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Completar nuestra democracia Yuri Beltrán 50 La transparencia en los próximos procesos electorales Ileana Hidalgo
Completar nuestra democracia Yuri Beltrán*
En diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha obligada para reflexionar todos los objetivos incumplidos que permanecen en términos de inclusión. Es, también, una ocasión adecuada para mirar y mirarnos desde esa lente, ya que todas y todos podemos adquirir una discapacidad en algún momento de nuestras vidas.
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Pero la pandemia 2020 obliga a pensar en los retos de inclusión desde una visión más cruda. Las personas con discapacidad enfrentan riesgos mayores ante una eventual infección de COVID, lo que en muchos casos ha profundizado el aislamiento, al tiempo que se deterioran las posibilidades de acceder al mercado de trabajo o de incidir en la política pública. Si no tomamos las cosas con cuidado, este año podría alejarnos aún más de los objetivos de inclusión.
Desde 2006 los países del mundo tienen el mapa. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece marca las obligaciones mínimas que han de cubrirse para alcanzar sociedades verdaderamente inclusivas. En términos de participación política, la norma internacional exige, por un lado, prevés condiciones normativas y materiales para garantizar a las personas con discapacidad su derecho a votar y ser votadas. Por otra parte, obliga a los países a generar un esquema propicio para que la participación pueda darse libre de discriminación y en igualdad de condiciones con otros grupos sociales.
En cuanto a lo primero, ha habido un cambio importante en términos de accesibilidad de las casillas. Conforme lo indica la Ley, es cada vez más común que éstas se encuentren en lugares de fácil acceso, aunque los informes de observación siguen dando cuenta de espacios poco aptos para el ingreso en silla de ruedas o que requieren demasiados desplazamientos.
Resulta preocupante que la pandemia obligue a ponderar entre lugares accesibles y lugares con espacios adecuados para la sana distancia. Ambos elementos deben superarse en la ubicación de casillas, si queremos que las personas con discapacidad acudan a las urnas.
Algunas instituciones electorales del país han privilegiado diseños universales para el equipamiento de las casillas, a efecto de que éstos puedan ser útiles para usuarios con distintos tipos de discapacidad, o sin ella. Casos como el del Instituto Electoral de la Ciudad de México ilustran cómo los
*Yuri Beltrán es Consultor independiente. Ex Consejero Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos. Sus líneas de trabajo incluyen: voto extraterritorial, elecciones subnacionales, voto electrónico y calidad en las elecciones e integridad electoral.
@yuribeltran
institutos locales son fuente de innovación y generan contribuciones que pueden ser aprovechadas por otras entidades federativas.
La pandemia puso de relieve el rezago que se tiene en materia de voto electrónico. Esas opciones son seguras y harían accesible el sufragio a personas que no pueden salir de sus domicilios, o bien no deben correr riesgo alguno en función de la pandemia.
Lamentablemente, salvo para el caso del voto migrante, las normas mexicanas no prevén dispositivo alguno de votación electrónica y los desarrollos con que se cuenta no han sido probados oportunamente para una elección federal. La tarea modernizadora no se hizo en su momento y habremos de llegar a la elección 2021 sin una infraestructura tecnológica adecuada para captar votos electrónicos, inclusive dentro del territorio nacional.
La creación de un entorno adecuado para la participación de las personas con discapacidad supone un reto más complejo, en tanto involucra propiciar cambios de paradigmas para quienes todavía piensan que el espacio público está abierto sólo para algunos.
De ahí la importancia de visibilizar el trabajo que las personas con discapacidad hacen dentro y fuera de los partidos, para fortalecer su liderazgo y posibilidades de incidir en política. En la medida en que las leyes propicien la participación de todos los grupos sociales en los organismos que toman decisiones, mayor pluralidad habrá en las mismas y mejores condiciones para el surgimiento de liderazgos novedosos. Hay que seguir de cerca los resultados de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México que propició que Comités de Participación Comunitaria tengan representación directa de personas con discapacidad, lo que proyectará de manera eficaz su trabajo en la Ciudad.
Finalmente, habría que trabajar en el ejercicio de derechos. La participación no se agota en lo electoral. Hay que garantizar que el resto de los derechos políticos se ejerzan en condiciones de igualdad por las personas con discapacidad, enriqueciendo la toma de decisiones.
¡2021 puede ser el gran año de la participación política de las personas con discapacidad en México!