RED INFORMACIÓN - Edición N° 6

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Ediciรณn No. 01 - Julio 2016


Edición No. 01 - Julio 2016

RED INNOVACIÓN SE SUMA A LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

#NoEsElCosto


Entendiendo la importancia del rol de los partidos políticos y las organizaciones sociales en el fortalecimiento democrático y aprovechando el impacto y el alcance de las nuevas tecnologías, RED INNOVACIÓN www.redinnovacion.org facilita oportunidades para intercambios claves con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las organizaciones políticas. De igual forma permite compartir con reconocidos líderes y prestigiosos académicos de la región mediante diferentes medios presenciales y virtuales por medio de las cuales se abre un espacio de debate e intercambio de experiencias y buenas practicas aportando a la resolución de problemas y el fortalecimiento de la democracia. La revista RED INFORMACIÓN es un esfuerzo institucional para construir un pensamiento democrático, hacer un aporte al análisis de los partidos sobre sus retos, sus procesos y avances en variados temas, que sirva como herramienta para compartir buenas prácticas a nivel regional.

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CONTENIDO

“Democracia digital en Alemania: Connect17.”

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CASO DE ESTUDIO

Lanzamiento de campaña NO ES EL COSTO #NotTheCost 12 NDI MÉXICO. “Participación

política de las mujeres, y violencia.”

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MAGISTRADA CLAUDIA VALLE

“La importancia de practicar el disenso en la política.”

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RODRIGO LLANO

“¿Qué pasó con la participación ciudadana en Brasil?”

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THAMY POGREBINSCHI y THITA TANSCHEIT OPEN DEMOCRACY — DEMOCRACIA ABIERTA.

“Juventud, democracia y política.” PARLAMENTO JOVEN

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DEMOCRACIA DIGITAL EN ALEMANIA: Connect17

Caso de estudio

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Durante el último siglo es cotidiano escuchar acerca de la democracia digital y la manera en la puede mejorar la participación de los ciudadanos en la política; y es debido a los mecanismo digitales, por medio de los cuales se ha facilitado la comunicación y la escucha de las problemáticas y necesidades de la población en el plano político,

al generar mayor participación política por parte de los ciudadanos brindando legitimidad al sistema político.

Partidos tales como, el Partido de la Red en Argentina, el movimiento En Marche! de Francia incluso plataformas como Avaaz y change.org tienen claro que las tendencias han cambia-


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do y por ende la forma en la que se toman las decisiones, lo que ha denotado la importancia de involucrarse dentro de la era Digital. Los medios digitales y tecnológicos además, s e h a n c o nve r t i d o en incentivos para las juventudes que desean hacer parte de la política, al requerir miembros que manejen con facilidad las redes y plataformas digitales, y formar parte de los Partidos Políticos. La innovación es la clave y en las pasadas elecciones presidenciales en Alemania se dio muestra de ello. El uso de herramientas tecnológicas durante la campaña, estuvo liderada por la

plataforma Connect17, la cual contribuyó a la eficacia y mejoramiento del comportamiento electoral, debido a que según las últimas encuestas durante el proceso, el 46% de los 60 millones de ciudadanos alemanes que configuran el censo electoral, no sabían por quién o por qué votar, lo que dejaba entrever que el índice de abstención sería elevado, motivo por el cual los partidos y candidatos buscaron nuevas formas de captar la atención de los electores. La nueva herramienta Connect 17, es una aplicación desarrollada al interior de la CDU que permite detectar en qué calles, en qué ba-

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rrios y en qué ciudades viven sus potenciales votantes.

a lo que pasa, cuándo y dónde ocurre en su circunscripción electoral.

La aplicación combina resultados de elecciones previas, información sociodemográfica, perfiles y un mapa con direcciones postales adquiridas a una empresa de servicios. Todo eso, mezclado con el programador, ha permitido a la campaña de la CDU saber con una probabilidad por encima del 60% a qué puerta llamar para entregar propaganda electoral y si esta fuera recibida. Los activistas y partidarios electorales pudieron descargar la aplicación en su teléfono inteligente y así permanecer actualizados en torno

Los mecanismos utilizados por la aplicación son: De puerta a puerta: independientemente de dónde se encuentren en la campaña electoral: en las noticias, en los eventos y en la campaña electoral puerta a puerta. La aplicación está diseñada para ayudar a todos los activistas a acercarse proactivamente a las personas y asumir sus inquietudes, deseos e ideas. Redes sociales: Los seguidores pueden iniciar sesión fácilmente con su cuenta de Facebook y compartir


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contenido de redes sociales, invitar a amigos y promocionar a otros seguidores directamente desde la aplicación. "Difunde la palabra" es el lema.

bros del Parlamento Regional del Sarre, finalizando con la victoria de la CDU, gracias entre otras cosas, a la movilización del voto conservador.

La clasificación: Con cada acción, el usuario gana puntos y puede convertirse así en un héroe de campaña. Cada puerta golpeada, cada mensaje compartido y, por supuesto, cada partidario reclutado aportan puntos adicionales a la cuenta. Los activistas más trabajadores y dedicados están esperando premios y sorpresas.

Los voluntarios llegaron a tocar más de 75.000 timbres correspondientes a las puertas que registraba la aplicación e incluso, favoreciendo la comunicación interpersonal por medio de elementos lúdicos.

La aplicación fue utilizada por primera con el propósito de elegir a los miem-

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También se hizo uso de videos en todos los canales y mensajes de avisos personalizados, haciendo una aparición efectiva en las principales y más frecuentadas redes sociales, captando la atención de la


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ciudadanía; constituyendo tendencias que servirán como ejemplo para ser implementadas en un futuro tanto para la campaña del CDU, como para los demás Partidos Políticos. La intención de Connect 17 no es convencer políticamente a la gente sino movilizar el voto. Tanto la campaña electoral analógica como la digital son dirigidas desde la central de la CDU en Berlín. Desde allí se intenta motivar a los miembros del Partido y dar forma a la campaña. Finalmente se evidenció el poder que tienen en la ac-

tualidad las redes sociales, y plataformas digitales, sin desconocer que su gran influencia en la toma de decisiones de los ciudadanos, esta ligada a la innovación, autenticidad y la realidad comunicacional del candidato. Las redes sociales deben ser planificadas y administradas a largo plazo, para mantener actualizada su información y sobre todo generar mayor empatía entre los ciudadanos y futuros candidatos. Ver artículo original: https://goo.gl/kqeKRE Ver aplicación: https:// www.connect17.de/app/

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LANZAMIENTO DE CAMPAÑA: NO ES EL COSTO

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n la medida que las mujeres han ido ganando terreno en el camino hacia la equidad, han alcanzado logros históricos en la vida política. En los últimos 20 años, el porcentaje de mujeres participando en distintos parlamentos a nivel global prácticamente se ha duplicado, y las mujeres cada vez más están asumiendo

puestos de poder como activistas de sociedad civil, o liderando partidos políticos, consejos locales y alcaldías, o en puestos como ministras, primeras ministras y presidentes. Están en todo su derecho – y su plena y equitativa participación representa un beneficio para sus comunidades y para sus países, resultando en ganancias reales para la democracia.

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Entre estas ganancias se incluye una mejor respuesta a las necesidades de los ciudadanos, una mayor cooperación en las distintas estructuras de partidos y etnias y una paz más sostenible. Sin embargo, cada vez son más los informes alrededor del mundo – de activistas, políticos, periodistas y académicos – que indican que en la medida que las mujeres dan un paso hacia adelante para reclamar su derecho de participar en la política, son enfrentadas por actos que van desde del abuso psicológico al físico o incluso hasta la agresión sexual. Este contragolpe se

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está dando por una serie de recursos en línea con la definición aportada por un cuerpo cada vez más grande de convenciones de derecho nacional e internacional que rigen la violencia en contra de la mujer de forma más amplia, esta forma de violencia se da en privado y en espacios públicos protegidos, y no está restringida a actos de daño físico. De hecho, incluye una gama de actos perpetrados de forma personal y cada vez más, enlínea, diseñados para controlar, limitar o prevenir una plena y equitativa participación política de la mujer. Toda violencia en contra de las mujeres es inaceptable y


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debe cesar. Aunque la violencia de género en la esfera política históricamente ha sido invisible y ha permanecido sin registro contabilizado, no es un fenómeno nuevo: el 25 de noviembre, el día dedicado a nivel mundial a la eliminación de la violencia en contra de la mujer, se conmemora el asesinato de las Hermana s Mirabal en 1960 a causa de su activismo político, ejecutado por parte del Régimen Trujillo en la República Dominicana.

Esta violencia plantea desafíos en general para todas las comunidades, gobiernos y sociedades. Este fenómeno no se limita a un país, región o credo, más bien

hablamos de una realidad que existe en todas partes del mundo. El impacto que sufren las mujeres por la violencia varía dependiendo de sus contextos y antecedentes, pero la evidencia que demuestra su impacto sigue creciendo. Este atropello no sólo debe cesar, sino que también debería ser una preocupación para todos aquellos que se dedican a promover sociedades democráticas sólidas e incluyentes. Con demasiada frecuencia, a las mujeres se les dice que el abuso, el acoso e incluso la agresión son elementos naturales que vienen como parte de la arena política y que dichas situaciones representan “el precio de hacer

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política”, pero no debería ser así. A las mujeres se les advierte en contra de hablar cuando son vistas como pasivos y no como activos; guardan silencio por el simple hecho de evitar el riesgo de ser etiquetadas como colegas poco confiables. Dichos actos no serían tolerados en otros contextos y están explícitamente prohibidos en el contexto de todo marco legal o código de conducta laboral.

rechos humanos de todos los ciudadanos.

El mismo escrutinio debería aplicarse a la experiencia de las mujeres al participar en el sector político, tema que debería ser liderado a través del ejemplo en la defensa de la democracia, la equidad de género y los de-

conservación global más

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El llamado a la acción aquí propuesto, se basa en ese ímpetu, unificando esos esfuerzos en una plataforma común para dar inicio a una

amplia acerca de la situación actual de las mujeres


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Si bien la naturaleza y el impacto de esta violencia variarán según los diferentes contextos políticos y socioculturales, existen tres efectos esenciales que se derivan de dicha violencia. Primero y ante todo, al igual que con todos los tipos de violencia en contra de la mujer, es un abuso contra los derechos humanos, y en línea con las definiciones internacionalmente aceptadas de la violencia en contra de las mujeres, incorpora la agresión física y sexual, así como el abuso psicológico a través del acoso y discriminación persistente. En segundo lugar, dichos actos que intimidan, deslegitimizan o excluyen a

la mujer como actores políticos no solamente afectan a las mujeres objeto de dichos actos: a través de estos se envía un mensaje a la sociedad, haciendo ver que las mujeres como grupo no deberían de participar en la política. Estos actos sirven para silenciar no solamente a las mujeres que son víctimas, sino también para obstaculizar las aspiraciones de otras mujeres interesadas en participar en política, particularmente a las jóvenes. De esta manera, al evitar que las mujeres por el hecho de ser mujeres participen de la gobernanza de sus países, directamente o a través de sus representantes electos, a través de la violencia se per-

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#NoEsElCosto MÉXICO

permite una continuada negación de los derechos civiles y políticos de la mujer. En tercer lugar, la violencia en contra de las mujeres políticamente activas representa un desafío para la integridad de la práctica democrática y de la cultura. No todas las voces de todos los ciudadanos son escuchadas, los votantes no

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pueden elegir candidatos que representen a toda la comunidad y a los ciudadanos se les puede negar la efectiva representación por la cual votaron, por tanto la política paga un precio, es decir, tiene un costo, y ese costo se ve reflejado en los beneficios de la gobernanza democrática sustentable, con una atención receptiva y ágil


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de la población, que sólo puede darse cuando el espacio político es incluyente. En la medida que la concientización acerca de este fenómeno compartido se ha ido incrementando, una mayor cantidad de actores alrededor del mundo está desarrollando estrategias para combatir dicha violencia. El llamado a la acción aquí propuesto se basa en ese ímpetu, unificando esos esfuerzos en una plataforma común para dar inicio a una conservación global más amplia acerca de la situación actual de este fenómeno, cómo luce, por qué merece una atención global y cuáles son las soluciones que están surgiendo.

Las oportunidades para la acción propuestas en la segunda parte de este documento detallan los pasos que podrían tomarse para combatir este flagelo por parte de distintos actores a nivel global, nacional y local. El objetivo es ayudar a promover ambientes políticos que impulsen la participación de las mujeres en todos los aspectos de la política democrática – como líderes civiles, votantes, miembros de partidos políticos, candidatas, representantes electas y funcionarias designadas – con su propias voces y conciencia, sin miedo a la violencia o a amenazas de represalias, lo cual vendría a beneficiar a todos.

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El Reto de las ciudades intermedias en América Latina

Herramientas de Transparencia para Partidos Políticos

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PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES Y VIOLENCIA. “La violencia y quien la inflige, no puede encontrar en el silencio complicidad ni puede cobijarse en la ausencia de una ley.” Claudia Valle Aguilasocho

L sido fácil.

CLAUDIA VALLE Magistrada Presidenta de la Sala Regional de Monterrey, México.

a participación de las mujeres en la vida política de nuestros países nunca ha

Mujeres de todas las generaciones incluidas las jóvenes, tienen que vencer múltiples desafíos para involucrarse activamente en la vida pública, para ocupar espacios de decisión y de representación. Para exponer el estado de la participación política de

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las mujeres en México iniciaré por mostrar como 1946 y 2016 mantienen algo en común: signos culturales y estereotipos que no han cambiado, y que para hacer viable una democracia paritaria es imperante deconstruirlos. 1946, Cámara de Diputados, México. Los parlamentarios -varones todo-, debatían sobre el reconocimiento del derecho a votar de las ciudadanas mexicanas en elecciones municipales. Uno de los congresistas, en el turno del debate, expresó en tribuna: “La idiosincrasia de la mujer mexi-

cana no es para la política (…) No creo que vayan a representar realmente una fuerza pública en la política diferente de los individuos que forman su hogar. Y si no lo va a hacer, si se van a guiar en su votación, en sus discursos, en sus asambleas, por la inspiración varonil, no veo cuál es el objeto.” El diputado continúo diciendo: “...Si vamos perdiendo los hombres (…) las pocas fuentes de superioridad, por lo menos aparente que tenemos en el hogar, vamos a empezar a hacer cosas que no sean dignas de nosotros…”; si vamos a ser iguales hasta en la calle, en las asambleas, en las Cámaras, en la Corte Suprema, en los tri-

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bunales, en los anfiteatros, pues entonces, que nos dejen a nosotros, que nos permitan bordar, coser, moler y demás.” 2 Aun cuando surjan muchas dudas sobre el motivo de la referencia del diputado en cuanto a que por el voto de las mujeres pudieran perder las pocas fuentes de superioridad que tenían en el hogar, y ante lo cuestionable que puede ser, si como género tenían un genuino ánimo o deseo de compartir tareas como el coser, tejer o moler; de lo que no hay duda - a partir de sus palabrases que la percepción masculina de quienes representaban a la sociedad de

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aquella época, resumía, que en voz de los hombres la política no necesitaba de mujeres.

70 años después, esa concepción evidentemente patriarcal está casi intacta. Las mujeres seguimos sin ser vistas como iguales y no somos del todo bienvenidas en el espacio de lo público.


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Setenta años después, esa concepción evidentemente patriarcal está casi intacta. Las mujeres seguimos sin ser vistas como iguales y no somos del todo bienvenidas en el espacio de lo público. No se nos reconoce el mismo derecho a participar de estos asuntos, y nuestro arribo al ámbito político sigue sin ser bien recibido. El mensaje de 1946 surgido de los debates del voto femenino no ha pasado a la historia y no es un dato más. En los procesos electorales de los últimos años y hoy con cercanía a los procesos

electorales más grandes de la historia de la nación, el ejercicio pleno de ciudadanía sigue enfrentando resistencias muy importantes. Para muestra un botón, o más de uno. 2014, Sonora, México. En el proceso de renovación entre otros cargos de la Gubernatura de ese estado del norte del país -un estado industrializado, con una economía dinámica- en las principales avenidas de su ciudad capital, se colocaron mantas en las que se leían la frase: las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón. 3 Competía por la guberna-

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tura una mujer; el mensaje se dirigía a ella y a quienes pudieran tener empatía con su candidatura: las mujeres deben estar en el hogar, en el espacio de su casa y dedicarse a sus hijos. La campaña de la entonces candidata, hoy gobernadora, enfrentó propaganda claramente denostativa por parte de sus adversarios, sólo por el hecho de ser mujer. 2016, Guerrero, México. Felicitas Muñiz Gómez. 2016, Chiapas, México. Rosa Pérez Pérez.

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Ambas presidentas municipales, ambas víctimas de violencia física, psicológica y de violencia política, mantuvieron por largos meses comprometidas las condiciones mínimas para ejercer el cargo y gobernar. No se les permitió ocupar el palacio municipal y fueron objeto de persecución y amenazas. Aún se desempeñan como alcaldesas y las manifestaciones de violencia y de coacción contra ellas no han cesado. Contra Felicitas se desplegó una campaña con imágenes y frases insultantes, difundidas en mantas y en redes sociales. “Las biejas solo sirben para lavar los


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trastes y para mantener a los hombres y los hombres sirven para gobernar”. “Entiende, las viejas perras como tú, solo sirven para hacer chamacos”, son sólo dos de las múltiples expresiones insultantes que fueron publicadas.

Estas acciones desplegadas por sus adversarios políticos, se encaminaban claramente a imponer una presión tal, que las llevara tanto a Felicitas Muñiz como a Rosa Pérez a dejar el cargo, al cual cada una llegó como resultado del voto mayoritario en elecciones calificadas como válidas. En el caso de Rosa Pérez, los actos de violencia, las amenazas y la coacción ejercida en su contra, se dieron en un contexto de dicotomía entre el sistema de partidos y el sistema de elecciones por usos y costumbres o sistema normativo interno, lo cual también se tradujo en un factor que se sumó a la vio-

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lencia contra su gestión. Estos ejemplos de violencia se suman a la larga lista de casos que delatan acciones de rechazo a la llegada de mujeres al poder; son muestra de la violencia que se ejerce contra ellas desde antes de ser postuladas, de cómo se intensifica durante la campaña y alcanza niveles superiores al acceder al cargo. En México, los últimos tres procesos electorales han marcado una tendencia al alza en esta problemática. Algunos casos son más públicos o conocidos, y

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otros lo son menos, sin embargo, todos lastiman y agreden no solo a las víctimas, también atentan contra el derecho a ser iguales y a ejercer nuestras libertades, contra el derecho de las mayorías a elegir a sus gobernantes y contra la democracia misma.

Las medidas instaladas no son suficientes para detener la violencia en el entorno de la participación política. La apuesta por la aprobación de una ley con carácter coactivo que lleve a la sanción y a la disuasión, no ha sumado los consensos necesarios; las 12 iniciativas


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presentadas no han logrado avanzar. 4 En 2017, el compromiso de vivir una competencia libre de discriminación y de violencia parece no estar en el escenario político. Adoptar acuerdos que desincentiven la violencia como práctica de coacción para detener el avance de las mujeres no requiere de una ley, exige que los actores políticos se comprometan con la democracia y con el respeto a los derechos humanos. Mientras las iniciativas y los compromisos políticos, ambos fundamentales, no

se consoliden, la estadística sobre el número de mujeres con aspiraciones, con carrera y trabajo político no consideradas en las dirigencias y en las candidaturas que presentan los partidos políticos en los que militan irá en ascenso; de ahí la necesidad de emprender acciones eficaces. En la región, Bolivia es referente obligado. Logró dar un salto importante entre vivir la violencia política y tipificarla como delito en 2012, convirtiéndose en el único país del orden latinoamericano que ha formalizado, a nivel de tipo penal, la violencia política por razones de género.

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Efectivamente, no toda violencia es y debe ser tipificada como violencia política por razón de género. En el marco normativo boliviano se considera violencia política las acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública, o en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de

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su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos. 5

Como sociedad moderna y democrática estamos llamadxs a rechazar la violencia, pues esta no puede ser un costo que cubran las mujeres por ejercer el derecho a participar en política.


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En su Código Penal se prevé como sanción una pena privativa de libertad de 2 a 5 años para quienes realicen acoso político contra mujeres (148 Bis)6, y de 3 a 8 años a quienes ejerzan violencia política contra mujeres (148 Ter).7 Retomando el contexto mexicano, en 2016, a iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, distintas instituciones del gobierno mexicano, el INE, el INMUJERES, la FEPADE, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB, la CEAV, y la FEVIMTRA8, crearon un Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres.

El protocolo, sin duda, es un avance importante, sin embargo, su fuerza coercitiva no lleva per se a imponer sanciones, a establecer tipos administrativos o penales que permitan generar un efecto no sólo compensatorio y punitivo, también disuasivo.

En el marco de esta realidad, de frente a los procesos electorales de 20172018, como sociedad moderna y democrática estamos llamadxs a rechazar la violencia, pues esta no puede ser un costo que cubran las mujeres por ejercer el derecho a participar en política.

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La omisión de un tipo legal tampoco debe ser una limitante. En el ámbito de la ética y del respeto al derecho humano a la dignidad, otras acciones son posibles, entre ellas el visibilizar la agresión para identificar la violencia y a quienes la ejercen, es una primera vía a disposición de las mujeres; desde luego, en todas las acciones que se emprendan es necesario el acompañamiento de las instituciones protectoras de derechos humanos.

públicos, ambas vías instaladas y disponibles, constituyen un camino más para sancionar la violencia contra las mujeres, cuando hasta ahora, el enfoque de la violencia en el ámbito de la política ha buscado conducirse por dos causes, el de la tipificación – con la creación de un tipo penal y el de la sanción también penal, a partir de los resultados que genera el empleo mismo de la violencia física, esto es, sancionando los daños materiales o las lesiones y amenazas.

Los mecanismos instalados para combatir la discriminación, y el sistema de responsabilidades administrativas de funcionarios

En tanto se haga realidad contar con el tipo penal de violencia política, los mecanismos protectores de derechos humanos y las

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acciones de respuesta administrativa pudieran abonar a que, quienes la ejercen, enfrenten consecuencias jurídicas legítimamente válidas, entre ellas, la destitución y la inhabilitación para ejercer otros cargos públicos. Es urgente que la violencia deje de ser un flagelo social, como también lo es que, en el reto de construir una democracia paritaria el ejercicio amplio de los derechos de ciudadanía y el respeto de los derechos de las personas, pasen de la declaración formal a los hechos, a ello actores políticos y sociales, en unión de las instituciones, podemos aportar.

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REFERENCIAS 1. Discusión en la Cámara de Diputados respecto de la Iniciativa de Reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, celebrada el 23 de diciembre de 1946. Índice del Proceso Legislativo correspondiente a la Reforma Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 1947. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917. Compilación Cronológica de sus Modificaciones y Procesos Legislativos. Disponible en: https:// www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/ files/CPEUM_1917_CC/procLeg/044%20-%2012%20FEB% 201947.pdf 2. Idem 3. Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres. 2 0 1 6 . D i s p o n i b l e e n : h t t p : / / s i t i o s. t e. g o b. m x / protocolo_mujeres/media/files/7db6bf44797e749.pdf 4. Desde 2012, en México se han presentado un total de 12 iniciativas, 4 en la Cámara de Diputados y 8 en la Cámara de Senadores. 5. Ley No. 243 Contra el Acoso y Violencia Política contra las Mujeres. 2012. Bolivia 6. Artículo 148 Bis. (Acoso político contra mujeres). - Quien o quienes realicen actos de presión, persecución, hostigamiento y/ o amenazas en contra de una mujer electa, designada o en el ejercicio de la función político - pública y/o de sus familiares, durante o después del proceso electoral, que impida el ejercicio de su derecho político, será sancionado con pena privativa de libertad de dos (2) a cinco (5) años.

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7. Artículo 148 Ter. (Violencia política contra mujeres). - Quien o quienes realicen actos y/o agresiones físicas y psicológicas contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública y/o en contra de sus familiares, para acortar, suspender e impedir el ejercicio de su mandato o su función, será sancionado con pena privativa de libertad de tres (3) a ocho (8) años. En casos de actos o agresiones sexuales contra las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública, se sancionará conforme dispone este Código Penal. 8. El Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.

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LA IMPORTANCIA DE PRACTICAR EL DISENSO EN LA POLÍTICA ¿Por qué no se entienden los que están partiendo el antiguo Sudán que lo están dividiendo en norte y sur?

RODRIGO LLANO Veedor Nacional. Partido Liberal Colombiano

¿Por qué no se entienden Chiitas y Sunitas si ambos tienen como origen la devoción por Mahoma y la lectura obligada del Corán?

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¿Por qué no se entienden Turcos y Kurdos si han compartido el mismo territorio por más de 2.000 años? ¿Por qué se enfrentan hoy los catalanes con España si llevan cuatro siglos juntos? ¿Y la lucha de ese pueblo de origen enigmático como el vasco que anhela su independencia?


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Ni sigamos, hay muchos ejemplos que mantienen en vilo a ésta sociedad del siglo XXI. Y todo a costa de la vida millones de seres convertidos en carne de cañón. Solo hay una respuesta: porque no practican el respeto por el disenso.

Comencemos por definir que es DISENSO. Según la Real Academia de la Lengua: Disentimiento, conformidad de las partes en disolver o dejar sin efecto en contrato u obligación entre ellas existente. Ahora, el disenso político viene de la palabra latina "disensus", que es la contradicción o disconformi-

dad entre dos personas o grupos que personifican tesis diferentes. Disentir es no estar de acuerdo con lo que el otro piensa, lo cual no me autoriza para agredirlo o para faltarle al respeto. Manuel Murillo Toro, el más insigne de los Liberales colombianos de todos los tiempos, afirmaba: "con tal de que no se descienda a los insultos, abro ancho campo a la discusión", porque, con demasiada frecuencia, el que discute cree que tiene que sacar el garrote para aplastar al otro, eso no es discusión, es una agresión. Quien disiente debe entrar a la discusión preparado

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para escuchar con respeto las tesis del otro, no pude entrar a imponer sino a buscar consensos, porque el otro también tiene sus puntos de vista que pueden ser válidos, por eso, la tolerancia, el respeto, el no agredir al otro, son los límites estrictos del disenso. Nada se gana con comenzar la discusión metiéndole al que me controvierte una insultada o hacerlo objeto de una agresión, porque eso no es civilizado, eso es bajar al pantano y hacer imposible el intercambio de ideas.

secuestros, torturas, destrucción de la infraestructura, el gobierno y la guerrilla de las FARC se sentaron a discutir, a expresar su disentimiento el uno del otro y llegaron a un acuerdo que desarmó a esa guerrilla, la más vieja del mundo, porque cada uno entendió que no había podido avasallar al contrario y que "era probable" que el contrincante pudiera tener "algo de razón", hubo que ceder de parte y parte y, respetando el disenso, se llegó a un acuerdo en La Habana.

En Colombia, después de 60 años de guerra, muertos, asesinatos, extorsiones,

El disenso implica pensar con inteligencia porque no es un asunto exclusivo de


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la razón, en esto juegan un papel importantísimo las pasiones que hay que menguar, porque en el grito, la algarabía, el ruido, no se pueden escuchar las razones. Saramago decía que el derecho a la crítica, que es un derecho fundamental, había faltado en la declaración de los derechos humanos. Todo el que participa en la vida política tiene que saber que ningún derecho es absoluto, todos tienen límite, no son un cheque en blanco para hacer lo que me de la gana pasando por encima de mis semejantes. La tolerancia es el soporte básico del disenso.

La UNESCO, afirma: la tolerancia es la armonía en la diferencia, el rechazo al dogmatismo y al absolutismo, supone cambiar la cultura de la guerra por la cultura de la paz. Por eso los movimientos mesiánicos son intolerantes porque el líder cree que su palabra es como la de Dios, inmodificable, no discutible y debe implantarse como sea, porque se la impone a unas personas que han hecho del fanatismo su modo de vivir y de actuar en sociedad y rechazan la tolerancia, en el principio de quien no está conmigo está contra mi. Lo estamos viendo en nuestro país. Como decía

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Voltaire: la intolerancia se opone a todo cuanto de racional hay en el hombre y nos acerca a las fieras.

La historia no puede escribirse sin contar con el papel que han tenido en todas las latitudes los que disienten. los heterodoxos, los que controvierten al poderoso, quienes, por su actitud, generalmente han pagado con su vida dicha postura política. En general, disentir es muy peligroso y tiene que dejar de serlo para poder vivir en libertad. No pocas veces el disenso es el origen de nuevos liderazgos políticos, siempre y cuando, quien disiente

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plantee nuevos paradigmas, nuevas ideas, no es el no porque no, el no porque yo lo digo, es aquella gente que tiene un sueño, sabe que quiere y para donde va, sin atropellar al otro, planteando razonadas tesis alternativas y no el dilema amigo-enemigo que es lo que nos lleva al enfrentamiento armado.

El disenso enriquece el debate, abre paso a nuevos consensos, crea nuevos argumentos, abre las mentes y enseña que nadie es dueño de la verdad absoluta.


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El disenso enriquece el debate, abre paso a nuevos consensos, crea nuevos argumentos, abre las mentes y enseña que nadie es dueño de la verdad absoluta. Saber disentir es una necesidad en la vida política. El disenso es el contrapeso del poder y quien controvierte tiene que tener claro cuáles son sus límites en el tiempo y en el espacio. Quien entra a una discusión debe estar sometido a que si el otro tiene la razón y lo convence con sus argumentos, debe aceptarlos, porque es lo mínimo que debe regir en un encuentro de tesis opuestas entre contendores razonables.

No puede llegarse a la discusión con propósitos ocultos. Hay que analizar muy bien los argumentos del contrario, los intereses que lo mueven, pero, sobretodo, respetarlo. Quien disiente tiene que entender que debe procurar un nuevo consenso, todo hecho sobre tesis concretas y no sobre generalidades abstractas, entendiendo que la crítica mientras más reposada se presente, más respetuosa, argumentada y desapasionada, es más constructiva, de mejor recibo por la contraparte, de mucha mejor acogida.

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El disenso pasa por tres etapas: 1. Normalidad 2. Emergencia y

3. Crisis. Con unos grados que comienzan en la contradicción, siguen con la controversia, el conflicto, la conflictividad y el escándalo. En su trámite suele apelarse más a las emociones que a los hechos, recurriendo a la sensibilidad popular y a la justicia social. En la comunicación recurren al plano concreto, al bienestar físico, por ejemplo, y al plano simbólico como pueden ser la paz, la certidumbre, la confianza o la comprensión.

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Disenso y democracia van de la mano porque los regímenes autoritarios no toleran la contradicción, no permiten la libertad de prensa, abominan la libre discusión y la libre expresión y persiguen con saña a los que difieren del pensamiento único. El escenario natural del disentimiento es el debate. Disiente no el que lanza una teoría sino el que lo controvierte, no el que tiene el poder sino el que lo enfrenta, el que pretende derrumbar algo secularmente aceptado, manifestando y exponiendo una tesis novedosa, respetando, sin argucias, las ideas ajenas.


Edición No. 06 - Diciembre 2017

Quien disiente no puede ser visto como un enemigo por el solo hecho de pensar diferente porque lo que hace es someter a la democracia a un examen riguroso de evaluación, que ésta no puede eludir. Nadie puede reivindicar su derecho al disenso para conculcar los derechos de los demás.

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NDI SE SUMA A LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

ÚNETE TÚ TAMBIEN DILE NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

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¿QUÉ PASÓ CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN BRASIL?

THAMY POGREBINSCHI and TALITA TANSCHEIT

E

n 2011, el politólogo de Harvard, Archon Fung predijo cómo "muchos de nosotros pronto habríamos podido volver nuestra mirada a América Latina, y a Brasil en particular, para

comprender sus logros en materia de gobernanza democrática". Centrándose en los mecanismos que mejoraron la participación de los ciudadanos y de la sociedad civil en el proceso de creación de políticas públicas, concluyó que res-

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pecto a "la amplia gama de reformas democráticas, ambiciosas y exitosas en Brasil (...) simplemente no existían analogías de escala y profundidad similar en Norteamérica, Europa, Asia o África".[1] En ese momento, Brasil fue visto por muchos académicos como un laboratorio de experimentación democrática con participación ciudadana e innovación institucional. El presupuesto participativo, creado por el Partido de los Trabajadores (Partido dos Trabalhadores, PT) en Porto Alegre en 1989, fue calificado como "buena práctica" por las Naciones Unidas en 1996, y figuraba

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entre los 40 mejores programas de políticas del mundo. En pocos años, esta institución participativa se convirtió en la principal "exportación democrática" de Brasil y, para el año 2015, se había adoptado en más de mil municipalidades en más de 40 países.[2]

Cuando el Partido de los Trabajadores ganó las elecciones presidenciales en 2002, se adoptaron prácticas participativas a nivel nacional y en gran escala. Se llevó a cabo un intenso proceso de innovación institucional, reformando las instituciones existentes para abrir espacio a las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de for-


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mulación de políticas. Se han puesto en marcha nuevos diseños institucionales, dando a los ciudadanos una voz y un papel en la elaboración de políticas públicas. Además, se puso en marcha la creación de un sistema nacional de participación social, interconectando instituciones participativas diseñadas para canalizar las necesidades y opiniones de los ciudadanos a nivel municipal y estadual, llevándolas a los espacios de toma de decisiones en Brasilia. Los medios de comunicación nunca mencionaron esto, pero desde el año 2003 hasta el 2016, millones de ciudadanos partici-

paron en estos nuevos canales institucionales. En 2016, Brasil pasó por un proceso de impeachment, que puede definirse fácilmente como un golpe parlamentario que derrocó a su primer presidenta mujer, Dilma Rousseff, y llevó al poder a un presidente no electo, el más impopular de su historia, Michel Temer. Desde entonces, el Partido de los Trabajadores ha sido sustancialmente desmantelado. Una serie de acusaciones de corrupción enviaron a varios de sus principales líderes a la cárcel, tras procesos judiciales obtusos que más se parecían a una cruzada política.

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Con la oposición destrozada, el Congreso más conservador de Brasil ha logrado anular derechos constitucionales y excluir aún más a los trabajadores, los ancianos, las mujeres y otros grupos desfavorecidos. El cuadro completo es demasiado complejo para ser resumido, y una pregunta urge ser abordada: ¿qué ha sucedido con todas las innovaciones institucionales que apuntaban a expandir la participación ciudadana en Brasil?

El auge de las instituciones participativas Para abordar dicha pregunta, ofreceremos una breve perspectiva sobre el auge y la caída de las dos princi-

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pales instituciones participativas a nivel nacional de Brasil: los consejos nacionales de políticas y las conferencias nacionales de políticas. Los Consejos Nacionales de Política son instituciones participativas que preexisten a la Constitución de 1988 de Brasil, aunque después de ese año fueron considerablemente ampliados y algunos de ellos tuvieron sus filiales regionales y locales (consejos estaduales y municipales) repartidos en todos los niveles de la federación. Estos órganos se ocupan de áreas específicas de políticas y se asignan dentro del Ejecutivo nacional, muchas veces


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integrado a un Ministerio o Secretaría nacional. Se reúnen regularmente y permiten que representantes de la sociedad civil se sienten en la mesa junto a funcionarios del Estado y de la administración pública. Dependiendo del Consejo Nacional, su rol puede consistir en establecer la agenda del gobierno, formular políticas y redactar planes nacionales, promulgar resoluciones normativas o recomendaciones de asesoramiento, diseñar estrategias y directrices para la implementación de políticas nacionales a nivel estadual y local, y el monitoreo y la supervisión de la ejecución de estas políticas. Los Consejos Nacionales también

han llevado la práctica del cabildeo y la defensa de intereses a otro nivel, ya que muchos de ellos designaron comisiones especiales para trabajar con y dentro de la Legislatura para avanzar en sus agendas y seguir proyectos de ley aprobados o rechazados de acuerdo con las preferencias de los grupos sociales afectados por las políticas en cuestión. Después de que Lula asumiera la Presidencia del país en 2003, los Consejos Nacionales se fortalecieron, ampliaron y rediseñaron. Un total de 17 Consejos Nacionales preexistentes fueron reorganizados, ampliando sus capacidades y redefiniendo sus objetivos,

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incluyendo aún más a los actores de la sociedad civil y aumentando su papel en el proceso de políticas. Entre dichos Consejos Nacionales reestructurados se encuentran los relacionados con las políticas de salud, asistencia social, ciencia y tecnología y desarrollo rural. Además, se crearon 22 nuevos Consejos Nacionales desde 2003 hasta 2010, incluyendo consejos encargados de las políticas de seguridad alimentaria y nutricional, de desarrollo social y económico, de las ciudades, de seguridad pública y de la promoción de la igualdad racial. Varios de los consejos en-

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tonces creados o reformados se enfocaron en políticas dirigidas específicamente a grupos minoritarios, como mujeres, indígenas, jóvenes, ancianos y personas con discapacidades. La inclusión de grupos históricamente insuficientemente representados en el proceso político es solo uno del gran número de logros alcanzados durante ese período de intensa innovación institucional. La presencia de mujeres, quienes expresaban las demandas de otras mujeres en el Consejo Nacional de Derechos de la Mujer, por ejemplo, condujo a resultados notables: la Ley Maria da Penha, un proyecto in-


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novador contra la violencia doméstica. Del mismo modo, varios grupos étnicos históricamente excluidos participaron en el Consejo para la Promoción de la Igualdad Racial, y contribuyeron a la formulación del Estatuto de Igualdad Racial, una ley en contra de la discriminación y la desigualdad racial. Las Conferencias Nacionales de Políticas siguen una trayectoria similar: no son nuevas, pero se han puesto lentamente en marcha después de la Constitución de 1988, siendo luego completamente rediseñadas y ampliadas desde 2003 en adelante. Las Conferencias Nacionales son procesos deli-

berativos multinivel que reúnen a ciudadanos comunes, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, representantes electos, administradores públicos y otros actores sociales y políticos. Organizados por el Poder Ejecutivo con el objetivo de recolectar contribuciones para la redacción de políticas nacionales, las Conferencias Nacionales se estructuran en torno a áreas específicas de políticas. Están abiertas a la participación a nivel local, donde luego se eligen delegados para reunirse en conferencias a nivel estadual, y de allí nuevamente a nivel nacional. Dicha etapa final reúne a los delegados de las etapas anteriores y compren-

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de la deliberación de las propuestas que se elevaron desde los niveles precedentes. El proceso concluye con la redacción de un conjunto final de recomendaciones de política. Entre 2003 y 2010 se realizaron un promedio de 10 conferencias nacionales por año en Brasil, lo que significa que miles de conferencias municipales tuvieron lugar a nivel local y cientos a nivel estatal. Se estima que alrededor de cinco millones de personas participaron en los 73 procesos multinivel organizados en ese período. La primera Conferencia Nacional de Seguridad Pública celebrada en 2009, por

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ejemplo, contrató a un total de 524.461 personas, de las cuales 225.395 participaron cara a cara y 256.588 en línea. Se analizaron áreas políticas más consolidadas, como la de salud y asistencia social, en procesos aún más amplios. En 2011, la Conferencia Nacional de Salud reunió a 600.000 personas en todo el país, mientras que la Conferencia Nacional de Asistencia Social involucró a unos 400.000 participantes en cientos de municipalidades.

La masiva participación tuvo un impacto extraordinario en la forma en que se formularon y decidieron las políticas en Brasil durante ese período. Más de 40


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áreas de políticas se beneficiaron de estos procesos deliberativos multinivel, muchas de las cuales fueron abordadas integralmente en políticas y programas nacionales por primera vez, como aquellos relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional, por ejemplo. Al igual que los Consejos Nacionales, las Conferencias Nacionales han sido un canal importante para los grupos minoritarios, quienes a través de ellas se han hecho presentes y han sido escuchados en el proceso de creación de políticas públicas. Alrededor de una cuarta parte de todas las Conferencias Nacionales que tuvieron lugar entre 1988 y 2009, trataron exclu-

sivamente temas que conciernen a grupos minoritarios: políticas para mujeres, políticas juveniles, políticas indígenas y políticas para la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT+). Es de notar el impacto que han tenido las Conferencias Nacionales en las políticas ejecutivas y legislativas del país. En el Poder Ejecutivo, se han redactado varias políticas públicas basadas en las propuestas formuladas durante las Conferencias Nacionales, como por ejemplo el Plan Nacional de Derechos Humanos promulgado en 2009. Solamente desde el año 2003 hasta el 2008, las recomendaciones consen-

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suadas durante las Conferencias Nacionales se vieron reflejadas en un total de 2,233 proyectos de ley, 163 enmiendas constitucionales, 216 leyes y 6 enmiendas constitucionales. El trabajo conjunto de los Consejos nacionales y las Conferencias nacionales dio como resultado importante, las enmiendas constitucionales, entre ellas, el derecho a la alimentación entró a formar parte de los derechos sociales, y los jóvenes se convirtieron en sujetos de derechos. Las Conferencias Nacionales establecieron la agenda legislativa en un gran número de áreas. La Conferencia Nacional de Educación que se llevó a cabo en

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2010 propuso que el 50% de los ingresos provenientes de la explotación de la capa presal se invirtieran en educación profesional y superior. Las recomendaciones de políticas de la Conferencia Nacional de Desarrollo Rural del 2008 se reflejaron en la legislación del 2009, la cual reguló la provisión de alimentos en las escuelas. Los ejemplos abundan. El Rápido Declive Si se compara la actividad de las instituciones participativas durante los períodos de Lula (2003-2010) y Dilma (2011-2016) en la presidencia de Brasil, se puede ver claramente cómo su declive ya estaba previs-


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to antes del impeachment. A diferencia de Lula, Dilma no fue tan abierta y exitosa en el diálogo con los movimientos sociales, y varias organizaciones de la sociedad civil se sintieron abandonadas durante sus mandatos. Algunos sectores de la sociedad llegaron incluso a afirmar que, respecto a su predecesor, ella no apoyaba los mecanismos participativos, y que, cuando se trababa de formular políticas, prefería la experiencia y la competencia, que la deliberación. Por otro lado, la presión ejercida sobre la primera presidenta mujer de Brasil fue descomunal. El teatro político que causó su impeachment hizo que gobernar el país se volviera

una tarea sumamente difícil. Las consecuencias de la inestabilidad política y de los ajustes fiscales se reflejaron rápidamente en las instituciones participativas. A finales del 2015, se convocó a la mayoría de las conferencias nacionales de grupos minoritarios, para que se reunieran en el 2016 en una conferencia conjunta sobre derechos humanos. La unión de estas cinco Conferencias Nacionales fue una de las primeras acciones que indicaron que el clima político y social estaba a punto de cambiar. A partir de ese evento, el declive ocurrió rápidamente. Desde que el vicepresidente Michel Temer asumió la presidencia,

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la estructura de lo que un día se percibió como un sistema nacional de participación social, se ha ido desmoronado. Los Consejos Nacionales se han convertido en el palco de los enfrentamientos entre la sociedad civil y el Poder Ejecutivo. Durante su segundo mes de mandato, Temer removió de su cargo a todos los representantes del Consejo Nacional de Educación, quienes habían sido elegidos por la sociedad civil. El Consejo Nacional de Ciudades fue destituido por medio de un decreto presidencial de junio de 2017, que transfirió todas las competencias previas del Consejo al Ministerio.

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Además, decretó que todos los miembros del Consejo deben ser nombrados únicamente por el gobierno. Se descartaron un gran número de funciones del Consejo, como la organización de la Conferencia Nacional de Ciudades. En abril del mismo año, otro decreto cambió la composición y las funciones del Consejo Nacional de la Juventud, el cual ya no puede elegir a sus propios miembros. A causa del debilitamiento de la participación de la sociedad civil en estos Consejos, varios de sus representantes los han abandonado o han renunciado. Los recortes de gasto público y la modificación de


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la agenda política del país han afectado el funcionamiento de los Consejos Nacionales y amenazan su propia existencia. Al carecer de recursos, varios Consejos Nacionales no han podido mantenerse y financiar sus actividades, que por primera vez en 15 años se han dejado de llevar a cabo con regularidad. Incluso el número de participantes ha sido disminuido. En el Consejo Nacional de Asistencia Social, por ejemplo, el gobierno redujo el personal técnico a la mitad. Los recortes presupuestarios han impedido que los Consejos Nacionales cumplan con compromisos anteriores, o con su papel en la implementación y el monito-

reo de las políticas públicas que conciernen a su organización. Muchos se encuentran a la espera del equilibrio fiscal que busca el gobierno. En cuanto a las Conferencias Nacionales (o lo que queda de ellas), estas se han convertido en un espacio de oposición y resistencia civil. Las únicas tres Conferencias Nacionales que se llevaron a cabo en el 2016 habían sido planeadas mucho antes, y acabaron volviéndose actos de protesta en contra de la destitución de Dilma Rousseff. En una de ellas, en la Conferencia Nacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural, los participantes protes-

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taron en contra de los reveses que estaban ocurriendo con las políticas rurales llevadas a cabo por Temer cuando aún era presidente interino, es decir, antes del final del proceso de impeachment. Al llegar a la presidencia, una de sus primeras acciones fue la supresión del Ministerio de Desarrollo Agrario, el cual en años anteriores había permitido una amplia participación de la sociedad civil en la definición de políticas rurales. De las pocas Conferencias Nacionales llevadas a cabo en el 2017 y el 2018, muchas de ellas no contaron con el apoyo de los ciudadanos. Las organizaciones de la sociedad civil, en lu-

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gar de movilizarse y prepararse para el proceso deliberativo como solían hacerlo, comenzaron a cuestionar la organización y la legitimidad de las Conferencias Nacionales, incluso negándose a participar en algunas de ellas. El caso más emblemático es la Conferencia Nacional de Educación, que por ley debe llevarse a cabo cada cuatro años. Las organizaciones de la sociedad civil no solo se están negando a participar en su edición del 2018, sino que también están organizando una conferencia nacional alternativa, la Conferencia Nacional Popular sobre Educación. Una reacción razonable después de que el gobierno


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restringiera el papel de la Conferencia Nacional en la configuración de las políticas educativas, y no incluyera a varias organizaciones históricas del sector de la educación en estas instancias participativas. ¿Ahora qué? Si bien hace pocos años Brasil se convirtió en un caso de estudio para los politólogos interesados en la participación ciudadana y las innovaciones democráticas, ahora puede convertirse en un ejemplo de cuán frágiles pueden ser cuando la democracia se debilita. Mientras las labores de los Consejos Nacionales paran y las Conferencias Nacionales se quedan sin miembros,

toda la estructura participativa asegurada por la Constitución del 1988 de Brasil se encuentra bajo amenaza.

Los dos pilares principales sobre los cuales se erigieron las innovaciones institucionales en Brasil – una amplia institucionalización y una sociedad civil activa - no han sido suficientes para evitar que en poco más de un año se resquebrajara un sistema funcional de participación social. Si bien las leyes hicieron obligatorias las instituciones participativas, la sociedad civil es lo suficientemente fuerte como para no participar en ellas cuando estas se vuelven antidemocráticas. La sociedad civil ha sido eliminada de

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de las instituciones participativas, y las leyes no han sido suficientes para mantener su poder. Estos sucesos deben convertirse en un proceso de aprendizaje para los demás países de América Latina, en caso de que afronten desafíos similares. La participación ciudadana en América Latina ha sido dirigida principalmente por el Estado. Cuando la participación depende de los gobiernos, la sociedad civil no cuenta con las herramientas necesarias para redimir a la democracia de los defectos de las elecciones y la parcialidad de los partidos. Además, aunque la institucionalización garantice la vigencia de las

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innovaciones participativas, esta no puede garantizar que siempre sean democráticas o legítimas.

[1] FUNG, Archon. Reinventing Democracy in Latin America. In Perspective on Politics, December, 2011, p. 857 and 867-868 [2] SINTOMER, Yves; HERZBERG, Carsten; ALLEGRETTI, Giovanni, and RÖCKE, Anja. Learning from the South: Participatory Budgeting Worldwide – an Invitation to Global Cooperation (Bonn: GIZ), 2010. TEXTO ORIGINAL TOMADO DE: https:// goo.gl/5XtkLN


JUVENTUD, DEMOCRACIA Y POLÍTICA Parlamento Joven Un espacio en la juventud peruana para fomentar los valores democráticos.

P

arlamento Joven es un programa de formación ciudadana del Congreso de la República que nace como un espacio de capacitación y formación juvenil con el propó-

sito de que jóvenes entre 18 y 25 años de edad conozcan y se involucren con la labor parlamentaria en el ámbito de las funciones legislativa, de representación y de control político a través de la recreación de

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debates de proyectos de ley en sesiones de comisiones ordinarias y de Pleno, simulación de procedimientos de control político, presentación de proyectos de ley, conformación de órganos directivos y de grupos parlamentarios, entre otras labores que realizan los Congresistas de la República, con lo cual los jóvenes tienen la oportunidad de vivir la experiencia de ser parlamentarios. Este programa gratuito dirigido a los jóvenes a nivel nacional, es promovido por la Primera Vicepresidencia del Congreso de la República, que en la legislatura julio 2017 – julio

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2018, es ejercida por el Congresista de la República, Mario Fidel Mantilla Medina, siendo ejecutado a través de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano. A lo largo de su desarrollo, brinda a sus participantes mayores competencias y capacidades orientadas al fortalecimiento de la democracia, a la participación ciudadana y a la promoción del liderazgo juvenil. Con este fin, el Programa se desarrolla en tres etapas: 1. Capacitación Virtual: Se imparte a todos los jóvenes que se inscriben en la convocatoria nacional.


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Los temas que se abordan están relacionados con las funciones parlamentarias, los procedimientos parlamentarios, el sistema electoral nacional, ética parlamentaria y Constitución Política del Perú. 2. Parlamentos Departamentales:

Se desarrollan de manera presencial en una jornada de día y medio en cada distrito electoral del país (26 en total) con los 130 jóvenes seleccionados de cada región que obtuvieron las mayores notas en la capacitación virtual (se valora la meritocracia). Con ellos se realiza un Parlamento Departamental que consis-

te en un taller de recreación del trabajo parlamentario donde los jóvenes seleccionados eligen a su mesa directiva, se conforman grupos parlamentarios y se debaten proyectos de ley reales vinculados a temas de la juventud y/o de la región donde se desarrolla el evento. El resultado del debate y aprobación de los proyectos se ley se derivan a las Comisiones Ordinarias reales del Congreso de la República en calidad de opiniones ciudadanas. Plenario Nacional: Se realiza en las instalaciones del Congreso de la República del Perú en una jornada de tres días con los

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130 jóvenes representantes de cada distrito electoral previamente seleccionados en los Parlamentos Departamentales por los propios jóvenes de su región. Para determinar el número de jóvenes que representan a cada distrito electoral se aplica la cifra repartidora establecida por el Jurado Nacional de Elecciones para cada circunscripción electoral. En esta última edición del 2017, se ha incluido la presentación de anteproyectos de ley elaborados por los propios jóvenes que participaron en los Parlamentos Departamentales, anteproyectos que fueron debati-

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dos en el Plenario Nacional, llevado a cabo los días 15, 16 y 17 de noviembre del presente año. Asimismo, se ha incluido talleres de recreación de procedimientos de control político. Esta nueva iniciativa del programa involucra aún más a los jóvenes en la las funciones de los Congresistas de la República y les hace reflexionar sobre la importancia de la labor parlamentaria para el desarrollo del país. Desde su creación en el año 2013, el Programa “Parlamento Joven” ha logrado convocar a 28680 jóvenes a nivel nacional, de los cuales terminaron su


Edición No. 06 - Diciembre 2017

capacitación 13777 y fueron seleccionados como parlamentarios jóvenes 3355. A continuación se muestran las estadísticas: 2017 INSCRITOS

10808

CAPACITADOS SELECCIONADOS REGIONAL SELECCIONADOS NACIONAL

3786 2100 130

2016 INSCRITOS

5800

CAPACITADOS

3701

SELECCIONADOS

130 2015

INSCRITOS

5485

CAPACITADOS

1861

SELECCIONADOS

240

Así mismo, cabe resaltar que en los Parlamentos Departamentales que se desarrollan a nivel nacional, las actividades del programa cuenta con la presencia y participación de los Congresistas de la República de acuerdo a la circunscripción electoral que representan, quienes saludan, motivan y reconocen el interés de los jóvenes de su región por participar en este espacio de formación y participación ciudadana que brinda el Congreso de la República.

2014 INSCRITOS

3927

CAPACITADOS

1861

SELECCIONADOS

240 2013

INSCRITOS

2660

CAPACITADOS

2568

SELECCIONADOS

515

Actualmente nos encontramos en la convocatoria de la edición Parlamento Joven 2018. Las inscripciones se encuentran abiertas

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Las inscripciones se encuentran abiertas y todos los jóvenes que deseen participar de este programa pueden inscribirse a través del formulario digital desde la página web del Congreso de la República: http:// www.congreso.gob.pe/ participacion/ parlamentojoven/ Fecha limite: 15 de enero del 2018.

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Ediciรณn No. 06 - Diciembre 2017

PARLAMENTO DEPARTAMENTAL TRUJILLO PARLAMENTO JOVEN 2017

PARLAMENTO DEPARTAMENTAL SAN MARTIN PARLAMENTO JOVEN 2017

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JURAMENTACIÓN DE JOVENES PARLAMENTARIOS EN EL ENCUENTRO NACIONAL PARLAMENTO JOVEN 2017

TRABAJO EN SESION DE COMISIONES EN EL ENCUENTRO NACIONAL PARLAMENTO JOVEN 2017

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Ediciรณn No. 06 - Diciembre 2017

SESIร N DEL PLENO EN EL ENCUENTRO NACIONAL PARLAMENTO JOVEN 2017

1ER VICEPRESIDENTE Y PARLAMENTARIOS JOVENES EN EL ENCUENTRO NACIONAL PARLAMENTO JOVEN 2017

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¡¡¡INFOGRAFÍAS!!!


El Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales -NDI es una organización internacional no partidista y sin fines de lucro, con oficinas en más de 50 países, cuya misión es contribuir a promover y fortalecer la democracia a nivel mundial. El NDI ofrece asistencia técnica a lideres de partidos políticos y de la sociedad civil que promuevan valores, prácticas e instituciones democráticas.

Editores Francisco Herrero Director NDI

Andrea Fernández Oficial del Programa Red Innovación. Marcela Cárdenas Asistente del Programa Red Innovación

Créditos Portada y contraportada: Juan Diego F. Jiménez Diseño y Diagramación Marcela Cárdenas Bogotá, D.C. Colombia. Edición No. 06 — diciembre 2017

La elaboración y responsabilidad de las obras aquí publicadas corresponde a los autores y autoras quienes aseguraron la realización propia sin violar o usurpar derechos de propiedad intelectual de terceros, por tanto, las obras son de su exclusiva autoría y detentan la titularidad de las mismas, y se manifiesta que los derechos sobre las obras en cuestión no han sido cedidos con antelación y que sobre ellos no pesa ningún gravamen ni limitación en su uso. Las opiniones expresadas en esta publicación, son de los autores y autoras y no necesariamente reflejan los puntos de vista del Instituto Nacional Demócrata (NDI)





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