Planificar el desarrollo y ordenar el territorio para la igualdad de género
Uso de sensores remotos en la gestión del territorio
“Estrategias de mujeres en la gestión de Riesgos de desastres locales:
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Planificar el desarrollo y ordenar el territorio para la igualdad de género
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Uso de sensores remotos en la gestión del territorio
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“Estrategias de mujeres en la gestión de riesgos de desastres locales: una propuesta de políticas públicas para el desarrollo territorial sostenible”
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Avances en la visibilización de la mujer en la planificación territorial
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Formas de participación de la mujer en la planificación urbana y el Ordenamiento Territorial
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Revista INFOSOT - MARZO 2023 Elaboración: Dirección de Comunicación Social - DCS // Edición General: Lcda. Grima Tapia // Diseño y Diagramación: Lcdo. Daniel Andocilla // Redacción y Colaboración: Lcda. Grima Tapia, Lcda. Katherine Calderón y Lcdo. Daniel Andocilla Quito - Ecuador 2023
La mujer en su entorno laboral, ha presentado una compleja evolución en el tiempo. Desde mi perspectiva como mujer, y profesional desempeñándome en el ámbito laboral en Seguridad y Salud Ocupacional, así como conocedora del área de Compliance, he presenciado de forma directa los cambios en el relacionamiento de la mujer en el trabajo, y cómo ha sufrido cambios que han representado verdaderas fracturas en las estructuras sociales.
Es así que, el involucramiento y reconocimiento del trabajo de la mujer desde la Primera Guerra Mundial, ha significado una progresión de apertura en materia de derechos y roles; que se traducen en que paulatinamente, ocupemos nuevas áreas laborales, antes desempeñados exclusivamente por hombres, y ganemos reconocimientos, en función de nuestras capacidades y resultados.
De esta manera, la mujer aporta a sus trabajos de forma tangible y objetiva, independientemente de sesgos, opiniones, o intentos de generar espacios en los que, si bien es cierto, la mujer juega un papel protagónico, éste se da desde la condescendencia y la obligatoriedad de las normativas creadas para el efecto, y no por el verdadero reconocimiento de sus fortalezas, y conocimientos.
Sin embargo, los pensadores libres, los innovadores, las y los líderes sin limitaciones, los que aprendieron a vivir sin prejuicios, cada vez son más.
Esto se puede observar en una sociedad que, se sorprende cada vez menos en encontrar a una mujer ocupando altos mandos, a pesar de una evidente resistencia por parte de algunos grupos tradicionalistas.
Estas y éstos líderes, están redefiniendo a nuestra sociedad, pues poseen pensamientos vanguardistas que saben entender la profundidad de las
garantías constitucionales o incluso ir más allá de lo escrito, ética y valores personales, que permiten aportar activamente a lograr una verdadera igualdad de género y a la vez, instituciones o empresas que son verdaderos hogares para sus trabajadores, enmarcadas en un respeto absoluto a los derechos laborales, y en última instancia, logrando un ambiente de trabajo seguro y saludable. Sin embargo, a pesar de la avidez de una sociedad moderna como la nuestra, lastimosamente es un privilegio de pocas empresas o instituciones, el contar con personas de éste calibre.
Éstas y éstos líderes positivos, no solo logran ambientes adecuados de trabajo; sino que mejoran, con su comportamiento la motivación, la productividad y la relación con los socios o clientes de las empresas o instituciones.
En nuestra sociedad, la mujer y el reconocimiento de su trabajo, todavía tienen mucho camino por andar, antes de llegar al destino de la ansiada igualdad. Mientras eso ocurre, realizo mi trabajo con amor y tesón, motivada por el pensamiento de que mis logros serán los logros de todas, mis enseñanzas serán las que quise recibir cuando fui aprendiz, y que aún deseo, pues todavía continúo aprendiendo, que mis reconocimientos sean basados en méritos y resultados, así como aspiro a dar oportunidades, independientemente del género, edad o raza de quien las merezca. No reconozco el sexo fuerte y/o el sexo débil, lo considero una falacia, lo que reconozco es la fuerza de voluntad y la estrategia laboral para liderar, destacar y llevar adelante una organización.
¡Somos valiosas!Coordinadora Territorial de Despacho de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
(Plataforma de Acción de Beijing 1995, párrafo 41)
Un aporte para alcanzar la igualdad de género (objetivo número 5 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible) sin duda es la planificación con perspectiva de género, que se ha tratado en distintos encuentros de gobiernos a nivel de Latinoamérica. En el 2013, el “Consenso de Santo Domingo” en la Duodécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, estableció a la lucha por la igualdad de género como primordial en la planificación del desarrollo destacando que, “debe convertirse en un eje central y transversal de toda la acción del Estado, ya que es un factor clave para consolidar la democracia y avanzar hacia un modelo de desarrollo más participativo e inclusivo” (CEPAL, 2016). Debates que ya se venían tratando en el mundo partiendo de la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijín de 1995. En este contexto se plantean tres temáticas generales que materializan caminos para alcanzar la igualdad de género.
Reconocer la desigualdad de género en el acceso a los recursos económicos, sociales, culturales y naturales es la base para una planificación con enfoque de género.
Una planificación que se formula sin incorporar la perspectiva de género conduce a invisibilizar las relaciones desiguales de poder, sin cuestionar tal desigualdad. Además, no considera ni crea espacios para las necesidades y potencialidades de las mujeres en el desarrollo. El error más frecuente al respecto es la omisión de los aspectos derivados de la división sexual del trabajo, que establecen la forma en que los roles se distribuyen en la sociedad: las mujeres estarían a cargo de la reproducción social y los hombres, de las tareas productivas (Volio, 2008).
De acuerdo con Massolo (2006), dentro de las formas de generar condiciones que visibilicen a las mujeres en la planificación son:
> Generar espacios que garanticen una participación igualitaria de mujeres y hombres en las distintas fases de planificación, teniendo en consideración las diferentes capacidades;
> Proveer formas y servicios de apoyo financieros, vinculados a infraestructura, comerciales, de formación, que sean igualmente accesibles para mujeres y hombres;
> Satisfacer las necesidades e intereses de mujeres y hombres por medio del diseño y distribución de intervenciones de desarrollo.
Arq. Katia Barros Directora de Ordenamiento Territorial Cantonal Y De Uso Y Gestión De Suelo Rural
Abg. Nadia Jalkh Directora de Ordenamiento Territorial Nacional, Provincial Y Parroquial Rural
“El avance de las mujeres y el logro de la igualdad entre las mujeres y los hombres son una cuestión de derechos humanos y condiciones para la justicia social y no deben considerarse de forma aislada como un asunto de las mujeres. Es la única manera para instaurar una sociedad viable, justa y desarrollada”
Parte primordial en la visibilización se concentra y cristaliza en la participación de las mujeres dentro de la planificación, para el efecto, no basta con integrar a las mujeres en los espacios de opinión, información, socialización, muchas veces, y con mayor frecuencia en las zonas rurales, para asegurar que las mujeres alcen su voz, opinen y hagan uso efectivo de la participación ciudadana, es necesario crear grupos focales, en donde sus opiniones sean incorporadas.
Transversalización de la perspectiva de género
La transversalización de la perspectiva de género ha sido definida desde distintos ámbitos. El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (1997), lo señala como “el proceso de evaluar las implicaciones que tiene para hombres y mujeres, cualquier acción que se planifique, incluyendo las de tipo legislativo, las políticas o los programas en todas las áreas y a todos los niveles” (1997); el Consejo de Europa (1998), lo define como “la reorganización, el ordenamiento territorial con perspectiva de género
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2016) plantea algunas estrategias para ordenar el territorio desde una perspectiva de género:
1.Considerar las relaciones de género en el espacio del territorio
Partiendo del entendimiento del territorio como una construcción social se plantea determinarlo como un actor dentro de la planificación y generar propuestas dentro de su dimensión geográfica, que respondan a las necesidades de mujeres y hombres, promoviendo erradicar diversas formas y espacios de exclusión. En esta misma estrategia se establece a la participación
perspectiva de la igualdad de género sea incorporada en todas las políticas, a todos los niveles y en todas sus fases, por los actores normalmente involucrados en su elaboración”; el Programa de Naciones Unidas para el Desn proceso estratégico para alcanzar la igualdad de género (De la Cruz, 2009), por lo que su implementaciarrollo (2000), como “integrar el interés en la igualdad de géneros en todas las políticas, programas, procedimientos administrativos y financieros y en el marco cultural de la institución u organización”.
En suma, la transversalización o mainstreaming de la perspectiva de género no es un fin en sí mismo, representa uón amplía el límite de la planificación, abarcando las políticas públicas, así como los actores que intervienen en su diseño e implementación.
Las experiencias surgidas desde la comunidad “desde abajo” (modelo de gobernanza “botton up”), que visibilizan las problemáticas ocultas son la base para la promoción de la incidencia social y política de la transversalización de la perspectiva de género y su incorporación en la agenda pública.
Otros autores como Trejo (2021) plantean varios pasos, los que se resumen en la figura a continuación de la planificación con enfoque de género.
Según el modelo participativo, las políticas públicas y las decisiones de planificación son el resultado de una interacción social mediante “argumentos y evidencias por parte de los participantes” (Majone, 1978), a través de una participación bidireccional donde los actores también pueden influir en la decisión y evaluación de la política pública. En este sentido la Nueva Agenda Urbana reconoce entre los componentes clave de las ciudades “una función igualitaria de género responsable de empoderar a mujeres y niñas, velando por su igualdad de derechos y asegurando su participación plena” (Naciones Unidas, 2016).
Es innegable que se precisa la participación de las mujeres en la formulación de los instrumentos de ordenamiento territorial, para lo cual en Ecuador, todos los niveles de gobierno deberán listar y mapear como actores sociales “a los más afectados en los planes y las decisiones de planificación, y proporcionar un medio a las personas susceptibles de ser excluidas, intencionalmente o no, de hacer planes” (Seltzer y Mahmoudi, 2014), con la finalidad de garantizar una participación plena, activa e inclusiva.
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Los suelos se forman a partir de la meteorización de las rocas, por lo tanto, el material que contengan éstas influirá directamente en el material resultante. La composición mecánica, química y mineralógica de los suelos, en las primeras etapas de su desarrollo, tiene directa relación por la composición de las rocas formadoras y solamente en etapas de evolución y desarrollo posterior, dan origen a la formación de perfiles de suelos maduros, con horizontes bien diferenciados. Sobre todo en regiones tropicales, los suelos adquieren características diferentes a la roca madre; sin embargo, las rocas formadoras del suelo influyen de manera directa en la composición y propiedades de la masa de suelo (Hérnandez Jímenez, y otros, 2006).
En la literatura se identifican diferentes metodologías para caracterizar los suelos (Guevara-Ochoa, Bruno, Vives, Zimmermann, & Gandini, 2018); estudios recientes demuestran la factibilidad técnica de llevar a cabo este tipo de análisis mediante teledetección (Fernández-Fierro, Carlos, Andrés, & Magdy, 2020).; Sin embargo; este tipo de técnicas presentan limitaciones cuando existen coberturas que impiden la observación directa del suelo en las imágenes, lo que lleva a la búsqueda de nuevas técnicas indirectas que permitan trabajar características que se relacionen entre sí, como por ejemplo; especies de plantas que crecen o se desarrollan en sitios donde predomina un determinado grupo textural, ya sea por las características físicas o químicas de esos suelos, estos indicios generan la posibilidad de aprovechar la relación que existe entre la granulometría y la cobertura vegetal a través del uso y la aplicación de la teledetección. Los resultados de los análisis de la interacción de las capas de textura del suelo y cobertura vegetal nos permiten identificar zonas potenciales a erosión hídrica, facilitando a los planificadores una mejor toma de decisiones para el ordenamiento territorial (Carlos, Murugan, & Dávila, 2014).
En las últimas décadas, el avance tecnológico ha tenido un impacto notable en la forma como se estudia la superficie de la Tierra. Investigaciones recientes afirman
(National Remote Sensing Agency (NRSA), Hyderabad, 2002). Por lo que es importante analizar herramientas de clasificación de cobertura del suelo para estudios que permitan identificar los rasgos texturales por su granulometría (fino, medio, grueso) y la relación que tienen entre la pedología y cobertura vegetal, correlacionados con el material parental (génesis) (Suárez, Jiménez, Castro, & Cruz, 2017), además de ser vital en los estudios, monitoreo, cuantificación de recursos naturales y fenómenos naturales, entre otros (Backoulou, Elliott, Giles, & Mirik, 2015).
El procesamiento de imágenes satelitales proporciona información sobre la textura y características de la superficie (Warner, Nellis, & Foody, 2009). Para esto, en el caso en el que el sensor satelital proporciona información directa del suelo, se pueden aprovechar características espectrales asociadas a las propiedades reflectivas de imágenes multiespectrales para realizar el análisis utilizando clasificación supervisada. Por otra parte, cuando el sensor satelital proporciona información sobre la cobertura, se puede realizar un análisis indirecto del suelo mediante interconexiones con la cobertura.
Marielisa Bustos Jarrín
que la integración de datos generados por plataformas satelitales de observación de la Tierra, con algoritmos y técnicas de procesamiento en la nube, son una opción importante a considerar para realizar análisis o estudios geopedológicos a gran escala
En este documento se describe un estudio de caso en el cual se realizó la caracterización de la interacción entre la geopedología y la cobertura vegetal natural de la hoja geológica Arajuno escala 1: 100 000 localizada al costado oriental de la Sierra, en la zona Subandina del Ecuador (Figura1). Caracterización realizada mediante
como: geomorfología, geopedología, capacidad y uso de las tierras, uso y cobertura del suelo, conflictos de uso del suelo y aptitud agrícola entre otras, la dirección ejecución de mencionado proyecto estaba a cargo de: SENPLADES, MAGAP, IEE, INIGEMM; y tuvo una duración de 6 años (2009 -2015).
Para la clasificación supervisada por el tipo de grano se utilizó imágenes ASTER, las cuales presentan las
mayoría de clastos de cuarzo lechoso con matriz arcillo-arenosa cuarzosa; depósitos gruesos, (clastos y matriz arenosa a conglomerática) y clastos de granito o de rocas metamórficas. La granulometría de los depósitos es fuerte y sus elementos alcanzan a veces más de 1 metro de diámetro (Figura 2).
El compósito Aster con la menor cantidad de nubes ayudó a que la clasificación a partir de RF sea un insumo importante al momento que el algoritmo pueda identificar características texturalesv y la relación que tiene con la vegetación (Figura 3).
Tabla 1 Características del sensor ASTER utilizadas por el algoritmo
La clasificación (Figura 4B), muestra una similitud respecto a los datos generados inicialmente con la
El tipo de grano medio a fino presentan características de suelo entre arcillo-limoso y arcillo-arenoso que por sus características tienen mayor capacidad de retención de agua, lo que refleja la presencia de humedales; adicionalmente se observa que la clasificación es efectiva por la utilización de las bandas del SWIR y TIR; del sensor ASTER; según (Gonzaga, 2014) (Figura 2).
El tipo de grano grueso se identifica en la zona suroeste de la hoja de Arajuno, pudiendo evidenciar principalmente cerca a redes hídricas y guardando relación con cultivos de ciclo corto.
En relación con las características geológicas, se puede evidenciar que en la parte sur-oeste de la hoja de Arajuno existe la presencia de texturas profundas con características areno-francoso y franco-arenoso, las cuales bajo una comparativa general con la Formación Mera tiene semejanza, puesto que la formación está conformada por depósitos de composición gruesa, esencialmente constituidos de material volcánico (clastos y matriz arenosa a conglomerática) y en menor proporción de clastos de granito o de rocas metamórficas, además la granulometría de los depósitos es fuerte y sus elementos alcanzan a veces más de 1
Como comentario final, con el estudio de caso se evidenció que el porcentaje de exactitud de la clasificación obtenido es el
66,16 %
Con los análisis realizados se observa que el tipo de vegetación está relacionado con la clase textural del suelo, puesto que en grano grueso existe poca presencia de vegetación a diferencia del grano medio a fino que tiene mayor presencia de vegetación, como por ejemplo cultivos de ciclo corto/largo. Además, se debe considerar que existe un margen de error durante la identificación que realiza el algoritmo entre grano fino y medio, error que se puede atribuir a la retrodispersión de la imagen, en cuanto a la detección de estas dos variables.
dando un valor aceptable con relación al total de la zona de estudio, considerando que este dato puede mejorar obteniendo mayor cantidad de datos de entrenamiento; con lo que se puede concluir que el uso de sensores remotos y la implementación del algoritmo especializados pueden ser un aporte importante para la gestión del territorio.
Figura 4. Clasificación de los datos de entrenamiento (A); clasificación supervisada mediante Random Forest (B).
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El presente documento tiene como objetivo proponer políticas públicas con perspectiva de género en la gestión de riesgos de desastres locales de América Latina para el desarrollo territorial sostenible, reconociendo por un lado que las mujeres han experimentado múltiples vulnerabilidades debido a la desigualdad en las relaciones de género, entre otras desigualdades como las de clase, etnia, lugar. Sin embargo, las mujeres han sido estandarizadas en el marco de la vulnerabilidad, sin reconocer la capacidad de agencia que han tenido en procesos estratégicos de la planificación y ordenamiento de los territorios como se debatirá en este documento alrededor de la importancia de su accionar en la gestión de riesgos de desastres por medio de estrategias de cuidado, resistencia y adaptación.
Contextualización de la Gestión de Riesgos de Desastres Locales
Frente a la tendencia de nombrar a todo fenómeno natural como desastre, surge alrededor de los años ochenta la Red de Prevención en Riesgos de Desastres en América Latina que pone en debate los trabajos de la Sociología del Desastre y la Antropología del Riesgo, al plantear que el desastre no es natural sino un hecho social y un proceso complejo, que implica comprender que un territorio no es vulnerable únicamente por encontrarse en una zona de riesgo como América Latina, sino también por la forma en la que se ha gestionado ese riesgo y las condiciones históricas de cada territorio. Por ejemplo, las políticas públicas, la planificación, los actos de corrupción, la condición socioeconómica de la población, las acciones antisociales y los conflictos internos.
Cuando entendemos que el desastre va más allá del momento en el que ocurre la emergencia y la primera respuesta, comprendemos que lo más difícil viene en la fase de recuperación y reconstrucción, donde el objetivo es reestablecer las condiciones materiales, físicas y emocionales de la sociedad y prevenir
escenarios de riesgo futuro, entendiendo al riesgo como el potencial de pérdidas que se pueden dar a partir de la vulnerabilidad de un territorio y las amenazas a las que se encuentra expuesto. En esa línea, Lavell (1997) sugiere estudiar el riesgo en la escala local porque resulta más próxima a la gente; y, que no se puede hablar de desarrollo sostenible sino se transversalizan los enfoques de gestión de riesgos de desastres locales y la perspectiva de género en la planificación de los territorios.
La Perspectiva de Género en la Gestión de Riesgos de Desastres Locales
En la gestión de riesgos de desastres locales se reconoce que hay una ausencia en la investigación y en la aplicación de nuevos abordajes como los mecanismos de respuesta desde la sociedad y la desigualdad entre grupos donde las mujeres han sido las más afectadas y las menos reconocidas por su trabajo reproductivo, productivo y comunitario para la prevención, atención y recuperación en un desastre.
La desigualdad histórica de las relaciones de género han puesto a
CATORCE VECES MÁS
frente a un fenómeno natural, como se demuestra en el estudio de Naciones Unidas
en 141 países frente a distintas amenazas naturales lo que determina que no todas las personas son igualmente vulnerables o resilientes. Un ejemplo de esto se da en el tsunami asiático del 2004, donde el 70% de víctimas fatales fueron mujeres (Arana 2017 )
Esta realidad conocida a nivel técnico como una situación de múltiples vulnerabilidades ha sido estudiada en los debates teóricos como la Interseccionalidad de Género (Echegoyemberry 2018) que plantea que hay sistemas de poder como el género, la raza, etnicidad y clase que nos atraviesan a las mujeres y nos ponen en condición de desventaja frente a los hombres, pero también frente a otras mujeres. Un ejemplo ha sido la lucha desde el feminismo negro para demostrar que las situaciones de violencia a las que se ve expuesta una mujer negra no son las mismas que ha vivido la mujer blanca, sino que se agudizan por un color en el que se ha cargado una ideología social basada en la esclavitud, la explotación y la sexualización de cuerpos. Un ejemplo de eso fueron las violencias sexuales sobre las mujeres y niñas en República Dominicana en el proceso de migración después del terremoto de Haití en 2010 (Casares 2013)
Las múltiples vulnerabilidades como la sobrecarga del trabajo reproductivo que implica el cuidado de otras personas en la fase de emergencia; el riesgo de ser víctimas de violencia sexual, tráfico y trata; la poca participación en espacios de toma de decisiones; el menor acceso a crédito en la fase de recuperación para sostener los medios de vida; y, la carga emocional en las mujeres después de un fenómeno natural determinan una mayor vulnerabilidad en las mujeres y a la vez una anulación de la esencialidad de las mujeres como gestoras de un desarrollo más sostenible, que es posible como menciona Shiva (1988) cuando se reconoce las capacidades de las mujeres y de la naturaleza por medio de la resignificación del mundo desde las mujeres (Lagarde 2018)
Para esta resignificación es fundamental reconocer a las mujeres como actores de desarrollo. Por lo que en este documento se han planteado las estrategias que las mujeres lideran frente a los riesgos y amenazas, elementos que deberían ser reconocidos e incorporados en la planificación y ordenamiento territorial a través de políticas públicas donde se transversalice ambos enfoques, género y gestión de riesgos de desastres locales.
Estrategias desde las Mujeres frente al Riesgo: Cuidado, Resistencia y Adaptación
El modelo de desarrollo que como se ha mencionado se caracterizó por considerar a las mujeres como sujetos pasivos sin reconocer el trabajo reproductivo que permite la reproducción misma de la sociedad, toma un giro con el planteamiento de la Perspectiva de Género que apuesta a reinterpretar las ciudades y territorios entendiendo que el espacio no es homogéneo sino diverso, que se construye con las experiencias de hombres y mujeres; y, que de la misma forma debe ser reconocido como un espacio habitable para todos y todas.
Virginia García (2008) una de las mujeres que conformaron LA RED en Prevención de Riesgos de Desastres, plantea que las estrategias son construcciones sociales que parten de factores culturales de una sociedad frente al riesgo de desastres y convierten a esta sociedad en un actor fundamental para la prevención, la atención y la respuesta cuando ocurre un fenómeno natural, antrópico o climático.
En esta sección se van a desarrollar tres estrategias con ejemplos de experiencias en América Latina para demostrar que las mujeres son sujetas activas y actores estratégicos en la planificación de los territorios para un desarrollo sostenible. Una de las primeras estrategias, se ha denominado estrategias de cuidado, se basan en el concepto de cuidado de la economía feminista que permite la “reproducción de las condiciones que sostienen un sistema social” (Beneria 2019, 131) se articulan a la prevención y rompen la idea binaria de individuo y grupo social, se basan en el conocimiento local.
El cuidado se ha transferido de generación a generación por medio de saberes femeninos en la conservación de la tierra respetando los ciclos de la naturaleza; así también, en una cadena de cuidados entre madres, hijas, hermanas y amigas, para garantizar no solo los trabajos domésticos en la casa sino también el acompañamiento emocional sobre todo después de un evento adverso en el que se sobrecarga a la mujer del peso emocional ante las pérdidas materiales y humanas. Un ejemplo ha sido la organización de clubes de madres y comunidades de base en Sertao de Araripe en Brasil, quienes frente a la vulnerabilidad por las sequías se organizan para sobrevivir (Melo 1995)
Cristina Vega, Raquel Martínez y Myriam Paredes (2018) señalan que cuando el cuidado es sacado de los hogares, de las familias y los cuidados circulan, se denominan “cuidados comunitarios” (Santillana , y otros 2021, 85) Este tipo de cuidados se dieron por ejemplo, en Baños (Tungurahua, Ecuador) por mujeres de distintos grupos que se encargaron de acciones de cuidado en alojamientos temporales, garantía de la educación post evacuación y retorno, la generación de una olla común para el retorno a la ciudad, el registro de personas evacuadas, ferias de emprendimiento, raciones alimenticias, vigilia de casas, planes de evacuación (Parra 2022).
Otras estrategias son las estrategias de resistencia que implican “resistir a los marcos que buscan rechazar las formas de agencia” (Buttler , Gambetti y Sabsay 2016 , 6) formas en las que las mujeres han aportado al desarrollo (Olmedo 2018). El concepto de resistencia está vinculado a las relaciones de género que se han establecido en nuestra sociedad, relaciones que como plantea Foucault “traen a la luz relaciones de poder” (Touceda 2019, 175). Un ejemplo, es el caso de la activación del Volcán “La Soufriere” en Monserrat, donde las mujeres líderes organizaron desde los comités de distrito, el proceso de evacuación con la distribución equitativa de suministros (Soares 2005)
La última estrategia que abarca este documento es conocida en la gestión de riesgos de desastres como estrategias de adaptación, e implica habitar con el riesgo por medio de una convivencia desde acciones como la vigía del territorio, de la tierra y las amenazas naturales para pronosticar un evento adverso por medio de la observación ciudadana; y, aprovechar de manera sostenible los recursos. Por ejemplo, el uso de los minerales que se dan en los lahares por las mujeres para la agricultura en el caso del Volcán Tungurahua en Baños, Ecuador. Así también, en este mismo caso, la participación de las mujeres en la Red de Vigías durante más de veinte años, aportando a la planificación de distintas administraciones locales con la finalidad de fortalecer las capacidades de la población y mantener informadas a las autoridades y al Comité de Gestión de Riesgos.
Recomendaciones para una Política Pública de Desarrollo Territorial Sostenible desde los enfoques de género y gestión de riesgos de desastres locales.
En el marco de acuerdos internacionales los países de América Latina se han comprometido a alcanzar el desarrollo sostenible dentro del cual se plantea como objetivos la equidad de género, acción por el clima, y
ciudades y comunidades sostenibles. Algunos países han articulado estos objetivos en programas de política pública como es el caso del Decálogo de “Mujeres Proactivas frente a la Emergencia” de Chile donde se establecen recomendaciones basadas en la situación particular de grupos distintos de las mujeres. Estas políticas fueron elaboradas por la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) y el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) para garantizar la vida de las mujeres antes, durante y después de una emergencia. Con este breve ejemplo y los antecedentes que se han presentado durante el desarrollo del documento, se establecen las siguientes recomendaciones para una planificación con enfoque de gestión de riesgos y género que permita el desarrollo territorial sostenible.
> Reinterpretar e incorporar la Perspectiva de Género en la Normativa Nacional, Planes Nacionales, Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Planes de Emergencia e instrumentos de planificación y ordenamiento del territorio.
> Generar procesos de paridad en la participación y elaboración de los planes de desarrollo y ordenamiento local, ordenanzas, y otros instrumentos en los que se vincula la gestión de riesgos de desastres locales y género.
> Analizar la estructura de las instituciones encargadas de la planificación y la gestión de riesgos de desastres, para incorporar la perspectiva de género en funcionarios/as e instituciones y evitar a la vez una hipermasculinización de las instituciones.
> Fortalecer las capacidades de las Mujeres frente al Riesgo de desastres por medio de un Plan Nacional o Estrategia Territorial de Saberes desde las Mujeres donde se reconozcan estrategias que permitirían acciones preventivas y de desarrollo sostenible en los territorios más allá de las acciones reactivas.
> Fomentar la corresponsabilidad del cuidado en todos los niveles, además de la ciudadanía, también en las instituciones públicas considerando que el cuidado es un bien común, del cuál depende la economía, la sociedad y la cultura. Un ejemplo, está en la promoción de la corresponsabilidad en los Planes Familiares, Planes de Emergencia, Rutas de Evacuación, Planes de Desarrollo.
> Determinar un porcentaje del presupuesto establecido para grupos prioritarios en todos los niveles de gobierno para la generación de un fondo común para las mujeres en caso de eventos adversos.
Para visibilizar la actuación de la mujer en el territorio, es importante recalcar el principio de equidad, que también conlleva considerar intereses, n e c esidades , aspiraciones, tanto de las mujeres como de los hombres, en relación con sus derechos Desde esta perspectiva, la equidad comprende dos dimensiones básicas: la equidad formal que se encuentra estipulada en el marco normativo nacional e internacional, y la equidad sustantiva, que es el resultado de la aplicación directa de políticas, planes y programas que contribuyan al alcance real de iguales oportunidades para todas las personas (CNIG, 2014: p. 31)
Desde esta equidad sustantiva se considera el rol de la mujer en la planificación territorial en el Ecuador, mediante el análisis hacia la accesibilidad de las oportunidades territoriales que generen riqueza y participación de la mujer en la toma de decisiones a nivel nacional y/o local Para ello se analiza indicadores de: i) Empleo, tenencia de tierra y vivienda en el área rural, ii) Participación política de las mujeres en las universidades y gobiernos seccionales
De acuerdo a la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU 2021, la distribución de la población femenina por área de residencia muestra que el 35.4 % reside en zonas rurales y, de ellas, el 61% se dedican a la producción agrícola de tipo familiar, dato que contrasta con la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua – ESPAC 2021 de las aproximadamente 2.833.000 personas que trabajan en el campo el 27% son mujeres y el 73% son hombres Simultáneamente las mujeres poseen el 21% de la propiedad de terrenos de más de 1000 hectáreas; y, la tenencia de la vivienda tiene un modelo similar, pues se observa que solo el 31.2% de jefas de hogar son propietarias
En cuanto a los cargos directivos de mujeres en las universidades porcentualmente se concentran en su mayoría en puestos de mandos medios donde el poder de decisión está supeditado a un superior, en este caso ese superior representa en la actualidad el 82 % de cargos de rectores hombres en las 60 universidades en funcionamiento en el País, 12 de ellas son lideradas por mujeres, alcanzando un 18 % de representatividad, mientras que los docentes hombres constituyen un 64 % de la fuerza profesional y las docentes mujeres alcanzan una participación del 36%. Cevallos et al. (2022)
En las elecciones seccionales de febrero del 2023, fueron elegidas 7 Prefectas de las 23 provincias que representan el 30.4 %; mientras que para la dignidad de Alcaldesas alcanzó el 19%, es decir que se eligieron a 42 Alcaldesas de los 221 Municipios a nivel País, en cuanto a las Concejalías Municipales en las principales ciudades del Ecuador tienen poca representación femenina, cumpliéndose la normativa sólo en la ciudad de Guayaquil que fueron elegidas 8 Concejalas de 15 en total que representan el 53% Teniendo como referencia las elecciones seccionales del 2019 en donde hubo 4 058 candidatas a concejalías y otras 11.833 para vocales de juntas parroquiales rurales, de las 17.794 candidatas mujeres inscritas en total, apenas el 8,6% fueron electas como autoridades
Con el antecedente demográfico en la ruralidad se evidencia un marcado rol de la mujer en la vida comunitaria y el escaso acceso a la tenencia de tierra, convirtiendo un reto la participación activa de la mujer en los procesos de planificación territorial; no obstante, del análisis de dos indicadores relevantes utilizados para monitorear y evaluar la participación equitativa de hombres y mujeres en los procesos de planificación territorial en Ecuador, se visibiliza un porcentaje en aumento de mujeres en posiciones de liderazgo en los Gobiernos Locales y en Universidades, para elaborar e implementar las políticas públicas locales en el primer caso y formar desde la academia a los profesionales que están a cargo de la formulación y gestión de las herramientas de planificación
Docente Titular y Responsable de la Unidad del Gestión del Territorio en el Centro de Investigaciones Territoriales de la Universidad Nacional de Loja.El 8 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Mujer, proclamado por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1977; una fecha que marcó un hito importante en el recorrido del largo camino de luchas dirigidas al logro del reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres en los planos personal, social, económico y laboral, y que encontraría un aliado fundamental en la ONU. Casi treinta años antes, en 1948, la Declaración de los Derechos Humanos había definido el inicio de un proceso de afirmación de la libertad, la equidad y la justicia para todos los seres humanos. En su redacción fue trascendental la participación de las mujeres para exponer abiertamente el principio de la igualdad de género, reivindicar las peticiones que se estaban realizando en diversas partes del mundo desde finales del siglo XIX y abogar por su alcance universal. Dentro de un contexto fundamentado en valores patriarcales y dominado por los hombres, estas intervenciones pioneras, provenientes del género femenino, permearon el pensamiento y las actuaciones en diversos ejes de la vida humana.
A partir de allí, se han adoptado y aplicado diversos tratados que ponen en valor la participación igualitaria de hombres y mujeres en las decisiones y acciones sobre temas de interés mundial. Entre estos documentos se encuentra la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye de manera explícita un objetivo orientado a destacar la igualdad en las posiciones de liderazgo en la vida política, pública o económica (objetivo 5).
De igual manera, en la Constitución Ecuatoriana, la participación ha sido considerada como parte de los derechos de la ciudadanía y como un principio de gestión pública en todos los niveles de gobierno. Se propugna el involucramiento de todos, sin distinción, en el planteamiento de los problemas y necesidades, toma de decisiones y en la corresponsabilidad para ejercer acciones. Entre estas acciones se encuentra la conformación de hábitats seguros y saludables que
propicien la dignificación de los seres humanos, mediante procesos de planificación e intervención.
Estos aspectos han sido ratificados en la Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador 2036 donde se destacan tres principios: igualdad y justicia social; participación democrática en la planificación y gestión de las ciudades y del territorio; redistribución de las cargas y beneficios generados por el desarrollo urbano. Se plantea el fortalecimiento de las instituciones para que puedan incorporar las distintas visiones ciudadanas.
Si bien, la formulación y aplicación de los instrumentos de ordenamiento territorial desde el 2011 en el país han constituido avances importantes, no han logrado cumplir a cabalidad los propósitos establecidos. Al igual que en otras regiones del mundo, la planificación urbana y el ordenamiento territorial han sido disciplinas ejercidas y visibilizadas tradicionalmente por los hombres. Sus resultados han sido cuestionados por su indiferencia hacia los derechos de diferentes grupos humanos, principalmente de los más vulnerables, incluyendo mujeres y niñas. En la formulación de los planes se han reflejado y acentuado los roles desempeñados por los hombres y las mujeres en la ocupación del espacio y en la división del trabajo, obviando aspectos tan significativos como el acceso igualitario a los servicios y espacios públicos, la movilidad segura, fácil y asequible, entre otros.
Por esta razón, desde la década de los setenta del siglo XX, en varios países, se ha intentado impulsar la planificación desde la perspectiva de género, que coloca a los seres humanos en el centro de las decisiones, tomando en consideración su diversidad y analizando la influencia de los distintos roles en el uso de las ciudades y el territorio, y la manera cómo pueden ser ejercidos los derechos de las mujeres.
Acerca del rol directivo que ocupa la mujer en los niveles de gobierno responsables de la planificación urbana y el ordenamiento del territorio, se aprecia un avance significativo en la conquista de espacios de poder político, en los últimos años, principalmente en el mundo occidental, incluida Latinoamérica y Ecuador. En los resultados de las elecciones recientes realizadas en el país, aproximadamente un 18% de los gobiernos locales serán presididos por mujeres.
En cuanto a la participación de la mujer profesional en la formulación y ejecución de planes urbanos y de ordenamiento territorial, existen en el mundo diversas experiencias bastante significativas, reseñadas en trabajos de investigación y medios de información, en los que se ponen en valor las características de la mujer para desempeñarse en esta función: sensibilidad, empatía, facilidad en el liderazgo y compromiso ante las necesidades de los diferentes grupos de población.
El tercero de los roles enunciados, el que ejerce la mujer desde la cotidianidad es especialmente importante, por cuanto a través de la experiencia diaria aporta el conocimiento necesario para abordar los problemas del hábitat tanto en las áreas urbanas como rurales. Las apreciaciones como parte de una comunidad y el activismo que se genera para llevar adelante el mejoramiento del entorno están arrojando resultados positivos en muchas partes del mundo y emulan el legado heredado de algunas pioneras femeninas del siglo XX. En este rol, a veces las soluciones pueden
resultar casi imperceptibles, pero contribuyen de manera fehaciente en la conquista progresiva del derecho a la ciudad, desde la diversidad y la multiculturalidad. El emprendimiento de iniciativas en el trabajo educativo y divulgativo de buenas prácticas alrededor del mundo que se realiza desde el programa HerCity, vinculado a ONU Hábitat, la Red Mujer y Hábitat de América Latina y El Caribe, y CISCA Ciudades feministas, entre otras, han resultado factores potenciadores del ejercicio de la igualdad y la participación de las mujeres.
Es importante, entonces, que desde las instituciones públicas que tienen a su cargo la enorme responsabilidad de dirigir, orientar y formular los planes urbanos y de ordenamiento territorial, se apoyen las iniciativas de organización de los grupos de población más vulnerables para escuchar, entender y atender sus propuestas, de manera que se puedan construir las mejores soluciones. Igualmente, las universidades están llamadas a cumplir un rol preponderante en la formación de profesionales líderes que propicien espacios de reflexión y diálogos constructivos con el ambiente y sus habitantes. Sólo de esta manera, podremos tener hábitats seguros, saludables y equitativos donde tengan cabida todas las personas sin distinción tal como lo establece la Constitución del Ecuador “Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía” (artículo 31).
Así, se plantea la participación de la mujer en la planificación urbana y el ordenamiento del territorio en tres ámbitos: en el desempeño de un rol directivo con poder de decisión; como integrante de equipos profesionales multidisciplinarios para la formulación y ejecución de los planes, y el tercer rol, no menos importante, como usuaria del espacio, es decir, como sujeto esencial para la construcción del hábitat
Dentro del debate internacional de los últimos 30 años sobre la gestión del riesgo de desastres, la discusión sobre la gestión del desastre se ha ampliado al estudio de fenómenos biofísicos, hacia una visión sistémica más compleja donde se reconocen relaciones entre diversas variables sociales y biofísicas, dentro de múltiples escalas de tiempo y espacio. Este abordaje, producto de una construcción social con diferentes visiones del fenómeno, permite analizar las características del riesgo anteriormente ignoradas, relacionadas con el carácter de complejidad e incertidumbre, generando una percepción más amplia del riesgo con nuevas estrategias para gestionarlo.
En las regiones de América Latina y el sudeste asiático, el riesgo empieza a ser analizado como un producto de procesos sociales particulares, donde influye de manera directa o indirecta en el modelo de desarrollo de cada sociedad. De esta manera, la identificación de la vulnerabilidad social empieza a ser una pieza esencial en el análisis del riesgo donde la pobreza, la desigualdad social, la segregación territorial, la falta en el acceso a la educación, la corrupción y las estructuras de gobierno, son variables a tener en cuenta con el objetivo de generar resiliencia y adaptación territorial, conceptos que empiezan a ser asociados a fenómenos como el cambio climático.
Además, han surgido nuevas perspectivas de los sistemas de gestión donde hay una redistribución de responsabilidades, estableciendo acuerdos de cooperación entre múltiples actores. La antigua visión técnica y burocrática de la gestión del desastre, centralizada y dirigida por especialistas que intentaban actuar bajo la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad del riesgo, pretende ser reemplazada por sistemas de gestión donde la sociedad civil tiene una mayor participación y protagonismo en procesos de prevención y reducción del riesgo. Además, mediante la organización comunitaria, la sociedad civil pasó a tener un papel preponderante en los sistemas de alerta, la detección y reconocimiento de amenazas, la
actuación durante la emergencia, la educación ambiental y la participación en sistemas de seguridad alimentaria, resultado de diferentes aproximaciones dentro del paradigma de la gobernanza del riesgo.
Según Klinke et al. (2013) la gobernanza del riesgo debe enfocarse a la planificación territorial a través de cinco fases:
1) Pre-evaluación del riesgo, que busca determinar la percepción del riesgo de la sociedad; indagar sobre los tipos de vulnerabilidad social, ambiental, política y económica; así como establecer las posibles amenazas y el grado de afectación que pudiera existir;
2) Evaluación interdisciplinar del riesgo, busca caracterizar a la sociedad tratando de establecer los diferentes tipos de actores y organizaciones sociales relacionadas con la gestión del riesgo, identificando posibles aliados, conflictos, intereses comunes, interdependencias y potenciales interacciones, tratando de establecer conexiones entre la comunidad científica, el sector de la tecnología, el sector público y el sector privado;
3) Evaluación del riesgo, enfocado a determinar la probabilidad de las amenazas y el nivel de impacto que tendrían sobre el estado de vulnerabilidad y el grado de exposición de la sociedad;
4) Gestión del Riesgo, donde se ponen en práctica las anteriores fases descritas incluyendo un plan de acción que permita enfocar la gestión del riesgo bajo el conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de la emergencia.
5) Comunicación del riesgo, pretende encontrar espacios y canales de comunicación efectivos con la finalidad de producir participación y consenso de la sociedad civil en la toma de decisiones.
EN EL PDOT Y PUGSAbg. Nadia Jalkh Directora de Ordenamiento Territorial Nacional, Provincial Y Parroquial Rural Ing. Michelle Caicedo Analista de Ordenamiento Territorial Nacional, Provincial y Parroquial Rural Arq. Mateo Valarezo Analista de Intendencia Zonal 9 - Z1, Z2 de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo
Un análisis de las actuaciones e investigaciones realizadas por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, acerca de la normativa y principios conceptuales
La gobernanza del riesgo es un concepto que empieza ser ampliamente discutido e implementado, sobretodo en ciudades, al mismo tiempo, que surgen nuevas investigaciones que evalúan la eficacia de este mecanismo institucional. Hasta ahora, los debates académicos giran en torno a analizar la relación entre la estructura político administrativa del Estado y la gobernanza del riesgo, tratando de identificar cuál es la organización administrativa ideal que debe implementar el Estado, en el ámbito de la gestión de riesgos, recalcando la importancia del desarrollo sostenible dentro de las ciudades (Iracheta, 2017).
El desarrollo sostenible se enfoca en tres ejes principales, intentando alcanzar equilibradamente un progreso en aspectos económicos, sociales y medio ambientales (ONU, sf). Además, de forma concreta esta conceptualización de desarrollo está enfatizando la preocupación existente sobre el vínculo entre el desarrollo económico y social, y sus consecuencias sobre el medio ambiente (Gómez Gutiérrez & Díaz Duque , 2013). Considerado como eje rector al desarrollo sostenible, este tiene su aplicación en los núcleos sociales y políticos de los países y las ciudades, además, es considerado como una plataforma de transformación en las que se desenvuelve el ser humano y satisface sus necesidades (Ayala García, 2017). Por otra parte, la ciudad es considerada como un espacio complejo (Bernardi, 2009), por las relaciones sociales que se reproducen en esta, pues no solo alberga elementos ecológicos de una población sino también contiene experiencias, relatos y símbolos humanos, que nacen de las relaciones cotidianas entre la sociedad y el territorio, por medio de las actividades desarrolladas en la ciudad y por fuera de esta (Ayala García, 2017).
El paradigma del desarrollo sostenible ha quedado plasmado en convenios mundiales como: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que están pensados para orientar una gestión del riesgo de desastres coordinada y articulada entre los distintos actores del desarrollo, y liderada por los gobiernos, para hacer frente a tales desafíos. La gestión del riesgo de desastres es una estrategia integral, cuyo objetivo final es minimizar el impacto y los efectos económicos y sociales de los desastres, por medio de la reducción de la vulnerabilidad social, al mismo tiempo que desarrollan capacidades de respuesta.
En este sentido, la Organización Mundial de las Naciones Unidas crea la Agenda 2030, que establece lineamientos innovadores para alcanzar la
sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que suscribieron en el año 2015. Esta Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales se presentan como herramientas de planificación y seguimiento para las políticas a nivel local como nacional de cada uno de los países (Naciones Unidas, 2018). Para el acelerado cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente del Objetivo 11, que busca “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”; y como metas de este objetivo las Naciones Unidas se ha planteado la protección a las sociedades más vulnerables; “De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.”; en este mismo sentido define otra meta: “De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles”.
Si bien cada país es responsable de la formulación de sus políticas públicas que permitan alcanzar el desarrollo sostenible bajo la guía de los convenios mundiales, se reconoce la integralidad de los sistemas naturales, mas no se puede desconocer que la política pública nacional debe considerar el impacto más allá de sus fronteras, en este sentido, la incorporación de la gestión del riesgo de desastres a la planificación conlleva estos retos.
La planificación para el desarrollo reconoce la complejidad de interrelaciones entre los distintos elementos (procesos, instrumentos, instituciones y actores), las cuales plantean retos intertemporales, intersectoriales, interescalares y de articulación de múltiples actores (Máttar y Cuervo, 2017). Desafíos similares se presentan también en el ámbito de la planificación para la gestión del riesgo de desastres, ya que es una estrategia multisectorial de largo plazo, que implica la participación de distintos niveles de gobierno, del sector privado y de la sociedad civil. La integración de los procesos de planificación para el desarrollo y para la gestión del riesgo de desastres es un reto que los gobiernos nacionales deben afrontar. La gestión del La integración de ambos procesos busca garantizar que el progreso de la sociedad sea resiliente. La resiliencia se define como la “capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesto a amenazas para adaptarse, resistiendo o cambiando, con el fin de alcanzar o mantener un nivel aceptable en su funcionamiento y estructura” (Naciones Unidas, 2005). Lograr la resiliencia implica identificar el riesgo de desastres y diseñar y poner en práctica medidas para reducirlo (como mejorar la infraestructura, la planificación del uso del suelo y la protección financiera). Además, la reducción de la vulnerabilidad social, económica y ambiental, y el aumento de la capacidad de recuperación y el bienestar general de la población mediante un enfoque basado en los derechos, son los objetivos finales de la gestión del riesgo de desastres. Es necesario que los países integren sus políticas públicas para la gestión del riesgo de desastres, con los con los convenios internacionales, para facilitar la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros y lograr estos objetivos.
Por otra parte, los procesos de evaluación de planificación territorial, deben implementar el uso de indicadores para medir el avance en las metas acordadas, con el fin de conocer la gestión de riesgos de desastres que ejecutan los países y en lo posible optimizar dicha gestión. En la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, se propone un número de indicadores para hacer un seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); entre ellos, los referidos a desastres. La comunidad internacional está haciendo esfuerzos para que los institutos nacionales de estadística puedan estimar estos indicadores a fin de monitorear sus propios avances (en cuanto a las metas nacionales) en relación con la gestión del riesgo de desastres.
La gestión del riesgo de desastres se incluye dentro los componentes que estructuran a los planes de ordenamiento territorial. El componente general del PDOT establece los objetivos, estrategias y contenidos estructurales de largo plazo, donde se identifican y localizan las acciones que se efectuarán sobre el territorio, así como las políticas de uso, ocupación, aprovechamiento y gestión del suelo y de los recursos naturales.
Además, el componente estructurante define la clasificación de suelo urbano y rural, aquí se destacan las políticas, acciones, programas y normas para el desarrollo físico territorial, por lo cual, se debe incluir la delimitación geográfica, los polígonos de expansión urbana, las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, paisajísticos, así como la identificación de las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales. En este punto es importante recalcar que, en la clasificación del suelo urbano, se deben gestionar y definir los polígonos para incluir los programas y proyectos de relocalización de asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo de desastres.
El ordenamiento territorial es una variable de la acción pública, fundamental para resolver los conflictos del uso del suelo, que han transformado las condiciones
naturales del territorio, afectando principalmente la biodiversidad, la cual se ha visto disminuida por el inadecuado uso y ocupación del suelo, así como los aprovechamientos intensivos como monocultivos, o urbanizaciones dispersas, generando graves impactos ambientales como por ejemplo la alteración de la dinámica de las cuencas hidrográficas, como eje estructurante de los ecosistemas. A esto se suma la pérdida de cobertura vegetal producto de la deforestación, como factores de incremento que de riesgo de desastres naturales.
Según lo menciona Becker et al., el ordenamiento territorial hace parte del diseño de una estrategia político administrativa por parte del Estado, con el objetivo de lograr una articulación entre los intereses de la población, las instituciones y el territorio. “En otras palabras, se insiste en considerar el ordenamiento territorial como una condición para garantizar que la descentralización cumpla con los objetivos de alcanzar bienestar social, legitimar el sistema institucional y promover la productividad económica” (Becker et al., 2003). Desde este punto de vista, se considera al ordenamiento territorial como el conjunto de mecanismos legales y políticos, para generar mayor autonomía y alcanzar el desarrollo económico y social de forma mancomunada entre los entes territoriales; recalcando el papel que tienen los gobiernos locales hacia la consecución de este objetivo. Esto legitima las acciones que cada gobierno local, ejecuta para aprovechar y dinamizar las variables sociales, económicas, ecológicas y políticas propias de su entorno, permitiendo desarrollar ventajas comparativas y competitivas específicas o en conjunto.
Recapitulando, desde la Constitución del Ecuador (2008), el territorio es considerado como una dimensión fundamental para el desarrollo económico y social. Desde entonces, la Constitución brinda mayor legitimidad democrática a los entes territoriales, permitiendo ampliar las relaciones políticas entre la sociedad y el territorio que habita.
Dentro de la acción urbanística relacionada con la gestión de riesgos de desastres, la determinación de los diferentes tipos de amenazas y vulnerabilidades, y fenómenos globales como el cambio climático, es una estrategia que permite mitigar las amenazas a desastres naturales a las que se ven expuestas la sociedad. Así mismo, se debe priorizar la conservación y la sostenibilidad de los ecosistemas como recursos estratégicos que sustentan la relación equilibrada entre la sociedad y la naturaleza.
Por lo cual, se debe entender al ordenamiento territorial como una función pública para la acción administrativa y la planificación; y, en este sentido, la gestión de riesgos de desastres naturales se convierte en una de las líneas de acción fundamentales para garantizar el desarrollo territorial.
Pese a los progresos en discurso sobre el reconocimiento de derechos para las mujeres e igualdad de género, la concepción de que la construcción de la feminidad sigue ligada tanto a la fecundidad como al rol que debe desempeñar la mujer en su casa, y que el paso del espacio privado al espacio público es una trasgresión del status quo, es una realidad.
Este enfoque que es adyacente a las mujeres se refleja en el trabajo mal pagado o no remunerado, en las consecuencias en su vida cotidiana, en costos en su salud, en baja capacidad adquisitiva e incluso en menores oportunidades de participación ciudadana e interacción social; inequidades que son potenciadas, si se toma en cuenta, además, su identificación étnica, orientación sexual y sector social al que pertenecen.
En Ecuador, pese a tener el marco legal necesario para un accionar efectivo y eficiente, persiste el estigma ligado a las mujeres exponiéndose a una mayor situación de vulnerabilidad frente a problemáticas como la violencia de género, que directamente pone en evidencia la complejidad y caducidad del mismo entramado social y el sistema de valores vigentes
A pesar de que continúan reproduciéndose los estereotipos de género a costa del trabajo femenino, su reconocimiento y su valor; la presencia del pensamiento de la mujer, sus conocimientos en distintos ámbitos se van posicionando dentro de la sociedad, de la organización social y la cultural. Siendo así que, esta valorización debe reflejarse de igual manera dentro del análisis de las dinámicas territoriales, a partir de un enfoque de género[ Entendiendo género como un sistema socio-cultural que norma, estructura y da significado y poder a los roles y relaciones de hombres y mujeres en cada territorio (Paulson y Equipo Lund 2011).] en espacios urbanos y rurales que permita habitar a las mujeres en
un territorio de manera justa, pacífica, equitativa y solidaria, que brinde oportunidades de desarrollo dentro de estos espacios y las impulse dentro de una estructura productiva formal, sin desmedro de su identidad.
Ciertas configuraciones territoriales van a favorecer o restringir dinámicas de inclusión para las mujeres, que a su vez van a abrir o cerrar oportunidades de desarrollo territorial. De este modo, la desigualdad de género se expresará de distinta forma en los territorios pues no solo se relaciona con los activos o dotaciones de las mujeres, sino con factores propios del territorio tales como la estructura productiva, las instituciones formales e informales que norman la participación de las personas en las distintas esferas, y los agentes presentes (Cortínez, 2016).
En este sentido, la importancia de la incorporación de la voz de las mujeres y organizaciones de mujeres dentro del ordenamiento y la planificación territorial desde una mirada integral sobre las políticas públicas y su materialización territorial, posibilita la sostenibilidad de políticas propuestas y fomenta la corresponsabilidad en la garantía de derechos de las mujeres.
