Pago a plazos justos, ¡una ley para las Mipymes de verdad

Mauricio Toro O.

Representante a la Cámara. Partido Alianza Verde

Con la Ley de Pago a Plazos Justos Justos (Ley 2024 de 2020) materializamos una lucha de muchos años y de muchas personas. Después de un largo y difícil proceso para lograr su aprobación, a partir del 1 de enero de 2021, las mipymes de este país empezarán a recibir los pagos de sus ventas de bienes y servicios en plazos justos, lo cual permitirá solucionar uno de los más grandes inconvenientes que tienen las empresas en Colombia para sobrevivir, crecer y ser rentables.

La falta de liquidez, capital de trabajo y las barreras del sector bancario

Cuando llegamos al Congreso, nos propusimos presentar una gran ley de emprendimiento y fortalecimiento de las mipymes. Desafortunadamente las dinámicas del Congreso y la política hacían casi imposible que un congresista novato y de oposición pudiera hacer aprobar una ley tan grande y ambiciosa, y sin el apoyo del Gobierno Nacional. Por esa razón, decidimos trazar un plan para presentar proyectos de ley más pequeños, cada uno con un mecanismo puntual que solucione cada uno de los problemas más grandes que tienen los emprendedores y las mipymes.

Revisando los reportes y estudios realizados por muchas entidades, entre esos las importantes estadísticas y análisis que ACOPI realiza periódicamente, pudimos identificar que una de las principales causas de quiebra de las mipymes en el “valle de la muerte” de sus primeros 5 años de existencia es precisamente la falta de liquidez y falta de capital de trabajo. Al analizar las causas, encontramos que una de las quejas más frecuentes eran los plazos de pago exageradamente extensos, y que poco a poco se habían vuelto la práctica común de las grandes empresas, quienes desde sus licitaciones o condiciones para contratar, establecen plazos de pago que en muchos casos superaban los 180 días.

Esto conllevaba a que las mipymes para poder ganar los contratos, debieran acudir a endeudamiento para soportar el tiempo de espera hasta recibir sus pagos. Claramente la falta de acceso a crédito y las tasas enormes del sistema bancario colombiano, hacia que muchas empresas no fueran rentables, y ni siquiera lograran sobrevivir los primeros 5 años.

ACOPI junto a otros gremios había durante años tratado de promover un Acuerdo de Buenas Prácticas, para que desde la autorregulación, las grandes empresas moderaran estos plazos injustos de pago, pero a pesar de todos los esfuerzos, esas iniciativas de autorregulación no fueron exitosas, y por el contrario, con el paso de cada año, las mipymes nos acostumbramos a recibir comunicaciones de las grandes empresas donde informaban o notificaban unilateralmente una nueva extensión de los plazos de pago.

Un camino tortuoso para su aprobación

Con esta problemática tan grave, que afectaba a tantas empresas y que no había forma de solucionarla desde la autorregulación, se hacía necesario adoptar medidas desde la ley, tomando como ejemplo modelos de pronto pago que se han adoptado en otras partes del mundo, e incluso, adoptando y ajustando recomendaciones de la OCDE y de la Unión Europea orientadas a limitar o restringir esta práctica comercial tan nociva.

Con ayuda de ACOPI y muchos analistas, construimos el texto del proyecto de ley que denominamos Pago a Plazos Jus-

tos. Una vez radicado, las críticas llovieron de inmediato. Los grandes gremios como ANDI de inmediato alegaron que el proyecto era una intromisión a la iniciativa privada y la libertad de empresa garantizada por la Constitución de 1991.

Convenientemente, los opositores del Proyecto olvidaban mencionar que la Constitución permite que la Ley intervenga en esa libertad de empresa cuando se necesite proteger un interés común y superior. Claramente, estas prácticas de plazos injustos estaban perjudicando gravemente a las mipymes, a la estabilidad laboral de miles de personas, y en general, causaban un daño silencioso y lento a la economía nacional.

El trámite en el Congreso fue muy difícil. Se requirió de un trabajo riguroso y permanente para que los intentos de saboteo no prosperaran. El apoyo de ACOPI y otros gremios sectoriales fueron fundamentales para poder hacer contrapeso a los argumentos e influencias de la ANDI y Fenalco. Y adicionalmente, los periodistas y medios de comunicación fueron unos aliados claves, pues sintieron el dolor que compartimos miles de empresarios y emprendedores, por lo cual decididamente en radio y prensa nos apoyaron cuando más lo necesitamos. Tristemente el Gobierno Nacional mantuvo un juego de doble cara que nos causó mucho daño y que demoró la aprobación de la ley en varias fases. Aunque el presidente Ivan Duque mantiene públicamente un discurso de apoyo a las mypimes; la verdad es que al materializar ese apoyo, sus funcionarios hicieron todo lo contrario. En particular las actuaciones del Ministerio de Industria y Comercio fueron realmente intentos por hundir o deformar el proyecto en sus 4 debates. Desde presentar conceptos ambiguos fundamentados en los intereses de las grandes empresas y gremios, hasta solicitar aplazamientos, audiencias y presentar proposiciones que harían inviable o ineficaz el Proyecto de pago a plazos justos.

Una de las más grandes preocupaciones que tuvimos era la famosa propuesta de Acuerdos Privados, que consiste en incluir un artículo que permitiera que las grandes empresas suscribieran “acuerdos voluntarios” con sus proveedores para pactar plazos más extensos que los ordenados por la Ley. En Chile, cuando aprobaron su ley de pronto pago, los grandes gremios lograron incluir una disposición similar, y en el primer año de aplicación, conllevó a que la ley resultara ineficiente, no se logró reducir el tiempo de pago de facturas porque la gran cantidad de empresas acudieron a estos acuerdos que supuestamente eran excepcionales y voluntarios. Y los opositores de nuestro proyecto querían incorporar la misma dinámica para neutralizar el efecto que buscábamos lograr. El Ministerio intentó hasta último momento incorporar este artículo. Afortunadamente los congresistas de todos los partidos entendieron el daño absoluto que haría ese artículo, y en los 4 debates logramos negar su inclusión.

Finalmente, el proyecto fue aprobado en sus 4 debates satisfactoriamente, faltando unas pocas horas para el fin de la legislatura, y lo que habría sido su inminente archivo por terminarse el plazo legal para la aprobación de un proyecto de ley.

Así que a partir del 1 de enero de 2021, entrará en rigor la Ley de Pronto Pago para ayudar a miles de micro, pequeños y medianos empresarios que día a día ayudan a dinamizar la economía colombiana, a producir empleo y a hacernos más competitivos.

Los Aprendizajes y la necesidad de tener más voces de las mipymes en el Poder

En este trámite tortuoso se hizo evidente que las mipymes necesitamos más voces en el Congreso y en el Gobierno. Y no me refiero a sentarnos a esperar a que políticos tradicionales, financiados por las grandes empresas, se decidan a “hacernos favores”. Por el contrario, me refiero a que necesitamos que más emprendedores y empresarios lleguen al Congreso con agendas claras y concretas a favor del emprendimiento y las mipymes.

Por eso siempre le digo a los empresarios que debemos involucrarnos aún más en el ejercicio político. No importa el partido ni la orilla ideológica desde la que quieran hacerlo, hay gente buena en todos los partidos, pero lo más importante es que seamos capaces de elegir a nuestros propios representantes. Necesitamos más voces en el Congreso que de corazón sientan las dolencias y preocupaciones de las mipymes. Necesitamos que más allá de los discursos clichés de campaña política, el Congreso y el Gobierno adopten medidas audaces, contundentes y efectivas para apoyar y fortalecer a las mipymes y emprendimientos del país.

Mi invitación es a que superemos la apatía hacia la política, a que la polarización que vive el país no nos impida ver que necesitamos más voces en el poder, porque si seguimos pasivos, todo seguirá igual, y el poder político seguirá beneficiando a los intereses de los mismos de siempre. Los invito a que en las próximas elecciones decidan apoyar activamente a los candidatos de su preferencia, donar a sus campañas, ayudarles a construir sus propuestas y proyectos, no importa el partido o movimiento, pero si importa que tengan una experiencia y una propuesta concreta y real para defender a las mipymes. Solo así lograremos avanzar hacia un mercado y una economía más justa, que beneficie no solo a los grandes intereses económicos, sino que nos permita a los colombianos de a pie soñar y crear empresas, que sean rentables, innovadoras, competitivas, y que puedan generar miles de empleos para ayudar a tantos colombianos que lo necesitan hoy en día.

La Ley de Pago a Plazos Justos es apenas el primer cambio de muchos que proponemos desde el Congreso. El apoyo de todos ustedes, emprendedores y empresarios, así como el decidido trabajo de ACOPI son fundamentales para que juntos los podamos hacer realidad.