Desaparece la Ley de Imprenta

FUE ABROGADA POR VOTACIÓN UNÁNIME EN EL SENADO. TENÍA 106 AÑOS DE HABER SIDO PUBLICADA POR VENUSTIANO CARRANZA.

dismo o para todos aquellos que expresan sus ideas políticas y estaban en riesgo de ser sancionados incluso con cárcel.

que el ejecutivo federal fue el primero en pedir que se derogue esa ley, que en gobiernos pasados fue usada para reprimir a los periodistas.

El Senado de la República abrogó la Ley sobre Delitos de Imprenta, que data de 1917, ya que después de más de un siglo de vigencia, no sólo era ya anacrónica e inoperante, sino que afecta gravemente la Libertad de Expresión, de Prensa y la manifestación de ideas, al censurar y considerar como delitos esos derechos, coincidieron en tribuna senadores de todas las fuerzas políticas.

La minuta, que suprime de forma definitiva esa norma, fue aprobada por 92 votos en favor y cero en contra, tras lo cual se turnó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. Durante la discusión, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, destacó que con la abrogación de esa ley se deja sin efecto una serie de normas obsoletas que significaron una amenaza para quienes ejercen la noble profesión del perio-

“El contenido de la conocida como Ley de Imprenta ya no tiene cabida en nuestro orden jurídico, ya que se contrapone con lo establecido en la propia Constitución y en tratados internacionales sobre derechos humanos”, sostuvo.

Por su parte, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, recordó que en la Cámara de Diputados se aprobó en comisiones una iniciativa donde “se restablecían y agravaban las sanciones por injurias al Presidente de la República. Aquí, por el contrario, abrogamos esta ley para que nadie se vea tentado a aplicar disposiciones absurdas, contrarias al principio de progresividad que establece la Constitución”.

Durante la discusión, senadores del PAN, entre ellos Xóchitl Gálvez, sostuvieron que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se respeta la Libertad de Expresión, y el morenista Félix Salgado le respondió

En el dictamen aprobado se señala que es imperioso derogar esa Ley sobre Delitos de Imprenta, promulgada el 12 de abril de 1917, ya que “con la realidad actual ha caído en desuso y se contrapone con los artículos Sexto y Séptimo constitucionales, donde se consagra la libertad de difundir opiniones, información o expresión de las ideas por cualquier medio”.

“Por tanto –añade el dictamen- los derechos de opinión y de informar, constituyen uno de los pilares democráticos y forman parte de quienes conforman los Derechos Humanos”.

Se trataba de una ley con “una visión punitiva y represora”, que incluía conceptos o definiciones como los ataques a la moral y a la moral pública y “políticas propias de un sistema autoritario o totalitarista”, que debe ser excluido del orden jurídico nacional definitivamente.

Las disposiciones normativas y sanciones contenidas en esa Ley de

Imprenta “resultan del todo inaceptables para un Estado constitucional moderno y democrático como el nuestro. Muestra de ello por ejemplo es que considera punible cualquier manifestación que resulte ofensiva a la autoridad, sea en lugares públicos o privados, cuando sean observadas, vistas u oídas por el público”.

Resulta también inaceptable “ciertos supuestos normativos Artículo 33 de la ley, en que se estima como ataques al orden o a la paz pública, las injurias que cualquier ciudadano haga en contra de servidores públicos nacionales o de países amigos”.

La ley abrogada era una de las

El contenido de la conocida como Ley de Imprenta ya no tiene cabida en nuestro orden jurídico, ya que se contrapone con lo establecido en la propia Constitución y en tratados internacionales sobre derechos humanos”.

Olga S Nchez

CORDERO,

Senadora y presidenta de la Comisión de Justicia menos reformadas desde hace 106 años en que fue expedida por el gobierno de Venustiano Carranza y se justificaba porque “gobernaba en situación de emergencia, ya que no era presidente constitucional”, resalta el dictamen.

“Debemos buscar qué se garantice el derecho pleno de la Libertad de Expresión, entendida como el derecho humano a expresar sus ideas y comunicarles, sin temor a represalias censura o sanciones, como establecía la ley derogada.