CANDIDATURAS, PANDEMIA, PRIORI
Recomendaciones a la Por Jesús Alberto Oliver Rodríguez
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Dedicado a la LXV Legislatura que iniciará el 1o de septiembre de 2021 on motivo de la publicación del Censo Nacional de Población 2020, la mayoría de los numerosos economistas por formación, profesión, vocación o afición ciudadana, se hacen diferentes como múltiples lecturas de los resultados censales, las cuales de manera natural, caen por gravedad en reflexiones que son materia de políticas publicas y/o Agenda Legislativa. En ese orden de ideas, en calidad de ciudadano representado? e interesado, es que se dirige la redacción del presente ensayo, dentro de lo que se ha denominado y entiende una “democracia participativa”.
1a Parte: El escenario. Población y Elecciones.
Todo censo de población ofrece elementos muy valiosos, básicos para pensar y repensar un país como México, que llegó a tener según el Censo 2020, 126´014,014 habitantes[1] distribuidos en “201,138 asentamientos humanos” de los cuales el 0,8% cuentan con 2,500 habitantes, por lo que sólo en 16,091 asentamientos, radican poblaciones de esa magnitud o más, esto de conformidad con el Censo Histórico INEGI 2000) [2]. El país se ubica por población, en el 11º lugar a nivel mundial, el cual se prepara a realizar “Elecciones Federales Intermedias” inéditas, conforme le obliga la legislación derivada de la Reforma Electoral de 2014, en las que se elegirán simultáneamente 500 diputados en las 32 entidades federales, el 50% de los senadores, 15 Gobernadores de entidades federativas y numerosos 12 MACROECONOMÍA 10 DE MARZO DE 2021
presidentes municipales. El surrealismo de la selección, parece dominar a los prospectos a legisladores, los partidos parece privilegian la popularidad, por sobre su capacidad de legislador, léase de estadista.
Economía
El ambiente general en el país, se encuentra en medio de una profunda como severa depresión económica que se inició en el 3er trimestre de 2018 y se continúa con una caída del PIB del -21% en 2019, -18.7% en el 2º trimestre de 2020[3], agravado por la pandemia y -8.50% al cierre consolidado de 2020[1], en medio de la mayor pandemia de la historia, ello considerando el promedio diario de decesos diarios en hospital en enero de 2020, de 1,056 decesos; se agrava por una caída de la producción petrolera, hasta niveles de hace 41 años, antes del “boom petrolero” y una pérdida neta de 647,000 empleos por despido, 23% por de bajo de las 814,465 plazas perdidas por la crisis financiera de 1995. Una caída de -9.9% de la Inversión Extranjera Directa; con un avance financiero de apenas la 3ª parte los proyectos federales emprendidos[4], igualmente, se manifiesta por el crecimiento de la población con ingresos menores al costo de la canasta básica, pasando de 38.3% a 44.5%[5], con un crecimiento en la economía que va en las 33 entidades de +1% en Tabasco a un decrecimiento de -42% en Baja California Sur, reflejando a su vez, el desplome de la inversión privada en -33.2%, la peor caída desde la crisis financiera de 1995, a lo que se agrega el rezago en el monto autorizado a la inversión pública de 19.3%, -38%,
menor a la de 1981, dígase de paso, la mayor de toda la historia del país, ligada al Plan Global de Desarrollo (bianual) 1980-1982, apoyada entonces, por el extraordinario financiamiento externo de la “administración de la riqueza”, hoy rezagada por la pandemia. Se calcula por diferentes estimaciones nacionales como internacionales, que puede continuar la depresión, por lo menos lo que resta del sexenio, inclusive hasta 2024. con un resultado neto de “CERO crecimiento”,[6] con una tasa demográfica de crecimiento anual de 1.2% en la década pasada. Ello ha agravado y profundizado las inequidades del desarrollo y la desigualdad económica de un país con más del 50% de población que permanece en la pobreza al mantener 52%[7] de la propiedad rural en un escenario semi-paralizado en un 78%[8] de los ejidos catalogados en 19801981 (CIDE), como “potencialmente productivos y de subsistencia”, explicado básicamente por la necesidad de realizar conforme al Reglamento Agrario, protocolos de acuerdo colectivos, para poder ejercer el pleno derecho del recurso del ejidatario, “derechoso”, ante el PROCEDE, acotándole por el llamado “Derecho de Tanto”, contenido en los artículos 80 al 86, Sección Sexta de la Ley Agraria emitida en 1992, con motivo de la modificación constitucional al Artícuylo 27 Constitucional, que colocó la propiedad de la tierra “restituida y dotada”, de la Nación pasándola a la del propio Ejido.
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