Editorial

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Finalmente quedó aprobado por el Congreso de los Estados Unidos el acuerdo comercial que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA), que en español lleva el nombre de “Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá” (abreviado T-MEC). Con esto da fin a una larga y por momentos ríspida negociación entre los tres países iniciada casi en el momento mismo en que el señor Trump ganó la elección presidencial de finales de 2016. Para él, aquel que era “el peor tratado de la historia” se ha convertido ahora en “el mejor”. Queda por esperar la firma del Congreso canadiense, pero como nadie duda de que ésta ocurrirá pronto, en unos cuantos meses podríamos estar dentro de las nuevas normas.

Aunque en general hay optimismo en los sectores público y privado mexicanos, basado en que es mejor tener un acuerdo comercial limitado que no tener ningún acuerdo –que era la alternativa–, el funcionamiento en la práctica del T-MEC plantea varias incógnitas. El sector ganadero del país del norte lo considera benéfico. Dan Halstrom, presidente de la Federación Estadounidense de Exportadores de Carne (USMEF), afirmó que es un acuerdo positivo porque “asegura un suministro a cero impuestos”. Espera, por lo tanto, que se recuperen los niveles récord de exportación hacia México alcanzados en 2017 y principios de 2018, y que luego disminuyeron cuando México impuso un arancel de 20% en respuesta a otros aplicados por los Estados Unidos en distintas mercancías.

Un aspecto positivo del nuevo acuerdo es que ahora sí será obligatoria la formación de paneles cuando así lo demande una de las partes si siente afectados sus intereses por alguna medida que lesione el libre comercio. Algo así como las medidas proteccionistas disfrazadas de normas sanitarias o de derechos del consumidor. Recordamos al respecto los años en que los exportadores mexicanos de becerros tuvieron que pagar alrededor de 60 dólares por cabeza en virtud de la ley de etiquetado de la carne decretada por los Estados Unidos, alegando que era indispensable que el consumidor estuviera seguro de dónde había nacido el ganado y de que éste no había sido revuelto con el nacido allá.

Hay en el nuevo T-MEC, sin embargo, algunas normas que podrían servir como barreras no arancelarias o bien demandar fuertes gastos a los exportadores, y en caso extremo hacerlos desistir de su negocio. Nos referimos en especial a las exigencias de materia laboral en que tanto insistieron los representantes del Partido Demócrata del Congreso estadounidense como condición para aprobar el acuerdo. Si para la industria automotriz, que es de las más avanzadas en México, será difícil cumplir con las normas laborales, habrá que imaginar lo que pasaría si los inspectores norteamericanos revisan meticulosamente lo que ocurre en el sector agropecuario mexicano. Hay muchos puntos débiles en el sector, sobre todo en lo relacionado con el trabajo infantil y las condiciones de los jornaleros agrícolas, que así como están simplemente no resistirían una inspección aunque fuera superficial. Las exportaciones de frutas y hortalizas se verían en graves aprietos.

Pero la lupa de los inspectores laborales también podría dirigirse a los rastros TIF y, por qué no, a los mismos ranchos donde se crían los becerros que se mandarán en pie a los Estados Unidos o a los corrales de engorda para exportación. Las negociaciones para el nuevo acuerdo comercial se realizaron en forma muy discreta, por no decir “en lo oscurito”, y hasta la fecha no son muchos quienes conocen el texto definitivo del T-MEC con sus agregados de última hora y sus anexos. Esperamos que no contenga sorpresas desagradables.