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Importancia de la metodología jurídica y la técnica legislativa Armando Hernández 52 Elecciones 2020: panorama global del impacto COVID-19 Gema Morales
Importancia de la metodología jurídica y la técnica legislativa Armando Hernández*
En la actualidad, los estudios jurídicos, los textos científicos y los planes de estudio de diversas asignaturas en programas de Maestría y otros cursos de posgrado, han hecho uso y difusión de términos como “Derecho Parlamentario” o “Técnica Legislativa” para referirse al contenido temático que describe el conjunto de pasos o etapas del proceso legislativo, así como los elementos teóricos para su conocimiento, interpretación, análisis y la producción de conocimiento en relación a este objeto de estudio.
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En ese orden de ideas, referirnos al Derecho Parlamentario contemplaría el estudio de las facultades amplias de los congresos, mientras que el Derecho Legislativo implicaría el estudio de las atribuciones relacionadas exclusivamente con la función legislativa.
De lo anterior, se desprende la necesidad de profundizar en el estudio del Derecho Procesal Legislativo como una rama del Derecho Público, sobre la cual no se ha escrito y estudiado lo suficiente como para identificar los principios que la rigen y generar teorías científicas que apliquen la metodología propia de la ciencia del Derecho al proceso legislativo.
Sería muy conveniente alinear los resultados de la investigación científica, a los procesos de toma de decisiones de interés general en el ámbito público y asegurarnos de verificar el uso de la metodología adecuada en los procesos de construcción de conocimiento basado en información confiable, para esos fines. La investigación documental, bibliográfica, de campo, estadística, la argumentación lógica, entre otras muchas, son herramientas que están ausentes y que hoy en día, hacen mucha falta en el diseño de políticas de impacto social.
Si aplicamos la metodología de investigación científica a la implementación de estrategias de solución real a los diversos problemas sociales, seguramente tendremos resultados que podrían ser evaluados o medidos adecuadamente, para identificar nuevos enfoques y áreas de oportunidad en la toma de decisiones de interés general.
De esa manera, la metodología jurídica debe ser aplicada al proceso de creación de leyes, junto con la técnica legislativa, con el fin de mejorar la calidad del trabajo legislativo.
Algunos aspectos importantes en materia de metodología y técnica legislativa son los relacionados específicamente con la elaboración o redacción del proyecto de iniciativa de ley, el cual constituye el elemento inicial del proceso legislativo, y por ello tiene que cuidarse la redacción de ese tipo de textos normativos.
Para ello, es importante comprender los tres niveles del lenguaje con los que se trabaja en el ámbito del derecho:
a) b) c) Lenguaje objeto, Metalenguaje y Meta-metalenguaje.
El primero de ellos se refiere en sí mismo al lenguaje que utiliza el derecho, es decir, la lexicología jurídica que se utiliza para
*Armando Hernández Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México; es Licenciado, Maestro y Doctor en Derecho, con Especialidad en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Administrativo; ha ocupado diversos cargos en el Instituto Electoral del Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido catedrático, instructor, conferencista y miembro de diferentes asociaciones vinculadas a la materia de Derecho, Derechos Humanos y Procesos Parlamentarios, también ha publicado artículos en DDHH. Ha sido y Magistrado del TEDF. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como de varias universidades del país.
@DrArmandoHdz
construir enunciados normativos, que corresponde a términos propios o relacionados con el derecho (orden normativo) como objeto de estudio de la Ciencia del Derecho, Ciencia que es descriptiva y al intentar explicar al derecho objetivo o sistema jurídico, se convierte en un metalenguaje.
Los tres niveles del lenguaje en el derecho son: la norma, el enunciado normativo y la proposición normativa, siendo la norma un mandato imperativo que se expresa a través de enunciados normativos escritos, que constituyen enunciados lingüísticos de contenido prescriptivo. (Imperativos categóricos de conducta en términos kantianos)
También vale la pena mencionar los tres elementos que corresponden a la estructura de la norma:
a) b) c) Supuesto, Cópula y Sanción.
Cada norma jurídica está integrada por estos 3 elementos, mismos que permiten configurar el mandato de conducta. Esta corresponde a la estructura formal de la norma jurídica.
Algunos problemas del lenguaje como la ambigüedad o polisemia de ciertos términos, o la vaguedad en las expresiones lingüísticas, generan en el posible lector, problemas de claridad y comprensión del texto, que no solo es el operador jurídico o el técnico judicial, sino cualquier posible destinatario de la norma o su sanción (consecuencia jurídica derivada del posible incumplimiento del mandato contenido en la norma.) Por su parte, el estilo legislativo analiza la manera en que se suele elaborar una iniciativa, en cuanto a la redacción de tiempo y modo; por ejemplo, se habla de que las iniciativas se elaboran por lo regular en tiempo presente, utilizando además el modo indicativo, pero en algunos casos también se suele utilizar el tiempo futuro, por ejemplo, cuando se utilizan los términos “podrá” o “deberá” para indicar la posible consecuencia o sanción de una norma.
Asimismo, en el texto normativo se debe evitar el uso de términos en cualquier idioma extranjero, debido a que puede afectar o alterar la comprensión del contenido de la norma, cuando lo que se busca siempre es la claridad del texto para su mejor comprensión.
Con esa misma finalidad, es imperativo homogeneizar o uniformar los términos y definiciones de conceptos usuales, así como de conceptos jurídicos, los cuales se suelen definir en glosarios, y también, el uso de referencias o fuentes en el texto.
Todos estos aspectos constituyen elementos metodológicos, técnicos y científicos que deben ponderarse en el proceso de creación de normas.
