Marco institucional y territorial del Estado

El proceso de investigación se propuso, entre otros fines, identificar el rol que el Estado ha asumido como uno de los actores principales en los conflictos por la tierra estudiados. En este sentido, es necesario analizar su papel y sus acciones en los casos de estudio, así como los impactos positivos y negativos que sus diferentes instituciones ha tenido en la dinámica de estos conflictos.

Para esto, se presentan los marcos de referencia de la intervención estatal en los conflictos sociales, específicamente, en los conflictos agrarios y territoriales; así como las dificultades del Estado colombiano para la puesta en marcha de una institucionalidad local operante. Esta presentación, se hace con el objetivo de describir y analizar los efectos sociales de las diferentes actuaciones de la función pública en cada uno de los cinco casos de esta investigación.

Al hablar del Estado es imposible no remitirse al largo proceso de constitución de la sociedad moderna occidental, en el que, a través de la centralización de poder impulsada por la guerra y el cobro de impuestos, los sujetos renuncian a sus libertades individuales con el fin de obtener seguridad y estabilidad. Esto resulta en la constitución de un contrato social que trae consigo la adquisición de derechos dentro de la figura del Estado moderno.

En términos generales, desde las teorías clásicas sobre el Estado, este ha sido definido como “aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el “territorio” es elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima” (Weber, 1975, p. 83). Además de esto, entre las facultades de los Estados también están el monopolio fiscal y la administración de la justicia, que por medio de un aparato burocrático operante, le permitirán tomar y aplicar decisiones efectivas que garanticen el cumplimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos.

Sin embargo, al asumir el monopolio de la fuerza, el Estado debe legitimar su accionar, dado que “el Pueblo es poder supremo o soberano y, en consecuencia, es el origen del poder público y por ello de él se deriva la facultad de constituir, legislar, juzgar, administrar y controlar” (Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-018/18, 2018).

De acuerdo con lo señalado, el pueblo es el origen del poder político y el Estado emana de esa voluntad general. No obstante, este debe someterse a la ley, pues según la Corte Constitucional, en el Estado colombiano:

[L]a persona humana en su manifestación individual y colectiva es contemplada en la Constitución como fuente suprema y última de toda autoridad y titular de derechos inalienables para cuya protección se crea el Estado y se