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El lío de monómeros Amylkar Acosta

EL LÍO DE MONÓMEROS

Amylkar Acosta Exministro de Minas y Energía

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Se ha armado un lío de padre y señor mío, a raíz de la decisión de la Superintendencia de Sociedades de asumir el control de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S. A, según consta en el expediente que le abrieron, para, supuestamente, “subsanar una situación crítica” de la misma, la cual podría llevarla a la iliquidez, a la insolvencia y a la imposibilidad de “seguir desarrollando su operación normal” y según la misma “se presume que entraría a incumplir con los pagos de sus obligaciones”.

En un Editorial del rotativo de mayor circulación en la región Caribe, El Heraldo, se registró el hecho de que en el año 2005 la empresa había alcanzado “uno de los mejores balances. Sus ganancias registraron un récord en toda su historia”. Y justamente, después de conocerse semejante balance, el gobierno colombiano, decidió vender su participación accionaria en la empresa. Como se dice coloquialmente, ya que esta fiesta está tan buena, vámonos para otra.

En efecto, en el afán privatizador de los activos y participaciones en empresas del Estado, inspirado en el credo neoliberal, se le ofreció al entonces Presidente Hugo Chávez, cuando todavía la relación entre los dos países estaba en los gozosos, que ejerciera el derecho de preferencia para la adquisición de las acciones de ECOPETROL y del IFI, a través de la estatal venezolana Pequiven, ya que era su decisión venderlas, proceso este que se finiquitó en 2006.

La intervención por parte de la Superintendencia a Monómeros estuvo antecedida de varios hechos que la tornan más compleja e impredecible en las consecuencias que se pueden derivar de la misma. Como se recordará, el 23 de febrero de 2019 Nicolás Maduro rompió sus relaciones con el

Estado colombiano. En tales circunstancias y amparado en el reconocimiento que le dispensó el gobierno colombiano y protegido por el mismo, Juan Guaidó, en desarrollo de su estrategia “Plan país” para “recuperar activos venezolanos”, tomó por asalto la Junta directiva de Monómeros, destituyeron al Gerente general Pedro Lugo y pusieron en su lugar a Guillermo Rodríguez, quien actualmente funge como tal.

Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca el escenario es otro y la estrategia para poner fin al régimen dictatorial de Maduro por parte de la oposición venezolana también es otro, ya que, como lo sostiene el investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, “la estrategia del cerco diplomático y el gobierno de transición falló”. Así de claro!

La oposición venezolana al gobierno de Maduro pasó de la confrontación al diálogo y están sentados frente a frente en Ciudad de México desde el 13 de agosto, cuando fue instalada la Mesa de negociación. Y justamente cuando uno de los puntos acordados es el la “necesidad” del “rescate” de los activos congelados en el exterior, se apresuró la Superintendencia a dar este paso en falso que compromete seriamente la tan cacareada “confianza inversionista”, al sentar un funesto precedente de cara hacia el futuro. Este dislate no tiene antecedentes en el país, pero sí puede tener serias consecuencias para su reputación.

Este tropel, que involucra a los dos países pone de manifiesto los errores del pasado, cuando en el afán de salir de las empresas del Estado con el socorrido argumento de que es un mal administrador y los privados lo pueden hacer mejor, no se midieron las consecuencias de vender la participación de la Nación en un activo tan estratégico como lo era y lo sigue siendo Monómeros. Este fue un error histórico garrafal, que le puede salir caro al país.

Flaco favor le hace el gobierno nacional al inefable Guaidó con el disparatado dictamen de la Superintendencia de Sociedades, poniendo en riesgo la estabilidad de la empresa, abocándola a una virtual parálisis y a una eventual quiebra, pues las entidades de crédito, sus proveedores y clientes tomarán distancia de ella en previsión de que puedan llegar a materializarse los malos augurios de la Superintendencia. Este puede llegar a ser un caso de una profecía autocumplida.

Contrasta esta actitud de parte del gobierno con respecto a Monómeros con la política de mano tendida para salvar a las empresas y de paso proteger el empleo y sobre todo va a contrapelo de su apuesta por la reactivación de la economía. El gobierno, con esta medida, se está disparando un tiro en el pie! Lo que está en juego no es asunto de poca monta. Monómeros, hoy por hoy, esta listada entre las 100 empresas más grandes en Colombia, es considerada la octava más grande en la región Cari“Lo que está en juego no es asunto de poca monta. Monómeros, hoy por hoy, be colombiana en términos de ingresos, diecisiete en ventas y la dieciocho por sus utilidades. esta listada entre las 100 empresas más grandes en Colombia” Genera 700 empleos directos, mil indirectos y de su operación dependen más de 15.000 empleos de toda su cadena de valor. Abastece el 46% del mercado nacional de fertilizantes y exporta unas 300.000 toneladas a países del Caribe y Centroamérica. Entre fertilizantes, fosfatos de calcio para la alimentación animal y productos químicos, está llegando a un conglomerado de más de 3 millones de agricultores del país. Lo más preocupante es que con estos desvaríos la seguridad y la soberanía agroalimentaria del país, queda en un grave predicamento. Este no es un asunto de poca monta y se le debe prestar la mayor atención, la que amerita!

Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela.

“HAY QUE ROMPER LAS BARRERAS DE ACCESO A LA JUSTICIA”

El Congreso de la República dio vía libre al proyecto que reforma la Justicia en Colombia, lo que le otorga mayor autonomía presupuestal e independencia a las cortes, así como herramientas tecnológicas para darle agilidad a los procesos y acabar con la congestión judicial. La iniciativa, aprobada en junio pasado, convierte la justicia en servicio público esencial.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, habló con la Revista El Congreso Siglo XXI sobre la trascendencia de la reforma a la Rama Judicial, el plan de digitalización con el que se buscará un servicio más eficiente y efectivo y la resocialización de las personas que están privadas de la libertad en cárceles colombianas.

¿Cuál es la trascendencia de la Reforma a la Justicia para el país y para la ciudadanía?

El objetivo principal es el de acercar la justicia al ciudadano. La sociedad es dinámica, cambiante, por tal motivo la administración e impartición de la justicia se debe adaptar a estos cambios. Es por esto que se necesitaba actualizar la Ley Estatutaria de Administra-

Desde el ministerio se ha hecho seguimiento continuo en las regiones.

ción de Justicia. Desde la promulgación de la Ley 270 de 1996 se habían radicado más de 20 propuestas de reforma a la misma, de las cuales 11 terminaron archivadas por tránsito de legislatura, 5 archivadas en debate y solo 7 tramitadas en su totalidad y sancionadas como leyes.

Quiero hacer especial énfasis en que la reforma fue producto de una armonización de una iniciativa parlamentaria, otra del Consejo Superior de la Judicatura y una del Gobierno Nacional. Esto demuestra que más allá de las diferencias que nos separan, es más relevante el punto que nos une, el cual, desde mi punto de vista es claro, construir país.

Con los aspectos que se regulan, se pretende brindar una mayor seguridad jurídica y romper las barreras de acceso que existen para los ciudadanos. Se desarrollan modelos de justicia local y rural, iniciativa formulada por el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el precedente judicial, la justicia digital y el acceso a la justicia para la población vulnerable.

La reforma se da en virtud de las necesidades que aquejan a la Rama Judicial y las experiencias y discusiones que se han producido en más de dos décadas de vigencia de la Ley Estatutaria. Por tal motivo se regula sobre el gobierno y gerencia de esta rama, los procesos de elección de las altas magistraturas, la carrera judicial, la ética y disciplina judicial.

Soy fiel creyente de que la justicia debe ser una piedra angular sobre la que se edifica cualquier sociedad, la ausencia de ésta o su aplicación deficiente nos llevaría a una comunidad sin rumbo. Bien se expresó Cicerón al decir “La justicia es reina y señora de todas las virtudes”.

¿Qué plan se tiene en la digitalización y el uso de las nuevas tecnologías?

La pandemia del covid-19 sorprendió a la humanidad y las instituciones, la Rama Judicial colombiana no fue ajena a esa situación, que tuvo unos avances crudos en cuanto a la implementación de las tecnologías de la información y justicia digital. Se evidenció que la digitalización de la justicia no es una opción sino un requisito para prestar un servicio esencial.

Ahora, es relevante entender que la implementación de las tecnologías de la información en la justicia no es una tarea sencilla y que por tal motivo no se puede abordar a la ligera. Todo lo contrario, es menester un plan de acción robusto y responsable que más allá de la letra su aplicación sea realmente posible. Es por ese motivo que el nuevo Título que se propone para la Ley Estatutaria denominado “Justicia Digital” se cimienta sobre el eje del “Plan de Transformación Digital”. Se contempla que el “Plan de Justicia Digital” estará en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura que debe realizar un reporte anual en el que se describan los distritos, circuitos o despachos judiciales en los cuales se acogió el uso de las tecnologías de la información y también aquellos en los cuales se proyecta su implementación.

El resultado de la implementación de las tecnologías de la información y la digitalización de la justicia será un servicio judicial más eficiente y efectivo. Romper las barreras de acceso es una prioridad del Gobierno Nacional, llegar a la Colombia rural, a la Colombia profunda.

¿Cómo se avanza en la recuperación del tejido social en los entornos de las personas privadas de la libertad?

Con el fin de poner a disposición del privado de la libertad herramientas que le permitan res-

ACCESO A PROGRAMAS DE ESTUDIO Y ENSEÑANZA DEL INPEC

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN EL COMPONENTE OCUPACIONAL

REGIONAL Hombres Mujeres Total

Central Occidental Norte Oriente Noroeste Viejo Caldas 14.180 8.059 3.291 3.882 5.658 3.887 882 969 80 193 1.068 573 15.062 9.028 3.371 4.075 6.726 4.460

Total

Participación 38.957 91,2% 47,5%

Fuente: SISIPEC WEB -Estadísticas INPEC 3.765 8,8% 42.722 100,0%

tablecer sus relaciones sociales y personales, el Ministerio de Justicia y del Derecho emitió los lineamientos de resocialización con enfoque en justicia restaurativa. Estos lineamientos apuntan a la recuperación del entorno social de los privados de la libertad a partir de la aplicación de un efectivo tratamiento penitenciario que se verifica a través de trabajo, estudio, actividad cultural, recreativa y deportiva y las relaciones de familia. Estos programas le permiten al privado de la libertad mejorar su calidad de vida, desarrollar estrategias para su adaptación y convivencia en la sociedad, y potencializar sus aptitudes, habilidades y destrezas.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC ha desarrollado una serie de programas que involucran un componente educativo, componente ocupacional, componente de atención social y psicosocial, integración familiar y redes de apoyo, programas de recreación, cultura y deporte.

¿Qué cobija el componente educativo?

i) un programa de alfabetización (desarrollo de competencias básicas del lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, naturales y competencias ciudadanas, integrando de manera flexible las áreas del conocimiento y la formación establecida para el Ciclo Lectivo Especial Integrado (CLEI-1) de educación de adultos). ii) un modelo educativo flexible (permite suplir y completar la educación o validar los estudios), un programa de educación informal (cursos cortos para el fortalecimiento de valores, crecimiento personal, desarrollo artístico, cultural y deportivo, habilidades sociales, integración con enfoque diferencial para comunidades indígenas, LGBTI, adultos mayores), y un programa para el trabajo y el desarrollo humano (formación académica y laboral en el nivel técnico, tecnólogo, operario y complementario en convenio con el SENA, institución de carácter técnico, y con otras instituciones de este mismo carácter para la titulación). A marzo de 2021, conforme a las estadísticas del INPEC, el acceso a programas de estudio y enseñanza fue así:

Así, de acuerdo con las anteriores cifras, el 47,5% (42.722) asistía a los programas educativos, construyendo la base fundamental para su resocialización. Del total de privados de la libertad que realiza esta actividad, el 91,2% (38.957) son hombres y el 8,8% (3.765) son mujeres.

¿Y el componente ocupacional qué cubre? -Actividades para el trabajo (modalidades directa, indirecta e independiente); ii) programas de trabajo (industriales, artesanales, agrícola y

REGIONAL Hombres Mujeres Total

Central Occidental Norte Oriente Noroeste Viejo Caldas 17.262 7.254 4.544 4.792 3.371 5.621 854 341 155 446 194 495 18.116 7.595 4.699 5.238 3.565 6.116

Total

Participación 42.844 94,5% 50,4% 2.485 5,5% 45.329 100,0%

(Izq. a Der.) viceministro de Justicia, Francisco José Chaux, Secretario del Senado, Gregorio Eljach, ministro de Justicia, Wilson Ruiz y ministro del Interior, Daniel Palacios.

pecuario y servicios administrativos). Durante los primeros meses de 2021, la participación de la población privada de la libertad en el componente ocupacional fue así: En el caso del componente de atención social y psicosocial tiene como objetivo brindar herramientas para el desarrollo de habilidades personales, familiares y sociales con el fin de preparar al condenado para su libertad a través de la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa, deportiva, las relaciones de familia y formación espiritual; ello, en el marco del tratamiento penitenciario para alcanzar la resocialización. Durante los primeros tres meses de esta anualidad, se realizaron 47.769 intervenciones.

Por su parte, el componente de integración familiar y redes de apoyo fortalece los vínculos familiares, permite generar factores protectores y facilita la readaptación del interno al régimen jurídico y social. Cobija programas de atención a la familia y brinda acompañamiento, tanto al interno como a sus parientes, para afrontar los efectos derivados de la prisionalización; en esta línea se gestionan además, visitas virtuales para afianzar y reanudar estos vínculos pese a la distancia; y un programa de orientación a la familia del interno con el cual se le brinda información sobre las dinámicas penitenciarias.

¿Qué se busca con el componente de recreación, cultura y deporte?

Este busca fortalecer las habilidades sociales de los internos. Cabe señalar además, que desde el Ministerio de Justicia y del Derecho, se han actualizado los lineamientos para la implementación del programa nacional de prevención de la reincidencia desde un modelo de atención pospenitenciaria –Casa Libertad, con el fin de tener un impacto positivo en la prevención de los ciclos de delincuencia y violencia que se perpetuán pese al cumplimiento de una condena.

Con este programa se pretende unificar elementos que favorecen los procesos de autoconfianza y reintegración, desde el trabajo con el individuo y sus entornos, hasta procesos que generen confianza y validación entre la ciudadanía, los empresarios y las instituciones.

El propósito del programa Casa Libertad, es dar una cobertura integral en la recuperación del tejido social en los entornos de las personas privadas de la libertad, especialmente sobre 4 dimensiones: individual, familiar, comunitaria y productiva. a) Dimensión individual: El trabajo en esta dimensión debe estar dirigido a identificar y atender los factores de riesgo dinámicos que se pueden presentar desde el ámbito individual y potenciar los factores protectores que podrían favorecer el desistimiento del delito. Si bien esta dimensión tiene un componente fuerte de trabajo psicosocial, también se enfoca en promover la garantía de derechos y deberes ciudadanos. Suscita también el desarrollo de habilidades, destrezas, conductas pro sociales, conocimientos y reconocimiento de redes de

apoyo positivas, para así lograr el fortalecimiento de vínculos interpersonales y socio grupales, a partir del autoconocimiento y la reflexión. b) Dimensión familiar: En el marco de este programa la familia es entendida como un sujeto colectivo de derechos, diverso y en constante interdependencia y relación con los contextos culturales, políticos, económicos e históricos. Adicionalmente, no está limitada al núcleo parental ni lazos de consanguinidad y, por el contrario, se extiende a la construcción familiar del usuario. En esta dimensión es preciso considerar que uno de los principales efectos de la privación de la libertad es la transformación de las relaciones familiares, y su consecuente reorganización familiar, convirtiéndose en ciertos casos en un factor de riesgo para la reincidencia y en otros en un factor protector que se debe potenciar. Por esta razón, se busca facilitar la acogida en la red familiar, promover los ajustes en la reestructuración familiar, favorecer relaciones afectivas de reconocimiento, colaboración y apoyo.

¿Cuál es el propósito de la dimensión comunitaria?

Fomentar capacidades que permitan una interacción pacífica entre el usuario y la comunidad (entendida como barrio y habitantes de la ciudad). Adicionalmente, desde esta dimensión se promueven prácticas restaurativas que permitan resignificar el rol del pospenado como ciudadano sujeto de derechos y deberes, recomponer el tejido social, facilitar la convivencia y adaptación del usuario a su entorno y disminuir la estigmatización de la que son objeto los pospenados.

La otra es la Dimensión productiva: En esta dimensión se deben atender todas las formas de actividad productiva por medio de las cuales el pospenado pueda satisfacer dignamente sus necesidades básicas y las de su familia en el marco de la legalidad. Esta dimensión debe contemplar diferentes fuentes de ingreso tales como la vinculación laboral, emprendimiento y el autoempleo. Así, con las anteriores acciones, esta cartera y sus entidades adscritas promueven la recuperación del tejido social de las personas privadas de la libertad, no solo durante el cumplimiento de la condena, también cuando salen del establecimiento de reclusión para reintegrarse a la sociedad.

Con el apoyo psicosocial se quiere promover la reconstrucción familiar y las relaciones afectivas.

El acompañamiento a los internos se basa en la resocialización, así como en potenciar sus habilidades técnicas.

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