Serranía del Perijá y departamento del Caquetá

de poder, como en las jurisdicciones de justicia propia, por ejemplo la especial indígena o la de justicia comunitaria (Bohm, 1997; Habermas, 2010). Este tipo de abordajes, frecuentemente se centran en el uso de técnicas como la negociación o la mediación; pueden ser empleados como mecanismos de contención de los episodios del conflicto y no necesariamente sobre sus epicentros, como es el caso de negociaciones del Estado frente a movilizaciones sociales (Gutiérrez Sanín, 2016; Núñez, 2014).

Al respecto, en el caso de los playones de Sincerín es pertinente mencionar que las instituciones han propiciado espacios de diálogo y solución que han sido infructuosos. Es el caso del extinto Incoder, ahora ANT, que facilitó un acuerdo entre las partes, materializado en un documento firmado por representantes de los grupos Los Diecisiete y Los Veintidós, y un funcionario de esa institución como garante. Sin embargo, esta solución fue desconocida después por el grupo Los Diecisiete al señalar que dicho documento reconocía la distribución impuesta por la fuerza por parte de los paramilitares.

Posteriormente, la articulación institucional promovida por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios en el último periodo del conflicto, tuvo como objetivo la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional que plantearía a los grupos campesinos en disputa, la realización de espacios de capacitación sobre la normativa que regula Los Playones, con el fin de ambientar el diálogo entre la comunidad y las instituciones. Aunque esta iniciativa no culminó con éxito debido al alto nivel de tensión entre los actores, demostró la intencionalidad de trascender las competencias institucionales y reconoció que la gestión del conflicto a través de los mecanismos formales, no puede ser un medio exclusivo de abordaje; puesto que el establecimiento de acuerdos y soluciones complejas a nivel relacional juegan un papel importante.

Por su parte, en ciertos momentos los grupos de campesinos en disputa han delegado en algunos de sus integrantes con un perfil más conciliador el acudir a las reuniones de negociación y debate. Sus labores sirvieron para plantear posibles puntos de acuerdo, pero no han llegado a buen término porque no han alcanzado las condiciones para trascender al diálogo.

Serranía del Perijá y departamento del Caquetá

Durante el año de 1978, en la serranía del Perijá, ante el escalamiento de las hostilidades y la oposición de la comunidad yukpa al poblamiento campesino, algunas de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Codazzi firmaron un acuerdo con representantes del pueblo yukpa. El acuerdo, tuvo la mediación del padre Vicente Taruncher y contó con el alcalde municipal como testigo, consistía en que los yukpas autorizaran la construcción del camino

que conduce al corregimiento Alto Sicarare y que los campesinos dieran una compensación de 25 000 COP (de la época) por las tierras ocupadas (Sánchez, transecto en Agustín Codazzi, 2018).

Como se ha dicho, la apertura de caminos generaba una gran oposición por parte de los yukpas, quienes ya contaban con otro tipo de caminos de a pie antes de la llegada de los campesinos a la serranía. No obstante, en estos casos fue posible encontrar arreglos entre ambos grupos: un ejemplo de ello se produjo en la década de 1980 cuando se trabajaba en el paso sobre el río Sicarare, que comunica el Alto Sicarare y las veredas intermedias con Codazzi (área en la que existe un tupido bosque nativo). Allí, según cuenta la comunidad, el asentamiento indígena más cercano se opuso al derribo de un árbol de Caracolí alegando que era la fuente de alimento de diferentes animales del bosque y de materias primas para la elaboración de objetos utilitarios y rituales de la cultura yukpa. Sin mediación alguna de terceros, luego de largas discusiones, indígenas y campesinos acordaron desviar el camino para rodear el árbol y evitar talarlo; de hecho, aún puede apreciarse el árbol objeto del acuerdo entre ambas comunidades. De esta manera, disputas y acuerdos similares se presentaron en el camino a la vereda Caño Padilla en el municipio de La Paz (Sánchez & Villazón, jornada comunitaria, 11 de julio del 2018).

En los últimos años, paralelamente a la gestión por vías institucionales, las organizaciones campesinas de la región del Perijá han centrado sus esfuerzos en las alternativas dialógicas y en la búsqueda de espacios de encuentro interétnico, como la instalación de una mesa de diálogo. Una prueba de ello se encuentra en sus comunicaciones públicas, que buscan responder a las demandas de los grupos en disputa, y posibilitar la convivencia y permanencia conjunta en el territorio. Pese a esto, la respuesta de las autoridades yukpas ha sido negativa y ha desconocido a los líderes campesinos como interlocutores válidos.

En contraste, una de las acciones emprendidas por las autoridades yukpas y referenciadas como positivas por parte de todas las comunidades campesinas consultadas, es la estrategia de organización de la guardia indígena. Esta es percibida como un mecanismo efectivo para atender y responder a las denuncias sobre abusos cometidos por algún integrante del pueblo yukpa. Además, se ha percibido un ejercicio de autocontrol por parte de los yukpas que ha disminuido los robos. Aún así, las autoridades del pueblo yukpa han presentado públicamente a la guardia indígena como una fuerza con la función de impedir el acceso al territorio a cualquier actor que consideren opuesto a sus intereses; además, las incursiones violentas contra fincas y veredas campesinas en el municipio de Codazzi han opacado los esfuerzos de esta estrategia organizativa indígena.

En el Perijá también hay experiencias a nivel de vecindario para la solución de los conflictos por la tierra. En estas experiencias, incluso la organización política de ambos grupos se permea y flexibiliza, facilitando mecanismos híbridos de justicia. Un ejemplo de esto es el abordaje de conflictos por la tierra que, conjuntamente, han efectuado la comunidad campesina de la vereda Caño Frío de Codazzi y su asentamiento vecino perteneciente al resguardo indígena yukpa de Menkue, Misaya y La Pista. En este caso, la Junta de Acción Comunal cuenta con participación de la comunidad yukpa vecina y por medio del Comité de Conciliación se han podido resolver situaciones de disputa acerca de los linderos compartidos por familias de ambas comunidades (Sánchez & Villazón, jornada comunitaria, 16 de julio del 2018).

A veces, los líderes de asentamientos indígenas actúan a nivel local como mediadores con sus propios grupos de referencia, guardando una relación de solidaridad con sus pares, los líderes de las JAC con quienes han cohabitado y vivido afectaciones similares en el marco del conflicto armado. A diferencia de otros municipios, donde se desencadenaron situaciones de violencia, en el municipio de La Paz, se encontraron casos (relatados por sus protagonistas) en los que, a pesar de las tensiones y la tendencia de los grupos al enfrentamiento físico, se lograron abordajes que terminaron en acuerdos pacíficos31 . Por su parte, en el Caquetá se busca armonizar las distintas figuras traslapadas (ambientales, económicas y sociales) mediante la ZRC, de esta manera habría un equilibrio entre los intereses económicos, dado que las comunidades campesinas tendrían mayor autonomía y margen de acción frente a las propuestas. En materia ambiental se reforzaría la protección que las comunidades realizan por las zonas; mientras que, en cuanto al acceso a la tierra, la ZRC garantizaría la titulación, medida que ayuda a la distribución equitativa de la propiedad rural en el país.

Para concluir, entre los mecanismos dialógicos empleados, se ha acudido a los MASC para abordar conflictos por la tierra. Esta práctica ha sido controversial por posibles afectaciones a derechos fundamentales; puesto que en algunos de los casos ilustrados se evidenció que, a pesar del uso de estas alternativas, el resultado no era el esperado y algunos de los acuerdos hechos carecieron de legitimidad. Aún así, respecto al caso del pueblo yukpa, las comunidades a nivel vecinal han llegado a acuerdos; esto contrasta con la gran dificultad de establecer consensos a nivel organizacional, donde hay mayor visibilización y surgen otros intereses.

31 Se documentaron dos situaciones que llevaron a dos grupos de al menos veinte personas de cada uno a encontrarse dispuestos a un enfrentamiento; pero los líderes campesinos e indígenas lograron sobrellevarlas a través de una negociación. En el corregimiento Los Encantos se relata la solución pacífica ante el bloqueo de la vía a Caño Padilla (Sánchez & Villazón, jornada comunitaria, 11 de julio de 2018). El relato de la entrevista al líder de la JAC de La Bodega y su cónyuge revela la solución pacífica al robo de un burro (Sánchez & Villazón, jornada comunitaria, 29 de mayo del 2018).