Sobre el rol del Estado en los conflictos

de género) ha hecho que se feminice el territorio32 y los abordajes sobre este; es decir, se ha privilegiado el uso de la fuerza sobre los abordajes creativos, se han tomado decisiones sobre el territorio, los ecosistemas y las comunidades que los habitan reproduciendo las relaciones violentas sobre los sujetos de derechos. Estas prácticas, sumadas a las afectaciones diferenciadas del conflicto armado, están relacionadas con la falta de consolidación de propuestas de transformación de los conflictos en los casos estudiados. En otras palabras, dichas propuestas han estado presentes entre las comunidades; sin embargo, los procesos de largo aliento en este sentido han sido reducidos y acallados por diferentes actores a través del despojo y la eliminación física de quienes los han liderado.

Además, la preferencia por los mecanismos jurídicos sobre los relacionales es una de las constantes en los abordajes de los casos. Así, los sujetos colectivos, en busca de efectividad en las respuestas, asumen la carga probatoria; puesto que hay una disparidad en el acceso a la justicia por parte del Estado, que a nivel nacional cuenta con una institucionalidad formal, pero en las regiones responde a otros factores de dominio territorial que contradicen los postulados constitucionales.

Por último, la búsqueda de soluciones a los conflictos atraviesa un sinnúmero de trámites y conocimientos especializados que las comunidades han debido descifrar con sus propios medios. A pesar de ello, las causas estructurales siguen apareciendo en los procesos de gestión, quedando planteado así un panorama que tiende hacia las medidas de fuerza. Sin embargo, las potencialidades de transformación siguen construyéndose, aunque lentamente. Los colectivos cuentan con aprendizajes que les pueden ayudar a sobrellevar condiciones con evidentes desventajas, aunque el tiempo corra en contra de muchos que han dedicado sus vidas a dejar para sus familias “el título de un pedazo de tierra donde vivir tranquilamente”.

Sobre el rol del Estado en los conflictos

Es necesario mencionar que la pluralidad de casos y las complejidades de cada territorio evidencian que la presencia diferenciada del Estado y las dinámicas de sus intervenciones varían en sendos conflictos por la tierra. De manera que, en algunos territorios el despliegue de la institucionalidad ha sido mayor

32. De acuerdo con Astrid Ulloa (2016), la feminización del territorio responde a la reproducción de las relaciones de dominación de hombres sobre mujeres, en el contexto humano-naturaleza/territorio, a partir de prácticas que implican “el incremento de relaciones desiguales de poder contra cuerpos y territorios feminizados, y en contra de derechos previamente reconocidos, como el de consentimiento previo, libre e informado, y a partir de lo cuál a parecen las demandas indígenas en contra de la apropiación de sus territorios” (p. 126).

y por lo tanto, las intervenciones del Estado han tenido matices diferentes a los de las zonas en las que existe un rezago en la oferta institucional.

En cualquier caso, las acciones del Estado, aborden o no el conflicto, tienen consecuencias tanto en su dinámica como en los mecanismos de abordaje desplegados por las comunidades. Algunas acciones relacionadas con la relocalización y reconversión productiva de los territorios más afectados por el conflicto armado, han generado transformaciones que impactan negativamente en los territorios y en la dinámica de los conflictos. Un ejemplo de esto es la incorporación a la cadena productiva de la palma de aceite, desde la política de consolidación territorial de las parcelas tituladas dentro de los playones inadjudicables de Sincerín.

En este sentido, frente a la larga duración de estos conflictos y la falta de respuesta de las instituciones locales, las comunidades se han esforzado por gestionar dichas conflictividades ante las instituciones en Bogotá, esperando que la ineficiencia, lentitud, y desconfianza que caracterizan la institucionalidad local, no se repitieran en la capital del país. Así, la desarticulación entre instituciones estatales a nivel nacional y local, la contradicción de las políticas públicas, y los desarrollos normativos que corrigen actuaciones previas —pero no cuentan con mecanismos de ajuste frente a las situaciones de facto que han permanecido con anuencia estatal—, generan mayores tensiones, a pesar de los esfuerzos por abordar los conflictos de manera formal y no violenta.

Sin embargo, es importante resaltar que hay una potencia en el accionar del Estado, que puede utilizarse para la transformación de los conflictos, y no solo para su escalamiento. En otras palabras, cuando las instituciones se han planteado trabajar sobre las tensiones y transformar los conflictos, su intervención ha logrado muy buenos resultados. Concretamente, el materializar acciones estatales pertinentes en los territorios, requiere de una comprensión histórica de los conflictos y el contexto en el que se desarrollan: una visión histórica parcial o limitada afecta las acciones que el Estado emplea para gestionar dichos conflictos. Por estas razones, una interpretación de las normas y las obligaciones institucionales que aplique el enfoque de Acción Sin Daño, contribuirá a identificar las metodologías que mitiguen los daños que una intervención descontextualizada pueda causar.

Asimismo, se puede considerar que el Estado a lo largo de su historia, ha evadido las causas históricas del conflicto social y armado. En la mayoría de los casos, esa omisión ha sido consecuencia de relaciones de poder de facto en los territorios, en contradicción con los principios de la función pública. En definitiva, esta investigación permitió evidenciar que los conflictos por la tierra son estructurales, se relacionan con la concentración de la tierra producto de una distribución inequitativa de la propiedad rural, y requieren una regulación de los usos en los ecosistemas que limite las intervenciones antrópicas en ellos.