EDITORIAL Mayo/Junio 2021

Los obstáculos a la movilización de bovinos, aun los provenientes de hatos libres certificados, están poniendo en serios aprietos a los productores. Al cierre de esta edición de GANADERO se estaba a la espera de una visita a Chihuahua (el principal estado exportador de ganado en pie) de la Comisión Binacional de la campaña contra brucelosis y tuberculosis, de cuyos resultados dependería la liberalización de algunos controles, pero también podría ocurrir que, de encontrar los inspectores nuevos problemas –reales o supuestos–, las trabas se prolonguen durante otros dos años o más, de acuerdo con el director de Campañas Zoosanitarias del Senasica, el MVZ Miguel Ángel Castillo Mangas.

No solamente se trata de la reducción del número de regiones y entidades federativas con estatus que permite la exportación directa de ganado, que pasó de 24 a 13 en febrero pasado por decisión unilateral de los funcionarios estadounidenses al haber encontrado un único caso positivo a tuberculosis en el ganado enviado el año pasado, sino que diversas autoridades estatales y locales se arrogan facultades que no tienen para impedir el tránsito de animales procedentes de hatos libres. Algunos ganaderos han recurrido al juicio de garantías para poder seguir trabajando, pero muchos carecen de la asesoría, los recursos económicos y aun el tiempo para conseguir un amparo.

Un caso extremo ocurrió el último día de marzo en Veracruz, cuando la mayoría de Morena en el Congreso local hizo aprobar el “Decreto 850” para reformar la Ley Ganadera del estado. Las nuevas disposiciones, entre otras cosas, desconocen la guía de tránsito del Registro Electrónico de Movilización Nacional (REEMO) y establecen en su lugar una Guía Electrónica de Movilización Veracruzana (Gever), sin importar que se trate de un asunto de la competencia federal. Además, da facultades indebidas a la Subsecretaría de Ganadería y Pesca del gobierno veracruzano para la inspección y supervisión ganaderas, que también son del orden federal y competencia del Comité de Fomento y Protección Pecuarios. “Para hacer sostenible el costo operativo de estas funciones —afirma la UGR del Norte de Veracruz en una circular a sus socios— se propone un aumento inmoderado en las concepciones de multas.” Por otra parte, por virtud del decreto “se sustituye el uso del arete Siniiga en todas las disposiciones aplicables, en una transición que deberá concluir a más tardar en noviembre de este año”.

De acuerdo con los dirigentes ganaderos del Norte de Veracruz, el decreto no sólo significa una extralimitación del Congreso local en asignación de facultades e imposición de multas a los productores, sino que con su aplicación a la movilización de animales “perderíamos el trabajo de dieciséis años para mantener la certificación de nuestra región de zona ‘A’ de Acreditado Modificado”, y por tanto su estatus exportador de bovinos a los Estados Unidos. Como respuesta al decreto, las tres uniones ganaderas del estado y varias asociaciones de engordadores, con la asesoría de la CNOG, interpusieron demandas de amparo que al momento se encuentran en proceso.

Lo hecho por el Congreso de Veracruz no es más que la aplicación en el plano estatal de la nueva tónica implantada en el país por el gobierno central. Si la Cámara de Diputados federal aprobó con su mayoría morenista –y violando flagrantemente la Constitución– la extensión por dos años más del puesto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, y para ello le bastó meter a escondidas un artículo transitorio en una ley secundaria, ¿qué se puede esperar de los congresos locales? Si esto no se enfrenta mediante la acción conjunta de las fuerzas de oposición y de las organizaciones de la sociedad civil, hasta los cabildos municipales terminarán aprobando reglamentos injustos e ilegales para cumplir caprichos políticos y hacerse de recursos a costa de los productores y de todos los ciudadanos.