conflictos por la tierra

Recomendaciones desde el enfoque de Acción Sin Daño para el Estado y las instituciones involucradas en conflictos por la tierra

Desde el enfoque de ASD y partiendo de la responsabilidad del Estado como garante de los derechos de la población, es importante entender su rol dentro de los conflictos por la tierra:

Las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos fundamentan jurídicamente los compromisos éticos de la ASD […] la realización o el incumplimiento de estas obligaciones permiten identificar el nivel de influencia y de afectación que tiene el Estado (Montealegre, 2011, citado por Bello & Vásquez, 2011, p. 51).

En este sentido, el Estado no es un actor neutral de los conflictos ya que representa posturas políticas y concepciones del mundo y lo humano específicas que tienen implicaciones sobre sus intervenciones (Bello, 2010, p. 35). En los casos estudiados, se evidenció cómo la acción u omisión del Estado, propició tanto un escalamiento de las tensiones existentes en las comunidades, como el surgimiento de nuevas contradicciones. Esto se dio específicamente por las mutaciones que sufrieron las instituciones con competencia sobre la gestión de los conflictos y las transiciones de las políticas públicas y normativas que las enmarcan. Actualmente, dichas instituciones son: Ministerio del Interior, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia Nacional de Tierras, Unidad de Restitución de Tierras, Agencia de Desarrollo Rural, Agencia para la Renovación del Territorio, Fuerzas Militares, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, entre otras.

A estas mutaciones institucionales, se suma la presencia diferenciada del Estado en las regiones, donde surge una fuerte desarticulación entre las decisiones de los niveles centrales y los contextos territoriales. Esta situación, limita el acceso de la población a políticas públicas e información necesaria para el ejercicio de sus derechos, lo que conlleva a una paulatina deslegitimación33 del Estado y su intervención. Además, demora los procesos de transformación de los conflictos y genera un escenario para el incumplimiento de los compromisos y obligaciones institucionales.

Ante esto, es necesario que el Estado reconozca su responsabilidad histórica en los territorios, en los conflictos y con las comunidades; partiendo de una lectura contextualizada de sus intervenciones que considere la multiplicidad

33 A partir de los casos estudiados se evidencia una pérdida de legitimidad por parte de las comunidades hacia el Estado.