¿la Primavera Mexicana? Enrique

Paz*

La defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y el rechazo a la reforma electoral, conocida como Plan B, lograron movilizar de manera masiva a diferentes sectores de la ciudadanía. Primero fue la marcha del 13 de noviembre (13N) pasado que recorrió la avenida Paseo de la Reforma y concluyó en el monumento a la Revolución con el discurso del expresidente del IFE, José Woldenberg.

En ese momento la demanda era frenar la intentona del oficialismo de aprobar una reforma constitucional en materia electoral. La falta de votos en la Cámara de Diputados impidió que fuera aprobada la reforma promovida por el presidente López Obrador. Sin embargo, la fracción parlamentaria del gobierno se encargó de presentar y aprobar una reforma a las leyes secundarias con el propósito de reducir el aparato del INE, en aras de una supuesta austeridad presupuestal.

Como era de esperarse, la aplanadora de la mayoría se impuso y aprobó una reforma electoral sin el consenso entre las distintas fuerzas partidistas. Desde las reformas electorales de 1996 que contribuyeron a la ciudadanización del órgano electoral y abrieron paso a la alternancia en el poder, ninguna otra había sido promovida por el poder presidencial y aprobada sin el aval de todos los partidos políticos.

Desde que se aprobó el llamado Plan B, las críticas de especialistas, la oposición y de los propios consejeros del INE no se hicieron esperar. Desde las violaciones al proceso legislativo hasta visos de inconstitucionalidad se han enumerado en diferentes foros.

Incluso, el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo

*Enrique Paz es politólogo y Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la legislativos, proceso electoral y partidos políticos. Consultor político y asesor en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Fue coordinador de asesores del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura. Consejero Electoral Distrital del entonces Instituto Federal Electoral (hoy INE) en los procesos electorales de 2000, 2003 y 2006. Participó como consultor político en campañas electorales de presidentes municipales y diputados federales. Ha sido profesor en los diplomados impartidos por el Instituto Ortega y Gasset en México en materia Educativa y Transparencia y Acceso a la Información.

@jepp_79

Monreal, presentó un voto particular al dictamen aprobado por sus pares en el mes de diciembre. En dicho documento, Monreal enumeraba 21 aspectos que consideraba violan la Constitución Política.

Ahora con la finalización del proceso legislativo del llamado Plan B, toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver los recursos de inconstitucionalidad que se presentarán una vez que el gobierno lo haga oficial con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En términos legales, poco o nada puede hacer la ciudadanía más que respaldar los actos de defensa que se están promoviendo las instancias que legalmente corresponde hacerlo, entre ellos a los propios legisladores de oposición.

Por ello, la manifestación del domingo 26 de febrero (26F) que abarrotó la Plaza de la Consti- tución es solo el principio de un largo proceso que debería culminar el día 2 de junio de 2024. Fecha en la se espera que las inconformidades con el régimen actual se transformen en votos a favor de una opción que le gane a la persona que pretende quedarse en lugar de AMLO en la silla presidencial.

Un largo y sinuoso camino se debe recorrer para llegar a esa fecha. Un camino complejo y lleno de incertidumbre debido a que este tipo de movilizaciones ciudadanas pueden ser el inicio de un gran cambio político o convertirse en una anécdota más de la participación ciudadana en este país.

En alusión a la Primavera Árabe (los movimientos que provocaron la caída de gobiernos autoritarios como en Túnez, Siria, Libia o Egipto) algunos optimistas esperan que la manifestación del

26F sea el inicio de la Primavera Mexicana. Cabe recordar que los movimientos en Oriente Próximo y el norte de África iniciados en el 2011 no terminaron de la mejor manera 10 años después, en algunos casos los vientos de cambio se convirtieron en tormentas autoritarias.

Varios son los escollos que se deben considerar si se quiere que la primavera mexicana sea exitosa y frene las pretensiones autoritarias del régimen obradorista. Hasta ahora la causa principal que ha movilizado a miles de personas en todo el país es la pretensión de cercenar las capacidades institucionales de los órganos electorales para garantizar elecciones libres y equitativas.

Esta etapa de contención política finalizará en el momento en que la SCJN defina si es o no constitucional la reforma electoral del Plan B. A ello habrá que agregar que el tiempo que tarde en resolver la corte determinará si los cambios administrativos afecten o no las condiciones del proceso electoral. Porque una vez promulgada la reforma, los efectos de la misma son inmediatos.

El discurso del exministro José Ramón Cossío en la concentración del domingo 26 de febrero fue muy claro en enfatizar que las ministras y ministros de la SCJN tienen el voto de confianza de declarar la inconstitucionalidad de la reforma electoral. Se requieren 8 de 11 votos para declararla inconstitucional. La presión no es menor.

Ahora bien, en cualquier escenario que decida la corte, los riegos de vulnerar el proceso electoral no se limitará a lo que señala la ley. Sabemos que al jefe moral del movimiento obradorista, AMLO, le tiene sin cuidado la legalidad.

Entonces, más allá de lo que determinen los ministros se requiere que la movilización ciudadana se convierta en una contención electoral y política que frene las pulsiones autoritarias del obradorato. La vigilancia y denuncia en el uso de recursos públicos que haga el gobierno a través de los programas sociales; la observación electoral durante el proceso para documentar la inequidad de la contienda y la denuncia internacional serán acciones que deberán promoverse entre la ciudadanía.

Otra etapa que se debe considerar es pasar de la contención a la acción de una incipiente Primavera Mexicana. Articular la decepción e inconformidad con el obradorato en una agenda ciudadana que canalice la inquietud social hacia una plataforma electoral a nivel presidencial y legislativa, así como en los estados en los que se elegirá la gubernatura en el 2024.

Este es el punto de mayor riesgo de que la movilización ciudadana pierda su fuerza y legitimidad. Por un lado, el PRI, PAN y PRD están rebasados políticamente por la marea ciudadana. En ninguno de los partidos opositores existe el liderazgo que aglutine un movimiento tan heterogéneo como el que se ha manifestado en los últimos meses.

El primer gran reto es encontrar una fórmula que articule el ímpetu del 26F en una plataforma organizacional y programática que construya una agenda mínima de propuestas y acciones de aquí a las elecciones de 2024. El siguiente paso sería que dicha plataforma ciudadana tenga la suficiente legitimidad para convocar a los 3 partidos políticos a anteponer sus intereses partidistas por el bien mayor de la ciudadanía y se atengan a un proceso de selección de candidaturas totalmente abierto y alejado de las cúpulas partidistas.

Las condiciones constitucionales y democráticas de las próximas elecciones presidenciales están en manos del máximo tribunal de justicia del país, pero la viabilidad y permanencia de la Primavera Mexicana es responsabilidad de los actores políticos que logren encauzar el ímpetu de la ciudadanía frente a sus ambiciones políticas.