conflicto

hubo una incursión paramilitar desde el río Ariari hacia Rivera, Colinas, Caño Blanco, Caño Alfa; no obstante, los paramilitares no lograron llegar hasta las veredas de El Danubio y Santa Lucia, el punto más cercano a estas áreas fue la escuela de Colinas23. En esta época de fuerte presencia de diversos actores armados buscando ejercer el control territorial en la zona y sus alrededores, las comunidades continuaron su proceso organizativo, que tuvo como resultado la creación de la Junta de Acción Comunal de Santa Lucía en 1999.

Tercer periodo (2004-2012): la agudización del conflicto

En el Gobierno de Álvaro Uribe la represión militar contra el grupo armado insurgente se intensificó por tierra y aire. La política de Uribe era la de “quitarle el agua al pez”, es decir, la represión se dio contra los campesinos (cultivadores) y contra los cultivos de coca, con el fin de atacar las fuentes de financiación de las guerrillas. De manera que, el Estado continuó enfrentando los dos intereses que venía promoviendo. Por un lado, a los cultivos de uso ilícito a través estrategias como la erradicación manual; y por otro, a la definición de las áreas de conservación ambiental.

Según la información recolectada con la comunidad, PNNC comenzó a hacer presencia en la región con el objetivo de quitarles la personería jurídica a las Juntas de Acción Comunal. Esta situación generó una mayor tensión entre la comunidad y el Estado, que en el 2004, fue acrecentada de nuevo con el plan de consolidación del Gobierno nacional dentro de la reserva de La Macarena, puesto que implicó: la llegada de 25 000 soldados a los municipios de Mesetas, Vistahermosa, Puerto Lleras, La Macarena y Puerto Rico; medidas de consolidación, como la erradicación de los cultivos de uso ilícito y el control de suministros; y, finalmente, enfrentamientos entre el ejército y las FARC-EP (quienes derribaron helicópteros de las Fuerzas Militares, aunque estos sucesos no fueron difundidos por la prensa). Ante las medidas de erradicación, en ese mismo año, la comunidad reaccionó con la declaración del paro campesino por la erradicación forzosa.

Simultáneamente, la comunidad de El Danubio descubrió que hacía parte del área de parques nacionales debido a que el límite del parque es el río Cafre, y no el caño Cabra como se pensaba. Este hecho desencadenó una intensificación en el conflicto objeto de estudio en esta investigación, porque, según la comunidad, la nueva delimitación del parque de La Macarena hizo que parte de la vereda El Danubio entrara al área del AMEM, generando malestar e inconformismo dentro de la comunidad. A partir de este suceso, PNNC comenzó a tener una presencia fuerte en la región, ya que la delimitación le otorgaba la autoridad para proceder según la normatividad de respaldo a la conservación ambiental de los territorios declarados como parques naturales. Sin embar-

go, el corazón del conflicto territorial (en el que esta institución es un actor principal), radica en la contradicción de estas normas frente a la ocupación histórica de los campesinos en estas áreas. Dicha ocupación fue causada por las dinámicas de violencia y pocas oportunidades: una situación que conllevó a la búsqueda de nuevos territorios para la supervivencia. No obstante, en estos territorios la concurrencia de actores armados es una constante debido a la débil presencia estatal, que ha sido justificada argumentando que las acciones dirigidas a garantizar y proteger los derechos de las comunidades que ocupan las zonas de conservación son limitadas.

Según la comunidad, en el año 2007, Parques Nacionales entró a la región, tras el permiso concedido por las FARC-EP, con la promesa de llevar al territorio una alternativa para los campesinos en cuanto a maquinaria, tecnificación de la tierra y semillas; sin embargo, de acuerdo a los relatos de la comunidad, la institución engañó a los campesinos. Del mismo modo, sobre el desarrollo de las acciones estatales en la zona, la fumigación dentro del área de los parques naturales fue suspendida, pero luego se optó por la erradicación manual. Además, hacia el año 2009, el Incoder hizo una visita de verificación para la constitución de la zona de reserva campesina. Finalmente, tras estos hechos, las FARC-EP declararon a los representantes de PNNC como objetivo militar. Es así como, para el año 2009, el PNN Sierra de La Macarena contaba con una población de 102 256 habitantes, principalmente en sus zonas rurales (74,19 %). Adicionalmente, se estima que el 92 % de los pobladores no tienen posesión formal de sus propiedades.

Por lo que se considera que esta región presenta las manifestaciones más complejas de la problemática, que rodea el tema de tierras en Colombia. Además, es una zona de frontera ambiental, social y económica con una muy baja institucionalidad y envuelta en una situación conflictiva de disputa territorial entre el Estado colombiano y fuerzas subversivas insurgentes (Franco, 2010, p 8).

Sumado a esto, se inició el programa de relocalización para reubicar a los campesinos fuera del área del parque, destinando cinco hectáreas por familia, sin tener en cuenta los bienes que la comunidad posee y la extensión de sus territorios. Posteriormente, hacia el año 2010, Parques Nacionales planteó la relocalización de los campesinos como una alternativa: esta no fue aceptada, hubo oposición por parte de la guerrilla, y debido a esto, la institución envió fuerza pública a la zona. En consecuencia, La comunidad se manifestó ante esta situación, agudizando la tensión entre aquella, PNNC y la fuerza pública.

Estos sucesos permitieron evidenciar que el Estado no ha hecho una presencia efectiva en la zona, atendiendo las necesidades básicas insatisfechas de las comunidades que habitan allí. Por el contrario, a través de sus regulaciones ambientales, ha ordenado dicho territorio con la conformación del AMEM: