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No se dejen extorsionar, ministros Juan Lozano
¡NO SE DEJEN EXTORSIONAR, MINISTROS!
Juan Lozano Exministro, periodista y exsenador
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Para que lo tengan claro, estas sesiones parlamentarias, las últimas antes de elecciones de Congreso, suelen ser las más peligrosas en términos de corrupción porque siempre hay uno o varios congresistas que, angustiados por los tarjetones o porque van a terminar sus períodos, deciden emplearse a fondo para extorsionar ministros, trancar proyectos, chantajear al Gobierno y conseguir unos cargos públicos para gente que les sume votos a ellos o les represente plata para sus arcas.
Así es la cosa. Se aprovechan de la angustia del cierre de gobierno, de los tiempos escasos, de las urgencias del Ejecutivo para acorralar a los funcionarios y secuestrar los proyectos de ley que caen en sus garras. Mientras algunos lo hacen sutilmente, otros lo hacen con desvergonzado desenfado, como si les asistiera la certeza de que ningún ministro es capaz de contarle a la opinión pública que está siendo extorsionado por un congresista.
La cosa cambiaría drásticamente si algún ministro o ministra valiente levantara su voz ante el país y mencionara, con nombres y apellidos, aquellos que han condicionado sus votos a dádivas electorales. No solo es una obligación legal y un imperativo ético, sino también una fantástica oportunidad política para demostrarle a la ciudadanía que no todos los funcionarios públicos le juegan a la corrupción y que hay gente buena, honrada y noble desempeñando los más altos cargos del Estado.
Es también un tema de elemental justicia. Por una parte, se lograría que alguien que desempeña un rol muy importante en
la vida institucional colombiana encarne la indignación que a todos nos asiste por cuenta de la generalizada corrupción y, por otra parte, se lograría que un corrupto caiga y pague por un delito.
Dicho esto, y para evitar generalizaciones injustas, es necesario advertir que hay muchos funcionarios absolutamente probos y congresistas decentes que no incurren en prácticas indebidas. Sería injusto lanzar una sombra de sospecha sobre todos los ministros y todos los congresistas de Colombia. Razón de más para que estas circunstancias, donde quiera que se estén presentando, sean puestas en conocimiento de las autoridades competentes y del público en general. ¿Qué pierde el Gobierno si nos cuenta a los ciudadanos quién o quiénes lo están extorsionando desde sus curules? Nada. Ganaría mucho. Cumpliría con su deber. Sentaría un precedente. Recuperaría puntos perdidos. ¿Y cómo funcionan estas extorsiones? De diversas maneras. Se dilata una firma. No se rinde una ponencia. No se convoca una sesión. No se designan ponentes. No se hace ‘quorum’. Se engaveta un proyecto.
En fin. El efecto práctico que persiguen es
poner de rodillas a uno o varios ministros para que tengan que someterse a la voluntad del parlamentario. Se ha normalizado tanto la corrupción, que en todos los niveles de la administración pública parece normal que esto suceda. Las prácticas criminales para apoyar proyectos del Ejecutivo se han venido replicando en asambleas departamentales y concejos municipales. Hacen parte, en muchos casos, del pacto de corrupción de coaliciones que garantizan las mayorías en una determinada corporación. Es el Estado botín. Es la instrumentalización de una curul, no para servir al pueblo, sino para extorsionar o robar. Y no puede ser aceptado. No es admisible. No es tolerable. No es legal. Todavía espero que una mañana, uno, dos o tres ministros citen una rueda de prensa para contarle a Colombia que hay un proyecto que no avanza porque está secuestrado, porque los están extorsionando y porque no van a ceder ante la extorsión. Y sueño con que, en una pantalla gigante, en el momento mismo de su denuncia, proyecten las fotos y nombres de los extorsionistas en mayúsculas sostenidas… eso marcaría un verdadero hito en la lucha anticorrupción en Colombia… ¿será mucho pedir?
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El brigadier general Henry Armando Sanabria Cely inició su carrera policial en la entonces Dirección de Policía Judicial e Investigación (Dijin), desde la cual se perfiló como Oficial de Inteligencia. En sus más de 33 años de trayectoria institucional, participó en acciones contra el crimen organizado desde la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y durante la prestación de su servicio a la patria, se desempeñó en diversos cargos en el Departamento de Policía Cundinamarca, en la Escuela General Santander, en la Dirección General de la Policía Nacional, en la Dirección de Sanidad y en la Policía Metropolitana de Cartagena.
Es administrador policial y abogado con especializaciones en derecho administrativo, en investigación criminal, en seguridad, en derecho penal y en criminología. Así mismo, culminó estudios de maestría en Dirección Estratégica en España y cursó el programa de Alta Gerencia Internacional de la Universidad de los Andes.
Director Administrativo y Financiero de la Policía Nacional (DIRAF), brigadier General Henry Sanabria Cely.
Como director de la DIRAF, el oficial ha ejecutado un plan de acción para fortalecer la administración financiera de la Policía Nacional y avanzar en la transformación de la Institución. Su gestión se ha destacado por el manejo eficiente de los recursos, el orden y la planeación para el cumplimiento de la misión de servir a la comunidad.
La revista El Congreso SIGLO XXI habló con el brigadier general Armando Sanabria Cely sobre el impacto de la pandemia en la administración financiera de la Policía Nacional, el plan de contratación, las inversiones que se están haciendo en la actualidad y el proceso de reestructuración de la institución que se ha puesto en marcha.
¿Qué impacto tuvo la pandemia en la administración financiera de la Policía Nacional?
La Policía Nacional debió asignar recursos presupuestales adicionales para atender esta emergencia, los cuales fueron destinados, entre otros, para la adquisición de elementos de protección personal, siendo estos relevantes dentro de la prevención de la misma. Es importante destacar que a pesar de la pandemia, la eficiente administración de los recursos logísticos y financieros, permitió el fenecimiento de la cuenta fiscal 2020 de la Policía Nacional, por parte de la Contraloría General de la República.
¿Cuál es el presupuesto de la entidad y cómo se transformará con la reforma a la institución? La Policía Nacional cuenta con recursos presupuestales que ascienden a la suma de doce billones de pesos para fortalecer la infraestructura Institucional,
que permite ampliar las capacidades de investigación criminal, mejorar los equipos de protección del personal policial, adquirir los medios logísticos del servicio de vigilancia, así como herramientas tecnológicas de última generación para una investigación proactiva, en aras de mitigar el impacto de los delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana. De igual manera, se continuará y fortalecerá la capacitación y formación del personal en procura de la prevención, protección y respeto por los Derechos Humanos.
¿Cómo se establece la tabla de tarifas para los requerimientos de la institución?
La Policía Nacional adoptó mediante la Resolución No.00343 del 04/02/2021 los conceptos de ingresos por los servicios que prestan las diferentes unidades de Policía en el ámbito nacional, clasificándolos en ingresos sin contraprestación e ingresos con contraprestación. La Institución a través de sus unidades policiales ejecutoras del gasto del país realiza el trámite de las solicitudes que se reciben, y los recaudos por este concepto se destinan para cubrir erogaciones en el desarrollo de la misionalidad de la Policía.
¿De qué forma se ejecuta el plan de contratación de la Policía Nacional?
La ejecución del plan de contratación se realiza mediante la programación contractual acordada en la vigencia inmediatamente anterior como producto del Plan Anual de Adquisiciones, que empezará a regir desde el 1 de enero al 31 de diciembre de la vigencia siguiente. El Plan Anual de Adquisiciones debe publicarse en el Sistema Electrónico de Contratación Pública antes del 31 de enero de cada vigencia y actualizarse por lo menos una vez al año, permitiendo comunicar información útil y temprana a los proveedores potenciales de la Policía Nacional para que éstos participen en sus procesos contractuales. Es significativo destacar que en cumplimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, la Policía Nacional lleva a cabo la selección objetiva de los oferentes en cumplimiento a la normatividad, atendiendo los principios de transparencia y publicidad.
¿Cómo se contribuye a la misión institucional desde la DIRAF?
Se contribuye con la ejecución de los procesos de Logística, Abastecimiento y Adquisición de Bienes y Servicios, garantizando calidad y oportunidad, así como aplicando modelos de gestión que han permitido la optimización de los recursos para la sostenibilidad institucional, y procurando que los servidores públicos de Policía cuenten con los elementos necesarios para la efectiva prestación del servicio a la comunidad.
¿Qué inversiones se están priorizando en este momento?
La Policía Nacional, a través del plan anual de adquisiciones ha priorizado el fortalecimiento de la infraestructura física estratégica operacional orientada a consolidar la convivencia y seguridad ciudadana a nivel nacional, asimismo y debido a las asonadas, lanzamiento de objetos peligrosos y violencia contra los servidores públicos, presentados en varias partes del País, se fortaleció la compra de equipos de protección personal. También el mejoramiento de la movilidad estratégica que está orientada a la adquisición de vehículos para desplazamiento del personal destinado para el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en todo el territorio nacional, de igual manera, se ha priorizado lo relacionado con el desarrollo tecnológico y de comunicaciones y el mejoramiento en la infraestructura educativa con el fin de potencializar las capacidades del personal de la Institución.
¿Eventos pendientes?
En el mes de noviembre se realizará la séptima versión de la carrera atlética en beneficio de la Policía Nacional, organizada por la Asociación de Obras Sociales conformada por las esposas de los señores generales y comandantes de las unidades policiales, la cual contará con la participación de 16.000 corredores en todo el país.
Visita al proyecto de construcción del comando para el Departamento de Policía Valle del Cauca - Buga.
