Sobre el abordaje de los casos

Es preciso recordar que los casos estudiados tienen varios elementos en común: por un lado, la presencia de comunidades en áreas de conservación ambiental; por otro lado, que estas comunidades han ejercido presión sobre los ecosistemas con la expectativa de acceder a la tierra y así paliar la alta concentración de la propiedad en las áreas circundantes a sus procesos de poblamiento. Debido a esto, una medida fundamental de transformación de los conflictos es garantizar el derecho al acceso a la tierra, sin perder de vista el estado de vulnerabilidad y marginalidad en el que las comunidades campesinas y los grupos étnicos se han encontrado a lo largo de la historia.

Dicha problemática fue identificada desde 1949 cuando Lauchlin Currie lideró la primera misión del Banco Mundial en Colombia, desde ese momento se reconoció a la reforma agraria como un factor modernizador y estabilizador a nivel geopolítico. Este tema fue de gran interés en el contexto de la Alianza para el Progreso, que se configuró como una respuesta al triunfo de la Revolución cubana. Con todo, las élites regionales lograron establecer una contrarreforma agraria a favor de sus intereses, que perpetuaba los conflictos por la tierra. En síntesis, es necesario resaltar que las instituciones agrarias están en cabeza solamente de la rama ejecutiva y no existe una jurisdicción agraria que permita abordar de manera compleja estos conflictos, con miras a garantizar de forma efectiva los derechos de las comunidades.

Sobre el abordaje de los casos

Cada uno de los casos evidencia que no hay una única forma de abordar el conflicto, sino que hay múltiples maneras de buscar la resolución o transformación de las problemáticas sociales: desde los mecanismos blandos, dialógicos y relacionales, hasta los mecanismos formales. Igualmente, aunque se han implementado varias formas de gestionar el conflicto, unas han sido más efectivas que otras. Además, es pertinente mencionar que en algunos casos la intervención de terceros, como la iglesia, fue efectiva, pese a todas las contradicciones de intereses y posiciones que pudieran implicar. Este tipo de abordajes favorecieron el desescalamiento de los conflictos y evitaron la aparición de la violencia como opción de gestión; puesto que en esos casos las partes requerían la presencia de otros actores que generaran confianza y garantías para el encuentro. Aún así, una vez desaparecieron esos actores, su papel no fue suplido con suficiencia.

Por un lado, es importante resaltar que el papel del Estado en la ejecución de sus abordajes no siempre ha sido asertivo e, incluso, ha sido promotor de los conflictos. Ciertamente, se han empleado múltiples mecanismos estatales tanto de solución como de gestión, pero han sido intermitentes en la historia,

por lo que no han logrado disminuir las tensiones y generar opciones viables y duraderas para la transformación.

A partir del análisis de la interacción entre los distintos abordajes y los conflictos, es posible plantearse dos tipos de conclusión acerca de la intervención del Estado: primero, en la mayoría de los casos el Estado interviene para que el conflicto escale; segundo, el Estado solo aparece cuando la tensión ha llegado a sus niveles máximos.

Por otro lado, se encontró que el conflicto armado interno impactó los cinco casos de manera negativa. Es decir, los grupos armados agudizaron las tensiones entre los actores involucrados en el conflicto y, en especial, afectaron sus relaciones con el Estado de forma duradera. Consecuentemente, la ausencia estatal ha dejado a la deriva a las comunidades, en detrimento de la protección de sus derechos; esto ha ocasionado que otros actores armados, sus herederos, o sus beneficiarios, se posicionen en el territorio. Así, podernos afirmar que este hecho tiene graves consecuencias sobre las garantías de no repetición.

Por último, respecto a las comunidades campesinas, en la mayoría de los casos, estas llegaron a los territorios huyendo de diferentes expresiones de violencia, entre ellas, la violencia bipartidista. No obstante, los conflictos son inherentes a la naturaleza humana y, por ende, son motores del cambio social. De esta manera, las dinámicas históricas de esos conflictos han desencadenado formas de resistencia y, paradójicamente, se han configurado como catalizadores de las luchas sociales, de la reconstrucción del tejido social, y del arraigo cultural, social, político y económico en los territorios donde las comunidades resisten y luchan por su pervivencia. Finalmente, esta investigación destaca la fuerte organización social de las comunidades campesinas, que surge como una forma de posicionamiento ante el Estado para exigir sus derechos (Gáfaro, Ibáñez, & Justino, 2014).

Los enfoques de Acción Sin Daño y construcción de paz (ASD-CP) y la teoría de sensibilidad a los conflictos, sirvieron para orientar el análisis de los casos y sus abordajes. También, orientaron metodológicamente la interacción con los actores en el territorio, teniendo en cuenta que la entrada, aún desde los alcances de la investigación académica, es una forma de intervención que genera expectativas, impactos y está expuesta a riesgos. Si bien no se ha hecho una evaluación de impacto, la comprensión global de los conflictos, su dinámica, y su historicidad permitió analizar estos casos desde una perspectiva complementaria a la empleada por otros actores y proyectos.

La lectura generada al final de este proceso, posibilitó la identificación y proposición de opciones ante los posibles daños causados por las diferentes intervenciones (independientemente de lo bien intencionadas que fueran).

Asimismo, favoreció la configuración de recomendaciones para los diversos actores involucrados en los conflictos por la tierra.

En esta medida, y en concordancia con uno de los objetivos del proyecto, que fue determinar los posibles aportes del enfoque de ASD en los procesos de caracterización de los conflictos, de sus abordajes y la elaboración de recomendaciones con miras hacia la transformación asertiva. Se realizan las siguientes recomendaciones dirigidas al Estado y a las entidades con competencia e interés en los conflictos por la tierra trabajados, así como a las comunidades involucradas en los casos o en contextos similares.