de legislación y sobre todo eso se agudizó en el pe riodo autoritario. La constitución de 1980 fortaleció el hiperpresidencialismo y debilitó el Congreso y al debilitar el Congreso obviamente se debilitaba la representación de los partidos políticos.
En este diseño del parlamento con la Constitución del 80, no sólo se debilita el Congreso sino que también el Senado y la Cámara de Diputados se transformaron en lo que llamamos en Chile cámaras espejos, es decir, el Senado y la Cámara de Diputados tienen atribuciones similares y el proceso legislativo se da en ambas cámaras de una manera similar, lo que generaba un trámite muy largo para las legislaciones y el Senado no solamente era un contrapeso de la Cámara sino que también tenía este rol de legislar. Además, como el Senado era un órgano de 50 integrantes inicialmente, tuvo 38 integrantes con la Constitución de Pinochet y con la constitución de Pinochet habían senadores designados que no eran electos por la ciudadanía, sino que respondían a la asignación directa de ciertas instituciones, hubo una crisis de legitimidad también de esa estructura del Congreso. Se veía el Senado como elitista con como con poca posibilidad de una mayor y amplia representación y que además al tener este proceso legislativo espejo hacía que fuese muy difícil legislar las materias que la ciudadanía estaba apoyando a través de las elecciones.
¿Antes de profundizar más sobre los cambios que contemplaban ambas reformas, creo que es importante señalar que en el caso de Chile si bien inicialmente se hablaba de modificar el Congreso para que fuera unicameral, al final la propuesta era un Congreso asimétrico, Pamela ¿Nos podrías explicar un poco esta diferencia?
Para explicar en términos generales es que esa Cámara de Diputados y Diputadas iba a tener un principal rol legislativo y la Cámara de las regiones iba a tener la posibilidad de representar mejor a las regiones, trayendo iniciativas desde las regiones para el proceso legislativo, por eso se llamaba asimétrico, para decir aquí no hay una asimetría. Era un concepto que se buscó para explicar de la mejor manera que ese Congreso, aunque tuviese dos cámaras, una Cámara de las regiones y una Cámara de Diputados y Diputados, no iba a funcionar como el actual y tradicional congreso chileno con un Senado y una Cámara de Diputadas y Diputados, que son bastante simétricos entre sí. Entonces ese es el diseño que se fue construyendo en el debate, en la deliberación de la convención constitucional. Obviamente las opiniones de las y los expertos de las académicas y académicos es variada, hay distintas aproximaciones, pero eso fue lo que finalmente la convención constitucional ofreció como alternativa a la ciudadanía, alternativa que finalmente fue rechazada en un plebiscito. Ya no nos fue aprobada y luego hubo otro proceso constituyente en 2023 que regresó al diseño tradicional como conocemos el parlamento y el Congreso en Chile.
Retomando un poco el tema del problema de representatividad que mencionan, e invitando a la representante Astrid a participar ¿Consideran que hay una relación entre el diseño institucional de los Congresos, y la inclusión de grupos subrepresentados? Aquí podríamos incluir a mujeres, población afro, población indígena, población con algún tipo de discapacidad, entre otros. Empecemos con la representante Astrid por favor.
Claro que sí, principalmente en nuestro país hay una relación muy estrecha y casualmente eso ha dado que a partir de la Constitución del 91 se pudiera reconocer a unos grupos étnicos principalmente afros, o sea que hay una representación afro en la Cámara de Representantes y una representación indígena en el Senado de la República. En el Congreso tenemos la Comisión de la Mujer, tenemos la Comisión Legal Afro, tenemos la Comisión de Víctimas y tenemos también una subcomisión accidental que es la de los niños, niñas y adolescentes. Entonces nosotros sí vemos que en nuestro país si hay esa gran relación o interrelación entre el Congreso y estos grupos étnicos.
Lore
mente en el mundo. En general, ¿son necesarias las cuotas o no lo son? ¿Está en riesgo el concepto de la democracia representativa? Los elegidos por el voto popular, desde un Presidente de la República hasta congresistas. ¿Solamente un congresista afro puede representar al pueblo afro? ¿Solo un congresista hombre puede representar a los electores hombres? ¿Solo un congresista nativo de pueblos originarios puede representar a los electores nativos o de pueblos originarios? Esa es la gran pregunta. La democracia representativa nos enseñó desde hace siglos atrás que la persona elegida por el voto popular representa a todos.
La pregunta es: ¿es posible llegar a un sistema de representación donde cada uno de nosotros se sienta representado? probablemente no, porque tendríamos que hacer una democracia como se entendía antes directa, pero nunca fue tan directa, siempre hubo ciertos espacios de representación entonces la pregunta que tenemos que hacer es: ¿cómo estas visiones estas opciones sobre la política sobre cómo vemos la sociedad, representan ciertos códigos universales?, que vienen en él en las democracias modernas fundada en los derechos humanos y los derechos fundamentales, pero ¿cómo también al mismo tiempo generamos diseños institucionales y este es el desafío actual que logre esa representación político ideológica y al mismo tiempo genere presencia de ciertos grupos y de ciertos actores que se requieren en el diálogo? y yo creo que en esa en esa discusión estamos. Yo sí creo que es muy importante que existan mecanismos institucionales de inclusión. Esto no se da por el mero cambio de la sociedad y yo tengo una posición clara en eso: yo creo que sí deben existir mecanismos institucionales de inclusión. Entonces cómo se va a dar esa mejor representación para estos grupos, y probablemente hay que pensar no solamente en los parlamentos y los congresos, sino que también hay que pensar en distintos niveles de la estructura de representación del sistema político, que permita representar esos sectores y yo creo que eso también afecta la legislación de los propios partidos políticos como intermediarios en la representación. Tenemos que caminar hacia una democracia que sea inclusiva, pero que al mismo tiempo represente distintas opciones más universales de cómo visualizamos una sociedad.
Teniendo en cuenta la actualidad colombiana y el proceso de la Convención Constitucional que nos ha explicado Pamela, ¿De qué manera fue contemplado la inclusión de grupos subrepresentados? Y ¿Qué herramientas dentro del diseño institucional del Congreso considera que son útiles para garantizar la inclusión de grupos subrepresentados, (tema de cuotas, curules o comisiones particulares para estos grupos)?
En el sistema político que está representado en los partidos políticos y en el Congreso, se abre a que en la reforma constitucional que convoca el proceso constituyente se pueda considerar un órgano constituyente inclusivo. El 2018 ante el estallido social en Chile, hubo una gran movilización de las mujeres estudiantes, el movimiento feminista fue muy fuerte y eso generó un escenario propicio para que cuando vino el diseño del órgano constituyente las feministas exigieran que este órgano debía ser paritario. Finalmente, en el Congreso se aprobó una reforma la ley 21.216 que incorporó la paridad para el órgano constituyente, pero no es una ley de paridad para todas las elecciones, sino que se consideró para ese órgano, también se consideró que los independientes se pudieran presentar en listas y pactos electorales, que benefició mucho la representación de independientes y, se establecieron escaños reservados para los pueblos indígenas proporcional a su representación demográfica, entonces este órgano constituyente tan innovador porque el primer órgano constituyente paritario que existió en el mundo.
Ahora bien, con respecto al proceso legislativo ¿Qué diferencias entre la Cámara y Senado se contemplaron en Perú y Chile?
Actualmente el congreso, que no es asimétrico, ya tanto el Senado como la Cámara de Diputados pueden presentar mociones legislativas, o sea, pueden presentar proyectos de ley, y el que tiene la mayor iniciativa legislativa es el Poder Ejecutivo en Chile, el Presidente de la República. Entonces, eso es una de las cosas que primero se planteó, que fuese la Cámara de Diputadas y Diputados el que tuviera esta iniciativa de moción, que ahí se diera la deliberación, y que el Senado pudiese revisar esas propuestas y generar distintos trámites legislativos para que el Senado (que representa en el fondo una Cámara de las Regiones en la propuesta que no se aprobó), con una visión regional, pudiera revisar estos proyectos de ley y generar un equilibrio entre lo que es la discusión nacional en la Cámara, donde están representados fundamentalmente los partidos, con estas visiones también de las propias regiones.
Entonces, con ese contrapeso entre la Cámara de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, tú limitas la posibilidad de esta legislación apresurada, porque tienes contrapeso, también tienen que, el Ejecutivo tiene su rol, sobre todo lo que tiene que ver con lo presupuestario, porque el Congreso no tiene iniciativa presupuestaria, y eso hace también que se pueda dar una reflexión más pausada, en términos de que los proyectos de ley no caigan en el populismo legislativo, de tratar de dar soluciones fáciles cambiando las leyes, si realmente esas leyes no se van a poder implementar.
Los proyectos de ley para aprobarse empiezan en la Cámara de Diputados y una vez que se aprueba, se elevan al Senado. Punto uno. El Senado, entonces, tendrá la última palabra si se aprueba o no un proyecto de ley. Y acá creo que, si me permiten la metáfo ra, se dice que a veces en el debate usted quiere aprobar un pro ducto, una ley, como si fuese un caballo de carrera, pero si en el debate hay marchas y contramarchas,puntos de vista discrepan tes, en lugar de aprobarse un caballo de carrera, sale un camello y parece, muchos, que en esta reforma podría haber salido un camello, si es que no ajustamos el reglamento interno de la
Sí, casualmente cuando nosotros legislamos hacia esos temas o hacia esas poblaciones que tú llamas NARP, Negras, Afro, Raizales y Palenqueras, nosotros hacemos lo posible. En el Congreso se estipuló en la vigencia pasada que pudiéramos legislar temas ex clusivos de los afros, entonces eso recobra esa importancia de esas comunidades o también te puedo contar, yo en este mo mento soy ponente de un proyecto de ley para crear la comisión legal de los indígenas, y hoy estamos debatiendo y casualmente lo llevamos a una audiencia pública que le hicimos hace más o menos 15 días consultándole al pueblo qué opinaban de esa nueva comisión legal indígena, porque los indígenas consideran así como lo consideramos los afros, que necesitamos unos espacios exclusivos. Igual también podemos hablar porqué la creación o porqué los espacios que se le dieron a las víctimas a través de esos congresistas, porque las víctimas sienten que al tener esos representantes directos pueden mejorar sus condiciones y calidades de vida.
La Comisión Legal de Paz que hago parte también, hace muchas audiencias públicas y vamos a esos territorios que tienen dificultades o tenemos que ser expeditos en discutir los temas relacionados con el tema de seguridad. La semana pasada discutíamos y se convocó la Comisión de Paz y que fue expedito invitar al alcalde de Sipi, porque vivió unas situaciones de orden público por las minas antipersona, entonces mira que con esas citaciones o convocatorias a las comisiones diferentes, en este caso el de paz, donde podemos decirle a la gente del territorio: venga, denuncie, discuta, ponga en el orden del día del país su situación, la situación que se está viviendo, entonces mira cómo el Congreso a través de sus comisiones especiales o legales, está en contacto directo con la comunidad y la comunidad puede contarle al país qué está pasando, qué está sucediendo y lo combinamos inmediatamente con el control político. Esas comisiones legales ayudan a dinamizar más el tema legislativo en Colombia.
Con respecto a la oportunidad de respuesta de los Congresos ¿Cómo llegar a un intermedio en el que puedan ser aprobados proyectos de ley de manera oportuna, pero que respondan de manera clara a su objetivo? Y además, ¿Qué se puede hacer para garantizar la sostenibilidad de las políticas a mediano y largo plazo?
Uno de los grandes problemas de la democracia actualmente es el populismo, la demagogia. Es un deber de los parlamentos medir. Yo creo que lo que no se mide, no se puede hacer bien, medir el análisis costo beneficio de un proyecto de ley, pero una vez que se debate y se aprueba ¿quien mide el resultado de ese proyecto de ley en el tiempo? ¿Estamos en los parlamentos midiendo el ex post después de dar una ley? Y esto es muy valioso, porque si el parlamento solo da normas y se olvida luego si cumplieron o no su objetivo, vamos a caer en populismo, en demagogia. El objetivo es ver cual es el performance de esa ley en el tiempo y si cumplió o no sus objetivos.
Un sistema electoral que tenga representaciones programáticas más que individuales, leyes que fortalezcan los partidos políticos a través de su organización y su financiamiento, y fortalecimiento de mecanismos de democracia directa para que la ciudadanía pueda participar entre elecciones en lo que es la deliberación pública y la discusión de las principales materias que se van a legislar.
Esto es un tema de voluntad política, tú puedes pedir redactar todas las políticas públicas que quieras y si al gobierno de turno no le parece importante esa política pública sino otra entonces, crea otra política pública. Como tú ves tenemos tres ramas y si esas tres ramas están articuladas nosotros podemos avanzar en esas políticas públicas y podemos tener un mejor país y podemos tener mejor un mejor desarrollo en cada uno de los territorios, entonces cuando yo veo que hay un interés del gobierno en algo, créeme que lo sacan adelante porque se empecinan en que eso es y hacen lo que tengan que hacer para que eso pueda funcionar.
Para finalizar, ¿Qué retos consideran que persisten en cada caso alrededor de la relación entre los Congresos y la ciudadanía que representan?
Hay que hacer una revisión más integral, a mí me parece que en el caso de Chile hay que equilibrar la relación entre el ejecutivo y el legislativo para que el Congreso se fortalezca y al fortalecer el Congreso tengan una mejor relación con la ciudadanía. Es decir, que el Congreso sea un espacio de deliberación pública y política y que ese
Congreso tenga un mejor vínculo a través de la organización política partidaria, a través de las organizaciones de la sociedad civil y a través de mecanismos de democracia directa que en el caso de Chile no tenemos y son tan necesarios.
Entonces eso es como lo que se está abriendo hoy día y proba blemente van a ser los desafíos de los próximos años en Chile, yo espero que se recojan las propuestas que ya se han discutido, porque obviamente a pesar de que las propuestas constituciona les no se aprobaron, sí implicaron un diálogo entre la ciudadanía, sus representantes, los expertos, entonces creo que es un material valioso a considerar para una futura discusión.
Creo que los parlamentos deben saber desmarcarse de aquellos integrantes que cometen delitos, que hacen uso indebido del lugar, porque si ellos no se desmarcan y sancionan con severidad a los que cometen delitos, y por el contrario terminan blindándolos, genera que la población generalice y diga: Todos son iguales. En el Perú también un gran problema en el poder Legislativo: la Comisión de ética parlamentaria, que a veces no quiere sancionar con dureza a uno de los integrantes de su bancada cuando cometió un delito o cuando cometió un acto contra la ética y eso genera ese mal entendido sentido de fraternidad y eso es un grave error. Ese mal entendido sentido de fraternidad es lo que está carcomiendo la democracia y, en especial el Poder Legislativo. Mire, no hay democracia sin Poder Legislativo, ni Poder Legislativo sin democracia, es deber de los ciudadanos cuidar la democracia. Bueno, el reto, a pesar que hemos avanzado y mejorado, nosotros esta semana aprobamos una ley donde es una ley de rendición de cuentas, de transparencia, donde la gente del común conoce todo lo que nosotros hacemos, hemos mejorado las redes, han hecho que mejoremos ese contacto con la comunidad y podamos publicar lo que nosotros hacemos. Hemos mejorado, pero en algunos lugares de Colombia, especialmente de nuestro territorio, el tema de conectividad es un reto que no hace que haya esa conexión del Congreso con la comunidad. Entonces, la conectividad es una barrera que existe en algunos territorios para la gente conocer que hace su representante, su senador o que hace su Congreso, ese es uno de los retos que yo veo en este momento.
Bogotá, D.C. Colombia. Edición No. 43, julio 2024
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