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de actores, intereses, riesgos presentes en las regiones; así como los impactos de su accionar. Este análisis debe orientarse a fortalecer las instancias locales de transformación de conflictos, en la medida que aportan a la construcción de la paz a nivel nacional. Sumado a esto, debe promover un escenario en el que sea posible el ejercicio de los derechos y la articulación entre el nivel nacional y local de la institucionalidad.

El acceso a la propiedad sobre las tierras aptas para la explotación agrícola ha estado aplazado durante décadas en Colombia; lo cual fue evidenciado palpablemente en los cinco casos estudiados, donde muchos de ellos presentan a comunidades que han permanecido en el tiempo con una expectativa no resuelta de acceso a las políticas de tierras. Es importante analizar el aplazamiento de esta deuda histórica por parte del Estado en los territorios donde: las vecindades presentan fenómenos estructurales de concentración de la propiedad sobre las mejores tierras; impiden el ejercicio pleno de los derechos territoriales; y generan mayores presiones sobre los ecosistemas donde se asientan las comunidades, pues la vocación de conservación no será una realidad si las comunidades siguen teniendo como única fuente para el establecimiento de sus viviendas o sus proyectos productivos agropecuarios los bienes de uso público inadjudicables.

Igualmente, las instituciones encargadas de adelantar procedimientos agrarios y otras competencias en el marco de la política de tierras, el sistema nacional de gestión de conflictos, tienen la posibilidad de trascender los marcos normativos para hacer más efectiva la coherencia interna y externa de sus actuaciones. De esta manera, se recomienda a las instituciones con competencia sobre estos casos, aplicar análisis del impacto e interacción de sus intervenciones a nivel integral, no sectorial, sobre los territorios y las comunidades. El reconocer la existencia de estos conflictos es un paso esencial para actuar sobre ellos y no solo en medio o peor aún, a pesar de ellos.

Recomendaciones desde el enfoque de Acción Sin Daño para las comunidades involucradas en conflictos por la tierra

En una lectura orientada por el enfoque ASD de los casos estudiados, las comunidades son protagonistas en el cambio y transformación de los conflictos. En los casos estudiados, todos los actores acuden en mayor medida a los recursos formales disponibles en las regiones para tramitar las manifestaciones de los conflictos (como síntomas) y no la aparición de tensiones de forma temprana. Muchas veces, se emplea una gran cantidad de recursos de todo tipo sin reconocer el potencial existente en las habilidades autóctonas en los grupos a nivel microsocial (culturales, ancestrales, autogestionadas) y dando mayor validez a los mecanismos estatales, que, aunque son necesarios para

la gestión de los conflictos, en ocasiones carecen de un análisis situado de las conflictividades.

Esta situación permea los procesos de abordaje de los conflictos, en tanto limita y determina el trámite de las tensiones en tiempo, recursos económicos y financieros, humanos, disponibilidad y acceso a la información; así como las posibles respuestas ante las tensiones en juego. De ahí que, un único mecanismo no garantiza la gestión satisfactoria de un conflicto. Ante esto, resulta pertinente promover la confluencia de estrategias comunitarias y formales, para proponer alternativas de transformación que fortalezcan la sinergia Estado-comunidad y comunidad-comunidad en lo local.

Los mecanismos adoptados por el Estado son esenciales para la solución y la gestión de los conflictos pero siguen siendo insuficientes para su transformación, pues estos son inherentes a la sociedad. Por ello, las comunidades deben recuperar el dominio sobre la gestión de sus conflictos, sin ignorar la importancia de la intervención del Estado, precisamente aportando a ella. De manera que, independientemente de los resultados que surjan del trámite por la vía institucional, es necesario que las comunidades fortalezcan sus lazos y relaciones a través del diálogo y de una compresión del conflicto. Las comunidades deben situarse en una perspectiva más amplia que les permita buscar y proponer diversas opciones, con una visión mejor contextualizada y con un horizonte de sustentabilidad de los acuerdos; más allá de la que el Estado proponga o realice, pues este nunca podrá reemplazar a los actores sociales en la llamada “fusión de horizontes”.

En esta vía, las comunidades pueden diversificar los métodos, mecanismos o instrumentos con los que dan trámite a las conflictividades en sus territorios, a la vez que validan las estrategias propias desde las que las han abordado, sin limitarse a las instancias formales, jurídicas o administrativas. Los resultados de este acercamiento a los casos, permiten identificar que las respuestas asertivas a los conflictos no siempre han correspondido, pero pueden ser compatibles con las apuestas políticas de las organizaciones.

Si bien la acción política responde a ejercicios de poder y a la lógica del debate, que por definición es adversarial (distinta al diálogo); la apuesta por la transformación de los conflictos no siempre apunta a la victoria sobre otro; por el contrario, casi siempre implica resignificar las relaciones entre los actores. De allí que, poner la atención sobre los mecanismos considerados como blandos, puede contener un gran potencial de cambio social estructural y liberador. Sin embargo, estas opciones, a causa de la interseccionalidad de los sistemas de dominación, resultan relegadas como alternativas y no como principales; de la misma manera en que se privilegia el potencial político de lo público sobre lo privado o lo masculino sobre lo femenino.