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Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia
Prólogo
Uno de los mayores historiadores del SXX señalaba que los “mitos nacionales” constituyen un problema en el que hay que saber distinguir entre lo que se impone desde arriba y lo que llega desde abajo. Estos mitos no surgen espontáneamente de la existencia real de las personas, son más bien algo que estas aprenden de alguien: de los libros, de historiadores e historiadoras, de las películas, de la televisión y porque no en estos tiempos que corren desde las redes sociales.1 En general no forman parte de la memoria histórica ni de una tradición realmente viva, pero en algún momento se generan circunstancias especiales que permiten que se transformen en mitos nacionales. Quizás en este caso la pequeñez territorial de nuestro Estado-Nación fue uno de los factores que contribuyó desde su conformación al mito de la excepcionalidad uruguaya. Ese que se remarcaba en libros, discursos y representaciones simbólicas. Ese que señalaba que el Uruguay era un país integrado, casi carente de desigualdades y donde claramente luego de la abolición de la esclavitud no hubo lugar para el racismo. Pero ese relato no estaba construido ni en datos estadísticos, ni sociológicos. Hubo que esperar recién al año 2006 para que la Encuesta Continua de Hogares tomara en cuenta la variable étnico racial y recién el Censo del 2011 incorporó la misma. Tal vez un ejemplo vital pueda ser mucho más gráfico en representar lo que esto significa. En el año 1946, cuando el Uruguay vivía el supuesto idilio de las “vacas gordas”, una niña de 9 años empezaba a trabajar como empleada doméstica con cama. Y esa historia, la de Rosa Luna, una de las máximas exponentes de la cultura afro no fue la excepción, sino más bien la regla en la historia de vida de muchas mujeres afrouruguayas. Otra de las formas de constatar un discurso estatal que negaba la existencia de la desigualdad racial en nuestro país son los informes surgidos desde el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. En el año 1971 los informes del Estado “fueron considerados insatisfactorios”2. En 1975 el Estado uruguayo informa que “no se registran en los anales de los juzgados y otras oficinas competentes denuncias por discriminación racial”3 y por ello no eran necesarias la aprobación de normas antidiscriminatorias. En 1977 luego de justificar frente al Comité que el Uruguay mantenía relaciones con Sudáfrica y su régimen de Apartheid se señaló que en el Uruguay no “había legislación especial para grupos minoritarios, puesto que todas las personas eran iguales ante la ley”.4 En el examen de 1981 el Comité señaló que el Uruguay no “respondía a la preguntas hechas”, en 1982 “varios miembros expresaron su desaliento con el informe” y “se formularon críticas referentes a la calidad de la información suministrada”5 En 1991 el representante del Estado uruguayo remarcó que no se tenían datos sobre la realidad de la población afrodescendiente porque “al elaborar las estadísticas sobre la estructura demográfica del Uruguay se omitía tradicionalmente la clasificación por razas o minorías, dado que esa clasificación podría constituir en sí misma una forma de discriminación”6. Por otra parte desde el Comité se señaló “su preocupación por las lagunas del informe” y a su vez “expresa su satisfacción por la reanudación del diálogo con el Estado parte” luego de más de una década de ausencia frente a este organismo. Ausencia que nuevamente sería marcada por el Comité en las recomendaciones del 2001 en las que se señala “su satisfacción por que se haya reanudado el diálogo con el Estado parte, interrumpido 1 Eric Hobsbawn 2 Compilación de observaciones finales del CERD sobre países de América Latina y El Caribe, https://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD-concluding-obs.pdf , p 430 3 Id P 428 4 Id p 427 5 Id p 418 6 Id p 415
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