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Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia
2.1 La población afrouruguaya en el contexto latinoamericano y caribeño en la actualidad La población afrodescendiente de América Latina y el Caribe está constituida principalmente por las y los descendientes de las personas africanas esclavizadas durante la trata o el comercio esclavista que se desarrolló en la región durante casi 400 años. Si bien la denominación afrodescendiente cubre poblaciones diversas, como resultado de las particularidades del proceso esclavista y de los diferentes contextos en donde ocurrió el asentamiento de las estelas de las desigualdades raciales coloniales, consolidadas y escondidas en el mito de las sociedades mestizas y armónicas creado por algunos Estados nacionales en la región, las poblaciones afrodescendientes latinoamericanas padecen el racismo, las prácticas de discriminación racial, la desigualdad y la exclusión estructural. Pese a los contextos casi siempre adversos a la discusión sobre la ciudadanía y los derechos para las poblaciones afrodescendientes, éstas han resistido con dignidad y luchado de manera permanente, logrando re-articular y posicionar sus demandas históricas y contemporáneas en las agendas internacionales, regionales y nacionales, principalmente en el presente siglo. Uno de los corolarios de este proceso – después de la Conferencia de Durban- es el Decenio Internacional para los Afrodescendientes establecido por las Naciones Unidas para el período 2015-2024, sustentado en tres pilares: reconocimiento, justicia y desarrollo. Bajo este escenario la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) brindó de manera reciente un panorama regional de la situación afrodescendiente con el fin de contribuir a la implementación de acciones para dar cumplimiento a los acuerdos del Decenio. La desigualdad estructural implica que ésta se manifiesta en diferentes ámbitos del desarrollo, tal como la salud, la educación y el empleo. De esta manera el documento CEPAL presenta indicadores seleccionados para estas dimensiones evidenciando brechas en desmedro de las personas afrodescendientes, junto con el efecto combinado de desigualdades de género, generacionales y territoriales. El estudio de la CEPAL constata que catorce (14) países cuentan con algún mecanismo gubernamental de promoción de la igualdad racial o para asuntos afrodescendientes y se observan avances en la implementación de políticas contra el racismo, acciones afirmativas y valorativas y, en menor medida, políticas tendientes al fortalecimiento cultural tradicional y a la participación. Sin embargo, persisten profundas brechas de implementación de acciones para garantizar el ejercicio de los derechos afrodescendientes. En este sentido, CEPAL realiza algunas recomendaciones de políticas, considerando las sinergias entre el Decenio Internacional, la Agenda 2030 con su premisa de que nadie se quede atrás, y otros acuerdos regionales. Desde inicios de este siglo, la CEPAL viene desarrollando de manera sistemática una serie de actividades relativas a la producción de información y conocimiento actualizado sobre la situación afrodescendiente. CEPAL espera que su documento elaborado al inicio del Decenio, contribuya a reforzar el compromiso de los Estados y de organismos regionales e internacionales en la lucha contra la injusticia social, la desigualdad, la discriminación y el racismo y que constituya un insumo válido para la definición de acciones para avanzar hacia el cierre de las brechas entre los estándares vigentes de derechos humanos y la vida cotidiana de las personas afrodescendientes de América Latina y el Caribe. En este aparte destacamos la información presentada en el documento respecto al Uruguay. Así pues, en el documento se afirma que “en países como Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay y Uruguay las Constituciones no hacen referencia a pueblos afrodescendientes, población negra, raza o color de la piel, aunque muchas de ellas se refieran a la necesidad de igualdad y la no discriminación” (p.24). Aun así, Uruguay ha ratificado los siguientes instrumentos internacionales que involucran a la población afrodescendiente: Convenio 111 de la OIT sobre la Discriminación en 1989, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD) en 1968, Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1985, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en 1970, Pacto Internacional de
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